Crisis continuista en Honduras

001Por Juan Bolívar Díaz

            Ahora que a dos años y medio de las próximas elecciones nacionales, grupos de poder comienzan a pregonar la «necesidad» de una nueva reelección del presidente Danilo Medina, a pesar de tener una doble prohibición constitucional, es muy conveniente que miremos hacia Honduras  y apreciemos la profundidad de la crisis institucional y política a que ha sido conducida la hermana nación por la imposición del continuismo por encima de la Constitución y las normas democráticas.

A casi tres semanas de las elecciones, la sociedad hondureña se mantiene en la incertidumbre, con violentas protestas y una convicción generalizada de que el presidente Juan Orlando Hernández  ha manipulado no sólo la campaña electoral y las votaciones, sino también el cómputo cuando arrojaba considerable ventaja a la oposición, que fue revertida tras un apagón informativo de tres días.

La situación llegó al extremo de la instauración de un estado de excepción, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, decretado por dos semanas, como parte del esfuerzo represivo de las masivas manifestaciones de protestas que no cesan y que han cobrado unas 8 vidas, decenas de heridos, cientos de detenidos y daños y asaltos a establecimientos públicos y privados. Mientras sectores productivos, incluyendo el turístico, denuncian considerables pérdidas generadas por la incertidumbre y la violencia.

El último informe, tras el recuento de 1,006 actas, otorga al presidente Hernández una ventaja de 1.56 por ciento, al atribuírsele  42.98 por ciento, contra 41.39 de su contendor Salvador Nasralla, un candidato emergente por un amplio frente opositor. Aún si ese fuere el resultado real, la forma en que la ambición continuista manejó todo el proceso, con el control de los órganos judiciales y electorales, y el apagón informático e informativo cuando perdía por cinco puntos, dejan a Honduras en profunda crisis de gobernabilidad.

Baste dar una lectura al minucioso comunicado emitido el 6 de diciembre por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, que por su naturaleza, tiende a ser muy cauta en medio de crisis que afectan a cualquiera de sus estados miembros. Comienza dando cuenta «sobre la falta de garantías y transparencia, así como el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral, en su etapa previa, jornada electoral y etapa postelectoral, que como corolario no permiten a esta Misión tener certeza sobre los resultados».

A seguidas sostiene que «no es posible, sin un proceso exhaustivo y minucioso de verificación que determine la existencia o no de un fraude electoral -como ha denunciado parte de la oposición-  restituir la confianza de la población en el proceso». Al respecto, la Misión de la OEA reclama no sólo la verificación de las 1,006 actas que acaban de revisar, sino también las 5,174 actas que no fueron transmitidas la noche de la elección, y «La revisión de la participación en la votación de los municipios de Lempira, Intibucá y La Paz tomando el 100 por ciento de las Mesas Electorales Receptoras».

Esos minuciosos reclamos no son fortuitos, pues fueron esas actas, y en particular en esos municipios, donde se anuló la ventaja de 5 puntos que llevaba el candidato opositor con el 70 por ciento del cómputo, cuando éste fue detenido por tres días.

La ocurrencia de Honduras es una repetición de las marrullerías, fraudes e imposiciones que han caracterizado la endeble democracia centroamericana y caribeña, donde el apego de los gobernantes al poder y sus esfuerzos continuistas destruyen la institucionalidad y generan atraso integral. Todo comenzó allí cuando un tribunal adicto al continuismo se tomó la licencia de declarar inconstitucional la constitución que prohíbe la reelección presidencial en Honduras.

Y !Oh ironía! el impostor de ahora fue de los que promovió la destitución del presidente Manuel Zelaya en el 2009 simplemente porque planteaba un referéndum para que el pueblo hondureño dijera si respaldaba una asamblea constituyente que reformara  la Constitución para que él pudiera buscar reelegirse.

¡Pobres pueblos sumidos en el atraso y la imposición!

La macabra danza de la impunidad

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Una histórica deuda dominicana

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Por Juan Bolívar Díaz

En Chile, allá en el lejano sur del mundo, nos acaban de dar una lección cuando el Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, presentó formal acusación judicial contra 12 ex miembros de la Armada, por el secuestro y desaparición del estudiante dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, hecho ocurrido hace nada menos que 44 años, días después del golpe de Estado que cobró la vida del presidente Salvador Allende y de miles de chilenos, iniciando una tiranía militar que se extendió por 17 años.

El dictamen del 1 de agosto en curso, es ejemplar y relevante por múltiples causas, entre ellas porque muestra la fortaleza profesional de la justicia chilena que más de cuatro décadas después ha encontrado responsables de un grave acto delictivo, sin detenerse en la jerarquía de un vicealmirante y un contralmirante, oficiales y subalternos, aunque la víctima no tenía ni tiene relevancia en ese país, aunque hubo una querella presentada por el abogado Nelson Morales Chávez, a nombre del Estado dominicano.

El joven Blanco Castillo era hijo del reconocido abogado dominicano Andrés Blanco Fernández, uno de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, que había estudiado en la entonces Unión Soviética y retornó al país en 1973, pero se le impidió el ingreso, yendo a parar al Chile de Allende, entonces meca de perseguidos políticos.

En la capital chilena le sorprendió el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Cuando fue levantado parcialmente el estado de sitio impuesto, el joven Blanco incurrió en la imprudencia de irse para Valparaíso, desatendiendo los consejos de otros estudiantes dominicanos, como Isis Duarte, Gustavo González y Melba Barnett, así como de la exiliada Elsa Peña Nadal, últimos compatriotas que lo vieron el mismo día. La investigación estableció que fue detenido por una patrulla de la base aeronaval de El Belloto, a cargo del teniente Jorge Ginouves Contreras, en Villa Alemana, cerca de la estación de trenes, y entregado al personal de inteligencia de la misma.

Después lo llevaron al cuartel de policía de investigaciones de Quilpué donde es recluido en calabozos subterráneos y “sometido a interrogatorios y apremios ilegítimos”. El expediente consigna “numerosos testimonios respecto a su detrimento físico” y que fue sacado del recinto en dirección desconocida. Seis meses después fue encontrado un cadáver de sexo masculino en la localidad de Colliguay, que por su vestimenta y características se presume que fuera el del dominicano. Los restos fueron destinados a una tosa común en el cementerio de Quilpué, pero no han podido ser ubicados.

La lección es relevante para la sociedad dominicana que carga una elevada deuda histórica desde el exterminio indígena a nuestros días, con múltiples genocidios, asesinatos y desapariciones que han quedado en la impunidad, siempre bajo el argumento de no remover las heridas del pasado.

Cuando para el quinto centenario del descubrimiento la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, que sesionaba aquí, decidió realizar un acto de desagravio y petición de perdón por el exterminio indígena, el arzobispo López Rodríguez se negó a asistir alegando que no había nada por lo que se debiera pedir perdón.

Nos impusieron como patrona la virgen de los conquistadores, y nadie ha pagado jamás por los fusilamientos de los fundadores, cuyos restos fueron juntados con los de sus verdugos. En la impunidad quedaron los miles de asesinatos de la tiranía trujillista, el fusilamiento de los héroes del 30 de Mayo, de Manolo Tavárez y compañeros insurrectos ante el golpe de Estado. y el asesinato del último héroe nacional Francisco Caamaño, de los periodistas Gregorio García Castro y Orlando Martínez, y de la desaparición del profesor Narciso González.

En 1962 hubo un juicio histórico que condenó a los ejecutores del alevoso asesinato de las Hermanas Mirabal y su chofer Rufino de la Cruz, pero tres años después fueron liberados clandestinamente de la prisión tras estallar la revolución de 1965.

Gratitud a la justicia chilena por esta lección de la investigación de la desaparición del estudiante Blanco Castillo, que esperamos concluya en condena de los imputados.

Con Venezuela en el corazón

Por más vueltas que se le dé, no hay forma de justificar el silencio ante el rumbo ya abiertamente dictatorial del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y mucho menos para los dominicanos que tenemos una antigua deuda de gratitud y solidaridad con el pueblo venezolano, que se inicia con el exilio del fundador de la República Juan Pablo Duarte, y luego de muchos otros patriotas, especialmente durante la larga tiranía de Trujillo, cuando se llegó al extremo del atentado contra la vida del presidente Rómulo Betancourt, cuya firmeza fue determinante para el aislamiento y liquidación del trujillismo.

Catorce venezolanos, el mayor contingente no dominicano, ofrendaron sus vidas en las expediciones contra la tiranía en 1959. Venezuela fue solidaria cuando la invasión de Estados Unidos en 1965 y defendió la incipiente democracia dominicana ante el intento golpista del 1978. Fue solidario el Pacto de San José, del presidente Carlos Andrés Pérez, renovado y ampliado por el presidente Hugo Chávez. Más de cincuenta mil dominicanos encontraron acogida migratoria tras el apogeo petrolero iniciado en los setenta.

Obligados estamos a ser solidarios con miles de venezolanos que en los últimos años han llegado al país, expatriados por las calamidades políticas y económicas por las que ahora atraviesan. Pero también estamos en el deber de contribuir activamente a lograr una salida a la grave crisis institucional y política que puede derivar en una guerra civil.

La realidad insoslayable es que los venezolanos llevan dos meses de confrontación callejera, con un balance de 55 muertos y cientos de heridos y apresados, y que en los últimos años otros tantos han perdido la libertad o se han visto compelidos al exilio. La crisis alcanzó su máxima expresión cuando la Suprema Corte despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales, con una sentencia tan insólita que tuvo que ser revocada de inmediato.

En medio de una creciente descomposición económica, con devaluación e inflación de tres dígitos, desabastecimiento, creciente desempleo y pobreza, y una de las más altas tasas de homicidio y delincuencia del continente, el régimen de Nicolás Maduro hace aguas, y en vez de conciliar con la oposición política, aumenta la represión y la agresividad.

No se puede ignorar que la crisis tiene raíces profundas, abonadas por sectores políticos y empresariales, ahora enfrentados al Gobierno de Maduro, que durante décadas fueron extractores y malversadores de la riqueza venezolana, cuya legendaria corrupción y desacierto determinó el colapso del sistema político y dejó a esa riquísima nación atada al modelo petrolero que se ha desplomado con la caída de los precios.

El chavismo fue una esperanza de rescate y en su primera fase implicó importantes reivindicaciones sociales, pero sin desatar el nudo petrolero, hasta aterrizar en el actual desastre económico, social y político. Hugo Chávez fue autoritario y caudillista, pero no se le puede negar su tremendo carisma, por lo cual ganó unas siete consultas populares, a hasta con dos tercios de los votos, en lo que residía su fuerza e invulnerabilidad.

Nicolás Maduro fue su heredero político y apenas superó en un punto porcentual al candidato de la oposición en las presidenciales del 2013, y dos años después ya perdió abrumadoramente el respaldo popular, cuando la oposición consiguió dos tercios de los escaños legislativos. Es lo que explica que el Gobierno, con el control de las cortes judiciales y del organismo electoral haya evadido las elecciones de alcaldes y gobernadores que debieron celebrarse al final del año pasado y el referéndum que reclamó la oposición.

El proyecto de una nueva asamblea constituyente, atando de antemano un tercio de sus integrantes, en medio de esta crisis, sin el mínimo intento de concertación con una oposición que las urnas certificaron mayoritaria, es un intento de distracción que solo conduce a la violencia y la disolución institucional. Desde fuera hay que contribuir a reencauzar el sistema político, abogando por el respeto a la institucionalidad democrática, y los dominicanos, incluyendo al Gobierno, tienen que abandonar el silencio y una neutralidad ya insostenible. Nadie que crea en los valores democráticos puede ignorar la realidad ni olvidar la solidaridad venezolana cuando los dominicanos la necesitaron.

La amenaza del huracán Trump

Por Juan Bolívar Díaz

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Pero ahora, y muy probablemente por varias temporadas, nos amenaza un huracán de otra naturaleza que podría afectar severamente el curso del desarrollo económico-social de los dominicanos, tal como documentó el experto en derecho y política internacional y ex embajador ante la OEA Roberto Álvarez en una serie de ocho extensos artículos que acaba de publicar en el periódico digital Acento.

La lectura de esos bien fundamentados artículos deja la interrogante de si estará el país preparándose para afrontar la situación, como ya están haciendo México y otras naciones de la región que, como la República Dominicana, han dependido excesivamente de la migración hacia Estados Unidos y de las remesas de los nacionales.

Sabemos que alrededor de 2 millones de dominicanos emigraron en el último medio siglo, quitando presión demográfica y al desempleo y la desesperanza generadores de inseguridad. Y que esa población ya remesa formalmente alrededor de 5 mil millones de dólares anuales, 8 por ciento del producto interno bruto, el doble del 4 que con tanto orgullo estamos recién dedicando a educación.

Según las estadísticas oficiales recabadas por Roberto Álvarez, sólo entre 1970 y el 2015, Estados Unidos otorgó un millón 304 mil 989 residencias permanentes a ciudadanos dominicanos, a los que habría que adicionar los indocumentados, que diversas fuentes estiman entre 114 y 148 mil. Estos últimos están entre los amenazados por los vientos anti inmigrantes del presidente Donald Trump y auxiliares como el fiscal general Jef Sessions, que ya en el 2006 se expresó denigrantemente contra los de origen dominicano.

Ante el escenario norteamericano y las crecientes restricciones europeas, lo primero que tenemos que considerar es que se nos está cerrando la puerta de escape a las presiones sociales que ha representado la migración. Segundo que una parte de nuestros indocumentados podría ser deportados y no parecemos preparados para recibirlos adecuadamente. Y tercero, que se reducirán o al menos congelarán las remesas.

Como los demás países de la región, y como lo hicieron voceros de la Asociación de Estados del Caribe reunidos esta semana en Cuba, deberíamos rechazar las políticas excluyentes y discriminatorias del equipo de Trump, y poner en práctica mecanismos de defensa de los nuestros. Por ejemplo, poniendo a trabajar a nuestros centenares de cónsules, vicecónsules, ayudantes consulares y diplomáticos que pagamos en el exterior.

No es que declaremos la guerra al tronante gobierno de Trump, sino que nos asociemos al resto de la región para tratar de influir y moderar las embestidas que según los medios comunicativos norteamericanos están sembrando pánico. A los inmigrantes indocumentados en EU, unos 12 millones, y hasta a los residentes con infracciones menores, se les está recomendando que no anden por las calles más de lo necesario, que si llegan los agentes de inmigración no digan ni firmen nada, y hasta que nombren un tutor legal para sus hijos ante la posibilidad, ya anunciada oficialmente, de ser separados de ellos.

Hace una semana que la salvadoreña Sara Beltrán fue sacada esposada de un hospital de Dallas donde recibía atenciones por un tumor cerebral. Y el mexicano Rómulo  González, con 25 años viviendo indocumentado en Los Angeles, fue detenido para ser deportado tras llevar sus cuatro hijas a la escuela. Ellas son ciudadanas americanas  por nacimiento. Ojalá que a un tribunal  no se le ocurra reinterpretar la constitución  para determinar retroactivamente que a los hijos de indocumentados no les corresponde la nacionalidad. Tal vez el huracán Trump no llegue a esa aberración e impida la separación de esa familia. Pero debemos estar preparados.-

Un peligroso llanero solitario

Por Juan Bolívar Díaz
22_01_2017 HOY_DOMINGO_220117_ Opinión9 A
No solo el contenido, sino también el lenguaje corporal, ese rostro adusto, casi sostenidamente enojado, demuestran por qué Trump no fue el candidato de las academias, de los científicos, de los grandes centros del pensamiento y de la comunicación, ni de las élites políticas y sociales que han hecho grande a su país, con sus aciertos y errores, y por qué llega a la presidencia con aprobación de apenas 40 por ciento y rechazo histórico del 55 por ciento de sus compatriotas. Su antecesor Barak Obama se juramentó por primera vez con 78 por ciento de aprobación y ha concluido con 60 por ciento.
El mundo y la conciencia civilista de Estados Unidos tienen razón para estar preocupados por el ascenso de este llanero solitario, que pretende cambiar de un plumazo el curso de la historia, despreciando hasta a sus aliados, y pretendiendo borrar la globalización en gran medida fruto de sus propios éxitos, para lo cual se ha comprometido a ignorar y deshacer tratados internacionales y por lo menos un siglo de la humanidad.
Contrario a lo que todo el mundo entiende, el discurso de Donald Trump presenta unos Estados Unidos al borde del colapso, víctima del resto del mundo, obligado a encerrarse en sus compras y contrataciones, como si su vasta industria pudiera sobrevivir dentro de sus fronteras, como si sus riquezas no estuvieran teñidas por el sudor y hasta la sangre de los trabajadores malpagados por los capitales transnacionales predominantemente norteamericanos. Lo ve perdido en el crimen cuando este disminuyó drásticamente en las últimas tres décadas.
Con una fortuna personal de 10 mil millones de dólares y un gabinete predominantemente de millonarios, blancos y casi todos hombres, pretende redimir el empleo que le ha arrebatado la globalización y la inmigración, ignorando los efectos de la automatización de un régimen que ha concentrado la riqueza en el uno por ciento de la humanidad, que posee lo mismo que el restante 99 por ciento, donde 8 hombres, seis de ellos estadunidenses controlan la mitad de la riqueza universal, como acaba de mostrar Oxfam Internacional, al compás de un capitalismo salvaje que ha hecho una crisis de la que los norteamericanos son los menos afectados. Promete reducir los impuestos a los más ricos y comienza revocando la ampliación de programas de salubridad de los más pobres.
El discurso es equívoco y peligroso también al plantearse el solitario exterminio del radicalismo islámico, sin la menor consideración de sus aliados históricos, como si su ejército estuviera depauperado, aunque el gasto militar norteamericano, sobre los 600 mil millones de dólares anuales, supera el del conjunto de los siguientes seis países, como plantea Eric Schmitt, en un análisis para The New York Times.
Donald Trump ha prometido demagógicamente restringir al máximo la inmigración y hasta deportar a 11 millones de inmigrantes, pero sin decir si los estadounidenses están dispuestos a sembrar y recoger la agricultura del sur y el oeste y asumir los duros trabajos mal pagados de la limpieza urbana, del transporte y los servicios domésticos y de los edificios.
Habrá que esperar para ver si el choque con la realidad de los grandes intereses norteamericanos en todo el mundo y de las élites y las urbes hacen despertar a Trump de sus sueños redentoristas-fundamentalistas. Recuérdese que al fin de cuenta no ganó en una sola ciudad de más de un millón de habitantes y que sacó casi tres millones de votos menos que su principal contrincante en la elección.
Mientras tanto, hay motivos para preocuparse por la llegada del huracán Trump a este mundo con pocos líderes extraordinarios. Cualquiera se refugia en el humanismo y la renovación espiritual que empuja, casi solo, el Papa Francisco.