Leonel lanza su proyecto ante intento de liquidarlo

reLa lucha en el PLD por cerrar toda posibilidad de retorno al poder de Leonel Fernández se sobrepone a la institucionalidad democrática y si logran imponer la elección de candidatos con padrón abierto, terminarán desguañangando los partidos

                                               Por Juan Bolívar Díaz               

            Lo que tiene en dificultades al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es una sórdida y adelantada lucha por el predominio de la corriente gobernante empeñada en cerrar definitivamente las posibilidades de que el expresidente Leonel Fernández obtenga la candidatura presidencial para el 2020 y pueda retornar al poder.

Aunque el presidente Danilo Medina tiene el control de una gran mayoría del Comité Político de su partido, un conjunto de factores políticos e institucionales le dificultan imponer las elecciones primarias con padrón electoral abierto como es su preferencia, por lo que Fernández aprovecha para lanzar mover su proyecto “RD-2044”.

Prolongada indecisión

            Una vez más el Comité Político del PLD no pudo lograr acuerdo sobre lo que para algunos es fundamental en el proyecto de ley de partidos, obligar a todos a elegir sus candidatos con el padrón general de ciudadanos. Como es característica en ese partido, no hubo confrontación abierta, pero quedaron bien claras las diferencias y los protagonistas. También que alrededor de dos terceras partes de los 34 titulares del organismo respaldan la posición del presidente Danilo Medina, que es ahora quien reparte los sobrecitos, como diría su antecesor.

Pero a pesar de una proporción tan alta a favor de la posición oficial, no se decidió otra cosa que reenviar el caso ante una novedosa instancia, un consejo de unos cinco expertos constitucionalistas que dirían si la obligatoriedad del padrón abierto estaría acorde con la Constitución de la República.

Como la desconfianza ya es pauta, ahora muchos se preguntan quién tendrá la última palabra en la integración de ese consejo de sabios constitucionalistas, con el problema de que varios de los más reconocidos en esa materia están ya en funciones oficiales, como Olivo Rodríguez Huerta embajador en España, y otros, como Eduardo Jorge Prats, son consultores de organismos estatales. Habrá quienes no se sentirían cómodos en una tarea difícil con el gobierno tratando de ignorar una sentencia de inconstitucionalidad sobre la materia en disputa.

Como no se ha indicado plazos, para la constitución del consejo ni para que evacuen sus conclusiones, el reenvío parece sin tiempo limitado, quedando en el aire el trabajo de la Comisión Congresual Bicameral que estudia el proyecto, en teoría sujeta a los plazos reglamentarios hace tiempo vencidos. De hecho esa comisión está en receso hace más de un mes, subordinada a la voluntad de la cúpula del partido gobernante. Pero al fin de cuentas el proyecto de ley de partidos se ha discutido a lo largo de los  cuatro períodos que el PLD ha agotado en el poder, además del de Hipólito Mejía, en un interregno.

Cerco muy generalizado

            Dentro del danilismo hay quienes quisieran pasarle el rolo al temido “vengativo Leonel Fernández”, pero el repartidor Medina no se caracteriza por dejarse dominar de la emotividad y debe reconocer  que el escenario nacional no favorece su posición, porque se ha generalizado el rechazo a las primarias obligatorias con padrón abierto.

De hecho cada semana son más los sectores que se pronuncian al respecto, muchos sin entender por qué se ha podido convertir en fundamental tal obligatoriedad, cuando en apenas un puñado de naciones democráticas se ha impuesto tal mecanismo de elección de candidaturas. Ante una pregunta en el telediario Uno+Uno, Felucho Jiménez reconoció haber sido portador de la sugerencia de que se aprobaran las primarias dejando a cada partido escoger el tipo de padrón, en cualquier caso con verificación de la Junta Central Electoral. Adujo que lo rechazaron. De hecho el proyecto de ley establece, y eso fue consensuado, que cada partido tendrá que someter su padrón a la JCE y actualizarlo en febrero de cada año.

El padrón abierto no tiene el apoyo completo de ningún partido, pues divide tanto al PLD como al PRD, que es el segundo que oficialmente lo ha apoyado. La oposición encabezada por el PRM y el PRSC, ha militado en contra, advirtiendo que su imposición implicaría una crisis institucional y que lo llevarían a los órganos constitucionales. El Foro Permanente de Partidos, que agrupa a una docena de aliados del PLD, también ha rechazado la imposición, lo mismo que las instituciones sociales y hasta empresariales.

Pero el mayor obstáculo que frena los ímpetus es que ya la Suprema Corte declaró inconstitucional en el 2005 la “Ley de Primarias” 286-04 que establecía  la elección simultánea de los candidatos de todos los partidos, bajo responsabilidad de la JCE y con  padrón abierto. Y la sentencia 023-2017, del 27 de septiuembr4e pasado, sobre un conflicto en el PRSC planteó que lo “legal, lógico y democrático” es que sean los delegados de cada partido quienes escojan sus candidatos, validándolo en “la facultad de libre autodeterminación de los partidos” establecida en el artículo 216 de la Constitución.

Ultimo chance de Leonel

            Leonel Fernández advirtió los riesgos institucionales del padrón abierto en la reunión del Comité Político, fundándoseo básicamente en lo constitucional y evadiendo confrontar la posición del grupo gobernante. Más confrontativo ha sido el doctor Franklin Almeyda, de los principales fundadores del PLD. Mientras legisladores y dirigentes que hablan bajo reservas, advierten que la propuesta se sazona con ingredientes antileonelistas.

Un activo diputado confió que “Leonel sabe que no puede dejarse atrapar ni vencer como cuando la reforma constitucional que permitió repostular  y reeligir a Danilo, porque sería el final de su liderazgo”. Es la razón por la que la noche siguiente a la infructífera reunión de la cúpula, el expresidente estaba en Barahona, con sus files, promoviendo su proyecto “República Dominicana 2044”, año hasta el cual debería gobernar el partido morado para completar la obra de salvación nacional, según lo proclamó el mismo Leonel en el 2010.

La oficina de prensa de Leonel Fernández distribuyó una información del acto de martes 3 en Barahona, indicando que asistieron  representantes de los sectores empresariales, académicos, comunitarios, políticos y funcionarios provinciales y municipales. Agregó que allí se presentó todo “un vasto conjunto de infraestructuras” contempladas para la provincia de Barahona en el “proyecto RD-2044”. La promoción de la precandidatura de Fernández comenzó hace meses en reuniones similares y en las redes sociales. El ex senador Bautista Rojas y el ex procurador general Radhamés Jiménez, aparecen entre los principales animadores.

Liquidarían los partidos     

En privado, un veterano izquierdista aconsejaba que no se hiciera tanta oposición al establecimiento de las primarias obligatorias simultáneas, con padrón abierto, “para ver si esos partidos corruptos se acaban de joder”, convencido de que potenciarían a los lúmpenes y traficantes para determinar candidatos en todos los niveles, desde la presidencia a las regidurías.

La compra de votos que se practica hace tiempo en la elección general se extendería a la primaria, o de candidatos. En congresuales y municipales, donde se pueden definir candidatos por cientos y hasta decenas de votos, los traficantes de toda laya y los administradores estatales podrían comprar miles de votos para vencer a sus propios compañeros de partido.

Mil votos a mil pesos, solo costarían un millón de pesos, suma apenas inicial para buscar una candidatura a regidor. Y el mercado de compra estaría en dos tercios del padrón que en el 2020 andaría sobre 7 millones. El promedio de votantes en las Congresuales y municipales separadas apenas pasaba del 50 por ciento.

Si se trata de candidaturas presidenciales las  complicaciones serían mucho mayores, pues 100 mil votos comprados a mil pesos sólo costarían  100 millones de pesos, lo que gastan algunos candidatos a senadores y a alcaldes. Con la adición de que el control de los poseedores de tarjetas de los programas sociales del gobierno sería otra fuente de obtención de votos, que podrían ser no sólo para el precandidato favorito en el propio partido, sino también para el preferido en el contrincante.

Agréguese el caos en que devendría el cómputo de los votos de cada uno de unos 48 mil precandidatos en cuatro boletas separadas por los partidos mayoritarios. En el 2016, la JCE pasó dos semanas para computar los votos preferenciales para 190 diputados, con menos de 2 mil  candidaturas.-

La imposición del padrón abierto agravaría la crisis del sistema político

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Si el sector que ahora hegemoniza el PLD impone el padrón universal abierto en la elección de las candidaturas de los partidos, frustraría los esfuerzos de años por una legislación de consenso y generaría mayor desconfianza y confrontación política

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Para establecer la obligatoriedad del padrón universal abierto en la elección de las candidaturas de los partidos, el Comité Político del Partido de la Libración Dominicana (PLD) tendría que pasar por encima de una parte de su misma estructura, ignorar la posición de 24 partidos reconocidos, de la Junta Central Electoral y de entidades sociales.

La experiencia universal indica que la democracia interna de los partidos se puede garantizar con diversos sistemas de elección de candidaturas y dirigentes, por lo que no se justificaría una imposición que ya fue declarada  inconstitucional  por la Suprema Corte de Justicia, y que generaría un agravamiento de la crisis político-institucional de la nación.

Reenvío al 2 de Octubre

            El tema se ha tornado tan conflictivo que divide al mismo PLD, cuyo Comité Político de 35 miembros no pudo dirimirlo en la reunión convocada al efecto para el pasado sábado 16, que se extendió por 7 horas, excesivas para lo aprobado,  y terminó reenviándolo para el lunes 2 de octubre, acentuando la convicción sobre su improcedencia cuando el secretario general del partido, Reinaldo Pared, lo calificó como “controvertido”.

El portal oficial del PLD, informa que acordaron respaldar que eleven la cuota de las mujeres al 40 por ciento de los cargos directivos y las candidaturas legislativas  y al 50 de las municipales, mantener en 2 por ciento de los votantes en la última elección para el reconocimiento de nuevos partidos y reducirlo al 1 en segunda instancia. También ratificaron  la inequitativa distribución del financiamiento estatal con 80 por ciento para los que saquen más del 5  por ciento del sufragio y el 20 a los demás en partes iguales, aunque diversos partidos y sectores sociales han propuesto 70-30 y más escalones de equidad, para que no reciban igual un partido que obtenga 50 o el 5 por ciento, ni tanta diferencia del 5 al 4 por ciento, o del 2 al menos del 1 por ciento, como ahora.

Otro acuerdo en el Comité Político fue adelantar la precampaña electoral al período mayo-agosto antes de las elecciones, lo que extendería a 5 meses las campañas electorales  municipales que deben celebrarse el tercer domingo de febrero,  y a 9 meses las presidenciales y congresuales del tercer domingo de mayo. Así el PLD contradice la demanda de achicar los períodos de campaña para reducir sus costos. La comisión bicameral que discute el proyecto de ley había consensuado que las primarias fueran entre agosto y octubre.

24 partidos contra 2  

No hay explicación racional para que los seguidores del presidente Danilo Medina  pretendan imponer la obligatoriedad de las primarias con padrón universal abierto contra  una parte del PLD y casi todo el sistema político y las instituciones sociales que más se ocupan de la institucionalidad democrática, como Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia y Fundación Prensa y Derecho, que han manifestado su rechazo ante la Comisión Bicameral que estudia el proyecto y que ha pretendido lograr consenso.

Al comienzo de esta semana, los partidos de oposición que han venido formulando reclamos de reformas político-electorales tras los comicios del año pasado, recurrieron de nuevo ante la Junta Central Electoral para expresar su oposición radical a que les impongan el padrón universal abierto en la elección de sus candidatos, advirtiendo que de ser aprobado por el congreso bajo dominio del PLD, recurrirían en demanda para que la ley sea declarada  inconstitucional.

En el grupo figuran los partidos de oposición de mayor votación en los últimos comicios, como el Revolucionario Moderno, el Revolucionario Social Cristiano y la Alianza País. También el Quisqueyano Demócrata, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Opción Democrática, Partido Humanista Dominicano y Alianza por la Democracia.

Por otro lado el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, que agrupa a una veintena de partidos reconocidos, celebró un taller y luego formalizó sus conclusiones sobre el proyecto de Ley de Partidos, planteando “que las elecciones internas de los partidos deben ser realizadas con el padrón de miembros de cada organización”.

El PRD con padrón abierto

            La mayoría de los partidos del Foro Permanente fueron aliados del PLD en las elecciones del 2016, pero no se han sumado al esfuerzo por imponer el padrón abierto. El aliado que sí lo ha hecho es el Partido Revolucionario Dominicano, contradiciendo opiniones anteriores de su presidente Miguel Vargas Maldonado, actual canciller del gobierno de Medina.

Cuando Vargas Maldonado fue vencido 53.4 a 46.6 por ciento por el expresidente Hipólito Mejía en la primaria del PRD efectuada el 6 de maro del 2011 para la candidatura presidencial del año siguiente, adujo que fue el resultado de “la votación de entre 200 y 400 mil peledeístas y reformistas”, que según él preferían como candidato a su contrincante, aunque los votos válidos computados fueron sólo 967 mil 900. Y tanto él como Mejía aseguraban contar con un millón de seguidores.

Ese certamen es paradigmático de los que se oponen al padrón abierto en las primarias, porque fue el origen visible de la división del más antiguo partido de la historia nacional. Y el padrón utilizado no fue abierto por completo como se aboga ahora. Por tres elecciones seguidas, desde la que escogió precisamente a Vargas candidato presidencial para el 2008, el PRD utilizó el mismo “padrón semi-abierto”, resultado de cruzar el padrón universal de la JCE con el de los otros partidos mayoritarios, para excluir a los militantes de estos.

Pese a la diferencia de casi 7 puntos porcentuales (70 mil votos), Vargas nunca aceptó su derrota y se convirtió en un Caballo de Troya en la campaña electoral que finalmente perdió Mejía con 47 por ciento del sufragio.

Declarada inconstitucional

            Una poderosa opositora a las primarias con padrón abierto obligatorio es la Junta Central Electoral, que sometió el proyecto de Ley de Partidos, el cual deja a cada agrupación la opción de decidir si lo hace con el padrón propio o el universal. El presidente de la JCE ha advertido de las complejidades que implicaría unas  primarias con padrón abierto, simultáneas y organizadas y computadas por esa institución, y que tendría un costo económico similar a una elección nacional.

El doctor Julio César Castaños es coherente con la posición que sostuvo antes de presidir la JCE, pues fue precisamente la Fundación Derecho y Democracia, entonces bajo su presidencia, quien llevó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 286-04 del 15 de agosto del 2004 que estableció la elección de los candidatos de los partidos mediante el voto universal, y organizadas de forma simultánea por la JCE.

El 16 de marzo del 2005, tras ser debidamente apoderada del recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte d e Justicia que presidía el doctor Jorge Subero Isa, con una pléyade de juristas sin militancia política, declaró la inconstitucionalidad de la ley. Uno de los motivos fue que no indicaba la fuente del financiamiento de esa votación universal. Ahora tampoco, y unos aspiran a que los pague por completo el Estado y otros a que una parte salga del actual financiamiento estatal a las organizaciones políticas. En cualquiera de los dos casos sería incrementar la carga del presupuesto nacional.

¿ Deciden Danilo y Leonel?

            Después de tantos años de búsqueda de consenso sobre la Ley de Partidos, sería frustratorio que sólo los intereses de Danilo Medina y Leonel Fernández decidieran un aspecto tan importante como imponer a todos los partidos un único método de elección de candidatos, cuando la votación con el padrón de militantes podría ser también un mecanismo democrático, razón por la cual el proyecto de ley en discusión establece que tiene que estar registrado en la JCE y actualizado cada año. El padrón abierto sólo rige en Argentina, Chile, Uruguay  recientemente se estableció en Honduras.

La imposición abriría las puertas a conflictos internos, y aumentaría la suspicacia sobre tan pronunciado interés. La convocatoria al universo en un país de tanta tradición de trampas y fraudes electorales, permitiría la compra masiva de votos entre una masa que sin incentivos materiales no acudiría. Aun en las elecciones congresuales y municipales, cuando fueron separadas, no se pasó de la mitad de los convocados. Para el 2020 la mitad de los electores serían alrededor de 3 millones y medio, bien amplio para el tráfico de votos a favor de candidatos propios o de otros partidos.

Los opuestos a la elección de candidatos con padrón universal abierto no ocultan sus temores de que una imposición del PLD al respecto, promovida por el grupo que hegemoniza el poder, conlleve los riesgos de empleo del patrimonio público para incentivar votos, para imponer la reelección y motivar otra reforma constitucional, para favorecer a un emergente continuista o para favorecer que en otros partidos ganen los preferidos del poder. Aducen que el control del millón de pobres que tienen tarjetas de subsidios del Estado sería una fuente de perversión. La imposición agudizaría la confrontación y la crisis del sistema político nacional.-

Luce inviable la elección primaria simultánea con padrón de la JCE

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Las plantas Catalina se convierten en calvario del presidente Medina

Por Juan Bolívar Díaz
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Las reformas político-electorales dependen del presidente Medina

Por Juan Bolívar Díaz
Presidente de la República, Danilo Medina.

La JCE da un paso al frente al advertir sobre sus facultades para contener las prematuras campañas electorales y su presidente llama al liderazgo político a concertar sobre las reformas político-electorales debatidas por más de 20 años.                                          

La clara advertencia de la Junta Central Electoral (JCE) de que podría hacer uso de sus facultades constitucionales para regular las actividades de los partidos y candidatos constituye una presión adicional para la aprobación definitiva de las reformas político-electorales que se discuten hace ya más de dos décadas.

Igual fue certero el presidente del organismo, Julio César Castaños, al plantear un pacto del liderazgo político para viabilizar las reformas electorales, iniciativa que corresponde al presidente Danilo Medina en su doble condición de jefe del Estado y líder principal de su Partido de la Liberación Dominicana con absoluto control del Congreso.

Sorpresivo comunicado

Sorprendió a la opinión pública la publicación el lunes 21 de agosto de un comunicado firmado por el Pleno de la JCE que censura la precipitación de dirigentes y grupos de los partidos que han comenzado actividades de promoción de candidaturas para las elecciones del 2020, con más de dos años de anticipación al período de 90 días que establece el artículo 87 de la Ley Electoral 275-97.

Recuerdan que la Constitución le da facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campañas y el acceso equitativo a los medios de comunicación, “como advertencia y para subrayar” que podrían impedir la campaña “improcedente e inoportuna”, pidiendo cesarla, “sin desmedro del ejercicio de los sagrados derechos de asociación, reunión y libre expresión del pensamiento”.

La advertencia fue interpretada como doble, dirigida también, implícitamente, a los actores del Congreso Nacional que desde comienzo del siglo dan vueltas al proyecto de Ley de Partidos, y que han rehuido la adaptación de la Ley Electoral al marco de la Constitución proclamada en enero del 2010 que consigna las facultades citadas.

Para las elecciones congresuales y municipales de mayo del 2010, las presidenciales del 2012 y las generales del 2016, se había reclamado a la JCE que, ante la resistencia a actualizar la legislación electoral, utilizara sus facultades constitucionales para reglamentar y evitar los abusos de partidos y candidatos, especialmente los gobernantes, que determinaron una extrema desigualdad  en la competencia. Los anteriores titulares de la JCE lo evadieron, aunque desde el 2011 enviaron al Congreso y promovieron sendos proyectos de leyes de partidos y del Régimen Electoral.

Acogida de la advertencia

La advertencia de la JCE fue bien acogida por la opinión pública, incluso por la dirección de los partidos, incluyendo a algunos de los que ya realizan actividades de promoción de candidaturas, sin que faltara quien, como Hipólito Mejía, argumentara que no se da por aludido porque no realiza campaña, sino que promueve la inscripción de nuevos miembros y la reinscripción de los viejos en su Partido Revolucionario Moderno.

Pero Mejía fue el primero que comenzó a promover reuniones y  ruedas de prensa de grupos que lo respaldan para la candidatura presidencial y hasta designó al antiguo miembro de la JCE Eddy Olivares como su vocero personal. Pronto Luis Abinader le siguió activando a los suyos también con miras a los comicios del 2020, y ambos ya han realizado reuniones organizativas de activistas regionales y provinciales.

En el PLD ha habido también promoción de candidaturas, pero hasta ahora sin un involucramiento directo y abierto de sus principales líderes y potenciales  candidatos, el presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández, aunque han aparecido vallas y pancartas. Dirigentes del PLD y aliados han planteado la candidatura a la reelección de Medina, aunque  necesitaría otra reforma de la Constitución que explícitamente la prohíbe. Y hay en las redes un merengue que la proclama, interpretado por un cotizado grupo musical. Partidarios de Fernández ya realizan reuniones, hasta ahora sin convocatorias públicas. También se le promueve en las redes electrónicas. Las “visitas sorpresas” de Medina son vistas como mecanismo permanente de promoción. Igual el asistencialismo del también aspirante Reinaldo Pared, a través del financiamiento del “barrilito de los senadores”.

Qué es campaña electoral

            El comunicado de la JCE recordó oportunamente los derechos de asociación, reunión y libre expresión, que no deben ser confundidos con las actividades de campañas electorales, ya que a nadie se le puede prohibir expresar su intención de competir por cargos públicos, aún en entrevistas y artículos en los medios de comunicación, ni reunirse en privado con seguidores, ni dictar conferencias.

Pero se cae en la categoría de campaña electoral cuando se convocan y realizan actividades públicas para promover aspiraciones, se organizan y pagan grupos de activistas, dentro o fuera de los partidos, se coloca promoción en los medios de comunicación o en calles, edificios y carreteras, o se auspician movilizaciones grupales o masivas, y repartos asistencialistas a nombre de aspirantes a candidaturas.

Hace muchos años que se considera que los políticos dominicanos “viven eternamente en campaña”. Para los últimos comicios la promoción comenzó tres años antes y se generalizó a dos años, implicando un alto costo de millones de pesos para conseguir  las candidaturas a regidores, decenas de millones para legisladores y cientos y hasta miles de millones para las presidenciales. La inversión fue tan alta que muchos precandidatos frustrados por el reparto antidemocrático de candidaturas, tuvieron que ser compensados con dinero, cargos o contrataciones de compras y obras públicas, aún a nivel municipal.

La limitación del tiempo de las campañas es objetivo fundamental de las reformas electorales, porque su extensión determina el alto costo de la política en el país, en gran parte cubierto con recursos sustraídos a los diversos estamentos del Estado, o aportados por empresarios y traficantes de drogas que buscan rentabilidad o protección. 

El pacto por las reformas

            El doctor Castaños Guzmán, quien ya antes había sido miembro de la JCE y promotor de las reformas político-electorales sabe bien que las mismas no se han materializado por falta de voluntad política de los gobernantes, aunque se promueven desde el consenso de la Fundación Siglo XXI en 1993-94.

Aunque su Partido Reformista participó de ese primer consenso, el presidente Balaguer no autorizó que lo firmaran. El primer proyecto de ley de partidos lo elaboró la Comisión de Reforma y Modernización del Estado de Leonel Fernández, consensuado con partidos y sociedad civil en 1999. Entregado al mandatario, nunca lo envió al Congreso. El segundo por fue una revisión del anterior, también consensuada en el Consejo Nacional de Reforma del Estado, de Hipólito Mejía, quien lo recibió y tampoco lo remitió al Congreso. El presidente Medina no ha hecho el mínimo esfuerzo al respecto, Y como Fernández ha ignorado la adecuación de la legislación electoral a la Constitución del 2010.

El pacto de Leonel Fernández y Miguel Vargas del 2009, también incluyó la aprobación de la ley de partidos, compromiso firmado en la Universidad Católica Madre y Maestra durante la campaña del 2012 por los candidatos presidenciales, incluyendo al luego presidente Danilo Medina.

El proceso indica que los gobernantes han preferido mantener un sistema electoral atrasado, de escasas regulaciones y ausencia de sanciones disuasorias de los abusos del Estado y del secretismo en el financiamiento. De ahí que tanto el pacto político por las reformas, como su posterior aprobación en el Congreso, es ahora responsabilidad fundamental del presidente Danilo Medina.

El Régimen Electoral  

El proyecto de Ley de partidos, con una decena de presentaciones en el Congreso, sigue pendiente, entrampado en aspectos fundamentales como la transparencia y límites del gasto y del financiamiento de partidos y candidatos, incluyendo el privado, de la equidad de género tanto en las candidaturas como en la dirección de los partidos, y de las sanciones efectivas. También del voto preferencial y las elecciones primarias, si con padrón propio o universal y si en la misma fecha y bajo organización de la JCE.

Si tanto tiempo y energías ha costado la ley de partidos, será todavía más difícil la del Régimen Electoral. Ambas son leyes orgánicas, implicando la aprobación de los dos tercios de cada cámara legislativa y consenso entre los partidos. Si cuesta tanto el consenso sobre las normativas de la competencia interna, serán  más complicadas cuando implica el poder del Estado entre distintos partidos.

Sobre todo porque la ley del Régimen Electoral es la que limitaría y sancionaría  los abusos del presupuesto nacional y de los poderes del Estado, garantizaría los derechos ciudadanos a elegir, la independencia de los organismos de control y la equidad de las campañas electorales. Los que controlan los poderes del Estado siempre son negligentes en actualizar las legislaciones.-

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De la Constitución de la República

Artículo 216. Partidos Políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los rincipios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son:

1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia;

2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular;

3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Artículo 212. Junta Central Electoral. Párrafo IV. La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límite en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

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La oposición no logra capitalizar el cerco ciudadano al Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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El principal partido de oposición está muy ocupado en una prematura lucha interna por la candidatura presidencial para dentro de casi 3 años, reproduciendo el pasado perredeísta y mostrando incapacidad para sintonizar con las demandas ciudadanas

A falta de encuestas, la percepción más generalizada es que la oposición no ha podido capitalizar el cerco ciudadano al Gobierno, con su principal agrupamiento, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), enfrascado ya en una lucha interna por la candidatura presidencial tres años antes de la próxima elección.

El Gobierno de Danilo Medina parece haber recuperado la iniciativa tras 8 meses a la deriva, con una ofensiva que lanzó a los medios de comunicación a los altos funcionarios al concluir el primer año del período constitucional mientras los líderes de la oposición brillaban por su ausencia.

Una tremenda maquinaria

Llamó la atención que la maquinaria propagandística del gobierno copara en gran proporción los espacios de televisión y radio y hasta de los periódicos, con reproducción en las redes sociales, durante las últimas tres semanas al concluir el primer cuarto del segundo período constitucional del presidente Danilo Medina, que según la Constitución habrá de dar paso a otro dentro de tres años.

De esa forma, los medios fueron inundados de las realizaciones gubernamentales, hasta la exageración de que las “visitas sorpresas” del presidente crearon medio millón de empleos en cinco años, lo que de haber sido cierto habría invertido la migración campo y pequeñas comunidades hacia las concentraciones urbanas. De ahí la afirmación del secretario general del Partido de la Libración Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, de que son “mezquinos, miopes y mediocres” quienes no aprecian que el país tiene otro nuevo redentor.

La táctica gubernamental prefirió hablar del primer año del período y privilegió los cinco acumulados, como forma de evadir el desgaste y el rechazo que acumuló el gobierno de Medina en los últimos meses, virtualmente cercado por las protestas populares que se han expandido en la MarchaVerde.

Con una coordinación centralizada desde el Palacio Nacional, los voceros gubernamentales acapararon los espacios de entrevistas, mientras los opositores guardaron una asombrosa discreción. Medios que quisieron guardar proporción, no encontraron disponibles a los principales personeros opositores como Luis Abinader, Hipólito Mejía, Federico Antún o Guillermo Moreno.

Una oposición entretenida

            De acuerdo con los resultadlos de las pasadas elecciones, el Partido Revolucionario Moderno, (PRM), el Revolucionario Social Cristiano, (PRSC) y Alianza País fueron los que más votos obtuvieron, para sus candidaturas presidenciales, al margen de las alianzas,  tras el triunfante PLD, con proporciones de 27 por ciento, casi 6 y casi 2 por ciento, respectivamente.

De ellos el PRSC ha enfrentado un proceso de división con impugnaciones contenciosas y fallos adversos a su actual dirección, quedando virtualmente fuera del debate, aunque su vicepresidente Guillermo Caram es uno de los más contundentes críticos de la política gubernamental, especialmente en el ámbito económico, que en la primera mitad del año ha acusado indicadores de contracción.

Guillermo Moreno sigue siendo uno de los mejores expositores de la política nacional, tanto en sus presentaciones televisivas como en sus artículos semanales en el periódico Diario libre, pero sufre de períodos de invisibilidad, hasta para los medios que aprecian sus capacidades. Al líder de Alianza país le sobran capacidades y honestidad, pero le faltan ingredientes para convertirte en alternativa, de ahí que con tres candidaturas presidenciales no haya llegado al 2 por ciento de los votos.

            Minou Tavárez Mirabal y Eduardo Estrella son dos líderes también de buen discurso y prestigio por su pulcritud, pero no han podido levantar estructuras  partidarias consistentes.

El PRM reproduce al PRD

            El colmo de la ineficiencia parece ser el PRM que está reproduciendo las prácticas políticas que dividieron y casi desaparecieron al Partido Revolucionario Dominicano, del cual son el último desgajamiento. En mayo cuando faltaban tres años para la próxima elección presidencial ya los dos principales líderes del PRM habían comenzado el activismo grupal tratando de asegurarse la candidatura presidencial. El primero en lanzarse al activismo grupal fue Hipólito Mejía, en mayo, convencido de que perdió de Luis Abinader para los comicios del 2016, “porque no hizo campaña”. O compelido por el desastroso resultado de la elección primaria en abril del 2015, donde el joven y emergente Abinader le venció con votación de 70 a 29 por ciento.

Hace más de un mes que el candidato del 2016 sucumbió también al activismo grupal y en las últimas semanas ambos se mueven por el país como si faltaran meses para la elección primaria. Su prioridad no es terminar de organizar un partido que se constituyó a la carrera entre el 2014 y el 16 para sustituir al PRD en la competencia por el poder, sino posicionar sus seguidores.

El resultado es en primer lugar la distracción, pues el primer objetivo es vencer al compañero de partido, no al contrincante externo, y como la lucha interna es larga, la misma consumirá gran parte de sus recursos económicos y humanos, generando rivalidades que luego resultan insuperables cuando tienen que enfrentarse a la elección nacional.

Violan su propio pacto

            Consciente de que los intereses del partido debían prevalecer sobre los grupales o individuales, Mejía y Abinader firmaron un pacto el 16 de enero pasado, en un comunicado dirigido a “simpatizantes, militantes y dirigentes del PRM” en el que se comprometían “a dedicarse, única y exclusivamente, a ejecutar los trabajos institucionales, absteniéndose de promover candidaturas hasta que lleguemos al momento que para tal efect0o se establece en los propios estatutos, tal como lo reiteró la Resolución de la Dirección Ejecutiva de fecha 21 de junio del 2016”.

El documento, firmado también por Andrés Bautista y Jesús Vásquez, como presidente y secretario general del partido, expresaba la voluntad de dedicarse todos a “trabajar con el mayor espíritu unitario, con esmero y dedicación, para salir airosos de nuestra responsabilidad estatutaria” de celebrar en septiembre la convención nacional que sellaría la organización del PRM en todo el país.

Según los informes recabados, ya el objetivo de septiembre está perdido y hay dudas que lo logren para antes de Navidad, a menos que se produzca un alto en la desenfrenada competencia interna, que los perredeístas consideraban buena “para dinamizar la organización”. En aquel caso podría explicarse siendo un partido con años de consolidado a nivel nacional y aún así generó divisiones insalvables, entre Guzmán y Jorge Blanco, entre este y Majluta, entre Majluta y Peña Gómez y finalmente entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas.

Ls primera etapa de la consolidación del PRM estaba cifrada en la reorganización de todos los municipios, y habría alcanzado a 138, faltando 20. La segunda sería un nuevo registro de militantes, abriendo inscripciones y reinscripciones, etapa que aún no comienza. Para culminar en una convención que elegiría todos los cargos a nivel nacional, provincial, municipal y local, así como los llamados frentes de masas.

Ignoran el clamor nacional

            Aunque gran parte de la dirección y la militancia del PRM ha participado en el movimiento de la Marcha Verde, excepto Hipólito Mejía quien dijo que “no soy hombre de marchas ni de tirar piedras”, parece que no han podido descifrar las razones de la indignación  nacional que se expresa masivamente en las calles.

Cuando inmensas multitudes ponen contra la pared al Gobierno y su partido exigiendo castigo de la corrupción y fin de la impunidad, los perremeistas están preocupados por la candidatura presidencial del 2020. Cuando gran parte de la sociedad lucha por una ley de partidos y otra del régimen electoral que acorte campañas como forma de reducir el costo de la política, del clientelismo y el rentismo, y el abuso de los recursos públicos y del poder, los del PRM adelantan en años su precampaña.

Esas cegueras políticas no fueran tan dañinas ni repugnantes si no estuvieran enfrentados a una maquinaria política que controla y abusa de todos los poderes del Estado, con una experiencia política única y capacidad para comprarlo y dividirlo todo, incluso los partidos de oposición. Y desde las instancias propagandísticas del gobierno no han faltado incentivos para lograr el éxito de que Mejía y Abinader destrocen la mayor opción de poder de la oposición. Entre los opositores no han faltado quienes crean que pudieran ser beneficiarios del apoyo del presidente Medina para contener la posibilidad de un regreso del “Leonel vengativo”, que alude a la forma con que los danilistas le cerraron el paso al expresidente, Quirino incluido, en el 2015-16.

Algo nuevo deberá surgir

La indignación de la Marcha Verde no ha cedido a pesar del empeño gubernamental y sus miles de propagandistas y existe el convencimiento de que en la medida en que persevere y se acerque al 2020, el gobierno y el PLD tendrán que atender siquiera parte de sus reclamos, Y que si no ocurre así, ni hay una estructura partidaria que se comprometa con el sentimiento nacional, para el 2020 podría emerger una alternativa sorpresa, como ha ocurrido en muchos países, últimamente en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, y antes en América del Sur.

Para ganarse el espacio político abierto por las clases medias y sectores populares cada vez mayores, la oposición partidaria tendría que diferenciarse mucho más del partido gobernante. Por ejemplo, renunciando a barrilitos y cofrecitos  y presentando gestiones municipales y legislativas insospechadas de corrupción y reproducción del clientelismo, el rentismo y el patrimonialismo.

En el PRM hay otro problema serio, que los  intereses personales están por encima dee los colectivos. No se explica que acabaran de reelegir a Alfredo Pacheco como vocero en la camára de Diputados, donde hay excelentes emergentes, estando imputado por el escándalo Odebrecht. Tampoco se entiende que Andrés Bautista, también imputado, no haya puesto su cargo a disposición del partido. Como presidente se supone que no podrá hablar de Odebrecht hasta que no quede despejada la acusación que le afecta. Más aún si él ha sido tomado como rehén político, que es lo que parece, por la debilidad y hasta falsedades de lo que se le imputa.-

La mejor opción para Venezuela

Por Juan Bolívar Díaz
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En las actuales perspectivas nacionales e internacionales, la mejor opción que aparece a la vista es una transacción política que implique un reconocimiento del mandato presidencial hasta comienzos del 2019, la restauración de los poderes de la Asamblea Nacional y un calendario electoral con un claro compromiso de respeto a la voluntad democráticamente expresada por el pueblo de Venezuela.

Es evidente que el nivel de confrontación interna dificulta los acuerdos, con un gobierno que persiste en el camino de la imposición dictatorial y sectores de oposición que sólo contemplan el final del régimen. Pero es a las autoridades a quienes corresponde la iniciativa de transacción, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Maduro y sus partidarios podrán extender la crisis y con suerte llegar hasta el final del actual período constitucional, pero no podrán prolongarse más allá sin hacer pagar a Venezuela un costo incalculable, no sólo en inestabilidad, represión política y ruptura institucional, sino también con un agravamiento de la crisis económica y social que hace tiempo alcanza proporciones insostenibles.

El aislamiento internacional del gobierno venezolano rebasa con mucho los exabruptos de un Donald Trump que acaba de tirarle un balón de oxígeno con su amenaza de invasión militar. Se trata de una fanfarronada absolutamente insostenible en el actual concierto internacional, independientemente de las repercusiones que podría tener en un territorio tan grande y diverso como el venezolano. La América Latina de hoy dista muchísimo de la de 1965, cuando Estados Unidos logró un precario apoyo para convertir su invasión a la República Dominicana en una “Fuerza Interamericana de Paz”.

Pero es obvio que Maduro tiene un cerco político internacional que abarca a casi las dos terceras partes de las naciones del continente, especialmente de las de mayor peso económico, político y poblacional. Al que se suma la Unión Europea, convencidas de que el autoritarismo del chavismo ha derivado en un régimen dictatorial.

De nada sirve no reconocer la realidad venezolana. Maduro carece del liderazgo y el carisma de Chávez, pero sobre todo de los petrodólares que durante más de una década permitieron políticas sociales que se traducían en el amplio respaldo popular que se manifestó repetidas veces en las urnas. En lo externo permitieron al régimen extender su influencia a múltiples países de la región. Pero ahora ya no hay Chávez ni petrodólares.
El resultado es que Nicolás Maduro apenas consiguió la mitad de los votos para ser electo presidente en el 2014, y que la oposición obtuvo dos tercios en los comicios para elegir la Asamblea Nacional al final del 2015.

Como todo parece indicar el deterioro del apoyo popular de Maduro está en ascenso en gran medida estrangulado por la crisis económica, y que el régimen parece empeñado en alejarse de los procedimientos democráticos, tratando de mantenerse a toda costa en el poder. El pueblo que eligió a Maduro fue también el que eligió, en mucho mayor proporción, la Asamblea Legislativa que el ejecutivo ha desconocido.

El mundo democrático tiene que seguir presionando una solución en Venezuela, un pacto de respeto a los procedimientos democráticos, con plenas garantías para todos, por parte del gobierno, que debe aceptar la mediación internacional, Decisiones como la unilateral convocatoria de una asamblea constituyente que sustituye a la Asamblea Legislativa, sólo conducirá a la tragedia. Los dominicanos estamos en el deber de ayudar a restaurar la convivencia democrática en Venezuela, con una posición más activa que la que ha sustentado el gobierno nacional.

Abaratar el alto costo de la política y promover equidad y democracia

 
A1Los líderes políticos, sobre todos los gobernantes, siguen bailoteando las reformas electorales, cuyos objetivos fundamentales hace un cuarto de siglo  que fueron identificados, y hasta objeto de repetidos consensos e introducciones al Congreso    

Por Juan Bolívar Díaz

A pesar de múltiples esfuerzos una comisión bicameral, que parece bien empeñada, fracasó en su propósito de aprobar el proyecto de Ley de Partidos antes que concluyera la primera legislatura del 2017, lo que mantiene incertidumbres sobre el del Régimen Electoral, mucho más extenso y conflictivo.

Las cúpulas partidarias, especialmente la gobernante, siguen evadiendo las reformas del sistema político y electoral, aún con la presión de la indignación popular que demanda el fin de la corrupción y la impunidad, para lo cual será necesaria una profunda reforma política e institucional.

Se quedó la Ley de Partidos

De nuevo concluyó una legislatura sin que se aprobara el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, y ya nadie sabe cuántas han pasado desde la primera vez que fue sometido al Congreso en el 2001, aunque esta vez contó con el apoyo diligente del presidente de la comisión bicameral que busca consensuarlo, el senador Arístides Victoria.

La comisión, integrada por representantes de los diversos bloques partidarios, se había propuesto aprobar el proyecto de Ley de Partidos en la legislatura que concluyó el 26 de julio. Después de haber logrado consenso en 74 de los 77 artículos del proyecto, quedaron empantanados en los referentes a las elecciones primarias, el tope de financiamiento y gastos y la participación de la mujer en las candidaturas y los cargos directivos de los partidos.

Para no dejar dudas sobre dónde radican los obstáculos, aún después de concluida la legislatura, los comisionados se han dedicado a visitar a los líderes de los partidos buscando que bajen instrucciones, diligencia que ya hicieron con el gobernante PLD, con el Reformista Social Cristiano y con el bloque de partidos emergentes Tienen pendiente ser recibidos por el presidente Danilo Medina, el PRM y al PRD.

Primarias simultáneas o no

Uno de los desacuerdos más pregonados durante años ha sido en torno a si las elecciones primarias, para escoger candidatos, se realizan simultáneamente y con el padrón nacional de la Junta Central Electoral (JCE) o con el padrón partidario y en la fecha que escoja  cada   partido. Hay quienes creen que ese  desacuerdo oculta la renuncia de las cúpulas a establecer un orden democrático que reduciría su poder casi omnímodo.

La diferencia podría haber sido salvada dejando a opción de cada partido el sistema a adoptar, con la condición de que si es con el padrón propio, éste tenga que ser depositado ante  la JCE siquiera con 3 meses de anticipación. Según adelantó Victoria, la mayoría de los partidos prefieren la elección primaria simultánea, con el padrón de la JCE y que esta cargue con la organización y procesamiento de las votaciones, lo que pudiera en devenir en fuente de conflictos, pues tendrían que escrutar al mismo tiempo los votos recibidos por miles de precandidatos a los cargos, que en la municipal serán unos 3,800 por partido.

Más  renuencia parece haber sobre el establecimiento de topes de gastos por candidaturas, como mecanismo para reducir el poder del dinero, a menudo de origen corrupto estatal o de lavado privado, en las posibilidades de elección.

La demanda de legisladoras porque se imponga la paridad de género en las candidaturas y la dirección de los partidos es la otra fuente de discordia. Parece exagerada si se tiene en cuenta que nunca se ha cumplido a cabalidad la cuota de candidaturas de la mujer, ni cuando era del 25 por ciento y menos al subirse al 33 por ciento. La transacción podría ser elevarla  al 40 por ciento, promoviendo la equidad sin imponer una igualdad que no existe en la actividad política,. y extendiéndola por primera vez a los cargos directivos.

Del Régimen Electoral     

            Más difícil será el abordaje del proyecto de ley del Régimen Electoral, más extenso y conflictivo, pues ya no se trataría de regular los procesos electorales de dirigentes y candidatos, y garantizar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos, sino la competencia por el poder del Estado.

El proyecto de la JCE para la Ley de Partidos recoge gran parte de las demandas que han sido objeto de numerosos consensos desde el patrocinado por la Fundación Siglo 21 en 1992-93, y aún así lleva unos 17 años dando vuelta en el Congreso. El del Régimen Electoral presentado por el mismo organismo, data del 2011 y es más limitado, por lo cual ha recibido múltiples adiciones de los partidos y de las instituciones de la sociedad civil interesadas en la materia, como Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia y otras.

Este segundo proyecto, que sería abordado por la comisión bicameral cuando alcance consenso sobre el primero, implicará una mayor voluntad del liderazgo político por privilegiar el interés nacional, sobre el partidario, siendo mayor el desafío para el PLD que ahora controla casi todo el poder estatal, como nunca antes en la todavía incipiente democracia nacional. El PRD tuvo mayoría relativa en la Cámara de Diputados y absoluta en el Senado en el período 1998-06, pero no hizo esfuerzos suficientes por la ley de Partidos y menos para las reformas político-electorales integrales.

Con la presión adicional de la Marcha Verde todo el sistema político está desafiado a reformas que contribuyan a cerrar el camino de la corrupción y la impunidad, que comienza en las campañas electorales e incluye el rentismo empresarial y el clientelismo popular, los abusos de los poderes del Estado y la utilización de dinero proveniente del Estado y del lavado de activos, incluyendo el narcotráfico.

Bajar el costo a la política

            El primer objetivo de la ley del Régimen Electoral debería ser la rebaja del altísimo costo de la política en el país, que debe comenzar con la estricta reducción de las campañas internas y generales a no más de tres meses, con sanciones al que se adelante a realizar actividades de propaganda o abierta promoción de candidaturas, topes de gastos para los partidos, precandidatos o candidatos, con límites y transparencia de los aportes privados y estricta rendición de cuentas, especialmente del financiamiento estatal. Incluye también restringir las campañas a la jurisdicción de la candidatura, nacional, provincial o municipal.

Otro renglón fundamental es la restricción al abuso de los poderes del Estado, comenzando por prohibir absolutamente los desbordamientos del gasto público y el incremento del gasto social en los años de elecciones, así como de la nómina estatal, incluyendo las contrataciones temporales, y de la publicidad estatal, que siempre debe limitarse a lo institucional, educativo y legal. Se agrega la prohibición de inauguraciones y anuncios de nuevas obras en el período de campaña electoral, y la licencia automática de todo funcionario del Estado que se convierta en candidato o responsable de campañas electorales.

Al bajar el costo de la política se promueve la equidad entre los partidos con grandes recursos y los emergentes, y se facilita que  personas honorables, sin patrocinios de la corrupción estatal, del rentismo empresarial o el lavado de activos, puedan competir por los cargos electivos, saneando la actividad política y la gestión pública.

Reafirmar la democracia

            La reforma que se ha reclamado durante un cuarto de siglo es para reafirmar la institucionalidad democrática, que comienza por la elección de las autoridades y los representantes, garantizando que se pueda votar separados por diputados y senador y por regidores y alcalde. Implica más equitativa distribución del financiamiento estatal, y sanción de los delitos electorales, como la compra de votos, el despojo o alquiler de cédulas, y la coerción a los empleados estatales y a los ciudadanos más vulnerables.

Conlleva también la profesionalización de los órganos de gerencia y arbitraje electoral, creando mecanismos para control del financiamiento y persecución de los delitos electorales, con sanciones suficientemente disuasorias como cancelación de candidaturas o congelación del financiamiento público.

La JCE debe ser convertida en un real organismo colegiado, que no sea exclusivo de los abogados, puesto que ya no es un tribunal, y de concertación con los partidos que compiten. Y el Tribunal Superior Electoral debería ser un órgano adscrito a la carrera judicial, sin reparto ni apropiación partidista.-

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Principales objetivos de las reformas electorales

*Abaratar el costo de la política dominicana

* Reducir los altos niveles de rentismo y clientelismo

* Transparentar el financiamiento y obligar a rendir cuentas

* Rescatar el sistema político de la descomposición

* Controlar los abusos del poder y los recursos estatales

* Garantizar la democracia interna en los partidos

* Sistematizar la equidad entre los partidos y candidatos

* Promover equidad de género en la dirección y las candidaturas

* Ampliar el derecho ciudadano a elegir diputados y regidores sin arrastre

* Garantizar independencia de la gerencia y el arbitraje electoral

* Prevenir los delitos electorales y sancionarlos con fuerza disuasoria

* Ampliar la representación de las minorías en los comicios

* Dotar a la JCE de instrumentos eficaces para fiscalizar los partidos

* Viabilizar la participación social en la fiscalización de los partidos

* Mayor equidad en la distribución del financiamiento estatal

Los nuevos desafíos de la Marcha Verde tras su indiscutible éxito

Marcha Verde, Santo Domingo. 16-07-17. // Fuente Externa.

Los mayores desafíos de la marea verde son mantener las características y objetivos que le han permitido impactar en la conciencia social, sin sobreestimarse ni caer en el aventurerismo, ampliar su base popular y exigir reformas políticas e institucionales

 Por Juan Bolívar Díaz

            Aunque el Gobierno ha pretendido ignorarla, la Marcha Verde lo ha sumido, con todo y partido, en una crisis de credibilidad, que lo ha dejado a la defensiva, apostando a que el tiempo diluya el mayor movimiento sociopolítico de la historia nacional o a que su plural liderazgo cometa errores que le resten potencialidad.

Después de la masiva marcha del día 16, el movimiento social necesitará mayores  niveles de formalidad sin afectar características como la diversidad, con mayores esfuerzos para ampliar su base popular sin caer en el aventurerismo, reafirmando sus objetivos fundamentales  y avanzando en el reclamo de transformaciones políticas e institucionales.

Una sorpresa consolidada

Después de la marcha de hace dos semanas, con participación de decenas de miles de personas, nadie discute el extraordinario y consolidado éxito de la Marcha Verde (MV) que ha impactado la conciencia social dominicana, sacudiendo años de adormecimiento frente a la abrumadora corrupción política e impunidad diagnosticada en los últimos años en los mayores niveles mundiales por instituciones como el Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional y en las encuestas e investigaciones nacionales.

El hartazgo de la sociedad con la malversación de los fondos públicos, y niveles inaceptables de clientelismo y rentismo que han consumido los mecanismos democráticos del sistema político, es la explicación del éxito de un movimiento sin un liderazgo centralizado, de tan diverso espectro socio político, que se consolida aún dentro de un marco de estabilidad macroeconómica.

Entre analistas hay consenso de que la MV es la mayor expresión de ciudadanía en la historia nacional, sin banderas partidistas, sin tirar una piedra o quemar una goma, sin dádivas ni promesas de cargos y repartos, con una movilización espontánea  que ha dado nuevo protagonismo a las clases medias. Con apoyo significativo en los medios de comunicación y uso intensivo de las nuevas tecnologías comunicativas, incorporando y reanimando a una enorme masa de jóvenes, adultos y hasta ancianos.

Sacudimiento político

            Al potenciarse en las dimensiones sin precedentes del escándalo de corrupción protagonizado por la empresa Odebrecht y en las denuncias internacionales, la MV ha producido un sacudimiento político, dejando a la defensiva al gobierno del presidente Danilo Medina cuando apenas comenzaba segundo período gubernamental. También ha desestabilizado a su Partido de la Liberación Dominicana, cuyos máximos organismos no han podido liberarse del estigma de la corrupción ni formular efectivos planteamientos de defensa, socavados por intensas luchas en aras del predominio grupal.

La incredulidad general afecta las gestiones de un Ministerio Público que ha evadido la investigación local de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales de Odebrecht, y elaboró una instancia de imputaciones saturada de inconsistencias que ha tenido fuertes repercusiones al interior del partido gobernante por la selectividad de los imputados. Con el extremo de no reclamar a la empresa que entregue toda la información que comprometió en el pacto de impunidad con la Procuraduría General hace tres meses.

El presidente Medina respondió el miércoles durante media hora los reclamos de un sacerdote de Santiago sobre su política de gastos, pero ha persistido en guardar silencio ante los cientos de miles que durante 6 meses han marchado en todas las regiones del país exigiéndole acciones concretas contra la corrupción y para poner fin a la impunidad. Su estrategia sigue siendo dejar que el tiempo diluya la indignación social, con una táctica de ataques verbales de su enorme, pero ahora ineficiente  aparato propagandístico.

Lucha de largo aliento

En el muy diverso liderazgo de la MV se expresa conciencia de que para alcanzar los objetivos de sanciones de la corrupción y poner fin a la impunidad se requerirá mantener la presión por mucho tiempo más. Están discutiendo las acciones que pondrán en práctica tras las movilizaciones masivas, entre ellas una consulta nacional, además de una asamblea de más del centenar de organizaciones y grupos sociales que la conforman.

En lo inmediato proseguirán las marchas a nivel provincial y barrial y contemplan pequeñas acciones para mantener la mística y ampliar la participación popular que viene en crecimiento desde las marchas de Azua, San Pedro de Macorís y en la nacional de Santo Domingo. Las primeras fueron una expresión dominante de las clases medias.

También existe la preocupación de dar una estructura mínima más definida al movimiento, tanto a nivel nacional como local, pero sin afectar su amplia horizontalidad y diversidad. La administración de esa pluralidad y el consenso han descansado en la experiencia de los activistas y entidades que llevaron luchas exitosas como la del 4 por ciento del PIB para la educación  y la preservación de Los Haitíses y Loma Miranda.

La MV ha comenzado por exigir al Procurador General que reclame a Odebrecht el cumplimiento del acuerdo de impunidad o le ponga fin. Insistiría en su planteamiento inicial de una investigación independiente de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales. Incluirían el reclamo a la Procuraduría de que investigue la denuncia sobre las transferencias de 4.4 millones de dólares de Odebrecht a la empresa CineArt 2013 creada en Santo Domingo por los hijos de Joao Santana y Mónica Moura.

Mantener la ponderación

Una clave fundamental de supervivencia para la MV es mantener la ponderación en cada acción, evadiendo proponer metas inalcanzables que dejan frustraciones, sin sobreestimar sus fuerzas ni subestimar las del gobierno, evadiendo el aventurerismo que caracterizó en el pasado a grupos de izquierda y el sobre entusiasmo de nuevos actores sin experiencia en las luchas políticas y sociales.

No faltan quienes se inclinan al maniqueísmo puritano y al rechazo de los partidos y grupos políticos, varios de los cuales han contribuido al éxito del movimiento, incluyendo al principal de la oposición, el Revolucionario Moderno, a Alianza País, Opción Democrática, Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio, Partido Revolucionario Social Demócrata, Partido Comunista del Trabajo, Patria para Todos y persistentes agrupamientos de la vieja izquierda. Además de  segmentos del Partido Reformista Social Cristiano y hasta de la Fuerza Nacional Progresista.

Esa enorme diversidad conforma un abanico ideológico difícil de sostener sin metas generales unificadoras como la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por eso mismo la mayoría de sus líderes rechazan la posibilidad de transformar  el movimiento en una opción partidaria, que por ahora disolvería la MV, y que sólo pudiera tener alguna viabilidad al acercarse la próxima contienda electoral, a más de dos años y medio, si para entonces los actuales partidos han sido incapaces de asumir los retos ciudadanos, incluyendo conformar  una coalición con metas específicas contra la corrupción y la impunidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, con relevante participación social.

Con poder constituyente

Si la estrategia del gobierno es dejar que el tiempo y la diversidad reduzcan la Marcha Verde, la de esta podría ser evitar a toda costa su desgarramiento y seguir acumulando poder prosiguiendo la importante gestación de nuevos líderes sociales por todo el país, relevantemente en las clases medias y sectores empresariales, con capacidad para presionar cambios en el liderazgo político.

Si el PLD y su Gobierno no responden las demandas, y parece difícil que puedan hacerlo, aunque no faltan en su seno quienes crean que deben plantearse algunas transformaciones, la MV tendría que mantener la presión y obligar respuestas de la oposición política, incluso cosechando un poder constituyente que transforme la acción partidista y rescate valores democráticos, institucionales y socioeconómicos.

La esencia y consistencia de la marcha no le permite competir con los partidos sin reducirse, y por su diversidad tampoco podría adoptar un programa de amplios objetivos, pero sí ampliar su discurso a todo lo que se relaciones con la corrupción y la impunidad, relevantemente las reformas del sistema político, desde la ley de partidos hasta la del régimen electoral, bajo la convicción de que hay que abaratar el costo de la política para reducir la corrupción y rescatar mecanismos institucionales que proscriban la impunidad.

Tanto los líderes sociales como los políticos que marchan tienen que reconocerse mutuamente si quieren traducir el movimiento en poder constituyente, sin pretender una revolución, pero espantando todos los repartos clientelares y rentistas, los barrilitos y cofrecitos, la malversación, el derroche y la improvisación oportunista. Como concluyó esta semana el artículo “Marcha Verde y Liderazgo”, del excelente activista social Domingo Matías, “un movimiento social se crea para ganar poder social, transformarlo en poder político y no en un partido político”.  Los partidos sobran en el país, en todo el espectro.-

Sigue pendiente un pacto político para restablecer la credibilidad

ELECCION JULa elección del Tribunal Electoral y 4 jueces de la Suprema Corte debería ser el primer paso del presidente Medina para un pacto político que incluya las reformas electorales y el combate a la corrupción para responder la indignación ciudadana

                                               Por Juan Bolívar Díaz     

Con absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de dar un paso trascendental para recuperar confianza y convocar a un pacto político que incluya las reformas electorales e institucionales para combatir la corrupción y la impunidad y satisfacer las demandas de la ciudadanía.

Ya ni el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) escapa del desconcierto y la confrontación que marcan una crisis política y aumenta allí la consciencia de la necesidad de enmendar el desorden institucional para intentar restablecer la confianza en las instituciones y evadir el peligro de desestabilización económica y social.

Reconocer la realidad

Lo primero que se impone al liderazgo político nacional, especialmente a los gobernantes, es reconocer que hay una creciente indignación nacional por los niveles de corrupción e impunidad, que repercuten en la inseguridad ciudadana y la pérdida de confianza en las instituciones, manifestada en el Movimiento Verde que ha sacudido muchos años de indiferencia y permisividad.

Más allá de la prepotencia política se debe reconocer que la insatisfacción ya no es sólo privativa de las clases medias, y que los sectores populares se van incorporando a la movilización, que abarca al liderazgo religioso y amplios segmentos empresariales, muchos de ellos expresando preocupación de que la creciente insatisfacción derive en desestabilización económico-social. La potencialidad de la protesta ciudadana ha determinado que sectores conservadores expresen temores de que pueda descarrilarse.

No pueden ignorar los alcances del mensaje emitido el 7 de julio por la Conferencia del Episcopado Dominicano, al término de su 55 asamblea plenaria, donde se expresa satisfacción porque “cada vez más la ciudadanía se empodere y tome parte más activa en la lucha contra la corrupción”. Coincidieron con el movimiento popular en reclamar esfuerzos por institucionalizar la justicia para sancionar la corrupción y proscribir la impunidad.

Ya antes la mayoría de los obispos, incluyendo al metropolitano de Santo Domingo, se había manifestado en la misma dirección en los últimos seis meses cuando el Movimiento Verde ha tomado las calles por todo el país. Lo mismo ha hecho el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y otros agrupamientos religiosos y empresariales.

El descrédito de la PGR

Si el gobierno alentó esperanzas de que la instancia de imputación presentada contra 14 personas por la Procuraduría General de la República (PGR) aplacaría la indignación, debería reconocer que en la opinión pública ha tenido un nuevo tropiezo, y que por donde quiera se huele el tufo de impunidad que ha rodeado la investigación en el país del escándalo de sobornos, sobrevaluaciones de obras públicas y financiamiento de campañas electorales por la constructora brasileña Odebrecht.

Esta semana, mientras en Perú caía preso un expresidente y en Brasil otro era condenado por corrupción, aquí hubieron de ser excarcelados casi todos los imputados, y los solos razonamientos de la jueza de mayor crédito en el país, Miriam Germán, dejó en el mayor descrédito la investigación de la PGR, desplazando de la atención pública el voto de los otros cuatro integrantes de la Cámara de Apelaciones de la Suprema Corte de Justicia.

En el descrédito quedó también el montaje mediático que acompañó los apresamientos bajo imputaciones que en su mayoría no resisten el análisis de ningún juez, con cuestionamientos a la negligente investigación nacional, dependiendo de generalidades registradas por la justicia brasileña. En la opinión pública independiente existe la convicción de que se ha vuelto al comienzo del escándalo que ya pasó de medio año y en la necesidad de reclamar a Odebrecht que entregue toda la información a que se comprometió en el “acuerdo de impunidad” que firmó con la PGR.

Repercusiones en el PLD

El escándalo de Odebrecht ha desestabilizado el PLD, cuyos organismos no han podido emitir un documento formalizando posición sobre la crisis, porque el encono se anida entre sus dirigentes, incluso más allá de la ya vieja confrontación entre sus líderes Danilo Medina y Leonel Fernández por el control de la poderosa maquinaria política. Tras las imputaciones el Comité Político no ha podido sesionar.

La crisis ha sido reconocida públicamente  por dirigentes de sectores vinculados al expresidente Fernández, y a los imputados que, como Temístocles Montás y Radhamés Segura han visto afectadas sus aspiraciones a la candidatura presidencial del 2020. Hasta funcionarios gubernamentales reconocen discretamente que la crisis ha impactado seriamente el partido morado.

Fernando Fernández, un miembro del Comité Central que hasta el año pasado fue director de Aduanas y cercano colaborador del presidente Medina, expresó en un twiter y lo reiteró ayer en Uno+Uno, que los intentos continuistas del mandatario “han convertido en desechables hasta a los miembros del Comité Político”, tres de ellos imputados en lo que otros señalan “como chivos expiatorios de un financiamiento político de Odebrecht del que ni el presidente escapó”. Por eso algunos convienen en que si no es posible imputar a todos los responsables, lo menos que puede esperarse es una catarsis colectiva del liderazgo del PLD y de los otros partidos, que se traduzca en un serio compromiso de reformas políticas e institucionales.

La elección de jueces

El CNM ya está a días de escoger los nuevos titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) y 4 de renovación en la Suprema Corte de Justicia, por lo que la circunstancia parece propicia para dar pasos a la concertación política. El presidente Medina, con la gran mayoría de los ocho votos del organismo, tiene la posibilidad de imponer una renovación o ratificar el secuestro político del Tribunal Electoral, ejecutado por su antecesor Leonel Fernández.

Las expectativas son de que, como ocurrió a fines del año pasado con la Junta Central Electoral, Medina acatará las señales coyunturales y desechará la tentación de ratificar los actuales incondicionales, o de escoger otros también signados por la parcialidad y el compromiso partidista, dando paso a algún nivel de consenso.

En las actuales circunstancias no es posible desconocer el clamor nacional que propugna por jueces independientes y probos, del que es portador  no sólo el Movimiento Verde, sino también el bloque de partidos opositores, la misma Conferencia del Episcopado, el empresariado y los más diversos sectores sociales, así como los editoriales de los periódicos y los espacios de opinión no comprometidos con el gobierno.

Pero como eso solo no revocará el descontento nacional ni satisfará el clamor ciudadano, el presidente Medina debería marcar esa elección como un comienzo y hacerse protagonista de la necesidad de una ley de partidos y una ley del Régimen Electoral que abaraten el costo de la política, cierren la amplia avenida de la corrupción y el abuso de los poderes estatales, que renueve la democracia interna y garantice elecciones equitativas. Nada perdería él mandatario personalmente y podría ganar espacio para otros respiros y pactos que, como el fiscal, son imprescindibles ya a corto plazo para la estabilidad económico-social.

Avances en concertación

Aunque todavía tímidamente, en la Comisión Bicameral que ha abordado la concertación del proyecto de Ley de Partidos se han producido importantes avances, acordando  mecanismos para hacer prevalecer la democracia interna en los partidos, rendir cuentas del financiamiento público y hacer más transparente, con algunas limitaciones, las contribuciones privadas. También se ha logrado consenso en limitar el tiempo de las campañas internas por las candidaturas, restringiéndolas a actividades bajo techo y casa por casa, así como en la creación de un departamento en la Junta Central Electoral para fiscalizar las finanzas de los partidos.

Pero la comisión, con amplia participación partidaria y consultas a la sociedad civil, no podrá alcanzar el objetivo de aprobar la ley en la actual legislatura, a la que restan apenas ocho días laborables. Aún no logran consenso sobre asuntos nodales como los topes de gasto en las campañas internas, el padrón a utilizarse  para las elecciones de candidatos y y si serán simultáneas en todos los partidos. Ya acordaron que las organizaría la JCE, lo que podría ser muy difícil por el cómputo al mismo tiempo de los votos de precandidatos de los cuatro partidos  mayoritarios, que a razón de hasta 3 por cada uno de los 4 mil 66 cargos electivos, implicaría casi 50 mil. El cómputo de las elecciones del 2016 concluyó cuatro semanas después, con un solo candidato por partido.

El consenso tampoco se ha podido alcanzar sobre la equidad de género en las candidaturas, que se ha demandado elevar siquiera del 33 al 40 por ciento y extenderla a los cargos directivos de los partidos. Y mucho más esfuerzos de consensos  demandará la exigente y más compleja Ley del Régimen Electoral que pauta la competencia por el control del Estado.-