El PLD entra en su peor crisis, sin árbitros ni organismos operantes

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Los intentos de imponer el padrón abierto en la elección de candidatos dispara la mayor confrontación en los 44 años del PLD, con un artículo de radical oposición del presidente del partido, acusaciones de sobornos y hasta advertencias de división  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La confrontación pública entre dirigentes y legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alcanzó esta semana su mayor nivel en los 44 años que cumple la organización, llegando al grado de denuncias de sobornos y disputa entre su presidente y el secretario general, con propuesta de candidaturas alternativas a Leonel y Danilo

Lo que está en juego es la disputa por el liderazgo del partido y por la candidatura presidencial del 2020, entre el presidente de la República Danilo Medina, a quien se atribuye intención continuista, y el expresidente Leonel Fernández, empeñado en volver al poder, lo que genera preocupación por la posibilidad de una división.

Piedra de la contradicción

            La crisis se venía incubando hace varios meses, desde que empezó el afán del grupo dominante del PLD que encabeza el presidente Medina por imponer en la proyectada ley de partidos el voto universal en la elección de las candidaturas de los partidos en votación simultánea y a cargo total de la Junta Central Electoral. Al mismo tiempo, el sector que encabeza Fernández inició un proceso de reuniones y recolección de firmas de peledeístas de la base para apoyar una nueva postulación del exmandatario.

Ya en la última reunión del Comité Político del PLD, el 2 de octubre, quedó patente la disposición de los danilistas a imponer el padrón abierto y una resistencia tan firme de los leonelistas, que los primeros no se atrevieron a tomar decisión, pese a contar con alrededor de dos tercios de los 34 miembros del organismo. Se acordó integrar una comisión de cinco expertos constitucionalistas para que evalúen si esa forma de primaria choca con la Constitución de la República, como ya dictaminó la Suprema Corte de Justicia a raíz de la ley 286-04 sobre elección primaria del 2004.

En principio se anunció que los expertos constitucionalistas serían cinco, y después que siete, incluyendo extranjeros, pero más de dos meses después no ha habido acuerdo sobre los integrantes, y tampoco el Comité Político ha vuelto a sesionar, mientras trascienden versiones de bloqueos de propuestas de ambos lados, agravada la situación porque varios de los disponibles han adelantado sus opiniones. La divergencia ha paralizado la conclusión del proyecto de ley por una comisión bicameral que hace tiempo rebasó el período reglamentario, y parece que concluirá una legislatura más, en enero, sin que sea aprobado, quince años después de su primera introducción al Congreso Nacional.

La cena con los senadores

            El detonante de la confrontación pública y abierta fue la denuncia, el 26 de noviembre, del doctor Franklin Almeyda, visualizado como vocero del leonelismo,  de que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, había invitado a una cena en su residencia a 25 senadores del PLD, excluyendo a los leonelistas, con el propósito de coordinar la aprobación de la ley de partidos con el padrón abierto para las candidaturas.    La celebración de la cena fue confirmada por algunos participantes, aunque con versiones casi burlescas, de que fue un encuentro pre-navideño, que no se habló de política, que se dedicaron a jugar billar y disfrutar comidas y bebidas. Como contraofensiva el senador vegano Euclides Sánchez acusó a los leonelistas de hacer reuniones con disgustados del gobierno y de distribuir un formulario para firmas. Se ha confirmado que los seguidores de Fernández, vienen celebrando encuentros y recabando firmas de apoyo. Son coordinados por los dirigentes peledeistas Bautista Rojas y Radhamés Jiménez. Al menos en Barahona, en octubre, y la pasada semana en Puerto Plata, Leonel Fernández  presentó su proyecto “República Dominicana 2044”.

A José Ramón Peralta a quien consideran, más que un dirigente peledeísta de nueva camada, un funcionario promotor del continuismo del presidente Medina, le atribuyen rl patrocinio de un seminario sobre las elecciones primarias, donde varios abogados no sólo justificaron la constitucionalidad de imponer el padrón abierto, sino que lo ponderaron como lo más democrático. Sus opiniones han sido ampliamente divulgadas por una oficina de relaciones públicas por cuenta de Peralta, algunas en espacios pagados en periódicos. .

El artículo de Leonel

            En el sector de Fernández estaban convencidos de que se intentaba aprobar la ley de primaria por encima de todo consenso, cuando el lunes 4 el presidente del PLD publicó en el Listín Diario su artículo “Las primarias abiertas y simultáneas son inconstitucionales”, fundado en el artículo 216 de la Constitución que declara libre la organización de los partidos, en la sentencia de la Suprema Corte del 2005 que anuló la  ley de primarias 286-04 y en el artículo 277 que dispone que no se podrá volver a dictaminar sobre la decidido por la Suprema Corte en materia constitucional antes de crearse el actual Tribunal Constitucional. Y cita un dictamen éste, el 84-2013, que declara los precedentes constitucionales como vinculantes para todos los poderes públicos. También la sentencia 23-2017, de septiembre último, del Tribunal Superior Electoral, que atribuye a los miembros de los partidos la facultad de elegir sus candidatos.

Leonel concluyó que desconocer el artículo 277 de la Constitución destaparía una caja de pandora y “pondría seriamente en peligro la seguridad jurídica del país, el clima de negocios y el Estado Social y Democrático de Derecho, consagrado como principio constitucional”.

La salida al debate público de Leonel destapó la hoya de grillos, con declaraciones  de senadores, como Euclides Sánchez, Eddy Mateo, Rafael Calderón, Adriano Sánchez Roa, del ministro Francisco Domínguez Brito, y las del secretario general Reinaldo Pared, y del vocero peledeísta en el Senado, Rubén Darío Cruz, quienes en las circunstancia y por sus cargos, pudieron quedarse como entes de moderación, como  lo hicieron los senadores Prim Pujals, Julio César Valentín  y José Rafael Vargas. y los dirigentes Alejandrina Germán, Melanio Paredes y Francisco Javier, quien pidió una tregua hasta el año próximo.

Repartición de sobrecitos

En las huestes leonelistas la declaración más fuerte fue la del diputado Juan Carlos Quiñones, quien sostuvo que el gobierno reparte sobrecitos y dádivas y contratos en dólares  entre senadores y juristas para que asuman y promuevan las primarias abiertas, lo que provocó reacciones indignadas del senador Charlie Mariotti y la diputada Miriam Cabral.

Fernando Fernández, un dirigente que se distanció del presidente Medina tras ser sustituido como director de Aduanas, y quien denunció el año pasado que la aprobación de la reforma constitucional para permitir la reelección de Medina fue financiada por Odebrecht, dio ya por un hecho  la división del partido y sostuvo, entre otros cargos, que “los peledeístas no están en el Palacio Nacional, sino los amigos del Presidente”.

Por su parte Melanio Paredes, advierte serios riesgos de división, porque no hay árbitros, y los organismos son inoperantes, y resta legitimidad a los dirigentes, pues no son electos desde el 2005. Los organismos peledeístas entraron en receso, como ocurrió en los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, lo que contribuyo a su  descalabro. Los 50 mil comités de base, y 3 mil intermedios prácticamente han desaparecido. El Comité Central, de unos 600 miembros, se reunió la última vez en abril, y aunque se acordó que sesionaría de ordinario cada cuatro meses, no se ha cumplido.

Ni reelección ni división

            En medio del caldeado ambiente sorprendieron el jueves dos declaraciones, de Temístocles Montás, uno de los fundadores del PLD, y de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, esposa de Leonel. El primero consideró que para salvar la unidad del partido, donde predomina la desconfianza y la incapacidad de plasmar acuerdos, los dos líderes que ya fueron presidentes, se queden fuera de la boleta y comp-rometidos a respaldar a quien escojan las bases del partido.

Horas después la doctora Cedeño lució confiada al plantear que en el PLD no habrá ni reelección ni división. Hace tiempo que ella mantiene altas preferencias en las encuestas, detrás de los dos líderes, tan por encima de los demás aspirantes, que podría ser la alternativa electoral. Pero mujer y la esposa de Fernández, le resta posibilidades en un

ámbito machista.

El PLD cumplirá 44 años de fundado el próximo viernes 15 sumido en su peor crisis, que envuelve diferencias ya personales entre sus líderes, y sin un árbitro  que infunda respeto o temor. Para el poder danilista lo fundamental es frenar la posibilidad de retorno de Leonel, por creer que podría vengar la utilización de Quirino Paulino Castillo que lo vinculó al financiamiento del narcotráfico”, que lo frenaron en la anterior disputa electoral.

De ahí que mantengan abierta la opción de la repostulación del único que, desde la presidencia, garantizaría evitar el retorno. El padrón abierto les  daría mayor posibilidad de elegir un tercer candidato, o instrumentarlo “como referéndum” para de otra reforma constitucional para la continuidad de Medina. La prohibición constitucional de la reelección, acordada en el pacto de la reforma constitucional del 2015, favorece a Fernández, quien “se sacrificó” para evitar una división del partido. También le favorece el rechazo de la gran mayoría de los partidos y las entidades sociales al padrón abierto y a otra reforma constitucional, que requieren dos tercios de los votos de las cámaras. Eso alienta la decisión de resistencia mostrada por los leonelistas y complica el panorama político.-

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Las anteriores crisis del PLD

1978: Salida del Secretario General Tonito Abreu y de un grupo de dirigentes encabezados por Euclides Gutierrez, Kasse Acta, y Franklyn Almeyda

1982:  Expulsión de los hermanos Fiallo

1984 Expulsión del grupo que encabezaba el Secretario General Rafael Alburquerque, quien creó entonces el partido El Pueblo Dominicano

1991: El profesor Juan Bosch, ya en declive, envía una carta renunciando al PLD por considerar que había generado a buscadores de empleos, la cual fue retirada posteriormente.

1992: Salida de los grupos sindicalistas encabezados por Nélsida Marmolejos, Fernando de la Rosa y Carlos Tomás Fernández, y de los socialistas encabezados por Max Puig, Vicente Bengoa y Félix Doucudray.-

Un acuerdo contra la impunidad

A1Por Juan Bolívar Díaz

El hecho de que el economista y empresario Luis Abinader sea un declarado aspirante a la Presidencia de la República no le quita mérito a su novedosa propuesta de un acuerdo nacional para combatir la corrupción y la impunidad, lo que hemos reclamado desde que a fines del año pasado estallara el enorme escándalo transnacional de sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos políticos de la constructora brasileña Odebrecht.

Hemos insistido en que, hasta como catarsis, correspondía al presidente Danilo Medina reconocer las graves implicaciones nacionales del escándalo y llamar al liderazgo político y social a buscar consenso para una reforma política e institucional que afronte la corrupción. Porque aunque el país aparecía en el tercer escalón de 12 en el nivel de los sobornos, proporcionalmente estaba en el primero, y porque Odebrecht confesó que cuando empezó su persecución en Brasil, mudó a República Dominicana su departamento de corrupción,
Pusimos como ejemplo al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien reaccionó de inmediato a las implicaciones de su país y se dirigió a la nación y a su Congreso para pedir urgentes medidas de prevención y sanción, creó una comisión de dirigentes sociales para formular recomendaciones a plazo perentorio y comenzó de inmediato a ponerlas en práctica.

Para los gobernantes dominicanos aquí no pasó nada, aunque múltiples indicios señalan lo contrario como, por ejemplo, que el arquetipo del financiamiento electoral de Odebrecht a las campañas electorales en múltiples países, Joao Santana, fue asesor de las dos campañas electorales del presidente Danilo Medina, y que al momento de su imputación por la justicia brasileña, despachaba en el Palacio Nacional.

Después de Odebrecht hemos tenido por lo menos otro escándalo de corrupción por mes: la venta del barrio Los Tres Brazos, las matanza por terrenos del CEA en San Pedro de Macorís y en Los Cerros de las Américas, el triste expediente de los aviones Tucano, el fiasco tecnológico de la Junta Central Electoral y la mafia del gas propano.
Lo del gas no ha sido suficientemente dilucidado, pero es escandaloso que ahora se nos diga que los importadores del combustible se quedaban con 2 mil 500 o 3 mil millones de pesos por año, por complacientes resoluciones oficiales.

Se trata de que en el 2011 el Ministerio de Industria y Comercio había fijado en 135.50 dólares por tonelada el componente flete de la fórmula de paridad de importación del GLP, que otra resolución 7 de enero del 2013 lo elevó a 185.50, estableciendo de inmediato que en julio de ese mismo año sería de 205.50 y en enero del 2014 se incrementaría a 215.50, para reducirse en enero del 2015 a 205.50 dólares por tonelada. Pero en diciembre de ese mismo año la resolución 315 BIS lo elevaba a 225.50 dólares.

Nadie ha explicado cómo fue posible tan vertiginoso escalamiento de precios en beneficio de los importadores del gas licuado. Basta con que ahora se diga que revertirán hasta 3 mil millones de pesos anuales, que otros cálculos duplican. Nadie sale responsable ni cómplice de ese inmenso enriquecimiento. Eso es la impunidad que inmensas multitudes vienen denunciando en las calles y plazas de todo el país.

Luis Abinader, como lo han hecho con menos difusión otros líderes de la oposición, relevantemente Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal, Max Puig, Eduardo Estrella y Guillermo Caram. Abinader ha tenido el mérito no sólo de diagnosticar la corrupción y la impunidad, sino también de proponer reformas administrativas, legales y hasta constitucionales para ponerles límites.

Hay pocas expectativas de que encontrará oídos receptivos. Pero ahí están las propuestas. Ojalá que los medios de comunicación promuevan su discusión, porque de seguro el gobierno seguirá en la política de sordo y mudo. Lo más probable es que las voces partidarias se limiten a descalificarlas tildándolas de propaganda política.

Se acentúa el presidencialismo en el régimen de Danilo Medina

Casi mudo y sordo el presidente Danilo Medina se aferra al histórico y endémico presidencialismo que ha impedido la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho, como disponen la Constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo 

                             Por Juan Bolívar Díaz

            Sin responder los cuestionamientos de la la sociedad ni de los comunicadores sociales el presidente Danilo Medina impone cada vez más un régimen unipersonal que subordina los demás poderes e instituciones del Estado y cumple las leyes a la  conveniencia coyuntural, aún las aprobadas por el Congreso bajo control de su partido.

Más que nunca ha quedado claro que el mandatario llega al extremo de doblegar el Congreso Nacional pretendiendo imponer a todos los partidos la elección de candidaturas con el padrón universal para abrirse posibilidades de continuidad al frente del Estado o garantizársela a través de un escogido.

Solo Danilo Medina

            Sólo el extremo presidencialismo puede explicar que la Comisión Bicameral que durante dos legislaturas consecutivas ha avanzado en lograr consenso en torno al proyecto de ley de partidos que se discute durante casi dos décadas, esté paralizada y en ridículo, sin poder cumplir su mandato ni dar justificación ante el Congreso y la nación.

Está a la vista de todos que ni siquiera en su propio Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hay consenso para imponer a todo el sistema partidista un único método de elección de candidatos que impera apenas en un puñado de naciones, y no sólo lo rechaza un importante sector partidario encabezado por el expresidente Leonel Fernández, sino también casi todos sus aliados agrupados en un Comité Permanente de Partidos.

Cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) está concluyendo la elaboración de su propio padrón de militantes, parece más que grotesco que se pretenda imponerle que quienes no estén en el mismo tengan igual derecho a elegir las candidaturas de esa agrupación, constituida con apego al artículo 216 de la Constitución que garantiza la libertad de asociación política.

El voto universal dejaría sin sentido el artículo ya consensuado del proyecto de ley que condiciona la entrega del financiamiento estatal al registro del padrón de miembros de cada partido y su actualización cada año. Eso aparte de lo difícil que sería el cómputo simultáneo de los votos de la elección primaria de candidatos municipales, que podrían alcanzar a 12 mil por partidos, tres por cada cargo, dada la experiencia del procesamiento del voto preferencial a poco más de un millar de candidatos a diputados.

Doblegado el Congreso

            En realidad el Congreso ha quedado doblegado por la voluntad presidencial después que el Comité Político del PLD fracasó tres veces en ponerse de acuerdo sobre las primarias abiertas, la última vez el 2 de octubre, cuando se anunció que escogerían una comisión de juristas para que determine si sería inconstitucional imponer a los partidos el voto universal en la elección de sus candidatos.

Como en muchos otros temas del debate nacional, el presidente Medina no ha expresado ni defendido su preferencia por el padrón abierto, lo que nadie duda porque sus colaboradores políticos han sido bien explícitos y sólo su interés explica el congelamiento del Comité Político de su partido y ahora de la Comisión Bicameral  del Congreso.

Pero más de seis semanas después que decidieran la comisión de constitucionalistas, no han podido ponerse de acuerdo para escogerlos y esta semana el secretario general del partido anunció que en vez de los cinco anunciados, serán siete, lo que todavía podría tomar tiempo y más aun para que se pongan de acuerdo. Todo eso indica que caerá otra legislatura a mediados de enero sin que el Congreso pueda decidir. Eso explicaría el comunicado expedido esta semana por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, reclamando la aprobación de la Ley de partidos co.mo fundamental para la institucionalidad democrática, apoyado luego por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.

El próximo paso sería que la comisión de juristas se sobreponga al dictamen de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley 286-04 del 2004 que instituyó la votación obligatoria y simultánea con padrón abierto para las elecciones primarias. De nada ha valido que se recuerde que la Corte actuó en función constitucional y que la Constitución del 2010 del  mismo PLD y de la gran mayoría de sus actuales legisladores se consignó un artículo transitorio consignando que le nuevo Tribunal Constitucional no podrá revisar las sentencias previas.

Restricciones presupuestarias

El presidencialismo subordina también al Poder Judicial y al Municipal restringiéndole su financiamiento, aún desconociendo las leyes que pretenden evitarlo asignándole una proporción mínima de los ingresos fiscales, del 2.66% para la justicia, y  10% de los ingresos para los ayuntamientos.

Las carencias del Poder Judicial han sido exhibidas reiteradas veces en los últimos años, al punto que en la provincia Santo Domingo varios tribunales operan en furgones implementados como “salas judiciales”. Las asociaciones de jueces y algunos a título individual han reclamado inútilmente el cumplimiento de la ley. Igual en el Ministerio Público cada vez con mayores apremios investigativos.

Esta misma semana el presidente del Poder Judicial, Mariano Germán, que no se ha caracterizado por muchas exigencias a sus compañeros de partido que controlan el Poder Ejecutivo, respondió preguntas de reporteros diciendo que el incremento a la justicia en el Presupuesto para el 2018, que acaba de ser aprobado,  “no alcanza ni para arroz y habichuelas”. Recientemente el presidente de la Cámara de Cuentas, otro organismo básico del Estado, dijo que no habían podido auditar las escandalosas construcciones de Odebrecht por falta de recursos. Hace sólo días el alcalde de Santiago anunció que apelará al tribunal contencioso administrativo para que se le entregue la proporción presupuestaria de ley.

Concentra el presupuesto

            Si se observan los cuadros anexos, cortesía del economista José Rijo, se puede advertir que progresivamente la presidencia de la República aumenta su participación en el presupuesto nacional, mientras restringe la de justicia y los cabildos. Para el 2018 al Poder Judicial sólo se le asigna el 1.2% de los ingresos nacionales, cuando la ley 194-04 dispone el 2.66% y a la Procuraduría General el 1% en vez del 1.43% . Es decir que se le quita casi el 50% al sector.

Lo de los 158 municipios y 232 distritos municipales del país es todavía peor, por cuanto en vez del 10% que manda la Ley 166-03, sólo se le asigna el 2.8% de los ingresos para el próximo año, es decir que el Ejecutivo se queda con más de las dos terceras partes. Pero cuando se ve el récord de los últimos tres años, en el caso de la justicia al menos se mantiene la proporción, pero en los municipios se reduce del 3.5 al 3.3 y al 2.8% de los ingresos. Ha sido una constante desde que se aprobó la ley en el 2003, cuando se le llegó a asignar el 6%.

El pretexto es que los ingresos nacionales son insuficientes, pero sin embargo, el presupuesto de la Presidencia de la República se ha mantenido entre el 10 y el 11% de los ingresos cada año. Para el 2018 se le aumenta en 4,208 millones de pesos, mientras al Poder Judicial y la Procuraduría se le incrementa en 1,697 millones de pesos. El próximo año la Presidencia de la República tiene asignados 61, 974 millones de pesos, mientras los dos organismos judiciales sólo 13 mil 338 millones de pesos.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

(En millones de pesos)

 

2016                2017                2018                Ley 166-03

Ayuntamientos                        16,995             17,850             17,006

% de los ingresos                      3.5%                3.3%                2.8%                    10%

% del PIB                                  0.5%                0.5%                0.4%

 

Acendrado presidencialismo

            El presidente Danilo Medina ha gobernado por más de cinco años con el control absoluto del Congreso, casi total de los órganos judiciales y de la mayoría de los municipios, pero también de múltiples instituciones privadas, subordinando también organizaciones profesionales, sindicales y academias, y neutralizando empresariales, medios de comunicación y entidades sociales de todo género.

Prueba de su vocación por controlarlo todo fue que para ls reciente elección de los dirigentes del Colegio Médico el propio Medina presidió una reunión en el Palacio Nacional con los funcionarios del sector salud, donde se decidió llevar una candidatura y darle todo el apoyo gubernamental. El secretario general del PLD llegó a levantarle la mano en público al candidato Clemente Terrero, pese a lo cual perdió 20 a 70%. Hace dos años el candidato oficialista a presidir el Colegio de Abogados perdió las elecciones, y cuatro meses después el que ganó con respaldo de la oposición política fue persuadido de juramentarse en el PLD.

El exagerado presidencialismo dominicano está diagnosticado hace décadas. Hasta en los gobiernos tiránicos y absolutistas como el de Trujillo, o cuasi dictatoriales, como el  ni Balaguer, los mandatarios “no era malos, sino sus colaboradores”. Una serie de cuatro encuestas de alto nivel académico sobre Cultura Política Democrática, entre 1994 y 2004,  estableció que hasta un 86%  creía que el buen presidente “debe ser como un padre a quien hay que acudir para que resuelva los problemas”.

Por eso será que Danilo Medina lleva 189 “visitas sorpresas”, repartiendo el dinero que le niega por encima de la ley a los ayuntamientos y el 5%. de los ingresos instituido para los municipios donde hay explotación minera, como la del oro. Ese presidencialismo explica que todos los que llegan a la presidencia de la nación sean proclamados como lideres insustituibles.-

Parece muy difícil otra reelección de Danilo, que divide hasta el PLD

La posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda postularse a otra reelección,  ya en abierta discusión, genera tanto rechazo que hasta dividiría a su partido, por lo que el vocero político José Ramón Peralta aseguró que el mandatario no está en eso                                   

Por Juan Bolívar Díaz

El debate de una nueva postulación del presidente Danilo Medina para su reelección, todavía a dos años y medio, ha generado tanto rechazo público y privado y hasta en su propio partido, que su virtual vocero político el ministro administrativo José Ramón Peralta tuvo que salir a asegurar que el mandatario no está en eso.

Con la aprobación de Medina en picada en las encuestas, con serias dificultades financieras y en su obra cumbre de las plantas de carbón, y sin poder imponer las primarias abiertas, que serían utilizadas como referendo para justificar otra postulación, el debate parece más temerario que imprudente.

El Día de la Constitución

            La conmemoración festiva del Día de la Constitución en San Cristóbal el lunes 6 impulsó el prematuro debate sobre la posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda optar a una tercera elección consecutiva, aún con el precepto constitucional que la limita a dos períodos y nunca más y un mandato transitorio que se lo prohíbe a él expresamente por el acuerdo en su partido para posibilitar la reforma constitucional del 2015 que permitió su continuidad el año pasado.

El tema lleva ya meses (ver “La eterna tentación continuista en la agenda de Danilo Medina”, HOY, 16 de septiembre), pero esta semana cobró mayor vigor, propulsado, entre otros, por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien encendió las tribunas cuando expresó su convicción de que el presidente Medina buscará otro período con o hasta sin reforma constitucional, en este caso elevando un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la base de la igualdad de derechos.

El Gobernador de San Cristóbal, Julio César Díaz, echó leña al debate cuando en la celebración de la Constitución planteó la necesidad de otra reforma constitucional para posibilitar la nueva repostulación del actual mandatario. Allí mismo, el senador provincial Tommy Galán, expresó su disposición a revisar la Constitución, pero no sólo para la reelección, sino también para otros asuntos.

Sin conocer los pronunciamientos locales, el párroco Juan José Zaro, quien ofició un tedeum por el aniversario de la Constitución dominicana, criticó que ésta haya sido modificada 39 veces “para satisfacer intereses particulares como el de la reelección”. Y aprovechó para clamar contra la corrupción y la impunidad.

Dividiría hasta el PLD

Tanto en público, como en privado crece el rechazo al debate sobre otra reforma constitucional para la reelección, aunque no son pocos los que creen que si el presidente se lo propone con los recursos del Estado logrará vencer tanto la resistencia en su propio partido, como la externa, como ha sido constante en la historia nacional. Sobre todo porque estiman muy débil la oposición política, y subestiman la fuerza desatada en el país por la Marcha Verde, a lo que se atribuye gran parte de la caída de la valoración del gobierno de Medina, de 12 puntos este año en Gallup-HOY y 24 puntos en el Latinobarómetro del 2016 al 2017, para quedar en 51y 52%, respectivamente.

Han proliferado las advertencias de que un nuevo proyecto reeleccionista, que desconocería los acuerdos del 2015 en el Comité Político del PLD para “blindar la Constitución”, dividiría profundamente el partido gobernante. Fue la reacción esta semana del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, miembro del organismo, quien agregó que dividiría también a la sociedad dominicana, que no está preparada para un tercer mandato consecutivo.

Igual advertencia formuló esta semana el politólogo  y consultor político Daniel Pou,  y recientemente el exgobernador de Santiago y miembro del Comité Central del PLD José Izquierdo. El ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, también consideró que el debate busca dividir el PLD, estimándolo “traído por los moños” por sus enemigos, aunque el mismo día la directora de la Oficina Nacional de Estadística y aliada política Alexandra Izquierdo no solo planteó la reforma constitucional, sino también que se deje abierta la reelección sin límites.

Avalancha de rechazos

El pronunciamiento de Subero Isa provocó una avalancha de rechazos, incluso de dos jueces del Tribunal Constitucional, Jottin Cury y Wilson Gómez, quienes no dudaron en señalar la prevalencia de la Constitución como ley de leyes. Los diputados oficialistas Henry Merán, Demóstenes Martínez y Orlando Espinosa estimaron que la Constitución es muy clara sobre el debate y que el Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de la misma Constitución. En eso coincidió el  experto constitucionalista Namphi Rodríguez, desde su Fundación Prensa & Derecho.

Por su parte, la Fundación Institucionalidad y Justicia, adscrita al empresariado, emitió el martes un comunicado donde considera “inoportuno tanto el debate con ese propósito, como la propia reforma”, y advierte que un proceso de reforma constitucional sólo para la reelección presidencial “podría desembocar en situaciones que no contribuirán al fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, ni a la gobernabilidad democrática, la institucionalidad y la seguridad jurídica”.

Las reacciones a los pronunciamientos reeleccionistas en los medios de comunicación y las redes sociales fueron tan fuertes que se cebaron en Subero Isa, sin distinguir lo que señaló como una posibilidad, no necesariamente su preferencia personal, aún después que aclaró que no aboga por la reelección y que sólo señaló percepciones.

Peralta pone frenos

            El rechazo en la opinión pública fue tan fuerte que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, salió el jueves a contener los reeleccionistas, asegurando que “el Presidente Danilo Medina ni el Gobierno están en reelección; su enfoque y prioridad consisten en seguir trabajando en procura de la mejoría del pueblo”, Indicó que la coyuntura es diferente a la del 2016, porque todos los proyectos en ejecución terminarán antes de la próxima elección del 2020.

Peralta, quien ha aparecido como extraoficial vocero político de la presidencia, dijo en febrero del 2015, apenas tres meses antes de la última reforma constitucional reeleccionista, que “el Gobierno no está enfocado en hacer cosas populistas, sino que está trabajando para tratar de hacer el mejor gobierno posible”, y señaló que en su oportunidad el presidente se referiría  al asunto.

Al parecer todavía el presidente Medina no ha considerado necesario referirse directamente al tema, aunque el 12 de junio pasado, Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, y presidente de la Refinería de Petróleo, dijo que el mandatario le había autorizado a asegurar que no buscará una nueva reelección. El 12 de agosto el super  Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo afirmó tajantemente que el presidente Medina sólo gobernará hasta el 16 de agosto del 2020.

Se impone el realismo

El frenazo emitido por Peralta se imponía dado la pendiente de rechazo en que se metió el proyecto y las circunstancias políticas y gubernamentales. La encuesta Gallup-HOY de la semana pasada mostró un panorama cambiante, tanto a lo interno del PLD como en el ámbito nacional, que sería imprudente no tomar en cuenta.

Resaltó una cierta recuperación electoral del expresidente Leonel Fernández, ante la imposibilidad constitucional de Medina, al ser señalado como el líder del PLD tanto por el universo encuestado como por los que se dijeron peledeistas, con diferencia de 45 a 30 y 45 a 34 por ciento sobre Danilo, mientras tanto la Gallup como Latinobarómetro y otra reciente de Mrk Penn-Sin, marcan pesimismo sobre la situación general del país.

Así mismo, la división interna del PLD ha imposibilitado que Medina imponga su mayoría en el Comité Político para imponer las elecciones con padrón abierto para las candidaturas, y así abrir la posibilidad de utilizar ese mecanismo como referéndum para, con todo el poder estatal, lograr una amplia votación interna por Danilo que viabilice en el PLD la posibilidad de volver a reformar la Constitución para postular al gran líder nacional.

Por otro lado, la obra cumbre del presidente Medina, las plantas de carbón de Punta Catalina, está en una nebulosa, tras el reclamo de 708 millones de pesos adicionales que ha formulado la constructora Odebrecht, con la notificación de que no serían terminadas hasta el 2019. Podría retrasarse mucho más si el Gobierno mantiene su resistencia a pagar más de lo contratado, compelido por una opinión pública que la cree ya sobrevaluada por corrupción. El miércoles el ministro de Hacienda Donald Guerrero, dijo que ya la Odebrecht había bajado de 500 millones de dólares su reclamo, en medio de versiones de que el Gobierno contacta abogados para un arbitraje internacional, que según expertos tomaría un mínimo de dos años, con peligro de no terminar la obra en el período de Medina.-

           

La posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda postularse a otra reelección,  ya en abierta discusión, genera tanto rechazo que hasta dividiría a su partido, por lo que el vocero político José Ramón Peralta aseguró que el mandatario no está en eso                                   Por Juan Bolívar Díaz

El debate de una nueva postulación del presidente Danilo Medina para su reelección, todavía a dos años y medio, ha generado tanto rechazo público y privado y hasta en su propio partido, que su virtual vocero político el ministro administrativo José Ramón Peralta tuvo que salir a asegurar que el mandatario no está en eso.

Con la aprobación de Medina en picada en las encuestas, con serias dificultades financieras y en su obra cumbre de las plantas de carbón, y sin poder imponer las primarias abiertas, que serían utilizadas como referendo para justificar otra postulación, el debate parece más temerario que imprudente.

El Día de la Constitución

            La conmemoración festiva del Día de la Constitución en San Cristóbal el lunes 6 impulsó el prematuro debate sobre la posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda optar a una tercera elección consecutiva, aún con el precepto constitucional que la limita a dos períodos y nunca más y un mandato transitorio que se lo prohíbe a él expresamente por el acuerdo en su partido para posibilitar la reforma constitucional del 2015 que permitió su continuidad el año pasado.

El tema lleva ya meses (ver “La eterna tentación continuista en la agenda de Danilo Medina”, HOY, 16 de septiembre), pero esta semana cobró mayor vigor, propulsado, entre otros, por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien encendió las tribunas cuando expresó su convicción de que el presidente Medina buscará otro período con o hasta sin reforma constitucional, en este caso elevando un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la base de la igualdad de derechos.

El Gobernador de San Cristóbal, Julio César Díaz, echó leña al debate cuando en la celebración de la Constitución planteó la necesidad de otra reforma constitucional para posibilitar la nueva repostulación del actual mandatario. Allí mismo, el senador provincial Tommy Galán, expresó su disposición a revisar la Constitución, pero no sólo para la reelección, sino también para otros asuntos.

Sin conocer los pronunciamientos locales, el párroco Juan José Zaro, quien ofició un tedeum por el aniversario de la Constitución dominicana, criticó que ésta haya sido modificada 39 veces “para satisfacer intereses particulares como el de la reelección”. Y aprovechó para clamar contra la corrupción y la impunidad.

Dividiría hasta el PLD

Tanto en público, como en privado crece el rechazo al debate sobre otra reforma constitucional para la reelección, aunque no son pocos los que creen que si el presidente se lo propone con los recursos del Estado logrará vencer tanto la resistencia en su propio partido, como la externa, como ha sido constante en la historia nacional. Sobre todo porque estiman muy débil la oposición política, y subestiman la fuerza desatada en el país por la Marcha Verde, a lo que se atribuye gran parte de la caída de la valoración del gobierno de Medina, de 12 puntos este año en Gallup-HOY y 24 puntos en el Latinobarómetro del 2016 al 2017, para quedar en 51y 52%, respectivamente.

Han proliferado las advertencias de que un nuevo proyecto reeleccionista, que desconocería los acuerdos del 2015 en el Comité Político del PLD para “blindar la Constitución”, dividiría profundamente el partido gobernante. Fue la reacción esta semana del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, miembro del organismo, quien agregó que dividiría también a la sociedad dominicana, que no está preparada para un tercer mandato consecutivo.

Igual advertencia formuló esta semana el politólogo  y consultor político Daniel Pou,  y recientemente el exgobernador de Santiago y miembro del Comité Central del PLD José Izquierdo. El ministro de la Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, también consideró que el debate busca dividir el PLD, estimándolo “traído por los moños” por sus enemigos, aunque el mismo día la directora de la Oficina Nacional de Estadística y aliada política Alexandra Izquierdo no solo planteó la reforma constitucional, sino también que se deje abierta la reelección sin límites.

Avalancha de rechazos

El pronunciamiento de Subero Isa provocó una avalancha de rechazos, incluso de dos jueces del Tribunal Constitucional, Jottin Cury y Wilson Gómez, quienes no dudaron en señalar la prevalencia de la Constitución como ley de leyes. Los diputados oficialistas Henry Merán, Demóstenes Martínez y Orlando Espinosa estimaron que la Constitución es muy clara sobre el debate y que el Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de la misma Constitución. En eso coincidió el  experto constitucionalista Namphi Rodríguez, desde su Fundación Prensa & Derecho.

Por su parte, la Fundación Institucionalidad y Justicia, adscrita al empresariado, emitió el martes un comunicado donde considera “inoportuno tanto el debate con ese propósito, como la propia reforma”, y advierte que un proceso de reforma constitucional sólo para la reelección presidencial “podría desembocar en situaciones que no contribuirán al fortalecimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, ni a la gobernabilidad democrática, la institucionalidad y la seguridad jurídica”.

Las reacciones a los pronunciamientos reeleccionistas en los medios de comunicación y las redes sociales fueron tan fuertes que se cebaron en Subero Isa, sin distinguir lo que señaló como una posibilidad, no necesariamente su preferencia personal, aún después que aclaró que no aboga por la reelección y que sólo señaló percepciones.

Peralta pone frenos

            El rechazo en la opinión pública fue tan fuerte que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, salió el jueves a contener los reeleccionistas, asegurando que “el Presidente Danilo Medina ni el Gobierno están en reelección; su enfoque y prioridad consisten en seguir trabajando en procura de la mejoría del pueblo”, Indicó que la coyuntura es diferente a la del 2016, porque todos los proyectos en ejecución terminarán antes de la próxima elección del 2020.

Peralta, quien ha aparecido como extraoficial vocero político de la presidencia, dijo en febrero del 2015, apenas tres meses antes de la última reforma constitucional reeleccionista, que “el Gobierno no está enfocado en hacer cosas populistas, sino que está trabajando para tratar de hacer el mejor gobierno posible”, y señaló que en su oportunidad el presidente se referiría  al asunto.

Al parecer todavía el presidente Medina no ha considerado necesario referirse directamente al tema, aunque el 12 de junio pasado, Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, y presidente de la Refinería de Petróleo, dijo que el mandatario le había autorizado a asegurar que no buscará una nueva reelección. El 12 de agosto el super  Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo afirmó tajantemente que el presidente Medina sólo gobernará hasta el 16 de agosto del 2020.

Se impone el realismo

El frenazo emitido por Peralta se imponía dado la pendiente de rechazo en que se metió el proyecto y las circunstancias políticas y gubernamentales. La encuesta Gallup-HOY de la semana pasada mostró un panorama cambiante, tanto a lo interno del PLD como en el ámbito nacional, que sería imprudente no tomar en cuenta.

Resaltó una cierta recuperación electoral del expresidente Leonel Fernández, ante la imposibilidad constitucional de Medina, al ser señalado como el líder del PLD tanto por el universo encuestado como por los que se dijeron peledeistas, con diferencia de 45 a 30 y 45 a 34 por ciento sobre Danilo, mientras tanto la Gallup como Latinobarómetro y otra reciente de Mrk Penn-Sin, marcan pesimismo sobre la situación general del país.

Así mismo, la división interna del PLD ha imposibilitado que Medina imponga su mayoría en el Comité Político para imponer las elecciones con padrón abierto para las candidaturas, y así abrir la posibilidad de utilizar ese mecanismo como referéndum para, con todo el poder estatal, lograr una amplia votación interna por Danilo que viabilice en el PLD la posibilidad de volver a reformar la Constitución para postular al gran líder nacional.

Por otro lado, la obra cumbre del presidente Medina, las plantas de carbón de Punta Catalina, está en una nebulosa, tras el reclamo de 708 millones de pesos adicionales que ha formulado la constructora Odebrecht, con la notificación de que no serían terminadas hasta el 2019. Podría retrasarse mucho más si el Gobierno mantiene su resistencia a pagar más de lo contratado, compelido por una opinión pública que la cree ya sobrevaluada por corrupción. El miércoles el ministro de Hacienda Donald Guerrero, dijo que ya la Odebrecht había bajado de 500 millones de dólares su reclamo, en medio de versiones de que el Gobierno contacta abogados para un arbitraje internacional, que según expertos tomaría un mínimo de dos años, con peligro de no terminar la obra en el período de Medina.-

           

Gallup-HOY: perdida la batalla corrupción-Odebrecht-Catalina

                                                 Por Juan Bolívar Díaz

            La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana evidencia que el Gobierno del Presidente Danilo Medina tiene perdida la batalla frente a la corrupción y en particular en torno al escándalo Odebrecht y la contratación de las plantas de Punta Catalina con opiniones negativas de hasta más del 90 por ciento de la población.

En perspectivas de candidatura presidencial la situación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sigue incierta por la prohibición de la reelección, por lo que Leonel Fernández se mantiene como alternativa, pero el que aparece  mejor situado es Luis Abinader para la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Rechazo a la corrupción

Si algo aparece absolutamente claro en la última encuesta Gallup-HOY publicada esta semana es que la ciudadanía dominicana está tomando consciencia sobre la corrupción hasta el punto que el 89% la considera en niveles alarmantes y aparece como segundo problema nacional para el 35%, después de la delincuencia que lidera para el 71%.

Así mismo el 72% desaprobó la gestión gubernamental en torno a la delincuencia y 68 sobre la corrupción administrativa, mientras el 53% cree que ahora hay más corrupción que en el primer período del presidente Medina y otro 26 la estima igual, lo que implica que 79% no advierte que la hayan combatido eficientemente, aunque un 43 opina que han hecho esfuerzos por disminiunirla, contra un 53% en sentido contrario. El 67% estima  negativa la actuación frente a la inmigración, en tanto un 58% desaprueba la Presidencia por la corrupción.

La sociedad está impactada por los grandes escándalos de corrupción que se han presentado en los últimos tiempos, especialmente el de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht, señalado por el 74%, seguido de los expedientes de Félix Bautista, los aviones Tucano y las tragedias de la Oficina de Ingnieros Supervisores de Obras del Estado y la Organización Metropolitana de Servicios de Autobuses.

Hasta hace poco, la preocupación por la corrupción fue asunto secundario, expresada por las élites sociales y clases medias, pero se  ha extendido en todos los niveles y hasta entre simpatizantes del partido gobernante. Fue causa y consecuencia de la aparición del Movimiento o Marcha Verde que se ha etendido este año por todo el país.

Odebrecht y plantas Catalina         

La investigación de Gallup evidencia que todo el aparato propagandístico del gobierno, especialmente para defender las plantas de carbón de Punta Catalina, no ha podido contener la convicción generalizada de que están salpicadas por la corrupción. El 68% estima que hubo irregularidades, 90%  en la licitación y 78 en la adjudicación, y peor  aún un elevado 91% consideró que están sobrevaluadas.

En torno a la investigación del escándalo de sobornos y sobrevaluaciones de la Odebrecht el 57% no se muestra satisfecho con la gestión del Ministerio Público mientras un elevadísimo 93% estima que faltan otros en el expediente de acusaciones que generaron medidas de coerción a fines de mayo pasado.

Con tan elevada proporción que cree que las plantas Catalina están sobrevaluadas, el gobierno tendrá mayores dificultades para salir del impasse que mantiene con la constructora Odebrecht, la cual ha reclamado otros 708 millones de dólares para terminarlas, y ya no el año próximocomo se había programado, sino ya para el 2019. Aunque el reclamo trascendió a fines de agosto, dos meses después permanece en denso silencio, como ha sido la pauta desde el inicio de la mega obra que aprentemente perseguirá al presidente Medina hasta más allá de su mandato. Es significativo que el 78% considera que no se apega a la verdad el informe de la comisión presidencial que investigó la contratación de las plantas.

En cuanto a la elaboración del expediente a los 14 imputados por los sobornos de Odebrecht, el plazo de 8 meses para formalizar acusaciones vence a fines de enero próximo y hay pocas expectativas de que presenten pruebas suficientes más allá de las generalidades que indicó la jueza Miriam Germán, y mucho menos de que se amplíen las indagatorias a otros presuntos responsables. Hace dos semanas el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que por falta de dinero, no se había avanzado en las auditorías para determinaar si hubo sobrevaluaciones en las obras contratadas con Odebrecht, lo que causó estupor en la opinión pública.

Cae la valoración de Danilo

            La encuesta efectuada en la segunda mitad de Octubre registra una considerable caída de la valoración del presidente Danilo Medina, ahora con 51%, 12 puntos menos que los 63 que registraba en la anterior, de febrero pasado. Cuando se pregunta por sus cinco años de gobiero sube al 55%. En dos encuestas del 2015 su valoración estaba en 82%, y en el 2014 entre 87 y 91%.

Resulta significativo que se mantiene un acendrado pesimismo en la percepción sobre la economía nacional que registran las encuestas. El 79% considera que  el país va por mal camino, 5 puntos más que el 74 registrado en febrero, con un 74 %, las tres cuartas partes de la población, opinando que la situación económica es mala o muy mala, 2 puntos menos que en febrero, y el 52% califica de mala o muy mala su eonomía  personal.

El 37% de la población estima que el país se mantiene estancado, pero otro 24% dice que se está atrasando, y sólo el 36 por ciento lo aprecia en progreso, no obstante que el gobierno martillea por todos sus medios una optimista visión de progreso, de superación de la pobreza y auge del empleo y un alto crecimento económico en promedio de 6 por ciento, aunque reducido a menos del 5 este año.

Un factor que pudiera estar incidiendo es la percepción, para el 63% de que la ineguridad está en incremento, dado el hecho de que la delincuencia es señalada como el principal problema nacional.

Abinader bien situado

En términos políticos, Luis Abinader es quien aparece mejor situado en las preferencias electorales de cara al 2020, aunque para los comicios faltan años y medio.  En el universo de los encuestados es el que mayor porcentaje logra con 29, mientras Danilo Medina alcanza 21, afectado por la porohibición de la reelección  presidencial, y Leonel Fernández el 17%.

Abinader nás que duplica en prefrerencias generales a su contrincante para la candidatura presidencial del PRM Hipólito Mejía. Pero cuando se le preguntó a quienes se confesaron smiembros o simpatizantes de ese partido, la diferencia fue abismal, 69 a 14%, mucho mayor que el 70 a 29 con que se definió la primaria que en el 2015 eligió candidato al economista Abinader.

En el PLD se advierte una cierta recuperación del expresiente Leonel Fernández, quien en el univeso de la encuesta queda sólo 5 puntos por debajo de Medina, 22 a 17%, y entre los simpatizntes o miembros del PLD 35 a 25 %, pero con el mandatario sin poder postularse, Fernández aparece muy por encima del resto, y quien le sigue es su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño, con registros de 6% en el universo y también entre los peledeistas. El resto de los mencionados como preferidos no pasa del 2 por ciento en ambos escenarios.

Ito Bisonó asciende en el universo de los encuestados superando en simpatías a Quique Antún apenas con 7 y 6%, pero entre los reformistas social cristianos Antún lo triplica 31 a 10%. –

 

 

 

 

Leonel lanza su proyecto ante intento de liquidarlo

reLa lucha en el PLD por cerrar toda posibilidad de retorno al poder de Leonel Fernández se sobrepone a la institucionalidad democrática y si logran imponer la elección de candidatos con padrón abierto, terminarán desguañangando los partidos

                                               Por Juan Bolívar Díaz               

            Lo que tiene en dificultades al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es una sórdida y adelantada lucha por el predominio de la corriente gobernante empeñada en cerrar definitivamente las posibilidades de que el expresidente Leonel Fernández obtenga la candidatura presidencial para el 2020 y pueda retornar al poder.

Aunque el presidente Danilo Medina tiene el control de una gran mayoría del Comité Político de su partido, un conjunto de factores políticos e institucionales le dificultan imponer las elecciones primarias con padrón electoral abierto como es su preferencia, por lo que Fernández aprovecha para lanzar mover su proyecto “RD-2044”.

Prolongada indecisión

            Una vez más el Comité Político del PLD no pudo lograr acuerdo sobre lo que para algunos es fundamental en el proyecto de ley de partidos, obligar a todos a elegir sus candidatos con el padrón general de ciudadanos. Como es característica en ese partido, no hubo confrontación abierta, pero quedaron bien claras las diferencias y los protagonistas. También que alrededor de dos terceras partes de los 34 titulares del organismo respaldan la posición del presidente Danilo Medina, que es ahora quien reparte los sobrecitos, como diría su antecesor.

Pero a pesar de una proporción tan alta a favor de la posición oficial, no se decidió otra cosa que reenviar el caso ante una novedosa instancia, un consejo de unos cinco expertos constitucionalistas que dirían si la obligatoriedad del padrón abierto estaría acorde con la Constitución de la República.

Como la desconfianza ya es pauta, ahora muchos se preguntan quién tendrá la última palabra en la integración de ese consejo de sabios constitucionalistas, con el problema de que varios de los más reconocidos en esa materia están ya en funciones oficiales, como Olivo Rodríguez Huerta embajador en España, y otros, como Eduardo Jorge Prats, son consultores de organismos estatales. Habrá quienes no se sentirían cómodos en una tarea difícil con el gobierno tratando de ignorar una sentencia de inconstitucionalidad sobre la materia en disputa.

Como no se ha indicado plazos, para la constitución del consejo ni para que evacuen sus conclusiones, el reenvío parece sin tiempo limitado, quedando en el aire el trabajo de la Comisión Congresual Bicameral que estudia el proyecto, en teoría sujeta a los plazos reglamentarios hace tiempo vencidos. De hecho esa comisión está en receso hace más de un mes, subordinada a la voluntad de la cúpula del partido gobernante. Pero al fin de cuentas el proyecto de ley de partidos se ha discutido a lo largo de los  cuatro períodos que el PLD ha agotado en el poder, además del de Hipólito Mejía, en un interregno.

Cerco muy generalizado

            Dentro del danilismo hay quienes quisieran pasarle el rolo al temido “vengativo Leonel Fernández”, pero el repartidor Medina no se caracteriza por dejarse dominar de la emotividad y debe reconocer  que el escenario nacional no favorece su posición, porque se ha generalizado el rechazo a las primarias obligatorias con padrón abierto.

De hecho cada semana son más los sectores que se pronuncian al respecto, muchos sin entender por qué se ha podido convertir en fundamental tal obligatoriedad, cuando en apenas un puñado de naciones democráticas se ha impuesto tal mecanismo de elección de candidaturas. Ante una pregunta en el telediario Uno+Uno, Felucho Jiménez reconoció haber sido portador de la sugerencia de que se aprobaran las primarias dejando a cada partido escoger el tipo de padrón, en cualquier caso con verificación de la Junta Central Electoral. Adujo que lo rechazaron. De hecho el proyecto de ley establece, y eso fue consensuado, que cada partido tendrá que someter su padrón a la JCE y actualizarlo en febrero de cada año.

El padrón abierto no tiene el apoyo completo de ningún partido, pues divide tanto al PLD como al PRD, que es el segundo que oficialmente lo ha apoyado. La oposición encabezada por el PRM y el PRSC, ha militado en contra, advirtiendo que su imposición implicaría una crisis institucional y que lo llevarían a los órganos constitucionales. El Foro Permanente de Partidos, que agrupa a una docena de aliados del PLD, también ha rechazado la imposición, lo mismo que las instituciones sociales y hasta empresariales.

Pero el mayor obstáculo que frena los ímpetus es que ya la Suprema Corte declaró inconstitucional en el 2005 la “Ley de Primarias” 286-04 que establecía  la elección simultánea de los candidatos de todos los partidos, bajo responsabilidad de la JCE y con  padrón abierto. Y la sentencia 023-2017, del 27 de septiuembr4e pasado, sobre un conflicto en el PRSC planteó que lo “legal, lógico y democrático” es que sean los delegados de cada partido quienes escojan sus candidatos, validándolo en “la facultad de libre autodeterminación de los partidos” establecida en el artículo 216 de la Constitución.

Ultimo chance de Leonel

            Leonel Fernández advirtió los riesgos institucionales del padrón abierto en la reunión del Comité Político, fundándoseo básicamente en lo constitucional y evadiendo confrontar la posición del grupo gobernante. Más confrontativo ha sido el doctor Franklin Almeyda, de los principales fundadores del PLD. Mientras legisladores y dirigentes que hablan bajo reservas, advierten que la propuesta se sazona con ingredientes antileonelistas.

Un activo diputado confió que “Leonel sabe que no puede dejarse atrapar ni vencer como cuando la reforma constitucional que permitió repostular  y reeligir a Danilo, porque sería el final de su liderazgo”. Es la razón por la que la noche siguiente a la infructífera reunión de la cúpula, el expresidente estaba en Barahona, con sus files, promoviendo su proyecto “República Dominicana 2044”, año hasta el cual debería gobernar el partido morado para completar la obra de salvación nacional, según lo proclamó el mismo Leonel en el 2010.

La oficina de prensa de Leonel Fernández distribuyó una información del acto de martes 3 en Barahona, indicando que asistieron  representantes de los sectores empresariales, académicos, comunitarios, políticos y funcionarios provinciales y municipales. Agregó que allí se presentó todo “un vasto conjunto de infraestructuras” contempladas para la provincia de Barahona en el “proyecto RD-2044”. La promoción de la precandidatura de Fernández comenzó hace meses en reuniones similares y en las redes sociales. El ex senador Bautista Rojas y el ex procurador general Radhamés Jiménez, aparecen entre los principales animadores.

Liquidarían los partidos     

En privado, un veterano izquierdista aconsejaba que no se hiciera tanta oposición al establecimiento de las primarias obligatorias simultáneas, con padrón abierto, “para ver si esos partidos corruptos se acaban de joder”, convencido de que potenciarían a los lúmpenes y traficantes para determinar candidatos en todos los niveles, desde la presidencia a las regidurías.

La compra de votos que se practica hace tiempo en la elección general se extendería a la primaria, o de candidatos. En congresuales y municipales, donde se pueden definir candidatos por cientos y hasta decenas de votos, los traficantes de toda laya y los administradores estatales podrían comprar miles de votos para vencer a sus propios compañeros de partido.

Mil votos a mil pesos, solo costarían un millón de pesos, suma apenas inicial para buscar una candidatura a regidor. Y el mercado de compra estaría en dos tercios del padrón que en el 2020 andaría sobre 7 millones. El promedio de votantes en las Congresuales y municipales separadas apenas pasaba del 50 por ciento.

Si se trata de candidaturas presidenciales las  complicaciones serían mucho mayores, pues 100 mil votos comprados a mil pesos sólo costarían  100 millones de pesos, lo que gastan algunos candidatos a senadores y a alcaldes. Con la adición de que el control de los poseedores de tarjetas de los programas sociales del gobierno sería otra fuente de obtención de votos, que podrían ser no sólo para el precandidato favorito en el propio partido, sino también para el preferido en el contrincante.

Agréguese el caos en que devendría el cómputo de los votos de cada uno de unos 48 mil precandidatos en cuatro boletas separadas por los partidos mayoritarios. En el 2016, la JCE pasó dos semanas para computar los votos preferenciales para 190 diputados, con menos de 2 mil  candidaturas.-

La imposición del padrón abierto agravaría la crisis del sistema político

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Si el sector que ahora hegemoniza el PLD impone el padrón universal abierto en la elección de las candidaturas de los partidos, frustraría los esfuerzos de años por una legislación de consenso y generaría mayor desconfianza y confrontación política

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Para establecer la obligatoriedad del padrón universal abierto en la elección de las candidaturas de los partidos, el Comité Político del Partido de la Libración Dominicana (PLD) tendría que pasar por encima de una parte de su misma estructura, ignorar la posición de 24 partidos reconocidos, de la Junta Central Electoral y de entidades sociales.

La experiencia universal indica que la democracia interna de los partidos se puede garantizar con diversos sistemas de elección de candidaturas y dirigentes, por lo que no se justificaría una imposición que ya fue declarada  inconstitucional  por la Suprema Corte de Justicia, y que generaría un agravamiento de la crisis político-institucional de la nación.

Reenvío al 2 de Octubre

            El tema se ha tornado tan conflictivo que divide al mismo PLD, cuyo Comité Político de 35 miembros no pudo dirimirlo en la reunión convocada al efecto para el pasado sábado 16, que se extendió por 7 horas, excesivas para lo aprobado,  y terminó reenviándolo para el lunes 2 de octubre, acentuando la convicción sobre su improcedencia cuando el secretario general del partido, Reinaldo Pared, lo calificó como “controvertido”.

El portal oficial del PLD, informa que acordaron respaldar que eleven la cuota de las mujeres al 40 por ciento de los cargos directivos y las candidaturas legislativas  y al 50 de las municipales, mantener en 2 por ciento de los votantes en la última elección para el reconocimiento de nuevos partidos y reducirlo al 1 en segunda instancia. También ratificaron  la inequitativa distribución del financiamiento estatal con 80 por ciento para los que saquen más del 5  por ciento del sufragio y el 20 a los demás en partes iguales, aunque diversos partidos y sectores sociales han propuesto 70-30 y más escalones de equidad, para que no reciban igual un partido que obtenga 50 o el 5 por ciento, ni tanta diferencia del 5 al 4 por ciento, o del 2 al menos del 1 por ciento, como ahora.

Otro acuerdo en el Comité Político fue adelantar la precampaña electoral al período mayo-agosto antes de las elecciones, lo que extendería a 5 meses las campañas electorales  municipales que deben celebrarse el tercer domingo de febrero,  y a 9 meses las presidenciales y congresuales del tercer domingo de mayo. Así el PLD contradice la demanda de achicar los períodos de campaña para reducir sus costos. La comisión bicameral que discute el proyecto de ley había consensuado que las primarias fueran entre agosto y octubre.

24 partidos contra 2  

No hay explicación racional para que los seguidores del presidente Danilo Medina  pretendan imponer la obligatoriedad de las primarias con padrón universal abierto contra  una parte del PLD y casi todo el sistema político y las instituciones sociales que más se ocupan de la institucionalidad democrática, como Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia y Fundación Prensa y Derecho, que han manifestado su rechazo ante la Comisión Bicameral que estudia el proyecto y que ha pretendido lograr consenso.

Al comienzo de esta semana, los partidos de oposición que han venido formulando reclamos de reformas político-electorales tras los comicios del año pasado, recurrieron de nuevo ante la Junta Central Electoral para expresar su oposición radical a que les impongan el padrón universal abierto en la elección de sus candidatos, advirtiendo que de ser aprobado por el congreso bajo dominio del PLD, recurrirían en demanda para que la ley sea declarada  inconstitucional.

En el grupo figuran los partidos de oposición de mayor votación en los últimos comicios, como el Revolucionario Moderno, el Revolucionario Social Cristiano y la Alianza País. También el Quisqueyano Demócrata, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Opción Democrática, Partido Humanista Dominicano y Alianza por la Democracia.

Por otro lado el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, que agrupa a una veintena de partidos reconocidos, celebró un taller y luego formalizó sus conclusiones sobre el proyecto de Ley de Partidos, planteando “que las elecciones internas de los partidos deben ser realizadas con el padrón de miembros de cada organización”.

El PRD con padrón abierto

            La mayoría de los partidos del Foro Permanente fueron aliados del PLD en las elecciones del 2016, pero no se han sumado al esfuerzo por imponer el padrón abierto. El aliado que sí lo ha hecho es el Partido Revolucionario Dominicano, contradiciendo opiniones anteriores de su presidente Miguel Vargas Maldonado, actual canciller del gobierno de Medina.

Cuando Vargas Maldonado fue vencido 53.4 a 46.6 por ciento por el expresidente Hipólito Mejía en la primaria del PRD efectuada el 6 de maro del 2011 para la candidatura presidencial del año siguiente, adujo que fue el resultado de “la votación de entre 200 y 400 mil peledeístas y reformistas”, que según él preferían como candidato a su contrincante, aunque los votos válidos computados fueron sólo 967 mil 900. Y tanto él como Mejía aseguraban contar con un millón de seguidores.

Ese certamen es paradigmático de los que se oponen al padrón abierto en las primarias, porque fue el origen visible de la división del más antiguo partido de la historia nacional. Y el padrón utilizado no fue abierto por completo como se aboga ahora. Por tres elecciones seguidas, desde la que escogió precisamente a Vargas candidato presidencial para el 2008, el PRD utilizó el mismo “padrón semi-abierto”, resultado de cruzar el padrón universal de la JCE con el de los otros partidos mayoritarios, para excluir a los militantes de estos.

Pese a la diferencia de casi 7 puntos porcentuales (70 mil votos), Vargas nunca aceptó su derrota y se convirtió en un Caballo de Troya en la campaña electoral que finalmente perdió Mejía con 47 por ciento del sufragio.

Declarada inconstitucional

            Una poderosa opositora a las primarias con padrón abierto obligatorio es la Junta Central Electoral, que sometió el proyecto de Ley de Partidos, el cual deja a cada agrupación la opción de decidir si lo hace con el padrón propio o el universal. El presidente de la JCE ha advertido de las complejidades que implicaría unas  primarias con padrón abierto, simultáneas y organizadas y computadas por esa institución, y que tendría un costo económico similar a una elección nacional.

El doctor Julio César Castaños es coherente con la posición que sostuvo antes de presidir la JCE, pues fue precisamente la Fundación Derecho y Democracia, entonces bajo su presidencia, quien llevó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 286-04 del 15 de agosto del 2004 que estableció la elección de los candidatos de los partidos mediante el voto universal, y organizadas de forma simultánea por la JCE.

El 16 de marzo del 2005, tras ser debidamente apoderada del recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte d e Justicia que presidía el doctor Jorge Subero Isa, con una pléyade de juristas sin militancia política, declaró la inconstitucionalidad de la ley. Uno de los motivos fue que no indicaba la fuente del financiamiento de esa votación universal. Ahora tampoco, y unos aspiran a que los pague por completo el Estado y otros a que una parte salga del actual financiamiento estatal a las organizaciones políticas. En cualquiera de los dos casos sería incrementar la carga del presupuesto nacional.

¿ Deciden Danilo y Leonel?

            Después de tantos años de búsqueda de consenso sobre la Ley de Partidos, sería frustratorio que sólo los intereses de Danilo Medina y Leonel Fernández decidieran un aspecto tan importante como imponer a todos los partidos un único método de elección de candidatos, cuando la votación con el padrón de militantes podría ser también un mecanismo democrático, razón por la cual el proyecto de ley en discusión establece que tiene que estar registrado en la JCE y actualizado cada año. El padrón abierto sólo rige en Argentina, Chile, Uruguay  recientemente se estableció en Honduras.

La imposición abriría las puertas a conflictos internos, y aumentaría la suspicacia sobre tan pronunciado interés. La convocatoria al universo en un país de tanta tradición de trampas y fraudes electorales, permitiría la compra masiva de votos entre una masa que sin incentivos materiales no acudiría. Aun en las elecciones congresuales y municipales, cuando fueron separadas, no se pasó de la mitad de los convocados. Para el 2020 la mitad de los electores serían alrededor de 3 millones y medio, bien amplio para el tráfico de votos a favor de candidatos propios o de otros partidos.

Los opuestos a la elección de candidatos con padrón universal abierto no ocultan sus temores de que una imposición del PLD al respecto, promovida por el grupo que hegemoniza el poder, conlleve los riesgos de empleo del patrimonio público para incentivar votos, para imponer la reelección y motivar otra reforma constitucional, para favorecer a un emergente continuista o para favorecer que en otros partidos ganen los preferidos del poder. Aducen que el control del millón de pobres que tienen tarjetas de subsidios del Estado sería una fuente de perversión. La imposición agudizaría la confrontación y la crisis del sistema político nacional.-

Luce inviable la elección primaria simultánea con padrón de la JCE

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Las plantas Catalina se convierten en calvario del presidente Medina

Por Juan Bolívar Díaz
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Las reformas político-electorales dependen del presidente Medina

Por Juan Bolívar Díaz
Presidente de la República, Danilo Medina.

La JCE da un paso al frente al advertir sobre sus facultades para contener las prematuras campañas electorales y su presidente llama al liderazgo político a concertar sobre las reformas político-electorales debatidas por más de 20 años.                                          

La clara advertencia de la Junta Central Electoral (JCE) de que podría hacer uso de sus facultades constitucionales para regular las actividades de los partidos y candidatos constituye una presión adicional para la aprobación definitiva de las reformas político-electorales que se discuten hace ya más de dos décadas.

Igual fue certero el presidente del organismo, Julio César Castaños, al plantear un pacto del liderazgo político para viabilizar las reformas electorales, iniciativa que corresponde al presidente Danilo Medina en su doble condición de jefe del Estado y líder principal de su Partido de la Liberación Dominicana con absoluto control del Congreso.

Sorpresivo comunicado

Sorprendió a la opinión pública la publicación el lunes 21 de agosto de un comunicado firmado por el Pleno de la JCE que censura la precipitación de dirigentes y grupos de los partidos que han comenzado actividades de promoción de candidaturas para las elecciones del 2020, con más de dos años de anticipación al período de 90 días que establece el artículo 87 de la Ley Electoral 275-97.

Recuerdan que la Constitución le da facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campañas y el acceso equitativo a los medios de comunicación, “como advertencia y para subrayar” que podrían impedir la campaña “improcedente e inoportuna”, pidiendo cesarla, “sin desmedro del ejercicio de los sagrados derechos de asociación, reunión y libre expresión del pensamiento”.

La advertencia fue interpretada como doble, dirigida también, implícitamente, a los actores del Congreso Nacional que desde comienzo del siglo dan vueltas al proyecto de Ley de Partidos, y que han rehuido la adaptación de la Ley Electoral al marco de la Constitución proclamada en enero del 2010 que consigna las facultades citadas.

Para las elecciones congresuales y municipales de mayo del 2010, las presidenciales del 2012 y las generales del 2016, se había reclamado a la JCE que, ante la resistencia a actualizar la legislación electoral, utilizara sus facultades constitucionales para reglamentar y evitar los abusos de partidos y candidatos, especialmente los gobernantes, que determinaron una extrema desigualdad  en la competencia. Los anteriores titulares de la JCE lo evadieron, aunque desde el 2011 enviaron al Congreso y promovieron sendos proyectos de leyes de partidos y del Régimen Electoral.

Acogida de la advertencia

La advertencia de la JCE fue bien acogida por la opinión pública, incluso por la dirección de los partidos, incluyendo a algunos de los que ya realizan actividades de promoción de candidaturas, sin que faltara quien, como Hipólito Mejía, argumentara que no se da por aludido porque no realiza campaña, sino que promueve la inscripción de nuevos miembros y la reinscripción de los viejos en su Partido Revolucionario Moderno.

Pero Mejía fue el primero que comenzó a promover reuniones y  ruedas de prensa de grupos que lo respaldan para la candidatura presidencial y hasta designó al antiguo miembro de la JCE Eddy Olivares como su vocero personal. Pronto Luis Abinader le siguió activando a los suyos también con miras a los comicios del 2020, y ambos ya han realizado reuniones organizativas de activistas regionales y provinciales.

En el PLD ha habido también promoción de candidaturas, pero hasta ahora sin un involucramiento directo y abierto de sus principales líderes y potenciales  candidatos, el presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández, aunque han aparecido vallas y pancartas. Dirigentes del PLD y aliados han planteado la candidatura a la reelección de Medina, aunque  necesitaría otra reforma de la Constitución que explícitamente la prohíbe. Y hay en las redes un merengue que la proclama, interpretado por un cotizado grupo musical. Partidarios de Fernández ya realizan reuniones, hasta ahora sin convocatorias públicas. También se le promueve en las redes electrónicas. Las “visitas sorpresas” de Medina son vistas como mecanismo permanente de promoción. Igual el asistencialismo del también aspirante Reinaldo Pared, a través del financiamiento del “barrilito de los senadores”.

Qué es campaña electoral

            El comunicado de la JCE recordó oportunamente los derechos de asociación, reunión y libre expresión, que no deben ser confundidos con las actividades de campañas electorales, ya que a nadie se le puede prohibir expresar su intención de competir por cargos públicos, aún en entrevistas y artículos en los medios de comunicación, ni reunirse en privado con seguidores, ni dictar conferencias.

Pero se cae en la categoría de campaña electoral cuando se convocan y realizan actividades públicas para promover aspiraciones, se organizan y pagan grupos de activistas, dentro o fuera de los partidos, se coloca promoción en los medios de comunicación o en calles, edificios y carreteras, o se auspician movilizaciones grupales o masivas, y repartos asistencialistas a nombre de aspirantes a candidaturas.

Hace muchos años que se considera que los políticos dominicanos “viven eternamente en campaña”. Para los últimos comicios la promoción comenzó tres años antes y se generalizó a dos años, implicando un alto costo de millones de pesos para conseguir  las candidaturas a regidores, decenas de millones para legisladores y cientos y hasta miles de millones para las presidenciales. La inversión fue tan alta que muchos precandidatos frustrados por el reparto antidemocrático de candidaturas, tuvieron que ser compensados con dinero, cargos o contrataciones de compras y obras públicas, aún a nivel municipal.

La limitación del tiempo de las campañas es objetivo fundamental de las reformas electorales, porque su extensión determina el alto costo de la política en el país, en gran parte cubierto con recursos sustraídos a los diversos estamentos del Estado, o aportados por empresarios y traficantes de drogas que buscan rentabilidad o protección. 

El pacto por las reformas

            El doctor Castaños Guzmán, quien ya antes había sido miembro de la JCE y promotor de las reformas político-electorales sabe bien que las mismas no se han materializado por falta de voluntad política de los gobernantes, aunque se promueven desde el consenso de la Fundación Siglo XXI en 1993-94.

Aunque su Partido Reformista participó de ese primer consenso, el presidente Balaguer no autorizó que lo firmaran. El primer proyecto de ley de partidos lo elaboró la Comisión de Reforma y Modernización del Estado de Leonel Fernández, consensuado con partidos y sociedad civil en 1999. Entregado al mandatario, nunca lo envió al Congreso. El segundo por fue una revisión del anterior, también consensuada en el Consejo Nacional de Reforma del Estado, de Hipólito Mejía, quien lo recibió y tampoco lo remitió al Congreso. El presidente Medina no ha hecho el mínimo esfuerzo al respecto, Y como Fernández ha ignorado la adecuación de la legislación electoral a la Constitución del 2010.

El pacto de Leonel Fernández y Miguel Vargas del 2009, también incluyó la aprobación de la ley de partidos, compromiso firmado en la Universidad Católica Madre y Maestra durante la campaña del 2012 por los candidatos presidenciales, incluyendo al luego presidente Danilo Medina.

El proceso indica que los gobernantes han preferido mantener un sistema electoral atrasado, de escasas regulaciones y ausencia de sanciones disuasorias de los abusos del Estado y del secretismo en el financiamiento. De ahí que tanto el pacto político por las reformas, como su posterior aprobación en el Congreso, es ahora responsabilidad fundamental del presidente Danilo Medina.

El Régimen Electoral  

El proyecto de Ley de partidos, con una decena de presentaciones en el Congreso, sigue pendiente, entrampado en aspectos fundamentales como la transparencia y límites del gasto y del financiamiento de partidos y candidatos, incluyendo el privado, de la equidad de género tanto en las candidaturas como en la dirección de los partidos, y de las sanciones efectivas. También del voto preferencial y las elecciones primarias, si con padrón propio o universal y si en la misma fecha y bajo organización de la JCE.

Si tanto tiempo y energías ha costado la ley de partidos, será todavía más difícil la del Régimen Electoral. Ambas son leyes orgánicas, implicando la aprobación de los dos tercios de cada cámara legislativa y consenso entre los partidos. Si cuesta tanto el consenso sobre las normativas de la competencia interna, serán  más complicadas cuando implica el poder del Estado entre distintos partidos.

Sobre todo porque la ley del Régimen Electoral es la que limitaría y sancionaría  los abusos del presupuesto nacional y de los poderes del Estado, garantizaría los derechos ciudadanos a elegir, la independencia de los organismos de control y la equidad de las campañas electorales. Los que controlan los poderes del Estado siempre son negligentes en actualizar las legislaciones.-

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De la Constitución de la República

Artículo 216. Partidos Políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los rincipios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son:

1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia;

2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular;

3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Artículo 212. Junta Central Electoral. Párrafo IV. La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límite en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

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