Resultó fallido el globo de ensayo de recurrir al Tribunal constitucional para anular la prohibición constitucional de una tercera postulación del presidente Medina, pero queda pendiente si intentar otra reforma constitucional que dividiría hasta su partido                                    

Por Juan Bolívar Díaz

            Los mismos que motorizaron el globo de ensayo de la instancia para que el Tribunal Constitucional eliminara el veto constitucional a una tercera postulación del presidente Danilo Medina, precipitaron su retiro por  el escándalo político en que se constituyó y los  reparos jurídicos que la descalificaron de forma contundente en apenas dos días.

Los pronunciamientos que siguieron al triunfalista discurso presidencial del 27 de febrero han generalizado la convicción de que fue puesto en marcha una vez  más el histórico proyecto reeleccionista que castra la institucionalidad democrática nacional, aunque todavía hay quienes creen que Medina no volverá a renegar de sus compromisos.

Una doble sorpresa

            Al comenzar la semana resonaban las opiniones de la diputada  Lucía Medina, proclamando que la Constitución no prohíbe la reelección de su hermano Danilo y que sólo él decidirá si busca otro período,  y  del vocero de la presidencia Roberto Marchena, quien sostuvo que es el pueblo quien quiere la reelección, que sólo Medina garantiza la permanencia del PLD en el poder  y la continuidad de su magna obra, aunque aduciendo que el mandatario sólo está enfocado en gobernar.

Dominaba  el fuerte intercambio entre Marchena y Franklin Almeyda, promotor de la candidatura del expresidente Leonel Fernández, cuando el lunes 12 trascendió  que el abogado y exdiputado reformista Fredermido Ferreras Díaz había incoado ante el TC un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria de la carta magna que prohíbe otra reelección a Medina, sometida el 15 de febrero, generando de inmediato un rechazo general de juristas, legisladores, dirigentes políticos e instituciones sociales.

El rechazo fue tan contundente que antes de que se conociera el texto, Ferreras retiró su instancia y dio por cerrado el capítulo, alegando que fue una iniciativa personal, pero dijo a El Caribe que recibió al menos tres llamadas de las alturas «pidiéndome  por favor, si yo podía dejar eso sin efecto, y le he dicho que no, que esto no es para favorecer a Danilo». Ferreras fue diputado reformista por cuatro años en los noventa y luego se ha movido entre los beneficiarios de los gobiernos del PLD, primero el de Fernández y ahora con Danilo, al igual que Modesto Guzmán, director del Instituto Postal, a quien se le vincula.  Aceptó el martes ir al telediario de Teleantillas para motivar la instancia pero en la tarde la retiró y no acudió a la entrevista la mañana siguiente.

Demoledora respuesta

            Todo ocurrió rápido, incluso el extenso comunicado de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) que descuartizó el recurso,  la tarde del mismo lunes 12, bajo la firma de su vicepresidente ejecutivo Servio Tulio Castaños Guzmán. Rechaza la instancia y también  otra reforma constitucional para el continuismo en cuatro partes: orden constitucional y presidencialismo, la vía jurisdiccional y la inconstitucionalidad del transitorio, alternabilidad democrática y poder, y «Reflexiones finales».

Tras referirse a 39 reformas constitucionales la mayoría para viabilizar la reelección, señala que «el Poder Ejecutivo no puede formar parte de las pinceladas negativas que han existido en nuestro orden político y normativo, sino mantener el respeto a los principios jurídicos que fortalecen la calidad democrática del Estado dominicano». En la segunda parte cita el artículo 267 de la Constitución indicativo de que su reforma «sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares», lo que incluye al TC.

FINJUS considera  que no es saludable la vía jurisdiccional  contra una normativa constitucional que  busca «garantizar la primacía del orden dentro del propio sistema democrático, y así fijar límites al poder político». Y más adelante postula que presumir  la existencia de un sentimiento popular  sustentado en intereses políticos de turno, trasladándolo  al orden jurisdiccional para violentar los principios constitucionales, «lacera toda la trayectoria de consolidación del Estado de Derecho, seguridad jurídica, fortalecimiento institucional  y respeto a la legalidad durante los últimos años».

La reforma constitucional

            En sus reflexiones finales, la FINJUS, una institución del empresariado que trabajó  en la ley de los procedimientos constitucionales y del TC, plantea que «la reforma constitucional no puede ser un instrumento de estrategia política del gobierno de turno para permanecer en el poder» y que abogar por ella de manera continua  condiciona el poder reformador a «los vaivenes políticos y, por lo tanto, la convierte en un traje a la medida de quienes sustenten el poderío político».

La generalidad de las opiniones jurídicas  que han negado la posibilidad de «declarar inconstitucional una parte de la Constitución»,  señalan  que el único camino que tendría el presidente Medina para otra postulación es reformar de nuevo la Constitución para eliminar la vigésima disposición transitoria  de la carta magna vigente, que él mismo auspició en el 2015 para viabilizar su segunda elección consecutiva, hasta entonces prohibida.

             Esa reforma fue pactada en el Comité Político del PLD el 28 de mayo del 2015 para salvar la unidad partidaria. A cambio se acordó el transitorio que establece que en caso de que el presidente  resultare reeelecto para el período 2016-20 «no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República». Lo presentó en la asamblea revisora el secretario general Reinaldo Pared

Con Leonel Fernández y sus fieles en campaña desde hace meses por la candidatura presidencial del 2020, y aduciendo que ya cedieron dos veces en favor de Medina, en el 2012 cuando  «reunieron 2.2 millones de firmas para repostular a Leonel», y 4 años después para reformar la Constitución, será difícil convencerlos para un tercer período, desconociendo los acuerdos del 2015, sin poner en riesgo la unidad partidaria.

Viejo pero difícil camino

            El viejo camino del continuismo político luce cuesta arriba para Danilo Medina, pero hasta en sectores no complacientes se cree que lo alcanzará cifrado en la debilidad y división de la oposición, pero otros le atribuyen suficiente frialdad para no exponerse a un tercer período consecutivo, lo que sólo ha sido posible  bajo la tiranía de Trujillo y la  dictadura de doce años de Balaguer, en otro  contexto nacional e internacional.

Es cierto que en el 2015 Medina pudo «conquistar» bloques enteros de candidatos, como los perredeístas de Miguel Vargas y la mitad de los reformistas y de los leonelistas, pero una reedición de lo que fue denunciado como un mercado de compra de votos podría lograr «el milagro» de unificar y fortalecer una oposición que de alguna forma viene adelantando acciones comunes contra el continuismo y los abusos electorales. Hasta se podrían retroalimentar con los leonelistas.

En las instituciones sociales, incluyendo la amplia insatisfacción registrada en la Marcha Verde, y hasta en sectores de poder económico,  habría ahora mayor rechazo a una continuidad corrompida, en un escenario de camino  a la insostenibilidad fiscal y agotamiento del modelo de crecimiento basado en el endeudamiento. La posición de la FINJUS alerta sobre la seguridad jurídica y el Estado de derechos.

Al mismo Danilo Medina le sería más difícil volver a engullirse el «tiburón podrido de la reelección» que denunció en el 2008, cuando en el 2012 disertó sobre el carácter antidemocrático del continuismo diciendo que sólo quería un período, y que en discurso del 17 de junio del 2015 dijo a la nación que al apoyar la enmienda para su reelección «estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que, después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto, en mayo del 2016, no podré ser candidato nuevamente a la Presidencia de la República».

Salida alternativa de DM                     

            Los que dentro y fuera del PLD creen que el presidente Medina no buscará el tercer período, asumen que tiene como alternativa al temido retorno de su antagonista Leonel Fernández, la promoción de un tercer candidato, preferiblemente de su confianza, lo que se inscribe en la reunión que celebró a principio del mes con aspirantes, y en la que habrían participado los ministros Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, Andrés Navarro, Gonzalo Castillo y Carlos Amarante, además del secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez y del exministro Temístocles Montás, de arraigo en el partido, pero disminuido tras ser imputado en el escándalo Odebrecht.

Ninguno de ellos ha alcanzado más de un 3 por ciento de preferencias en las encuestas, cuando se les menciona como precandidatos, muy lejos de Leonel  y su esposa Margarita Cedeño, y cualquiera iría cuesta arriba contra el ex.presidente, quien mantiene un fuerte liderazgo nacional e internacional y en un partido que él curtió en el poder y a quien miles de peledeístas deben sus riquezas, o su prosperidad personal y familiar.

Een el Comitn aras de abrir alternativas se aprobaría, ahora en el Senado bajo control danilista, el padrón electoral abierto en la elección de candidatos,  para con el poder económico del Estado y los programas sociales, superar la fuerza interna del leonelismo. Para eso no se puede esperar mucho tiempo y que Fernández siga reactivando sus fieles, pero persistirán las dificultades para obtener las dos terceras partes de los diputados,  necesarias para aprobar esa ley orgánica.-

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Del acuerdo del 2015 ´

en el Comité Político del PLD:

* Modificar el artículo 124 de la Constitución y agregarle un artículo transitorio para que, si gana ahora, DM no pueda ser candidato en el 2020.

* Modificar los artículos 270, 271 y 273 de la Constitución para fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos para futuras reformas.

* Acoger que las decisiones del Comité Político del PLD sean por consenso y en su defecto por las tres cuartas partes de su matrícula.

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Los intentos de imponer el padrón abierto en la elección de candidatos dispara la mayor confrontación en los 44 años del PLD, con un artículo de radical oposición del presidente del partido, acusaciones de sobornos y hasta advertencias de división  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La confrontación pública entre dirigentes y legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alcanzó esta semana su mayor nivel en los 44 años que cumple la organización, llegando al grado de denuncias de sobornos y disputa entre su presidente y el secretario general, con propuesta de candidaturas alternativas a Leonel y Danilo

Lo que está en juego es la disputa por el liderazgo del partido y por la candidatura presidencial del 2020, entre el presidente de la República Danilo Medina, a quien se atribuye intención continuista, y el expresidente Leonel Fernández, empeñado en volver al poder, lo que genera preocupación por la posibilidad de una división.

Piedra de la contradicción

            La crisis se venía incubando hace varios meses, desde que empezó el afán del grupo dominante del PLD que encabeza el presidente Medina por imponer en la proyectada ley de partidos el voto universal en la elección de las candidaturas de los partidos en votación simultánea y a cargo total de la Junta Central Electoral. Al mismo tiempo, el sector que encabeza Fernández inició un proceso de reuniones y recolección de firmas de peledeístas de la base para apoyar una nueva postulación del exmandatario.

Ya en la última reunión del Comité Político del PLD, el 2 de octubre, quedó patente la disposición de los danilistas a imponer el padrón abierto y una resistencia tan firme de los leonelistas, que los primeros no se atrevieron a tomar decisión, pese a contar con alrededor de dos tercios de los 34 miembros del organismo. Se acordó integrar una comisión de cinco expertos constitucionalistas para que evalúen si esa forma de primaria choca con la Constitución de la República, como ya dictaminó la Suprema Corte de Justicia a raíz de la ley 286-04 sobre elección primaria del 2004.

En principio se anunció que los expertos constitucionalistas serían cinco, y después que siete, incluyendo extranjeros, pero más de dos meses después no ha habido acuerdo sobre los integrantes, y tampoco el Comité Político ha vuelto a sesionar, mientras trascienden versiones de bloqueos de propuestas de ambos lados, agravada la situación porque varios de los disponibles han adelantado sus opiniones. La divergencia ha paralizado la conclusión del proyecto de ley por una comisión bicameral que hace tiempo rebasó el período reglamentario, y parece que concluirá una legislatura más, en enero, sin que sea aprobado, quince años después de su primera introducción al Congreso Nacional.

La cena con los senadores

            El detonante de la confrontación pública y abierta fue la denuncia, el 26 de noviembre, del doctor Franklin Almeyda, visualizado como vocero del leonelismo,  de que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, había invitado a una cena en su residencia a 25 senadores del PLD, excluyendo a los leonelistas, con el propósito de coordinar la aprobación de la ley de partidos con el padrón abierto para las candidaturas.    La celebración de la cena fue confirmada por algunos participantes, aunque con versiones casi burlescas, de que fue un encuentro pre-navideño, que no se habló de política, que se dedicaron a jugar billar y disfrutar comidas y bebidas. Como contraofensiva el senador vegano Euclides Sánchez acusó a los leonelistas de hacer reuniones con disgustados del gobierno y de distribuir un formulario para firmas. Se ha confirmado que los seguidores de Fernández, vienen celebrando encuentros y recabando firmas de apoyo. Son coordinados por los dirigentes peledeistas Bautista Rojas y Radhamés Jiménez. Al menos en Barahona, en octubre, y la pasada semana en Puerto Plata, Leonel Fernández  presentó su proyecto «República Dominicana 2044».

A José Ramón Peralta a quien consideran, más que un dirigente peledeísta de nueva camada, un funcionario promotor del continuismo del presidente Medina, le atribuyen rl patrocinio de un seminario sobre las elecciones primarias, donde varios abogados no sólo justificaron la constitucionalidad de imponer el padrón abierto, sino que lo ponderaron como lo más democrático. Sus opiniones han sido ampliamente divulgadas por una oficina de relaciones públicas por cuenta de Peralta, algunas en espacios pagados en periódicos. .

El artículo de Leonel

            En el sector de Fernández estaban convencidos de que se intentaba aprobar la ley de primaria por encima de todo consenso, cuando el lunes 4 el presidente del PLD publicó en el Listín Diario su artículo «Las primarias abiertas y simultáneas son inconstitucionales», fundado en el artículo 216 de la Constitución que declara libre la organización de los partidos, en la sentencia de la Suprema Corte del 2005 que anuló la  ley de primarias 286-04 y en el artículo 277 que dispone que no se podrá volver a dictaminar sobre la decidido por la Suprema Corte en materia constitucional antes de crearse el actual Tribunal Constitucional. Y cita un dictamen éste, el 84-2013, que declara los precedentes constitucionales como vinculantes para todos los poderes públicos. También la sentencia 23-2017, de septiembre último, del Tribunal Superior Electoral, que atribuye a los miembros de los partidos la facultad de elegir sus candidatos.

Leonel concluyó que desconocer el artículo 277 de la Constitución destaparía una caja de pandora y «pondría seriamente en peligro la seguridad jurídica del país, el clima de negocios y el Estado Social y Democrático de Derecho, consagrado como principio constitucional».

La salida al debate público de Leonel destapó la hoya de grillos, con declaraciones  de senadores, como Euclides Sánchez, Eddy Mateo, Rafael Calderón, Adriano Sánchez Roa, del ministro Francisco Domínguez Brito, y las del secretario general Reinaldo Pared, y del vocero peledeísta en el Senado, Rubén Darío Cruz, quienes en las circunstancia y por sus cargos, pudieron quedarse como entes de moderación, como  lo hicieron los senadores Prim Pujals, Julio César Valentín  y José Rafael Vargas. y los dirigentes Alejandrina Germán, Melanio Paredes y Francisco Javier, quien pidió una tregua hasta el año próximo.

Repartición de sobrecitos

En las huestes leonelistas la declaración más fuerte fue la del diputado Juan Carlos Quiñones, quien sostuvo que el gobierno reparte sobrecitos y dádivas y contratos en dólares  entre senadores y juristas para que asuman y promuevan las primarias abiertas, lo que provocó reacciones indignadas del senador Charlie Mariotti y la diputada Miriam Cabral.

Fernando Fernández, un dirigente que se distanció del presidente Medina tras ser sustituido como director de Aduanas, y quien denunció el año pasado que la aprobación de la reforma constitucional para permitir la reelección de Medina fue financiada por Odebrecht, dio ya por un hecho  la división del partido y sostuvo, entre otros cargos, que «los peledeístas no están en el Palacio Nacional, sino los amigos del Presidente».

Por su parte Melanio Paredes, advierte serios riesgos de división, porque no hay árbitros, y los organismos son inoperantes, y resta legitimidad a los dirigentes, pues no son electos desde el 2005. Los organismos peledeístas entraron en receso, como ocurrió en los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, lo que contribuyo a su  descalabro. Los 50 mil comités de base, y 3 mil intermedios prácticamente han desaparecido. El Comité Central, de unos 600 miembros, se reunió la última vez en abril, y aunque se acordó que sesionaría de ordinario cada cuatro meses, no se ha cumplido.

Ni reelección ni división

            En medio del caldeado ambiente sorprendieron el jueves dos declaraciones, de Temístocles Montás, uno de los fundadores del PLD, y de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, esposa de Leonel. El primero consideró que para salvar la unidad del partido, donde predomina la desconfianza y la incapacidad de plasmar acuerdos, los dos líderes que ya fueron presidentes, se queden fuera de la boleta y comp-rometidos a respaldar a quien escojan las bases del partido.

Horas después la doctora Cedeño lució confiada al plantear que en el PLD no habrá ni reelección ni división. Hace tiempo que ella mantiene altas preferencias en las encuestas, detrás de los dos líderes, tan por encima de los demás aspirantes, que podría ser la alternativa electoral. Pero mujer y la esposa de Fernández, le resta posibilidades en un

ámbito machista.

El PLD cumplirá 44 años de fundado el próximo viernes 15 sumido en su peor crisis, que envuelve diferencias ya personales entre sus líderes, y sin un árbitro  que infunda respeto o temor. Para el poder danilista lo fundamental es frenar la posibilidad de retorno de Leonel, por creer que podría vengar la utilización de Quirino Paulino Castillo que lo vinculó al financiamiento del narcotráfico», que lo frenaron en la anterior disputa electoral.

De ahí que mantengan abierta la opción de la repostulación del único que, desde la presidencia, garantizaría evitar el retorno. El padrón abierto les  daría mayor posibilidad de elegir un tercer candidato, o instrumentarlo «como referéndum» para de otra reforma constitucional para la continuidad de Medina. La prohibición constitucional de la reelección, acordada en el pacto de la reforma constitucional del 2015, favorece a Fernández, quien «se sacrificó» para evitar una división del partido. También le favorece el rechazo de la gran mayoría de los partidos y las entidades sociales al padrón abierto y a otra reforma constitucional, que requieren dos tercios de los votos de las cámaras. Eso alienta la decisión de resistencia mostrada por los leonelistas y complica el panorama político.-

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Las anteriores crisis del PLD

1978: Salida del Secretario General Tonito Abreu y de un grupo de dirigentes encabezados por Euclides Gutierrez, Kasse Acta, y Franklyn Almeyda

1982:  Expulsión de los hermanos Fiallo

1984 Expulsión del grupo que encabezaba el Secretario General Rafael Alburquerque, quien creó entonces el partido El Pueblo Dominicano

1991: El profesor Juan Bosch, ya en declive, envía una carta renunciando al PLD por considerar que había generado a buscadores de empleos, la cual fue retirada posteriormente.

1992: Salida de los grupos sindicalistas encabezados por Nélsida Marmolejos, Fernando de la Rosa y Carlos Tomás Fernández, y de los socialistas encabezados por Max Puig, Vicente Bengoa y Félix Doucudray.-

Si el sector que ahora hegemoniza el PLD impone el padrón universal abierto en la elección de las candidaturas de los partidos, frustraría los esfuerzos de años por una legislación de consenso y generaría mayor desconfianza y confrontación política

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Para establecer la obligatoriedad del padrón universal abierto en la elección de las candidaturas de los partidos, el Comité Político del Partido de la Libración Dominicana (PLD) tendría que pasar por encima de una parte de su misma estructura, ignorar la posición de 24 partidos reconocidos, de la Junta Central Electoral y de entidades sociales.

La experiencia universal indica que la democracia interna de los partidos se puede garantizar con diversos sistemas de elección de candidaturas y dirigentes, por lo que no se justificaría una imposición que ya fue declarada  inconstitucional  por la Suprema Corte de Justicia, y que generaría un agravamiento de la crisis político-institucional de la nación.

Reenvío al 2 de Octubre

            El tema se ha tornado tan conflictivo que divide al mismo PLD, cuyo Comité Político de 35 miembros no pudo dirimirlo en la reunión convocada al efecto para el pasado sábado 16, que se extendió por 7 horas, excesivas para lo aprobado,  y terminó reenviándolo para el lunes 2 de octubre, acentuando la convicción sobre su improcedencia cuando el secretario general del partido, Reinaldo Pared, lo calificó como «controvertido».

El portal oficial del PLD, informa que acordaron respaldar que eleven la cuota de las mujeres al 40 por ciento de los cargos directivos y las candidaturas legislativas  y al 50 de las municipales, mantener en 2 por ciento de los votantes en la última elección para el reconocimiento de nuevos partidos y reducirlo al 1 en segunda instancia. También ratificaron  la inequitativa distribución del financiamiento estatal con 80 por ciento para los que saquen más del 5  por ciento del sufragio y el 20 a los demás en partes iguales, aunque diversos partidos y sectores sociales han propuesto 70-30 y más escalones de equidad, para que no reciban igual un partido que obtenga 50 o el 5 por ciento, ni tanta diferencia del 5 al 4 por ciento, o del 2 al menos del 1 por ciento, como ahora.

Otro acuerdo en el Comité Político fue adelantar la precampaña electoral al período mayo-agosto antes de las elecciones, lo que extendería a 5 meses las campañas electorales  municipales que deben celebrarse el tercer domingo de febrero,  y a 9 meses las presidenciales y congresuales del tercer domingo de mayo. Así el PLD contradice la demanda de achicar los períodos de campaña para reducir sus costos. La comisión bicameral que discute el proyecto de ley había consensuado que las primarias fueran entre agosto y octubre.

24 partidos contra 2  

No hay explicación racional para que los seguidores del presidente Danilo Medina  pretendan imponer la obligatoriedad de las primarias con padrón universal abierto contra  una parte del PLD y casi todo el sistema político y las instituciones sociales que más se ocupan de la institucionalidad democrática, como Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia y Fundación Prensa y Derecho, que han manifestado su rechazo ante la Comisión Bicameral que estudia el proyecto y que ha pretendido lograr consenso.

Al comienzo de esta semana, los partidos de oposición que han venido formulando reclamos de reformas político-electorales tras los comicios del año pasado, recurrieron de nuevo ante la Junta Central Electoral para expresar su oposición radical a que les impongan el padrón universal abierto en la elección de sus candidatos, advirtiendo que de ser aprobado por el congreso bajo dominio del PLD, recurrirían en demanda para que la ley sea declarada  inconstitucional.

En el grupo figuran los partidos de oposición de mayor votación en los últimos comicios, como el Revolucionario Moderno, el Revolucionario Social Cristiano y la Alianza País. También el Quisqueyano Demócrata, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Opción Democrática, Partido Humanista Dominicano y Alianza por la Democracia.

Por otro lado el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, que agrupa a una veintena de partidos reconocidos, celebró un taller y luego formalizó sus conclusiones sobre el proyecto de Ley de Partidos, planteando «que las elecciones internas de los partidos deben ser realizadas con el padrón de miembros de cada organización».

El PRD con padrón abierto

            La mayoría de los partidos del Foro Permanente fueron aliados del PLD en las elecciones del 2016, pero no se han sumado al esfuerzo por imponer el padrón abierto. El aliado que sí lo ha hecho es el Partido Revolucionario Dominicano, contradiciendo opiniones anteriores de su presidente Miguel Vargas Maldonado, actual canciller del gobierno de Medina.

Cuando Vargas Maldonado fue vencido 53.4 a 46.6 por ciento por el expresidente Hipólito Mejía en la primaria del PRD efectuada el 6 de maro del 2011 para la candidatura presidencial del año siguiente, adujo que fue el resultado de «la votación de entre 200 y 400 mil peledeístas y reformistas», que según él preferían como candidato a su contrincante, aunque los votos válidos computados fueron sólo 967 mil 900. Y tanto él como Mejía aseguraban contar con un millón de seguidores.

Ese certamen es paradigmático de los que se oponen al padrón abierto en las primarias, porque fue el origen visible de la división del más antiguo partido de la historia nacional. Y el padrón utilizado no fue abierto por completo como se aboga ahora. Por tres elecciones seguidas, desde la que escogió precisamente a Vargas candidato presidencial para el 2008, el PRD utilizó el mismo «padrón semi-abierto», resultado de cruzar el padrón universal de la JCE con el de los otros partidos mayoritarios, para excluir a los militantes de estos.

Pese a la diferencia de casi 7 puntos porcentuales (70 mil votos), Vargas nunca aceptó su derrota y se convirtió en un Caballo de Troya en la campaña electoral que finalmente perdió Mejía con 47 por ciento del sufragio.

Declarada inconstitucional

            Una poderosa opositora a las primarias con padrón abierto obligatorio es la Junta Central Electoral, que sometió el proyecto de Ley de Partidos, el cual deja a cada agrupación la opción de decidir si lo hace con el padrón propio o el universal. El presidente de la JCE ha advertido de las complejidades que implicaría unas  primarias con padrón abierto, simultáneas y organizadas y computadas por esa institución, y que tendría un costo económico similar a una elección nacional.

El doctor Julio César Castaños es coherente con la posición que sostuvo antes de presidir la JCE, pues fue precisamente la Fundación Derecho y Democracia, entonces bajo su presidencia, quien llevó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 286-04 del 15 de agosto del 2004 que estableció la elección de los candidatos de los partidos mediante el voto universal, y organizadas de forma simultánea por la JCE.

El 16 de marzo del 2005, tras ser debidamente apoderada del recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte d e Justicia que presidía el doctor Jorge Subero Isa, con una pléyade de juristas sin militancia política, declaró la inconstitucionalidad de la ley. Uno de los motivos fue que no indicaba la fuente del financiamiento de esa votación universal. Ahora tampoco, y unos aspiran a que los pague por completo el Estado y otros a que una parte salga del actual financiamiento estatal a las organizaciones políticas. En cualquiera de los dos casos sería incrementar la carga del presupuesto nacional.

¿ Deciden Danilo y Leonel?

            Después de tantos años de búsqueda de consenso sobre la Ley de Partidos, sería frustratorio que sólo los intereses de Danilo Medina y Leonel Fernández decidieran un aspecto tan importante como imponer a todos los partidos un único método de elección de candidatos, cuando la votación con el padrón de militantes podría ser también un mecanismo democrático, razón por la cual el proyecto de ley en discusión establece que tiene que estar registrado en la JCE y actualizado cada año. El padrón abierto sólo rige en Argentina, Chile, Uruguay  recientemente se estableció en Honduras.

La imposición abriría las puertas a conflictos internos, y aumentaría la suspicacia sobre tan pronunciado interés. La convocatoria al universo en un país de tanta tradición de trampas y fraudes electorales, permitiría la compra masiva de votos entre una masa que sin incentivos materiales no acudiría. Aun en las elecciones congresuales y municipales, cuando fueron separadas, no se pasó de la mitad de los convocados. Para el 2020 la mitad de los electores serían alrededor de 3 millones y medio, bien amplio para el tráfico de votos a favor de candidatos propios o de otros partidos.

Los opuestos a la elección de candidatos con padrón universal abierto no ocultan sus temores de que una imposición del PLD al respecto, promovida por el grupo que hegemoniza el poder, conlleve los riesgos de empleo del patrimonio público para incentivar votos, para imponer la reelección y motivar otra reforma constitucional, para favorecer a un emergente continuista o para favorecer que en otros partidos ganen los preferidos del poder. Aducen que el control del millón de pobres que tienen tarjetas de subsidios del Estado sería una fuente de perversión. La imposición agudizaría la confrontación y la crisis del sistema político nacional.-

Por Juan Bolívar Díaz

La JCE da un paso al frente al advertir sobre sus facultades para contener las prematuras campañas electorales y su presidente llama al liderazgo político a concertar sobre las reformas político-electorales debatidas por más de 20 años.                                          

La clara advertencia de la Junta Central Electoral (JCE) de que podría hacer uso de sus facultades constitucionales para regular las actividades de los partidos y candidatos constituye una presión adicional para la aprobación definitiva de las reformas político-electorales que se discuten hace ya más de dos décadas.

Igual fue certero el presidente del organismo, Julio César Castaños, al plantear un pacto del liderazgo político para viabilizar las reformas electorales, iniciativa que corresponde al presidente Danilo Medina en su doble condición de jefe del Estado y líder principal de su Partido de la Liberación Dominicana con absoluto control del Congreso.

Sorpresivo comunicado

Sorprendió a la opinión pública la publicación el lunes 21 de agosto de un comunicado firmado por el Pleno de la JCE que censura la precipitación de dirigentes y grupos de los partidos que han comenzado actividades de promoción de candidaturas para las elecciones del 2020, con más de dos años de anticipación al período de 90 días que establece el artículo 87 de la Ley Electoral 275-97.

Recuerdan que la Constitución le da facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campañas y el acceso equitativo a los medios de comunicación, «como advertencia y para subrayar» que podrían impedir la campaña «improcedente e inoportuna», pidiendo cesarla, «sin desmedro del ejercicio de los sagrados derechos de asociación, reunión y libre expresión del pensamiento».

La advertencia fue interpretada como doble, dirigida también, implícitamente, a los actores del Congreso Nacional que desde comienzo del siglo dan vueltas al proyecto de Ley de Partidos, y que han rehuido la adaptación de la Ley Electoral al marco de la Constitución proclamada en enero del 2010 que consigna las facultades citadas.

Para las elecciones congresuales y municipales de mayo del 2010, las presidenciales del 2012 y las generales del 2016, se había reclamado a la JCE que, ante la resistencia a actualizar la legislación electoral, utilizara sus facultades constitucionales para reglamentar y evitar los abusos de partidos y candidatos, especialmente los gobernantes, que determinaron una extrema desigualdad  en la competencia. Los anteriores titulares de la JCE lo evadieron, aunque desde el 2011 enviaron al Congreso y promovieron sendos proyectos de leyes de partidos y del Régimen Electoral.

Acogida de la advertencia

La advertencia de la JCE fue bien acogida por la opinión pública, incluso por la dirección de los partidos, incluyendo a algunos de los que ya realizan actividades de promoción de candidaturas, sin que faltara quien, como Hipólito Mejía, argumentara que no se da por aludido porque no realiza campaña, sino que promueve la inscripción de nuevos miembros y la reinscripción de los viejos en su Partido Revolucionario Moderno.

Pero Mejía fue el primero que comenzó a promover reuniones y  ruedas de prensa de grupos que lo respaldan para la candidatura presidencial y hasta designó al antiguo miembro de la JCE Eddy Olivares como su vocero personal. Pronto Luis Abinader le siguió activando a los suyos también con miras a los comicios del 2020, y ambos ya han realizado reuniones organizativas de activistas regionales y provinciales.

En el PLD ha habido también promoción de candidaturas, pero hasta ahora sin un involucramiento directo y abierto de sus principales líderes y potenciales  candidatos, el presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández, aunque han aparecido vallas y pancartas. Dirigentes del PLD y aliados han planteado la candidatura a la reelección de Medina, aunque  necesitaría otra reforma de la Constitución que explícitamente la prohíbe. Y hay en las redes un merengue que la proclama, interpretado por un cotizado grupo musical. Partidarios de Fernández ya realizan reuniones, hasta ahora sin convocatorias públicas. También se le promueve en las redes electrónicas. Las «visitas sorpresas» de Medina son vistas como mecanismo permanente de promoción. Igual el asistencialismo del también aspirante Reinaldo Pared, a través del financiamiento del «barrilito de los senadores».

Qué es campaña electoral

            El comunicado de la JCE recordó oportunamente los derechos de asociación, reunión y libre expresión, que no deben ser confundidos con las actividades de campañas electorales, ya que a nadie se le puede prohibir expresar su intención de competir por cargos públicos, aún en entrevistas y artículos en los medios de comunicación, ni reunirse en privado con seguidores, ni dictar conferencias.

Pero se cae en la categoría de campaña electoral cuando se convocan y realizan actividades públicas para promover aspiraciones, se organizan y pagan grupos de activistas, dentro o fuera de los partidos, se coloca promoción en los medios de comunicación o en calles, edificios y carreteras, o se auspician movilizaciones grupales o masivas, y repartos asistencialistas a nombre de aspirantes a candidaturas.

Hace muchos años que se considera que los políticos dominicanos «viven eternamente en campaña». Para los últimos comicios la promoción comenzó tres años antes y se generalizó a dos años, implicando un alto costo de millones de pesos para conseguir  las candidaturas a regidores, decenas de millones para legisladores y cientos y hasta miles de millones para las presidenciales. La inversión fue tan alta que muchos precandidatos frustrados por el reparto antidemocrático de candidaturas, tuvieron que ser compensados con dinero, cargos o contrataciones de compras y obras públicas, aún a nivel municipal.

La limitación del tiempo de las campañas es objetivo fundamental de las reformas electorales, porque su extensión determina el alto costo de la política en el país, en gran parte cubierto con recursos sustraídos a los diversos estamentos del Estado, o aportados por empresarios y traficantes de drogas que buscan rentabilidad o protección. 

El pacto por las reformas

            El doctor Castaños Guzmán, quien ya antes había sido miembro de la JCE y promotor de las reformas político-electorales sabe bien que las mismas no se han materializado por falta de voluntad política de los gobernantes, aunque se promueven desde el consenso de la Fundación Siglo XXI en 1993-94.

Aunque su Partido Reformista participó de ese primer consenso, el presidente Balaguer no autorizó que lo firmaran. El primer proyecto de ley de partidos lo elaboró la Comisión de Reforma y Modernización del Estado de Leonel Fernández, consensuado con partidos y sociedad civil en 1999. Entregado al mandatario, nunca lo envió al Congreso. El segundo por fue una revisión del anterior, también consensuada en el Consejo Nacional de Reforma del Estado, de Hipólito Mejía, quien lo recibió y tampoco lo remitió al Congreso. El presidente Medina no ha hecho el mínimo esfuerzo al respecto, Y como Fernández ha ignorado la adecuación de la legislación electoral a la Constitución del 2010.

El pacto de Leonel Fernández y Miguel Vargas del 2009, también incluyó la aprobación de la ley de partidos, compromiso firmado en la Universidad Católica Madre y Maestra durante la campaña del 2012 por los candidatos presidenciales, incluyendo al luego presidente Danilo Medina.

El proceso indica que los gobernantes han preferido mantener un sistema electoral atrasado, de escasas regulaciones y ausencia de sanciones disuasorias de los abusos del Estado y del secretismo en el financiamiento. De ahí que tanto el pacto político por las reformas, como su posterior aprobación en el Congreso, es ahora responsabilidad fundamental del presidente Danilo Medina.

El Régimen Electoral  

El proyecto de Ley de partidos, con una decena de presentaciones en el Congreso, sigue pendiente, entrampado en aspectos fundamentales como la transparencia y límites del gasto y del financiamiento de partidos y candidatos, incluyendo el privado, de la equidad de género tanto en las candidaturas como en la dirección de los partidos, y de las sanciones efectivas. También del voto preferencial y las elecciones primarias, si con padrón propio o universal y si en la misma fecha y bajo organización de la JCE.

Si tanto tiempo y energías ha costado la ley de partidos, será todavía más difícil la del Régimen Electoral. Ambas son leyes orgánicas, implicando la aprobación de los dos tercios de cada cámara legislativa y consenso entre los partidos. Si cuesta tanto el consenso sobre las normativas de la competencia interna, serán  más complicadas cuando implica el poder del Estado entre distintos partidos.

Sobre todo porque la ley del Régimen Electoral es la que limitaría y sancionaría  los abusos del presupuesto nacional y de los poderes del Estado, garantizaría los derechos ciudadanos a elegir, la independencia de los organismos de control y la equidad de las campañas electorales. Los que controlan los poderes del Estado siempre son negligentes en actualizar las legislaciones.-

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De la Constitución de la República

Artículo 216. Partidos Políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los rincipios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son:

1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia;

2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular;

3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Artículo 212. Junta Central Electoral. Párrafo IV. La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límite en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación».

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