Tag Archives: Víctor Díaz Rua

Putrefacción política e impunidad en los sobornos de Odebrecht

by Juan Bolívar Diaz Santana | 3 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
p1

Por proporción poblacional, territorial y tamaño de la economía, la República Dominicana, junto con Panamá, lidera ampliamente el nivel de los sobornos internacionales por 788 millones de dólares, 92 millones en el país, admitidos por la constructora brasileña Odebrecht en el mayor escándalo internacional de corrupción documentada.

Aunque la Procuraduría inició investigaciones esta semana, las implicaciones políticas de gobernantes hace temer que corran la misma suerte de los expedientes de corrupción instrumentados contra los funcionarios y dirigentes del partido oficial Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, o de los casos Sun Land y aviones Tucanos.

RD y Panamá son lideres. Ratificando evaluaciones como las del Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional que sitúan a la República Dominicana en los más altos niveles de corrupción, en los sobornos en 12 países por 788 millones de dólares reconocidos por la constructora brasileña Odebrecht, lídera el escándalo, junto con Panamá, atendiendo a la proporción poblacional y tamaño territorial y de la economía.

Según el acuerdo de Odebrecht con las autoridades judiciales norteamericanas, esa empresa pagó en sobornos en el país 92 millones de dólares del total de 788 millones en once naciones latinoamericanas y Angola, entre el 2002 y 2014 para cerrar más de un centenar de contratos de obras. El mayor monto fue en Brasil por 349 millones de dólares, y luego en Venezuela por 98 millones, dejando al país en tercer lugar, seguido por Panamá con 59 millones de dólares.

Brasil, la mayor economía latinoamericana, con población veinte veces superior y un territorio 176 veces mayor que RD, sólo cuadruplicó su monto. Venezuela 7 por ciento más, aunque triplica en población y es 20 veces mayor en territorio. Fuera de Brasil los sobornos sumaron 439 millones de dólares, el 21 por ciento en Dominicana. Perú está sacudido por el escándalo aunque sólo recibió 29 millones de dólares, con triple población y 27 veces el territorio dominicano. Panamá es el líder del escándalo, con 59 millones de dólares, pero menos de la mitad poblacional, aunque 60% más de territorio.

El maletín de Angel Rondón. Aunque arrancó con tres semanas de retraso, compelido por la consternación nacional, el procurador general dominicano Jean Alain Rodríguez inició el martes las investigaciones, interrogando al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, tras lo cual aseguró que éste identificó al representante comercial de la firma, Ángel Rondón Rijo, como el receptor de los 92 millones de dólares para sobornos, lo que negó el abogado del brasileño, quien recibió un plazo de tres días para entregar toda la información.

Desde el principio era vox populi la implicación de Rondón, denominado como “el hombre del maletín”, con amplio récord de vinculación a escándalos de corrupción, de todos los cuales ha salido libre, incluyendo las quiebras del Banco Domínico-Hispano, y de Baninter, del tráfico del Plan Renove, y su nombre aparece en los “Panamá Papers”. Sus vínculos con políticos y gobernantes se iniciaron en el gobierno de Jorge Blanco y pasaron por los sucesivos gobiernos de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Ha conseguido contratos de diversas especies con organismos estatales.

Rondón admitió haber recibido “más o menos esa suma”, pero adujo que por comisiones de contratos. El Procurador le dio plazo de tres días para presentar comprobantes de los pagos y las cuentas bancarias, cuyo récord deberá indicar cómo se distribuyó tan alta suma, equivalente a más de 4 mil 300 millones de pesos. No se especificó si le pidieron constancia de haber pagado impuestos por esos ingresos personales, que deberían superar los mil millones de pesos. Lo que parece una buena coartada, choca con la confesión de sobornos de la Odebrecht ante la justicia norteamericana y su compromiso de pagar por eso una multa de 2,500 millones de dólares.

Una tecla muy peligrosa. Pese a la reciente gestión del procurador Rodríguez, prevalece la desconfianza, por los precedentes de grandes casos de corrupción quedados en la impunidad, aún después de sólidos expedientes del ministerio público, como los de los dirigentes del PLD Félix Bautista (por 26 mil millones de pesos) y Víctor Díaz Rúa, o el escándalo de los pagarés por 130 millones de dólares, que el expresidente de la Suprema Corte Jorge Subero admitió que se le dio una salida política y el de los aviones Tucanos.

El caso de Odebrecht es tan complejo que podría alcanzar altos niveles de los últimos gobiernos, cuyos presidentes sostuvieron relaciones directas con estamentos políticos y empresariales envueltos en la gran corrupción brasileña. Danilo Medina viajó a Brasil, como candidato en el 2011 y como presidente electo en julio del 2012. Se reunió con altos funcionarios de la Odebrecht y luego recibió al presidente Lula da Silva, bajo investigación por presunta responsabilidad en los escándalos.

Joao Santana, procesado por la corrupción de Petrobras y Odebrecht, fue asesor de las dos campañas electorales de Medina, y salió de aquí el 22 de febrero pasado reclamado por la justicia para ser apresado y procesado junto a su esposa Mónica Maura, bajo graves cargos. Las investigaciones de los periódicos brasileños revelan que recibió millones de dólares para campañas políticas que dirigió en varios países.

Esta semana el consorcio de investigación IDL Reporteros, que dirige el reputado periodista peruano Gustavo Gorriti, publicó un entramado de “Lava Jato en la República Dominicana”, mediante el cual la Odebrecht, entre 2013 y 14, realizó 16 transferencias de fondos por 3 millones 896 mil 450 dólares a la empresa Cine y Art 2013, registrada en Santo Domingo por el brasileño Marcelo Mascarenhas Kertész, vinculado al publicista Joao Santana, y con sede en el mismo local de la empresa de éste en Santo Domingo, la Polis Caribe, que ya antes había sido vinculada a otros financiamientos políticos millonarios.

La comisión Catalina. Las dimensiones del escándalo Odebrecht, con anuncios de reparaciones por los sobornos de 59 millones de dólares en Panamá, y por los 11 millones de dólares en Colombia y un adelanto de 8.9 millones de dólares en Perú, y la convocatoria de una protesta nacional pusieron presión, que en parte explicarían el decreto presidencial 6-17 que nombró a diez personalidades para investigar lo concerniente a la licitación y adjudicación del contrato a la Odebrecht para las plantas eléctricas de Punta Catalina, cuestionadas desde su ejecución en el 2013,por un comité de licitación integrado por el administrador de la CDEEE, Rubén Bichara y tres subalternos. De los otros tres integrantes, el entonces asesor económico de la presidencia Isidoro Santana y el experto energético Ramón Flores, no la avalaron.

Como presidente de la comisión apareció Monseñor Agripino Núñez Collado, miembro del consejo directivo de la constructora Estrella, socia nacional de Odebrecht en las obras físicas de las mismas plantas. Su renuncia a la empresa, no a la comisión, anunciada el viernes, no disipa el dislate ético. La comisión presidencial fue cuestionada también por haber incluido al ingeniero César Sánchez, ex administrador de la CDEEE y actual consultor de la misma, quien negoció y firmó el contrato con la Odebrecht para la presa de Pinalito en el 2004. Tampoco lució acertado incluir a Jaime Aristy, un reputado economista, pero consultor del Gobierno y a un pastor evangélico poco conocido.

Uno de los comisionados reconoció que la tarea no es cuestión de días, ni de semanas, que requiere especialistas y mucho trabajo, y que si se buscaba credibilidad, debió encargarse a una empresa de auditores internacionales.-

El proyecto de reelección arrasaría al Procurador

by Juan Bolívar Diaz Santana | 10 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
01_11_2015 HOY_DOMINGO_011115_ El País12 A

La subordinación al interés partidario y la reelección del presidente Danilo Medina sería la razón por la que el procurador general Francisco Domínguez Brito evade su deber de recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia que libera al senador Félix Bautista de las graves acusaciones de corrupción formuladas en su contra.

Se trata de cerrar cuanto antes un expediente que afecta al secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), salpica a su presidente Leonel Fernández, amenaza al tesorero Víctor Díaz Rúa, incentiva la división interna y pone en jaque a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Bautista el gran armador. A ningún observador sorprendió la decisión, dividida tres a dos, de la Cámara Penal de la SCJ que dictaminó “no ha lugar” para procesar al astuto secretario de Organización del partido oficialista, desechando el más voluminoso expediente de corrupción de la historia de la Procuraduría General de la República que involucra el manejo de más de 26 mil millones de pesos desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)

Todo el proceso ha estado marcado por la lucha interna en el PLD, iniciándose cuando era imperativo maniatar al expresidente Leonel Fernández, para viabilizar la repostulación del presidente Medina. Bautista y Díaz Rúa, considerados “alcancías de Leonel”, habían dejado demasiados rastros de corrupción con su impúdica concentración de riqueza, el segundo desde el Ministerio de Obras Públicas. Han sido favorecidos por absoluciones de jueces hasta llegar a la SCJ por apelaciones del Ministerio Público.

Esas acciones judiciales, incentivadas por el clamor público, incidieron en la capitulación de Leonel el 27 de mayo, apenas dos días después de haber plantado guerra frontal al proyecto reeleccionista. A Bautista se le atribuye haber sido clave en la negociación para el acuerdo que conjuró la división del peledeísmo, garantizando que todos los legisladores del PLD aprobarían una reforma de la Constitución para legalizar la reelección a cambio de ser también repostulados. El armador sacó allí su “no ha lugar”, en un proceso instruido y juzgado por jueces compañeros de partido.

Domínguez Brito en ridículo. La decisión del no ha lugar solo podía sorprender a incautos e ignorantes. Lo que ha causado estupor es el alegato del procurador general de que no recurrirá en casación ante el pleno de la SCJ porque “con respecto a este caso no me merece confianza” la corte, y que “no vale la pena porque siempre hay una excusa y un pretexto para no sancionar a los grandes capos de la corrupción”.

Múltiples voces han impugnado la capitulación de Domínguez, uno de los dirigentes peledeístas de mayor crédito público, quien defendió durante meses el expediente con los términos más duros, por lo que fue confrontado personalmente por el acusado Bautista. Participación Ciudadana le dice en una carta que “al margen de la apreciación personal que usted pueda tener sobre nuestro más alto tribunal de justicia, no cabe dudas de que en estos momentos debe usted separar su aprehensión personal de lo que es su obligación como procurador general de la República y por lo tanto como representante de todo el país”.

El alegato es incoherente, puesto que el pleno, que estaría constituido por una docena de jueces al restársele los cinco de su Cámara Penal que ya juzgaron, tiene una mayor proporción de personalidades del derecho, varios de los cuales estarían llamados a seguir el ejemplo de las magistradas Miriam Germán y Esther Casasnovas, cuyos votos disidentes contienen la base para recurrir a la última instancia. Si confió en una cámara, no tiene fundamento la desconfianza en el plenario llamado a enmendar todo equívoco.

Otro costo institucional. La actitud de Domínguez es insostenible, pues si un procurador general no confía en la Suprema Corte en un caso que él mismo calificara como juicio del siglo en materia de corrupción, debe abandonar el cargo. Estaría capitulando en aras del interés partidario de evitar el resurgimiento de la confrontación abierta entre Medina y Fernández por la hegemonía partidaria y despejar el camino de la campaña electoral. Porque el procesamiento salpicaría al exmandatario y más aún si abre espacio para que se haga lo mismo con Díaz Rúa. Para el PLD sería una caja de pandora de repercusiones electorales, un proceso que involucraría a tres de sus cuatro más altos cargos.

El destacado jurista Francisco Alvarez Valdez ha recordado que ya Félix Bautista fue responsable del inicio del descrédito de la Suprema Corte que presidió Jorge Subero Isa, la que evadió la responsabilidad de enjuiciarlo por el escándalo de los pagarés de la Sun Land por US$130 millones colocados en el mercado internacional por el entonces director de la OISOE sin aprobación del Congreso. Aunque en su dictamen del 2008 la SCJ reconoció que era obligatoria la aprobación congresual, desconoció una jurisprudencia propia de 1998 para declarar inadmisible el recurso y evadir el fondo.

Con su posición, Domínguez Brito le economiza al pleno de la SCJ tener que definirse en un caso que por su magnitud se ha constituido en símbolo de la corrupción y la impunidad nacional. Pero para él es casi una inmolación, que conlleva un costo institucional de los que siempre cobra la reelección en la historia dominicana. Ya antes doblegó la voluntad de la mitad de los legisladores del partido gobernante con un pacto antidemocrático, y de dos bloques de diputados de la oposición que arrastraron a sus respectivos partidos a modificar la Constitución en aras del reeleccionismo. Cinco meses después aún discuten las bases sobre las cuales pactaron esa precipitada capitulación, todo un absurdo político y hasta de negociación, si no hay ingredientes impublicables.

Represión de las protestas. Sin que se hubiese disipado el escándalo causado por el destape de la mafia de corrupción que ha operado en la OISOE, con la dramática inmolación suicidio del arquitecto contratista David Rodríguez, la negativa a procesar a Félix Bautista por graves cargos de corrupción en la misma institución, ha disparado la indignación nacional.

La complicidad con la corrupción y la consiguiente impunidad están saturando la sociedad. El vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, William Malamud, sostuvo el miércoles, en un almuerzo de la entidad, que la corrupción “está socavando la institucionalidad del Estado y creando un malestar en la sociedad”, y parafraseando a Shakespeare en su obra Hamlet proclamó que “hay algo podrido en el Estado dominicano”.

La forma en que el Gobierno ha reprimido a los grupos sociales que demandan la supresión de la OISOE y castigo a la corrupción, agrega preocupación. No se justifica la represión a unos centenares de protestantes. Parecía mejor inversión compartir su preocupación y hasta darse el lujo de suprimir el redundante organismo, símbolo exagerado de la corrupción. Han considerado más seguro reprimir para evitar que se generalicen las protestas como ha ocurrido recientemente en Guatemala, Honduras, Brasil y Chile.

Un escándalo saca a otro escándalo

Parece indiscutible que el país anda en un derrotero alarmante, tanto que un escándalo saca de la opinión pública a otro escándalo. En el último mes fueron las revelaciones de la mafia de extorsión que ha operado en la OISOE. Luego un simple raso sacude el país resaltando la insostenible miseria salarial de la Policía. Y uno de nuestros 12 embajadores ante la ONU es apresado y procesado por corrupción en Nueva York.

Vino entonces el “no ha lugar” para Félix Bautista y el segundo escándalo internacional del mes, con la huida de los dos pilotos franceses condenados a 20 años de cárcel por narcotráfico. Habría que sumar el alarmante conteo del centenar de muertos que este año ha cobrado el dengue, duplicando las cifras del 2014. Ya no escandaliza a nadie que agentes policiales fusilaran el martes a un joven en Santiago delante de varias personas, una de las cuales grabó el asesinato y los gritos de la víctima pidiendo que no lo mataran, subido a la Internet.

El escape de los pilotos franceses ha tenido la agravante de poner en ridículo internacional al país, porque nadie entenderá que condenados a 20 años de cárcel, por el tráfico de 680 kilogramos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares puedan seguir en libertad y sin vigilancia. Otra expresión de la corrupción y de la ineficiencia de instituciones judiciales y de la seguridad nacional.

 

Los vientos de Leonel degeneran en tornado

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
leonel

El activismo del expresidente Leonel Fernández para volver al poder lo ha convertido en blanco preferido de contradictores externos e internos tensando las cuerdas en el Partido de la Liberación Dominicana donde el reelecionismo parece ganar terreno

Las manifestaciones hostiles en Nueva York y los informes sobre investigaciones de soborno en la compra de los aviones Super Tucano y sobre la inmensa fortuna de su pupilo Félix Bautista han interferido los vientos que soplaban a favor de la candidatura del expresidente Leonel Fernández generando un tornado político.

Al mismo tiempo parece ganar terreno la corriente que plantea la reforma de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina, sobre la base de que estaría en juego la permanencia en el poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lo que está provocando tensiones entre los gobernantes.

Fuerte tornado político

Las tensiones van en aumento en la familia peledeísta, agitadas por los vientos de la precipitada lucha por la candidatura presidencial que están degenerando rápidamente hasta convertirse en un tornado que envuelve a dirigentes altos y medios. El abierto lanzamiento de la precandidatura del expresidente Leonel Fernández ha precipitado una confrontación entre sus militantes partidarios y los que creen que el presidente Danilo Medina debería tener la opción a un segundo mandato consecutivo.

La discusión se hace presente en los cenáculos peledeístas, entre legisladores, en las provincias y municipios donde proliferan los aspirantes  a las candidaturas, favorecidos por autoridades y dirigentes partidistas locales, comprometidos con los dos líderes o simplemente preocupados porque predomine el que tenga más posibilidades de garantizarles la continuidad en el poder. Ha trascendido a los programas de radio y televisión y a los periódicos, especialmente en las columnas del Listín Diario.

Esta semana el debate alcanzó nueva dimensión cuando el Ministro de Administración Pública y miembro del Comité Político del PLD Ramón Ventura Camejo anunció públicamente que propondrá a ese organismo una reforma de la Constitución que permita dos períodos consecutivos de gobierno. Se afirma que esto causó escozor en las filas leonelistas a la defensiva por la creciente hostilidad hacia Fernández y los suyos. Defensores de ambas posiciones han salido a la palestra pública en los últimos meses. Por ejemplo del doctor Franklin Almeyda quien llegó a decir en junio  que la imposición de la reelección “desataría los infiernos en el PLD”. Mientras varios  funcionarios actuales se han manifestado partidarios de la continuidad, como Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas ascendido este año al Comité Político, y el ministro de Educación Carlos Amarante Baret, del mismo organismo, y  Gedeón Santos, director del Indotel.

Los vientos de Leonel

Desde mayo del 2012, cuando anunció que “el león  volvería a rugir en las calles”, Leonel Fernández inició abiertamente  la lucha por el retorno al poder en el 2016. Comenzó el año asistiendo a actividades donde lo proclamaban candidato y teorizando sobre el poder derivado del reparto de puestos y sobrecitos y equiparándose con el bíblico Moisés, a quien actualizó como “un líder del siglo 21″. Ante cientos de miembros de “Juventud con Leonel” advirtió que “la antorcha no se arrebata y el que lo intenta puede quemarse con ella”, aunque insistía en que “el PLD es una fábrica de presidentes” y que gobernará hasta el 2044, pero sin explicar porqué perdería el poder en el bicentenario de la República.

Al comenzar abril del 2014, Fernández fue proclamado candidato presidencial por 17 de los 31 senadores de su partido, lo que luego fue respaldado por unos 60 diputados, más de la mitad, y por una alta proporción de los alcaldes de su partido, presidiendo mítines regionales en San Pedro de Macorís, Barahona, Mao-Valverde, San Francisco de Macorís, Santo Domingo y en ciudades de los Estados Unidos.

El líder peledeísta acuño la frase de que los vientos soplan a su favor y ya el 6 de julio dijo en Barahona que “los vientos siguen soplando, ahora con fuerza de huracán”. Cogió velocidad cuando el 31 de Agosto fue proclamado candidato por su movimiento “Plataforma Democrática 2916″, durante un acto que reunió a miles de seguidores en San Soucí, Santo Domingo, donde dijo que “definitivamente los vientos suplan fuertemente”, pero que aún no decidía si sería candidato.

Sin embargo, el 14 de septiembre se emocionó en un acto regional en San Francisco de Macorís y proclamó que “los vientos soplan con tanta intensidad que nos llevarán a subir de nuevo las escalinatas del Palacio Nacional en el 2016″. Lo citó el Listín Diario y lo recogieron los videos de televisión, aunque una declaración escrita de su Funglode quiso enmendarlo diciendo que es el PLD que volverá a subir esas escalinatas, como si ahora estuviera  afuera.

Intentan frenar a Leonel

Tres acontecimientos recientes constituyeron fuertes tropiezos en la carrera sin aparente obstáculos en la que venía empeñado Leonel Fernández: la publicación sobre el proceso judicial en Brasil y las investigaciones, que incluyen a Estados Unidos, confirmadas por el embajador norteamericano, en relación al soborno en la compra de los aviones Tucano en su gobierno, las manifestaciones hostiles de grupos de dominicanos en dos escenarios de Nueva York donde estuvo presente, y la publicación de la investigación de la inmensa fortuna de su pupilo Félix Bautista por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)

Lo de los Tucanos no se le puede atribuir a intenciones locales. Abrieron proceso a 8 funcionarios de una empresa pública brasileña y quien lo publicó fue el Wall Street Journal. Pero llamó la atención que ese mismo día, 23 de septiembre, la Fundación Primero Justicia formalizara una querella ante la PEPCA pidiendo indagar no sólo al coronel Carlos Piccini, identificado por el periódico financiero neuyorkino como receptor del soborno, sino también al expresidente Leonel Fernández, a quien atribuyen haber recibido una comisión de 6.5 millones de dólares. La fundación está presidida por el abogado Miguel Surún Hernández y de la misma forma parte el comentarista y publicista Freddy Aguasvivas, quien sometió a la justicia a Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y otro de “los grande millonarios de Leonel”.

Justamente Bautista y Díaz Rúa eran de los acompañantes de Fernández cuando el pasado fin de semana fueron hostigados por manifestantes que les vocearon hasta “ladrones” durante una reunión en un restaurante del alto Manhattan en Nueva York,  y luego en uno de las sedes de la Universidad de Nueva York. Fue notable la cantidad de vídeos tomados y colocados en las redes, y reproducidos luego en el país por diversos medios, lo que los leonelistas consideran una acción concertada.

El destape esta misma semana de la investigación sobre el origen de un centenar de inmuebles, incluyendo torres de 14 y 16 niveles, de empresas constructoras de Félix Bautista puso la tapa al pomo. El Diario Libre publicó que la PEPCA de la Procuraduría General le había trabado embargo, y aunque luego los abogados de Bautista dijeron que fue “una advertencia” la realidad es que confirmaron un proceso investigativo, iniciado hace meses, pero que no había trascendido.

Bautista atribuyó la revelación al Procurador Francisco Domínguez Brito por supuesto resentimiento político contra él. Pero más amplio fue Rafael Núñez, el director de prensa del gobierno de Fernández, a quien se le considera aún su vocero, quien no sólo responsabilizó a Domínguez Brito de la filtración, supuestamente abonando terreno para lanzar su pre candidatura presidencial, sino que también lo vinculó a un plan para  hacer daño a Leonel.

Pero no solo dentro del PLD, sino también en diversos partidos y sectores de oposición tiene creciente hostilidad el expresidente. Y él la cultivó cuando dijo el pasado fin de semana que sólo su partido  representa la civilización en el país, que todo lo demás es la barbarie, el  caos y el desorden.

Avanza la reelección?

El anuncio de Ventura Camejo de que propondrá al Comité Político una nueva reforma constitucional, “para enmendar el error” de la del 20l0, que la prohibió consecutiva, mostró en la semana un cierto avance de los que promueven la repostulación de Medina, que tienen como limitación que -a diferencia de Leonel- el mandatario no se ha involucrado en promoción de candidatura. Hace apenas 4 años y medio la mayoría peledeísta modificó el artículo constitucional que permitía una sola reelección “y nunca más”, para abrir la posibilidad de que los presidentes vuelvan indefinidamente, aunque con un período de intermedio. Eso benefició a Fernández, que con aquel texto no hubiese podido repostularse jamás.

El problema ahora es que con el apoyo que tiene Fernández, de más de la mitad de los legisladores de su partido, y necesitándose dos terceras partes de ambas cámaras, es imposible abrir espacio a la repostulación de Danilo mientras aquel aspire a retornar al poder en el 2016. Ya algunos comentaristas y columnistas leonelistas le recomiendan que de un chance a Medina y aplace su regreso para el 20210, siempre contando con que la política dominicana es estática y los peledeístas gobernarán por lo menos hasta el 2044.

Comentaristas partidarios de Fernández ya no ocultan sus temores de que los sectores que acarician la posibilidad de repostular al presidente Medina estén intentando “derribarlo, afectando su imagen”  vendiendo la idea a los peledeístas de que si quieren mantenerse en el poder tienen que entender que quien se lo garantiza es el actual presidente. A eso atribuyen las investigaciones sobre la fortuna de Félix Bautista y Díaz Rúa, señalados como los principales financistas de la campaña de Leonel Fernández. Aunque un juez emitió un dictamen a favor de Díaz, la fiscal del Distrito Nacional anunció que la apelará. Esta semana fue confirmada su intención, a la espera de que el tribunal formalice la lectura de su sentencia.

Es obvio que los vientos se han convertido en un tornado que gira sobre el entorno de Leonel, pero a su favor está el hecho de que todavía no hay una candidatura de oposición con perspectiva de retarlo fuertemente. Por lo menos así se ve desde la perspectiva del peledeísmo, y en consecuencia resultará bien difícil convencerlo a él y sus más fervientes seguidores de que auspicie a Danilo, lo que tampoco es tan fácil, porque hasta el cardenal López Rodríguez ha cuestionado que ya estén tratando nuevamente de modificar la Constitución.

Lo único claro es que los vientos con fuerza de huracán convertidos en tornado están agitando las aguas de los peledeístas, quienes tuvieron su última crisis en 1991, cinco años antes de alcanzar el gobierno por primera vez, cuando el profesor Juan Bosch llegó a renunciar de su partido, pero que ya en el poder han sabido mantenerse unidos.-

Desconcierto institucional origina incertidumbres

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
11_05_2014 HOY_DOMINGO_110514_ El País13 A

La denuncia de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso de que supra poderes judiciales buscan evitar a todo costo investigaciones de querellas por corrupción ha elevado al máximo nivel las incertidumbres originadas en desconciertos gubernamentales e intentos de  contrarreformas jurídicas.

Las acciones parecen superar la voluntad del presidente Danilo Medina con un partido que antes de la mitad del período gubernamental parece más empeñado en la sucesión del 2016 que en apuntalar la actual gestión, sin una oposición en capacidad de actuar como ente de moderación y contrapeso.

Un verdadero escándalo

La difusión por todos los medios de comunicación de una grabación auditiva de la confrontación de la fiscal Reynoso a una jueza a la que había recusado y se negaba a abandonar el conocimiento de la solicitud del exministro Víctor Díaz Rúa de que se rechace la investigación de acusaciones de corrupción, se constituyó en un grave escándalo con cuestionamientos sobre el rumbo de la seguridad jurídica en el país.

Aunque algunos voceros pretenden presentarla como una “pelea de mujeres”, lo que la principal funcionaria del ministerio público en la capital dijo reviste la mayor gravedad, comenzando por la revelación de que un personaje influyente se presentó a su despacho advirtiéndole que si no archivaba la petición de investigación sería destituida. Tras retirase de una audiencia el viernes 2 de mayo, expresó que en el ejercicio del cargo “he soportado presiones, amenazas, pero lo que no haré es prestarme para un circo donde sabemos que la decisión está tomada”.

Es que la licenciada Reynoso se dijo avergonzada de ser parte de un sistema corrompido, quejándose de que hace meses había aportado pruebas contra la jueza Margarita Cristo y que, en vez de investigarla, le encargaron conocer el recurso del exministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del partido de gobierno. Agregó tener “absoluto conocimiento de que usted fue expresamente asignada para este proceso para garantizar una parcialidad absoluta frente al solicitante Víctor Díaz Rua”.

Yeni Berenice Reynoso

Todavía más: la fiscal dijo a la jueza que sabe quién es su apoyo y defensor, que “formaba parte del Ministerio Público”. Se cree que aludía al exprocurador general Radhamés Jiménez, quien también  podría haber sido la persona que le amenazó con la destitución. Encabezó el año pasado la defensa del expresidentes Leonel Fernández y su Fundación Global y logró que la fiscal rechazara la petición de investigación sobre sus fondos formulada por el doctor Guillermo Moreno.

Los hombres de Leonel

Para nadie es secreto que Díaz Rúa, y Félix Bautista son de los más cercanos “hombres de Leonel”, que en sus últimos dos períodos de gobierno manejaron cientos de miles de millones de pesos desde el Ministerio de Obras Públicas y la oficina Supervisora de Obras del Estado. A ambos se les señala como multimillonarios y se les vincula a innumerables obras sobrevaluadas y a contratos sin concurso público. Son de los seguidores del expresidente que trabajan “con todos los Powers” por su retorno al poder en el 2016.

Bautista ya fue procesado por sobrevaluación de una carretera en el primer gobierno de Fernández, por lo que estuvo preso y luego absorbido por la justicia. Por obra de la Suprema Corte escapó a un proceso por el legendario contrato que puso en manos de la empresa Sun Land 130 millones de dólares en pagarés avalados por el Estado, lo que se constituyó en un enorme escándalo. Apenas en febrero pasado la Suprema Corte volvió a beneficiarlo ratificando una decisión de primera instancia que dispuso el archivo definitivo de otra investigación sobre actos de corrupción incoada por entidades sociales.

Díaz Rúa está bajo investigación de la fiscalía luego de las querellas de dos entidades sociales que lo responsabilizan de contratos irregulares  para la importación de asfalto por sumas que podrían alcanzar cientos de millones de dólares. Para cortar de raíz las querellas, el ingeniero ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que autoriza a cualquier ciudadano a querellarse por corrupción contra los funcionarios Públicos.

En el ínterin, la Cámara de Diputados quiso resolver el problema el mes pasado aprobando una modificación del Código Procesal Penal que, entre otros retrocesos, eliminaba la facultad de la ciudadanía a querellarse por corrupción, y lo hizo con irregularidades procedimentales que fueron denunciadas por la diputada peledeísta Minou Tavarez Mirabal. El presidente Medina acogió el clamor nacional y observó esa  y otras de las modificaciones, dejando diferencias con los legisladores oficialistas.

Cuentas del desconcierto

Presidente Danilo Medina

El desconcierto institucional, que para algunos es un concierto, pasa por una serie de recientes acontecimientos que cuestionen al estado de derecho y revelan indeficiencia, complicidad o la prevalencia del fraccionamiento del Estado en parcelas asignadas a dirigentes del partido de gobierno y aliados, que hasta ahora ha sido respetado por el presidente Medina, aunque él y sus principales funcionarios han buscado distancia.

La pasada semana la Policía mató a una docena de presuntos delincuentes, incluyendo a cuatro que aún sin haberlos identificado, señaló como sicarios. Aunque dijo que varias patrullas los interceptaron al tener informes de que iban a matar narcotraficantes, no pudieron capturar a uno solo. Dicen los vecinos que los ejecutaron, pero más allá de esa barbarie, eliminaban posibles fuentes de información para establecer quiénes son los intermediarios y las empresas que intervienen en la contratación de sicarios, que no podrían ofertarse directamente.

El mes pasado la Dirección de Contrataciones Públicas dio plazo a la Junta Central Electoral para que justificara el contrato para la emisión de la nueva cédula, denunciado por graves irregularidades, y el titular del organismo alegó autonomía, aunque las leyes de Contrataciones y de la Función Pública la incluyen con su nombre específico. Todo queda en familia.

Reiteradas denuncias sobre el manejo turbio del dinero del presupuesto nacional, 18 millones de pesos mensuales, asignado al Partido Revolucionario Dominicano son ignoradas absolutamente.

En marzo sólo duró una semana en el Congreso un proyecto de Código de Familia elaborado por la vicepresidenta Margarita Cedeño, introducido aparentemente sin ninguna revisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que fue descuartizado por la opinión pública por contradecir numerosos preceptos constitucionales y legales.

Lucha por la sucesión

Licelott Marte presidenta de la Cámara de Cuentas

Con el presidente y el secretario general del partido y dos ministros y otro dirigente en campaña electoral, faltando aún tres meses para que el gobierno de Medina llegue a la mitad de su período, pareciera que hay más interés en la sucesión que en apuntalar la actual gestión heredera de un enorme y sistemático déficit fiscal y un endeudamiento que el año pasado creció en 27.8 por ciento según reciente informe de la Cámara de Cuentas.

A intereses en campaña se atribuye que el gobierno no haya podido concretizar un anunciado proyecto de ley que restituiría la nacionalidad a los decenas de miles de descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país en ocho décadas. Los dirigentes del partido de gobierno siguen apareciendo más próximos a los criterios excluyentes que al sentimiento humanitario reiterado por el presidente Medina, sometido a presiones nacionales y universales que día a día reclaman límites a esa violación masiva de derechos humanos. El gobierno sigue perdiendo el tiempo y el país en progresivo deterioro de su imagen en el mundo.

Leonel Fernández,  presidente del partido oficial, ha reconocido pública y privadamente que la desnacionalización masiva es insostenible y hasta ha avalado un proyecto de ley esbozado por el gobierno, lo que se creía suficiente para resolver el conflicto, pero aparentemente hay fuerzas ocultas que lo obstruyen, sin que el mandatario se decida a seguir adelante y más bien hay quienes sostienen que volvería al plan original de ofrecerles la naturalización que corresponde a extranjeros.

La falta de un partido de oposición en capacidad de equilibrar y moderar el juego político, estaría determinando el desparpajo entre los peledeístas aspirantes a suceder a Medina que se sienten seguros en el poder y apuestan a cual pueda ser más conservador como forma de competir con las posiciones que para Leonel Fernández han significado el éxito político.

Es que la campaña por la sucesión ha arreciado demasiado temprano distrayendo las energías que todo el partido debería invertir en concertar para garantizar el mayor éxito en la actual gestión gubernamental, progresivamente condicionada por los intereses partidarios.

El cuadro descrito genera incertidumbres en sectores económicos y sociales, preocupados por  la seguridad jurídica, por los déficits fiscales y el endeudamiento que siembren preocupación por la sostenibilidad macroeconómica en víspera de nuevos retos derivados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y de la competitividad internacional.-

Danilo salva a un PLD cada vez más a la deriva

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
DANILO SALVA

El presidente Danilo Medina volvió esta semana a salvar la cara al liderazgo de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al acoger el clamor que rechaza las regresivas modificaciones introducidas, incluso con procedimiento engañoso, al Código Procesal Penal (CPP).

En sectores políticos se observa hasta con alarma un giro sistemático del peledeísmo a los planteamientos derechistas que postulan los ultranacionalistas, promoviendo contra-reformas, mientras el reparto del Estado llega al extremo de que Roberto Rosario coloca a la Junta Central Electoral (JCE) por encima de la ley.

Un palo al Código Procesal. Una veintena de observaciones formuladas el miércoles por el Poder Ejecutivo al nuevo CPP aprobado por el Congreso Nacional constituyen un palo a una ley regresiva que ha cosechado un amplio rechazo de expertos juristas y constitucionalistas y de entidades y grupos vinculados a los derechos humanos y la institucionalidad.

El presidente Danilo Medina no sólo acogió el rechazo generalizado a la eliminación del derecho ciudadano a querellarse contra funcionarios públicos, sino que también se manifestó contra la limitación del derecho a querellarse de las entidades del sector público. Sostiene, además, que algunas de esas modificaciones “entran en contradicción con lo dispuesto por la Constitución y con los principios universalmente aceptados en el régimen penal”.

Las observaciones del Ejecutivo, se indica, están llamadas a evitar un posible retroceso en las conquistas de la ciudadanía y del Estado Social y Democrático de Derecho. “Ciertas reformas podrían llevar al prolongamiento indefinido de los procesos con la consiguiente ineficacia para el sistema y sufrimiento para las víctimas”, sostiene.

El documento ataca una de las contrarreformas más promovidas por los sectores autoritarios, argumentando que resulta preocupante que se haya establecido como preferencial u obligatoria la medida de prisión preventiva. Pide mantener el principio de que la duda favorece al imputado. También se manifiesta contra “la propuesta transversal de los plazos del proceso expresados a lo largo de la ley en cuestión”.

Rompe el consenso grupal. No es la primera vez que el presidente Medina rompe el consenso grupal que caracteriza las actuaciones de su partido, y contradice el discurso predominante, para colocarse junto al clamor social. Entre los precedentes más relevantes se citan la revisión del contrato con la Barrick Gold y la suspensión del acuerdo que reconocía la estafa de las tierras de Bahía de las Aguilas.

Otro caso bien relevante está pendiente de ser dilucidado, cuando el mandatario envíe al Congreso un proyecto de ley en preparación que reconocería los derechos de los dominicanos descendientes de extranjeros inscritos en el registro civil, siempre que ellos no hayan intervenido en alguna irregularidad. Pese al escándalo internacional generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el discurso del liderazgo peledeísta ha ignorado la posición asumida desde el principio por el presidente Medina, que postula una solución humanitaria y de derecho.

Ha llamado la atención que los presidentes de las cámaras legislativas, varios ministros y altos funcionarios sostuvieron la posición radical de los ultranacionalistas sin siquiera aludir la del mandatario. Más allá de las firmes posiciones de la diputada Minou Tavárez Mirabal y el artista y diputado Manuel Jiménez, la excepción ha sido el expresidente Leonel Fernández, pero éste sólo públicamente en escenarios internacionales, como si no quisiera ir contra el consenso grupal partidario y los ultranacionalistas. Primero en Nueva York, luego en Washington y esta semana en un foro económico celebrado en West Palm Beach, Florida, donde volvió a plantear que se debe reconocer los registros de nacimiento de los nacidos en el país, según un informe de Matt Sedensky para la agencia Prensa Asociado, reproducido en el Miami Herald.

La aprobación irregular. Las modificaciones al CPP no han sido rechazadas sólo por su contenido, ya que la diputada peledeísta Minou Tavárez Mirabal denunció que hubo manipulación y engaño en el procedimiento y pidió una investigación y las sanciones que correspondan a los responsables, lo que hubo de ser aceptado por el presidente de la Cámara.

Tavárez Mirabal sostiene que en la ley aprobada se incluyó la modificación del artículo 85 que no figuraba en el proyecto que había discutido y consensuado la Comisión de Justicia de la Cámara para eliminar la facultad de la querella ciudadana contra los funcionarios públicos. Pero se le tramitó como “el mismo” aprobado en otra legislatura, razón por la cual no volvió a la comisión, se le liberó de lectura y se le aprobó de urgencia, en dos votaciones consecutivas.

No debe pasar desapercibido que la denuncia de la irregularidad proviniera de una diputada oficialista, lo que pone de relieve la falta de contrapeso en un Congreso dominado por un solo partido, pero donde los opositores muestran ineficiencia y complicidad. En la cámara hay 75 diputados perredeístas y 12 reformistas. En el Senado 31 del PLD y un reformista. Apenas un puñado de los opositores han disentido del proyecto, aprobado por mayoría precaria tras dos intentos fallidos por falta de quórum.

La JCE de Roberto Rosario. Otra demostración de la pérdida de la brújula institucional ha sido la negativa del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de acogerse a la solicitud de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado de que entregue los documentos relativos al contrato para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, objetado públicamente por empresas que aseguran haber ofertado tecnología más avanzada y de mucho menor costo.

La directora del organismo de control, doctora Yocasta Guzmán, se vio precisada a emplazar a Rosario para que entregara la información en un plazo que venció esta semana. Pero éste se ha colocado por encima de la ley y está dispuesto a llevar el caso al Tribunal Constitucional para que declaren inconstitucional esa pretensión bajo el alegato de que la JCE es autónoma. Apenas reconoce la jurisdicción de la Cámara de Cuentas, pero esta sólo audita gestiones, no verifica licitaciones.

La JCE no está exenta de la vigilancia de la Dirección General de Contrataciones, según las leyes 340-06 y 449-06 que norman y reglamentan las compras y contratos estatales, o la ley 41-08 de Función Pública y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, lo que no se justificaría en un organismo que debe ser modelo de transparencia y credibilidad, pero que tiene un récord de cuestionamientos a sus contratos, como ocurrió con el firmado por Rosario con la empresa Somo para una tecnología que aún se cuestiona lo mismo que su costo de unos 84 millones de dólares.

El artículo 1 de la ley 340-06 establece las normas “que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado”, comenzando por el Gobierno Central e incluyendo las instituciones descentralizadas y autónomas, financieras y no financieras, municipios y empresas estatales y “cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones, con fondos públicos”.

El párrafo 1 de su artículo 2 precisa que a los efectos de esta ley se incluye, entre otras instituciones a la JCE. El artículo 4 de la Ley de Función Pública también la incluye en sus normativas, lo mismo que a todas las instituciones estatales centralizadas y descentralizadas, autónomas o no.

Lo más grave es que se quieran amparar en la autonomía para contratos estatales, y en una institución cuestionada también por la Cámara de Cuentas, en una auditoría que puso en evidencia que en el 2012 gastó más de mil millones de pesos que recaudó y no pasó por el fondo general de la nación ni el Presupuesto Nacional.

No hay que dudar que dejen sola a la directora general de Contrataciones en el reclamo de la ley, pues Roberto Rosario llegó a la JCE desde el Comité Central del PLD, y el Estado está repartido en minifundios, propiedad de sus incumbentes que, del partido o aliados, operan a su mejor conveniencia.

Ni siquiera los precandidatos

El consenso grupal peledeísta en torno a posiciones cada vez más regresivas es tan fuerte que ni los que aspiran a la candidatura presidencial del PLD para el 2016 se han atrevido a marcar diferencias. Reinaldo Pared Pérez, además presidente del Senado y secretario general peledeísta, no ha tenido la menor moderación frente a la desnacionalización de decenas de miles de personas o en relación a las regresiones consignadas en el CPP.

Los demás aspirantes públicos a la candidatura oficialista han preferido el silencio frente al intenso y extenso debate de la nacionalidad o las reprobaciones a las modificaciones del código. Ni siquiera el procurador general, Francisco Domínguez Brito, uno de los peledeístas más apegados a los principios y la ética, defendió el derecho de los desnacionalizados, y aunque expresó que no simpatiza con algunas de las reformas al código, se mostró discreto y resignado.

La impresión que quedó es que el liderazgo del PLD respaldaba firmemente la revocación del derecho de la ciudadanía a querellarse contra la corrupción, lo que ya había impugnado ante el Tribunal Constitucional el tesorero de ese partido y exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un multimillonario confeso bajo investigación precisamente por querellas de entidades sociales.

 

Nueva correlación de fuerzas en el PLD

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Los resultados de la votación interna para elegir 138 nuevos miembros del Comité Central (CC) del PLD arrojan importantes cambios en la correlación de fuerzas entre sus dos mayores líderes, el presidente Danilo Medina y su antecesor Leonel Fernández, pero sin que se pueda interpretar que éste haya sido derrotado.

El certamen también ratificó la necesidad de una ley de partidos políticos que incentive el ejercicio de la democracia interna, garantice la libre y equitativa competencia y sancione los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales, tanto internas como nacionales.

Barrida de los danilistas. Más allá de las fuertes contradicciones, que incluyeron brotes de violencia, lo más relevante ha sido la barrida electoral protagonizada por los candidatos señalados como seguidores del presidente Medina, que según estimaciones extraoficiales implicaron la conquista de cerca de dos tercios de los sillones del CC en disputa.

Los informes disponibles hasta ayer sábado, cuando oficialmente sólo se había computado el 81 por ciento de la votación, indican que los danilistas habrían conseguido una amplia mayoría de los 138 asientos, para algunos sobre el 60 por ciento. Otros 30 fueron escogidos mediante el inédito método de uno por cada uno de los 26 integrantes del Comité Político, lo que hacía más difícil el predominio absoluto de alguna de las corrientes políticas y grupales que inciden en la organización.

Eso no se traduce automáticamente en un control del CC ya que los 138 elegidos el domingo, son apenas el 20 por ciento de los 620 que integrarán el organismo, que hasta ahora era de unos 400. A los 168 se sumarán 52 legisladores que también pasarán a formar parte del mismo.

En cualquier caso la barrida danilista, que ha repercutido en la opinión pública, tendrá incidencia al interior del partido gobernante, fortaleciendo la incidencia del Presidente y ampliando sus posibilidades de gobernar al margen de los intereses de un Leonel Fernández que ha permitido el inicio de una nueva campaña por la candidatura presidencial del PLD cuando apenas había transcurrido el primer cuarto de la actual gestión y sin que algún otro partido amenace poner en jaque al oficialismo.

Deseos de alternativas. Hay que tomar en cuenta que Danilo Medina no es un improvisado en la política partidaria y que durante años se le consideró el albañil sobre el cual pudo llegar su partido al poder y erigirse la fortaleza de Leonel Fernández, en sus primeros 6 años de gobierno. El era el enlace con la dirigencia media y baja, quien atendía demandas y buscaba colocaciones, mientras el abogado cultivaba las alturas.

Cuando era presidente Fernández suscitaba la adhesión de la mayoría del CC y del Comité Político, pero empezó a debilitarse cuando sus partidarios comenzaron a activar para imponer un cuarto período de gobierno y tercero consecutivo. Cuando fue obvio que hasta dentro del partido había resistencia a ese continuismo y se quiso colar la candidatura de la esposa, no consiguieron el apoyo ni del Comité Politico. El derroche de dinero y poder que han exhibido los más cercanos activistas de Leonel, como Félix Bautista y Díaz Rúa, también es causa de rechazo interno.

Sin un partido de oposición que en lo inmediato amenace el reinado peledeísta, es natural que crezcan las ambiciones de otros dirigentes por acceder a una candidatura que presumen triunfante. De ahí que se hayan lanzado abiertamente Francisco Javier García, Reinaldo Pared y Temístocles Montás, y que se mantengan las aspiraciones de otros como José Tomás Pérez y Francisco Domínguez Brito.

Habría una especie de todos contra Leonel, generalizándose el criterio de que sus tres períodos son suficientes. Quien ha hablado más abiertamente de la necesidad de renovación es el ministro de economía, Montás. Alguien cercano a Medina señaló “la alta tasa de rechazo que mantiene Leonel en las encuestas que no se publican”.

No subestimen a Leonel. Sería superficial pretender que los resultados de una elección interna tan limitada decreten el ocaso del liderazgo del expresidente, un político de muy alto carisma, a quien medio PLD le debe una extraordinaria prosperidad y en muchos casos riquezas, obtenidas gracias a su capacidad para retener el poder, sin olvidar que fue clave para que Medina pudiera sucederlo.

Es visible el fuerte apoyo que Fernández conserva entre legisladores, especialmente los senadores, y en los sectores más conservadores de la sociedad, a quienes se ha entregado, así como los abundantes recursos económicos acumulados por su estado mayor político.

Con la alta aprobación que ha logrado en su gestión, nadie debería sorprenderse del auge político de Danilo Medina, pero con la imposibilidad de repostularse, es difícil que pueda subordinar definitivamente la fuerza interna y externa que mantiene el presidente del PLD. En el actual escenario nacional, sin un partido de oposición que amenace su predominio, aún con el actual alto rechazo de Fernández, no asoma todavía quien pueda emerger como alternativa victoriosa. Por eso mismo, los legisladores peledeistas leales a Leonel dificultarían un proyecto de ley para abrir la brecha de un plebiscito o referendo sobre reelección, y ni hablar de reforma constitucional, por la mayoría requerida de dos tercios de la Asamblea Nacional.

Mientras tanto no hay dudas que el danilismo sale fortalecido del proceso interno del PLD, con el leonelismo a la defensiva, pero lejos de estar vencido, lo que repercutirá en una intensificación de la precipitada precampaña para unos comicios nacionales que distan a dos años y cuatro meses. No debe esperarse que la sangre llegue al río, dado el sentimiento de cuerpo de los peledeístas y su acentuada vocación de poder que los dota de capacidad para pactar entre ellos y con fuerzas extrañas.

Se desmitifica el PLD. La votación del domingo 12 siguió desmitificando el partido que fundara el profesor Juan Bosch, con más de un millar de aspirantes a 168 puestos, una campaña desaforada y derrochadora por todos los medios de comunicación, enfrentamientos que llegaron a un muerto y varios heridos, robo de urnas, inversión de recursos de dudoso origen y denuncias de fraudes y manipulaciones.

Las denuncias de abuso de recursos estatales salieron de los propios peledeístas, incluyendo a cuatro senadores, llegándose al extremo de entregar copias fotostáticas de decenas de cheques del quebrado Consejo Estatal del Azúcar distribuidos como parte de la campaña de su director ejecutivo.

Ciertamente que las irregularidades no fueron generalizadas, y que no se ha documentado, como otras veces, un desmadre en el abuso del poder, pero el dinero se impuso, con inversiones de hasta dos dígitos de millones de pesos para alcanzar un puesto en un organismo que en los últimos 9 años apenas ha sesionado cuatro o cinco veces para ratificar candidaturas, aunque también significativamente para prolongar el mandato de la mayoría de sus altos dirigentes.

Con una votación que el segundo boletín estimó en 731 mil, alta para una limitada elección interna, pero apenas 28 por ciento de un abultado padrón de 2 millones 646 mil miembros, el PLD se ratifica como fuerza dominante. La extensión por casi una semana del cómputo también desmitifica su eficiencia y disciplina.

Los brotes de violencia, con un muerto en Maizal, Esperanza, con tiroteos golpes y heridos en Santiago, Santo Domingo Oriental, La Romana, Barahona, Pedernales y Ocoa, la masificación peledeísta parece recorrer el terreno de la política tradicional. .

De nuevo quedó evidente la necesidad de una ley de partidos que garantice la democracia interna y sancione los excesos, que los partidos dominantes se han negado a aprobar en las doce ocasiones que ha sido introducida al Congreso Nacional, desde la elaboración de su primer proyecto por consenso social y político del 1998-99.-

Hipótesis sobre este cambio

Nadie duda que el disfrute y uso de los recursos estatales es uno de los factores que explican este cambio en el partido gobernante. Pero no es suficiente, ya que los activistas pro Leonel no son desarrapados ni aficionados en el uso del poder. Como es propio de la incultura democrática y la falta de reglamentación y sanción, el poder de algunos funcionarios jugó un papel, pero sin alcanzar los desniveles de años anteriores.

A los leonelistas les devolvieron un poco de la medicina que ellos utilizaron contra los danilistas, no sólo cuando Fernández se impuso en la candidatura presidencial para los comicios del 2008, cuando Danilo acuñó la sentencia “me venció el Estado”, sino incluso cuando trataron de cerrarle el paso para la candidatura del 2012. Primero gastaron una millonada recogiendo dos millones de firmas y tratando de imponer una nueva reelección que acababa de ser prohíbida, sino luego con las frustradas precandidaturas de Margarita Cedeño y del vicepresidente Rafael Alburquerque.

Jugó su papel también la cultura presidencialista, según la cual en el partido oficial no se debe ir contra la corriente del responsable del Gobierno, pero también influyó, y en gran medida, el nuevo estilo de liderazgo de Medina dentro y fuera de su partido, más cercano a los dirigentes y militantes y a más diversos sectores sociales.

Dentro del PLD muchos celebran que Medina dejara atrás el aparataje de poder, el providencialismo, el boato y el desprecio por el tiempo de los demás que implicaban los sistemáticos atrasos de hasta tres horas en la llegada de Fernández a sus compromisos nacionales o partidarios. Se le llegó a atribuir renuencia en recibir a dirigentes y militantes partidarios y que los hacía esperar durante horas.

 

Lo de Dovicon no tenía madre

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/820/460x390/0/E104A943-E988-497F-A485-2A915AD2060B.jpeg

El Ministerio de Obras Públicas merece un reconocimiento por haber rescindido el contrato que su antecesor Víctor Díaz Rúa había otorgado a una empresa denominada Dominicana de Vías Concesionarias (DOVICON) para que se ganara más de 3 mil millones de dólares en 30 años, al través del cobro de los peajes de las principales carreteras del país.

Al informar sobre la decisión, el ministro Gonzalo Castillo señaló que de esa forma el Estado se queda con unos 70 millones de dólares anuales que ahora se podrán gestionar e invertir con transparencia para beneficio de todos los dominicanos y dominicanas. Pero el reconocimiento sería mayor si el funcionario hubiese presentado un informe pormenorizado que pudiera justificar el pago de 70 millones de dólares por las inversiones que supuestamente había hecho la empresa para cumplir la responsabilidad de ampliación, reparación y mantenimiento de las tres principales vías del país.

Lo peor de todo es que a la DOVICON se le pagará también una indemnización de 65 millones de dólares por la rescisión del contrato, por lo que la erogación total será de 135 millones de dólares, equivalentes a más de 5,400 millones de pesos que tienen toda la configuración de una enorme estafa en perjuicio de este pueblo pobre que todavía vive en precariedad de agua potable, energía eléctrica, alcantarillados, escuelas, hospitales, viviendas y transporte.

Nos encontramos ante un escándalo de dimensiones similares al histórico caso de la Sun Land Corporation, a la que el presidente Leonel Fernández y su ministro Félix Bautista entregaron pagarés por 130 millones de dólares para venderlos en el mercado internacional y usufructuar ese dinero, bajo el entendido de que sería invertido en una serie de obras que no ejecutaron.

A diferencia de lo que ocurrió cuando trascendió el financiamiento clandestino, al margen del Congreso Nacional, esta vez casi nadie ha expresado consternación. Unos pocos periodistas y medios y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera han expresado indignación y reclamado transparencia total.

No es solo que a este país le deben la justificación de las supuestas inversiones, sino una explicación, que debía ser casi denuncia judicial, de cómo fue posible que se otorgara un contrato tan grosero, con la consiguiente identificación de los accionistas y ejecutivos de la empresa, que según se tiene entendido son colombianos y dominicanos. La normalidad con que hemos asumido ese pago de 135 millones de dólares es un indicio contundente de que aquí perdimos la capacidad de asombro. Ni siquiera hay oposición política en capacidad de clamar sanciones. Tampoco un Congreso Nacional vigilante que cumpla su responsabilidad de fiscalización y representación, en vez de estar engrosando barrilitos y cofrecitos para repartir migajas y traficar con la miseria.

Si se le suman unos 50 millones de dólares que en los meses finales del año pasado hubo que pagar como indemnización a otra concesionaria de carreteras (CODACSA) a la que también se le rescindió un contrato, el monto de pérdidas asciende a 185 millones de dólares, más de 7,400 millones de pesos.

En ambos casos se trató de contratos amarrados con los funcionarios de turno, tráfico de influencia, negocios oscuros de enormes dimensiones, que quedan en la impunidad. Por eso es que esta nación es campeona mundial en corrupción y malversación. Por eso la descomposición se traduce en tanta violencia.

Como consuelo, y en abono del ministro Castillo, hemos sabido de fuentes de total crédito que también ha renegociado el contrato de la carretera Ocoa-Piedra Blanca, reduciendo su costo en unos 150 millones de dólares, y la circunvalación La Romana, Bulevar del Este-Miches con economía de otros 90 millones de dólares.

Danilo Medina entre el querer y el poder

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/776/460x390/0/9E7F2759-B4AA-4A3E-85DC-41D3E0C56AA5.jpeg

Pocas veces un gobierno había comenzado con una situación económica tan difícil como la que enfrenta el presidente Danilo Medina, quien acabando de aprobar una traumática reforma tributaria se enfrenta de inmediato a una difícil negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implica un choque de tarifa energética.

Sin poder responsabilizar al Gobierno anterior, ni pedir excusa por el desastre heredado, ni reducir significativamente el dispendio,  el nuevo régimen puede quedar atrapado en un círculo vicioso: caída de la actividad económica que neutralice los mayores tributos y más endeudamiento para mantener la ficción del crecimiento.

  Una imposición devastadora.  A toda máquina, sin medir implicaciones que no sean apurar el trago amargo de un solo tirón, la Cámara de Diputados completó la aceleración que se inició con el desplante al Consejo Económico y Social y pasó por el Senado, sin siquiera cumplir el ritual de la segunda lectura del proyecto de reformas tributarias para reducir el oficio a unos cinco minutos.

Voceros y comentaristas alquilados celebraban con insistencia la poca magnitud de los protestantes ante el Congreso Nacional, en el perímetro de la Universidad Autónoma y en comunidades calientes del interior del país, sin calibrar la profundidad del descontento y la frustración de los sectores empresariales, organizaciones sociales y clases medias que no se manifiestan en las calles pero influyen sobremanera en el rumbo político-social del país.

La semana se cerró con un incremento de las manifestaciones y nuevas  convocatorias de protestas para hoy domingo y días sucesivos, con el deplorable asesinato del universitario Willy Florián Ramírez. Se clamaba no sólo contra el paquete tributario, sino que  maestros salieron a reclamar reajuste salarial, los jueces organizados marcharon contra la destitución de dos colegas, estudiantes fueron al Palacio Nacional a exigir mayor financiamiento a la Universidad estatal y en pueblos y barrios se protestaba la falta de agua y electricidad. En Villa Estela, Barahona, la profesora Angela Moquete quedó gravemente baleada por la Policía cuando pedía agua. Luego falleció.

La indignación general por el desproporcionado déficit presupuestario llegó con velas nocturnas portadas por jóvenes de clases medias hasta el perímetro de la Fundación Global del expresidente Leonel Fernández, blanco de todas las críticas y acusaciones, mientras el partido Alianza País que preside el reputado jurista Guillermo Moreno formalizaba una solicitud para que el Procurador General investigue las responsabilidades del líder del partido oficial y de los dos ministros que manejaron la mayoría de las construcciones, los ingenieros Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Pendiente el choque eléctrico.  Hasta los economistas más optimistas, que ahora son pocos, convienen que aún con un rendimiento óptimo del paquete tributario, con el escaso margen político mostrado por el Gobierno para recortar el dispendio, y dados los mayores compromisos de pago de deudas y de inversión en educación, el déficit presupuestario se proyecta para el próximo año en un nivel sobre el 3 por ciento del producto bruto interno, por lo menos 70 mil millones de pesos.

Para lograr un acuerdo con el FMI, el Gobierno tendría que producir una elevación de la tarifa energética. El persistente déficit fiscal y la renuencia a aumentar el costo de la electricidad fueron los factores determinantes de la interrupción del acuerdo con el organismo  en la segunda mitad del año pasado.

En los documentos públicos del Fondo quedó constancia. Por ejemplo en la carta del entonces jefe de la misión para República Dominicana, Alejandro Santos, del 19 de octubre del 2011, se pedía un esfuerzo adicional “para asegurar esa estabilidad en un momento complicado”. Señaló que la reforma del sector eléctrico “ha sido el tema más complicado”, identificando dos metas “críticas desde el punto de vista macroeconómico: adopción por ley de la tarifa técnica en el sector eléctrico, e introducción por ley de un mecanismo de flexibilización de la tarifa eléctrica”.

Santos recordaba que ya en julio el Gobierno había presentado una nueva carta de intención comprometiéndose a esos ajustes, razón por la que los directores del FMI aprobaron continuar el acuerdo, reiterando que era imprescindible “un ajuste substantivo” antes de volver al directorio. Cuantificó el ajuste en 18 por ciento y propuso un 9 de inmediato y prorratear la otra mitad en seis meses. El Gobierno prefirió dejar morir un acuerdo que le había proporcionado más de mil 500 millones de dólares.

Es obvio que el FMI tomará en cuenta que hay un nuevo Gobierno, pero hasta el ministro Montás reconoce que el choque eléctrico parece inevitable, sobre todo porque a final del año la deuda con los generadores y suplidores eléctricos, de la que también se ha quejado persistentemente el organismo, estará sobre los mil millones de dólares.

Tremendo círculo vicioso.  En todos los análisis de los economistas y empresarios emerge la preocupación sobre la magnitud de las consecuencias del paquete impositivo y se teme que el Gobierno quede atrapado en el mismo círculo vicioso en que cayó su antecesor: insatisfacción, protestas sociales, repartos para amortiguar el descontento y comprar fidelidades y silencios, y endeudamiento para sostener el crecimiento económico, mientras se acentúan las dificultades competitivas, y los déficits fiscales y de balanza de pago prosiguen debilitando la sostenibilidad económica.

En otras palabras, se ha sostenido un crecimiento sacándole dinero a la población, y casi triplicando la deuda pública en ocho años, mientras se elevaba en 70 por ciento la nómina estatal en los últimos cinco años, incluyendo los pensionados. El presupuesto nacional de 121 mil millones de pesos en el 2004, creció 150 por ciento al 2008, para triplicarse a 378 mil millones en el 2010 y pasar de 500 mil millones en este 2012, aunque sólo se presupuestó 430 mil millones de pesos. Con más de 400 mil millones de pesos en déficits acumulados en los últimos cinco años.

Las consecuencias del paquete tributario y el incremento de la tarifa eléctrica permitirían al Gobierno mantener la estabilidad y algún crecimiento económico, pero generaría mayores dificultades para los sectores productivos, para las pequeñas y medianas empresas, con el consiguiente desempleo y conflictos sociales. Para conjurarlos proseguiría el costoso clientelismo político que ha sido muy rentable.

En el medio de este panorama está la frustración de promesas y compromisos de que esta vez no habría simple parche tributario, sino un pacto fiscal integral para romper el círculo vicioso y establecer un nuevo modelo económico como reclamaron todos los eventos y documentos empresariales de los últimos años, lo mismo los celebrados informes de las consultorías a Harvard y Attalí, y la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Por suerte para el Gobierno, la personalidad del presidente Danilo Medina, con algunas acertadas disposiciones de austeridad y mejor manejo administrativo, y la concentración de la indignación hacia el ex presidente Leonel Fernández, han amortiguado el desgaste. Pero cuando comiencen a sentirse los efectos del paquete tributario, repercutirán directamente hacia Medina y su Gobierno.

Para recuperar la perdida credibilidad en las instituciones estatales se requiere mucho más medidas que reduzcan el dispendio, en niveles que el sistema partidista y político no parece en capacidad de entender. No aceptan ni que les pidan cuentas. Todavía muchos creen que Danilo Medina quiere hacer “lo que nunca se ha hecho”, aunque cada vez se teme más que no pueda. Le urge dar algunos palos contundentes a los repartos, barrilitos, cofrecitos, exoneraciones, altos salarios y pensiones, y suprimir  organismos inútiles. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre.

La negociación con el FMI

  Temprano de la semana el ministro de Economía Temístocles Montás reconoció por Teleantillas que el siguiente desafío del Gobierno es lograr un acuerdo con el FMI que le facilite acceso a nuevo financiamiento, como cuestión esencial para mantener la ya precaria sostenibilidad de la economía nacional, consciente de que el organismo reclama elevación de la tarifa eléctrica para reducir margen del déficit fiscal.

Una misión del FMI llegó el lunes para recibir informaciones preliminares sobre la forma en que el Gobierno pretende reducir el déficit fiscal que este año alcanza el nivel descomunal de los 187 mil millones de pesos y conocer del proyecto de presupuesto de  ingresos y gastos del 2013, cuyo borrador sería presentado al presidente Medina la próxima semana, con expectativa de llevarlo al Congreso antes de diciembre.

Una vez que este instrumento sea aprobado por el Congreso, lo que sería tan rápido como el parche tributario, es cuando el Gobierno presentará una carta de intención para formalizar negociaciones con el organismo internacional, lo cual el ministro Montás estimó que ocurriría ya en enero.

Pero en medio del rechazo general al nuevo parche tributario que frustró las expectativas de un pacto fiscal integral, la tasa cambiara pasaba la barrera de los 40 pesos por dólar, incrementando incertidumbres y recordando la urgencia de recursos financieros para mantener la estabilidad. Se contempla colocar entre mil y mi1 500  millones de dólares en bonos soberanos, aunque el reconocido economista José Luis de Ramón dijo esta semana en un coloquio organizado por la Cámara Americana de Comercio que el mantenimiento del tipo de cambio demandaría el próximo año contratar entre dos y tres mil millones de dólares.