Una de las mayores irracionalidades del Estado dominicano es obligar a más de un millón de automovilistas a perder horas buscando un marbete que certifica que su vehículo está apto para circular por calles y carreteras, sin la correspondiente revisión técnica, cuando todos sabemos que entre 100 y 200 mil de ellos no pasarían la más elemental prueba y que seguirán circulando sin consecuencias.
La cuestión es peor aún porque tenemos millón y medio de motocicletas a cuyos operadores no hemos podido convencer de que siquiera le saquen una placa, a pesar de que son el vehículo fundamental de la delincuencia nacional. El último plazo para dotarlos de la placa sin costo alguno venció en diciembre pasado y poquísimos hicieron caso, sin consecuencias hasta ahora.
Equivocadamente, hay quienes creen que “la revista” se mantiene por razón de recaudación tributaria. Pero ni eso, por el contrario, el costo de “la revisión”, de la impresión del marbete y el empleo de cientos de policías para verificarla, supera con creces los 45 pesos que se cobra.
El primer convencido del absurdo es el director de Tránsito Terrestre, el ingeniero Luis Estrella, un profesional honorable que ha tenido que hacer ingentes esfuerzos para reducir los robos y falsificación de los marbetes que luego se venden hasta por mil pesos en esquinas y colmados, con lo cual una alta proporción de ciudadanos se hacen cómplices de corrupción y perversión.
El absurdo es tan grande que durante un par de años el director Estrella se hizo “el caprino desquiciado” y no insistió en expedir la revista, hasta que le recordaron que es un mandato de la Ley 241, por lo que se dio un plazo hasta el 31 de diciembre para la revisión, el cual hubo que extender hasta el 31 de enero porque más de la mitad de los automovilistas no habían atendido el llamado, incluidos la gran mayoría de los propietarios de chatarras que ni se molestan en presentarse, conscientes de que no pasarán ni la revisión superficial que se hace.
Según la letra g del artículo 110 de la Ley 241, “En la revisión o revista debe comprobarse el estado general de los vehículos y sus accesorios, de las gomas, y las ruedas del guía y sus varillas, de los frenos de servicio y de emergencia, de los asientos, de la carrocería, de las luces, del tubo de escape, del silenciador, de las bocinas, del material o juego de herramientas necesarias para efectuar cualquier reparación urgente, así como de cualquier otra condición o equipo adicional requerido por esta Ley y su reglamento o que pueda requerir el Director”.
Pero en vez de requerir algo adicional, dado que, con 20 puestos a nivel nacional, tomaría varios años una revisión del total como la contemplada en la ley, el Director se conforma con ver los documentos, el vidrio delantero, el freno y las luces, lo que logran en tres o cuatro minutos por automóvil. Pero con filas que han implicado hasta 8 y 10 horas de espera, consumiendo mucho más en combustible que lo que cuesta aquello. Muchos celebran haberla obtenido en “sólo dos o tres horas”.
Como a las 100-200 mil chatarras de transporte que no podrían circular se le suma parte de los 400 mil vehículos pesados, que tampoco califican, no aparece político alguno que disponga el cumplimiento de la ley. Y si lo hicieran condenarían a cerca de un millón de personas a sufrir las consecuencias del desempleo.
Entonces es un absurdo obligar a cientos de miles de propietarios de vehículos en buenas condiciones, incluso los nuevos, a perder tanto tiempo buscando un marbete inútil. Lo correspondiente es un plan para sustituir o eliminar chatarras, con el impuesto especializado por galón de gasolina, restringirles la circulación a interdiaria, liberar de la revista a los vehículos con menos de cinco años, reconocer a todos los que mantengan un seguro superior al de ley, y revisar sin relajo. Todo eso está previsto en un proyecto de ley que hace años acarician nuestros legisladores, ocupados en repartir canastas y parte de los barrilitos y cofrecitos que se nutren del erario público.
