Por Juan Bolívar Díaz

Ante la renuncia del jefe de informática se impone la transparencia y el apego a la ley, y abandonar el proyecto de financiar observadores electorales nacionales

 Las circunstancias que rodean la renuncia del Administrador General de Informática de la Junta Central Electoral proyecta sombras sobre el organismo que deben ser disipadas con absoluta transparencia y en consulta con los partidos políticos como dispone la ley.

 También es imperativo que la presidencia de la JCE abandone lo que parece un esfuerzo por auspiciar su propia observación electoral, entrando en un ámbito suficientemente cubierto por instituciones nacionales e internacionales que gozan de reconocimiento nacional e internacional.

 Hicieron saltar a García

No es que el licenciado Miguel Ángel García renunció como Administrador General de Informática de la JCE, sino que lo hicieron saltar del cargo, según se desprende de su carta de dimisión y los anexos que la acompanan. Ningún profesional de su nivel y prestigio, que se respete, podría aceptar que un subalterno se le sobreponga con o sin apoyo de la alta jerarquía sin un acuerdo previo.

 En la JCE era público el pugilato que se verificaba por la máxima dirección del importante departamento de informática entre el administrador general y el director de Informática, ingeniero Franklin Frías. Lo que determina la renuncia del superior fue un memorándum de Frías, del 23 de agosto, dirigido a todo el personal de programación y desarrollo, base de datos, subdirectores y asistentes de informática, donde les “queda terminantemente prohibido la tramitación y/o modificación a cualquier registro de la Base de Datos de la Junta Central Electoral, solicitados por otras instancias de la institución sin la debida autorización y/o conocimiento de quien suscribe”.

 Es obvio que el director Frías pasó por encima del Administrador General, su superior jerárquico, a quien reducía a subordinado en la materia clave de las modificaciones a la base de datos del organismo que controla el registro civil y electoral de la nación, y que para hacerlo tenía que contar con la aprobación de la superioridad que no siguió el procedimiento de rigor, que implicaba un acuerdo previo con el administrador general.

El 22 de septiembre el licenciado García dirigió una carta al doctor Roberto Rosario, presidente de la JCE, en la que primero se queja de la imposibilidad de verlo y responderle personalmente un correo del 29 de agosto, en el que aparentemente se avala

La decisión de Frías, ya que expresa que se le están desconociendo sus funciones y responsabilidades, fomentando un administrador general paralelo. García le citó la resolución de la JCE que lo designó en el cargo en el 2003 y termina poniendo su cargo a disposición del presidente Rosario. Cuatro días después, el 26, presenta renuncia.

 Ironías de la vida

En la sesión del plano de la JCE del 30 de septiembre, que aceptó la dimisión de García no hubo dudas de que Frías contaba con el apoyo del doctor Rosario, quien logró los votos de la doctora Rosario Graciano de los Santos, como él proveniente de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, y del politólogo José Ángel Aquino. La rechazaron el doctor Eddy de Jesús Olivares, vinculado al Partido Revolucionario Dominicano, y el doctor César Francisco Féliz, al Partido Reformista Social Cristiano.

 Lo irónico del caso es que García fue llevado a la JCE en el 2003 como consecuencia de los reclamos que formulaban el PLD y el PRSC cuando la mayoría de los integrantes del máximo organismo electoral, bajo la presidencia del doctor Luis Arias, se inclinaba hacia el PRD que, con el control del Senado, los había designado. Entonces el ingeniero Frías, ya director de informática, era objeto de suspicacias, razón por la que se apeló a García, un reputado técnico de la empresa Mercasid, en una clásica mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado.

 Las suspicacias que predominaban a finales del 2003 estaban determinadas por el hecho de que el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, se había embarcado en una campana por su reelección. Se procuraba poner al frente del Centro de Cómputos un técnico que diera confianza a todos los actores políticos.

 La resolución 30/2003, del 1 de diciembre del 2003, no permite la menor duda, ya que tras consultar a los partidos, en la letra a del numeral 9, el pleno de jueces electorales resuelve “Aprobar el nombramiento del señor Miguel Ángel García como Administrador General de Informática de la Junta Central Electoral, estableciendo que es el funcionario de mayor Jerarquía en ese Departamento”.

Lo que ordena la ley

Tanto el memorándum de Frías como el respaldo de Rosario a su decisión de autoerigirse como mandante único del departamento del centro de cómputos de la JCE implican el desconocimiento de una resolución del organismo no solo legítima, sino también consensuada y negociada con los partidos en consonancia con un mandato de la Ley Electoral vigente.

 La JCE no puede eliminar el cargo de Administrador General de Informática ni conferir sus funciones al director del departamento sin violar la letra a de las funciones de la Cámara Administrativa, indicadas en el artículo 6 de la Ley Electoral donde se especifica que los titulares de los departamentos fundamentales, entre ellos el de Cómputos serán “designados previa consulta con los partidos políticos”.

Si se pretende modificar el organigrama de la JCE y dar facultades plenas al director, es obvio que se impone la previa consulta a los partidos, sobre todo si se quiere evitar ruidos y conflictos que revoquen los avances que la concertación y la transparencia han impreso a la administración del sistema electoral.

 La imposición, por autoritarismo o por cualquier conveniencia, de un administrador del Centro de Cómputos a la medida del presidente de la JCE implicaría un retroceso y es inevitable que genere incertidumbres y suspicacias ya en medio de un proceso electoral que se perfila altamente competitivo.

 De ahí las reacciones que la situación ha generado de parte de partidos políticos e instituciones de observación electoral, como el movimiento cívico Participación Ciudadana, que han demandado transparencia y consenso de las autoridades electorales con los actores fundamentales del sistema electoral que son los partidos. Participación Ciudadana lo hizo en el 2003 junto con otras instituciones que constituyeron una Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad.

 No deben financiar observadores

Otro elemento que tiende a crear incertidumbres y que la JCE debe despejar es el interés que muestra su presidente Roberto Rosario por auspiciar, incluso con financiamiento, grupos de observación electoral, lo que se podría interpretar como intento por influir en una instancia que tiene que caracterizarse por la independencia de los actores y el arbitraje.

 Durante una reunión en Bruselas, Bélgica, el 20 de junio pasado con el director de la División para América Latina del Servicio Exterior de Acción Europea, Tomas Dupia Delmoral, y Jolita Butkeviciene, directora para América Latina y el Caribe de la Cooperación Europea, el presidente de la JCE les solicitó el envío de observadores a los comicios del 2012, lo que ha sido normal en los procesos electorales. Lo novedoso es que también les pidió fondos “para el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil dominicana para la implementación de programas de observación electoral”. Le respondieron que el país no es prioridad por los avances registrados en ese campo.

 La doble petición fue publicada en periódicos dominicanos, aunque el pleno de la JCE no ha decidido financiar la observación electoral de la sociedad civil. Desde los comicios de 1996, Participación Ciudadana ha venido realizando programas de observación electoral, con la aceptación de las autoridades electorales y los partidos políticos. Estos la han aplaudido especialmente cuando están en la oposición o en desventaja en los órganos del arbitraje electoral.

 Participación Ciudadana ha realizado también conteos rápidos, reconocidos como de alta precisión, por organismos nacionales e internacionales que han financiado el movimiento cívico, el cual nunca ha buscado ni tenido financiamiento del gobierno, de la JCE o de los partidos. Sí de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la Unión Europea, de la Cooperación Española, de Canadá y otras agencias internacionales. Esa observación ha contado con la participación de decenas de organizaciones sociales dominicanas, desde empresariales, hasta religiosas y comunitarias y también en coordinación con misiones de observadores de la Organización de Estados Americanos, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral para América Latina y otras entidades.

 En las dos últimas elecciones también otras entidades, como el Colegio de Abogados, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Movimiento Cívico Toy Jarto pero creo en mi país han realizado observación electoral, sin recibir financiamiento oficial.

 Precisamente para este miércoles 5 de octubre la JCE había convocado a una serie de organizaciones sociales para estimularlas a la observación electoral, esfuerzo que parece innecesario. Pero cuando los dirigentes llegaron al local del organismo, en medio del conflicto por la renuncia del administrador de Informática, se les informó, sin dar razones, que la reunión estaba aplazada.-