Por proporción poblacional, territorial y tamaño de la economía, la República Dominicana, junto con Panamá, lidera ampliamente el nivel de los sobornos internacionales por 788 millones de dólares, 92 millones en el país, admitidos por la constructora brasileña Odebrecht en el mayor escándalo internacional de corrupción documentada.
Aunque la Procuraduría inició investigaciones esta semana, las implicaciones políticas de gobernantes hace temer que corran la misma suerte de los expedientes de corrupción instrumentados contra los funcionarios y dirigentes del partido oficial Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, o de los casos Sun Land y aviones Tucanos.
RD y Panamá son lideres. Ratificando evaluaciones como las del Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional que sitúan a la República Dominicana en los más altos niveles de corrupción, en los sobornos en 12 países por 788 millones de dólares reconocidos por la constructora brasileña Odebrecht, lídera el escándalo, junto con Panamá, atendiendo a la proporción poblacional y tamaño territorial y de la economía.
Según el acuerdo de Odebrecht con las autoridades judiciales norteamericanas, esa empresa pagó en sobornos en el país 92 millones de dólares del total de 788 millones en once naciones latinoamericanas y Angola, entre el 2002 y 2014 para cerrar más de un centenar de contratos de obras. El mayor monto fue en Brasil por 349 millones de dólares, y luego en Venezuela por 98 millones, dejando al país en tercer lugar, seguido por Panamá con 59 millones de dólares.
Brasil, la mayor economía latinoamericana, con población veinte veces superior y un territorio 176 veces mayor que RD, sólo cuadruplicó su monto. Venezuela 7 por ciento más, aunque triplica en población y es 20 veces mayor en territorio. Fuera de Brasil los sobornos sumaron 439 millones de dólares, el 21 por ciento en Dominicana. Perú está sacudido por el escándalo aunque sólo recibió 29 millones de dólares, con triple población y 27 veces el territorio dominicano. Panamá es el líder del escándalo, con 59 millones de dólares, pero menos de la mitad poblacional, aunque 60% más de territorio.
El maletín de Angel Rondón. Aunque arrancó con tres semanas de retraso, compelido por la consternación nacional, el procurador general dominicano Jean Alain Rodríguez inició el martes las investigaciones, interrogando al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, tras lo cual aseguró que éste identificó al representante comercial de la firma, Ángel Rondón Rijo, como el receptor de los 92 millones de dólares para sobornos, lo que negó el abogado del brasileño, quien recibió un plazo de tres días para entregar toda la información.
Desde el principio era vox populi la implicación de Rondón, denominado como “el hombre del maletín”, con amplio récord de vinculación a escándalos de corrupción, de todos los cuales ha salido libre, incluyendo las quiebras del Banco Domínico-Hispano, y de Baninter, del tráfico del Plan Renove, y su nombre aparece en los “Panamá Papers”. Sus vínculos con políticos y gobernantes se iniciaron en el gobierno de Jorge Blanco y pasaron por los sucesivos gobiernos de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Ha conseguido contratos de diversas especies con organismos estatales.
Rondón admitió haber recibido “más o menos esa suma”, pero adujo que por comisiones de contratos. El Procurador le dio plazo de tres días para presentar comprobantes de los pagos y las cuentas bancarias, cuyo récord deberá indicar cómo se distribuyó tan alta suma, equivalente a más de 4 mil 300 millones de pesos. No se especificó si le pidieron constancia de haber pagado impuestos por esos ingresos personales, que deberían superar los mil millones de pesos. Lo que parece una buena coartada, choca con la confesión de sobornos de la Odebrecht ante la justicia norteamericana y su compromiso de pagar por eso una multa de 2,500 millones de dólares.
Una tecla muy peligrosa. Pese a la reciente gestión del procurador Rodríguez, prevalece la desconfianza, por los precedentes de grandes casos de corrupción quedados en la impunidad, aún después de sólidos expedientes del ministerio público, como los de los dirigentes del PLD Félix Bautista (por 26 mil millones de pesos) y Víctor Díaz Rúa, o el escándalo de los pagarés por 130 millones de dólares, que el expresidente de la Suprema Corte Jorge Subero admitió que se le dio una salida política y el de los aviones Tucanos.
El caso de Odebrecht es tan complejo que podría alcanzar altos niveles de los últimos gobiernos, cuyos presidentes sostuvieron relaciones directas con estamentos políticos y empresariales envueltos en la gran corrupción brasileña. Danilo Medina viajó a Brasil, como candidato en el 2011 y como presidente electo en julio del 2012. Se reunió con altos funcionarios de la Odebrecht y luego recibió al presidente Lula da Silva, bajo investigación por presunta responsabilidad en los escándalos.
Joao Santana, procesado por la corrupción de Petrobras y Odebrecht, fue asesor de las dos campañas electorales de Medina, y salió de aquí el 22 de febrero pasado reclamado por la justicia para ser apresado y procesado junto a su esposa Mónica Maura, bajo graves cargos. Las investigaciones de los periódicos brasileños revelan que recibió millones de dólares para campañas políticas que dirigió en varios países.
Esta semana el consorcio de investigación IDL Reporteros, que dirige el reputado periodista peruano Gustavo Gorriti, publicó un entramado de “Lava Jato en la República Dominicana”, mediante el cual la Odebrecht, entre 2013 y 14, realizó 16 transferencias de fondos por 3 millones 896 mil 450 dólares a la empresa Cine y Art 2013, registrada en Santo Domingo por el brasileño Marcelo Mascarenhas Kertész, vinculado al publicista Joao Santana, y con sede en el mismo local de la empresa de éste en Santo Domingo, la Polis Caribe, que ya antes había sido vinculada a otros financiamientos políticos millonarios.
La comisión Catalina. Las dimensiones del escándalo Odebrecht, con anuncios de reparaciones por los sobornos de 59 millones de dólares en Panamá, y por los 11 millones de dólares en Colombia y un adelanto de 8.9 millones de dólares en Perú, y la convocatoria de una protesta nacional pusieron presión, que en parte explicarían el decreto presidencial 6-17 que nombró a diez personalidades para investigar lo concerniente a la licitación y adjudicación del contrato a la Odebrecht para las plantas eléctricas de Punta Catalina, cuestionadas desde su ejecución en el 2013,por un comité de licitación integrado por el administrador de la CDEEE, Rubén Bichara y tres subalternos. De los otros tres integrantes, el entonces asesor económico de la presidencia Isidoro Santana y el experto energético Ramón Flores, no la avalaron.
Como presidente de la comisión apareció Monseñor Agripino Núñez Collado, miembro del consejo directivo de la constructora Estrella, socia nacional de Odebrecht en las obras físicas de las mismas plantas. Su renuncia a la empresa, no a la comisión, anunciada el viernes, no disipa el dislate ético. La comisión presidencial fue cuestionada también por haber incluido al ingeniero César Sánchez, ex administrador de la CDEEE y actual consultor de la misma, quien negoció y firmó el contrato con la Odebrecht para la presa de Pinalito en el 2004. Tampoco lució acertado incluir a Jaime Aristy, un reputado economista, pero consultor del Gobierno y a un pastor evangélico poco conocido.
Uno de los comisionados reconoció que la tarea no es cuestión de días, ni de semanas, que requiere especialistas y mucho trabajo, y que si se buscaba credibilidad, debió encargarse a una empresa de auditores internacionales.-
