Proceso con graves retrocesos institucionales y democráticos

Por Juan Bolívar Díaz
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La resistencia del partido dominante a aprobar las leyes de partidos y del régimen electoral, que persiguen regulaciones democráticas, desconociendo consensos y compromisos, es una de las mayores falencias del proceso, auspiciando un virtual desmantelamiento del viejo sistema de partidos.

Paquete de 4,106 cargos. La escogencia en la misma jornada este 15 de mayo de los 4,106 cargos electivos del Estado es una regresión de la reforma política aprobada tras la crisis poselectoral de 1994, que incluyó la no reelección también abrogada, después de años de consensos sobre la base de que el presidencialismo arrastra los candidatos legislativos y municipales, y deteriora la independencia de los poderes.

El pretexto para reunificar las elecciones con la Constitución del 2010, fue que con elecciones cada dos años, el país vivía siempre en campaña, lo que no cambió puesto que la promoción de candidaturas se inició tan pronto culminaron los comicios presidenciales del 2012, con un gasto sin precedente que se paga con el dinero público.

Hay testimonios de que candidatos a diputados, los que tienen que buscarse su propio apoyo por la vigencia del voto preferencial, han gastado sumas que llegan a los cincuenta millones de pesos, encareciendo el costo de la política, determinando el predominio de los que reúnen más dinero, sin importar su origen, y dejando fuera de competencia a los más honrados o provenientes de segmentos sociales desposeídos. Al haberse suprimido las elecciones primarias en el PLD a muchos hubo que devolverles lo gastado, en especies como cargos, y contratos de compras y obras. .

La “maldita reelección” . Como casi todos los que han alcanzado estabilizarse en la presidencia de la República en toda su historia, el presidente Danilo Medina sucumbió a la tentación de buscar la “maldita reelección”, que como él recitaba antes de su elección, deteriora la institucionalidad democrática y subordina el interés nacional al continuismo.

Esta vez, como tantas otras, hubo que modificar la Constitución para posibilitar la repostulación, y a diferencia de las anteriores, ahora no se “conquistaron” legisladores a título personal, sino por bloques enteros, desde luego con los recursos del Estado y en un mercado público, denunciado hasta ante un ministerio público que no quiso investigarlo.

Otro agravante fue que esta vez se pactó para archivar graves expedientes de corrupción, como el del senador Félix Bautista, y para garantizar la repostulación de todos los senadores y diputados del partido gobernante, y la prolongación de los dirigentes, dando una patada mortal a la democracia interna, a los estatutos, la ley electoral y los principios constitucionales.

Fue relevante que el bloque de diputados reformistas también apoyara la reforma constitucional que posibilita la repostulación de Medina, para luego terminar enfrentándola al pactar con la mayor fuerza emergente de oposición, el Partido Revolucionario Moderno /PRM) salido del desguañangue del PRD.

Nadie podía esperarlo. Debe ser inédito que un partido que obtuviera el 47 por ciento en unas elecciones, como ocurrió con el Revolucionario Dominicano (PRD) en el 2012, terminara a los cuatro años a la cola del vencedor, en un oscuro pacto que apenas materializa una embajada y la dirección de un ente de cuarto nivel, el IDECOOP, en base a promesas de cargos y sin garantizarle ni una alcaldía importante.

La joya política de este período fue la culminación del desmantelamiento del viejo sistema de partidos con el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) venía compitiendo, para garantizarse un largo predominio. Con el reparto de parcelas estatales, contratos y empleos públicos segmentaron primero el Partido Reformista Social Cristiano sin el que no hubiesen alcanzado el poder en 1996, ni lo hubiesen retenido en el 2012, y conformaron una coalición de una docena de pequeñas agrupaciones políticas.

En los comicios presidenciales del 2012, el PRD consiguió 200 mil votos más que el PLD, 42 a 38 por ciento. Los aliados de los peledeístas le aportaron 13 por ciento, 6 de ellos los reformistas, con un desbordamiento del Estado que incluyó un exceso fiscal de 159 mil millones de pesos, sólo en el gobierno central.

De ahí salió la estrategia de desmantelar al PRD, apoyada en el deterioro de sus organismos como consecuencia del abandono de los procedimientos democráticos, y aprovecharon las debilidades de su presidente Miguel Vargas Maldonado, quien con una minoría se negó a apoyar la candidatura de su partido, sembrando una división que resultaría irreversible. Para ello contó con múltiples favores gubernamentales, incluyendo contratos opacos, y sobre todo el apoyo del Tribunal Superior Electoral integrado por jueces dirigentes del PLD y del mismo grupo de Vargas, que fallaron sistemáticamente para favorecer a la minoría hasta cuando esta impidió a tiros la participación de la mayoría en procesos internos.

Una oposición fragmentada. La manifiesta incapacidad de los opositores para concertar reclamos de equidad y pactar siquiera en niveles locales, con siete candidaturas, redujo las posibilidades de crear una sinergia de “todos contra el monstruo”, aunque el PRM ha logrado en poco más de un año de constituido convertirse en la principal alternativa, beneficiándose en las últimas semanas de la tradicional tendencia a la bipolarización.

Los analistas no advierten posibilidad de que el PRM pueda superar la ventajas que ha registrado la candidatura reeleccionista en las encuestas. De todas formas gastarán todas sus energías en la última semana de campaña, contando con una reacción del electorado al enfrentarse a las urnas, como ocurrió en los últimos dos años en Costa Rica y Panamá, donde ganaron los que aparecían en tercer lugar en las encuestas.

Entre los imponderables están la posibilidad de que la parte del PLD aplastada por el proyecto reeleccionista, encabezada por su anterior líder Leonel Fernández, diversifique sus votos temiendo que una victoria muy amplia del presidente Medina y su grupo, suponga su muerte política definitiva. En muchas provincias y municipios las divisiones internas del PLD podrían generar resultados imprevisibles.-

Sentencia golpea al PRM y genera incertidumbres

Por Juan Bolívar Díaz
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La sentencia del Tribunal Superior Electoral TSE emitida el viernes, mediante la cual reconoce al doctor Rafael Suberví Bonilla como candidato a alcalde del Distrito Nacional crea una crisis al Partido Revolucionario Moderno y genera incertidumbre en todo el sistema político, con graves dificultades para elegir democráticamente sus candidatos.

Aunque pretende fundamentarse en la Constitución y en los estatutos del PRM, el dispositivo de la sentencia no alude a una asamblea de delegados ni a un padrón de militantes formalmente convocados para escoger la candidatura a alcalde capitalino, más allá de un listado de miembros que apoyan las aspiraciones de Suberví.
Proclamarían a Collado. La decisión del TSE llegó cuando la Comisión Nacional Organizadora de la Convención del PRM, presidida por la doctora Milagros Ortiz Bosch, se aprestaba a proclamar al joven emprendedor David Collado como candidato a la alcaldía del DN, tras la realización de una encuesta, método que figura entre los mecanismos estatutarios de la organización.

Según lo trascendido, Collado había alcanzado un 44 por ciento, Fello Suberví 21, Faride Raful 7 y Luis Felipe Rosa 2 por ciento, con un 21 por ciento que dijo no preferir a ninguno. Según el doctor Antoliano Peralta Romero, coordinador legal de la comisión de campaña del PRM, el artículo 103 de sus Estatutos prevé que los candidatos podrán ser electos mediante votación primaria, encuestas, consenso, consultas o reservas y que corresponde a la dirección ejecutiva proponer cualquiera de ellos a la Comisión Política, que tiene facultad para decidir, como está haciendo en todas las jurisdicciones.

Peralta precisó que Suberví Bonilla se había inscrito para participar en la encuesta, aunque mantuvo reservas en una nota escrita, sobre la legitimidad del sistema de encuestas, adoptado por ese partido, por un lado porque carece de recursos económicos para organizar primarias en todos los municipios y como mecanismo para evitar el desenfreno de luchas internas y la distracción de la militancia.

Los perremeístas hierven de indignación contra el tribunal y han atribuido el dictamen al interés del partido de Gobierno que, siempre han sostenido, controla ese órgano judicial. El PRM nació como consecuencia de una serie de fallos del TSE que contribuyeron a la división del Partido Revolucionario Dominicano, siempre en beneficio de su presidente Miguel Vargas Maldonado, que ahora apoya las candidaturas del PLD.

Sentencia ambivalente. El dispositivo de la sentencia TSE-003-2016 deja confusión por cuanto en el numeral 3 “acoge parcialmente” la acción de amparo incoada por Suberví, indicando que “ha comprobado la violación del derecho fundamental a elegir y ser elegible del accionante, previsto en el artículo 22 de la Constitución de la República”. Luego lo reconoce como candidato a la Alcaldía del DN por el PRM, asumiendo que su escogencia se hizo “conforme a lo previsto en los estatutos del indicado partido”, citan el 54, 55 y 103. Pero a continuación, el TSE ordena al PRM “continuar con el procedimiento establecido en sus estatutos”, sin especificar a qué se refiere, si será convocar una asamblea de delegados para que apruebe la elección, en cuyo caso todavía el tribunal no puede considerarlo candidato, o si continuar es inscribirlo ante la Junta Central Electoral.

Esta sentencia podría ser una más donde el tribunal integrado en su mayor parte por personas comprometidas con el PLD y el PRD, se rinde ante los que los designaron. Su decisión está basada en una lista de más de mil militantes y dirigentes del PRM en el DN presentada por Suberví, pero se ignora cómo pudieron los jueces establecer su autenticidad, y qué proporción representan de la totalidad.

Tendrían que citar un padrón o una certificación de los organismos superiores del partido sobre delegados electos, o dar cuenta de una asamblea previa y públicamente convocada para escoger el candidato, sin la aprobación de la Dirección Ejecutiva ni la Comisión Política del PRM, como también dispone el citado artículo 103 de los Estatutos. Peor aún, el Tribunal consideró que se habían violado los derechos del accionante antes que fuera proclamado otro candidato ni realizada la correspondiente asamblea de delegados que ratificaría la elección, donde él podría hacer valer sus derechos. También sin que él hubiese apelado a los organismos superiores de su partido.

Muchas incertidumbres. La decisión del TSE genera muchas incertidumbres en el proceso de escogencia de las candidaturas para los 4 mil 106 cargos en juego en los comicios de mayo próximo. Podría alentar una lluvia de impugnaciones a otras candidaturas ya escogidas o en proceso de encuestas por el PRM y otros partidos, incluyendo al gubernamental PLD.

De hecho hasta la candidatura presidencial del presidente Danilo Medina fue impugnada a mediados del año pasado por el abogado santiagués Hipólito Polanco, quien alegó que no se le permitió optar por la misma, decidida por el Comité Político del PLD, que lo presentó como único precandidato.

El golpe al PRM deja mal parada la decisión del Comité Político del PLD, que integrado por 35 personas, pactó el año pasado la repostulación de todos los senadores, diputados y alcaldes del partido, desconociendo los derechos de cientos de dirigentes y militantes que aspiraban a esas candidaturas. El PLD sólo escogió por elección primaria una docena de candidatos a diputados y medio centenar de candidatos a alcaldes, en localidades donde otros partidos le habían ganado en el 2010.

Como hay más de doscientas impugnaciones a esa elección parcial, la “amplitud democrática” del TSE también podría alentar procesos recurrentes de los que se consideren afectados, aunque el disfrute del poder sin la menor transparencia, siempre dejará espacio para compensaciones disuasorias.

A un año de las elecciones predomina la incertidumbre

Por Juan Bolívar Díaz
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Al iniciarse la cuenta regresiva del año para las elecciones generales de 2016 el panorama nacional se configura incierto, a la expectativa de cómo saldrá el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la profunda crisis determinada por la confrontación que protagonizan sus dos principales líderes por la candidatura presidencial.

Aunque la candidatura de Luis Abinader por el nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha arrancado con buenos augurios, está pendiente que pueda configurar un frente de oposición que arrastre las expectativas de cambio que se anidan en diversos y dispersos segmentos sociales insatisfechos por la gestión peledeísta de la última década.

De nuevo serán generales. Ya hay cinco candidatos presidenciales pero casi todo parece girar sobre la incertidumbre en que está sumido el partido que ha gobernado en cuatro de los últimos cinco períodos. Los candidatos proclamados, además de Abinader, son Miguel Vargas Maldonado y Federico Antún, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y por el Reformista Social Cristiano, los dos que dominaron tras la liquidación de la tiranía de Trujillo hace más de medio siglo. También han sido postulados Juan Cohén, por el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, y Fidel Santana por el Frente Amplio, aunque este último apoyará a Abinader, por ser parte del proyecto de Convergencia de la oposición.

Los comicios programados para el 15 de mayo del 2016 volverán a ser generales, con la elección de 4,213 legisladores y autoridades municipales, lo que no ocurre desde 1994 cuando el último fraude electoral de Balaguer se saldó con una reforma constitucional que prohibió la reelección del presidente y separó su elección de los legisladores y autoridades municipales.

La elección de 32 candidatos a senadores, 190 a diputados, 156 a alcaldes y sus vicealcaldes, 228 directores municipales y más de tres mil regidores y vocales representa un gran desafío para partidos con débiles mecanismos democráticos.

La incertidumbre se extiende también hasta los organizadores y árbitros de los comicios, la Junta Central Electoral y sobre todo el Tribunal Superior Electoral, sumidos en el descrédito, por el control que sobre los mismos se atribuye al PLD y su líder, el expresidente Leonel Fernández, que empeoraría si este termina de candidato presidencial oficialista. Dirigentes opositores, especialmente del PRM, han sostenido que las actuales autoridades electorales no garantizan elecciones libres. Otro ingrediente conflictivo es el empeño del PLD por imponer una Ley de Partidos ignorando el consenso político y social y por evadir la ley orgánica del sistema electoral que reglamentarían partidos y proselitismo.

Los costos de las salidas. Que no se pongan de acuerdo, sea que el poder presidencial y la mayor posibilidad electoral de Danilo se impongan doblegando o sobornando a los legisladores leonelistas, o que estos impidan la reforma constitucional, impactará sobre el escenario preelectoral y los comicios mismos, aunque no haya una división formal, pues todos prefieren la negociación, dificultada por acumulación de enconos hasta personales que hacen difícil recoger toda la sangre y leche derramada.

La mutua desconfianza hace que ninguno crea que el otro dejará de utilizar el poder para aplastarlo, sea que predomine la reelección o vuelva Leonel al poder, por lo que algunos creen que la salida es “ni uno ni otro”, lo que se rechaza por la baja popularidad acumulada por el resto de los precandidatos, aunque uno unitario podría recibir gran parte de las preferencias que se manifiestan por los dos líderes.

La salida que más se señala entre los peledeístas, y se refleja en las declaraciones y escritos de sus parciales que prefieren a Danilo como “camino más seguro”, es el sacrificio del expresidente, otorgándole una alta cuota de candidaturas legislativas y municipales, para garantizarle que no se sienta o pueda ser aplastado por el poder danilista extendido.

Queda la posibilidad de que el Presidente decline la postulación para no exponer su imagen y concluir su Gobierno con alta aprobación y como reserva casi segura para volver en el 2020, ya que cualquiera que gane ahora no podrá reelegirse. Él reclamaría la alta cuota legislativa y municipal para no ser aplastado en caso de que Leonel gane. Así evitaría el alto costo económico, moral e institucional que conllevaría una imposición con poca legitimidad hasta en el PLD, o un “pacto de impunidad” con los leonelistas.

Perspectivas de la Convergencia. En el panorama actual, el otro elemento clave de las perspectivas para los comicios es la suerte que corra el proyecto de “Convergencia por un Mejor País” y las posibilidades de convertirlo en un gran frente opositor, sumando a los 8 grupos políticos que ya la integran, los partidos que encabezan Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Max Puig y Hatuey de Camps y propiciando una alianza estratégica con organizaciones populares y sociales y sectores empresariales saturados del desgaste del largo dominio peledeísta.

Las encuestas y los resultados de la convención del Partido Revolucionario Moderno han indicado que quien más posibilidades tiene de encabezar las candidaturas de la Convergencia es Luis Abinader, aunque los mermados seguidores de Miguel Vargas (también según las encuestas) creen que debe ser él por las viejas siglas perredeístas.

Junto a Hipólito Mejía, que se ha crecido apoyándolo firmemente, Abinader tiene el enorme desafío de concertar con tan disímiles sectores reconociéndoles a todos su importancia, para lo cual será fundamental que controlen las ambiciones de los perremeístas que ya se lanzan en tropel tras las candidaturas legislativas y municipales que tendrían que ser subordinadas a la Convergencia y su anunciado Plan de Nación.

En los procesos anteriores. A un año de las tres elecciones presidenciales anteriores, el panorama configurado en el Tema de Hoy, con el mismo autor, tenía parecidas características:

En mayo de 2003 el Tema de Hoy titulaba “La quiebra de Baninter es una tragedia nacional”. Tenía en jaque al Gobierno y el PRD. La JCE atravesaba por una crisis de legitimidad. El 19 de julio el título resumía: “El presidente Mejía debe abandonar la reelección”. Pero impuso su repostulación en enero del 2004, dividiendo su partido. Leonel corría solo como candidato del PLD y el PRSC se dividía tras elegir a Eduardo Estrella.

El 19 de mayo de 2007, El Tema de Hoy se titulaba “La reelección pone a prueba los avances democráticos”. El 6 de mayo Leonel y el Estado ya habían vencido a Danilo, como este afirmó, sembrando la semilla de la actual confrontación. Se discutía la necesidad de reglamentación electoral. Lo reclamaba el CONEP, la Conferencia Episcopal, Participación Ciudadana y muchas otras voces. Miguel Vargas ya era candidato presidencial del PRD y el reformismo daba bandazos.

El 15 de mayo de 2011 se titulaba “Hipólito sale con buen pie”, encabezando las preferencias con 48.7 por ciento en Gallup-HOY. Ya Leonel había desistido de repostularse pasando por encima a su propia Constitución, y Danilo sería electo candidato el 26 de junio. Seguía el debate sobre la necesidad de reglamentación electoral. El 29 de mayo el presidente de la JCE, Roberto Rosario, anuncia los proyectos de Ley de Partidos y Ley Orgánica Electoral, con asesoría de la OEA. Fueron enviados al Congreso en septiembre y a casi 4 años siguen relegados.

El deterioro del PLD

El tiempo que tome el PLD en salir de su crisis y la forma en que lo logre, incluyendo el costo institucional y económico, incidirán sobre el panorama de cara a los comicios. Va a cumplirse un mes desde que el 19 de abril estalló la confrontación con la decisión de disponer una reforma constitucional para viabilizar la repostulación del presidente Danilo Medina y no se advierte aún cómo podrá ser conjurada. Se afirma que esta semana fracasaron mediaciones externas para reunir a Medina y Leonel Fernández, como antes tampoco surtieron efecto esfuerzos de dirigentes partidarios.

No se ha publicado alguna encuesta que mida los efectos de esta crisis, pero circulan versiones de que algunas mediciones privadas comienzan a registrar declive de las preferencias por el PLD, acentuando el que viene teniendo el expresidente Fernández, y hasta de la alta aprobación que ha impulsado el reeleccionismo danilista.

La prolongación de la crisis reproduce la división y el encono en la dirección media y las bases peledeístas incrementando las posibilidades de que termine en una fragmentación, más aún teniendo en cuenta los apoyos externos, incluso entre los aliados políticos, que tiene Fernández, el gran líder triunfador de casi dos décadas.

El desplome de la imagen de armonía que vendía el peledeísmo y las mutuas descalificaciones se reflejarán en el electorado. Y en la medida en que se fortalezca una alternativa de oposición, afectarán hasta la alta popularidad del mandatario, en parte determinada hasta ahora por el rechazo a su antecesor y la falta de alternativa en la oposición que los gobiernos peledeístas absorbieron o ayudaron a dispersar.

 

 

Hipólito Mejía debería liderar la Convergencia

Por Juan Bolívar Díaz

Ante el éxito que cosecha el sector mayoritario del Partido Revolucionario Dominicano encabezado por Hipólito Mejía y Luis Abinader en las movilizaciones de masas que protagonizan, además de lo que siguen marcando las encuestas, muchos comienzan a discutir cuál sería el papel a jugar por el primero en la Convergencia que gesta junto a una decena de grupos políticos.

En lo inmediato Mejía ha evadido hablar de candidatura presidencial, priorizando la necesidad de construir una fuerza política alternativa que ocupe el espacio de la oposición que la crisis del Partido Revolucionario Dominicano ha dejado vacío, lo que lo coloca en perspectiva de constituirse en un líder unificador.

Un PRD sin perspectivas. Tal como se le ha concebido, la “Convergencia por un Mejor País” representa una alternativa de nueva fuerza política, llamada a encabezar la oposición a la prolongación en el poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), especialmente para la mayoría del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader, conscientes de que la crisis de su partido se prolongará indefinidamente por la imposibilidad de restablecer procedimientos democráticos.

La primera decisión del Tribunal Superior Electoral contra Vargas Maldonado, esta semana, suspendiendo su proceso de elección de dirigentes hasta que entregue el padrón de miembros del partido reclamado por Guido Gómez Mazara, quien lo enfrenta como candidato a presidir el partido, renueva las expectativas de quienes todavía creen en la posibilidad de reunificación del perredeísmo, sobre todo de quienes se aferran al nombre y la mística que han dado vigencia de 7 décadas a ese partido.

Pero al mismo tiempo, hay quienes estiman que esa decisión puede operar como distracción y es indicadora de cuántos incidentes tendrían que ser superados no solo en la renovación dirigencial, sino sobre todo cuando se trate de escoger candidatos. Para un veterano dirigente político como Fafa Taveras es inconcebible competir en un certamen donde el presidente titular del partido y aspirante a mantenerse en el cargo y a la candidatura presidencial ha escogido a sus incondicionales como árbitros y se niegan a entregar el padrón de electores.

Los incidentes se sucederían sin límite de tiempo, manteniendo el desgaste del partido con el rechazo de la población que ha reducido sus simpatías a la mitad del 41 por ciento de los votos que obtuvo hace dos años, aparte del 6 por ciento que aportaron sus aliados. Eso mientras en el PLD una decena de dirigentes se mueven tras la candidatura presidencial, cuatro de ellos en abierta campaña y la mayoría de los senadores lanza la precandidatura del expresidente Leonel Fernández.

Liderazgos aglutinadores. Parece obvio que tanto los perredeístas inconformes con el rumbo de su partido como La Convergencia necesitan liderazgos aglutinadores, que no pueden constituirse solamente sobre la base de precandidatos. Ese trabajo lo vienen haciendo profesionales sin partido, pero tendría que implicar a algunos provenientes del perredeísmo. Es de los mayores desafíos de La Convergencia, dada la dispersión que ha caracterizado no solo a los perredeístas, sino también a los izquierdistas y hasta a la sociedad civil. Quien luce con más posibilidades de encarnar ese liderazgo es Hipólito Mejía, a quien se tiende a subestimar en parte porque él mismo con frecuencia abusa de la espontaneidad y sacrifica la planificación. Su vigencia política está determinada por su capacidad para acercarse a la gente, porque hace reir, porque proyecta bonhomía y por sus extraordinarias energías para la actividad política.

A menudo se olvida que el expresidente registró el 47 por ciento de los votos en la presidencial del 2012, luchando contra un frente de 14 partidos encabezado por el gobernante que utilizó todo el Estado e invirtió cerca de RD$100 mil millones por encima del presupuesto, aparte del caballo de Troya que representó el presidente de su propio partido. Se le echan en cara los errores derivados de su espontaneismo, olvidándose lo que aporta su condición personal.

Como también se le responsabiliza excesivamente de la crisis bancaria que hundió su gestión de Gobierno, tras una primera mitad con buena aprobación que permitió al PRD barrer en la elección legislativa y municipal del 2002, aunque la bomba Baninter estaba armada desde antes de su ascenso al poder. Lo que sí fue un grave error, y él lo ha reconocido, fue la reforma constitucional para buscar una reelección imposible en medio de las graves consecuencias de la crisis financiera.

La mejor inversión de HM. Expulsado del PRD por quienes mantienen secuestrado ese partido, con dos fracasos electorales consecutivos, una precandidatura de Hipólito dividiría el “PRD Mayoritario”, habida cuenta de que Abinader lleva más de un año corriendo, y podría liquidar La Convergencia. Nadie debe dudar que él conseguiría una candidatura de consideración, pero para volver a luchar contra el partido-Estado y ahora sin el nombre y los símbolos del PRD, que con Vargas Maldonado conseguiría restarle muchos más votos que hace dos años.

Próximo a los 75 años, sobre el promedio de vida de los dominicanos, no debería procurarse una tercera derrota que ahora podría ser catastrófica, porque tendría más dificultad para sumar seguidores fuera de los ámbitos perredeístas. Y porque ya no puede sembrar para cosechar votos en un futuro político que entonces no tendría.

Hay indicios y versiones de que Hipólito Mejía y su familia están conscientes de lo adverso que les resultan la circunstancias, pero que él también sabe que podría jugar un papel preponderante liderando una Convergencia llamada a crear nuevas ilusiones políticas en un país desencantado de un partidarismo tan profundamente corrompido, fundado en el clientelismo y el rentismo, en la malversación del patrimonio público y de espalda a los procedimientos democráticos.

Hipólito, que ya fue presidente de la República y otras dos veces candidato, podría dar un ejemplo en un país donde los políticos de su nivel, como el liderazgo en general, no concibe el retiro y cree que tras ellos llega el diluvio. Y si pone todas sus energías al servicio de una “Convergencia por un Mejor País”, con un programa razonable de necesarias reformas económico-sociales y políticas, podría tener un colofón para la historia.

Al no ser candidato, Mejía podría convertirse en líder y árbitro inspirador del proyecto de Convergencia, abriéndolo a todos los sectores que anhelan el rescate de la política. Si de una competencia sana y corta, con igualdad de condiciones para todos los precandidatos, con padrón universal como proponen los propulsores del proyecto, sale un candidato más joven que encarne las aspiraciones y demandas nacionales, por lo menos quedarían como opción alternativa y liquidarían la minoría que secuestra el PRD, lo que hasta permitiría su rescate, dado que han dicho que no renuncian al mismo.

Contrario a lo que algunos creen, nada está definido para el 2016 y el agotamiento de la capacidad de endeudamiento del Estado augura graves dificultades presupuestarias para los próximos años.

Las insatisfacciones crecerán, a pesar del buen desempeño personal del presidente Danilo Medina, quien tiene impedimento constitucional para la reelección, y en su partido soplan vientos de confrontación. Hay espacio para una nueva opción de oposición, aunque esa construcción no parece fácil.

El dilema Hipólito-Abinader

La confusión parece predominar en sectores perredeístas sin un líder que los aglutine, lo que en la historia de ese partido fue decisivo, primero con Juan Bosch y luego con José Francisco Peña Gómez. Las encuestas del último año han indicado un fortalecimiento de Luis Abinader como opción a la candidatura presidencial, por la que trabaja abiertamente, beneficiándose del hecho de que no ha ocurrido lo mismo con Hipólito Mejía, quien comprende que una competencia entre ellos los liquidaría a ambos, por lo menos de cara al 2016, pues aumentaría la dispersión entre los perredeístas y contaminaría el nacimiento de La Convergencia.

Hipólito y Abinader aparecen en las tres últimas encuestas Gallup-HOY liderando las tres cuartas partes de los que se consideran perredeístas, pero en partes casi iguales, con ligera ventaja del segundo. Juntos harían de La Convergencia una real opción alternativa, sobre todo si llegan alentando la unidad, la participación de las minorías, y con un programa de rescate de la democracia y la ética política que tanto escasea en el país.

Si pretenden simplemente apoderarse del proyecto Convergencia y transportar allí una lucha bilateral, le propinarían un golpe mortal y liquidarían la posibilidad de que se convierta en un centro de atracción de la inconformidad nacional, sobre todo en los sectores que aspiran a nuevas formas de hacer política y gobernar. Se apropiarían de una idea que ha tenido como motores a agrupaciones de izquierda como el Frente Amplio y su candidato Fidel Santana y a los independientes aglutinados en Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia. Sería más razonable que crearan un nuevo partido político.

 

Fallo del Tribunal Electoral abona la división del PRD

Por Juan Bolívar Díaz

Contrario a lo que dice su último dictamen en la crisis del principal partido opositor, el Tribunal Superior Electoral (TSE) fue apoderado de los documentos, certificados por la Junta Central Electoral (JCE), que permiten comprobar la sustitución de unos 629 dirigentes y la inclusión adicional de otros 300, para totalizar 929.

La clara negación de justicia profundiza el desguañangue del PRD, alienta las confrontaciones y remite a los afectados a protestas que podrían generar graves actos de violencia y una ingobernabilidad partidaria que anularía  esa formación política, conduciendo a un régimen unipartidista.

 La tremenda corte. En la madrugada del martes 16 el TSE  rechazó la solicitud de amparo a sus derechos ciudadanos elevada originalmente por 69 dirigentes perredeístas, a los cuales se adhirieron posteriormente poco más de un centenar.  La declaró “inadmisible por resultar notoriamente improcedente”, bajo el argumento fundamental de que “por los medios de prueba aportados, este Tribunal no ha podido comprobar la condición de miembros del Comité Ejecutivo Nacional de dichos accionantes y en consecuencia no se ha probado la violación de los derechos fundamentales alegados”.

Por lo que se discutió en  audiencia y recogió la prensa, la JCE se declaró incapacitada para certificar la lista de miembros del CEN perredeísta electos en la convención nacional  del 2010 por un período de cuatro años y que en marzo del 2012 rigió la elección de los candidatos a diputados del exterior en los comicios del 2012 y la aprobación del programa de gobierno, y que dio facultad al candidato presidencial  Hipólito Mejía para pactar alianzas.

En la primera audiencia del recurso, el TSE resolvió formular dos peticiones, a la JCE y al presidente del PRD Miguel Vargas. Pero en  el primer caso incurrió en dos  “errores”, al pedir “los resultados de la XXVII Convención Nacional Ordinaria del PRD, celebrada el 27 de septiembre del 2009, especificando los nombres, número de cédula y el cargo de todos los candidatos que resultaron electos por el voto directo en la indicada convención”

Pero resulta que aunque la Convención comenzó en el 2009, se extendió hasta el 2010 y fue en febrero de este año que fueron electos los miembros del CEN. Y además una buena proporción de los mismos no son electos por “voto directo”, sino que lo son “de oficio”, por ser legisladores y alcaldes, expresidentes de la República y del partido, y una cuota de los vicepresidentes y subsecretarios generales son propuestos por el presidente a ratificación de la Comisión Política.

Donde no se equivocó el Tribunal fue en la petición al presidente del partido, a quien le precisaron el listado “de todas las personas que en la actualidad ostentan la calidad de miembros del CEN”. La actualidad son los que Vargas Maldonado registró en la JCE el 18 de mayo y el primero de junio del 2012, sin el concurso del secretario general como indican los estatutos.

El TSE sí tenía los electos. Por los términos equívocos en la solicitud, la JCE pudo sacar el bulto al conflicto. Parecía una nueva demostración de parcialidad de un tribunal cuyos integrantes se los repartieron el expresidente Leonel Fernández y Vargas Maldonado. Pero al día siguiente quedó evidente que ese fallo es un escándalo mayúsculo, que en cualquier país de mediana intensidad democrática tendría consecuencias.

El doctor Enmanuel Esquea, dirigente perredeísta y principal abogado de los recurrentes, mostró por Teleantillas que el Tribunal sí tenía el listado completo de los integrantes del CEN electos en el 2010 y que sesionaron en el 2012, incluido como anexo por los peticionarios del amparo. Mostró el listado, con fotos, nombres y cédulas del CEN del 2010, con el sello de recibido de la JCE en la primera página,  selladas todas las páginas, y al final la certificación sellada del secretario general del organismo, Ramón Hilario Espiñeira, que reza; “La presente es copia fiel y conforme a su original, al cual me remito, la que expido, firmo y sello, recibido en la Secretaría General en fecha 19 de marzo del 2012”. Agrega que fue emitida el 22 de abril del 2013.

Es obvio que los jueces pudieron comparar la lista oficial registrada en la JCE en marzo del 2012, con 2005 miembros, con las introducidas el 18 de mayo y el 1 de junio del mismo año, con 2007 y 2307 miembros, para comprobar si hay sustituidos e incluidos. Porque los impetrantes del amparo los presentaron debidamente certificados por la JCE. Sería la primera vez que un tribunal desconoce una certificación oficial.

El documento aportado al TSE, el Acta de la reunión ordinaria del CEN del 4 de marzo del 2012, podía ayudar a los jueces a establecer la realidad, puesto que la JCE certificó que el quórum fue de 1156 de los 2007 integrantes del organismo. El tribunal desoyó a los abogados que pidieron atención a los documentos presentados y que compareciera Vargas Maldonado, bajo el increíble argumento de que “sus declaraciones no aportarían valor probatorio alguno”.

 Más leña al fuego.  Es obvio que la decisión del TSE constituyó una negativa de justicia que se inscribe en la dirección de terminar de desguañangar al principal partido de la oposición que parece irrevocablemente dividido.

Al negar tan arbitrariamente el acceso a la justicia a los recurrentes, en vez de ser un factor de conciliación, el tribunal toma posición y echa más leña al fuego en que se consume una de las organizaciones fundamento del sistema político dominicano. Y al declarar inadmisible el recurso, no se pronuncia sobre el fondo, que es si los recurrentes son o no miembros del principal órgano directivo del PRD, bajo el falso argumento de que no se ha podido comprobar.

Después de la experiencia de enero pasado, cuando cientos de militantes perredeístas irrumpieron en una reunión del CEN convocada por Vargas Maldonado, se generalizan los temores de que rebrote la violencia en el nuevo intento por reunir el organismo con las exclusiones. Los que alegan la exclusión y todos los que cuestionan a Vargas Maldonado han reiterado que se harán presentes donde quiera que lo convoquen.

Por de pronto, el tremendo fallo generó reacciones duras como las del expresidente Hipólito Mejia de que no les están dejando más alternativa que “tomar las calles”, es decir, recurrir a protestas, mientras prometen endurecer la oposición al Gobierno. Se agudizan las acusaciones de que el líder del partido gobernante, Leonel Fernández, contribuye al incendio en interés de destrozar el PRD, y empiezan a responsabilizar también al presidente Medina.

La crisis del PRD es más significativa por la desmovilización que afecta al Partido Reformista Social Cristiano, tercera organización del sistema político, despersonalizado y virtualmente absorbido por el partido de gobierno.

Para qué descuartizan el PRD

Negado a dar pasos conciliatorios que restablezcan la unidad del PRD, o permitan una expresión democrática de sus militantes, teniendo  como fuerza principal el apoyo de los tribunales que constituyó con el líder del PLD, Vargas Maldonado parece no importarle ninguna consecuencia.  Para la opinión pública, y así lo han marcado las encuestas,  es obvio que sólo controla una minoría de ese partido. Y no se sabe si su resentimiento es mayor con Hipólito Mejía o con la gran mayoría de los dirigentes nacionales que lo apoyaron hasta el 2011.

Por eso tiene a la casa nacional del PRD bajo secuestro y busca el auxilio de la fuerza pública para hacer una reunión allí, ya que los hoteles y salones de reuniones se niegan a acogerlo para evitarse riesgos.

La situación se complicará aún más dado que este viernes 19 de julio  se cumplió el plazo de cuatro años por el que fue juramentado como presidente del PRD, lo que también está certificado por la JCE y se puede encontrar en los periódicos de esos días. Es posible que ahora es cuando comience la parte más peligrosa y crítica de la  confrontación, porque la mayoría de los perredeístas está perdiendo las tenues esperanzas de reunificación y muchos parecen dispuestos a tomar posición.

Al final lo que quedaría del partido más antiguo del país pueden ser apenas cenizas, lo que dejaría espacio para que surja una opción alternativa que cierre posibilidades aún al que se quede con la franquicia, sea por decisión legítima de la mayoría o por imposición con la colaboración de fuerzas externas.

Los sectores más duros del PLD y sus millonarios voceros tienen razón para  alentar el desguañangue del partido blanco. Por de pronto está incapacitado para hacer la mínima oposición y su descrédito va en ascenso. Como telón de fondo está la falta de democracia y las debilidades institucionales de los partidos dominicanos que históricamente se debaten entre el caudillismo autoritario y la anarquía.

 

El PRD al borde de su peor división

Por Juan Bolívar Díaz
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El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afronta lo que podría ser su peor división, tras haber superado seis anteriores en los 74 años que acaba de cumplir, ya que actualmente carece de grandes propósitos y de un líder en capacidad de reunificarlo y devolver la vida a sus órganos atrofiados.

Con ventajas en los tribunales Electoral y Constitucional, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado,  encarnando un “nuevo PRD” se encamina a quedarse no sólo con la casa nacional partidaria, que el viejo perredeísmo ya perdió dos veces, sino también con el nombre y los símbolos, y también con la subvención estatal.

Pasos hacia el abismo.  Cada semana el perredeísmo da nuevos pasos hacia el abismo de una división que esta vez tiene signos ominosos por la ausencia de líderes como Juan Bosch o José Francisco Peña Gómez que en el pasado mantuvieron o rescataron la mística que ha extendido por tres cuartos de siglo de existencia de la más prolongada organización política nacional y de las más antiguas de América Latina.

A pocos ha sorprendido que el Tribunal Superior Electoral (TSE) siguiera dando aprobación a las expulsiones y suspensiones dictadas por un tribunal disciplinario constituido en juez y parte, en contradicción con elementales principios del derecho, dejando a los afectados sin más recurso que apelar ante el Tribunal Constitucional. Pero en este como en el Electoral el grupo de Vargas cuenta con ventaja fruto del pacto que, sin aprobación partidaria, hizo en el 2009 con el expresidente Leonel Fernández.

El presidente del PRD rechazó de inmediato la propuesta del expresidente Hipólito Mejía para que la Iglesia Católica mediara en busca de una salida concertada a la crisis, y para no dejar dudas de su firmeza convocó para hoy domingo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional que ratificaría las sanciones de la semana anterior.

Con el expresidente Hipólito Mejía y el presidente en funciones Andrés Bautista expulsados, e impedidos de participar en la reunión del CEN, al igual que los suspendidos Orlando Jorge y Geanilda Vásquez, se ignora si el grueso de sus seguidores y aliados internos concurrirán a la cita de este domingo. En cualquier caso estarían en desventaja dentro de un local donde no caben los 2,307 miembros que constituyen el organismo de acuerdo con la nómina que registró Vargas ante la Junta Central Electoral el 18 de mayo pasado, justo el día en que su partido concluía la campaña electoral.

Esa nómina ya está reconocida por el TSE, aunque Enmanuel Esquea Guerrero,  expresidente del PRD y abogado de los expulsados y suspendidos, sostiene que excluye a unos 300 de los 1,790 miembros que tenía cuando ratificaron a Vargas Maldonado  como presidente en el 2009 y cuando en el 2011 fue proclamado Mejía como candidato presidencial, y que incluye a unos 550 nuevos.

En manos de Vargas.  La división es un hecho, porque Vargas Maldonado ha demostrado que quiere el partido para él solo, el “nuevo PRD” que proclamó al ser investido presidente, donde nadie le dispute su preponderancia y que no se le ocurra volver a descartarlo como candidato presidencial, como ocurrió en la última convención del 6 de marzo del 2011.

Cuenta con las ventajas de las cortes y el apoyo del expresidente Leonel Fernández y su partido en el poder, y con la dispersión e ineficacia de la mayoría de sus contradictores.

Se quedará no solo con la Casa Nacional, que mantiene encadenada desde mediados del año pasado, sino también con el nombre y los símbolos del viejo partido, así como con la subvención del Presupuesto Nacional, que el año pasado significó 374 millones de pesos, el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales.

Para 2013, como no hay elección se reduce al 0.25 por ciento, pero como crecen las recaudaciones, alcanzaría 254 millones de pesos, con el estimado de ingresos de 384 mil millones de pesos.

Con apenas un puñado de los dirigentes nacionales del PRD, y dado que confrontó al candidato presidencial que arrastró a más del 90 por ciento de sus militantes y obtuvo el 47 por ciento de la votación nacional, Vargas tendrá escasas posibilidades de reunificar ese partido y rescatar sus apoyos externos.

Más aún por su limitado carisma político y por girar hacia la derecha política, un espacio que corresponde a Leonel Fernández, el próximo candidato presidencial del partido oficialista.

Con un poco de suerte, el “nuevo PRD” podría sobrevivir gracias al financiamiento público y con el reparto de candidaturas para los comicios del 2016. Pero le resultará muy difícil remontar el descrédito que sufrirá en la imagen democrática que acumuló durante décadas y que le dio vigencia a pesar de la frecuencia con que la pluralidad ha devenido en confrontación abierta.

Una prolongada agonía.  El PRD es víctima de una prolongada agonía, originada en el pragmatismo que  afecta al sistema partidista, y que en su caso ha adolecido de una renovación del liderazgo en todos sus niveles. Decenas de dirigentes nacionales ya cansados, frustrados o resignados, ni siquiera han protestado tras haber sido excluidos por acción individual.

Los organismos perredeístas, desde los comités de base al CEN, dejaron de ser operantes y solo eso explica que se permitieran el lujo de ir a las elecciones presidenciales del año pasado con un presidente que junto a un pequeño núcleo, trabajaba para provocar la derrota, algo insólito y sin precedente en la democracia.

La mayoría de los dirigentes del partido blanco, incluyendo los de edad media, y cientos de jóvenes formados en los cursos de gestión política quedaron inmovilizados en medio del conflicto, a lo que contribuyó la reducción del conflicto a la confrontación entre Vargas y Mejía, y que éste aceptó el juego sin echarse a un lado y llamar a la renovación del partido para preservarlo, aunque tanto en la campaña electoral como después dejó abiertas las puertas a un entendimiento que salvara la unidad.

Hipólito Mejía fue responsable en parte de la degradación de la mística y la democracia interna del perredeísmo cuando desde la Presidencia, entre el 2000 y el 2004, practicó el autoritarismo y compró voluntades para imponer una inútil reforma constitucional que le permitiera buscar la reelección en condiciones que obligaban a una alternativa.

Se impuso sobre símbolos perredeístas como Milagros Ortiz Bosch, Emmanuel Esquea Guerrero, Hugo Tolentino Dipp y Hatuey Decamps, quien terminó expulsado.

Dos derrotas consecutivas como candidato presidencial debieron ser suficientes para que Hipólito Mejía promoviera una renovación.

El haber obtenido el 47 por ciento de la votación en una elección tan desigual, luchando hasta con el presidente de su partido en contra, le ha permitido mantener su esperanza de volver al poder, ignorando que una parte de ese sufragio fue por sanción a la gestión del PLD. Eso ha contribuido a inhibir a muchos partidarios de la renovación.

No hay quien salve al PRD. La validación de las expulsiones y suspensiones por el TSE puede ser el golpe de gracia a la unidad del PRD que quedaría profundamente escindido y con un nuevo liderazgo fundado en el pragmatismo político. Sería la octava división del partido blanco y esta vez con preponderancia de una minoría de sus dirigentes y sin un líder en capacidad de reunificarlo. La primera fragmentación ocurrió en 1940, al año de fundado en el exilio, protagonizada por su primer secretario general, Juan Isidro Jimenes Grullón, quien luego crearía la Alianza Social Demócrata.

Recién llegado al país en 1961, dos de sus tres precursores, Nicolás Silfa y Ramón Castillo, se fueron casi solos para constituir el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico y el Partido Progresista Demócrata Cristiano. No hicieron mella a un partido que lideraba Juan Bosch. Otra insignificante fue la salida de Rafael Peguero Méndez, quien con otros nueve diputados expulsados, adquirió la franquicia del Partido Popular Cristiano en 1998.

La mayor división del PRD fue la protagonizada por el profesor Juan Bosch en diciembre de 1973, cuando renunció para constituir el Partido de la Liberación Dominicana. Se quedó con el local nacional, pero la mayoría se mantuvo en el partido blanco que ya contaba con el liderazgo de relevo de Peña Gómez, que 4 años y medio después lo llevaría al poder.

La escisión del perredeismo fue casi a la mitad tras la derrota electoral de 1986, protagonizada por las rivalidades de los grupos del candidato perdedor Jacobo Majluta y Peña Gómez, que dieron origen a dos partidos el Revolucionario Independiente y el Bloque Institucional Social Demócrata. Otra vez el liderazgo peñagomista logró rescatar la unidad para resurgir con fuerza. La séptima y última fue originada en la expulsión de Hatuey Decamps, quien lo presidía, y constituyó el Partido Revolucionario Social Demócrata, quedándose con el local nacional.

Ironía de la política nacional. Hipólito Mejía contribuyó a elevar el protagonismo político de Miguel Vargas. Lo mantuvo sus cuatro años como ministro de Obras Públicas clave para aumentar fortunas, y luego lo respaldó para la candidatura presidencial del 2008, prefiriéndolo a Milagros Ortiz Bosch,  y un año después para la presidencia del partido. El expresidente propició el rescate de Fiquito Vásquez, que había sido expulsado por traición y quien ahora preside el tribunal que lo extraña del partido que más votos recibió, con Mejía de candidato, en la última consulta democrática hace solo ocho meses.

De espalda a la realidad del país, la división del PRD auspiciará el retorno al poder dentro de tres años del nuevo caudillo Leonel Fernández, dueño del escenario judicial y político nacional, quien ya hace tiempo se apropió del Partido Reformista Social Cristiano que durante más de tres décadas compartió con el perredeismo el dominio de la política dominicana.

 

Persistente empeño en aniquilar el PRD

Por Juan Bolívar Díaz
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El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha entrado en un tercer año consecutivo de crisis institucional que prolonga una agonía que lo incapacita para ejercer el papel de oposición y equilibrio político que requiere el desarrollo democrático nacional, sin que se vislumbre una salida que no sea una convención democrática.

Numerosos esfuerzos por alcanzar acuerdos para convocar los organismos de dirección de ese partido han tropezado con la resistencia de su presidente Miguel Vargas Maldonado, quien parece haber asumido la misión de desguañangar una organización que en sus 74 años ha sobrevivido a múltiples avatares.

Se profundiza la agonía.  La pretendida expulsión del expresidente de la República Hipólito Mejía y del presidente en funciones del PRD Andrés Bautista, así como la suspensión por dos años de su secretario general Orlando Jorge Mera y su secretaria nacional de organización Geanilda Vásquez, profundiza la agonía del más antiguo instrumento del sistema partidista dominicano, sin que se vislumbre posibilidad de rectificación.

El 2012 terminó en la expectativa de que el presidente del partido blanco, Miguel Vargas Maldonado, respondiera una solicitud de más de un centenar de dirigentes de que convocara la Comisión Política (CP) perredeísta para abrir una vía institucional de entendimiento. Pero la respuesta al comenzar el año ha sido la convocatoria a un juicio disciplinario que abona la división.

Con la casa nacional del PRD encadenada y con impedimento de entrada de sus dirigentes nacionales e históricos, Vargas Maldonado monta un tribunal disciplinario sin la menor legitimidad estatutaria ni democrática, ya que fue conformado por seguidores de su fracción, violentando el principio de que no se puede ser juez y parte a la vez.

Resulta grotesco que tuvieran que apelar a oficiales de la Policía para hacer prevalecer un listado de quienes podían o no ingresar al local partidario. Hasta la “peligrosa profesora” doña Ivelisse Prats está impedida de entrar a sus oficinas. El juez presidente sería Rafael Francisco Vásquez (Fiquito), con un largo historial conflictivo desde que en 1985 armó un tiroteo que anarquizó una  convención que pretendía elegir candidato presidencial, y quien en 1998 fue expulsado del partido junto a otros nueve diputados  por aliarse al gobierno de Leonel Fernández desafiando a su dirección.

Fiquito Vásquez fue designado presidente del tribunal el 1 de noviembre del 2012 en sustitución de José Luis Tavárez, quien había sido electo apenas cuatro meses antes, el 29 de junio. Quien actuó de fiscal, Geovanny Tejada, fue designado  el 3 de junio pasado en sustitución de Nelson Arroyo, antes que este terminara su período en el 2013. En una instancia de  impugnación elevada ante el Tribunal Superior Electoral y pendiente de fallo, se documenta que esas designaciones no fueron ratificadas por la CP como indica el artículo 206 de los estatutos partidarios ni acorde con el 31, 121 y 172.

Responsabilidad compartida.   Es obvio que la responsabilidad de la crisis rebasa el resentimiento de Vargas Maldonado y se extiende al primitivismo político con que a menudo actúa Hipólito Mejía, y a todo su alto liderazgo que se acostumbró a los acuerdos de aposento, al margen de los organismos, lo que degradó la democracia interna. Aunque Vargas lo extremó cuando invirtió una altísima suma de dinero para comprar voluntades y actuó como quien adquiere una nueva empresa, sin capacidad para gerenciar las diversidades y disensiones.

Los organismos perredeístas medios y de base han venido siendo inmovilizados desde antes que Vargas asumiera la presidencia y las ambiciones personales han predominado sobre los objetivos partidarios y ni hablar de los propósitos nacionales. La mayoría de sus dirigentes lucen desmovilizados, dejando todo el espacio a los más ambiciosos y ha permitido que la crisis se vea como un simple enfrentamiento entre Vargas y Mejía.

La crisis del PRD no deja de ser una expresión de la crisis de la institucionalidad democrática nacional, donde el estado de derecho y la legitimidad son carcomidas por la corrupción y la imposición para mantener privilegios cada vez más desproporcionados. Es obvio que la confrontación perredeísta ha sido estimulada y financiada con los recursos del Estado y abonada por los repartos originados en el pacto del 2009 del presidente Leonel Fernández con Vargas Maldonado, quien a título de excandidato comprometió al PRD pasando por encima a todos sus dirigentes y organismos. Por eso Fernández le dio una cuota en la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, lo que se pregona como una de sus “fortalezas”.

La voluntad democrática.   A pesar de que el precario equilibrio de la democracia dominicana requiere un partido de oposición, cada vez más hay quienes quitan relevancia al PRD y hasta se plantea que lo más conveniente podría ser que acabaran de desguañangarlo, para ver si surge una mejor alternativa partidista, lo que no parece a la vista, dado el conservadurismo y la desmovilización predominantes.

En los cenáculos políticos se advierte que la división del PRD es irremisible por los intereses que la alientan, entre ellos porque parece la mejor garantía para que Leonel Fernández vuelva al poder en el 2016, reeditando el continuismo de Santana, Báez, Lilís, Horacio Vásquez, Trujillo y Balaguer, hilo conductor de la historia política nacional.

Lo que se puede discutir es si la división se producirá civilizadamente o por actos de violencia e imposición. Si la mayoría de sus dirigentes, más allá de las voluntades de Vargas y Mejía, se lo propusieran tal vez podrían lograr algún arbitraje y una observación externa capaz de incentivar la realización de una convención democrática, donde quede certificada la voluntad de las mayorías de los perredeístas.

Es lo que han propuesto y pactado varias comisiones, la última en septiembre pasado integrada por Peggy Cabral, Neney Cabrera, Nelson Espinal, Siquió NG de la Rosa, Eligio Jáquez, William Jana y Ángel de la Cruz. Obtuvo apoyo de los cuatro recién sancionados, pero Vargas no respondió. Como tampoco respondió la solicitud del centenar de dirigentes, por iniciativa de una “tercera fuerza”, que en noviembre pidió reunir la Comisión Política para iniciar el proceso de elección de nuevos dirigentes.

Vargas Maldonado aduce que su mandato de 4 años termina en el 2014, porque según él comenzó en el 2010. Los periódicos y documentos permiten establecer que fue propuesto a “unanimidad” por una reunión de la Comisión Política el 7 de junio del 2009. La segunda resolución de la XXVII Convención Nacional Ordinaria del 19 de julio del mismo año indica: “Se aprueba la elección del compañero Ing. Miguel Vargas Maldonado y en consecuencia se proclama como presidente del Partido Revolucionario Dominicano para el período 2009-2013”.  Dos días antes, el 17, la entonces Cámara Contenciosa de la JCE, mediante su Resolución 049-2009 estableció “como al efecto declara, en cuanto al fondo, buena y válida la convocatoria única y exclusivamente para la proclamación y juramentación del Ing. Miguel Vargas Maldonado como presidente del Partido Revolucionario Dominicano a celebrarse el domingo 19 de julio del 2009, dentro de las actividades de la XXVII Convención Nacional Ordinaria, por haber sido realizada por los organismos competentes, de conformidad con los Estatutos del PRD y el Reglamento de la indicada convención”.

Una división irrevocable

En El Tema de Hoy del 3 de junio del 2012 se planteaba que “el PRD está fraccionado desde la convención que escogió candidato presidencial hace 15 meses y si no pudo reunificarse aún cuando las encuestas lo proyectaban ganador de las elecciones, parece casi imposible que lo logre tras la derrota”. Numerosos esfuerzos realizados desde entonces han ratificado ese criterio.

A un año y diez meses de la convención del 6 de marzo del 2011 que escogió a Hipólito Mejía candidato presidencial, Vargas y parte de quienes le siguieron todavía no aceptan que perdieron como lo entendió más de un 90 por ciento de los perredeístas que se incorporaron a su campaña electoral y la opinión pública que desde el principio legitimó la votación. El resentimiento y odio parece haber guiado su accionar político, constituyéndose en caballo de Troya durante la campaña y permitiendo que sus más cercanos hasta hicieran proselitismo por la candidatura peledeísta. Decepcionó hasta su propia familia que poco antes de la votación se empeñó en invitarlo a un almuerzo de reconciliación al que asistió Mejía.

Reclamando una “presidencia institucional” que él mismo había propuesto que correspondiera a quien fuera el candidato, Vargas aceptó una mediación encabezada por el especialista en conflicto Nelson Espinal para proclamar a Mejía candidato, pero resistió todos los intentos de reunirlos, incluidos los que hicieron cercanos a él como Peggy Cabral viuda Peña Gómez, y los reconocidos médicos José Joaquín Puello y César Mella. Hasta el expresidente panameño Martín Torrijos fracasó como mediador.

Mientras casi todos los integrantes de su estado mayor en la lucha por la candidatura se incorporaban a la campaña perredeísta, incluyendo a tres de los cuatro que hizo sancionar esta semana (Bautista, Orlando y Geanilda), y que le seguían en la jerarquía partidaria, Vargas se mantuvo encerrado. También se le alejaron la presidenta de las mujeres Janet Camilo y el presidente de la Juventud perredeísta, así como Alfredo Pacheco, quien dirigiera su campaña interna, y otros relevantes como Neney Cabrera, Eligio Jáquez, Jesús Vásquez, Roberto Fulcar, Andy Dauhajre y Peggy Cabral.

De los dirigentes perredeístas nacionales reconocidos sólo siguen respaldando a Vargas: Fiquito Vásquez, Julio Maríñez, Aníbal García, Ruddy González, César Díaz Filpo, Alejandro Abréu, Wilfredo Alemany y Nelson Marte, varios de ellos funcionarios pagados del partido, cuyo presupuesto maneja solito el presidente.

 

Retos para Leonel en este último año

Por Juan Bolívar Díaz

El Presidente Leonel Fernández ha iniciado el último año de su tercer período gubernamental con importantes retos económicos, institucionales y políticos, entre los que resaltan garantizar un proceso electoral democrático y mantener la estabilidad macroeconómica en medio de graves turbulencias nacionales e internacionales.

Sea que pueda o no retornar al poder, como partidarios y antagonistas le atribuyen, cuando concluya su actual gestión Fernández será el único mandatario dominicano y latinoamericano que habrá agotado tres períodos de gobierno mediante elecciones libres y formalidades democráticas.

Un año fundamental

Este octavo año de gobierno consecutivo y duodécimo en dos etapas, que inició Leonel Fernández el 16 de agosto será fundamental para el balance de su gestión, que todavía podría mejorar en aspectos donde se concentran las insatisfacciones y críticas o proseguir en la pendiente enjabonada que lo ha llevado a perder parte del amplio apoyo popular que le acompañó en los primeros tramos.

Estos próximos meses serán los más difíciles no sólo por el desgaste de su gobierno y liderazgo, sino también por el escenario de incertidumbres económicas internacionales de indudables repercusiones en el país, y por la acumulación de déficits fiscales y de balanza de pago, así como por el agotamiento y el peso del endeudamiento en que se ha fundamentado la estabilidad macroeconómica de los últimos 8 años.

El panorama es visto con pesimismo en los más diversos sectores sociales, donde se teme que el presidente vuelva a desbordar el gasto público en la próxima campaña electoral, como lo hizo en las del 2008 y 2010, ya sea por esforzarse en apoyar la candidatura de su partido, o concluir obras y repartos para abonar el camino de retorno al poder para el 2016, como esperan sus más fervorosos partidarios y le atribuyen sus opositores.

Para mantener la estabilidad macroeconómica, que es la mayor prenda de su doble período de gobierno, sin dejar una bomba de tiempo a su sucesor en medio de la crisis económica, Fernández tiene que atenerse a los límites establecidos en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, independientemente del interés político.

 Por otro lado el mandatario está desafiado a apoyar institucionalmente la candidatura de su partido, más allá de su interés en perpetuarse en su liderazgo, pero también a garantizar un proceso electoral libre, equitativo y democrático, sin el abuso de los recursos del Estado de que se le acusó en las tres últimas elecciones generales.

Luces y sombras

Hay unanimidad en que el mayor éxito de la gestión de Fernández ha sido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, aunque no se ha traducido en empleo de calidad ni en reducción de la pobreza, sino más bien en mantenimiento de la misma con programas asistencialistas que no inciden en desarrollo humano. Ese crecimiento es de poca sostenibilidad al fundarse en un enorme endeudamiento ya cercano al 40 por ciento del producto bruto. El presupuesto del 2010 se sustentó en financiamiento externo e interno por 121 mil 700 millones de pesos, y en el 2011 por 97 mil 200 millones de pesos.

Los ingresos nacionales sólo alcanzan para el gasto corriente. Y el déficit de la  cuenta corriente de la balanza de pagos fue el año pasado de más de 4 mil 400 millones de dólares, que este año se acercaría a los 5 mil millones, con políticas económicas que promueven más la importación que la producción y las exportaciones nacionales.

Esta gestión gubernamental podrá reivindicar una significativa cantidad de obras materiales, especialmente viales, como dos líneas de metro, elevados, puentes, extensiones universitarias y hospitales, aunque con excesiva concentración de la inversión pública en la capital y su entorno. También la promoción de importantes reformas jurídicas, constitucionales e institucionales, pero con muy limitado cumplimiento de las mismas, cuando no abierta violación.

Las mayores sombras se registran en la escasa inversión en educación, salud y real combate a la pobreza, corrupción sin límites, malversación y boato, inseguridad derivada de todo género de delincuencia, especialmente del narcotráfico, fracaso en superar la crisis energética, fomento del clientelismo y el rentismo como fundamento de la política y desprecio por los reclamos de la comunidad y la opinión pública. Se imputa al doctor Fernández haber cambiado el ideario de Juan Bosch por el de Joaquín Balaguer, como forma de prolongarse enel poder.

Quedan oportunidades

Es cada vez más generalizada la convicción de que la magia del discurso del doctor Fernández ha perdido poder de convicción, desgastada por las promesas incumplidas y el cúmulo de insatisfacciones económicas y sociales, las cuales tuvieron expresión en el paro general del mes pasado.

La imagen presidencial quedó deformada por los intentos de casi un año por abrir una brecha para colar otra repostulación presidencial en contradicción con la flamante Constitución del 2010, así como por los viajes mensuales del presidente por todas partes del mundo  exterior con amplias comitivas y excesiva vanidad, hasta el grado de la sobreestimación.Por más esfuerzos que se hagan

las insatisfacciones derivadas de los problemas estructurales ya no tienen remedio en un año, pero el presidente tendría oportunidad de recuperarse al menos parcialmente reconociendo la necesidad de mayor inversión en educación para el presupuesto del 2012, dando muestras efectivas de combate a la corrupción, con austeridad en el gasto público y esfuerzos visibles por la transparencia y el cumplimiento de las normas de compras y contrataciones.

Las mayores oportunidades estarían en el ámbito de lo institucional y democrático, creando un clima de civilizada competencia electoral, con absoluta prohibición de abusar de los recursos del Estado en la campaña electoral, y procediendo a una elección satisfactoria de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.

Una gran contribución del presidente Fernández sería concluir la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo que lleva tres años de procesamiento y auspiciar la aprobación de la ley de partidos políticos y las reformas pendientes a la ley electoral, para todo lo cual es imprescindible un clima de entendimiento y concertación por lo menos con todo el sistema político partidista.

Un año puede alcanzar para contener el deterioro y el desgaste de 11 años de gobierno, y hasta para lograr alguna revocación, pero con políticas innovadoras que respondan a las demandas insatisfechas, no con demagogia como la del reciente mitin político de Gualey.

El gran éxito de Leonel

Al margen de que pueda o no retornar al poder en el futuro, el presidente Leonel Fernández puede terminar sus 12 años de gobierno con un gran éxito personal, ya que será el único en la historia dominicana y latinoamericana que haya logrado tres períodos de gobierno bajo formalidades democráticas, tanto en su elección como en la gestión.

En agosto del 2012, antes de cumplir 59 años de edad, Fernández Reyna se habrá inscrito en la historia nacional como el de más prolongado ejercicio democrático. Estará entre los siete gobernantes que han presidido la nación en dos terceras partes de sus 168 años y compartirá con Joaquín Balaguer el dominio, también de dos terceras partes, de los 50 años del período post Trujillo.

Las dos peores dictaduras de la historia nacional, las de Rafael Trujillo y Ulises Hereaux (Lilís) se extendieron por 31 y 14 años, para un total de 45. La cuasi dictadura de Joaquín Balaguer, agotó 22 años con 6 elecciones casi todas no democráticas y períodos de eclipse de las libertades fundamentales, lo mismo que los 13 años de Buenaventura Báez en cuatro períodos, los 12 de Pedro Santana y 8 de Horacio Vásquez, también en 3 etapas. Con los 12 de Fernández, serán 112 años de gobierno republicano, justo el 68 por ciento.

Como a ningún otro al líder del PLD le ha tocado gobernar con pluralidad de partidos, con amplia libertad de información y opinión a través de una inmensa red de  medios de comunicación, e incluso durante 6 años sin tener el control del Congreso Nacional, y con el Poder Judicial en la etapa más independiente de la historia nacional.

La repetición de gobernantes con pluralidad de períodos es de los factores por los que muchos no se atreven a afirmar que éste será el último del doctor Fernández, de cuya formación y herencia política se esperaba un mayor afianzamiento del proceso democrático, y más impulso al desarrollo humano, pero ha reproducido las políticas de siembra de cemento, de cultivo del clientelismo y de la corrupción en que se fundaron  los prolongados regímenes de Trujillo y Balaguer.

De política y políticos en la justicia

Por Juan Bolívar Díaz

Nunca he pretendido estigmatizar la política ni a los políticos. De la primera convengo con el patricio Juan Pablo Duarte en que es la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias humanas. En cuanto a los políticos tengo mis preferencias que se podrían sintetizar en el más noble y visionario de los contemporáneos: Nelson Mandela.

 Con los políticos dominicanos me he llevado bastante bien, sin perder nunca la criticidad, dentro de una pluralidad y respeto a toda prueba. Pero hasta en mi profesión del periodismo y la comunicación siempre he disentido de quienes creen que no requiere ninguna norma, pues está objetivamente demostrado que toda actividad humana que no se regula tiende al desbordamiento, y se revierte contra el bien común. Y si una ha sido histórica y sistemáticamente pervertida es la de los políticos, sobre todo en naciones de gran debilidad institucional.

El tema se actualiza ahora que el Consejo Nacional de la Magistratura busca renovar la Suprema Corte de Justicia y elegir los jueces de los nuevos órganos judiciales instituidos por la Constitución del 2010: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Son los máximos órganos del Poder Judicial, que por su naturaleza deben ser independientes de los otros poderes, el Legislativo y sobre todo el Ejecutivo. Si estos dos son en la democracia de naturaleza esencialmente política, el Judicial está concebido como independiente de todos los poderes.

 El artículo 151 de la Carta Magna no deja dudas: “Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles”… Su numeral 1 establece que “El servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente. Sus integrantes no podrán optar por ningún cargo público, ni participar en actividad político partidista”.

 Del cumplimiento de esos mandatos constitucionales es que se trata cuando se reclama que no lleven a las altas instancias judiciales a miembros de los órganos directivos de los partidos. El presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, lo ha expresado diplomáticamente al decir que no teme a los políticos sino a la política en la justicia. Es decir que no se puede temer ni discriminar a alguien porque sea político, sino porque puede transportar la política a los tribunales. Sobre todo en un país donde la política lo invade todo. Tratando de acondicionarnos a la manipulación de la justicia, se ha impugnado al mismo magistrado Subero porque su elección, como la de otros, fue fruto de un acuerdo político en 1997.

El Consejo de la Magistratura era y es una instancia integrada mayoritariamente por políticos. No puede condenárseles porque concierten en función del interés nacional, pero sí que impongan sus mayorías mecánicas.

En 1997, como ahora, había actores políticos que querían imponer sus intereses grupales, pero el activismo positivo, la presión de una sociedad civil entonces en auge, obligó a la moderación, para lo cual fue fundamental la transparencia total en las evaluaciones y elección. Como corresponde a decisiones de tanta trascendencia, a puertas abiertas, como las del Congreso Nacional y los tribunales. En 1997 no hubo pureza, pero no pudieron predominar Amable Aristy ni Peguero Méndez, aunque podían sumarse otros dos votos para tener la mayoría. Lo que reforzó la minoría que representaban el presidente Fernández y Milagros Ortiz fue la transparencia. La televisión impidió una mayor exhibición de miserias ante la sociedad dominicana.

Subero Isa ni los demás jueces integrantes de Suprema Corte han actuado en favor de los intereses políticos que representaban Aristy y Peguero, quienes también lograron su cuota en el organismo. Pero tres cuartas partes fueron electos por sus méritos e independencia política, y toda la sociedad lo celebró como un éxito.

Ahora lo que deberíamos aspirar es a superar la elección de hace 14 años, no al retroceso, como algunos pretenden.

Mucho más ahora que también se eligen los jueces de otras dos instancias superiores y de trascendencia institucional.

Nueva oportunidad para el presidente LF

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Leonel Fernández tiene una buena oportunidad para mejorar la aprobación de su gestión, con la próxima elección de los jueces de los nuevos tribunales Constitucional (TC) y Superior Electoral (TSE) y  la renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en un proceso de más de un mes que se inicia el próximo jueves 11.

Con una mayoría absoluta en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el mandatario podría responder las expectativas de la opinión pública y las instituciones sociales de fortalecimiento institucional, repitiendo el éxito que alcanzó en 1997, o, por el contrario, imponer jueces a la medida de sus intereses políticos, como algunos temen.

Preciosa oportunidad.  Al doctor Fernández le correspondió estrenar el CNM en su primera elección de jueces supremos en 1997, en virtud de la reforma  constitucional de 1994, y ganó amplio crédito por lo que la opinión pública catalogó de transparente y equilibrada elección. Atendió los reclamos de un movimiento social con sesiones televisadas, que redujeron el margen de predominio de los intereses partidistas.

Pero entonces el mandatario sólo disponía de su propio voto en un organismo donde predominaba la oposición política. Ahora tiene garantizados cinco de los 8 votos, incluido el del procurador general, los presidentes de las dos cámaras legislativas y el segundo delegado del Senado, llevado a esa representación en desmedro del único senador electo en la boleta de otro partido. Si le fallare uno, con una votación empatada a cuatro, apelaría al voto decisorio establecido en la Ley Orgánica del CNM.

Las expectativas de una justa elección de los jueces superiores fueron  recogidas en términos dramáticos por el presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, quien reaccionó a la convocatoria clamando porque “el proceso sea transparente, público y abierto. Que los buenos que se alijan se sepa que son buenos, pero que si se decide elegir a los mediocres, que la sociedad sepa y conozca que son mediocres”.

Empero, el presidente del Senado y secretario general del partido oficial, Reinaldo Pared Pérez, reaccionó proclamando que el presidente Fernández “es un hombre transparente en todo lo que hace”, y asegurando que la elección “no será afectada por intereses particulares”.

Por su parte el Ministro de la Presidencia, dirigente del PLD y reconocido jurista César Pina Toribio aludió a la experiencia del presidente Fernández en la elección de 1997 para reiterar que habrá transparencia, indicando que “ha dado muestras múltiples de gran equilibrio cuando se trata de hacer selecciones, pero fundamentalmente de propiciar la participación y el consenso”.

Para algunos observadores, el proceso es una oportunidad para que el doctor Fernández mejore la valoración de su gestión, que las encuestas vienen mostrando en picada.

Por lo menos un mes.  Si esta múltiple elección de jueces superiores se conduce con participación social, evaluaciones y ponderaciones, como la de 1997, conllevará al menos un mes, como está previsto en un proyecto de reglamento del CNM que circula sin autoría, aunque en los ámbitos de la sociedad civil se atribuye a legisladores oficialistas.

El artículo 1 del borrador indica el objetivo de regular el funcionamiento de este órgano, el procedimiento a seguir para la selección de los jueces y la evaluación de desempeño de los de la SCJ. El artículo 13 señala cinco pasos: convocatoria, identificación y preselección de postulantes, vistas públicas de evaluación, selección de jueces, y juramentación. En el 23 se indica el perfil con 16 condiciones profesionales, de integridad, temperamento, reputación, independencia y otras.

El proyecto, de 9 capítulos y 35 artículos, demandaría más de una semana para su estudio, ponderación y aprobación. Prevé un mecanismo que incluye un plazo de 10 días para que instituciones y personas presenten candidaturas con los correspondientes expedientes de acreditación,  luego una reunión del CNM para realizar una preselección de postulados, 5 días para hacerlos público y llamar a vistas públicas y televisadas de evaluación individual, que pudieran agotar varios días dependiendo de la cantidad de aspirantes. Y sólo después las sesiones necesarias para elegir los jueces de los tres organismos, las que serían “a puerta cerrada”.

El proyecto de reglamento ya ha sido analizado por los dirigentes y juristas que integran una “Coalición por la Transparencia en la elección de los jueces” encabezada por FINJUS, Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana, Cámara Americana de Comercio y Confederación Patronal. Abogan, como lo hicieron en 1997, porque las deliberaciones y votaciones para elegir también sean televisadas, y preparan observaciones al borrador.

La experiencia de 1997.  En 1997 el CNM se estrenó con 7 miembros. Con el Congreso casi parejo en virtud del trauma electoral de 1994, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano disponían cada uno de dos delegados. Amable Aristy Castro y Francisco Féliz y Féliz por los primeros, y Milagros Ortiz Bosch y Rafael Peguero Méndez por el otro. Los reformistas contaban con un tercer voto, el del presidente de la SCJ Ernesto Contín Aybar. Amadeo Julián, el otro delegado y voz crítica del desprestigiado tribunal, se mantuvo independiente. Aspiraba a ser ratificado y tenía merecimientos pero al final fue víctima de la barrida total.

El presidente Fernández y la senadora Ortiz Bosch, fueron claves para la transparencia del proceso y el predominio de juristas independientes de los intereses partidistas y de reconocimiento profesional, con tres sesiones televisadas de vistas públicas y votación, a quienes tendió a sumarse el juez Julián. Peguero Méndez apareció más inclinado a coincidir con los reformistas buscando intercambios de patrocinados, y despertando a Contín Aybar cuando le tocaba votar.

En años de apogeo, la coalición de la sociedad civil tuvo un papel relevante, con una campaña que reclamó y obtuvo participación y transparencia. 48 organizaciones sociales presentaron candidaturas. Evaluaron a los 20 más votados en dos programas de dos horas cada uno realizados por Teleantillas, modelo que aceptó seguir el CNM para la elección que concluyó a la 1.50 de la madrugada del 3 de agosto.

Al final se logró que no fuera electo ningún dirigente político, como se pretendió. De los 16 jueces escogidos, 12 (el 75 por ciento) fueron de los promovidos por la sociedad civil, incluyendo los 6 electos a unanimidad y los 5 que obtuvieron 6 de los 7 votos del CNM. Cinco fueron mujeres, equivalentes al 31 por ciento.

El doctor Subero Isa, promovido originalmente por los reformistas para presidir la SCJ, fue aceptado por los perredeístas, mientras el presidente Fernández se abstuvo de votar por él. La sociedad civil no lo objetó, reconociéndole capacidad y honestidad. El doctor Bernardo Fernández Pichardo, quien aspiraba a presidir el tribunal, no aceptó ser un juez más y declinó su elección. La opinión pública celebró la elección de los jueces como esperanzadora para la institucionalidad de la justicia.

Trascendente coyuntura

Con la convocatoria del CNM para el día 11 se abre un proceso trascendente para la institucionalidad democrática nacional, ya que serán escogidos los 13 jueces que integrarán por primera vez el TC, los cinco para el TSE, y sus respectivos suplentes, instituidos en la Constitución del 2010. Al mismo tiempo será renovada por lo menos la mitad de la SCJ, para sustituir a dos titulares fallecidos y a seis que superan la edad límite de 75 años. Los otros ocho serían objeto de evaluación atendiendo al artículo 181 de la carta magna. El total a elegir será un mínimo de 31 y máximo 39 jueces.

La trascendencia de esta elección cobra mayor dimensión por tratarse de jueces inamovibles que en el caso de la SCJ serán evaluados a los 7 años, los del constitucional tendrán un único período de 9 años y los electorales por 4 años, y porque sobre ellos recaerá el control de la justicia, la interpretación de la Constitución de la República y la función contenciosa de los actos electorales.

Entre políticos opositores, juristas y líderes sociales se han venido expresando temores de que la concentración de poder en manos del presidente Fernández pueda trascender su mandato imponiendo jueces que respondan a sus intereses personales y partidistas, lo que podría originar por lo menos tensiones con un próximo presidente de la nación, aún de su propio partido.

Los temores fueron reiterados esta semana tras la convocatoria del CNM, por parte de comentaristas y, especialmente, de las instituciones sociales que promueven el fortalecimiento institucional y democrático. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, doctor Servio Tulio Castaños, apeló a la responsabilidad del mandatario, indicando que “él tiene la oportunidad de catapultarse en este proceso, más aún cuando ya casi se retira del Gobierno”.