Tag Archives: Tribunal Superior Electoral

Fallo del Tribunal Electoral abona la división del PRD

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Contrario a lo que dice su último dictamen en la crisis del principal partido opositor, el Tribunal Superior Electoral (TSE) fue apoderado de los documentos, certificados por la Junta Central Electoral (JCE), que permiten comprobar la sustitución de unos 629 dirigentes y la inclusión adicional de otros 300, para totalizar 929.

La clara negación de justicia profundiza el desguañangue del PRD, alienta las confrontaciones y remite a los afectados a protestas que podrían generar graves actos de violencia y una ingobernabilidad partidaria que anularía  esa formación política, conduciendo a un régimen unipartidista.

 La tremenda corte. En la madrugada del martes 16 el TSE  rechazó la solicitud de amparo a sus derechos ciudadanos elevada originalmente por 69 dirigentes perredeístas, a los cuales se adhirieron posteriormente poco más de un centenar.  La declaró “inadmisible por resultar notoriamente improcedente”, bajo el argumento fundamental de que “por los medios de prueba aportados, este Tribunal no ha podido comprobar la condición de miembros del Comité Ejecutivo Nacional de dichos accionantes y en consecuencia no se ha probado la violación de los derechos fundamentales alegados”.

Por lo que se discutió en  audiencia y recogió la prensa, la JCE se declaró incapacitada para certificar la lista de miembros del CEN perredeísta electos en la convención nacional  del 2010 por un período de cuatro años y que en marzo del 2012 rigió la elección de los candidatos a diputados del exterior en los comicios del 2012 y la aprobación del programa de gobierno, y que dio facultad al candidato presidencial  Hipólito Mejía para pactar alianzas.

En la primera audiencia del recurso, el TSE resolvió formular dos peticiones, a la JCE y al presidente del PRD Miguel Vargas. Pero en  el primer caso incurrió en dos  “errores”, al pedir “los resultados de la XXVII Convención Nacional Ordinaria del PRD, celebrada el 27 de septiembre del 2009, especificando los nombres, número de cédula y el cargo de todos los candidatos que resultaron electos por el voto directo en la indicada convención”

Pero resulta que aunque la Convención comenzó en el 2009, se extendió hasta el 2010 y fue en febrero de este año que fueron electos los miembros del CEN. Y además una buena proporción de los mismos no son electos por “voto directo”, sino que lo son “de oficio”, por ser legisladores y alcaldes, expresidentes de la República y del partido, y una cuota de los vicepresidentes y subsecretarios generales son propuestos por el presidente a ratificación de la Comisión Política.

Donde no se equivocó el Tribunal fue en la petición al presidente del partido, a quien le precisaron el listado “de todas las personas que en la actualidad ostentan la calidad de miembros del CEN”. La actualidad son los que Vargas Maldonado registró en la JCE el 18 de mayo y el primero de junio del 2012, sin el concurso del secretario general como indican los estatutos.

El TSE sí tenía los electos. Por los términos equívocos en la solicitud, la JCE pudo sacar el bulto al conflicto. Parecía una nueva demostración de parcialidad de un tribunal cuyos integrantes se los repartieron el expresidente Leonel Fernández y Vargas Maldonado. Pero al día siguiente quedó evidente que ese fallo es un escándalo mayúsculo, que en cualquier país de mediana intensidad democrática tendría consecuencias.

El doctor Enmanuel Esquea, dirigente perredeísta y principal abogado de los recurrentes, mostró por Teleantillas que el Tribunal sí tenía el listado completo de los integrantes del CEN electos en el 2010 y que sesionaron en el 2012, incluido como anexo por los peticionarios del amparo. Mostró el listado, con fotos, nombres y cédulas del CEN del 2010, con el sello de recibido de la JCE en la primera página,  selladas todas las páginas, y al final la certificación sellada del secretario general del organismo, Ramón Hilario Espiñeira, que reza; “La presente es copia fiel y conforme a su original, al cual me remito, la que expido, firmo y sello, recibido en la Secretaría General en fecha 19 de marzo del 2012”. Agrega que fue emitida el 22 de abril del 2013.

Es obvio que los jueces pudieron comparar la lista oficial registrada en la JCE en marzo del 2012, con 2005 miembros, con las introducidas el 18 de mayo y el 1 de junio del mismo año, con 2007 y 2307 miembros, para comprobar si hay sustituidos e incluidos. Porque los impetrantes del amparo los presentaron debidamente certificados por la JCE. Sería la primera vez que un tribunal desconoce una certificación oficial.

El documento aportado al TSE, el Acta de la reunión ordinaria del CEN del 4 de marzo del 2012, podía ayudar a los jueces a establecer la realidad, puesto que la JCE certificó que el quórum fue de 1156 de los 2007 integrantes del organismo. El tribunal desoyó a los abogados que pidieron atención a los documentos presentados y que compareciera Vargas Maldonado, bajo el increíble argumento de que “sus declaraciones no aportarían valor probatorio alguno”.

 Más leña al fuego.  Es obvio que la decisión del TSE constituyó una negativa de justicia que se inscribe en la dirección de terminar de desguañangar al principal partido de la oposición que parece irrevocablemente dividido.

Al negar tan arbitrariamente el acceso a la justicia a los recurrentes, en vez de ser un factor de conciliación, el tribunal toma posición y echa más leña al fuego en que se consume una de las organizaciones fundamento del sistema político dominicano. Y al declarar inadmisible el recurso, no se pronuncia sobre el fondo, que es si los recurrentes son o no miembros del principal órgano directivo del PRD, bajo el falso argumento de que no se ha podido comprobar.

Después de la experiencia de enero pasado, cuando cientos de militantes perredeístas irrumpieron en una reunión del CEN convocada por Vargas Maldonado, se generalizan los temores de que rebrote la violencia en el nuevo intento por reunir el organismo con las exclusiones. Los que alegan la exclusión y todos los que cuestionan a Vargas Maldonado han reiterado que se harán presentes donde quiera que lo convoquen.

Por de pronto, el tremendo fallo generó reacciones duras como las del expresidente Hipólito Mejia de que no les están dejando más alternativa que “tomar las calles”, es decir, recurrir a protestas, mientras prometen endurecer la oposición al Gobierno. Se agudizan las acusaciones de que el líder del partido gobernante, Leonel Fernández, contribuye al incendio en interés de destrozar el PRD, y empiezan a responsabilizar también al presidente Medina.

La crisis del PRD es más significativa por la desmovilización que afecta al Partido Reformista Social Cristiano, tercera organización del sistema político, despersonalizado y virtualmente absorbido por el partido de gobierno.

Para qué descuartizan el PRD

Negado a dar pasos conciliatorios que restablezcan la unidad del PRD, o permitan una expresión democrática de sus militantes, teniendo  como fuerza principal el apoyo de los tribunales que constituyó con el líder del PLD, Vargas Maldonado parece no importarle ninguna consecuencia.  Para la opinión pública, y así lo han marcado las encuestas,  es obvio que sólo controla una minoría de ese partido. Y no se sabe si su resentimiento es mayor con Hipólito Mejía o con la gran mayoría de los dirigentes nacionales que lo apoyaron hasta el 2011.

Por eso tiene a la casa nacional del PRD bajo secuestro y busca el auxilio de la fuerza pública para hacer una reunión allí, ya que los hoteles y salones de reuniones se niegan a acogerlo para evitarse riesgos.

La situación se complicará aún más dado que este viernes 19 de julio  se cumplió el plazo de cuatro años por el que fue juramentado como presidente del PRD, lo que también está certificado por la JCE y se puede encontrar en los periódicos de esos días. Es posible que ahora es cuando comience la parte más peligrosa y crítica de la  confrontación, porque la mayoría de los perredeístas está perdiendo las tenues esperanzas de reunificación y muchos parecen dispuestos a tomar posición.

Al final lo que quedaría del partido más antiguo del país pueden ser apenas cenizas, lo que dejaría espacio para que surja una opción alternativa que cierre posibilidades aún al que se quede con la franquicia, sea por decisión legítima de la mayoría o por imposición con la colaboración de fuerzas externas.

Los sectores más duros del PLD y sus millonarios voceros tienen razón para  alentar el desguañangue del partido blanco. Por de pronto está incapacitado para hacer la mínima oposición y su descrédito va en ascenso. Como telón de fondo está la falta de democracia y las debilidades institucionales de los partidos dominicanos que históricamente se debaten entre el caudillismo autoritario y la anarquía.

 

Una gran oportunidad perdida

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/812/460x390/0/EC467924-C731-4420-91EA-42FEFEF4958E.jpeg

 Cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se inclinó reverente ante el presidente Leonel Fernández, entonces en verdadero aprieto por el nunca esclarecido escándalo de los bonos por 130 millones de dólares entregados a la empresa Sun Land, se frustró y empezó a revertirse el más significativo esfuerzo de la sociedad dominicana por institucionalizar la justicia y dar plena vigencia al Poder Judicial.

 Fue obvio para todos que la mayoría de los integrantes de esa corte se rindió ante las presiones del Poder Ejecutivo en la persona del presidente Leonel Fernández, quien había violentado el orden constitucional al autorizar un endeudamiento internacional sin la aprobación del Congreso Nacional. Con la agravante de que el empréstito se hizo clandestinamente, que el dinero no ingresó al Banco Central y que nunca se ha podido documentar convincentemente el destino que se le dio.

 En cualquier país de mediana intensidad democrática, ese escándalo hubiese con- llevado el procesamiento judicial de los responsables y probablemente la pérdida de los cargos que ocupaban. Desde luego que en ninguna nación donde funcionen las instituciones de la democracia podría producirse un fraude tan obvio y de esa magnitud y grosería.

 Para exonerar de responsabilidad al presidente Fernández y a su subalterno Félix Bautista, esa SCJ tuvo que renegar de su propia jurisprudencia, restringiendo la concepción de “parte interesada” que había consagrado y mantenido desde su sentencia del 8 de agosto de 1998 que declaró inconstitucional una limitación legal de la inamovilidad de los jueces, acogiendo una instancia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

En el caso Sun Land, la SCJ declaró inadmisible la instancia de inconstitucionalidad negando esa facultad a un grupo de ciudadanos y al Partido Revolucionario Dominicano que recurrieron en sendos documentos del 15 y 18 de octubre del 2007. Tras más de un año, el 18 de diciembre de 2008, la corte restringió el derecho a los presidentes de las cámaras legislativas en base a la consideración de que solo le correspondía a ellos “siendo una potestad exclusiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados aprobar o no el préstamo a que se contraen las acciones en inconstitucionalidad en cuestión”.

Siempre se había considerado que aquella sentencia constituyó una prevaricación de los jueces supremos de la nación. Pero esta semana el país recibió la confesión del doctor Jorge Subero Isa, quien presidía la SCJ, de que “fue un crespón negro en la toga de los jueces”, que  al expediente Sun Land “se le dio una solución política”.

Es indiscutible que esa Suprema Corte tuvo múltiples realizaciones que implicaron importantes avances al saneamiento e independencia del Poder Judicial. Pero aquella claudicación ante el poder fue un lastre y abrió las puertas al retroceso, auspiciando que tras la reforma constitucional de 2010 el presidente Fernández se considerara sobre el bien y el mal, y constituyera una nueva Suprema Corte a su imagen y conveniencia personal, lo mismo que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, a partir del absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura.

Si hubo una corte que debió ser plenamente independiente del poder político fue la que presidió Subero Isa, entre otras razones porque sus integrantes no le debían el cargo al presidente de turno. Porque su elección fue fruto de un amplio consenso de las fuerzas políticas impulsado por las organizaciones más relevantes de la sociedad civil. Fue una gran oportunidad perdida para afianzar definitivamente la independencia de la justicia y la fortaleza institucional del Poder Judicial y para que ese colectivo judicial se inscribiera en las páginas gloriosas de la historia nacional.

Como tantas veces en la historia de la nación, esos jueces fueron incapaces de jugársela, con tres honorables excepciones, las de las magistradas Ana Rosa Bergés y Eglys Margarita Esmurdoc y el magistrado Julio Aníbal Suárez, a quienes el presidente Fernández cobró su osadía separándolos de la Suprema Corte de Justicia, tras la claudicación colectiva que lo instituyó intocable.

El PRD al borde de su peor división

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/796/460x390/0/0FCDB612-8422-4833-91D1-9F2693B204EC.jpeg

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afronta lo que podría ser su peor división, tras haber superado seis anteriores en los 74 años que acaba de cumplir, ya que actualmente carece de grandes propósitos y de un líder en capacidad de reunificarlo y devolver la vida a sus órganos atrofiados.

Con ventajas en los tribunales Electoral y Constitucional, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado,  encarnando un “nuevo PRD” se encamina a quedarse no sólo con la casa nacional partidaria, que el viejo perredeísmo ya perdió dos veces, sino también con el nombre y los símbolos, y también con la subvención estatal.

Pasos hacia el abismo.  Cada semana el perredeísmo da nuevos pasos hacia el abismo de una división que esta vez tiene signos ominosos por la ausencia de líderes como Juan Bosch o José Francisco Peña Gómez que en el pasado mantuvieron o rescataron la mística que ha extendido por tres cuartos de siglo de existencia de la más prolongada organización política nacional y de las más antiguas de América Latina.

A pocos ha sorprendido que el Tribunal Superior Electoral (TSE) siguiera dando aprobación a las expulsiones y suspensiones dictadas por un tribunal disciplinario constituido en juez y parte, en contradicción con elementales principios del derecho, dejando a los afectados sin más recurso que apelar ante el Tribunal Constitucional. Pero en este como en el Electoral el grupo de Vargas cuenta con ventaja fruto del pacto que, sin aprobación partidaria, hizo en el 2009 con el expresidente Leonel Fernández.

El presidente del PRD rechazó de inmediato la propuesta del expresidente Hipólito Mejía para que la Iglesia Católica mediara en busca de una salida concertada a la crisis, y para no dejar dudas de su firmeza convocó para hoy domingo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional que ratificaría las sanciones de la semana anterior.

Con el expresidente Hipólito Mejía y el presidente en funciones Andrés Bautista expulsados, e impedidos de participar en la reunión del CEN, al igual que los suspendidos Orlando Jorge y Geanilda Vásquez, se ignora si el grueso de sus seguidores y aliados internos concurrirán a la cita de este domingo. En cualquier caso estarían en desventaja dentro de un local donde no caben los 2,307 miembros que constituyen el organismo de acuerdo con la nómina que registró Vargas ante la Junta Central Electoral el 18 de mayo pasado, justo el día en que su partido concluía la campaña electoral.

Esa nómina ya está reconocida por el TSE, aunque Enmanuel Esquea Guerrero,  expresidente del PRD y abogado de los expulsados y suspendidos, sostiene que excluye a unos 300 de los 1,790 miembros que tenía cuando ratificaron a Vargas Maldonado  como presidente en el 2009 y cuando en el 2011 fue proclamado Mejía como candidato presidencial, y que incluye a unos 550 nuevos.

En manos de Vargas.  La división es un hecho, porque Vargas Maldonado ha demostrado que quiere el partido para él solo, el “nuevo PRD” que proclamó al ser investido presidente, donde nadie le dispute su preponderancia y que no se le ocurra volver a descartarlo como candidato presidencial, como ocurrió en la última convención del 6 de marzo del 2011.

Cuenta con las ventajas de las cortes y el apoyo del expresidente Leonel Fernández y su partido en el poder, y con la dispersión e ineficacia de la mayoría de sus contradictores.

Se quedará no solo con la Casa Nacional, que mantiene encadenada desde mediados del año pasado, sino también con el nombre y los símbolos del viejo partido, así como con la subvención del Presupuesto Nacional, que el año pasado significó 374 millones de pesos, el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales.

Para 2013, como no hay elección se reduce al 0.25 por ciento, pero como crecen las recaudaciones, alcanzaría 254 millones de pesos, con el estimado de ingresos de 384 mil millones de pesos.

Con apenas un puñado de los dirigentes nacionales del PRD, y dado que confrontó al candidato presidencial que arrastró a más del 90 por ciento de sus militantes y obtuvo el 47 por ciento de la votación nacional, Vargas tendrá escasas posibilidades de reunificar ese partido y rescatar sus apoyos externos.

Más aún por su limitado carisma político y por girar hacia la derecha política, un espacio que corresponde a Leonel Fernández, el próximo candidato presidencial del partido oficialista.

Con un poco de suerte, el “nuevo PRD” podría sobrevivir gracias al financiamiento público y con el reparto de candidaturas para los comicios del 2016. Pero le resultará muy difícil remontar el descrédito que sufrirá en la imagen democrática que acumuló durante décadas y que le dio vigencia a pesar de la frecuencia con que la pluralidad ha devenido en confrontación abierta.

Una prolongada agonía.  El PRD es víctima de una prolongada agonía, originada en el pragmatismo que  afecta al sistema partidista, y que en su caso ha adolecido de una renovación del liderazgo en todos sus niveles. Decenas de dirigentes nacionales ya cansados, frustrados o resignados, ni siquiera han protestado tras haber sido excluidos por acción individual.

Los organismos perredeístas, desde los comités de base al CEN, dejaron de ser operantes y solo eso explica que se permitieran el lujo de ir a las elecciones presidenciales del año pasado con un presidente que junto a un pequeño núcleo, trabajaba para provocar la derrota, algo insólito y sin precedente en la democracia.

La mayoría de los dirigentes del partido blanco, incluyendo los de edad media, y cientos de jóvenes formados en los cursos de gestión política quedaron inmovilizados en medio del conflicto, a lo que contribuyó la reducción del conflicto a la confrontación entre Vargas y Mejía, y que éste aceptó el juego sin echarse a un lado y llamar a la renovación del partido para preservarlo, aunque tanto en la campaña electoral como después dejó abiertas las puertas a un entendimiento que salvara la unidad.

Hipólito Mejía fue responsable en parte de la degradación de la mística y la democracia interna del perredeísmo cuando desde la Presidencia, entre el 2000 y el 2004, practicó el autoritarismo y compró voluntades para imponer una inútil reforma constitucional que le permitiera buscar la reelección en condiciones que obligaban a una alternativa.

Se impuso sobre símbolos perredeístas como Milagros Ortiz Bosch, Emmanuel Esquea Guerrero, Hugo Tolentino Dipp y Hatuey Decamps, quien terminó expulsado.

Dos derrotas consecutivas como candidato presidencial debieron ser suficientes para que Hipólito Mejía promoviera una renovación.

El haber obtenido el 47 por ciento de la votación en una elección tan desigual, luchando hasta con el presidente de su partido en contra, le ha permitido mantener su esperanza de volver al poder, ignorando que una parte de ese sufragio fue por sanción a la gestión del PLD. Eso ha contribuido a inhibir a muchos partidarios de la renovación.

No hay quien salve al PRD. La validación de las expulsiones y suspensiones por el TSE puede ser el golpe de gracia a la unidad del PRD que quedaría profundamente escindido y con un nuevo liderazgo fundado en el pragmatismo político. Sería la octava división del partido blanco y esta vez con preponderancia de una minoría de sus dirigentes y sin un líder en capacidad de reunificarlo. La primera fragmentación ocurrió en 1940, al año de fundado en el exilio, protagonizada por su primer secretario general, Juan Isidro Jimenes Grullón, quien luego crearía la Alianza Social Demócrata.

Recién llegado al país en 1961, dos de sus tres precursores, Nicolás Silfa y Ramón Castillo, se fueron casi solos para constituir el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico y el Partido Progresista Demócrata Cristiano. No hicieron mella a un partido que lideraba Juan Bosch. Otra insignificante fue la salida de Rafael Peguero Méndez, quien con otros nueve diputados expulsados, adquirió la franquicia del Partido Popular Cristiano en 1998.

La mayor división del PRD fue la protagonizada por el profesor Juan Bosch en diciembre de 1973, cuando renunció para constituir el Partido de la Liberación Dominicana. Se quedó con el local nacional, pero la mayoría se mantuvo en el partido blanco que ya contaba con el liderazgo de relevo de Peña Gómez, que 4 años y medio después lo llevaría al poder.

La escisión del perredeismo fue casi a la mitad tras la derrota electoral de 1986, protagonizada por las rivalidades de los grupos del candidato perdedor Jacobo Majluta y Peña Gómez, que dieron origen a dos partidos el Revolucionario Independiente y el Bloque Institucional Social Demócrata. Otra vez el liderazgo peñagomista logró rescatar la unidad para resurgir con fuerza. La séptima y última fue originada en la expulsión de Hatuey Decamps, quien lo presidía, y constituyó el Partido Revolucionario Social Demócrata, quedándose con el local nacional.

Ironía de la política nacional. Hipólito Mejía contribuyó a elevar el protagonismo político de Miguel Vargas. Lo mantuvo sus cuatro años como ministro de Obras Públicas clave para aumentar fortunas, y luego lo respaldó para la candidatura presidencial del 2008, prefiriéndolo a Milagros Ortiz Bosch,  y un año después para la presidencia del partido. El expresidente propició el rescate de Fiquito Vásquez, que había sido expulsado por traición y quien ahora preside el tribunal que lo extraña del partido que más votos recibió, con Mejía de candidato, en la última consulta democrática hace solo ocho meses.

De espalda a la realidad del país, la división del PRD auspiciará el retorno al poder dentro de tres años del nuevo caudillo Leonel Fernández, dueño del escenario judicial y político nacional, quien ya hace tiempo se apropió del Partido Reformista Social Cristiano que durante más de tres décadas compartió con el perredeismo el dominio de la política dominicana.

 

Persistente empeño en aniquilar el PRD

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/794/460x390/0/D1B8C052-FCEA-4959-B2F9-FD74326C5374.jpeg

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha entrado en un tercer año consecutivo de crisis institucional que prolonga una agonía que lo incapacita para ejercer el papel de oposición y equilibrio político que requiere el desarrollo democrático nacional, sin que se vislumbre una salida que no sea una convención democrática.

Numerosos esfuerzos por alcanzar acuerdos para convocar los organismos de dirección de ese partido han tropezado con la resistencia de su presidente Miguel Vargas Maldonado, quien parece haber asumido la misión de desguañangar una organización que en sus 74 años ha sobrevivido a múltiples avatares.

Se profundiza la agonía.  La pretendida expulsión del expresidente de la República Hipólito Mejía y del presidente en funciones del PRD Andrés Bautista, así como la suspensión por dos años de su secretario general Orlando Jorge Mera y su secretaria nacional de organización Geanilda Vásquez, profundiza la agonía del más antiguo instrumento del sistema partidista dominicano, sin que se vislumbre posibilidad de rectificación.

El 2012 terminó en la expectativa de que el presidente del partido blanco, Miguel Vargas Maldonado, respondiera una solicitud de más de un centenar de dirigentes de que convocara la Comisión Política (CP) perredeísta para abrir una vía institucional de entendimiento. Pero la respuesta al comenzar el año ha sido la convocatoria a un juicio disciplinario que abona la división.

Con la casa nacional del PRD encadenada y con impedimento de entrada de sus dirigentes nacionales e históricos, Vargas Maldonado monta un tribunal disciplinario sin la menor legitimidad estatutaria ni democrática, ya que fue conformado por seguidores de su fracción, violentando el principio de que no se puede ser juez y parte a la vez.

Resulta grotesco que tuvieran que apelar a oficiales de la Policía para hacer prevalecer un listado de quienes podían o no ingresar al local partidario. Hasta la “peligrosa profesora” doña Ivelisse Prats está impedida de entrar a sus oficinas. El juez presidente sería Rafael Francisco Vásquez (Fiquito), con un largo historial conflictivo desde que en 1985 armó un tiroteo que anarquizó una  convención que pretendía elegir candidato presidencial, y quien en 1998 fue expulsado del partido junto a otros nueve diputados  por aliarse al gobierno de Leonel Fernández desafiando a su dirección.

Fiquito Vásquez fue designado presidente del tribunal el 1 de noviembre del 2012 en sustitución de José Luis Tavárez, quien había sido electo apenas cuatro meses antes, el 29 de junio. Quien actuó de fiscal, Geovanny Tejada, fue designado  el 3 de junio pasado en sustitución de Nelson Arroyo, antes que este terminara su período en el 2013. En una instancia de  impugnación elevada ante el Tribunal Superior Electoral y pendiente de fallo, se documenta que esas designaciones no fueron ratificadas por la CP como indica el artículo 206 de los estatutos partidarios ni acorde con el 31, 121 y 172.

Responsabilidad compartida.   Es obvio que la responsabilidad de la crisis rebasa el resentimiento de Vargas Maldonado y se extiende al primitivismo político con que a menudo actúa Hipólito Mejía, y a todo su alto liderazgo que se acostumbró a los acuerdos de aposento, al margen de los organismos, lo que degradó la democracia interna. Aunque Vargas lo extremó cuando invirtió una altísima suma de dinero para comprar voluntades y actuó como quien adquiere una nueva empresa, sin capacidad para gerenciar las diversidades y disensiones.

Los organismos perredeístas medios y de base han venido siendo inmovilizados desde antes que Vargas asumiera la presidencia y las ambiciones personales han predominado sobre los objetivos partidarios y ni hablar de los propósitos nacionales. La mayoría de sus dirigentes lucen desmovilizados, dejando todo el espacio a los más ambiciosos y ha permitido que la crisis se vea como un simple enfrentamiento entre Vargas y Mejía.

La crisis del PRD no deja de ser una expresión de la crisis de la institucionalidad democrática nacional, donde el estado de derecho y la legitimidad son carcomidas por la corrupción y la imposición para mantener privilegios cada vez más desproporcionados. Es obvio que la confrontación perredeísta ha sido estimulada y financiada con los recursos del Estado y abonada por los repartos originados en el pacto del 2009 del presidente Leonel Fernández con Vargas Maldonado, quien a título de excandidato comprometió al PRD pasando por encima a todos sus dirigentes y organismos. Por eso Fernández le dio una cuota en la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, lo que se pregona como una de sus “fortalezas”.

La voluntad democrática.   A pesar de que el precario equilibrio de la democracia dominicana requiere un partido de oposición, cada vez más hay quienes quitan relevancia al PRD y hasta se plantea que lo más conveniente podría ser que acabaran de desguañangarlo, para ver si surge una mejor alternativa partidista, lo que no parece a la vista, dado el conservadurismo y la desmovilización predominantes.

En los cenáculos políticos se advierte que la división del PRD es irremisible por los intereses que la alientan, entre ellos porque parece la mejor garantía para que Leonel Fernández vuelva al poder en el 2016, reeditando el continuismo de Santana, Báez, Lilís, Horacio Vásquez, Trujillo y Balaguer, hilo conductor de la historia política nacional.

Lo que se puede discutir es si la división se producirá civilizadamente o por actos de violencia e imposición. Si la mayoría de sus dirigentes, más allá de las voluntades de Vargas y Mejía, se lo propusieran tal vez podrían lograr algún arbitraje y una observación externa capaz de incentivar la realización de una convención democrática, donde quede certificada la voluntad de las mayorías de los perredeístas.

Es lo que han propuesto y pactado varias comisiones, la última en septiembre pasado integrada por Peggy Cabral, Neney Cabrera, Nelson Espinal, Siquió NG de la Rosa, Eligio Jáquez, William Jana y Ángel de la Cruz. Obtuvo apoyo de los cuatro recién sancionados, pero Vargas no respondió. Como tampoco respondió la solicitud del centenar de dirigentes, por iniciativa de una “tercera fuerza”, que en noviembre pidió reunir la Comisión Política para iniciar el proceso de elección de nuevos dirigentes.

Vargas Maldonado aduce que su mandato de 4 años termina en el 2014, porque según él comenzó en el 2010. Los periódicos y documentos permiten establecer que fue propuesto a “unanimidad” por una reunión de la Comisión Política el 7 de junio del 2009. La segunda resolución de la XXVII Convención Nacional Ordinaria del 19 de julio del mismo año indica: “Se aprueba la elección del compañero Ing. Miguel Vargas Maldonado y en consecuencia se proclama como presidente del Partido Revolucionario Dominicano para el período 2009-2013”.  Dos días antes, el 17, la entonces Cámara Contenciosa de la JCE, mediante su Resolución 049-2009 estableció “como al efecto declara, en cuanto al fondo, buena y válida la convocatoria única y exclusivamente para la proclamación y juramentación del Ing. Miguel Vargas Maldonado como presidente del Partido Revolucionario Dominicano a celebrarse el domingo 19 de julio del 2009, dentro de las actividades de la XXVII Convención Nacional Ordinaria, por haber sido realizada por los organismos competentes, de conformidad con los Estatutos del PRD y el Reglamento de la indicada convención”.

Una división irrevocable

En El Tema de Hoy del 3 de junio del 2012 se planteaba que “el PRD está fraccionado desde la convención que escogió candidato presidencial hace 15 meses y si no pudo reunificarse aún cuando las encuestas lo proyectaban ganador de las elecciones, parece casi imposible que lo logre tras la derrota”. Numerosos esfuerzos realizados desde entonces han ratificado ese criterio.

A un año y diez meses de la convención del 6 de marzo del 2011 que escogió a Hipólito Mejía candidato presidencial, Vargas y parte de quienes le siguieron todavía no aceptan que perdieron como lo entendió más de un 90 por ciento de los perredeístas que se incorporaron a su campaña electoral y la opinión pública que desde el principio legitimó la votación. El resentimiento y odio parece haber guiado su accionar político, constituyéndose en caballo de Troya durante la campaña y permitiendo que sus más cercanos hasta hicieran proselitismo por la candidatura peledeísta. Decepcionó hasta su propia familia que poco antes de la votación se empeñó en invitarlo a un almuerzo de reconciliación al que asistió Mejía.

Reclamando una “presidencia institucional” que él mismo había propuesto que correspondiera a quien fuera el candidato, Vargas aceptó una mediación encabezada por el especialista en conflicto Nelson Espinal para proclamar a Mejía candidato, pero resistió todos los intentos de reunirlos, incluidos los que hicieron cercanos a él como Peggy Cabral viuda Peña Gómez, y los reconocidos médicos José Joaquín Puello y César Mella. Hasta el expresidente panameño Martín Torrijos fracasó como mediador.

Mientras casi todos los integrantes de su estado mayor en la lucha por la candidatura se incorporaban a la campaña perredeísta, incluyendo a tres de los cuatro que hizo sancionar esta semana (Bautista, Orlando y Geanilda), y que le seguían en la jerarquía partidaria, Vargas se mantuvo encerrado. También se le alejaron la presidenta de las mujeres Janet Camilo y el presidente de la Juventud perredeísta, así como Alfredo Pacheco, quien dirigiera su campaña interna, y otros relevantes como Neney Cabrera, Eligio Jáquez, Jesús Vásquez, Roberto Fulcar, Andy Dauhajre y Peggy Cabral.

De los dirigentes perredeístas nacionales reconocidos sólo siguen respaldando a Vargas: Fiquito Vásquez, Julio Maríñez, Aníbal García, Ruddy González, César Díaz Filpo, Alejandro Abréu, Wilfredo Alemany y Nelson Marte, varios de ellos funcionarios pagados del partido, cuyo presupuesto maneja solito el presidente.

 

Mal debut del Tribunal Electoral

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/705/460x390/0/4D3BC5F3-172F-4FA4-B4B9-7284F052816F.jpeg

Dos de los primeros dictámenes del Tribunal Superior Electoral (TSE) establecido al finalizar el año pasado por mandato de la Constitución del 2010 constituyen un penoso debut que dejan mal parada su credibilidad y ratifican los temores de que su matrícula será fiel al interés político partidario con que fue escogida.

Se trata de las decisiones sobre recursos incoados contra los pactos electorales suscritos por los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano con los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y  Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), erróneas o mal fundadas a vista de cualquier aficionado al derecho y la justicia que debe enarbolar un organismo llamado a garantizar derechos fundamentales de naturaleza universal como el de elegir y ser elegido.

En el caso del grupo de dirigentes reformistas que impugnaron el pacto con el partido gobernante, como señaló el movimiento Participación Ciudadana (PC), el TSE “optó por la vía fácil del formalismo y sin conocer el fondo declaró inadmisible la acción de amparo al entender que se trataba de un amparo de cumplimiento, recurso previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales que sólo puede ser ejercido contra un funcionario u organismo público”.

Sin embargo, continúa PC, “es errónea la calificación del caso como un amparo de cumplimiento porque los dirigentes reformistas no fundamentaron su acción de amparo en el artículo 104, sino que la reputan como una acción de amparo ordinaria, fundamentada en la protección de derechos fundamentales vulnerados por una omisión de un particular”. Según el artículo 65 de la citada ley: “La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en formal actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data”.

De esa forma el TSE se economizó el esfuerzo de examinar el fondo del reclamo de un grupo de ciudadanos, entre los cuales varios alegan que les vulneraron su legítimo derecho a ser postulados a la presidencia de la nación por su partido, lo que previamente había sido garantizado por un Congreso Nacional del PRSC.

En el caso del PNVC, el dictamen es más grave porque deja fuera de la competencia electoral a una organización política, sin la menor fundamentación legal, y porque fue adoptada por una mayoría simple de tres a dos, protagonizada por los jueces electorales a quienes se vincula con el partido gobernante, incluyendo uno que procede de su comité central, y en perjuicio del interés del principal partido opositor.

En este caso baste considerar el “voto disidente y razonado” del propio presidente del tribunal, el doctor Mariano Rodríguez, quien sostiene que esa mayoría simple “no tomó en consideración que el PNVC cumplió con los requisitos de mayoría en cuanto a la conformación de la lista de electores internos, de publicidad de su Convención, agenda determinada, e idónea convocatoria en cuanto al órgano con calidad para llamar a la Convención”. El magistrado Rodríguez afirma que el dictamen “deviene en una violación al derecho fundamental del sufragio, tanto activo como pasivo”, al anular un legítimo pacto de alianza sin que pueda ser restablecido, ya que venció el plazo correspondiente.

Este dictamen es mucho más grave porque ha puesto en evidencia la parcialidad de la mayoría del TSE en un asunto que al fin y al cabo no es en sí mismo decisorio, lo que siembra incertidumbres sobre lo que ocurriría si tienen que decidir una cuestión que determine el rumbo de la elección presidencial.

En propias palabras del presidente del TSE: “Con el rechazo del padrón de delegados remitido por la Junta Central Electoral y en consecuencia la anulación de la XXXV Convención, sin haber sido aportados los documentos que sustentan dichas pretensiones, se está sentando un precedente negativo que deviene en  detrimento de la institucionalidad, no sólo del Partido Nacional de Veteranos y Civiles, sino también de todas las organizaciones que conforman el sistema político dominicano”.

 

Retos para Leonel en este último año

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El Presidente Leonel Fernández ha iniciado el último año de su tercer período gubernamental con importantes retos económicos, institucionales y políticos, entre los que resaltan garantizar un proceso electoral democrático y mantener la estabilidad macroeconómica en medio de graves turbulencias nacionales e internacionales.

Sea que pueda o no retornar al poder, como partidarios y antagonistas le atribuyen, cuando concluya su actual gestión Fernández será el único mandatario dominicano y latinoamericano que habrá agotado tres períodos de gobierno mediante elecciones libres y formalidades democráticas.

Un año fundamental

Este octavo año de gobierno consecutivo y duodécimo en dos etapas, que inició Leonel Fernández el 16 de agosto será fundamental para el balance de su gestión, que todavía podría mejorar en aspectos donde se concentran las insatisfacciones y críticas o proseguir en la pendiente enjabonada que lo ha llevado a perder parte del amplio apoyo popular que le acompañó en los primeros tramos.

Estos próximos meses serán los más difíciles no sólo por el desgaste de su gobierno y liderazgo, sino también por el escenario de incertidumbres económicas internacionales de indudables repercusiones en el país, y por la acumulación de déficits fiscales y de balanza de pago, así como por el agotamiento y el peso del endeudamiento en que se ha fundamentado la estabilidad macroeconómica de los últimos 8 años.

El panorama es visto con pesimismo en los más diversos sectores sociales, donde se teme que el presidente vuelva a desbordar el gasto público en la próxima campaña electoral, como lo hizo en las del 2008 y 2010, ya sea por esforzarse en apoyar la candidatura de su partido, o concluir obras y repartos para abonar el camino de retorno al poder para el 2016, como esperan sus más fervorosos partidarios y le atribuyen sus opositores.

Para mantener la estabilidad macroeconómica, que es la mayor prenda de su doble período de gobierno, sin dejar una bomba de tiempo a su sucesor en medio de la crisis económica, Fernández tiene que atenerse a los límites establecidos en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, independientemente del interés político.

 Por otro lado el mandatario está desafiado a apoyar institucionalmente la candidatura de su partido, más allá de su interés en perpetuarse en su liderazgo, pero también a garantizar un proceso electoral libre, equitativo y democrático, sin el abuso de los recursos del Estado de que se le acusó en las tres últimas elecciones generales.

Luces y sombras

Hay unanimidad en que el mayor éxito de la gestión de Fernández ha sido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, aunque no se ha traducido en empleo de calidad ni en reducción de la pobreza, sino más bien en mantenimiento de la misma con programas asistencialistas que no inciden en desarrollo humano. Ese crecimiento es de poca sostenibilidad al fundarse en un enorme endeudamiento ya cercano al 40 por ciento del producto bruto. El presupuesto del 2010 se sustentó en financiamiento externo e interno por 121 mil 700 millones de pesos, y en el 2011 por 97 mil 200 millones de pesos.

Los ingresos nacionales sólo alcanzan para el gasto corriente. Y el déficit de la  cuenta corriente de la balanza de pagos fue el año pasado de más de 4 mil 400 millones de dólares, que este año se acercaría a los 5 mil millones, con políticas económicas que promueven más la importación que la producción y las exportaciones nacionales.

Esta gestión gubernamental podrá reivindicar una significativa cantidad de obras materiales, especialmente viales, como dos líneas de metro, elevados, puentes, extensiones universitarias y hospitales, aunque con excesiva concentración de la inversión pública en la capital y su entorno. También la promoción de importantes reformas jurídicas, constitucionales e institucionales, pero con muy limitado cumplimiento de las mismas, cuando no abierta violación.

Las mayores sombras se registran en la escasa inversión en educación, salud y real combate a la pobreza, corrupción sin límites, malversación y boato, inseguridad derivada de todo género de delincuencia, especialmente del narcotráfico, fracaso en superar la crisis energética, fomento del clientelismo y el rentismo como fundamento de la política y desprecio por los reclamos de la comunidad y la opinión pública. Se imputa al doctor Fernández haber cambiado el ideario de Juan Bosch por el de Joaquín Balaguer, como forma de prolongarse enel poder.

Quedan oportunidades

Es cada vez más generalizada la convicción de que la magia del discurso del doctor Fernández ha perdido poder de convicción, desgastada por las promesas incumplidas y el cúmulo de insatisfacciones económicas y sociales, las cuales tuvieron expresión en el paro general del mes pasado.

La imagen presidencial quedó deformada por los intentos de casi un año por abrir una brecha para colar otra repostulación presidencial en contradicción con la flamante Constitución del 2010, así como por los viajes mensuales del presidente por todas partes del mundo  exterior con amplias comitivas y excesiva vanidad, hasta el grado de la sobreestimación.Por más esfuerzos que se hagan

las insatisfacciones derivadas de los problemas estructurales ya no tienen remedio en un año, pero el presidente tendría oportunidad de recuperarse al menos parcialmente reconociendo la necesidad de mayor inversión en educación para el presupuesto del 2012, dando muestras efectivas de combate a la corrupción, con austeridad en el gasto público y esfuerzos visibles por la transparencia y el cumplimiento de las normas de compras y contrataciones.

Las mayores oportunidades estarían en el ámbito de lo institucional y democrático, creando un clima de civilizada competencia electoral, con absoluta prohibición de abusar de los recursos del Estado en la campaña electoral, y procediendo a una elección satisfactoria de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.

Una gran contribución del presidente Fernández sería concluir la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo que lleva tres años de procesamiento y auspiciar la aprobación de la ley de partidos políticos y las reformas pendientes a la ley electoral, para todo lo cual es imprescindible un clima de entendimiento y concertación por lo menos con todo el sistema político partidista.

Un año puede alcanzar para contener el deterioro y el desgaste de 11 años de gobierno, y hasta para lograr alguna revocación, pero con políticas innovadoras que respondan a las demandas insatisfechas, no con demagogia como la del reciente mitin político de Gualey.

El gran éxito de Leonel

Al margen de que pueda o no retornar al poder en el futuro, el presidente Leonel Fernández puede terminar sus 12 años de gobierno con un gran éxito personal, ya que será el único en la historia dominicana y latinoamericana que haya logrado tres períodos de gobierno bajo formalidades democráticas, tanto en su elección como en la gestión.

En agosto del 2012, antes de cumplir 59 años de edad, Fernández Reyna se habrá inscrito en la historia nacional como el de más prolongado ejercicio democrático. Estará entre los siete gobernantes que han presidido la nación en dos terceras partes de sus 168 años y compartirá con Joaquín Balaguer el dominio, también de dos terceras partes, de los 50 años del período post Trujillo.

Las dos peores dictaduras de la historia nacional, las de Rafael Trujillo y Ulises Hereaux (Lilís) se extendieron por 31 y 14 años, para un total de 45. La cuasi dictadura de Joaquín Balaguer, agotó 22 años con 6 elecciones casi todas no democráticas y períodos de eclipse de las libertades fundamentales, lo mismo que los 13 años de Buenaventura Báez en cuatro períodos, los 12 de Pedro Santana y 8 de Horacio Vásquez, también en 3 etapas. Con los 12 de Fernández, serán 112 años de gobierno republicano, justo el 68 por ciento.

Como a ningún otro al líder del PLD le ha tocado gobernar con pluralidad de partidos, con amplia libertad de información y opinión a través de una inmensa red de  medios de comunicación, e incluso durante 6 años sin tener el control del Congreso Nacional, y con el Poder Judicial en la etapa más independiente de la historia nacional.

La repetición de gobernantes con pluralidad de períodos es de los factores por los que muchos no se atreven a afirmar que éste será el último del doctor Fernández, de cuya formación y herencia política se esperaba un mayor afianzamiento del proceso democrático, y más impulso al desarrollo humano, pero ha reproducido las políticas de siembra de cemento, de cultivo del clientelismo y de la corrupción en que se fundaron  los prolongados regímenes de Trujillo y Balaguer.

De política y políticos en la justicia

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Nunca he pretendido estigmatizar la política ni a los políticos. De la primera convengo con el patricio Juan Pablo Duarte en que es la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias humanas. En cuanto a los políticos tengo mis preferencias que se podrían sintetizar en el más noble y visionario de los contemporáneos: Nelson Mandela.

 Con los políticos dominicanos me he llevado bastante bien, sin perder nunca la criticidad, dentro de una pluralidad y respeto a toda prueba. Pero hasta en mi profesión del periodismo y la comunicación siempre he disentido de quienes creen que no requiere ninguna norma, pues está objetivamente demostrado que toda actividad humana que no se regula tiende al desbordamiento, y se revierte contra el bien común. Y si una ha sido histórica y sistemáticamente pervertida es la de los políticos, sobre todo en naciones de gran debilidad institucional.

El tema se actualiza ahora que el Consejo Nacional de la Magistratura busca renovar la Suprema Corte de Justicia y elegir los jueces de los nuevos órganos judiciales instituidos por la Constitución del 2010: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Son los máximos órganos del Poder Judicial, que por su naturaleza deben ser independientes de los otros poderes, el Legislativo y sobre todo el Ejecutivo. Si estos dos son en la democracia de naturaleza esencialmente política, el Judicial está concebido como independiente de todos los poderes.

 El artículo 151 de la Carta Magna no deja dudas: “Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles”… Su numeral 1 establece que “El servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente. Sus integrantes no podrán optar por ningún cargo público, ni participar en actividad político partidista”.

 Del cumplimiento de esos mandatos constitucionales es que se trata cuando se reclama que no lleven a las altas instancias judiciales a miembros de los órganos directivos de los partidos. El presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, lo ha expresado diplomáticamente al decir que no teme a los políticos sino a la política en la justicia. Es decir que no se puede temer ni discriminar a alguien porque sea político, sino porque puede transportar la política a los tribunales. Sobre todo en un país donde la política lo invade todo. Tratando de acondicionarnos a la manipulación de la justicia, se ha impugnado al mismo magistrado Subero porque su elección, como la de otros, fue fruto de un acuerdo político en 1997.

El Consejo de la Magistratura era y es una instancia integrada mayoritariamente por políticos. No puede condenárseles porque concierten en función del interés nacional, pero sí que impongan sus mayorías mecánicas.

En 1997, como ahora, había actores políticos que querían imponer sus intereses grupales, pero el activismo positivo, la presión de una sociedad civil entonces en auge, obligó a la moderación, para lo cual fue fundamental la transparencia total en las evaluaciones y elección. Como corresponde a decisiones de tanta trascendencia, a puertas abiertas, como las del Congreso Nacional y los tribunales. En 1997 no hubo pureza, pero no pudieron predominar Amable Aristy ni Peguero Méndez, aunque podían sumarse otros dos votos para tener la mayoría. Lo que reforzó la minoría que representaban el presidente Fernández y Milagros Ortiz fue la transparencia. La televisión impidió una mayor exhibición de miserias ante la sociedad dominicana.

Subero Isa ni los demás jueces integrantes de Suprema Corte han actuado en favor de los intereses políticos que representaban Aristy y Peguero, quienes también lograron su cuota en el organismo. Pero tres cuartas partes fueron electos por sus méritos e independencia política, y toda la sociedad lo celebró como un éxito.

Ahora lo que deberíamos aspirar es a superar la elección de hace 14 años, no al retroceso, como algunos pretenden.

Mucho más ahora que también se eligen los jueces de otras dos instancias superiores y de trascendencia institucional.

Nueva oportunidad para el presidente LF

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Leonel Fernández tiene una buena oportunidad para mejorar la aprobación de su gestión, con la próxima elección de los jueces de los nuevos tribunales Constitucional (TC) y Superior Electoral (TSE) y  la renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en un proceso de más de un mes que se inicia el próximo jueves 11.

Con una mayoría absoluta en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el mandatario podría responder las expectativas de la opinión pública y las instituciones sociales de fortalecimiento institucional, repitiendo el éxito que alcanzó en 1997, o, por el contrario, imponer jueces a la medida de sus intereses políticos, como algunos temen.

Preciosa oportunidad.  Al doctor Fernández le correspondió estrenar el CNM en su primera elección de jueces supremos en 1997, en virtud de la reforma  constitucional de 1994, y ganó amplio crédito por lo que la opinión pública catalogó de transparente y equilibrada elección. Atendió los reclamos de un movimiento social con sesiones televisadas, que redujeron el margen de predominio de los intereses partidistas.

Pero entonces el mandatario sólo disponía de su propio voto en un organismo donde predominaba la oposición política. Ahora tiene garantizados cinco de los 8 votos, incluido el del procurador general, los presidentes de las dos cámaras legislativas y el segundo delegado del Senado, llevado a esa representación en desmedro del único senador electo en la boleta de otro partido. Si le fallare uno, con una votación empatada a cuatro, apelaría al voto decisorio establecido en la Ley Orgánica del CNM.

Las expectativas de una justa elección de los jueces superiores fueron  recogidas en términos dramáticos por el presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, quien reaccionó a la convocatoria clamando porque “el proceso sea transparente, público y abierto. Que los buenos que se alijan se sepa que son buenos, pero que si se decide elegir a los mediocres, que la sociedad sepa y conozca que son mediocres”.

Empero, el presidente del Senado y secretario general del partido oficial, Reinaldo Pared Pérez, reaccionó proclamando que el presidente Fernández “es un hombre transparente en todo lo que hace”, y asegurando que la elección “no será afectada por intereses particulares”.

Por su parte el Ministro de la Presidencia, dirigente del PLD y reconocido jurista César Pina Toribio aludió a la experiencia del presidente Fernández en la elección de 1997 para reiterar que habrá transparencia, indicando que “ha dado muestras múltiples de gran equilibrio cuando se trata de hacer selecciones, pero fundamentalmente de propiciar la participación y el consenso”.

Para algunos observadores, el proceso es una oportunidad para que el doctor Fernández mejore la valoración de su gestión, que las encuestas vienen mostrando en picada.

Por lo menos un mes.  Si esta múltiple elección de jueces superiores se conduce con participación social, evaluaciones y ponderaciones, como la de 1997, conllevará al menos un mes, como está previsto en un proyecto de reglamento del CNM que circula sin autoría, aunque en los ámbitos de la sociedad civil se atribuye a legisladores oficialistas.

El artículo 1 del borrador indica el objetivo de regular el funcionamiento de este órgano, el procedimiento a seguir para la selección de los jueces y la evaluación de desempeño de los de la SCJ. El artículo 13 señala cinco pasos: convocatoria, identificación y preselección de postulantes, vistas públicas de evaluación, selección de jueces, y juramentación. En el 23 se indica el perfil con 16 condiciones profesionales, de integridad, temperamento, reputación, independencia y otras.

El proyecto, de 9 capítulos y 35 artículos, demandaría más de una semana para su estudio, ponderación y aprobación. Prevé un mecanismo que incluye un plazo de 10 días para que instituciones y personas presenten candidaturas con los correspondientes expedientes de acreditación,  luego una reunión del CNM para realizar una preselección de postulados, 5 días para hacerlos público y llamar a vistas públicas y televisadas de evaluación individual, que pudieran agotar varios días dependiendo de la cantidad de aspirantes. Y sólo después las sesiones necesarias para elegir los jueces de los tres organismos, las que serían “a puerta cerrada”.

El proyecto de reglamento ya ha sido analizado por los dirigentes y juristas que integran una “Coalición por la Transparencia en la elección de los jueces” encabezada por FINJUS, Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana, Cámara Americana de Comercio y Confederación Patronal. Abogan, como lo hicieron en 1997, porque las deliberaciones y votaciones para elegir también sean televisadas, y preparan observaciones al borrador.

La experiencia de 1997.  En 1997 el CNM se estrenó con 7 miembros. Con el Congreso casi parejo en virtud del trauma electoral de 1994, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano disponían cada uno de dos delegados. Amable Aristy Castro y Francisco Féliz y Féliz por los primeros, y Milagros Ortiz Bosch y Rafael Peguero Méndez por el otro. Los reformistas contaban con un tercer voto, el del presidente de la SCJ Ernesto Contín Aybar. Amadeo Julián, el otro delegado y voz crítica del desprestigiado tribunal, se mantuvo independiente. Aspiraba a ser ratificado y tenía merecimientos pero al final fue víctima de la barrida total.

El presidente Fernández y la senadora Ortiz Bosch, fueron claves para la transparencia del proceso y el predominio de juristas independientes de los intereses partidistas y de reconocimiento profesional, con tres sesiones televisadas de vistas públicas y votación, a quienes tendió a sumarse el juez Julián. Peguero Méndez apareció más inclinado a coincidir con los reformistas buscando intercambios de patrocinados, y despertando a Contín Aybar cuando le tocaba votar.

En años de apogeo, la coalición de la sociedad civil tuvo un papel relevante, con una campaña que reclamó y obtuvo participación y transparencia. 48 organizaciones sociales presentaron candidaturas. Evaluaron a los 20 más votados en dos programas de dos horas cada uno realizados por Teleantillas, modelo que aceptó seguir el CNM para la elección que concluyó a la 1.50 de la madrugada del 3 de agosto.

Al final se logró que no fuera electo ningún dirigente político, como se pretendió. De los 16 jueces escogidos, 12 (el 75 por ciento) fueron de los promovidos por la sociedad civil, incluyendo los 6 electos a unanimidad y los 5 que obtuvieron 6 de los 7 votos del CNM. Cinco fueron mujeres, equivalentes al 31 por ciento.

El doctor Subero Isa, promovido originalmente por los reformistas para presidir la SCJ, fue aceptado por los perredeístas, mientras el presidente Fernández se abstuvo de votar por él. La sociedad civil no lo objetó, reconociéndole capacidad y honestidad. El doctor Bernardo Fernández Pichardo, quien aspiraba a presidir el tribunal, no aceptó ser un juez más y declinó su elección. La opinión pública celebró la elección de los jueces como esperanzadora para la institucionalidad de la justicia.

Trascendente coyuntura

Con la convocatoria del CNM para el día 11 se abre un proceso trascendente para la institucionalidad democrática nacional, ya que serán escogidos los 13 jueces que integrarán por primera vez el TC, los cinco para el TSE, y sus respectivos suplentes, instituidos en la Constitución del 2010. Al mismo tiempo será renovada por lo menos la mitad de la SCJ, para sustituir a dos titulares fallecidos y a seis que superan la edad límite de 75 años. Los otros ocho serían objeto de evaluación atendiendo al artículo 181 de la carta magna. El total a elegir será un mínimo de 31 y máximo 39 jueces.

La trascendencia de esta elección cobra mayor dimensión por tratarse de jueces inamovibles que en el caso de la SCJ serán evaluados a los 7 años, los del constitucional tendrán un único período de 9 años y los electorales por 4 años, y porque sobre ellos recaerá el control de la justicia, la interpretación de la Constitución de la República y la función contenciosa de los actos electorales.

Entre políticos opositores, juristas y líderes sociales se han venido expresando temores de que la concentración de poder en manos del presidente Fernández pueda trascender su mandato imponiendo jueces que respondan a sus intereses personales y partidistas, lo que podría originar por lo menos tensiones con un próximo presidente de la nación, aún de su propio partido.

Los temores fueron reiterados esta semana tras la convocatoria del CNM, por parte de comentaristas y, especialmente, de las instituciones sociales que promueven el fortalecimiento institucional y democrático. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, doctor Servio Tulio Castaños, apeló a la responsabilidad del mandatario, indicando que “él tiene la oportunidad de catapultarse en este proceso, más aún cuando ya casi se retira del Gobierno”.

Crisis de la democracia y la institucionalidad

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/603/460x390/0/D6AD615A-BC8B-4F37-BE51-27C9F2BE7C93.jpeg

La sociedad dominicana se debate nuevamente entre la autocracia caudillista que proclama al Presidente de turno como ser providencial insustituible y la anarquía de los arrebatos como expresión de las debilidades institucionales y una cultura de carencias y flaquezas democráticas.

Esta semana el presidente Leonel Fernández se situó en el borde mismo del poder total autocrático con un partido que se consume en el silencio, mientras la oposición perredeísta, sacudida por las impudicias del arrebato y la garata, llegaba al límite mismo de la división y la dispersión.

El poder personal.  Tal como se había advertido, tras la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) violando el precepto de dos tercios de los votos, el presidente Fernández inició la semana observando también la del Tribunal Constitucional (TC), al objeto de burlar el mecanismo de consenso que impuso la Constitución de la República que él mismo hizo aprobar y proclamó hace un año.

En el CNM el objeto era asegurarse el control personal de las decisiones del organismo, que en su composición actual comparte con su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el TC, como se supone que haría con el Tribunal Superior Electoral,  se trata de imponer a toda costa los jueces que le convengan a sus intereses personales, ya ni siquiera partidarios.

Con los presidentes de ambas cámaras legislativas, el procurador general y el aliado reformista que él mismo escogió para el CNM, el doctor Fernández tiene asegurada una clara mayoría, pero actúa como si desconfiara de la lealtad de alguno y buscara un poder personal decisorio en la integración de esos suprapoderes estatales y en la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia.

En el caso del TC es público el interés de llevar a la presidencia del mismo al juez Luciano Pichardo, quien debe salir jubilado de la  Suprema Corte, por haber rebasado los 75 años de edad. Muchos se preguntan si éste jurisconsulto es el único que reúne condiciones para presidir el organismo, tanto que justifique hacerlo nacer con un certificado de ilegitimidad.

Alarma justificada.  Lo que termina por detonar una gran incertidumbre en el liderazgo de las organizaciones más activas de la sociedad civil, el empresariado y las iglesias, es que los nuevos tribunales podrían ser decisivos para el proyecto continuista que parece atrapar hasta la inteligencia del mandatario, llevándolo a una reflexión confesada sobre algo que vulnera el orden constitucional.

No son para nada inocentes las alarmas expresadas por dirigentes empresariales y sociales, como tampoco las de los obispos dominicanos, solos o en su conglomerado de la Conferencia Episcopal, quienes vienen enfatizando la necesidad de respetar las leyes y la Constitución de la República.

Lo que dijo el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Diez, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana y otras entidades que integran una Coalición por una Justicia Transparente e Independiente, al igual que abogados constitucionalistas, es que la degradación de las leyes orgánicas, aprobándolas por simple mayoría porque no se dispuso de las dos terceras partes, es un golpe de Estado constitucional.

La desproporcionada reacción gubernamental, que distorsionó la esencia de las objeciones con acusaciones de tremendismo, ignorancia e intentos de intimidar a los poderes públicos, agravó los temores, lo que explica que en apenas horas todas las organizaciones empresariales reafirmaran que la inobservancia del artículo 112 de la Constitución “constituye una amenaza al orden institucional del país”.

La Coalición por la Justicia Independiente se manifestó en defensa del líder del empresariado, a quien se dirigió “el boche del Gobierno”.

Otra respuesta de la sociedad civil la constituyó una carta enviada el viernes al presidente Fernández, en la que 127 ciudadanos, en su mayoría dirigentes de instituciones sociales, empresarios y profesionales, le advierten que no hay espacio legítimo para una repostulación  y que “la ruptura del orden constitucional representaría un grave retroceso para la imagen de la nación en el ámbito del derecho internacional y de graves repercusiones a la luz de la Carta Democrática Interamericana”.

La reunión del Palacio.  En un esfuerzo por enderezar el rumbo, el Presidente de la nación convocó la noche del miércoles una reunión en el Palacio Nacional, en la que durante más de tres horas se debatió el conflicto derivado de la aprobación de las leyes orgánicas. Se invitó a una decena de juristas y a directores de periódicos “como observadores”.

Los informes confidenciales aseguran que aún allí, aparte de los funcionarios, hubo consenso de que para aprobar esas leyes se requiere dos terceras partes de los votos, aún si fueren observadas, y en la necesidad de deshacer el entuerto.

El doctor Juan Manuel Pellerano, maestro del constitucionalismo dominicano, habría sido patente cuando dijo que sólo hay que leer el artículo 112 de la Constitución. El director de Finjus, doctor Servio Tulio Castaños; el doctor Adriano Miguel Tejada y otros fueron terminantes. Y hasta el aliado Vincho Castillo dijo que ese no es un problema jurídico sino político.

Se barajaron dos salidas al embrollo: que el presidente de la Cámara de Diputados pida al Poder Ejecutivo la devolución de la Ley del CNM para volver a conocerla, lo que pareció difícil, pues implica una confesión de culpa, o que el Presidente la promulgue y de inmediato someta un proyecto de modificación para que sea legitimada aprobándola como lo decidan los dos tercios.

El dilema de Leonel.  Una cadena de relativización de la Constitución y varias leyes que se ha venido registrando en los últimos meses alcanza su punto más crítico cuando este domingo 27 el Presidente recibe en un acto masivo dos millones y medio de firmas pidiéndole que procure seguir rigiendo los destinos de la nación para que no se hunda el país, una expresión reiterada en la historia de la nación.

El acto y el activismo de altos funcionarios y decenas de senadores y diputados, incluyendo a uno de sus presidentes han concentrado la atención nacional.

En la opinión pública prevalece la esperanza de que la inteligencia y serenidad de Fernández le induzcan a rechazar un proyecto que pondría en tela de juicio la institucionalidad nacional, dadas las sabidas dificultades y escasa legitimidad para una nueva  modificación de la Constitución.

Pero hay una buena proporción de militantes y simpatizantes de su partido que creen que “sólo Leonel” les garantiza mantenerse en el poder.

Si el Presidente ha pasado de la reflexión que anunció el día 7 de marzo a una  decisión, no encontraría un mejor escenario que el acto multitudinario para explicarla, tanto si acepta como si “se sacrifica”. Él debe saber que tiene en vilo a su propio partido y a la sociedad dominicana.

Pero entre los analistas las apuestas se inclinan por considerar que no anunciará decisión este domingo, y que esperará lo más posible para ver cómo se mueve el escenario, tanto nacional como internacional. Tiene el límite del 10 de abril para cuando se acordó la reunión del Comité Central del PLD para elegir los precandidatos. Pero con dos millones y medio de firmas en su maletín, bien puede encontrar algún pretexto para otro aplazamiento.

A todo esto, se trata del proyecto personal del doctor Fernández, sin la participación en el acto de hoy de ningún organismo de su partido.

Apenas un par de senadores y dirigentes del PLD se han atrevido a contradecirlo, y aliados como Max Puig, quien esta semana rechazó claramente la repostulación a nombre de su Alianza por la Democracia, y el diputado  Pelegrín Castillo.

El PRD: la otra cara

Como si el continuismo del caudillismo y el providencialismo no generaran suficientes incertidumbres, ahí está la oposición representada en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) empeñada en el otro extremo de la cultura política dominicana, el de la anarquía y el arrebato para imponerse por encima del dictamen democrático.

La destitución del presidente de la Comisión Nacional Organizadora de la elección primaria que arrojó la candidatura presidencial de Hipólito Mejía para sustituirlo por uno de los perdedores y la amenaza de Miguel Vargas de auto proclamarse ganador, llevaron la garata a su punto más álgido, del que se salta a la división o se regresa al sentido común y el realismo político.

Una vez más el PRD desaprovecha la oportunidad de recuperar su antigua primacía y legitimarse como alternativa ante un gobierno en declive y un partido oficial anulado por un neocaudillismo.

Aunque debe acreditársele que ha mantenido la unidad en su representación en la Cámara de Diputados y sacó tiempo para elevar una instancia de inconstitucionalidad sobre la ley del Consejo Nacional de la Magistratura.

Al caer la semana había emergido una comisión mediadora integrada por el expresidente de Panamá Martín Torrijos, en su condición de presidente de la Internacional Socialista para América Latina, por el reputado abogado especialista en solución de conflictos Nelson Espinal Báez, y por el empresario Tony Rivera, que reúne la privilegiada condición de hermano de padre de  Vargas Maldonado y cuñado político de Hipólito Mejía, pues su hermana Janet es la esposa del hijo mayor del candidato.

 

En abono del presidencialismo

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/596/460x390/0/5EB36D7A-88DB-478E-BDC4-B262B89BEE67.jpeg

En medio de la borrasca dejada por el discurso presidencial del 27 de febrero podría colarse de contrabando el nuevo esfuerzo gubernamental por abonar el recurrente presidencialismo que tanto ha castrado la institucionalidad democrática en los 167 años de la República Dominicana.

El presidente Leonel Fernández observó la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) recién aprobada por el Congreso Nacional para reclamar un voto adicional, apenas un año después que la nueva Constitución incluyera al Procurador General como miembro del organismo encargado de elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y de los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral.

Hasta la nueva Constitución el CNM estaba integrado sólo por siete miembros, el presidente de la República, los presidentes de las dos cámaras legislativas y un delegado adicional por cada una de ellas, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un delegado adicional por la misma

Cuando los asambleístas constitucionalistas agregaron al Procurador General, un subalterno del presidente de la República, que es quien lo designa, era obvio que se fortalecía el presidencialismo, nada menos que en la integración de los máximos organismos de otro poder del Estado, el Judicial.

Pero el presidente Fernández no quedó conforme con ese poder  y con la observación de la ley pretende que en caso de empate en una decisión se le otorgue un voto adicional definitorio, algo absolutamente improcedente y en las actuales circunstancias innecesario.

En realidad el doctor Fernández tiene garantizada la mayoría absoluta de los votos del CNM para la reestructuración de la Suprema Corte y la elección de los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Cuenta, además del suyo, con el voto del Procurador, de los presidentes de ambas cámaras y del aliado reformista que es el representante adicional del Senado, para totalizar cinco de ocho. La oposición perredeísta sólo cuenta con el delgado adicional por la Cámara de Diputados, quedando todavía la posibilidad de obtener los dos de la Suprema Corte.

El abono al presidencialismo se plantea precisamente cuando desde diferentes instancias sociales se reclama que las próximas elecciones del CNM se hagan con amplitud democrática, amplio consenso y sin atender los intereses partidistas, condiciones que siempre deberían caracterizar la escogencia de los jueces, especialmente cuando se trata de la Suprema Corte y de los jueces responsables de dirimir los conflictos constitucionales y electorales.

Si el actual mandatario de cualquier forma ya tiene el control del CNM no se justifica que quiera instituir un voto adicional para el Poder Ejecutivo y en materia que tiene que ver con órganos a los cuales eventualmente tendría que rendir cuenta. Podría estar trabajando para facilitar decisiones en el CNM a su sucesor, sobre todo si es de otro partido.

La motivación es confusa pero el objetivo es abonar el presidencialismo en detrimento del Poder Judicial. Una demostración adicional de que el doctor Fernández se distancia en la sintonía con las aspiraciones nacionales de independencia de poderes y de fortaleza institucional. Ojalá que la oposición haga valer su peso en la Cámara de Diputados y rechace firmemente la pretensión presidencial, ya que al tratarse de una ley orgánica su aprobación requiere dos tercios de los votos.