Conviene a la gobernabilidad una suave elección de la JCE

Por Juan Bolívar Díaz
18_09_2016 HOY_DOMINGO_180916_ El País13 A

El presidente Danilo Medina tiene el desafío de ejercer su liderazgo político para contener a los legisladores y dirigentes de su partido que pretenden elegir los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) sin dar oportunidad a que fluya el diálogo político iniciado con la mediación de monseñor Agripino Núñez, que él mismo solicitó.

No hay dudas que el partido de gobierno tiene sobradas fuerzas para volver a imponer los integrantes de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, pero si sigue apretando la rosca, podría fortalecer las resistencias políticas y sociales y generar ingobernabilidad, cuando tiene urgencias de resolver precariedades fiscales.
Preocupante precipitación

La Comisión del Senado para evaluar candidatos a integrar la JCE pareció lanzada a la precipitación, comenzando a entrevistar a unos 30 interesados que habían completado expedientes, aún antes de cerrar el plazo de inscripción fijado para este lunes 19 a las 6:00 de la tarde, tratando de ignorar el intento de concertación que coordina Núñez Collado. El senador Dionis Sánchez, quien preside la comisión, es de la línea dura que se anticipó a descartar la participación de la sociedad civil en el proceso, y que desprecia y subestima los partidos opositores, que han venido coordinando posiciones y actuaciones desde que concluyó el proceso electoral en mayo.

La línea dura del oficialismo, representada ampliamente en el Senado, se radicalizó tras informarse que el gobierno de Estados Unidos había suprimido los visados del presidente de la JCE, Roberto Rosario, y como sus múltiples voceros en los medios de comunicación, proponía ratificar los actuales integrantes del organismo, aunque uno, Eddy Olivares, lo ha rechazado, sumándose a quienes propugnan por una total renovación. Negaron la pausa para dar tiempo al diálogo, propuesta de los dos senadores del PRM.

La embajada norteamericana reiteró la política de no informar razones de supresión de visas, aunque es un secreto a voces que Rosario es responsabilizado internacionalmente de violación de los derechos humanos de miles de personas que han quedado apátridas desde que la JCE comenzó a negar actas de nacimiento a dominico haitianos registrados, seis años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que pretendió legitimarla.
Piden renovación total

En la reunión del martes 13, del diálogo que coordina Agripino Núñez, 11 partidos de oposición presentaron un documento reclamando “una renovación total de los organismos de arbitraje electoral” y que los mismos “sean integrados por personas sin filiación política partidaria a fin de garantizar su imparcialidad”. Se basan en el reciente informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las recientes elecciones, que depositaron en la mesa de diálogo, proclamando que evidenció “el colapso del sistema electoral dominicano”, citando sus principales conclusiones y recomendaciones.

Plantearon que la sociedad civil no solo sea escuchada, sino que “tenga un acompañamiento permanente” en el diálogo de todas las fuerzas políticas, que “debe tener un carácter plural y democrático, manteniéndose abierto frente a todos los sectores más representativos de la sociedad”, esperanzados en que “pueda parir reformas estructurales y el nombramiento de órganos electorales y apartidistas que garanticen la celebración de elecciones libres y limpias como eje esencial del sistema democrático”.

El documento es suscrito por representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Alianza País, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Socialista Cristiano.

Suave aterrizaje en la JCE

La renovación de la JCE se ha constituido en elemento clave del proceso político nacional, prioritario a las leyes pendientes y para abrir pasos a concertaciones, como la del pacto eléctrico en discusión hace año y medio, y sobre todo para el pacto fiscal que pudiera alentar el incremento de la presión fiscal. Así se aprecia en los más diversos ámbitos sociales y hasta entre los diplomáticos.

Esa preocupación fue recogida en el editorial de este domingo del periódico Camino, del arzobispado de Santiago, adelantado a los medios informativos, que aboga por la elección de una JCE independiente de los partidos como forma de superar la fragilidad institucional que “ha sido base para sustentar arbitrariedades, prepotencia, favoritismo y el secuestro de la libertad de nuestros pueblos. También abona el terreno para que brote la perpetuidad de un sector político determinado”.

Personas que se dicen bien informadas aseguran que el presidente Danilo Medina está entre los partidarios de un “aterrizaje suave” en la JCE, que descarta por lo menos la ratificación de Roberto Rosario como presidente, entendiendo que es una piedra de contradicción en el sistema político y con la sociedad civil, y hasta en los ámbitos internacionales, sin pretender ignorar a los Estados Unidos, entre los poderes fácticos. Se llamó la atención a que el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se ha distanciado últimamente de las posiciones radicales.

Salvar la gobernabilidad

Los apremios fiscales por los que atraviesa el Gobierno, con un déficit que superará los 75 mil millones de pesos programado para este año, debiendo más de dos mil millones de pesos solo a constructores de escuelas, con múltiples reclamos de salarios y la necesidad de afrontar siquiera parcialmente la deuda social en salud, transporte, seguridad social, agua potable y electricidad, obligan a algún grado de concertación. En días recientes la DGII cerró algunos comercios en San Francisco de Macorís, en su empeño por reducir evasiones, y la respuesta inmediata fue la paralización de las actividades de la ciudad. Nadie parece dispuesto a tributar más sin que reduzcan el dispendio y el clientelismo.

Los economistas concuerdan en que el nivel de endeudamiento de los últimos años, que ha llevado la deuda consolidada del Estado sobre los 34 mil millones de dólares, ya es insostenible. Proseguir ese camino constituiría un peligroso legado al final del último gobierno de Danilo Medina. El mismo dijo el 16 de agosto que la mayoría de los organismos estatales tienen sus presupuestos congelados desde el 2012.

Desde cualquier punto de vista la nación está abocada a algún nivel de concertación que permita mejorar la gobernabilidad y fortalecer las instituciones, como base del desarrollo, que es lo que reclama la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. La imposición política sería una inversión en dirección opuesta y promovería un fortalecimiento de la oposición sobre las olas de las insatisfacciones sociales a la vista de todo el que ve más allá de la “curvita de la Paraguay”.

Proceso con graves retrocesos institucionales y democráticos

Por Juan Bolívar Díaz
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La resistencia del partido dominante a aprobar las leyes de partidos y del régimen electoral, que persiguen regulaciones democráticas, desconociendo consensos y compromisos, es una de las mayores falencias del proceso, auspiciando un virtual desmantelamiento del viejo sistema de partidos.

Paquete de 4,106 cargos. La escogencia en la misma jornada este 15 de mayo de los 4,106 cargos electivos del Estado es una regresión de la reforma política aprobada tras la crisis poselectoral de 1994, que incluyó la no reelección también abrogada, después de años de consensos sobre la base de que el presidencialismo arrastra los candidatos legislativos y municipales, y deteriora la independencia de los poderes.

El pretexto para reunificar las elecciones con la Constitución del 2010, fue que con elecciones cada dos años, el país vivía siempre en campaña, lo que no cambió puesto que la promoción de candidaturas se inició tan pronto culminaron los comicios presidenciales del 2012, con un gasto sin precedente que se paga con el dinero público.

Hay testimonios de que candidatos a diputados, los que tienen que buscarse su propio apoyo por la vigencia del voto preferencial, han gastado sumas que llegan a los cincuenta millones de pesos, encareciendo el costo de la política, determinando el predominio de los que reúnen más dinero, sin importar su origen, y dejando fuera de competencia a los más honrados o provenientes de segmentos sociales desposeídos. Al haberse suprimido las elecciones primarias en el PLD a muchos hubo que devolverles lo gastado, en especies como cargos, y contratos de compras y obras. .

La “maldita reelección” . Como casi todos los que han alcanzado estabilizarse en la presidencia de la República en toda su historia, el presidente Danilo Medina sucumbió a la tentación de buscar la “maldita reelección”, que como él recitaba antes de su elección, deteriora la institucionalidad democrática y subordina el interés nacional al continuismo.

Esta vez, como tantas otras, hubo que modificar la Constitución para posibilitar la repostulación, y a diferencia de las anteriores, ahora no se “conquistaron” legisladores a título personal, sino por bloques enteros, desde luego con los recursos del Estado y en un mercado público, denunciado hasta ante un ministerio público que no quiso investigarlo.

Otro agravante fue que esta vez se pactó para archivar graves expedientes de corrupción, como el del senador Félix Bautista, y para garantizar la repostulación de todos los senadores y diputados del partido gobernante, y la prolongación de los dirigentes, dando una patada mortal a la democracia interna, a los estatutos, la ley electoral y los principios constitucionales.

Fue relevante que el bloque de diputados reformistas también apoyara la reforma constitucional que posibilita la repostulación de Medina, para luego terminar enfrentándola al pactar con la mayor fuerza emergente de oposición, el Partido Revolucionario Moderno /PRM) salido del desguañangue del PRD.

Nadie podía esperarlo. Debe ser inédito que un partido que obtuviera el 47 por ciento en unas elecciones, como ocurrió con el Revolucionario Dominicano (PRD) en el 2012, terminara a los cuatro años a la cola del vencedor, en un oscuro pacto que apenas materializa una embajada y la dirección de un ente de cuarto nivel, el IDECOOP, en base a promesas de cargos y sin garantizarle ni una alcaldía importante.

La joya política de este período fue la culminación del desmantelamiento del viejo sistema de partidos con el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) venía compitiendo, para garantizarse un largo predominio. Con el reparto de parcelas estatales, contratos y empleos públicos segmentaron primero el Partido Reformista Social Cristiano sin el que no hubiesen alcanzado el poder en 1996, ni lo hubiesen retenido en el 2012, y conformaron una coalición de una docena de pequeñas agrupaciones políticas.

En los comicios presidenciales del 2012, el PRD consiguió 200 mil votos más que el PLD, 42 a 38 por ciento. Los aliados de los peledeístas le aportaron 13 por ciento, 6 de ellos los reformistas, con un desbordamiento del Estado que incluyó un exceso fiscal de 159 mil millones de pesos, sólo en el gobierno central.

De ahí salió la estrategia de desmantelar al PRD, apoyada en el deterioro de sus organismos como consecuencia del abandono de los procedimientos democráticos, y aprovecharon las debilidades de su presidente Miguel Vargas Maldonado, quien con una minoría se negó a apoyar la candidatura de su partido, sembrando una división que resultaría irreversible. Para ello contó con múltiples favores gubernamentales, incluyendo contratos opacos, y sobre todo el apoyo del Tribunal Superior Electoral integrado por jueces dirigentes del PLD y del mismo grupo de Vargas, que fallaron sistemáticamente para favorecer a la minoría hasta cuando esta impidió a tiros la participación de la mayoría en procesos internos.

Una oposición fragmentada. La manifiesta incapacidad de los opositores para concertar reclamos de equidad y pactar siquiera en niveles locales, con siete candidaturas, redujo las posibilidades de crear una sinergia de “todos contra el monstruo”, aunque el PRM ha logrado en poco más de un año de constituido convertirse en la principal alternativa, beneficiándose en las últimas semanas de la tradicional tendencia a la bipolarización.

Los analistas no advierten posibilidad de que el PRM pueda superar la ventajas que ha registrado la candidatura reeleccionista en las encuestas. De todas formas gastarán todas sus energías en la última semana de campaña, contando con una reacción del electorado al enfrentarse a las urnas, como ocurrió en los últimos dos años en Costa Rica y Panamá, donde ganaron los que aparecían en tercer lugar en las encuestas.

Entre los imponderables están la posibilidad de que la parte del PLD aplastada por el proyecto reeleccionista, encabezada por su anterior líder Leonel Fernández, diversifique sus votos temiendo que una victoria muy amplia del presidente Medina y su grupo, suponga su muerte política definitiva. En muchas provincias y municipios las divisiones internas del PLD podrían generar resultados imprevisibles.-

Sentencia golpea al PRM y genera incertidumbres

Por Juan Bolívar Díaz
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La sentencia del Tribunal Superior Electoral TSE emitida el viernes, mediante la cual reconoce al doctor Rafael Suberví Bonilla como candidato a alcalde del Distrito Nacional crea una crisis al Partido Revolucionario Moderno y genera incertidumbre en todo el sistema político, con graves dificultades para elegir democráticamente sus candidatos.

Aunque pretende fundamentarse en la Constitución y en los estatutos del PRM, el dispositivo de la sentencia no alude a una asamblea de delegados ni a un padrón de militantes formalmente convocados para escoger la candidatura a alcalde capitalino, más allá de un listado de miembros que apoyan las aspiraciones de Suberví.
Proclamarían a Collado. La decisión del TSE llegó cuando la Comisión Nacional Organizadora de la Convención del PRM, presidida por la doctora Milagros Ortiz Bosch, se aprestaba a proclamar al joven emprendedor David Collado como candidato a la alcaldía del DN, tras la realización de una encuesta, método que figura entre los mecanismos estatutarios de la organización.

Según lo trascendido, Collado había alcanzado un 44 por ciento, Fello Suberví 21, Faride Raful 7 y Luis Felipe Rosa 2 por ciento, con un 21 por ciento que dijo no preferir a ninguno. Según el doctor Antoliano Peralta Romero, coordinador legal de la comisión de campaña del PRM, el artículo 103 de sus Estatutos prevé que los candidatos podrán ser electos mediante votación primaria, encuestas, consenso, consultas o reservas y que corresponde a la dirección ejecutiva proponer cualquiera de ellos a la Comisión Política, que tiene facultad para decidir, como está haciendo en todas las jurisdicciones.

Peralta precisó que Suberví Bonilla se había inscrito para participar en la encuesta, aunque mantuvo reservas en una nota escrita, sobre la legitimidad del sistema de encuestas, adoptado por ese partido, por un lado porque carece de recursos económicos para organizar primarias en todos los municipios y como mecanismo para evitar el desenfreno de luchas internas y la distracción de la militancia.

Los perremeístas hierven de indignación contra el tribunal y han atribuido el dictamen al interés del partido de Gobierno que, siempre han sostenido, controla ese órgano judicial. El PRM nació como consecuencia de una serie de fallos del TSE que contribuyeron a la división del Partido Revolucionario Dominicano, siempre en beneficio de su presidente Miguel Vargas Maldonado, que ahora apoya las candidaturas del PLD.

Sentencia ambivalente. El dispositivo de la sentencia TSE-003-2016 deja confusión por cuanto en el numeral 3 “acoge parcialmente” la acción de amparo incoada por Suberví, indicando que “ha comprobado la violación del derecho fundamental a elegir y ser elegible del accionante, previsto en el artículo 22 de la Constitución de la República”. Luego lo reconoce como candidato a la Alcaldía del DN por el PRM, asumiendo que su escogencia se hizo “conforme a lo previsto en los estatutos del indicado partido”, citan el 54, 55 y 103. Pero a continuación, el TSE ordena al PRM “continuar con el procedimiento establecido en sus estatutos”, sin especificar a qué se refiere, si será convocar una asamblea de delegados para que apruebe la elección, en cuyo caso todavía el tribunal no puede considerarlo candidato, o si continuar es inscribirlo ante la Junta Central Electoral.

Esta sentencia podría ser una más donde el tribunal integrado en su mayor parte por personas comprometidas con el PLD y el PRD, se rinde ante los que los designaron. Su decisión está basada en una lista de más de mil militantes y dirigentes del PRM en el DN presentada por Suberví, pero se ignora cómo pudieron los jueces establecer su autenticidad, y qué proporción representan de la totalidad.

Tendrían que citar un padrón o una certificación de los organismos superiores del partido sobre delegados electos, o dar cuenta de una asamblea previa y públicamente convocada para escoger el candidato, sin la aprobación de la Dirección Ejecutiva ni la Comisión Política del PRM, como también dispone el citado artículo 103 de los Estatutos. Peor aún, el Tribunal consideró que se habían violado los derechos del accionante antes que fuera proclamado otro candidato ni realizada la correspondiente asamblea de delegados que ratificaría la elección, donde él podría hacer valer sus derechos. También sin que él hubiese apelado a los organismos superiores de su partido.

Muchas incertidumbres. La decisión del TSE genera muchas incertidumbres en el proceso de escogencia de las candidaturas para los 4 mil 106 cargos en juego en los comicios de mayo próximo. Podría alentar una lluvia de impugnaciones a otras candidaturas ya escogidas o en proceso de encuestas por el PRM y otros partidos, incluyendo al gubernamental PLD.

De hecho hasta la candidatura presidencial del presidente Danilo Medina fue impugnada a mediados del año pasado por el abogado santiagués Hipólito Polanco, quien alegó que no se le permitió optar por la misma, decidida por el Comité Político del PLD, que lo presentó como único precandidato.

El golpe al PRM deja mal parada la decisión del Comité Político del PLD, que integrado por 35 personas, pactó el año pasado la repostulación de todos los senadores, diputados y alcaldes del partido, desconociendo los derechos de cientos de dirigentes y militantes que aspiraban a esas candidaturas. El PLD sólo escogió por elección primaria una docena de candidatos a diputados y medio centenar de candidatos a alcaldes, en localidades donde otros partidos le habían ganado en el 2010.

Como hay más de doscientas impugnaciones a esa elección parcial, la “amplitud democrática” del TSE también podría alentar procesos recurrentes de los que se consideren afectados, aunque el disfrute del poder sin la menor transparencia, siempre dejará espacio para compensaciones disuasorias.

2015: definiciones electorales, retos institucionales y económicos

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN BOLIVAR

El 2015 será de definiciones políticas con miras a las elecciones generales del año próximo, con importantes retos para la democracia, tanto en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de gobierno como en una dispersa oposición llamada a demostrar capacidad de reagrupación y concertación para orquestar una alternativa política.

Para el Gobierno este será su último año completo por lo que el presidente Danilo Medina tendrá que apurar el paso en realizaciones que afiancen su liderazgo nacional y partidista, con el desafío de evadir el desbordamiento fiscal que ha caracterizado los períodos preelectorales y afrontar demandas salariales y de servicios.

Un año preelectoral. El 2015 se define como un año preelectoral, lo que en la historia del país implica un desbordamiento del gasto gubernamental, no sólo por el interés partidista electoral, sino también por ser el último año completo del período presidencial. En este caso el presidente Medina está compelido a mantener la disciplina fiscal que ha reducido los déficits crónicos heredados, para preservar uno de sus más apreciados éxitos. Más bien tiene el desafío de impulsar una real austeridad y racionalidad como se anuncia en la escandalosa nómina de Relaciones Exteriores, lo que debe extenderse a organismos inoperantes como el Instituto de Estabilización de Precios o la Corporación de Empresas Estatales.

Pero lo que marcará desde ahora la atención nacional será las definiciones de candidaturas presidenciales, especialmente en el PLD donde desde hace año y medio cinco dirigentes se disputan la nominación. La tradición señala la votación primaria con un año de anticipación a los próximos comicios. El primer desafío será reunir la Comisión Política para oficializar un calendario de la elección primaria y luego el Comité Central que deberá validar las precandidaturas. Este organismo no se reúne desde finales de enero del 2014, justo cuando fue ampliado en lo que se estimó una victoria del danilismo sobre el predominio que había mantenido el expresidente Leonel Fernández.

En la oposición todo está por definirse. Las encuestas indican la posibilidad de que el nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM), fruto de la reciente división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y una anunciada Convergencia de grupos puedan encarnar una alternativa, pero aún no acaba de constituir sus organismos de dirección y ni siquiera un padrón de miembros para elegir candidatura, lo que han anunciado para fines de marzo. En lo que quedó del PRD ya fue proclamado candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado, sin previa convocatoria y en violación de la ley electoral y su propio estatuto, lo que ha contribuido a un escaso impacto.

Todo el proceso tiene interrogantes en un arbitraje controlado por el partido de gobierno, tanto en la Junta Central Electoral como en el Tribunal Superior Electoral, lo que ya el PRM y la Convergencia han denunciado, y sin que se apruebe la Ley de Partidos y ni siquiera se haya debatido la pendiente Ley Orgánica del Sistema Electoral.

Leonel otra vez. Las perspectivas apuntan a una nueva postulación del expresidente Leonel Fernández, quien busca firmemente un cuarto período presidencial. impulsado por un liderazgo nacional y partidario que sólo el presidente Medina puede contestar. Por los niveles de cuestionamiento, rechazo y hasta temor que inspira un doctor Fernández adicto al poder, su candidatura podría ser un gran incentivo para la conformación de un frente opositor, pero como eso es hasta hora una simple aspiración, él seguirá afianzándose, impulsado por la gratitud de un partido que bajo su rectoría ha ganado las últimas cinco elecciones generales.

Sólo el nuevo liderazgo del presidente Medina podría disputarle la candidatura. En primer lugar si pudiera él mismo ser candidato, para lo cual tendría que mediar una reforma constitucional, imposible sin el concurso de Fernández, o si decidiera jugárselas todas apoyando abiertamente otro de los precandidatos. Esto tiene la dificultad de que ni el secretario general del partido, Reinaldo Pared Pérez, ni los ministros Temístocles Montás y Francisco Javier, ni Radhamés Segura han logrado alcanzar siquiera un 5 por ciento en las preferencias electorales de las encuestas.

Medina pudiera jugar a reivindicar los principios fundacionales del PLD y al no retorno de una gestión que en la práctica ha cuestionado, profundizando rectificaciones, para lo cual tendría que apoyar a Montás, que es quien está más cerca de ello. Pero hasta ahora ha optado por la neutralidad, consciente de sus limitaciones constitucionales, del liderazgo de Leonel Fernández, y de los riesgos de una división. Se cree que ejercerá sus poderes para llevar una buena cuota de sus leales a posiciones legislativas y municipales que le permitan mantener su liderazgo en el PLD y garantizarse la candidatura del 2020, con o sin el partido en el gobierno.

Entre Hipólito y Abinader. En la oposición todas las encuestas apuntan hacia Luis Abinader e Hipólito Mejía como alternativa, y más lejano a Guillermo Moreno, a quien la JCE mantiene congelada, desde hace año y medio, la solicitud de reconocimiento para su partido Alianza País. Max Puig mantiene vigencia por un vigoroso discurso, seguido de Eduardo Estrella, mientras Hatuey de Camps es visualizado como un posible orquestador de un frente opositor. Minou Tavárez Mirabal, un símbolo nacional, promete un nuevo partido, ya contra el tiempo.

Cualquiera que encarne la oposición tendría que buscar una amplia concertación de fuerzas, imprescindible para vencer la inmensa maquinaria de poder que ha constituido el PLD, con el control del Gobierno, el Congreso, la Justicia y los organismos electorales. La reducción de la votación del PLD en más de 199 mil votos en el 2012 es un indicador de que no es invencible. Alcanzó el 51 por ciento gracias a una docena de aliados y un derroche fiscal sin precedente que ahora no podrá repetir.

Pero el primer desafío de la oposición es que el PRM logre pasar la prueba de la elección democrática de su candidato, sin repetir los arrebatos perredeístas, y desarrolle la capacidad de concertar la Convergencia opositora para elegir los candidatos a más de cuatro mil cargos que se disputarán en mayo del 2016. Abinader, en ascenso en las encuestas, y con escaso margen de rechazo, sería más abarcador, pero falta ver el efecto del lanzamiento formal de la candidatura de Mejía, anunciado para estos primeros días del año.

Los desafíos económicos. No menores son los retos económicos, el primero evitar el desbordamiento del gasto público, con un presupuesto nacional ya altamente deficitario. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles estima que el déficit del sector público no financiero alcanzará casi 99 mil millones de pesos, enmarcado “dentro de un modelo que busca el progreso económico a partir del gasto público deficitario que produce cada vez mayor endeudamiento público. Como nos enseña la historia, ese tipo de estrategia es insostenible y, a la larga, perjudica en mayor proporción a los más necesitados”.

Para el Gobierno, luce difícil alcanzar el objetivo del pacto fiscal, y no tiene a la vista ingresos extraordinarios como los del año pasado por venta de empresas extranjeras, pero tendrá presiones por mejoramiento de salarios, pensiones y contribuciones, de la mayoría de empleados que trabajan, como los de educación y salud, arrastrados por las negociaciones para elevar los salarios privados, que arrancan este mes.

Con un gasto de capital que se reduce en 20 por ciento y alcanza apenas al 15 por ciento del presupuesto, tendrá dificultades para afrontar las demandas de mejoramiento de servicios, mantenimiento de infraestructuras y prioridades comunitarias que crecen al compás de las campañas electorales.

Otros retos importantes. La nación y la justicia tienen por delante retos como poner fin a la impunidad de la corrupción, y la primera prueba será el pesado expediente del ministerio público para procesar al senador Félix Bautista, y la investigación de Víctor Díaz Rúa, ambos alcancías del expresidente Fernández, en manos de una Suprema Corte bajo su control.

Para detener el deterioro institucional el Gobierno deberá expedir los reglamentos de las leyes de Administración Pública y de Regulación Salarial del Estado, con dos y medio y año y medio, respectivamente, de promulgadas. También tendría que hacer cumplir la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los excluidos por la sentencia 168-13 y desarrollar un esfuerzo para rescatar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, como paso fundamental para empezar a controlar el desbordamiento inmigratorio. Debería privilegiar el pacto eléctrico y el financiamiento de las mega-plantas en las que ha cifrado el mejoramiento de los contratos con los generadores y el paliativo de la crisis energética.

Para la sociedad civil los retos son abandonar la resignación y la frustración, reclamar el Estado de Derecho y la equidad social y, sobre todo rescatar la ilusión de que sí podemos mejorar la institucionalidad democrática.

advierte deterioro del estado de derecho

Por Juan Bolívar Díaz
TEMA DE HOY

Cada vez es mayor la convicción de que la única ley que tiene plena vigencia en el país es la de la conveniencia política, de lo que no escapan ni siquiera las llamadas altas cortes que actúan como brazo político dejando bajo fuertes interrogantes al estado de derecho prevaleciente en el país.

Una serie de acontecimientos de los últimos meses dejan interrogantes a resolver, mientras se ignoran leyes aprobadas tras largas consultas y se manifiesta renuencia a aprobar otras como las orgánicas del régimen electoral y la de partidos políticos, fundamentales para el proceso electoral excesivamente adelantado.

Ley de la conveniencia. Una serie de acontecimientos del orden legislativo, judicial y ejecutivo parecen confirmar la convicción de que la única ley que se cumple plenamente en el país es la de la conveniencia política. Esta semana la Cámara de Cuentas de la República denunció que más de un centenar de altos funcionarios han hecho caso omiso a la nueva Ley 311-14 de agosto pasado sobre Declaración Jurada de Patrimonio, promovida durante años como mecanismo de prevención de la corrupción, y les otorgó un plazo de tres días para su cumplimiento. Prueba de la debilidad institucional es que la Cámara de Cuentas hubo de recibir apoyo de Unión Europea y el PNUD por 360 mil euros (unos 22 millones de pesos) para crear la plataforma de cumplimiento de la nueva ley, y que el embajador Alberto Navarro pidió al Congreso mayor esfuerzo para el objetivo de prevenir la corrupción.

Otra ley que no se cumple es la 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado, 15 meses después de ser promulgada el 6 de agosto del 2013, la cual establecía un plazo de seis meses para un proyecto de reglamentación en manos del Poder Ejecutivo desde principios de este año. Tampoco se ha cumplido la Ley 169-14 que dispuso entregar las actas de nacimiento a quienes fueron despojados por la sentencia 168-13 del TC.

Esta misma semana empezó a materializarse la convicción de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no dará paso al procesamiento del senador y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana Félix Bautista, sometido por el Procurador General bajo graves cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y falsedad de documentos, entre otros. El juez Fran Soto levantó el bloqueo de inmuebles del multimillonario político que había impuesto la Procuraduría.

Mientras tanto la SCJ ratificó el encargo de jurisdicción a Soto y al juez Moscoso Segarra, este último encargado de instruir la procedencia del juicio, cuando ambos son reconocidos dirigentes del partido del cual Bautista ocupa el tercer cargo. Sólo el interés de dejar la decisión en manos de compañeros de partido puede explicar las selecciones dispuestas por el presidente de la corte, Mariano Germán, también del mismo partido, cuando en la Cámara Penal de esa corte hay por lo menos tres jueces que no tienen connotación partidista: Miriam Germán, Juan Hiroíto Reyes y Esther Agelán Casasnovas.

El Constitucional y la JCE. Otra decisión conflictiva se conoció esta semana, cuando se publicó el dictamen del TC que desliga a la Junta Central Electoral de la obligación de someter sus concursos y licitaciones a la jurisdicción de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, extremando su autonomía constitucional y en menosprecio de las leyes que rigen la materia. Resalta la rapidez con que el tribunal se ha pronunciado sobre una instancia, después que se reclamó a la JCE que transparentara la licitación del contrato de la nueva cédula, tras denuncias de favoritismo.

Si la JCE no tiene que rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos, lo mismo podrán aducir los poderes Legislativo y Judicial, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, el mismo TC y hasta los partidos políticos, que deberían ser considerados los organismos más autónomos de cuantos reciben fondos públicos, y los cuales también están obligados por varias leyes a rendir cuentas.

Mientras tanto la JCE, en abierto chantaje al Gobierno para que le asigne mayor presupuesto el año próximo, dijo que termina el 2014 con un déficit de cientos de millones de pesos, es decir que violó la ley de presupuesto, y llegó al extremo de anunciar que por falta de fondos aplaza para febrero el trabajo de verificación de las solicitudes de reconocimiento de ocho nuevos partidos. Entre estos está Alianza País, que encabeza Guillermo Moreno, la cual lleva año y medio en manos del organismo, lo que constituye un abuso de poder, porque así no pueden recibir financiamiento público y se les dificulta el privado, mientras los viejos partidos llevan meses en campaña electoral.

Todo lo que tendría que hacerse es despachar cuatro o cinco equipos de inspectores a las regiones del país para que verifiquen si esos partidos tienen los locales abiertos y contactar a sus dirigentes. El costo es de dietas y combustibles. Lo demás es realizar verificaciones, mediante muestreo, de los listados computarizados de miembros, para lo cual la JCE tiene empleados y recursos técnicos. El vocero del gobierno, Roberto Marchena, respondió que hay limitaciones y la JCE, como todo el Estado, debe someterse a austeridad.

Del régimen electoral. El interés de la mayoría legislativa oficialista de imponer su propio proyecto de ley de partidos, en detrimento de otros cinco previamente sometidos, incluso el de la JCE, y de múltiples consensos de 15 años, mantiene empantanada la aprobación de esa legislatura, mientras la campaña preelectoral se extiende por todo el país. Trascendió que persisten diferencias en una decena de aspectos fundamentales, como la transparencia del financiamiento, límites de gastos y de campañas y la pretensión de despojar de cargos electivos a quien renuncie al partido por el cual fue electo.

Mientras transcurre el tiempo ni siquiera se contempla otro proyecto de ley trascendente también en manos del Congreso, el que modifica el régimen electoral para conciliarlo con la Constitución promulgada hace casi cinco años y que debería regir para el próximo proceso electoral. Todavía la ley electoral marco de la JCE instituye dos cámaras y un pleno, lo que debió ser modificado hace tiempo por cuanto la nueva Constitución instituyó el Tribunal Superior Electoral como ente autónomo y separado de la Junta.

Hay quienes temen que se llegue al próximo proceso electoral sin renovar la ley electoral para aterrizar las facultades de normativa, control y sanciones atribuidas por la Constitución del 2010 a la JCE y el Tribunal Electoral. La situación actual se traduce en ventaja de quienes usufructúan el poder. Tanto esta como la ley de partidos son orgánicas por lo que requieren las dos terceras partes de los votos para su aprobación. Se le dificulta a la mayoría oficialista imponer sus criterios por lo que se cree que seguirán aplazándolas, sobre todo por la ausencia de una fuerza de oposición que presione por la institucionalidad democrática.

 

Otra chapucería antidemocrática

Por Juan Bolívar Díaz
Serán dos las convenciones y una reforma estatutaria sobre lo que tendrá que pronunciarse el Tribunal Superior Electoral

La proclamación del ingeniero Miguel Vargas Maldonado como candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) sin convocatoria previa y una reforma estatutaria al vapor tendrá que ser anulada por el Tribunal Superior Electoral si queda algún vestigio del estado de derecho en el país.

La elección violó los preceptos constitucionales, la ley electoral y el estatuto partidista, con el agravante de que ya en el 2009 la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE) anuló un operativo similar en otra convención protagonizado por el mismo grupo político.

Chapucerías sin límites

Sin haber podido aún validar ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) el desastre convencional del 20 de julio para elegir sus máximos dirigentes, el PRD protagonizó el domingo 14 otra chapucería al proclamar al ingeniero Vargas Maldonado como su candidato presidencial para el 2016, sin llenar los mínimos requisitos democráticos.

El expeditivo procedimiento fue tan contundentemente violatorio de preceptos fundamentales que sólo se puede explicar en la indiferencia y la complicidad con que se asume el retroceso democrático en la sociedad dominicana y particularmente en la mayoría de los medios de comunicación. Pero más allá del hastío ante el desguañangue del más antiguo partido del país la ocurrencia es tan grotesca que cuestiona el estado de derecho.

El desafío será particularmente fundamental para el TSE ante el cual el PRD de Miguel Vargas no pudo presentar el listado de concurrentes a la votación para elegir las autoridades partidarias, que concluyó en un inmenso desorden el 20 de julio pasado, para lo cual venció un plazo esta semana. Es imposible presentarlo porque gran parte de las mesas de votación ni siquiera operaron en provincias y municipios completos, como pudieron comprobar los periodistas. El TSE había autorizado la juramentación de quienes fueron proclamados dirigentes electos, en tanto fijaba para el día 30 el juicio de fondo sobre su legalidad, motorizado por Guido Gómez Mazara, candidato a la presidencia del PRD, al que se impidió a tiros ejercer el voto junto a un grupo de seguidores.

Como Gómez Mazara anunció que también impugnará la proclamación de la candidatura presidencial de Vargas, serán dos las convenciones y una reforma estatutaria sobre lo que tendrá que pronunciarse el tribunal electoral.

Se volaron los estatutos

Aunque varios días antes corrió el rumor de que Vargas sería proclamado candidato, no se produjo la convocatoria previa en un diario. El mismo artículo 68 de la Ley Electoral también instituye que “Además dichas convenciones deberán estar constituidas de conformidad con las disposiciones que a ese respecto habrán de contener los estatutos del partido”. Y resulta que el artículo 177 de los estatutos del PRD indica que “La elección del candidato (a) a la presidencia de la República será efectuada por el voto universal de la militancia del Partido; el (la) candidato (a) por la Convención Nacional Extraordinaria especialmente convocada para esos fines”.

Es obvio que la convención del pasado domingo no cumplió ese precepto básico como tampoco el contenido en el artículo estatutario 172 que garantiza que “Todos (as) los (a) dirigentes y militantes tienen el derecho de presentar su candidatura para puestos dirigenciales dentro del Partido y para ser postulados a cargos públicos de elección popular”.

Para más violaciones flagrantes, la letra b del artículo 24 del mismo estatuto instituye que es atribución de la Convención Extraordinaria “conocer los resultados de las elecciones primarias y proclamar los (as) candidatos (as) del Partido a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República escogidos de acuerdo a estos Estatutos Generales”.

Las violaciones a los estatutos perredeístas son tan obvias que intentando evadirlas fue que, antes de proclamar la candidatura de Vargas, se cocinó al vapor una reforma estatutaria. Pero también esta desconoció los estatutos, que en su artículo 212 establecen que “para modificar los presentes Estatutos Generales, por mandato de la Comisión Política, la Comisión de Reforma Estatutaria del Partido emprenderá esa labor. Una vez terminado el trabajo, esa Comisión deberá poner en manos de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional el proyecto de estatutos modificados. La Comisión Política estudiará las modificaciones y las remitirá al Comité Ejecutivo Nacional con su opinión.

El Comité Ejecutivo Nacional deberá presentarlo en la próxima Convención Nacional para su aprobación, enmienda o rechazo”.

Como es fácil advertir, los estatutos perredeístas establecen un complejo procedimiento justamente para evitar que cualquier reunión o convención sea apoderada sorpresivamente de una modificación de los fundamentos legales de la organización. Eso es normal en todo tipo de institución o entidad social, hasta en un condominio de 12 viviendas o en una junta de vecinos.

Jurisprudencia de la JCE

Si todas las violaciones a preceptos constitucionales, legales y estatutarios no son suficientes para anular la proclamación de la candidatura presidencial de Vargas Maldonado, que será una gran apuesta para Gómez Mazara, el TSE tendrá que pasar por encima de una jurisprudencia en materia de reforma estatutaria, establecida por la Cámara Contenciosa de la JCE, que fue el tribunal electoral hasta la Constitución del 2010.

Dos de los actuales titulares del TSE, los doctores Mariano Rodríguez y John Guiliani Valenzuela, presidente y miembro, tenían los mismos cargos en la Cámara Contenciosa de la JCE, y firmaron la Resolución 049/2009 del 17 de julio del 2009, que “declara la nulidad de la convocatoria para la celebración de la XXVIII convención Nacional Extraordinaria del Partido Revolucionario Dominicano para reformar los estatutos, por no haber sido realizada de conformidad con el artículo 212 de los estatutos vigentes”.

La misma resolución declara “buena y válida la Convención única y exclusivamente para la proclamación y juramentación del Ing. Miguel Vargas Maldonado como Presidente del PRD”. Fundamenta la anulación de la reforma estatutaria en que no se aportaron pruebas de que se había realizado de acuerdo a los preceptos establecidos en los artículos 172, 177 y 212 de los estatutos perredeístas arriba citados.

Pocos fuera del PRD entienden el desenfado con que en ese partido se han violado los preceptos democráticos, constitucionales, legales y estatutarios, poniéndosela bien difícil tanto al TSE como a la JCE que el día 14 envió inspectores para verificar la juramentación de los nuevos dirigentes, después de haberse negado a hacerlo en la convención que supuestamente los eligió. Al parece se trata de otra joya de alfarería política del genio político de Miguel Vargas Maldonado, como lo aprecia gran parte del aparato mediático creado y controlado por el expresidente Leonel Fernández.

El imperio de Vargas

La Convención Ordinaria del domingo 14 había sido convocada para juramentar a los dirigentes dados por electos en julio, pero tan pronto eso ocurrió propusieron una inmediata reforma estatutaria para convertirla en Convención Extraordinaria y “poder elegir” por aclamación al ingeniero Vargas como candidato presidencial para el 2016. Además se le confirieron poderes especiales para escoger candidato vicepresidencial, gestionar y formalizar alianzas y para completar la matrícula de los organismos directivos del partido.

“El Día de Miguel Vargas” tituló HOY el lunes al dar cuenta del procedimiento expeditivo con que se proclamó el primer candidato para los comicios presidenciales a celebrarse dentro de 20 meses.

De esa forma el empresario y dirigente político materializó lo que había planteado en el 2009, que el candidato presidencial fuera a la vez presidente del partido, pero él mantuvo el cargo cuando Hipólito Mejía fue escogido candidato presidencial en el 2011, aunque se negó a participar en su campaña electoral.

La primera violación de derechos en que incurrieron fue en perjuicio de 800 de los 4 mil 400 delegados a la convención que no asistieron y no fueron previamente avisados de que, además de juramentar los nuevos dirigentes, también deberían elegir el candidato presidencial, nominación a la que ellos tenían derecho, al igual que cualquier miembro de ese partido.

Numerosos artículos de la Constitución garantizan el derecho a elegir y ser elegido, y el 216 sujeta los partidos a los principios de la carta magna y “su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley”. Y ocurre que el artículo 68 de la Ley Electoral establece que la nominación de los candidatos a cargos electivos debe ser hecha “por el voto afirmativo de la mayoría de los delegados a convenciones regulares y públicamente celebradas tres días, por lo menos, después de haber sido convocadas por medio de un aviso público en un diario de circulación nacional”.

 

El PRD en manos del Tribunal Electoral

Por Juan Bolívar Díaz
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La instancia que procura la anulación de la cuestionada convención eleccionaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) llegará próximamente al Tribunal Superior Electoral (TSE) que tendrá que decidir si le da el tiro de gracia a la más antigua organización política nacional o prolonga su agonía.

La prolongación del calvario por el que atraviesa el PRD favorecería al partido de gobierno por cuanto mantendría el descrédito de esa organización y la ilusión de su rescate en los más acendrados perredeístas, y retrasaría el fortalecimiento del proyecto de constitución de un frente de oposición.

La instancia de Guido

Cual llanero solitario que desafía al grupo que secuestra la democracia interna del PRD, encabezado por su presidente titular Miguel Vargas Maldonado, Guido Gómez Mazara persiste en dar la batalla interna a la que renunciaron los mayores líderes disidentes y anuncia que recurrirá hasta el TSE buscando que anule la cuestionada convención eleccionaria que culminó en un visible desastre el pasado 20 de julio.

Las exclusiones y el autoritarismo con que se organizó la convención quedaron a la vista de todos, lo mismo que la violencia y el desorden en que culminó. Esta semana Gómez Mazara documentó que en catorce de las 31 provincias y el Distrito Nacional no se realizó la votación y que en varias de las otras 18 sólo fue parcialmente, sosteniendo que sólo se contaron 19 mil votos, de un padrón de 538 mil electores en los recintos donde pudo acreditar delegados y que puede demostrar que la mayoría le benefició.

Aunque dice tener constancia notarial para sustentar su petición de nulidad, no se debe descartar exageración,  pero reporteros de diversos medios informativos pudieron documentar que no se votó en provincias como San Cristóbal, Peravia, Azua, La Vega, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Montecristi, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, y Samaná, como tampoco en Santo Domingo Este, el mayor municipio del país. En muy pocas ciudades se reportó una concurrencia significativa.

La publicación de las actas por recintos electorales, hubiese podido contribuir a la transparencia, como demandó esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana, experto en observación electoral, el cual deploró “la frustrada convención”,  y las actuaciones de la dirección del PRD y de los organismos de control electoral, y planteó que esos acontecimientos  “deben conmover la conciencia nacional y aunar voluntades para que se supere la vieja cultura de la trampa, el arrebato, la violencia, la  ilegalidad y la parcialidad de las autoridades”.

Papa caliente para el TSE

La impugnación de la convención fue sustentada fundamentalmente en que sólo fueron habilitados 161 (menos de la mitad) de los 341 centros de votación que se habían programado, en la exclusión de los delegados de Gómez Mazara, en la violencia con que se impidió a muchos votar y en la negativa a entregar copias de las actas.

La Comisión Organizadora declaró inadmisible la impugnación por haber sido interpuesta “de manera extemporánea y en violación de los plazos establecidos”. Fue sometida cuatro días después de la convención, pero se dijo que el límite era de dos días, insuficientes para reunir documentación nacional y elaborar una instancia. Se adujo también que no se presentaron pruebas documentales que sustentaran la nulidad.

De inmediato Gómez Mazara anunció que llevará su solicitud hasta elTSE, confiado en que administrará justicia, con el precedente de dos decisiones a su favor adoptadas por ese órgano antes de la convención, la que dispuso que le entregaran el padrón de electores y los centros de votación y otra que ordenó que le acreditaran sus delegados. Pero antes, sus abogados procuraban agotar otra instancia interna, la Comisión Política del partido, aunque sin esperanza de que este organismo, tan unilateral como la comisión organizadora, vaya a variar el rechazo.

Esta sería la trigésima instancia elevada al TSE desde el 2012 cuando, tras las elecciones presidenciales, se desató la crisis que mantiene en capilla ardiente al PRD, casi todas falladas en beneficio del sector que encabeza Vargas Maldonado, quien junto al expresidente Fernández eligió los jueces de ese tribunal, como los de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. La mayoría de ellos son vinculados a esos dos dirigentes políticos. De los cinco del TSE la excepción sería su presidente Mariano Rodríguez, definido como “un buen hombre, jurista de vocación académico pero incapaz de pelearse con nadie”.

¿Prolongar la agonía?

Habrá que esperar la instancia de Guido Gómez para ver sus fundamentos, pero dado el descrédito en que ha quedado la convención perredeísta, si pidiera pruebas documentales, como las actas por centros de votación, el TSE pudiera encontrar elementos suficientes para disponer por lo menos que se votara en las provincias y municipios donde no se hizo y que se garantizara el sufragio por lo menos a los que aparecen en el reducido padrón de Vargas Maldonado.

La expectativa, al menos entre los perredeístas, es de que el tribunal seguirá abonando las actuaciones del grupo de Vargas Maldonado, al que en el pasado reciente reconoció la expulsión de dirigentes, y masivas exclusiones en los padrones del Comité Ejecutivo, la Comisión Política y la membresía en general.

La anulación parcial o total de los resultados convencionales implicaría nuevos plazos, de semanas o meses, lo que prolongaría la agonía del partido blanco a sus 75 años. Daría aliento a Gómez Mazara y a los perredeístas nostálgicos que todavía creen en la posibilidad de restablecer la unidad, como el suspendido exsecretario general Orlando Jorge Mera, el reelecto presidente del Comité del Distrito Nacional Alfredo Pacheco y los dirigentes Neney Cabrera y Eduardo Sanz Lovatón, quienes también han solicitado la anulación y una nueva convención. Por igual Juan Santos, otro que compitió por la presidencia del PRD, y al que tampoco se le permitió votar, como a Gómez Mazara.

Si el TSE valida la traumática convención de Vargas Maldonado, en la que ni los candidatos opositores pudieron votar, el principal de ellos víctima de una agresión armada ampliamente difundida,  quedaría sellada definitivamente la división del PRD, al perderse las mínimas esperanzas de restablecer la democracia interna, empujando a todos los objetores de la convención hacia el proyecto de frente opositor.

Beneficiaría al PLD

Mientras se espera a ver si emerge una nueva fuerza política opositora, la división del PRD en lo inmediato apuntará las posibilidades de que el PLD mantenga el monopolio del poder en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2016, cuando incluso podría hasta incrementarlo.

La prolongación de la agonía también le  beneficia por la saturación que se registra en la ciudadanía de la crisis del perredeísmo y sus múltiples incidentes. Pero sobre todo porque dilata las definiciones  frente el nuevo Partido Revolucionario Mayoritario (PRM) constituido por los sectores que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader, y las posibilidades de armar su proyecto de Convergencia opositora.

Las encuestas han indicado que entre dos tercios y tres cuartas partes de los perredeístas se irían de inmediato al PRM y la Convergencia, pero muchos dirigentes medios y militantes todavía se aferran a los símbolos y banderas que ostentaron durante décadas. A quienes tomaron la decisión de constituirse en un nuevo partido les conviene que se cierre cuanto antes toda expectativa de reunificación, que “ya sólo sirven para perder el tiempo”.

Estrategas del PRM y la Convergencia consideran que Vargas Maldonado ha quedado noqueado por el desastre en que culminó su convención, por lo que esperan cerrar el capítulo, pero por eso mismo temen que los peledeístas favorezcan la prolongación de la confrontación, incluso con la esperanza de que otro desenlace fuera menos desfavorable para el grupo de Vargas. Aunque por otro lado reconocen que sería un duro golpe que le declararan ilegítima su convención.

Preocupación por la democracia

En muy diversos sectores nacionales se expresan preocupaciones por la rumbo de la democracia con la división del principal partido de oposición después que el PLD absorbiera, en los últimos años, el tercer partido del sistema, el Reformista Social Cristiano, y una docena de grupos políticos menores.

A esa preocupación se atribuye el pronunciamento esta semana del embajador de Estados Unidos; James Brewster, quien abogó por la prevalencia de un sistema multipartidista donde no se concentre el poder en un solo partido. La misma preocupación se expresa en los cenáculos empresariales, razón por la cual el Consejo Nacional de la Empresa Privada pagó una amplia difusión de un comunicado pidiendo la aprobación de la ley de partidos políticos, estimándola fundamental para la institucionalidad democrática nacional.

Tanto el comunicado del CONEP como el planteamiento del embajador Brewster, han despertado rechazos enfáticos de dirigentes peledeístas, incluyendo a miembros de su cúpula como Franklin Almeyda, y a su vocero en la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, quien acusó al diplomático de “un atrevimiento y una injerencia”.  El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, dijo que el pronunciamiento del norteamericano no es propio de un embajador que respeta el ordenamiento institucional del país.

Las preocupaciones no se refieren sólo al control del poder ejecutivo, y del Congreso Nacional, sino también de las altas cortes y del ministerio público, así como de la Junta Central Electoral, más que por un solo partido, por una sola persona, el expresidente Fernández, ya en campaña por regresar al poder, al que muchos advierten como patrocinador del desguañangue de grupos y líderes políticos y sociales

Hipólito Mejía debería liderar la Convergencia

Por Juan Bolívar Díaz

Ante el éxito que cosecha el sector mayoritario del Partido Revolucionario Dominicano encabezado por Hipólito Mejía y Luis Abinader en las movilizaciones de masas que protagonizan, además de lo que siguen marcando las encuestas, muchos comienzan a discutir cuál sería el papel a jugar por el primero en la Convergencia que gesta junto a una decena de grupos políticos.

En lo inmediato Mejía ha evadido hablar de candidatura presidencial, priorizando la necesidad de construir una fuerza política alternativa que ocupe el espacio de la oposición que la crisis del Partido Revolucionario Dominicano ha dejado vacío, lo que lo coloca en perspectiva de constituirse en un líder unificador.

Un PRD sin perspectivas. Tal como se le ha concebido, la “Convergencia por un Mejor País” representa una alternativa de nueva fuerza política, llamada a encabezar la oposición a la prolongación en el poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), especialmente para la mayoría del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader, conscientes de que la crisis de su partido se prolongará indefinidamente por la imposibilidad de restablecer procedimientos democráticos.

La primera decisión del Tribunal Superior Electoral contra Vargas Maldonado, esta semana, suspendiendo su proceso de elección de dirigentes hasta que entregue el padrón de miembros del partido reclamado por Guido Gómez Mazara, quien lo enfrenta como candidato a presidir el partido, renueva las expectativas de quienes todavía creen en la posibilidad de reunificación del perredeísmo, sobre todo de quienes se aferran al nombre y la mística que han dado vigencia de 7 décadas a ese partido.

Pero al mismo tiempo, hay quienes estiman que esa decisión puede operar como distracción y es indicadora de cuántos incidentes tendrían que ser superados no solo en la renovación dirigencial, sino sobre todo cuando se trate de escoger candidatos. Para un veterano dirigente político como Fafa Taveras es inconcebible competir en un certamen donde el presidente titular del partido y aspirante a mantenerse en el cargo y a la candidatura presidencial ha escogido a sus incondicionales como árbitros y se niegan a entregar el padrón de electores.

Los incidentes se sucederían sin límite de tiempo, manteniendo el desgaste del partido con el rechazo de la población que ha reducido sus simpatías a la mitad del 41 por ciento de los votos que obtuvo hace dos años, aparte del 6 por ciento que aportaron sus aliados. Eso mientras en el PLD una decena de dirigentes se mueven tras la candidatura presidencial, cuatro de ellos en abierta campaña y la mayoría de los senadores lanza la precandidatura del expresidente Leonel Fernández.

Liderazgos aglutinadores. Parece obvio que tanto los perredeístas inconformes con el rumbo de su partido como La Convergencia necesitan liderazgos aglutinadores, que no pueden constituirse solamente sobre la base de precandidatos. Ese trabajo lo vienen haciendo profesionales sin partido, pero tendría que implicar a algunos provenientes del perredeísmo. Es de los mayores desafíos de La Convergencia, dada la dispersión que ha caracterizado no solo a los perredeístas, sino también a los izquierdistas y hasta a la sociedad civil. Quien luce con más posibilidades de encarnar ese liderazgo es Hipólito Mejía, a quien se tiende a subestimar en parte porque él mismo con frecuencia abusa de la espontaneidad y sacrifica la planificación. Su vigencia política está determinada por su capacidad para acercarse a la gente, porque hace reir, porque proyecta bonhomía y por sus extraordinarias energías para la actividad política.

A menudo se olvida que el expresidente registró el 47 por ciento de los votos en la presidencial del 2012, luchando contra un frente de 14 partidos encabezado por el gobernante que utilizó todo el Estado e invirtió cerca de RD$100 mil millones por encima del presupuesto, aparte del caballo de Troya que representó el presidente de su propio partido. Se le echan en cara los errores derivados de su espontaneismo, olvidándose lo que aporta su condición personal.

Como también se le responsabiliza excesivamente de la crisis bancaria que hundió su gestión de Gobierno, tras una primera mitad con buena aprobación que permitió al PRD barrer en la elección legislativa y municipal del 2002, aunque la bomba Baninter estaba armada desde antes de su ascenso al poder. Lo que sí fue un grave error, y él lo ha reconocido, fue la reforma constitucional para buscar una reelección imposible en medio de las graves consecuencias de la crisis financiera.

La mejor inversión de HM. Expulsado del PRD por quienes mantienen secuestrado ese partido, con dos fracasos electorales consecutivos, una precandidatura de Hipólito dividiría el “PRD Mayoritario”, habida cuenta de que Abinader lleva más de un año corriendo, y podría liquidar La Convergencia. Nadie debe dudar que él conseguiría una candidatura de consideración, pero para volver a luchar contra el partido-Estado y ahora sin el nombre y los símbolos del PRD, que con Vargas Maldonado conseguiría restarle muchos más votos que hace dos años.

Próximo a los 75 años, sobre el promedio de vida de los dominicanos, no debería procurarse una tercera derrota que ahora podría ser catastrófica, porque tendría más dificultad para sumar seguidores fuera de los ámbitos perredeístas. Y porque ya no puede sembrar para cosechar votos en un futuro político que entonces no tendría.

Hay indicios y versiones de que Hipólito Mejía y su familia están conscientes de lo adverso que les resultan la circunstancias, pero que él también sabe que podría jugar un papel preponderante liderando una Convergencia llamada a crear nuevas ilusiones políticas en un país desencantado de un partidarismo tan profundamente corrompido, fundado en el clientelismo y el rentismo, en la malversación del patrimonio público y de espalda a los procedimientos democráticos.

Hipólito, que ya fue presidente de la República y otras dos veces candidato, podría dar un ejemplo en un país donde los políticos de su nivel, como el liderazgo en general, no concibe el retiro y cree que tras ellos llega el diluvio. Y si pone todas sus energías al servicio de una “Convergencia por un Mejor País”, con un programa razonable de necesarias reformas económico-sociales y políticas, podría tener un colofón para la historia.

Al no ser candidato, Mejía podría convertirse en líder y árbitro inspirador del proyecto de Convergencia, abriéndolo a todos los sectores que anhelan el rescate de la política. Si de una competencia sana y corta, con igualdad de condiciones para todos los precandidatos, con padrón universal como proponen los propulsores del proyecto, sale un candidato más joven que encarne las aspiraciones y demandas nacionales, por lo menos quedarían como opción alternativa y liquidarían la minoría que secuestra el PRD, lo que hasta permitiría su rescate, dado que han dicho que no renuncian al mismo.

Contrario a lo que algunos creen, nada está definido para el 2016 y el agotamiento de la capacidad de endeudamiento del Estado augura graves dificultades presupuestarias para los próximos años.

Las insatisfacciones crecerán, a pesar del buen desempeño personal del presidente Danilo Medina, quien tiene impedimento constitucional para la reelección, y en su partido soplan vientos de confrontación. Hay espacio para una nueva opción de oposición, aunque esa construcción no parece fácil.

El dilema Hipólito-Abinader

La confusión parece predominar en sectores perredeístas sin un líder que los aglutine, lo que en la historia de ese partido fue decisivo, primero con Juan Bosch y luego con José Francisco Peña Gómez. Las encuestas del último año han indicado un fortalecimiento de Luis Abinader como opción a la candidatura presidencial, por la que trabaja abiertamente, beneficiándose del hecho de que no ha ocurrido lo mismo con Hipólito Mejía, quien comprende que una competencia entre ellos los liquidaría a ambos, por lo menos de cara al 2016, pues aumentaría la dispersión entre los perredeístas y contaminaría el nacimiento de La Convergencia.

Hipólito y Abinader aparecen en las tres últimas encuestas Gallup-HOY liderando las tres cuartas partes de los que se consideran perredeístas, pero en partes casi iguales, con ligera ventaja del segundo. Juntos harían de La Convergencia una real opción alternativa, sobre todo si llegan alentando la unidad, la participación de las minorías, y con un programa de rescate de la democracia y la ética política que tanto escasea en el país.

Si pretenden simplemente apoderarse del proyecto Convergencia y transportar allí una lucha bilateral, le propinarían un golpe mortal y liquidarían la posibilidad de que se convierta en un centro de atracción de la inconformidad nacional, sobre todo en los sectores que aspiran a nuevas formas de hacer política y gobernar. Se apropiarían de una idea que ha tenido como motores a agrupaciones de izquierda como el Frente Amplio y su candidato Fidel Santana y a los independientes aglutinados en Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia. Sería más razonable que crearan un nuevo partido político.

 

Se configura la división definitiva del PRD

Por Juan Bolívar Díaz

Tras el fracaso esta semana de un “último intento de conciliación para celebrar una Convención Nacional democrática”, los sectores dirigenciales mayoritarios del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) anuncian una “ofensiva final” para tratar de recuperar el control de la organización.

Pero con el favor del Tribunal Superior Electoral, Miguel Vargas Maldonado seguirá adelante en un calendario electoral con una Comisión Organizadora parcializada, lo que configuran la división definitiva del más viejo partido nacional que el 21 de este mes cumpliría 75 años de fundado.

La hora de los hornos. A casi tres años de luchas internas que no cesaron ni para las elecciones presidenciales del 2012, cuando obtuvo el 47 por ciento de los votos, el Partido Revolucionario Dominicano parece encaminarse a la división definitiva, ya que en la práctica quedó escindido por las confrontaciones del año pasado, que incluyeron la expulsión de su mayor líder tras la muerte de José Francisco peña Gómez, el expresidente Hipólito Mejía, y su presidente en funciones Andrés Bautista, un violento asalto a la casa nacional y la celebración de dos reuniones paralelas de su Comité Ejecutivo Nacional.

La elección el 16 de diciembre de una Comisión Nacional Organizadora para la Convención que desde el año pasado debió escoger nuevo presidente, ya que el período para el que fue juramentado Miguel Vargas venció el 19 de julio, parece marcar el punto de inflexión en la prolongada crisis, ya que la misma es rechazada por la mayoría de sus dirigentes, constituidos por las corrientes que encabezan Hipólito Mejía, Luis Abinader, Neney Cabrera, los llamados terceristas y el Foro Renovador, que tras unos meses de aparentes divergencias se presentan unificados contra el empresario Vargas.

La designación de una Comisión Organizadora integrada por los más fieles seguidores de Vargas, incluyendo a su presidente Julio Maríñez, ha sido considerada por los demás sectores como nueva evidencia de su propósito de imponerse “contando solo con el favor del Tribunal Superior Electoral que él constituyó junto al expresidente Leonel Fernández”, por lo que lo rechazan como parcializado.

Fracasa “último esfuerzo”. El otro factor que ha decantado la lucha del “todos contra Miguel” ha sido el fracaso esta semana de lo que algunos señalan como “último intento” por alcanzar un entendimiento para restablecer los procedimientos democráticos en el partido blanco, cuando Miguel Vargas volvió a condicionar cualquier tipo de entendimiento a que se le garantice seguir en la presidencia del partido y la candidatura presidencial para el 2016.

Las condiciones se conocieron el jueves al publicarse una carta del 8 de enero, dirigida a Peggy Cabral y Eduardo Jorge Prats, que en representación del presidente del partido se habían reunido con los remitentes Ana María Acevedo, Orlando Jorge Mera, César Cedeño y Deligne Ascensión, a nombre de las corrientes de Mejía y Abinader.

Por lo que se ha informado, los contestatarios del presidente del PRD tomaron la iniciativa de un nuevo intento de conciliación buscando salvar la unidad. Ambos grupos de comisionados se reunieron el 7 de enero y allí se expusieron de forma verbal las condiciones de Vargas: Apoyo para presidente del partido en la Convención Ordinaria y para la candidatura presidencial del 2016, así como “una distribución proporcional de los cargos nacionales del partido de un 40% para el sector de Miguel Vargas, un 40% para el sector de Hipólito Mejía y un 20% para otros sectores”.

Los remitentes de la carta dicen que tras consultar con Mejía y Abinader decidieron mantener la disposición al diálogo para “una solución a la situación interna del partido que sea satisfactoria para toda la familia perredeísta y la democracia dominicana”. Propusieron que los cargos directivos fundamentales del partido sean electos por voto universal y directo de los miembros como establecen los estatutos, y que los reservados a la Asamblea de Delegados sean pactados con las proporciones de 40, 40 y 20%. También proponen que la Comisión Política elija de inmediato, y con la misma proporción, una Comisión Organizadora, que fije la Convención para el 23 de febrero y apruebe el reglamento y el padrón electoral, entre otros asuntos.

No perderán más tiempo. En los últimos meses ha crecido la convicción de que Miguel Vargas y su grupo de ninguna forma auspiciarán un proceso democrático, ni para elegir dirigentes ni candidatos. Guido Gómez Mazara, que es de los que más ha activado por la conciliación en el último año y cabeza junto a Tony Peña Guaba, Eligio Linares y otros de los llamados terceristas, es de los que cree que “ya no podemos perder más tiempo”.

Los terceristas incluso se alejaron de Hipólito Mejía cuando en agosto pasado propusieron una Comisión Organizadora de la Convención eleccionaria concediendo a Vargas la designación de 9 de 15 integrantes, sin previamente revocar las expulsiones y suspensiones. Estaban convencidos de que ni con esa ventaja el ingeniero y empresario podría ganar una convención, “pues las encuestas entre los perredeístas no le otorgan más del 10 por ciento, incluyendo la Gallup-HOY de abril 2013”.

Pero los terceristas, que llegaron a reunirse con el mismo Vargas, se han quedado esperando una respuesta y el intento parece haber fracasado como todos los anteriores que involucraron comisiones como la de los doctores José J. Puello y César Mella y el periodista Homero Figueroa. En varias ocasiones los contestatarios promovieron la mediación de figuras de la Iglesia Católica, que llegaron a aceptar si todos lo pedían, pero nunca Vargas formalizó una respuesta.

Desde mediados de semana, los sectores que reclaman democracia interna comenzaron a hablar de una ofensiva final para forzar a Vargas, que incluiría fuertes denuncias sobre sus vínculos con el expresidente Leonel Fernández, cuya campaña para la candidatura presidencial del partido gobernante ha sido iniciada por sus allegados. Al presidente del PRD le atribuyen un entendimiento político y de negocios con el exmandatario, desde el pacto por la reforma constitucional que ambos firmaron en el 2009, y que pasó incluso por la campaña electoral, en la que el presidente del partido blanco se negó a promover su candidatura presidencial.

La división luce inevitable. A casi tres años que se inició la última confrontación interna en el PRD, cuando en marzo del 2011 Hipólito Mejía ganó la nominación presidencial 53.4% a 46.5%, lo que el derrotado Miguel Vargas atribuyó a “300 mil votos de peledeístas”, en ese partido, como en la sociedad dominicana, hay un sobre cansancio de la situación y cada vez son más reducidas las esperanzas de que pueda ser superada.

Convencidos de que Vargas mantendrá el secuestro no solo de la casa nacional, privativa de sus partidarios, sino también de los organismos y de la presidencia del partido, son más frecuentes los dirigentes que entienden el planteamiento de hace un año del doctor Hugo Tolentino, de que si no hay forma de hacer valer la democracia en ese partido, deben formar otro. El asunto lo retomó a fin del 2013 Ramón Alburquerque, expresidente de la organización.

Otros como Jorge Mera dicen que se morirán en ese partido, porque están en el mismo desde niños. Pero en general va tomando cuerpo la resignación de que si el partido está secuestrado, tienen que buscarse alternativas, como la de forjar uno nuevo o plantearse una conjunción de fuerzas para enfrentar la vuelta de Fernández, lo que ya se propone lanzar el “Frente Amplio” de izquierda que encabeza Fidel Santana.

Alburquerque no descarta la posibilidad de recuperar posteriormente el PRD, derrotando a Vargas con una conjunción de fuerzas de oposición. Pero otros entienden que para eso primero tienen que arrinconarlo lo más posible y demostrarle a los perredeístas que “con él solo no ganan ni un senador ni la alcaldía de un municipio importante”.

Habrá que esperar a ver la estrategia definitiva de los que han decidido el “todos contra Miguel” y sobre todo si son capaces de guardar coherencia y firmeza, de vencer la apatía y el cansancio que cunde en niveles importantes dentrp de ese partido y mostrar suficiente amplitud para ganar adeptos fuera de los muros perredeístas.

 El último año de la agonía del PRD

14 de enero 2013:
Consejo disciplinario de parciales de Miguel Vargas expulsa del PRD a Hipólito Mejía y Andrés Bautista, y suspende a Geanilda Vásquez y Jorge Mera.
27 de enero:
Seguidores de Mejía y otros sectores asaltan la casa nacional del PRD para impedir reunión de dirigentes convocada por Vargas. Destrozos y heridos.
3 de mayo:
Mejía y Vargas Maldonado conversan durante 30 minutos en casa de José M. Soto Jiménez.
4 de junio:
Vargas y Mejía se reúnen por última vez. El primero dice que consiguió la presidencia del partido y la próxima candidatura presidencial. El otro lo niega.
16 de julio:
Tribunal Electoral dice no pudo comparar listados de miembros del CEN y avala el de Vargas que según sus oponentes excluye a 629 miembros e incluye a 300.
19 de julio:
Vence el período de 4 años para el que en el 2009 fue electo y juramentado Miguel Vargas como presidente del PRD.
1 de agosto:
Se celebran dos reuniones paralelas del Comité Ejecutivo. La de Vargas designa a Peggy Cabral y Junior Santos en sustitución de Geanilda y Jorge Mera.
30 de agosto:
“Sector tercerista” propone a Vargas elegir una comisión organizadora de una Convención unitaria” de 15 miembros, dejándole designar a 9. No hay respuesta.
16 de Diciembre:
Reunión sorpresa de una parte de la Comisión Política del PRD, designa la Comisión Organizadora y calendario de la Convención Nacional.
20 de Diciembre:
Tras reunión de la Comisión Consultiva del PRD que preside, Enmanuel Esquea proclama que “se acabó la tolerancia con Miguel Vargas”. Rechazan la Comisión Organizadora de la Convención.
8 de Enero del 2014:
Fracasa último intento de conciliación. Rechazan conceder a Miguel Vargas presidencia del PRD y candidatura presidencial del 2016.
10 de Enero del 2014:
Abogados encabezados por Enmanuel Esquea vuelven al Tribunal Electoral pidiendo anular reuniones y decisiones del CEN de Miguel Vargas.

 

El Constitucional ignora la Corte Interamericana

Por Juan Bolívar Díaz

El Tribunal Constitucional (TC) no solo negó amparo a una ciudadana que lo solicitaba, sino que la declaró no dominicana y se fue lejos al disponer un rastreo desde el 1929 (84 años) para despojar de la nacionalidad a nacidos e inscritos en el registro civil en por lo menos tres generaciones, si sus padres eran inmigrantes ilegales.

La sentencia, objetada por dos juezas y por varios expertos constitucionalistas, choca con el dictamen del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculante para el Estado Dominicano, que rechaza que quienes residan por largo tiempo en el país estén en tránsito y que la ilegalidad sea heredada por los hijos.

Una sentencia histórica.  Tal como habían adelantado dos de sus integrantes, el TC evacuó una sentencia que hará historia como un adefesio jurídico que pretende el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de personas que durante 8 décadas fueron registradas como dominicanas, al amparo de la Constitución y leyes vigentes.

La corte conoció una solicitud de amparo de la señora Juliana Deguis Pierre, nacida en Yamasá en 1984 (hace 29 años) y declarada por sus padres haitianos, a quien desde el 2008 la Junta Central Electoral (JCE) le niega copia de su acta de nacimiento con  la que pretendía obtener la cédula de identidad, declarándola no dominicana y dejándola como muerta civil, junto a varios miles de descendientes de haitianos.

Aunque en la misma sentencia se reconoce que el caso era competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, y contrariando al menos 4 dictámenes propios en sus dos años de vigencia, el TC decidió conocer la instancia, “para garantizar el principio de economía procesal” pero sobrepasó la petición de la recurrente, no se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de la negativa de la copia del acta de nacimiento, y además dictaminó sobre la nacionalidad de millares de personas.

La corte reconoció implícitamente la ilegalidad de la retención del acta al disponer que la JCE emita el documento a la señora Pierre y al mismo tiempo lo remita “al tribunal correspondiente para que determine su  validez o nulidad”. Como la sentencia se fundamenta en que la recurrente es hija de “personas en tránsito”, categoría de todas las constituciones dominicanas desde 1929, ordena a la JCE realizar una auditoría  minuciosa de los libros del registro civil “para identificar e integrar en una lista documental” a todos los extranjeros desde ese año que  “se encuentran irregularmente inscritos por carecer de las condiciones instituidas por la Constitución. Ese listado deberá ser incorporado a los nuevos libros de registro de nacimiento de extranjeros”.

 Objeciones fundamentales. La sentencia fue firmada por once de los trece magistrados del Tribunal Constitucional que preside el jurista Milton Ray Guevara.  Las doctoras Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez dejaron por escrito sus objeciones en documentos de quince y treinta páginas respectivamente, donde rechazan el planteamiento fundamental de la mayoría, de que es inválido todo registro de nacimiento realizado por inmigrantes ilegales desde 1929.

Las dos magistradas se ampararon en la sentencia del 2005 emitida por la CIDH sosteniendo que son vinculantes para el Estado Dominicano. Bonilla planteó que de conformidad con los artículos 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “los estados partes reconocen que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son definitivos e inapelables y no pueden ser impugnados o revisados en el ámbito interno”.

Tanto las dos magistradas como los expertos en derecho constitucional rebaten la interpretación que hace la sentencia de los artículos constitucionales referente a la nacionalidad. Específicamente el planteamiento de que los trabajadores inmigrantes están en tránsito, recordando que hasta la Constitución del 2010 todos los textos constitucionales establecían que todos los nacidos en territorio nacional tenían derecho a la nacionalidad, con la excepción de los hijos de diplomáticos y personas en tránsito, lo que se interpretaba como de paso, no los que legal o ilegalmente se quedan en el territorio nacional.

Han objetado la sentencia los doctores Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez Gómez, Olivo Rodríguez  Huerta, Luis Gómez y Ramón Antonio Veras. La han respaldado el director general de Migración, así como por el cardenal Nicolás López Rodríguez y monseñor Agripino Núñez Collado. En cambio el obispo emérito de la iglesia Episcopal, Telésforo Isaac, la ha condenado en los términos más enérgicos.

La irretroactividad de la ley.  Todavía hay mucha confusión, pero de lo que trató la sentencia no es del derecho que tienen los descendientes de haitianos u otra nacionalidad, cuyos padres sean ilegales a ser declarados como dominicanos. Eso quedó proscrito en la Constitución del 2010, que en su artículo 18 numeral 3 estableció la restricción a los residentes ilegales.

De lo que se trata es de despojar de la nacionalidad a miles de personas descendientes de haitianos que fueron inscritos en el registro civil cuando bastaba haber  nacido en el país. Muchos de ellos tienen décadas de haber sido aceptados como dominicanos. Ellos no se inscribieron, sino que fueron inscritos, y en estricto derecho no se le puede aplicar retroactivamente la exclusión a los ilegales establecida en la Constitución del 2010, ni tampoco la ley de migración del 2004.

La Constitución del 2010 en su artículo 18 numeral 2 indica que son dominicanos y dominicanas  “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”. Y el artículo 110 establece que “La ley solo dispone y se aplica para el porvenir, no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

La Corte Interamericana.   En su sentencia del 2005 cuando conoció el caso de dos niñas descendientes de haitianos a las que el Estado se había negado a reconocer como dominicanas a pesar de que sus madres ya tenían cédula y documentación nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que fueran inscritas y compensadas por el Estado.

En su sentencia la CIDH dejó establecido que los hijos no pueden heredar la ilegalidad de sus padres. Textualmente indicó que “El estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos”, y que  “La condición de nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad”.

Para deshacer el alegato que equipara como persona en tránsito a todos los inmigrantes, la CIDH recordó el propio Reglamento de Migración de la República Dominicana número 279 de 1939, que fija un máximo de 10 días para considerar transeúnte por el territorio nacional a un extranjero.

El argumento de que los inmigrantes residentes por largo tiempo en el país están en tránsito es rebatido por las dos magistradas que emitieron votos disidentes. Citan que la CIDH estableció que “Para considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un limite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito”. La corte estableció además que “En un sistema de jus soli, sólo hace falta el hecho de que un niño o niña haya nacido en el territorio del Estado, y que la condición migratoria de sus padres no puede ser una condición para el otorgamiento de la nacionalidad, exigir la prueba de la misma, constituye una discriminación”.

Esta sentencia deja abierta la vía para que el caso sea llevado a la CIDH, que si ya dispuso dos inscripciones con más razón dictaminará contra el despojo de la ciudadanía a miles que hasta por ocho décadas se les había otorgado, y en momentos en que en Estados Unidos se busca legalizar, con opción a la ciudadanía, a 12 millones de inmigrantes ilegales, más de cien mil de ellos dominicanos. El proceso llevará tiempo, pero mientras tanto el genocidio civil seguirá penalizando a millares de personas, aunque cada vez será más rechazado en los ámbitos de los derechos humanos al ocurrir en un país que tiene en el exterior cerca de millón y medio de emigrantes.

Serán decenas de miles

Esa auditoría será una tarea bien difícil para realizarse en un año, prorrogable a dos, y tropezará con el hecho de que muchos libros de registro están desaparecidos o dañados. Tendrán que rastrear entre más de diez millones de personas, incluyendo los nacidos después del 1929 que han fallecido. Si sólo perseguirán intrusos haitianos, la tarea es menos difícil, buscando por apellidos de origen francés o patois. Los chinos e inglés serán menos. Los españoles no podrán ser detectados sin una lectura del acta para determinar los declarantes.

Uno de los méritos de la sentencia es que confirma el estimado de unos 20 mil  afectados por la resolución de la JCE cuando en su página 39 cita un cuadro que cuantifica en 16 mil 945 los expedientes remitidos por la Dirección de Inspectoría del organismo para investigación y en 4 mil 836 los investigados y devueltos. El estimado del doctor José Ángel Aquino sólo abarcaba los nacidos después de 1984. Desde 1929 serán decenas de miles, aunque muchos habría que buscarlos en los cementerios.

En miles de casos habrá tres y hasta cuatro generaciones de personas de un mismo tronco familiar “residentes ilegales”, que constituirían un verdadero apartheid que seguiría transmitiendo la ilegalidad a sus descendientes. Tendrán que decirle que ya no son dominicanos a personas hasta de 80 años que nacieron en el país, en una aplicación retroactiva de una nueva interpretación de la Constitución.