Más equidad y transparencia

Por Juan Bolívar Díaz
03_04_2016 HOY_DOMINGO_030416_ Opinión9 A

Si el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) están tan convencidos de que obtendrán hasta más del 60 por ciento de los votos en los comicios del mes próximo, como pregonan, y de frente a siete candidaturas de oposición, no deberían economizarse ni el menor esfuerzo por revestir de mayor equidad y total transparencia todo el proceso para, como dijo esta semana el ministro Administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, evitar dar justificación a las objeciones.

Por igual, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, debería dejar de ver conspiraciones en las legítimas preocupaciones que han expresado instituciones sociales y contados periodistas sobre la procedencia de auditorías técnicas tanto al padrón electoral como a los equipos que sostendrán el novísimo sistema de escaneo automático de los votos. Aunque sea también para no dar justificación a posibles objeciones. Con más razón si las hubiese anunciado antes de que se lo plantearan. Tampoco debería ofenderse con la sugerencia de hacer también un conteo manual de los votos en el 3 por ciento de los colegios para que no queden dudas de que el resultado ha sido igual al electrónico.

El Gobierno ha dado algunos pasos acogiendo varias de las objeciones al abuso de los recursos estatales en la campaña electoral, como instruir para evitar el uso de vehículos oficiales en el proselitismo, y el más significativo de suspender la desproporcionada publicidad política gubernamental, que es una forma indirecta de promover la reelección.

Por cierto que esas iniciativas las tomó después de las denuncias de instituciones sociales, como en el caso de Participación Ciudadana, que documentó un incremento sobre el cien por ciento de la publicidad gubernamental en el primer bimestre del año, incluyendo el 300 por ciento en el gasto publicitario de la propia Presidencia de la República. Ya antes había denunciado que el año pasado el gobierno se constituyó en el mayor anunciante del país, por encima de todo género de actividades comerciales, tras incrementar en 37 por ciento el gasto publicitario en relación al 2014.

Si el Gobierno gastó entre enero y febrero 1,113 millones de pesos en publicidad y propaganda, la JCE no debió esperar que la denunciara uno de esos grupos sociales que Roberto Rosario considera impertinentes y creadores de ruido, sino que le correspondía dictaminar que la publicidad oficial se limitara a la promoción de servicios o campañas educativas, que es lo que debería proceder todo el tiempo y no gastar el dinero público en auto-promoción política.

En cambio la Junta de Roberto, donde casi todas las decisiones se adoptan sin unanimidad, en tres a dos, y se rechazan todas las iniciativas de los dos, que son José Angel Aquino y Eddy Olivares Ortega, tomó la “heroica” decisión de suspender los barrilitos y cofrecitos de los legisladores hasta que pasen las elecciones. Los diputados y senadores actuales, la mayoría con diez años recibiendo hasta un millón de pesos mensuales para “asistencia social”, podrán tomar prestado el monto de estos dos meses para pagarlos cuando se les entregue después de los comicios. ¡Tremenda forma de promover la equidad!

Tampoco se entiende por qué Roberto Rosario no ha explicado a qué se debió que el crecimiento del padrón electoral para estas elecciones se redujera tan drásticamente, al 4 por ciento, cuando en los tres cuatrienios anteriores aumentó 12, 16 y hasta 17 por ciento. Y sobre todo por qué los nuevos electores en el 2016 suman solo 351 mil 44 cuando un informe oficial de la Junta Central Electoral de abril del 2015 ya los cuantificaba en 662 mil 313. Aclarar esas inconsistencias debería ser preferible a quejarse de ruidos y conspiraciones. Y solicitarlo e un acto de absoluta legitimidad y hasta deber ciudadano. Al menos en la democracia.

En cuanto al gobierno todavía debería dar otros pasos en aras de la equidad, como evitar que una gran proporción de los funcionarios se lancen cada tarde en caravanas, entorpeciendo gravemente la circulación en las vías públicas, así como las actividades normales y aumentando el consumo de combustibles.

No deberían aspirar a más del 60 por ciento de los voto y evitar justificar los temores de que el peledeísmo quiere el cien por ciento de los puestos electivos y del poder político.

Quemados por la corrupción

 Por Juan Bolívar Díaz

07_02_2016 HOY_DOMINGO_070216_ Opinión9 A

Aunque los gobernantes insistan en negarlo, por todas partes brotan las evidencias que justifican la quemazón del país en los índices de Percepción de la Corrupción que anualmente publica la muy acreditada organización Transparencia Internacional (TI), el último a finales de enero pasado.

Para vergüenza de los dominicanos, la nación apenas recibió 33 puntos sobre 100 en transparencia y combate a la corrupción, quedando en la posición 103 de 168 países evaluados, y entre los últimos diez de los 34 del continente, mejorando apenas un punto y manteniendo estancada la pésima evaluación de los años anteriores, registrada también en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

El Indice de TI se construye en base a las evaluaciones de múltiples organismos internacionales, incluyendo multilaterales como el Banco Mundial o publicaciones del prestigio de The Economic, además de encuestas y consultas a centenares de personas influyentes en los respectivos países.

Pero los que abrigan dudas sobre las evaluaciones internacionales, y no faltan quienes atribuyen tan bajas calificaciones a una conspiración, solo tienen que verificar los resultados de las encuestas nacionales más acreditadas sobre la percepción de la ciudadanía sobre la falta de transparencia y la corrupción predominantes.

La Gallup-HOY publicada esta semana ratifica que la corrupción sigue siendo un cáncer que debilita progresivamente el cuerpo social de la nación, sustrayendo una proporción considerable de los recursos que deberíamos invertir para paliar la pobreza que sufre alrededor del 40 por ciento de la población. Con la agravante de una progresiva corrosión de las instituciones gubernamentales, incluyendo la justicia, el Poder Legislativo y el municipal.

Los resultados de esa encuesta son perturbadores: El 45.7 por ciento considera que ahora hay más corrupción que antes, y otro 34.4 cree que igual, para totalizar un 80 por ciento, mientras solo el 19.2 cree que ahora es menor. Un ínfimo 0.4 por ciento no percibe corrupción. Es relevante que hasta un 32 por ciento de los que dicen simpatizar por el partido de Gobierno aprecian que hay más corrupción que antes.

Estremecedor que el 62.7 por ciento de los jóvenes considere que aumenta con el paso del tiempo.

Esas apreciaciones constituyen un total fracaso de las actuales autoridades y en especial del presidente Danilo Medina que en la pasada campaña electoral firmó, como otros candidatos, el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad presentado por el movimiento cívico Participación Ciudadana, cuyas evaluaciones del mismo también lo quema. Es penoso porque este Gobierno inició estableciendo un Código de Pautas Éticas que recogió lo fundamental del protocolo. Un decreto presidencial dispuso que fuera firmado por todos los altos funcionarios. Se ignora si alguno ha cumplido, por ejemplo, la letra b de su capítulo 6, donde se comprometían a “presentar anualmente mis informes fiscales y la constancia de mis compromisos tributarios”…

Un rotundo fracaso ha sido la reformulada Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que jamás se ha preocupado por verificar el cumplimiento de las metas de transparencia, incluidas en el protocolo y en el Código de Ética. Ni siquiera ha podido lograr que más de 1,200 funcionarios cumplan con la obligación de formular su declaración jurada de bienes, acorde con la ley, y que ha reclamado tan persistentemente la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte.

La sociedad dominicana tiene que protagonizar una rebelión contra el nivel de corrupción que percibe.

Logros y fracasos en los diez años de Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

Al cumplir mañana 10 años de Gobierno, los últimos seis de forma consecutiva, el presidente Leonel Fernández se constituye en el quinto que por más tiempo ha gobernando la nación y entre ellos el más democrático pero, como ha sido tradición, con alto clientelismo y fundado en la siembra de varilla y cemento.

Se considera que la estabilidad y el crecimiento macroeconómico, la ampliación de las relaciones exteriores y la construcción de obras viales son sus mayores éxitos, pero que ha fracasado en las prioridades de educación, energía eléctrica, competitividad, seguridad pública, transparencia y combate a la corrupción y el narcotráfico.

Otro largo liderazgo.  Aunque llegó al poder con un partido que se ubicaba en la izquierda política y sin experiencia gubernativa, el doctor Leonel Fernández ha logrado construir un nuevo liderazgo nacional de esencia conservadora que se proyecta más allá del término de su tercer período de cuatro años en el 2012.

En una nación caracterizada por largos períodos de dictaduras y anarquía, Fernández comparte el récord de más duración en la presidencia con dos tiranos y dos dictadores. Rafael Leónidas Trujillo gobernó 31 años con mano de hierro, y su discípulo Joaquín Balaguer atemperó sus métodos para acumular 22 años de gestión, reinando ambos durante el siglo pasado. Y en el siglo 19 Buenaventura Báez y el tirano Ulises Heureaux gobernaron cada uno durante 14 años, el primero durante cinco períodos diferentes.

Fernández puede reclamar el mérito de haber sido el más democrático de los que más tiempo han gobernado el país, tanto en el origen de su poder, como por haber tenido que lidiar con los mecanismos de la democracia representativa y un sistema comunicativo mucho más libre y plural. Pero tentado por el recurrente providencialismo dominicano está por verse hasta qué nivel debilitará la institucionalidad democrática si cae definitivamente prisionero del continuismo y busca otra vetada reelección dentro de dos años.

Comparte con Trujillo y Balaguer la convicción de que el progreso se mide por la construcción de obras de amplia visibilidad, en desmedro de la inversión en desarrollo humano y la promoción de la competitividad y el fortalecimiento institucional,  utilizando la corrupción y el reparto de los bienes públicos como mecanismos políticos, con la ventaja de un discurso que pregona la modernidad con buena aceptación.

Las grandes debilidades. La mayor crítica a la gestión de diez años del presidente Fernández es su pobre escala de prioridades, que no haya cumplido la ley, consenso nacional y compromiso  propio reiterado de priorizar la inversión en educación como fundamento del desarrollo nacional, adhiriéndose a la política tradicional de siembra de cemento que se puede exhibir y genera tráficos y comisiones en beneficio de áulicos que lo proclaman imprescindible. En su segundo período de Gobierno (2004-08) con tres reformas tributarias elevó los ingresos fiscales en 150%, pero no pudo sacar al país de los últimos escalones mundiales en la inversión en educación, salud y vivienda.

El florecimiento de la corrupción en todas sus expresiones, con contrataciones escandalosas como las de la Sun Land, y el enriquecimiento de muchos de sus altos funcionarios en una gestión poco transparente y de escasa rendición de cuentas es de las grandes debilidades atribuidas a un líder que rinde culto a la sociedad del conocimiento y a las tecnologías de la comunicación.

La continuidad del desastre del servicio energético es otra de las grandes deficiencias que se cargan al régimen de una década, dada su contradicción con la modernidad pregonada y el peso que tiene en la persistente incapacidad competitiva de los productores nacionales, justo en el período en que la nación se insertó en la globalización con los tratados de libre comercio con Centroamérica, Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente los dos primeros que han elevado el déficit comercial de 70 a 317 millones y de 65 a 1,900 millones de dólares, respectivamente.

El auge del narcotráfico y la criminalidad en todas sus expresiones, que han invadido hasta los altos mandos de los organismos de seguridad, con repetidos escándalos es otro de los factores que han restado méritos a la gestión del doctor Fernández, a quien se le acusa de mostrar más interés en mediar en conflictos internacionales que en afrontar  las lacras que multiplican la inseguridad ciudadana.

Las bases del liderazgo. El liderazgo del presidente Fernández, ya con características mesiánicas, se ha fundado en una extraordinaria expansión del gasto, con repetidos déficits fiscales -a pesar de un gran incremento de los ingresos ordinarios- que se han conjurado con un costoso financiamiento que elevó la deuda del Estado en más de un 100% cuando pasó de 8,953 millones en 2004 a 18,613 millones de dólares al final de 2009. Al término de este año alcanzará los US$20,000 millones, equivalentes al 41.4% del PBI, según cálculos del reputado economista Carlos Despradel. La carga de la deuda ya representa 43% de los ingresos fiscales.

La ampliación de la nómina estatal, que alcanza medio millón de empleados, con un incremento del empleo público del 24% versus 8% en el privado en la última década, y con salarios y beneficios que en los altos niveles compiten con los de las grandes empresas, es otro de los fundamentos del régimen.

A eso hay que sumar los programas para mantener bajo control la pobreza que ya benefician a por lo menos 1,441,888 personas, incluyendo el subsidio al gas propano, aparte de la proliferación de nominillas y repartos en casi todos los órganos estatales para mantener satisfecha a una cada vez mayor proporción de activistas políticos.

La desarticulación social ha sido promovida incorporando líderes comunales, militantes de diversos partidos, artistas, periodistas e intelectuales a los beneficios estatales, al tiempo que se negocia directamente con grupos empresariales, particularmente algunos emergentes, que obtienen amplios beneficios de la expansión del gasto, las crecientes importaciones que cada año amplían los déficits  comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Pese a todos los factores adversos, agravados por la crisis económica internacional, el presidente Fernández llega a su década de Gobierno con bastante aceptación, que en parte se explica por la debilidad del liderazgo de oposición, pero con crecientes reclamos de un nuevo modelo económico que privilegie la competitividad productiva y las exportaciones, la austeridad y las prioridades en la inversión.

Algunos analistas creen que se le está acabando la pista del endeudamiento y la expansión del gasto y que afrontará serias dificultades económicas, institucionales y políticas si además despega definitivamente el avión del continuismo despreciando su propia y flamante Constitución antes de que termine de entrar en vigencia.

Los mayores logros

La opinión generalizada otorga a Fernández como mayor logro el haber mantenido un crecimiento macroeconómico apreciable, en promedio alrededor del 8%, con estabilidad cambiaria y de precios, lo que es más valorado por haber  iniciado su segundo período gubernamental tras la crisis financiera del 2003 que hundió la economía nacional.

También se le reconoce, especialmente en su primer período,  una cierta modernización de la administración pública que ha incluido reformas institucionales, aunque a menudo han sido dejadas en el papel subordinadas al interés político coyuntural. Comenzó rescatando la dignidad de los servidores públicos, relegados por sus antecesores, para lo cual hubo de elevar considerablemente los salarios, pero se acostumbró a un nivel de gasto corriente que supera el 75% del presupuesto nacional.

La inserción del país en el ámbito de las relaciones internacionales con la ampliación de vínculos hacia el mundo árabe y africano forma parte también de los haberes que muy pocos le discuten, aunque se le objeta su afición a la pasarela de los jefes de Estado, al ritmo de un viaje internacional por mes en los últimos seis años.

El doctor Fernández es el gobernante dominicano que más consultas, seminarios  y diálogos ha patrocinado y el más adicto a las consultorías, hasta constituir una inmensa biblioteca de estudios y resoluciones, pocas de ellas traducidas a realidades. Ello, junto a su amplia cultura política, elocuencia discursiva, carisma, carácter apacible y tolerante le han proyectado una imagen positiva y le han permitido afianzar un fuerte liderazgo.

Al término de su tercer período, dentro de dos años, dejará también una obra material apreciable, especialmente en infraestructura vial, casi dos líneas de un Metro construido con escasa transparencia y a contrapelo de la opinión pública, elevados y túneles que han cambiado la configuración de la ciudad capital aunque están lejos de haber mejorado su circulación vehicular y de haber tomado en cuenta a los peatones.

 

Preservemos el derecho a soñar

Por Juan Bolívar Díaz
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El devastador realismo político que se nos ha impuesto en los últimos años está llegando al extremo de que se nos quiere privar hasta del derecho a soñar con una nación de fuertes instituciones democráticas y gobernantes que se dediquen a promover el desarrollo humano, en vez de su gloria personal forjada en cemento, al viejo estilo de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer.

En este día en que estamos convocados una vez más a las urnas para elegir legisladores y autoridades municipales, conviene reflexionar sobre los esfuerzos de la sociedad dominicana por superar los lastres que le han impedido desplegar todas sus potencialidades para salir de los últimos escalones del desarrollo institucional y humano en el continente y el mundo.

En la década de los noventa, mientras llegaban a su fin los inspiradores y reformadores liderazgos políticos que encarnaron Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, y se superaba la autocracia neotrujillista de Joaquín Balaguer, esta nación pareció entrar en una etapa de concertación, de renovación y mejoramiento institucional.

En una docena de años aprobamos tantas reformas que fuimos admiración del mundo. Los partidos políticos parecían empeñados en crear un nuevo liderazgo y la sociedad civil irrumpió en el escenario político con energía sin precedente, contribuyendo a crear un ambiente de renovación ética y ciudadana.

Pero de golpe, a partir de la infame reforma constitucional del 2002, pareciera que todo se derrumbó, y la corrupción, la anomia social, el narcotráfico y la violencia parecen ganarnos la partida. El nuevo liderazgo político se remite al pasado con el debilitamiento de las instituciones en aras del poder personal, y muchos  actores sociales son cooptados por el poder estatal y político que amplía inconmensurablemente su propio poder económico extraído de la malversación de la cosa pública y del lavado de dinero.

El salvaje pragmatismo político se ha apoderado del sistema partidista de una manera tan despampanante, con un vacío tan grande de discurso y de transparencia, que ofende la memoria de Bosch y Peña Gómez, forjadores de los partidos que dominan el escenario nacional.

El balance de la campaña electoral que culmina en esta votación es devastador para el sistema partidista. Primero el retroceso democrático en la elección de los candidatos, en su mayoría impuestos por las cúpulas partidarias, y con tantos despojos que obligó a la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral a múltiples revocaciones. Luego el transfuguismo y el clientelismo en todo su esplendor. Y al final el despilfarro ofensivo, el abuso de los recursos del Estado, la repartición sin pudor del patrimonio público, la negativa a debatir propuestas, el acaparamiento de la comunicación y la irrupción del Presidente de la República con todo el poder del Estado en una campaña que pareció presidencial y que no dejó espacio a ningún proyecto alternativo.

Ganamos en menor violencia y en organización electoral, pero sin poder revertir este vacío ético, este arrasa con todo en que han convertido la política, hasta el punto que se quiere estigmatizar el derecho a soñar, convirtiendo en desadaptados y sospechosos a todos los que creen que la política es el quehacer de la construcción social.

La fecha es propicia para reafirmar los sueños de fortalecimiento institucional, de un Congreso que cumpla con su triple misión de representar, legislar y fiscalizar a los demás poderes del Estado, sin barrilitos ni cofrecitos. Y con unos municipios al servicio del desarrollo local, participativos. Soñar también en que pronto podamos votar por candidatos, no por paquetes partidistas recargados de traficantes.

Hay que revindicar el derecho a soñar con un régimen de transparencia, de rendición de cuentas, y hasta de revocación de mandatos cuando los elegidos se burlen abiertamente de sus electores.