Todo parece indicar que las organizaciones empresariales tendrán que reformular y moderar consistentemente su pliego de reclamos, si quieren conseguir algunas de sus demandas que parecen razonables, como la reducción del costo de la prestación de cesantía que para pequeñas y medianas empresas puede constituirse en insostenible, pero ni eso conseguirán si no reconocen la vulnerabilidad de los empleados y de un modelo económico social que concentra excesivamente el ingreso.
Desde que integró el año pasado una comisión oficial multisectorial para conocer y recomendar sobre las demandas de reformas al régimen laboral, el Gobierno las condicionó al consenso entre empleadores y trabajadores. Y recientemente el presidente Danilo Medina lo ratificó tajantemente, lo que obliga a un mayor esfuerzo de concertación si se quiere conseguir algo del amplio pliego de reclamos empresariales.
No está descaminado el Gobierno sobre los reclamos empresariales, pues no hay razón que justifique abandonar la búsqueda de consenso y los acuerdos obrero-patronales y gubernamentales sobre los que durante años se edificó el Código de Trabajo, a principio de los noventa y la ley que en el 2001 instituyó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Como la democracia, el consenso representa dificultades y hasta lentitud en las decisiones. Siempre ha sido más fácil la imposición que la concertación. Pero nadie renuncia voluntariamente a los avances o derechos adquiridos durante años sino en un proceso de racionalidad e intercambio de concesiones.
Desde que se conocieron las demandas empresariales, algunos consideramos que eran tan excesivas que parecía que habían seguido el equivocado modelo sindical de pedir mucho para conseguir poco. Por ejemplo, cada discusión de aumento salarial comienza con demandas del 50 y 60 por ciento para quedar en 10 o 15 por ciento.
El primer error de los empresarios es que no han logrado aclarar suficientemente si sus promesas de no afectar conquistas establecidas, implica que las reformas que reclaman solo se aplicarán a las contrataciones laborales futuras, como se debe asumir, dada la irretroactividad de la ley.
En segundo lugar el pliego parece inspirado en lo ocurrido en naciones desarrolladas donde se ha hecho pagar a los trabajadores el costo de la crisis estructural del capitalismo y de la voracidad de los ejecutivos y magnates financieros. Pero el nivel del bienestar social alcanzado en algunos países permite reducciones sin agravar demasiado las condiciones de vida de la población.
La cuestión es diferente en países de tanta desigualdad, como la República Dominicana, donde tres cuartas partes de los asalariados no reciben lo equivalente al costo promedio de la canasta familiar, y donde más de medio siglo de crecimiento económico no han logrado una reducción significativa de la pobreza, por la concentración del ingreso, como lo han documentado los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y recientemente del Banco Mundial.
Por ejemplo, es una torpeza plantear el aumento de la jornada laboral de 44 a 48 horas semanales, reduciendo conquistas de principios del siglo pasado.
Mucho menos viable en un país donde una alta proporción de los empleados tienen un segundo trabajo, formal o informal, con jornadas diarias totales que alcanzan hasta las 16 horas.
Los empresarios tienen cierta razón en cuanto a la cesantía que es una carga que casi duplica el costo de sus aportes a las pensiones y que, en muchos casos, quiebra empresarios, sobre todo pequeños y medianos, e incentiva la informalidad y las evasiones. ¿A cambio de más aporte al sistema de pensiones o un seguro de desempleo?
También tienen razón en que en muchos sectores, el agropecuario y la construcción por ejemplo, es impracticable la cuota de 20 por ciento de extranjeros, y debe ser racionalizada. Pero que abandonen la extensión del horario diurno hasta las 10 de la noche y el trabajo sin límites los fines de semana.