Tag Archives: Toy Jarto

Dilema del gobierno, ¿FMI o Sociedad Civil?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/761/460x390/0/14671051-6926-4DCD-9002-ECFC712F4395.jpeg

Cunde la alarma en los sectores sociales frente a la posibilidad de que el Gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que haga imposible la concertación del Pacto Fiscal instituido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido el presidente Danilo Medina.

Aunque ambos proyectos no son incompatibles una coalición socio-sindical plantea que el Gobierno no puede comprometerse con el FMI ni elaborar el presupuesto del 2013 sin abrir una consulta y considerar los “principios orientadores del Pacto Fiscal” ya consensuados por el Consejo Económico Social (CES).

Pánico pues llegó el FMI.  Esta semana el Gobierno inició conversaciones con una misión del FMI en busca de un acuerdo para equilibrar las finanzas públicas, mientras se elevaban las proyecciones del déficit fiscal de este año, hasta 140 mil millones de pesos,  y trascendía que hay retrasos de tres y cuatro meses en la entrega de las partidas presupuestales de los hospitales públicos.

Al mismo tiempo se expandió el temor de que se haya impuesto en el Gobierno una línea que, pregonando el pragmatismo político, pretenda pactar un acuerdo con el FMI para elevar la presión fiscal, relegando el pacto fiscal dispuesto por la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido reiteradas veces el presidente Danilo Medina.

Aunque apenas se han iniciado las conversaciones llamadas a continuar la semana que hoy comienza, la circunstancia de que no se haya vuelto a hablar del encuentro del mandatario con el CES que fuera aplazado hace dos semanas en vísperas de su realización, ha disparado la incertidumbre en los ámbitos de la sociedad civil, incluyendo sectores del empresariado.

De ahí la conformación de una coalición de organizaciones sociales y sindicales que el jueves saltó al ruedo público con un comunicado donde califican de “lamentable error que se maniobre posponiendo la consulta y la puesta en común con la sociedad, mientras se dan pasos para comprometerse con el FMI”.

Contribuyó a disparar la alarma la declaración del presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reinaldo Pared Pérez, planteando la necesidad de elevar la presión fiscal en cuatro o cinco por ciento del producto bruto interno y de “apretar cinturones”, como condición para cumplir el compromiso de cumplir la ley que marca la prioridad en la inversión educativa.

¿De $88 a 120 mil millones?  Tal vez Reinaldo Pared no calculó bien cuando consideró “insólito” que la presión fiscal dominicana esté en 13 por ciento del producto bruto y planteó que “tengo entendido que para fines de mayores recursos estos deben incrementarse en cuatro o cinco por ciento”, pues eso significaría impuestos adicionales entre 88 y 120 mil millones de  pesos, lo que rebasa con mucho los 44 mil millones de pesos contemplados en un proyecto elaborado en julio pasado por el Ministerio de Hacienda.

Expresiones como esa generan incertidumbre mientras siguen saltando a la luz pública informes que disparan cada vez más los estimados del déficit fiscal de este año, que ya el economista perredeísta Iván Rodríguez elevó hasta 140 mil millones de pesos, con aterrizajes tan concretos como la deuda del sector eléctrico cuantificada por el nuevo ejecutivo de la CDEEE en mil ochocientos millones de dólares (72 mil millones de pesos) y de otros mil millones de pesos en deudas de los hospitales públicos.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el Gobierno para el diálogo con el CES, recogió el dilema de las autoridades ante el ajuste fiscal, si privilegia un drástico recorte del gasto o un paquete tributario con menos exenciones. En artículo en El Caribe el miércoles, consideró que en el primer caso abriría posibilidad de lograr acuerdos con la sociedad para cambios de largo plazo, pero con severa restricción económica, pero si impone una reforma tributaria sacrificará su capital político y la oportunidad de lograr transformaciones sustanciales. Reconoce que la sociedad organizada ve la coyuntura como “una oportunidad para disciplinar la maquinaria partidaria enquistada en el Estado”, mientras que el historial reciente le confiere razón al FMI para desconfiar de un ajuste sólo por el lado del gasto.

Por su parte el economista Miguel Ceara Hatton (Hoy del viernes) tras quejarse del despilfarro gubernamental que  ha generado “un hoyo fiscal superior al del Baninter” sostiene que “Esa estructura política convertida en una tremenda corporación de complicidades, impunidades y corrompida busca al FMI para que le diga al país que debemos pagar más impuestos”.

No son incompatibles. El acuerdo con el FMI y el pacto fiscal con la sociedad no son necesariamente incompatibles. Al privilegiar el inicio de negociaciones para el primero, el Gobierno estaría buscando reducir la resistencia de la segunda a nuevas cargas impositivas. Enarbolaría el viejo argumento de que la reducción de las exenciones fiscales y subsidios, el alza de la tarifa eléctrica y las mayores cargas contributivas, “son  un reclamo del FMI” e imprescindibles para destinar el 4 por ciento del PIB a la educación preuniversitaria.

Pero los sectores empresariales y sociales se aferran a que esta vez hay que compartir los sacrificios y no están dispuestos a permitir que siga la zafra clientelista que ha elevado el gasto año tras año, con déficits fiscales sobre 300 mil millones de pesos en los últimos cinco años, mientras la nómina pública crece  desproporcionadamente.

El Centro Regional de Estudios Estratégicos, una agencia empresarial creada el año pasado, documenta que el gasto público aumentó 151 por ciento entre el 2004 y 2011, consumiendo las repetidas reformas tributarias y apelando a un endeudamiento interno y externo que casi se triplica en 8 años.  Mientras el empleo privado de calidad se estancó, el Gobierno se convirtió en el mayor suplidor de empleos, en gran proporción improductivos, botellas.

El gasto general creció también en mucho mayor proporción que los ingresos. Sólo entre el 2007 y agosto del 2012, la nómina estatal, incluyendo los pensionados, creció de 456 mil 924 a 777 mil 631, según las estadísticas de la Contraloría General. Los empleados del Gobierno central pasaron de 275 mil 201 a 365 mil 760, con elevación de 90 mil 559, equivalente a 32.90 por ciento. Los pensionados pasaron de 82 mil 941 a 152 mil 862, es decir 69 mil 921 más, con incremento del 84 por ciento. Cuando se incluyen los empleados del sector descentralizado la nómina total del Estado creció en esos cinco años 70 por ciento al pasar de 456 mil 924 a 777 mil 631.

Sólo el año 2011 y en los primeros ocho meses del 2012 la nómina del Gobierno central creció en 57 mil 58 y los pensionados en 20 mil 313 para un total de 77 mil 371, equivalente al 18 por ciento. El escándalo está en el sector descentralizado, incluyendo  a los ayuntamientos, cuya nómina saltó, inexplicablemente, un 91 por ciento, de 142 mil 395 a 259 mil 009, con lo que la carga de personal de todo el Estado creció en 19 meses en 200 mil 487 puestos, un 35 por ciento.

Si el Estado pudo desbordarse de esa manera, también debería poder achicarse siquiera un poco, pero todo apunta a darlo  por hecho cumplido en aras del clientelismo y endosar su costo a una sociedad que por lo menos reclama compartir el costo y  superar el facilismo del simple incremento de la carga impositiva para que siga el derroche.

El sociólogo Cándido Mercedes, un experto en administración, sostiene que con un empleado estatal por cada 11 electores y por cada 13 habitantes, la República Dominicana se sitúa junto a Venezuela y Argentina en el liderazgo continental en carga burocrática. Con la desventaja de que tiene mucho menores recursos. Otra distinción negativa para esta nación.

Temores al engaño.

El temor a que el Gobierno imponga otro parche tributario, como los siete de la última década, determina una actitud militante en los sectores empresariales, sindicales y sociales. Los primeros más cautos, aunque ya los de zona franca han advertido que si eliminan las exenciones se iría el 80 por ciento de esas empresas y el presidente del CONEP ha vuelto a rechazar que se precise de nuevos impuestos. Los otros dos decidieron formalizar una coalición que se expresó en rueda de prensa el jueves, rechazando la negociación con el FMI antes del pacto fiscal.

Una amplísima alianza de 66 organizaciones que incluye a las centrales sindicales, y a instituciones académicas, comunitarias, religiosas, populares  y  sociales, como el Centro Bonó, el Consejo de Unidad Evangélica, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Participación Ciudadana, La Multitud y Toy Jarto, rechaza el acuerdo con el FMI al margen de la voluntad soberana de la nación considerando que amarraría el presupuesto del 2013 y condenaría al pueblo a mayor miseria.

Reclaman participación activa, directa y transparente en la discusión del presupuesto del 2013, advirtiendo que las fuerzas sociales y laborales “esperan no ser entretenidas ni burladas como en procesos anteriores” y piden que el Gobierno se exprese sobre los “Principios del Pacto Fiscal”  ya consensuados en el marco del CES junto al sector empresarial.

Esos principios (análisis en HOY del 2 de septiembre) proclaman una reforma fiscal integral que abarque la totalidad del gasto e ingresos del Estado, con mejor distribución y aumento de la inversión social, superando el despilfarro y la malversación, y garantizando la sostenibilidad, sin depender del endeudamiento, y la competitividad de los sectores productivos.

 

La JCE debe cuidar los avances logrados

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Ante la renuncia del jefe de informática se impone la transparencia y el apego a la ley, y abandonar el proyecto de financiar observadores electorales nacionales

 Las circunstancias que rodean la renuncia del Administrador General de Informática de la Junta Central Electoral proyecta sombras sobre el organismo que deben ser disipadas con absoluta transparencia y en consulta con los partidos políticos como dispone la ley.

 También es imperativo que la presidencia de la JCE abandone lo que parece un esfuerzo por auspiciar su propia observación electoral, entrando en un ámbito suficientemente cubierto por instituciones nacionales e internacionales que gozan de reconocimiento nacional e internacional.

 Hicieron saltar a García

No es que el licenciado Miguel Ángel García renunció como Administrador General de Informática de la JCE, sino que lo hicieron saltar del cargo, según se desprende de su carta de dimisión y los anexos que la acompanan. Ningún profesional de su nivel y prestigio, que se respete, podría aceptar que un subalterno se le sobreponga con o sin apoyo de la alta jerarquía sin un acuerdo previo.

 En la JCE era público el pugilato que se verificaba por la máxima dirección del importante departamento de informática entre el administrador general y el director de Informática, ingeniero Franklin Frías. Lo que determina la renuncia del superior fue un memorándum de Frías, del 23 de agosto, dirigido a todo el personal de programación y desarrollo, base de datos, subdirectores y asistentes de informática, donde les “queda terminantemente prohibido la tramitación y/o modificación a cualquier registro de la Base de Datos de la Junta Central Electoral, solicitados por otras instancias de la institución sin la debida autorización y/o conocimiento de quien suscribe”.

 Es obvio que el director Frías pasó por encima del Administrador General, su superior jerárquico, a quien reducía a subordinado en la materia clave de las modificaciones a la base de datos del organismo que controla el registro civil y electoral de la nación, y que para hacerlo tenía que contar con la aprobación de la superioridad que no siguió el procedimiento de rigor, que implicaba un acuerdo previo con el administrador general.

El 22 de septiembre el licenciado García dirigió una carta al doctor Roberto Rosario, presidente de la JCE, en la que primero se queja de la imposibilidad de verlo y responderle personalmente un correo del 29 de agosto, en el que aparentemente se avala

La decisión de Frías, ya que expresa que se le están desconociendo sus funciones y responsabilidades, fomentando un administrador general paralelo. García le citó la resolución de la JCE que lo designó en el cargo en el 2003 y termina poniendo su cargo a disposición del presidente Rosario. Cuatro días después, el 26, presenta renuncia.

 Ironías de la vida

En la sesión del plano de la JCE del 30 de septiembre, que aceptó la dimisión de García no hubo dudas de que Frías contaba con el apoyo del doctor Rosario, quien logró los votos de la doctora Rosario Graciano de los Santos, como él proveniente de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, y del politólogo José Ángel Aquino. La rechazaron el doctor Eddy de Jesús Olivares, vinculado al Partido Revolucionario Dominicano, y el doctor César Francisco Féliz, al Partido Reformista Social Cristiano.

 Lo irónico del caso es que García fue llevado a la JCE en el 2003 como consecuencia de los reclamos que formulaban el PLD y el PRSC cuando la mayoría de los integrantes del máximo organismo electoral, bajo la presidencia del doctor Luis Arias, se inclinaba hacia el PRD que, con el control del Senado, los había designado. Entonces el ingeniero Frías, ya director de informática, era objeto de suspicacias, razón por la que se apeló a García, un reputado técnico de la empresa Mercasid, en una clásica mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado.

 Las suspicacias que predominaban a finales del 2003 estaban determinadas por el hecho de que el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, se había embarcado en una campana por su reelección. Se procuraba poner al frente del Centro de Cómputos un técnico que diera confianza a todos los actores políticos.

 La resolución 30/2003, del 1 de diciembre del 2003, no permite la menor duda, ya que tras consultar a los partidos, en la letra a del numeral 9, el pleno de jueces electorales resuelve “Aprobar el nombramiento del señor Miguel Ángel García como Administrador General de Informática de la Junta Central Electoral, estableciendo que es el funcionario de mayor Jerarquía en ese Departamento”.

Lo que ordena la ley

Tanto el memorándum de Frías como el respaldo de Rosario a su decisión de autoerigirse como mandante único del departamento del centro de cómputos de la JCE implican el desconocimiento de una resolución del organismo no solo legítima, sino también consensuada y negociada con los partidos en consonancia con un mandato de la Ley Electoral vigente.

 La JCE no puede eliminar el cargo de Administrador General de Informática ni conferir sus funciones al director del departamento sin violar la letra a de las funciones de la Cámara Administrativa, indicadas en el artículo 6 de la Ley Electoral donde se especifica que los titulares de los departamentos fundamentales, entre ellos el de Cómputos serán “designados previa consulta con los partidos políticos”.

Si se pretende modificar el organigrama de la JCE y dar facultades plenas al director, es obvio que se impone la previa consulta a los partidos, sobre todo si se quiere evitar ruidos y conflictos que revoquen los avances que la concertación y la transparencia han impreso a la administración del sistema electoral.

 La imposición, por autoritarismo o por cualquier conveniencia, de un administrador del Centro de Cómputos a la medida del presidente de la JCE implicaría un retroceso y es inevitable que genere incertidumbres y suspicacias ya en medio de un proceso electoral que se perfila altamente competitivo.

 De ahí las reacciones que la situación ha generado de parte de partidos políticos e instituciones de observación electoral, como el movimiento cívico Participación Ciudadana, que han demandado transparencia y consenso de las autoridades electorales con los actores fundamentales del sistema electoral que son los partidos. Participación Ciudadana lo hizo en el 2003 junto con otras instituciones que constituyeron una Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad.

 No deben financiar observadores

Otro elemento que tiende a crear incertidumbres y que la JCE debe despejar es el interés que muestra su presidente Roberto Rosario por auspiciar, incluso con financiamiento, grupos de observación electoral, lo que se podría interpretar como intento por influir en una instancia que tiene que caracterizarse por la independencia de los actores y el arbitraje.

 Durante una reunión en Bruselas, Bélgica, el 20 de junio pasado con el director de la División para América Latina del Servicio Exterior de Acción Europea, Tomas Dupia Delmoral, y Jolita Butkeviciene, directora para América Latina y el Caribe de la Cooperación Europea, el presidente de la JCE les solicitó el envío de observadores a los comicios del 2012, lo que ha sido normal en los procesos electorales. Lo novedoso es que también les pidió fondos “para el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil dominicana para la implementación de programas de observación electoral”. Le respondieron que el país no es prioridad por los avances registrados en ese campo.

 La doble petición fue publicada en periódicos dominicanos, aunque el pleno de la JCE no ha decidido financiar la observación electoral de la sociedad civil. Desde los comicios de 1996, Participación Ciudadana ha venido realizando programas de observación electoral, con la aceptación de las autoridades electorales y los partidos políticos. Estos la han aplaudido especialmente cuando están en la oposición o en desventaja en los órganos del arbitraje electoral.

 Participación Ciudadana ha realizado también conteos rápidos, reconocidos como de alta precisión, por organismos nacionales e internacionales que han financiado el movimiento cívico, el cual nunca ha buscado ni tenido financiamiento del gobierno, de la JCE o de los partidos. Sí de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la Unión Europea, de la Cooperación Española, de Canadá y otras agencias internacionales. Esa observación ha contado con la participación de decenas de organizaciones sociales dominicanas, desde empresariales, hasta religiosas y comunitarias y también en coordinación con misiones de observadores de la Organización de Estados Americanos, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral para América Latina y otras entidades.

 En las dos últimas elecciones también otras entidades, como el Colegio de Abogados, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Movimiento Cívico Toy Jarto pero creo en mi país han realizado observación electoral, sin recibir financiamiento oficial.

 Precisamente para este miércoles 5 de octubre la JCE había convocado a una serie de organizaciones sociales para estimularlas a la observación electoral, esfuerzo que parece innecesario. Pero cuando los dirigentes llegaron al local del organismo, en medio del conflicto por la renuncia del administrador de Informática, se les informó, sin dar razones, que la reunión estaba aplazada.-

 

 

¡Por Dios Narciso, no exageres!

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Perdóname que utilice este espacio público, Narciso, para expresar mi sorpresa y hasta indignación porque un hombre ya viejo como tú, abuelo por demás, tenga que apelar a la exageración, y posiblemente hasta la mentira, para desacreditar una de las instituciones fundamentales de nuestra sociedad, la Policía Nacional.

Deberías saber que es muy difícil que te creamos la absurda versión de  que un oficial policial ordenó que te agredieran a patadas, y menos aún que sea cierto que te rompieron tres costillas, cuando cometiste la imprudencia de sumarte a un par de cientos de jóvenes que intentaban marchar, armados de flores, hacia el Palacio de la Policía Nacional.

Oye Narciso, ni en los peores tiempos de la represión balaguerista, cuando llegamos a contar un asesinato político cada 28 horas, como ocurrió en 1970, a ningún policía se le ocurrió entrarte a patadas ni romperte costillas. Y mira que tú diste carpeta. Me consta porque en algunos de esos años me tocó ser reportero y dar especial seguimiento a la represión política.

Creo que tu exageración es más deplorable porque quien gobierna el país y es el comandante supremo de la PN es el doctor Leonel Fernández, que te ha distinguido y cuando te alcanza a ver en algún lugar público, se acerca para saludarte. Él no permitiría que quedara en la impunidad una agresión de esa naturaleza en tu contra.

Además, de haber sido cierto, hace rato que los editoriales de los diarios y los comentaristas de radio y televisión –y ahora si somos muchos Narciso, no como en aquellos tiempos- habrían exigido a unanimidad una reparación de tal iniquidad.

Como tampoco puede ser cierto que le entraran a macanazos a esos muchachos, bastante revoltosos, por cierto, que arman grupos de facinerosos con nombres tan descriptivos como La Revuelta, La Multitud, Forjando Patria, o Toy Jarto ya. Creían que porque llevaban flores en las manos tenían derecho a llegar hasta el palacio policial con un lema como “Policía no me mates, yo me paro pero en lo claro”. Todo un escándalo porque nuestros agentes del orden mataron a dos o tres imprudentes que no atendieron a tiempo la señal de pare en calles medio oscuras de tu ciudad.

No Narciso, no es fácil entender que un abuelo como tú se mezcle con esos muchachos para desafiar a las autoridades y que se resistan en vez de colaborar con la magnífica labor profiláctica que realiza nuestra PN al mando del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

Si no lo sabías, en los tres años que este mes cumple nuestro Cirujano al mando de la PN han muerto más de mil doscientos antisociales en intercambios de disparos con los agentes del orden. En 2008 fueron oficialmente 457, tan sólo 1.3 por día. Y el año pasado parece que se produjo una reducción a sólo 1 cada día. En este año hemos perdido la cuenta, pero aunque son muchos, no se espera que supere el récord de hace dos años.

Fíjate Narciso que el reconocimiento a nuestro comandante policial es tan fuerte que el miércoles estuvo disertando nada menos que en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Apuesto a que allí nadie le preguntó de dónde sacan sus agentes licencia para en este “Estado de derecho” fusilar a cientos de muchachos casi todos menores de 30 años, pobres pobladores de la marginalidad urbana, muchos de ellos aficionados al robo y el asalto. Aunque como en todo en la vida con frecuencia se cometen errores, que son “subsanados” con la destitución de los responsables.

Tienen los agentes tanta puntería que aunque de paso se han llevado muchachas y ancianos y hasta un sacerdote, todavía no se han equivocado en Naco o Piantini con el hijo de un tutumpote, como decía tu amigo Juan Bosch.

No Narzo, déjate de cuentos y de amenazas de demandar a la PN, que tú sabes que eso no llega a ningún lado. Tú lo que tienes que hacer es dar gracias a Dios, a Leonel, y al general Guzmán porque al fin de cuentas sólo te rompieron tres costillas. Después de casi medio siglo dando carpeta a las fuerzas defensoras de la civilización.

Y es más si tu denuncia fuera cierta, hasta yo estaría demandando una reparación. Caramba es que yo también soy abuelo y el tiempo no me ha encallecido el alma!