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La política lo arropa todo, con alto costo económico

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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A casi 14 meses de las elecciones generales, la política domina el debate nacional y se manifiesta en propaganda masiva en medios de comunicación y vías públicas, relegando los graves problemas de la sociedad dominicana, sin la menor regulación y sin siquiera adaptar el régimen electoral a la Constitución promulgada hace cinco años.

Es imposible calcular el costo económico de la endeble democracia nacional, que este año implica 4 mil 506 millones de pesos del presupuesto nacional, más 1,370 millones de subsidio a los legisladores, para totalizar 5 mil 876 millones de pesos, superior al de 4 ministerios, sin cuantificar nominillas, clientelismo, uso de recursos públicos y corrupción.

Se desborda la política. Cuando la Constitución del 2010 unificó las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales en el mismo año, se justificó el regreso al sistema de arrastre con el argumento de que se reduciría el tiempo y costo de las campañas electorales, pero antes que el actual gobierno cumpliera su primer año comenzó la promoción de precandidaturas para todos los niveles electivos. Lo más inconcebible es que los primeros en salir a la palestra electoral fueron los del partido que concentra todos los poderes del Estado que desde hace meses pintan de morado las vías públicas y los medios de comunicación.

En ciudades como Santiago se cuentan por centenares las vallas propagandísticas de todos los tamaños de por lo menos seis que compiten por la candidatura a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana, resaltando el dominio de los directores de Comedores Económicos y del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas, Monchy Rodríguez y Fernando Rosa, con gasto millonario mensual, aunque ninguno de los dos pasaba de clase media cuando llegaron al Gobierno.

Hasta para las candidaturas a regidores y vocales municipales, que pasarán de 4 mil en todo el país, ya hay promoción, pero resaltan los precandidatos presidenciales peledeístas Leonel Fernández, Reinaldo Pared y Francisco Javier, y en menor medida Temístocles Montás y Radhamés Segura, dos de ellos ministros, mientras un tercero, el de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, se promociona para senador por Barahona. Ya hay candidatos presidenciales formalizados por diversos partidos, como Miguel Vargas, Federico Antún, Fidel Santana y Luis Abinader, los dos primeros encabezan los partidos que, junto al PLD, reciben el 80 por ciento del subsidio estatal, 18 millones de pesos mensuales cada uno, y ya gastan en publicidad.

Saturan los medios masivos. El destacado sociólogo Cándido Mercedes se quejó recientemente de que la política lo ha sobredimensionado todo: “Es como si la sociedad toda estuviera subordinada a la política, cuando la política es una parte de la vida social y tiene como epicentro dirigir el Estado, que es la sociedad políticamente organizada”.

Personas que visitan el país por primera vez y desde que salen del aeropuerto ven tanta propaganda electoral, y que el debate en los medios de comunicación gira sobre encuestas y perspectivas electorales, quedan asombrados cuando se enteran que falta más de un año para las próximas elecciones. Y es que tales niveles de saturación política ya no se dan en la democracia, pues las normativas limitan la propaganda en tiempo y volumen para reducir la irrupción del dinero mal habido, sea extraído del Estado, de actividades ilegales como el narcotráfico, o de los rentistas de la política.

Steven Griner y César Arias en un estudio sobre Medios de Comunicación y Partidos Políticos en América Latina, incluido en un informe de la Fundación Ebert del 2007, sostuvieron que la República Dominicana y Honduras eran los países de la región con menores regulaciones de las campañas electorales. Desde entonces aquí no se ha avanzado absolutamente y la mejor muestra es el proyecto de ley de partidos sobre el cual se han establecido numerosos consensos y compromisos pluripartidistas y con la sociedad civil desde 1999, sin que haya podido ser aprobado, pese a haber sido presentado al Congreso una decena de veces.

La renuencia a legislar para normar la actividad política se expresa también en que ni siquiera está en discusión un proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral introducido al Congreso por la Junta Central Electoral en el 2011 y que, al igual que el de Ley de Partidos, fue fruto de una asesoría de técnicos de la OEA para conciliar el sistema con el nuevo marco de la Constitución proclamada en el 2010. Todo parece indicar que pasará una segunda elección general sin que se haga el ajuste.

Relegados los problemas. La extensa campaña electoral ya envuelve al Gobierno, como casi siempre, agravada por los esfuerzos para prolongarse en el poder vía reelección, aunque está prohibido por la Constitución, y relega el enfrentamiento de graves problemas nacionales. Pocos creen que puedan lograrse en el actual período los pactos fiscal y eléctrico que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba para comienzo de este año.

En campaña electoral adelantada, ya nadie espera que se aplique la ley de salarios públicos aprobada hace dos años y medio, ni que vayan a despedir cientos de botellas diplomáticas y consulares, ni a eliminar organismos inoperantes ni a fusionar las duplicidades. Mucho menos que pongan en retiro los generales que dispuso la ley, ni que reformen la Policía Nacional como se anunció en el discurso inaugural, ni que se enfrente el caos de la circulación vial, el deterioro de la seguridad social o la inseguridad ciudadana.

El inmenso costo de la política sustrae recursos que amortiguarían deficiencias estructurales como el caso de que la mitad de los hogares carecen de suministro interno de agua, que apenas el 5 por ciento de las viviendas de la gran urbe capitalina tienen alcantarillado sanitario y contaminan los ríos, el mar y el subsuelo de donde muchos se nutren para un precario servicio de agua, o permitirían reparar la mitad de los 36 sistemas de tratamiento de agua del gran Santo Domingo, ahora mismo fuera de servicio.

Con parte del costo de la política se afrontarían las plagas que afectan la producción de vegetales, frutas, café, banano y coco, se comprarían los contadores de electricidad y de agua que faltan para reducir las pérdidas y se incentivaría la producción de energía hídrica, eólica y solar para paliar los apagones, y se mejorarían los míseros salarios de policías, militares, enfermeras y otros servidores públicos.

Nada de eso está en el debate público, ni siquiera el aumento salarial que se discute hace seis meses, ni mucho menos los atrasos que nos dejan en los últimos lugares en todas las evaluaciones regionales e internacionales, incluyendo ese 41 por ciento de pobreza, la mitad en estado de indigencia, que diagnosticó en enero la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.-

Entre Ivelisse y Temístocles

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Se me acabó el tiempo de entregar este artículo debatiéndome sobre a quién escribirle primero, si a mi querida profesora Ivelisse Prats Ramírez, descalificada por su terquedad libertaria o a Temístocles Montás, un viejo amigo con quien en tiempos de opresión compartí sueños de progreso social colectivo y de fortaleza de la institucionalidad democrática.

Ivelisse, quien nos dio las primeras lecciones de libertad de pensamiento y conciencia en el liceo nocturno Eugenio María de Hostos, hace medio siglo todavía en plena tiranía trujillista, en realidad no necesita que la defiendan, porque hay muy pocas personas con su magistral manejo del verbo en los periódicos dominicanos. Y afortunadamente todavía le sobran fuerzas y talento para defenderse por sí misma, como hace en su último artículo bajo el expresivo título de “La vejez, mi mejor tesoro”, que he leído este sábado.

Intentan descalificarla, no por bisabuela, sino por su terquedad en militar en los principios de la democracia, en la defensa de la libertad y en la lucha por una sociedad más equitativa donde quepan todos los sueños y se satisfagan las necesidades fundamentales de los seres humanos. Ella tendrá su espacio en esta sociedad hasta más allá del último aliento. Porque ha pasado por la política dominicana sin siquiera dejarse salpicar de la podredumbre que la ha envilecido. Profesional, intelectual y académica de primera categoría, decana universitaria, presidenta de uno de los más grandes partidos de la historia nacional, diputada durante dos períodos. Y todavía vive de su trabajo, en casa alquilada y se mueve en un automóvil de diez años. Su trono es tan alto que resulta inalcanzable para dardos y pedradas.

Temístocles Montás, necesita en estos momentos de aliento y reconocimiento. Le tiran piedras e intentan descalificarlo porque ahora en campaña electoral reivindica los principios y planteamientos programáticos fundamentales del partido que contribuyó a fundar, junto al profesor Juan Bosch y otros muchos que pretendían la liberación nacional de toda dependencia, atraso y corrupción.

A Temo, como a Leonel Fernández, lo recuerdo con añoranzas de los años ochenta y principios de los noventa, cuando elucubrábamos sobre la superación de la autocracia Trujillo-balaguerista y apostábamos por la inserción del país en la institucionalidad democrática, renegando de la corrupción y los corruptos, de los manipuladores y compradores de conciencia y de la dominación nacional e internacional.

Temo está ahora sometido a un fuego cruzado por quienes se sienten incómodos cuando vuelve a rechazar el caudillismo y la perpetuidad en el poder, cuando replantea la democracia como instrumento de ciudadanía, recupera la cultura de la ética y la transparencia, del Estado de derecho con políticas de inclusión social. Y de la recuperación de los principios fundacionales de su partido.

Hay quienes descalifican a Temo porque guardó silencio público durante los años en que fue ministro fundamental del expresidente Leonel Fernández, el amigo común que cambió el boschismo por el balaguerismo y el vinchismo para reproducir el fatalismo nacional del continuismo.

Pudo haber pecado de conservadurismo y complicidad, aunque me consta que muchas veces disentía, no solo a nivel privado, sino que, tengo entendido, también frente al mandante de turno. El sentimiento de cuerpo de que Bosch revistió a sus últimos discípulos, para bien y para mal, imponía la ley del silencio en su partido.

Pero nadie está condenado a morder silencio eternamente y todos estamos llamados a recuperar la voz. Temístocles lo ha hecho en circunstancias bien difíciles, cuando ya sus reclamos encuentran pocos oídos entre los suyos. Tal vez tenga conciencia de sus limitadas posibilidades, o espere un milagro o simplemente quiera dejar constancia de que tiene voz propia, de que no fue definitivamente atrapado por el pragmatismo salvaje de la política nacional. Salve Temo, los viejos amigos te saludan.

 

 

Nueva correlación de fuerzas en el PLD

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Los resultados de la votación interna para elegir 138 nuevos miembros del Comité Central (CC) del PLD arrojan importantes cambios en la correlación de fuerzas entre sus dos mayores líderes, el presidente Danilo Medina y su antecesor Leonel Fernández, pero sin que se pueda interpretar que éste haya sido derrotado.

El certamen también ratificó la necesidad de una ley de partidos políticos que incentive el ejercicio de la democracia interna, garantice la libre y equitativa competencia y sancione los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales, tanto internas como nacionales.

Barrida de los danilistas. Más allá de las fuertes contradicciones, que incluyeron brotes de violencia, lo más relevante ha sido la barrida electoral protagonizada por los candidatos señalados como seguidores del presidente Medina, que según estimaciones extraoficiales implicaron la conquista de cerca de dos tercios de los sillones del CC en disputa.

Los informes disponibles hasta ayer sábado, cuando oficialmente sólo se había computado el 81 por ciento de la votación, indican que los danilistas habrían conseguido una amplia mayoría de los 138 asientos, para algunos sobre el 60 por ciento. Otros 30 fueron escogidos mediante el inédito método de uno por cada uno de los 26 integrantes del Comité Político, lo que hacía más difícil el predominio absoluto de alguna de las corrientes políticas y grupales que inciden en la organización.

Eso no se traduce automáticamente en un control del CC ya que los 138 elegidos el domingo, son apenas el 20 por ciento de los 620 que integrarán el organismo, que hasta ahora era de unos 400. A los 168 se sumarán 52 legisladores que también pasarán a formar parte del mismo.

En cualquier caso la barrida danilista, que ha repercutido en la opinión pública, tendrá incidencia al interior del partido gobernante, fortaleciendo la incidencia del Presidente y ampliando sus posibilidades de gobernar al margen de los intereses de un Leonel Fernández que ha permitido el inicio de una nueva campaña por la candidatura presidencial del PLD cuando apenas había transcurrido el primer cuarto de la actual gestión y sin que algún otro partido amenace poner en jaque al oficialismo.

Deseos de alternativas. Hay que tomar en cuenta que Danilo Medina no es un improvisado en la política partidaria y que durante años se le consideró el albañil sobre el cual pudo llegar su partido al poder y erigirse la fortaleza de Leonel Fernández, en sus primeros 6 años de gobierno. El era el enlace con la dirigencia media y baja, quien atendía demandas y buscaba colocaciones, mientras el abogado cultivaba las alturas.

Cuando era presidente Fernández suscitaba la adhesión de la mayoría del CC y del Comité Político, pero empezó a debilitarse cuando sus partidarios comenzaron a activar para imponer un cuarto período de gobierno y tercero consecutivo. Cuando fue obvio que hasta dentro del partido había resistencia a ese continuismo y se quiso colar la candidatura de la esposa, no consiguieron el apoyo ni del Comité Politico. El derroche de dinero y poder que han exhibido los más cercanos activistas de Leonel, como Félix Bautista y Díaz Rúa, también es causa de rechazo interno.

Sin un partido de oposición que en lo inmediato amenace el reinado peledeísta, es natural que crezcan las ambiciones de otros dirigentes por acceder a una candidatura que presumen triunfante. De ahí que se hayan lanzado abiertamente Francisco Javier García, Reinaldo Pared y Temístocles Montás, y que se mantengan las aspiraciones de otros como José Tomás Pérez y Francisco Domínguez Brito.

Habría una especie de todos contra Leonel, generalizándose el criterio de que sus tres períodos son suficientes. Quien ha hablado más abiertamente de la necesidad de renovación es el ministro de economía, Montás. Alguien cercano a Medina señaló “la alta tasa de rechazo que mantiene Leonel en las encuestas que no se publican”.

No subestimen a Leonel. Sería superficial pretender que los resultados de una elección interna tan limitada decreten el ocaso del liderazgo del expresidente, un político de muy alto carisma, a quien medio PLD le debe una extraordinaria prosperidad y en muchos casos riquezas, obtenidas gracias a su capacidad para retener el poder, sin olvidar que fue clave para que Medina pudiera sucederlo.

Es visible el fuerte apoyo que Fernández conserva entre legisladores, especialmente los senadores, y en los sectores más conservadores de la sociedad, a quienes se ha entregado, así como los abundantes recursos económicos acumulados por su estado mayor político.

Con la alta aprobación que ha logrado en su gestión, nadie debería sorprenderse del auge político de Danilo Medina, pero con la imposibilidad de repostularse, es difícil que pueda subordinar definitivamente la fuerza interna y externa que mantiene el presidente del PLD. En el actual escenario nacional, sin un partido de oposición que amenace su predominio, aún con el actual alto rechazo de Fernández, no asoma todavía quien pueda emerger como alternativa victoriosa. Por eso mismo, los legisladores peledeistas leales a Leonel dificultarían un proyecto de ley para abrir la brecha de un plebiscito o referendo sobre reelección, y ni hablar de reforma constitucional, por la mayoría requerida de dos tercios de la Asamblea Nacional.

Mientras tanto no hay dudas que el danilismo sale fortalecido del proceso interno del PLD, con el leonelismo a la defensiva, pero lejos de estar vencido, lo que repercutirá en una intensificación de la precipitada precampaña para unos comicios nacionales que distan a dos años y cuatro meses. No debe esperarse que la sangre llegue al río, dado el sentimiento de cuerpo de los peledeístas y su acentuada vocación de poder que los dota de capacidad para pactar entre ellos y con fuerzas extrañas.

Se desmitifica el PLD. La votación del domingo 12 siguió desmitificando el partido que fundara el profesor Juan Bosch, con más de un millar de aspirantes a 168 puestos, una campaña desaforada y derrochadora por todos los medios de comunicación, enfrentamientos que llegaron a un muerto y varios heridos, robo de urnas, inversión de recursos de dudoso origen y denuncias de fraudes y manipulaciones.

Las denuncias de abuso de recursos estatales salieron de los propios peledeístas, incluyendo a cuatro senadores, llegándose al extremo de entregar copias fotostáticas de decenas de cheques del quebrado Consejo Estatal del Azúcar distribuidos como parte de la campaña de su director ejecutivo.

Ciertamente que las irregularidades no fueron generalizadas, y que no se ha documentado, como otras veces, un desmadre en el abuso del poder, pero el dinero se impuso, con inversiones de hasta dos dígitos de millones de pesos para alcanzar un puesto en un organismo que en los últimos 9 años apenas ha sesionado cuatro o cinco veces para ratificar candidaturas, aunque también significativamente para prolongar el mandato de la mayoría de sus altos dirigentes.

Con una votación que el segundo boletín estimó en 731 mil, alta para una limitada elección interna, pero apenas 28 por ciento de un abultado padrón de 2 millones 646 mil miembros, el PLD se ratifica como fuerza dominante. La extensión por casi una semana del cómputo también desmitifica su eficiencia y disciplina.

Los brotes de violencia, con un muerto en Maizal, Esperanza, con tiroteos golpes y heridos en Santiago, Santo Domingo Oriental, La Romana, Barahona, Pedernales y Ocoa, la masificación peledeísta parece recorrer el terreno de la política tradicional. .

De nuevo quedó evidente la necesidad de una ley de partidos que garantice la democracia interna y sancione los excesos, que los partidos dominantes se han negado a aprobar en las doce ocasiones que ha sido introducida al Congreso Nacional, desde la elaboración de su primer proyecto por consenso social y político del 1998-99.-

Hipótesis sobre este cambio

Nadie duda que el disfrute y uso de los recursos estatales es uno de los factores que explican este cambio en el partido gobernante. Pero no es suficiente, ya que los activistas pro Leonel no son desarrapados ni aficionados en el uso del poder. Como es propio de la incultura democrática y la falta de reglamentación y sanción, el poder de algunos funcionarios jugó un papel, pero sin alcanzar los desniveles de años anteriores.

A los leonelistas les devolvieron un poco de la medicina que ellos utilizaron contra los danilistas, no sólo cuando Fernández se impuso en la candidatura presidencial para los comicios del 2008, cuando Danilo acuñó la sentencia “me venció el Estado”, sino incluso cuando trataron de cerrarle el paso para la candidatura del 2012. Primero gastaron una millonada recogiendo dos millones de firmas y tratando de imponer una nueva reelección que acababa de ser prohíbida, sino luego con las frustradas precandidaturas de Margarita Cedeño y del vicepresidente Rafael Alburquerque.

Jugó su papel también la cultura presidencialista, según la cual en el partido oficial no se debe ir contra la corriente del responsable del Gobierno, pero también influyó, y en gran medida, el nuevo estilo de liderazgo de Medina dentro y fuera de su partido, más cercano a los dirigentes y militantes y a más diversos sectores sociales.

Dentro del PLD muchos celebran que Medina dejara atrás el aparataje de poder, el providencialismo, el boato y el desprecio por el tiempo de los demás que implicaban los sistemáticos atrasos de hasta tres horas en la llegada de Fernández a sus compromisos nacionales o partidarios. Se le llegó a atribuir renuencia en recibir a dirigentes y militantes partidarios y que los hacía esperar durante horas.

 

El PLD: 40 años después muy lejos de sus orígenes

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) arriba esta semana a su cuadragésimo aniversario convertido en una poderosa maquinaria de poder político, electoral y económico, cada vez más alejada de los objetivos con que lo concibió su fundador, el profesor Juan Bosch.

Con un proyecto de dominación política proyectado para las próximas tres décadas por su reconstructor ideológico, Leonel Fernández, el PLD pasa por momentos de gran tensión por la emergencia de nuevos actores que le disputan la primacía a partir del fuerte apoyo popular que recibe el presidente Danilo Medina.

Gran maquinaria política. El PLD alcanza su cuadragésimo aniversario convertido en una maquinaria de poder político y económico, que ha vencido en las últimas cinco elecciones nacionales y controla a su antojo todos los poderes del Estado, y cuyo predominio es proyectado hasta por más de tres décadas por su refundador ideológico, el expresidente de la República Leonel Fernández, quien el 14 de julio pasado dijo que gobernaría por otros 20 años, pero esta semana lo proyectó hasta más allá del 2044.

Aunque tanto optimismo no cuenta con las grandes insatisfacciones que prevalecen en una población con 42% de pobreza, desde el punto de vista de maquinarias electorales no parece descabellado, ya que el partido morado ha desarrollado una enorme capacidad para comprar todo lo que se mueve en el mercado con políticas clientelistas y repartos del patrimonio público que le han asegurado una alianza de hasta 14 partidos políticos.

Dejando atrás su andamiaje ideológico fundacional, el PLD se abanderó con las posiciones conservadoras para desplazar al Partido Reformista Social Cristiano que las había encarnado durante tres décadas, y terminó absorbiendo gran parte de su liderazgo y cuadros medios, gracias a un reparto de cargos públicos y organismos estatales. Y las habilidades políticas han alentado la división en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), secuestrado por una minoría encarnada en el empresario Miguel Vargas Maldonado, quien tras perder las elecciones presidenciales del 2008 firmó un pacto político con el entonces presidente Leonel Fernández, único beneficiario del mismo.

Bajo la égida de Fernández, el PLD también neutralizó a gran parte del liderazgo sindical, y segmentos del empresariado, de la intelectualidad y los organismos profesionales y sociales, y creó un enorme entramado comunicacional con el desbordamiento de empleos de altos salarios, becas, contratos y pensiones privilegiadas, mientras en los niveles bajos repartía más de dos millones de tarjetas para diversos “programas para combatir la pobreza”, a costa de déficits fiscales por 400 mil millones de pesos y duplicación de la deuda del Estado en los últimos seis años.

 Un ejemplo ilustrativo. Un ejemplo de la degeneración ideológica del partido que quiso tener Juan Bosch se encuentra en la política de desnacionalización de decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país, en su mayoría de haitianos, donde han asumido la posición nazi-fascista del vinchismo, a costa de un segmento muy pobre.

La confusión es tan grave que aunque sus dos máximos líderes, el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández, cuestionaron el carácter retroactivo de la sentencia del Tribunal Constitucional, los presidentes de las cámaras legislativas, casi todos los dirigentes del partido y hasta los funcionarios del Gobierno, se asimilaron más bien a la posición de la minoría ultranacionalista.

Es increíble que casi nadie reivindicara la posición del presidente Medina, quien poco después de la sentencia se reunió con representantes de las víctimas, y les pidió excusas por los sufrimientos que les han causado, planteando que se trata de un problema humano al que debían buscar solución. El inmenso andamiaje mediático peledeísta asumió las posiciones más radicales.

En la medida en que se han convencido que buena parte del país y todo el mundo externo rechaza el genocidio civil, con la amenaza de condenas internacionales, tanto el presidente Medina como Fernández favorecen una solución, pero aparentemente no encuentran un bajadero, presionados por sus aliados y propios voceros. Con la agravante de que la relación entre los dos líderes parece cada vez más conflictiva y se señalan responsables de haber metido al Gobierno en una pendiente resbaladiza.

Muy parecido al PRD. El PLD se va pareciendo cada vez más al PRD que era su negación. Tras su derrota electoral en el 2000, decidieron transformarlo en partido de masas, suprimir los círculos de estudio y hacer incompatibles los cargos en el Gobierno con la dirección del partido, pero eso fue suprimido tan pronto recuperaron el poder en 2004.

Los organismos se han tornado inoperantes. La Comisión Política sesiona esporádicamente, y ni eso ocurre con el Comité Central. Los comités intermedios y de base prácticamente han desaparecido, lo mismo que la revista teórica Política y el periódico Vanguardia del Pueblo, que en los años de esplendor tenían que vender hasta los dirigentes nacionales.

En 2012 debieron elegir nuevos directivos de los dos organismos superiores, pero se auto prolongaron el período legitimándolo con un plebiscito. Ahora con su octavo congreso nacional compensarán ampliando la Comisión Política de 26 a 36 miembros, y el Comité Central de 400 a 556

La parcela del poder en beneficio de los miembros de los dos organismos superiores como de los aliados electorales es tan fundamental que la mayoría permanece en los mismos cargos, y aún 16 meses después del cambio presidencial del año pasado, pocos han sido movidos y menos dejados fuera del tren gubernamental.

Tensiones en el PLD. El PLD pasó por numerosas crisis antes de llegar al poder, como las que produjeron la expulsión de sus secretarios generales Tonito Abréu y Rafael Alburquerque y de los hermanos Fiallo al principio de los ochenta, y la de Max Puig, Nélsida Marmolejos, Onofre Rojas y otros en 1991. Ese año el mismo Bosch llegó a anunciar su renuncia al partido, considerando que sus líderes habían devenido tan ambiciosos y grupales como los perredeístas. Lo convencieron para que se quedara.

Durante los años de Gobierno, la criticidad ha sido una especie en extinción, pero las tensiones van en aumento entre seguidores del presidente Medina y los de Fernández, sobre todo en la medida en que se han impulsado algunos cambios, prioridades, mayor transparencia y austeridad, cuando se denunció el contrato con la Barrick Gold y se modificaron contratos de obras públicas

Como se da por hecho que Leonel Fernández aspirará de nuevo a la presidencia, él mismo dijo a mediados de año que “el león salía para las calles”, y los senadores Félix Bautista y José Rafael Vargas ya lo han proclamado y empezado a crear comités de apoyo, otros dirigentes y funcionarios como Temístocles Montás y Francisco Javier, se han lanzado en abierta campaña por la candidatura. Se abrió así una lucha por la sucesión cuando faltaban 3 años para las elecciones y el Gobierno apenas despuntaba, generando tensiones que harán mella en la gestión de Gobierno y en la disciplina partidista. De ahí planteamientos como el del senador Euclides Sánchez, quien favorece una nueva reforma constitucional para abrir puerta a la reelección de Danilo Medina, algo casi imposible por la fuerza de Fernández en el Congreso y el partido.

Bosch sufriría un infarto
Si el éxito político se mide siguiendo el planteamiento del profesor Bosch en 1962, cuando dijo que “un buen político es el que sabe mantenerse en el poder”, el PLD ha cumplido su misión a partir de 1996 cuando alcanzó el poder a los 23 años de fundado, la primera vez que llevó de candidato presidencial a Leonel Fernández y no a su líder-fundador para entonces casi vencido por el implacable paso del tiempo.

Sin embargo, cuando Bosch abandona el PRD para fundar el PLD, lo hace porque su pensamiento político había evolucionado, nutriéndose del marxismo para plantear un programa de liberación nacional. Fernández reconoció en artículo del 29 de julio en el Listín Diario que el partido creado en 1973 era “una organización política de naturaleza progresista, popular y moderna, cuyo objetivo es completar la obra de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, mediante el fortalecimiento de la democracia, la libertad, la justicia, la inclusión social, la equidad de género, la protección del medio ambiente, la solidaridad, la paz y la defensa de la identidad nacional”.

Bajo esos postulados es que Bosch abandona el PRD para fundar el PLD convencido de que sus líderes solo buscaban cargos y riquezas, aunque apenas habían pasado 7 meses en el Gobierno, bajo su jerarquía. Por esa razón son muchos los observadores que creen que le daría un infarto si volviera a vivir y viera el boato y la riqueza acumuladas por gran parte del liderazgo peledeísta, y que sus fundamentos ideológicos coinciden hoy más con el balaguerismo y el vinchismo que proclamó Fernández, mientras persisten los graves problemas de pobreza, educación, salud, electricidad, empleo, agua potable y alcantarillado y de exclusión social. Son cada vez menos los peledeístas dispuestos a honrar el lema de “servir al partido para servir al pueblo”.

 

RD país de emigrantes más que de inmigrantes

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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La Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), publicada esta semana por el gobierno dominicano demuestra que se ha exagerado la inmigración haitiana, equivalente al 4.7 por ciento de la población, por lo que este es netamente un país de emigrantes, con más del 15 por ciento de los nacionales en el exterior.

Los resultados de esta rigurosa investigación deberán contribuir a establecer políticas inmigratorias eficientes y justas, incluyendo la regulación de los inmigrantes temporales y de los de ascendencia extranjera, especialmente de los haitianos sometidos a un régimen de ghetto o apartheid.

Base para política migratoria. En pleno Palacio Nacional y por boca del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, se anunciaron los resultados de la ENI-2012, llamados a constituir una base importante para las políticas migratorias del país.

Allí estaban también representantes de la Unión Europea y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que auspiciaron la investigación, cuya muestra abarcó 63 mil viviendas y lugares visitados, con 20 mil 499 entrevistas completas entre el 31 de julio y el 30 de septiembre del 2011.

En la presentación, el director de la ONE, Pablo Tactuk, plantea que el estudio ha generado información, “a través de la cual, por primera vez en la historia nacional, será posible proporcionar informaciones acerca del volumen real de personas nacidas en el extranjero y residentes en el país”.

La representante del UNFPA, Sonia Vásquez  dice  que sus resultados permitirán tomar decisiones que orienten las políticas públicas de manera más certera y se encaminen a propiciar un desarrollo armónico al servicio del bienestar y el respeto a los derechos humanos que, sin distinción, corresponden a cada uno de los habitantes  de esta parte de la isla”.

La encuesta revela estadísticas sobre las características y forma de vida de los inmigrantes, incluyendo condiciones de educación, salud, seguridad social, ubicación geográfica, documentación y empleo. Contrario a lo que se creía el 92.6 por ciento de los haitianos dice tener actas nacimiento, el 51.9 cédula de identidad y el 37.8 por ciento pasaportes emitidos en Haití.

De los datos se puede  interpretar que la inmigración haitiana tiene alta movilidad. El 22.8 por ciento dijo haber venido dos o más veces, el 32.3 por ciento planea regresar a su nación. Un alto 82.7 por ciento llegó después del año 2000, con 38.6 entre el 2010 y 2012 cuando el flujo se elevó tras el terremoto que destruyó su país. El 35.7 por ciento trabaja en el sector agropecuario, 25.9 en la construcción, 16.5 en el comercio y 10.4 por ciento en otros servicios. Los datos deberán contribuir a establecer limitaciones a nuevos inmigrantes y a la regularización de los ya internados.

Los domínico-haitianos. La encuesta permite una aproximación a los descendientes de haitianos en el país, 209 mil 912, que no llegan a la mitad de los domínico-americanos en Estados Unidos. Arroja una dimensión del ghetto o apartheid que está generando ya el despojo de las actas de nacimiento a millares de ellos y otras discriminaciones como la negativa a emitirles cédulas de identidad. Los datos muestran las condiciones de pobreza, de educación y vida en general de los descendientes de haitianos, mejor que los nacidos en Haití, pero peor que la de los demás descendientes de extranjeros.

Debe tenerse en cuenta que el 25.6 por ciento de los descendientes de haitianos tienen actas de nacimiento del país de sus padres, y 23.5 por ciento tienen cédula dominicana, lo que implica que unos serían unos 109 mil los nacidos en el país con problemas de identificación.

Los resultados de esta encuesta deberían provocar una mayor racionalidad del debate sobre “el problema haitiano” a partir de datos de origen técnico confiable y ejecutado por personal especializado, que desmitifican una serie de presunciones subjetivas, en particular una mayor aceptación de ese 2.1 por ciento de  domínico-haitianos, un de las centenares de mezclas de nacionalidades aceptadas en el mundo. Para ellos tiene que haber políticas de inclusión, no de exclusión, puesto que se quedarán aquí para siempre y sus descendientes no pueden ser condenados al ostracismo en su propia tierra.

La cuantificación de los domínico-haitianos pone en situación más difícil la política de desnacionalización que ejecuta la Junta Central Electoral con efecto retroactivo, cuya denuncia se incrementa semana tras semana tanto en el país como en los ámbitos internacionales, y que según fuentes confiables podría generar restricciones de importaciones agrícolas en países de la Unión Europea.

Región de alta migración. La proporción de inmigrantes en la República Dominicana, 5.4 por ciento de la población nacional, y 7.9 por ciento si se incluyen sus descendientes en el país, está por encima del promedio mundial, que es de 3.1 por ciento, con 214 millones, y de la región latinoamericana y caribeña que es del 3.3 por ciento, según las cifras que maneja la representante del UNFPA.

La emigración dominicana es proporcionalmente de las más altas del mundo y del continente, sobrepasando el 15 por ciento de la población nacional, estimada en 9 millones 716 mil 940 personas. Sólo en Estados Unidos se han cuantificado sobre 900 mil, y más de un millón 400 mil incluyendo los descendientes,  según el censo federal del 2010. En Puerto Rico se estimaron en 68 mil residentes legales, pero se cree que los ilegales podrían ser otros tantos, para unos 140 mil, aunque allí se exagera hasta 300 mil. En Europa hay más de 200 mil dominicanos, sólo en España se estiman en 160 mil.

Decenas de miles de dominicanos están regados por el mundo, incluyendo a naciones tan lejanas como Australia y Japón. En Venezuela se llegaron a censar 50 mil, y en algunas islas del Caribe, como las Antillas Holandesas (Aruba, Curazao y San Martin) los inmigrantes dominicanos alcanzan hasta el 12 por ciento de la población.

Haití tiene alrededor del 20 por ciento de su población, en el exterior, más de 2 millones, en primer lugar en Estados Unidos, más los 458 mil registrados ahora aquí y decenas de miles en Canadá y Francia. En los últimos años se están extendiendo a Brasil, Perú, Venezuela y otras naciones sudamericanas.

El Caribe, por su proximidad a Norte América, es de las regiones de más alta migración del mundo. Sólo en Estados la población de origen puertorriqueño, 4.6 millones de personas, supera la de la isla, 3.7 millones, y los cubanos 1.7 millones, según el censo federal del 2010. Los de origen mexicano, 31 millones, representan el 28 por ciento de la población residente en México.-

524 mil 632 inmigrantes

Los resultados arrojados por la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) causaron sorpresa general por las cifras tan exageradas que se han manejado en los últimos años sobre la inmigración extranjera, de hasta un millón y medio de haitianos.

Los residentes extranjeros son 524 mil 632, de los cuales 458 mil 233,  el 87 por ciento, nacieron en Haití. Los restantes 66 mil 399 proceden de Estados Unidos, España, Puerto Rico, Italia, China y otras naciones. 53.9 son jóvenes entre 20 y 34 años.

La segunda mayoría de inmigrantes es de nacidos en Estados Unidos, con 13 mil 514, de los cuales una parte deben ser descendientes de dominicanos. Los nacidos en España son 6 mil 720, siguiendo los 4 mil 416 de Puerto Rico, 4 mil 40 italianos, 3 mil 643 de China y 3 mil 599 franceses. De Venezuela, Cuba y Colombia han llegado 3 mil 434, 3 mil 145 y 2 mil 738 personas respectivamente.

Contando la población descendiente de extranjeros, nacida en el país, la encuesta totaliza 244 mil 151 personas, de los cuales 209 mil 912 son de origen haitiano y los restantes 34 mil 239 de otras nacionalidades.

Los inmigrantes y sus descendientes nacidos en el país totalizan 768 mil 783 personas, de los cuales los de origen haitiano son 668 mil 145, cifra que sigue muy por debajo de las cantidades que se manejan en el debate público sobre la inmigración proveniente del vecino país.

 

El Presupuesto no debe festinar el pacto fiscal

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Aplazadas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno presentará esta semana al Consejo Económico y Social (CES) su propuesta de pacto fiscal, mientras el ministro de Economía adelanta que esperan elevar la tarifa de electricidad en 20 por ciento y los impuestos entre 44 y 66 mil millones de pesos.

En la sociedad civil, incluidos el empresariado y  economistas, se espera un programa fuerte de reducción y reorientación del gasto público y un proyecto de presupuesto “conservador” para el 2013 que no obligue a festinar el pacto fiscal que debe fundamentar un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

En búsqueda del pacto fiscal.   Ante  la realidad de que no será fácil ni rápido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como fue evidente tras la visita de diez días de una misión del organismo, el gobierno parece decidido a retomar la negociación por un pacto fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) que sería convocado para el próximo jueves 4 de octubre, según informó el Ministro de Economía y Planificación, Temístocles Montás.

El presidente Danilo Medina retomará el encuentro que estuvo programado para el 30 de agosto y que fuera aplazado para privilegiar las conversaciones con la misión del FMI que estuvo en el país entre el 10 y el 19 del mes en curso, la cual concluyó prometiendo una segunda fase en noviembre y remitiendo para enero la posibilidad de formalizar un acuerdo.

En el gobierno se tienen expectativas de un rápido acuerdo en el marco del CES para el pacto fiscal previsto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, para entonces elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el 2013, que ya el presidente Medina dijo que no podrá ser introducido al Congreso “a más tardar el 1 de octubre” (mañana) como dispone el artículo 128 de la Constitución de la República. Se acoge al artículo 235 que reduce a la mayoría simple la posibilidad del Congreso para reformar el proyecto de presupuesto cuando sea sometido después del límite, lo que no implica mayores riesgos dado el control de ambas cámaras legislativas por el partido de gobierno.

A su regreso esta semana del viaje a las Naciones Unidas, el presidente dejó entendido que no someterá el proyecto de presupuesto hasta lograr el pacto fiscal, lo que pondría presión en el CES, pero sectores de este, incluidos reconocidos economistas, entienden que el gobierno puede enviar un proyecto de presupuesto conservador al Congreso Nacional que no tiene que aprobarlo necesariamente antes del 10 de enero, límite constitucional para que rija el del año anterior, por lo que daría tiempo para introducirle enmiendas dentro de ese plazo.

Elevarían la presión fiscal.  En escenarios diferentes el ministro de Economía adelantó esta semana dos de los planteamientos básicos que haría el gobierno al CES: la elevación de la tarifa eléctrica en un 20 por ciento, y de la presión fiscal entre 2 y 3 por ciento del PBI, lo que equivaldría a impuestos por una suma oscilatoria entre 44 y 66 mil millones de pesos, similar a un proyecto elaborado en Julio por el Ministerio de Hacienda.

Un estudio elaborado por el Ministerio de Economía con asistencia de técnicos del Banco Mundial presentado el jueves 27 plantea elevar la tarifa eléctrica en un 20 por ciento para lograr la estabilidad financiera del sector energético y de paso cumplir un requerimiento que estuvo en el pacto con el FMI 2009-12 de aplicar una tarifa técnica y un mecanismo flexible de fijación de precios. Eso aunque entre diciembre del 2010 y febrero del 2011 la tarifa de la electricidad fue aumentada en 19 por ciento.

La noche del mismo jueves, conversando con un grupo de periodistas españoles que visitó el Palacio Nacional, Temístocles Montás dio otro avance del proyecto de pacto fiscal que contempla el gobierno, afirmando que “necesariamente implicará un aumento de la presión fiscal de 2 a 3 puntos, para llevarla de 13 a 15 o 16 por ciento”.  Advirtió que es difícil hablar de redistribución e inversión social si no se dispone de mayores ingresos fiscales.

Incluso la estrategia gubernamental contempla condicionar la asignación a la educación del 4 por ciento del PIB a la aprobación de mayores cargas tributarias. Ya  el miércoles el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Víctor Sánchez, advirtió que si el gobierno se maneja el próximo año con los mismos ingresos del 2012, no podrá cumplir el compromiso de mayor atención a la educación instituido en ley de 1997, reclamado por un gran movimiento social y al cual se comprometió Danilo Medina en la campaña electoral.

Arduas negociaciones.  El gobierno tiene por delante arduas negociaciones tanto con el FMI como con la sociedad civil representada en el CES. Sobre el organismo internacional el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Arbizu, reveló esta semana que está pidiendo mayores informaciones, mientras los sectores empresariales, sindicales y sociales, representados en el CES, esperan a Medina con un fuerte pliego de reclamos contenidos en lo que ya consensuaron como “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”.

 De hecho los sectores sindicales y sociales ya han acordado acciones comunes incorporando decenas de organizaciones populares a la defensa de sus intereses  y ayer sábado celebraban una asamblea “por un pacto fiscal equitativo y justo”, mientras el sector empresarial insiste en que no avalará otro parche fiscal como los siete de la última década.

Los “Principios Orientadores” que el CES acordó presentar al gobierno proclaman un pacto fundado en una reforma fiscal integral, que implique la totalidad de  los ingresos y gastos del Estado, con mejor calidad del gasto y de la inversión social, superando la discrecionalidad y el despilfarro, con equilibrio y sostenibilidad que no dependa del endeudamiento y que estimule la competitividad de los sectores productivos, la inversión, la producción y las exportaciones.

 Los dirigentes empresariales, sindicales  y sociales han insistido una y otra vez en que no avalarán otro incremento tributario sin un firme y claro compromiso gubernamental por reducir el gasto corriente y la malversación que coloca el país entre los más corruptos del mundo, por lo que se cree que será arduo y extenso el proceso de negociaciones con el gobierno para arribar al prometido pacto fiscal. Será difícil consensuar mayores cargas tributarias al igual que reducir las exenciones fiscales que benefician a los sectores productivos como el turismo y las zonas francas, así como a los industriales nacionales que se quejan de condiciones adversas para competir en el mercado internacional y hasta en el nacional.

Con el Presupuesto del 2012

Consultores empresariales y economistas vinculados a la sociedad civil han insistido en que el gobierno tiene que presentar un proyecto de presupuesto conservador para el 2013, similar al formulado originalmente para el año que termina, de 430 mil millones de pesos, sin los 71 mil millones complementarios aprobados en julio dentro del festival del déficit fiscal. Incluso el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, creación de altos empresarios, propuso esta semana que sea reducido a 392 mil millones de pesos.

Las formulaciones parten de la consideración de que el gobierno tiene que producir un fuerte ajuste y de la prioridad a la educación y la producción, como condición para que la sociedad acepte mayores contribuciones fiscales. Estiman que en aras del presupuesto para el próximo año no se puede festinar el objetivo del Pacto Fiscal y que las negociaciones tomarán tiempo. Si hay acuerdo antes de fin de año habría tiempo para someter enmiendas al proyecto de presupuesto, y aún después de aprobado si las negociaciones se extienden hasta el próximo año.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el gobierno para las negociaciones del CES, planteó el miércoles en su artículo semanal de El Caribe que “El trance fiscal por el que atraviesa la economía dominicana es la punta del icebert de una crisis mucho más profunda. No es sólo el fisco lo que está en crisis sino el modelo económico y social, el cual no sólo no ha traído desarrollo humano, sino que ya no genera crecimiento”.

La estrategia gubernamental procurará forzar acuerdos a corto plazo, sosteniendo que es imposible destinar 4 por ciento a la educación preuniversitaria sin nuevas cargas impositivas. Mientras en la sociedad civil, por lo menos en la “Coalición por una Educación Digna se reivindica que el compromiso es cumplir la ley de educación, independientemente del monto del presupuesto. Y reclaman que para destinar más recursos a la educación fue que se hicieron las dos últimas reformas tributarias.-

 

El difícil trance del Pacto Fiscal

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El equipo económico del Gobierno se vio precisado a suspender el inicio del proceso de consultas para el prometido Pacto Fiscal presionado por la precariedad financiera, con el país medio apagado y a la espera de consultas con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vendría esta semana.

Mientras tanto los sectores empresarial, sindical y social avanzaron acordando nueve “Principios Orientadores” con énfasis en la integralidad y equidad, calidad del gasto para el desarrollo humano y productivo, promoción de la competitividad y en la transparencia y la reducción del despilfarro y la malversación.

Disyuntiva del Gobierno.  La suspensión del encuentro con que el presidente Danilo Medina se proponía iniciar las consultas para su Pacto Fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) constituyó una verdadera sorpresa. Cogió desprevenido hasta al presidente del organismo, Monseñor Agripino Núñez Collado, a quien no se le pudo comunicar directamente antes de hacerla pública la noche del martes 28, a menos de dos días de la reunión acordada la semana anterior.

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, fundamentó el aplazamiento “en que se le permita al Gobierno concluir la evaluación de los diferentes escenarios que estamos analizando sobre la situación fiscal, pero con especial atención a lo que tiene que ver con la reducción del gasto público a lo que este Gobierno le está poniendo la mayor de las atenciones”.

Otro motivo aducido fue que es importante consultar con el FMI, dada la decisión del presidente Danilo Medina de negociar un nuevo acuerdo con este organismo, para lo cual el Gobierno estaría esperando una misión que vendría al país esta semana.

En realidad el Gobierno estaba en la disyuntiva de iniciar un proceso de concertación que se anticipa difícil por las condiciones que adelantan tanto el FMI como los diversos sectores sociales, o primero concentrar su atención en terminar de evaluar la situación fiscal heredada para atender urgencias como amortiguar la deuda de mil millones de dólares con los generadores eléctricos que ya estaban reduciendo la oferta con el consiguiente incremento de los apagones.

La prioridad fue la reunión del presidente Medina el miércoles con  los generadores eléctricos y la decisión de colocar bonos por 500 millones de dólares en el mercado financiero nacional para pagar la mitad de la deuda. No se ha explicado por qué esos bonos, aprobados a la carrera por el Congreso Nacional mes y medio antes, no habían sido ofertados.

Los impuestos dividen.  Esta semana durante el almuerzo con el Grupo de Comunicaciones Corripio, los tres sectores que integran el CES dejaron clara su estrategia de negociación del Pacto Fiscal: primero tenemos que establecer la reducción del gasto y de la malversación, después que nos digan la  calidad, en qué se va a gastar, y solo entonces podremos discutir dónde elevar las contribuciones.

El sacerdote jesuita y sociólogo Mario Serrano y el economista Roque Féliz, del Centro Bonó y del “Sector Social” tienen claro que los impuestos dividen el bloque de la sociedad civil, porque no son los mismos los intereses que ellos defienden, a los de los empresarios y sindicalistas, lo que reconocieron Cirse Almánzar, de la Asociación de Industrias, y Rafael Abreu del sector laboral.

Así como es de difícil que el Gobierno reduzca significativamente el gasto, lo es que los sectores sociales acepten nuevas cargas impositivas. Los trabajadores evadirán la ampliación de la base del Itebis, porque afectaría hasta el más pobre consumidor, y los empresarios el desmonte de muchas de las exenciones impositivas, porque reduce la competitividad. El último intento concertador del gobierno de Leonel Fernández terminó dejando de lado a los sindicalistas y el sector social para pactar un parche fiscal con el alto empresariado, incluso pasándole por encima a sus organizaciones.

La práctica de comprometerse a reducir el gasto o lanzar programas de austeridad que no se cumplen es de lo que incentiva la resistencia de los sectores sociales a que se eleve la carga impositiva. Es paradigmática la burlada ley 497-06, con que Leonel Fernández pactó una de sus cinco reformas tributarias. En el 2002 Hipólito Mejía firmó con el Consejo Nacional de la Empresa Privada un “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico”, que congelaba la nómina pública y después de eso la misma casi se ha duplicado hasta alcanzar la astronómica cifra de 653 mil. Sólo entre enero y mayo pasados se habría incrementado en 23 mil, al compás de la última campaña electoral. También se recuerdan los  compromisos de la última cumbre con la sociedad civil (enero-febrero 2009)  pactados e ignorados por el presidente Fernández.

No con las manos vacías. La presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti de Valiente,  dejó claro esta semana que no se sentarán en la mesa del diálogo con las manos vacías. Ponderó el interés del nuevo Gobierno por consensuar un pacto fiscal, y reiteró las demandas de integralidad del mismo, de mejorar la calidad del gasto en orden a aumentar la producción, la productividad y la competitividad para mejores empleos y el desarrollo socioeconómico nacional.

Los sectores representados en el CES no han perdido el tiempo desde que antes de la juramentación el equipo del nuevo Presidente les comunicó la convocatoria para el Pacto Fiscal. Ya han celebrado varias reuniones. Y en una ampliada, celebrada el miércoles lograron acordar un pliego de “Principios orientadores del Pacto Fiscal”, que se anexa resumido.

Muchos dirigentes empresariales, sociales y sindicales, han jurado que esta vez los políticos no los van a engañar, y que el Gobierno tendrá que reducir su gasto y la malversación de los recursos públicos si quiere pactar.  Han celebrado el programa de austeridad y el código de ética del presidente Medina, pero esperan múltiples medidas  específicas para reducir el gasto, la malversación y la corrupción.

El pliego elaborado por el CES incluye nueve principios básicos: integralidad, gestión fiscal orientada al desarrollo humano y productivo sostenible, participación y contraloría social, racionalidad y calidad de la gestión del gasto público y corresponsabilidad fiscal. También equidad, eficiencia, sostenibilidad fiscal y competitividad, crecimiento y desarrollo económico sostenible.

El primer planteamiento, de integralidad, especifica que el Pacto Fiscal debe abarcar la totalidad de los gastos e ingresos del Estado, incluyendo los organismos descentralizados y autónomos, con todas las tasas, tarifas y contribuciones, y también los dividendos de las empresas públicas, rendimientos por concesiones públicas y otros ingresos provenientes de fuentes especiales. Igualmente que el presupuesto público debe incluir la programación del uso de los recursos manejados por las entidades autónomas.

Ha ganado terreno la convicción de que el Estado es uno solo y que sus entidades autónomas y descentralizadas, incluyendo los poderes legislativos y judicial, y el municipal no pueden escapar de la austeridad, de las prioridades de gasto y del control de la malversación, porque en algunos es aún mayor que en el gobierno central.

En definitiva, tanto el FMI como los sectores sociales se la están poniendo difícil al nuevo Gobierno. Es una de las herencias que le dejó la política de derroche y endeudamiento de Leonel Fernández.-

El presupuesto para el 2013

La verdadera disyuntiva del Gobierno está en si podrá presentar al Congreso Nacional, dentro del plazo constitucional, el proyecto de presupuesto para el 2013, sin siquiera un previo preacuerdo con el FMI y sin contar con el Pacto Fiscal que le abriría puertas a un incremento de los ingresos fiscales. La letra g del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución indica que el proyecto de presupuesto debe llegar al Congreso a más tardar el 1 de Octubre. Ni soñar que en cuatro semanas de septiembre se pueda pactar la reforma fiscal integral y consensuada reclamada y prometida.

Otro desafío es cumplir el artículo 242 de la Constitución que dispone enviar al Congreso el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y sus correspondientes actualizaciones durante la segunda legislatura del año en que se inicia el período de gobierno, previa consulta al Consejo de Ministros, indicando que “los resultados e impactos de su ejecución se realizarán en un marco de sostenibilidad fiscal”. Para esto tiene hasta mediado de enero cuando concluye la legislatura, ahora de 150 días.

 El Gobierno tendría que ejecutar una fuerte reducción del gasto con un proyecto de presupuesto conservador, sujeto a un posterior incremento de ingresos a consignar en otro “presupuesto complementario” o  pedir dispensa pública del plazo constitucional en espera del consenso social. La situación se agrava por el compromiso, reiterado en el discurso inaugural de Medina, de dedicar desde el 2013 el 4 por ciento del  PBI a la educación preuniversitaria, lo que implica duplicar la asignación de este año. Y ahí está el déficit de más de 100 mil millones de pesos con que terminará el 2012.

Se tiene entendido que el FMI viene con firmes reclamos de reducción del déficit fiscal, uno de cuyos ingredientes fundamentales es el ajuste de la tarifa energética, lo que el Gobierno quiere incluir en el Pacto Fiscal para morigerar su costo político. En síntesis, presupuesto, acuerdo con el FMI y Pacto Fiscal constituyen un laberinto que el Gobierno tiene que romper por algún lado. El más claro sería el pacto, pero es también el más difícil, a no ser que el Gobierno presente un heroico programa de reducción y racionalización del gasto que facilite el consenso.

 

Volumen para adornar bibliotecas

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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Ver al gobierno celebrando un acto en el Palacio Nacional con la presencia del destacado intelectual francés Jacques Attalí para poner en circulación su Informe para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana produce sentimientos encontrados, sobre todo cuando se dice que el presidente Leonel Fernández creó una comisión para dar seguimiento a recomendaciones que dependen de su propia voluntad.

El primer sentimiento es de reconocimiento a la valentía del ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, por haber convertido en un libro el documento que conocimos en noviembre, a pesar de que cinco meses después no se ha hecho caso ni siquiera a una de sus 77 propuestas específicas, agrupadas en siete grandes iniciativas.

Vale también elogiar el magnífico equipo técnico-profesional de Montás, que ha persistido en estudiar y diagnosticar la realidad del país, con las correspondientes políticas para el establecimiento de una Estrategia Nacional de Desarrollo, recién introducida al Congreso pero opacada por las garatas de la política nacional.

Ante la designación de la comisión de seguimiento vienen a la memoria los innumerables estudios para el desarrollo nacional que hemos tenido desde los años sesenta, que constituyen una enorme biblioteca, especialmente en las últimas dos décadas, incluyendo los volúmenes del Diálogo Nacional que consumió meses de trabajo a nivel nacional del gobierno y la sociedad civil en los años 1997-98.

Ahí están, por ejemplo, las reiteradas recomendaciones de que el Estado privilegie la inversión en educación, establecida en un mínimo del 4 por ciento del producto bruto en la Ley General de Educación de 1997, tras años de concertación, pero aún andamos por la mitad. O las urgencias de afrontar y superar la crisis energética que data de cuarenta años. Ambas prioridades figuran en el Informe Attalí, ahora convertido en bonito libro.

Debe reconocerse que muchas de sus recomendaciones son de largo plazo y requieren un acopio de recursos que escasean y que, como el actual gobierno está prácticamente en su último tramo, la Estrategia Nacional de Desarrollo será un magnífico manual para quienes le sucedan en la conducción del Estado.

El presidente Fernández podría dar el ejemplo, honrando sus diagnósticos y poniendo en práctica muchas recomendaciones que sólo dependen de un decreto y conllevan ahorro y estímulo a una urgente austeridad y honradez en el manejo de los recursos públicos para que dejemos de ocupar las últimas dos posiciones entre 139 países en favoritismo de los funcionarios y despilfarro en el gasto gubernamental, y la 134 en desvío de los fondos públicos, según el Indice de Competitividad Global 2010-11 del Foro Económico Mundial.

En el Informe Attalí hay muchas recomendaciones de viabilidad inmediata, como eliminar los barrilitos, limitar por ley el número y tamaño de los ministerios, los viceministros y las delegaciones diplomáticas y consulares, eliminar comisiones, consejos y direcciones infuncionales, racionalizar el Estado reagrupando instituciones con funciones similares, imponer la transparencia en los contratos públicos, reformar e independizar la Cámara de Cuentas y elevar el presupuesto de educación al 5 por ciento.

Y ahí está consignada la primera línea “absolutamente prioritaria” para la Estrategia de Desarrollo que Attalí precisó: “devolver la confianza en las instituciones”, cuya implementación inmediata “tiene que provocar un sobresalto de confianza en la población dominicana y que debe ser acompañada de mensajes fuertes mostrando la voluntad de cambiar de paradigmas y adoptar un modelo justo, duradero y ambicioso”.

Los últimos acontecimientos indican que como la guagua  de Juan Luis Guerra vamos en reversa, por lo que el libro es otro volumen para adornar bibliotecas.

 

 

Haití: gran desafío a los dominicanos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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La brillante y reconocida solidaridad de la sociedad dominicana con el pueblo haitiano tras el trágico terremoto de enero tiene que extenderse a la búsqueda de los enormes recursos que demanda la reconstrucción del devastado país como objetivo estratégico nacional pero dentro del marco de las Naciones Unidas.

La coyuntura es también propicia para dejar atrás los históricos desencuentros y propiciar los largamente aplazados acuerdos sobre asuntos migratorios, intercambio comercial, de seguridad fronteriza y en tantos otros ámbitos en los que la indisoluble hermandad insular obliga a los dos pueblos.

Objetivo estratégico

Tal como lo ha planteado el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, la reconstrucción de Haití es un objetivo estratégico nacional, razón por la cual el país tiene que contribuir a lograrla, buscando la más amplia participación internacional, sin la cual será imposible su financiamiento.

El gobierno dominicano ha mantenido la iniciativa tras una exitosa gestión de solidaridad desde el momento que se conoció la tragedia del 12 de enero, de la que ha sido parte casi toda la sociedad dominicana en sus más diversos estamentos. No podía ser de otro modo, dado que las dos naciones están atadas por la geografía, sin que ni siquiera los fenómenos telúricos pudieran separarlas, ya que las dos grandes fallas geológicas de la isla se extienden de oeste a este y ninguna de norte a sur.

Hubiese sido indigno de un pueblo noble, que los dominicanos no fueran los primeros que llegaran con todo lo que tenían a mano para dar su solidaridad frente a un drama escatológico que ha conllevado la pérdida de más de 200 mil vidas y que pasó tabla rasa a las infraestructuras del vecino dejando dos millones de personas sin vivienda, en lo que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo considera el más destructivo de los fenómenos naturales de la era moderna, cuantificando el costo de la reconstrucción en 14 mil millones de dólares. El verdadero desafío a la solidaridad comienza ahora que la tragedia de Haití pierde preponderancia en el escenario internacional.

Nadie puede estar más interesado que los dominicanos en que no se abandone  al vecino a su suerte, porque sólo este país está indisolublemente atado a la tragedia y porque en la medida en que no se deje espacio a la esperanza los haitianos saldrán a buscarla expulsados como los pilotos de una nave en picada y su primera tabla de salvación no es el espacio extraterrestre ni el mar, sino el territorio vecino. Lo que ha invertido en la solidaridad inicial es ínfimo en relación a lo que podría tocar a la República Dominicana si no se produce un concierto de asistencia internacional proporcional a la devastación.

Urgente cooperación

Las circunstancias obligan más que nunca a transitar el camino de la plena cooperación para “construir un presente y preparar un futuro que sea ventajoso a los dos pueblos”, como expresaba la carta de los intelectuales haitianos. Ese objetivo hace tiempo que ha sido planteado por innumerables instituciones y personalidades dominicanas, de todos los sectores políticos, sociales, empresariales y religiosos, incluyendo relevantemente al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Conferencia del Episcopado Dominicano en sendos documentos al respecto.

Probablemente la propuesta más integral para la cooperación bilateral es la contenida en el documento titulado “El Reto Haitiano en República Dominicana”, presentado el 4 de julio del 2008 por el CONEP, el cual reivindica la Comisión Bilateral y detalla diez aspectos básicos para la cooperación entre los dos países. “Con la esperanza de que simples desacuerdos y posiciones encontradas en el presente dejen de avivar los fuegos de la animosidad y de la exclusión. Las diferencias están llamadas a sustentar por fin el respeto mutuo y la colaboración de todos aquellos que viven y que ayudan a institucionalizar cada día más nuestro régimen democrático”.

Los diez aspectos señalados en el documento del empresariado son los referentes a la nacionalidad dominicana, el racismo en el país, la Ley General de Migración 285-04 (cuyo reglamento no se acaba de aprobar seis años después), la documentación civil,  repatriaciones y deportaciones, frontera, comercio, mercado y derechos laborales, medio ambiente y cultura.

No faltan quienes consideran que la coyuntura no es propicia para debatir  temas conflictivos, pero existe el temor de que la trágica situación que viven millones de haitianos dispare su migración hacia su salida más fácil, lo que obligaría a la adopción de disposiciones que podrían disipar el ambiente de reencuentro decretado por el terrible sismo. Podría ser preferible afrontar bilateralmente la contingencia, en el amplio espíritu de colaboración ahora existente.

Sin duda la debilidad actual del Estado haitiano, cuya gobernabilidad tendrá que abordarse dentro de pocos meses, hace más difícil la negociación bilateral. Hasta entre  dominicanos muy racionales se expresan dudas sobre la capacidad institucional del vecino, pero no habrá ninguna solución en Haití,  ni siquiera una restauración parcial, que no tenga como protagonista fundamental al pueblo haitiano, con todas sus debilidades y fortalezas.

Los protagonistas

El drama haitiano es mayor en cuanto el sismo se llevó también una considerable proporción de sus más capacitados recursos humanos, dejando casi inviable una nación que ya se consideraba fallida por su precariedad institucional, pobreza extrema y disolución, al extremo de que medio centenar de partidos y grupos se aprestaban a concurrir a los comicios parlamentarios que estaban programados para febrero y que ahora están en un limbo, al igual que los presidenciales que deberían celebrarse en noviembre próximo.

Tal como advirtió el presidente de Francia al visitar esta semana a Puerto Príncipe es al pueblo haitiano al que corresponder ser artífice de su recuperación. Lo dijo también el canciller de Brasil, como lo han manifestado cientistas sociales. Pero además ni los Estados Unidos ni ningún otro país, por más poderoso que sea, se va a echar sobre sus exclusivos hombros la responsabilidad de dar viabilidad a la nación haitiana.

En la perspectiva coyuntural internacional no se prevé ningún escenario mejor que  las Naciones Unidas para asumir la responsabilidad de la reconstrucción de Haití, por lo que es un acierto que al efecto se haya fijado para el 31 de marzo en su sede central de Nueva York  una reunión cumbre internacional. En ella deben concentrarse todos los esfuerzos dejando de lado cualquier intento de excesivo protagonismo, como sería la insistencia en celebrar otra cumbre mayor en Santo Domingo en junio próximo. Debe ser suficiente el encuentro preparatorio programado aquí para el 17 y 18 de marzo.

La Comisión Bilateral

Por el momento es un gran acierto la constitución de misiones técnicas de los gobiernos de Haití y República Dominicana para el diseño de un “Plan de Acción para Refundar Puerto Príncipe”, como anunciaron el día 13 el presidente Leonel Fernández y el primer ministro haitiano Jean Max Bellerive en una primera reunión efectuada en Santo Domingo.

La coyuntura parece más que propicia para dejar reactivada y hacer operativa la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana creada en 1996, pero dejada en inanición después de unos pocos acuerdos no implementados. El 22 de mayo próximo se cumplen tres años de que el presidente Fernández emitiera su decreto 263-07 donde disponía una serie de previsiones para reactivarla.

Justamente al ocurrir la tragedia del 12 de enero se esperaba una fecha para una inminente visita del presidente René Preval, en tanto funcionarios de ambos gobiernos habían coincidido en la necesidad de reactivar la Comisión Bilateral. La iniciativa correspondió al gobierno dominicano, concretada en la visita que hizo a Puerto Príncipe el ministro Temístocles Montás el 18 de diciembre último.

Es posible que esa iniciativa fuera la respuesta silenciosa que diera el presidente Fernández a la carta de principios de noviembre en la que 30 reconocidos intelectuales haitianos le expresaron preocupación por la seguridad de sus compatriotas residentes en el país. Le sugerían “reactivar, con el Ejecutivo haitiano, los mecanismos binacionales de cooperación para plantear, en la serenidad, todos los problemas y contenciosos no discutidos”, incluyendo “la obligación de nuestro país (Haití) de controlar su flujo migratorio hacia la República Dominicana con la finalidad de no superar un límite máximo manejable por las autoridades dominicanas”.