Una justicia secuestrada

Por Juan Bolívar Díaz
O2

Las decisiones judiciales del viernes negando la posibilidad de que el Secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, Félix Bautista, y el alcalde de San Francisco de Macorís Félix Rodríguez, y compartes, puedan ser siquiera enjuiciados, ratifica el nivel de secuestro político que se ha hecho de la justicia, uno de los poderes fundamentales de la democracia, para garantizar la impunidad en la demencial corrupción que ofende y sacude el país.

El expediente contra Félix Bautista y seis asociados, elaborado por la Procuraduría General de Persecución de la Corrupción Administrativa y sustentado por el Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito, quedará como paradigmático en la historia nacional, por el volumen de dinero involucrado y la enorme cantidad de indicios más que suficientes para que se les abriera juicio por enriquecimiento ilícito, falsedad de escritura pública y privada, corrupción y lavado de activos. Pero ni eso es posible con una justicia secuestrada por intereses políticos y económicos.

Sus propios defensores jurídicos y políticos se encargaron de proclamar que el sometimiento judicial apuntaba contra el expresidente Leonel Fernández, quien tras proclamar su Constitución del 2010 pactó con el excandidato presidencial perredeísta Miguel Vargas Maldonado para quedarse con el control institucional de la nación: Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, además de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal.

Sólo en las dictaduras, y con proyectos de dominación que se han anunciado hasta el 2044, se concibe un control total y tan concentrado de las instituciones básicas de una nación, para lo cual había que acumular una gran fortuna que garantizara el predominio sin posibilidad de que ningún juez u organismo colegiado dictaminara sobre su legitimidad.

En el caso específico de Félix Bautista, se ha documentado el manejo de entre 24 y 40 mil millones de pesos, por un entramado empresarial que confluye en un dirigente político, funcionario público y ahora senador, que al llegar al gobierno en 1996 declaró un pobre patrimonio de 547 mil pesos, y que todavía en el 2010 lo juró en 16 millones de pesos, pero que dos años después proclamaba que, si se lo otorgaban, sus empresas estaban en condiciones de asumir la total reconstrucción del Haití devastado por un terremoto, tarea que demandaba decenas de miles de millones de dólares.

Todos sabemos que el poder económico y político de Bautista no era patrimonio propio y que derivaba del presidente Fernández, quien llegó a considerarlo como un hijo, y que le autorizó maniobras del calibre del contrato con la Sun Land por 130 millones de dólares. Ya Guillermo Moreno documentó en otro memorable expediente desestimado por la justicia, que las empresas de Bautista eran financiadoras fundamentales de la Fundación Global de su jefe político, y que en sólo cinco días del 2011 le donaron 45 millones de pesos.

Por suerte el Procurador Domínguez Brito ha anunciado de inmediato que apelará los dictámenes que procuran la impunidad de los Félix y sus asociados, lo que seguirá siendo un enorme desafío para esta Suprema Corte, cuya suerte parece definitivamente en juego. Como dijo confidencialmente un magistrado, Bautista (y Leonel, agregamos) dividió y desacreditó la anterior Suprema Corte con el caso Sun Land, y podría jugar el mismo papel con la actual, ya que algunos de sus 17 integrantes no pagarán el alto costo que se les reclama por cargos en los que jugó un papel significativo el propio Félix Bautista, convertido en Senador para ampliar su blindaje.

Lo de este escogido “Viernes de Dolores” duele en lo más profundo del alma y la sensibilidad nacional, aunque fuera un palo anunciado desde que el presidente de la Corte, también asociado del expresidente Fernández, encargara la instrucción del expendiente a un juez proveniente del Comité Central del partido del que Bautista y Fernández son líderes. La esperanza es que todo este descaro sirva para romper indiferencias, silencios y complicidades.

Una gran oportunidad perdida

Por Juan Bolívar Díaz
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 Cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se inclinó reverente ante el presidente Leonel Fernández, entonces en verdadero aprieto por el nunca esclarecido escándalo de los bonos por 130 millones de dólares entregados a la empresa Sun Land, se frustró y empezó a revertirse el más significativo esfuerzo de la sociedad dominicana por institucionalizar la justicia y dar plena vigencia al Poder Judicial.

 Fue obvio para todos que la mayoría de los integrantes de esa corte se rindió ante las presiones del Poder Ejecutivo en la persona del presidente Leonel Fernández, quien había violentado el orden constitucional al autorizar un endeudamiento internacional sin la aprobación del Congreso Nacional. Con la agravante de que el empréstito se hizo clandestinamente, que el dinero no ingresó al Banco Central y que nunca se ha podido documentar convincentemente el destino que se le dio.

 En cualquier país de mediana intensidad democrática, ese escándalo hubiese con- llevado el procesamiento judicial de los responsables y probablemente la pérdida de los cargos que ocupaban. Desde luego que en ninguna nación donde funcionen las instituciones de la democracia podría producirse un fraude tan obvio y de esa magnitud y grosería.

 Para exonerar de responsabilidad al presidente Fernández y a su subalterno Félix Bautista, esa SCJ tuvo que renegar de su propia jurisprudencia, restringiendo la concepción de “parte interesada” que había consagrado y mantenido desde su sentencia del 8 de agosto de 1998 que declaró inconstitucional una limitación legal de la inamovilidad de los jueces, acogiendo una instancia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

En el caso Sun Land, la SCJ declaró inadmisible la instancia de inconstitucionalidad negando esa facultad a un grupo de ciudadanos y al Partido Revolucionario Dominicano que recurrieron en sendos documentos del 15 y 18 de octubre del 2007. Tras más de un año, el 18 de diciembre de 2008, la corte restringió el derecho a los presidentes de las cámaras legislativas en base a la consideración de que solo le correspondía a ellos “siendo una potestad exclusiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados aprobar o no el préstamo a que se contraen las acciones en inconstitucionalidad en cuestión”.

Siempre se había considerado que aquella sentencia constituyó una prevaricación de los jueces supremos de la nación. Pero esta semana el país recibió la confesión del doctor Jorge Subero Isa, quien presidía la SCJ, de que “fue un crespón negro en la toga de los jueces”, que  al expediente Sun Land “se le dio una solución política”.

Es indiscutible que esa Suprema Corte tuvo múltiples realizaciones que implicaron importantes avances al saneamiento e independencia del Poder Judicial. Pero aquella claudicación ante el poder fue un lastre y abrió las puertas al retroceso, auspiciando que tras la reforma constitucional de 2010 el presidente Fernández se considerara sobre el bien y el mal, y constituyera una nueva Suprema Corte a su imagen y conveniencia personal, lo mismo que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, a partir del absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura.

Si hubo una corte que debió ser plenamente independiente del poder político fue la que presidió Subero Isa, entre otras razones porque sus integrantes no le debían el cargo al presidente de turno. Porque su elección fue fruto de un amplio consenso de las fuerzas políticas impulsado por las organizaciones más relevantes de la sociedad civil. Fue una gran oportunidad perdida para afianzar definitivamente la independencia de la justicia y la fortaleza institucional del Poder Judicial y para que ese colectivo judicial se inscribiera en las páginas gloriosas de la historia nacional.

Como tantas veces en la historia de la nación, esos jueces fueron incapaces de jugársela, con tres honorables excepciones, las de las magistradas Ana Rosa Bergés y Eglys Margarita Esmurdoc y el magistrado Julio Aníbal Suárez, a quienes el presidente Fernández cobró su osadía separándolos de la Suprema Corte de Justicia, tras la claudicación colectiva que lo instituyó intocable.

Por qué no da entrevistas Leonel

Por Juan Bolívar Díaz
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La pregunta volvieron a formularla esta semana varios comunicadores: por qué no da entrevistas el Presidente Leonel Fernández, sorprendidos por la contradicción de que siendo el mandatario tan buen comunicador, evada sistemáticamente el encuentro con los reporteros dominicanos.

Ruedas de prensa formales, como se acostumbra en el mundo democrático, son muy escasas las concedidas por el doctor Fernández en casi diez años de gobierno. Ninguna en este período que ya se acerca a su primera mitad.

En los últimos seis años  ha preferido convocar tres o cuatro almuerzos con directores de medios de comunicación para tratar temas que le interesaban.

A veces para intentar desvirtuar cuestionamientos de la opinión pública, cuando tomaban dimensión escándalos como el del contrato con la Sun Land para colocar bonos por 130 millones de dólares en el mercado internacional a espaldas del Congreso, o cuando se descubrieron las nominillas o pagos ilegales a 42 mil 434 dirigentes  de comités de base de su partido por un monto mensual de 143 millones 120 mil pesos.

Hay que convenir en que en esos esporádicos encuentros  el primer mandatario se servía con la cuchara grande del manjar comunicativo, dando verdaderos recitales demostrativos de su capacidad discursiva, y muy pocos consideraban el escenario apropiado para cuestionamientos de fondo.  Faltaba el atrevimiento de los buenos reporteros, y las crónicas que se desprendieron fueron generalmente superficiales.

No había cámaras para difundir contradicciones.

Muchos no han podido entender el muro de silencio que ha erigido el gobernante  que durante años fue profesor de comunicación social de la Universidad Autónoma, asesor jurídico del Colegio de Periodistas durante los dos años que me tocó presidirlo entre 1989 y 1981.

Lo hizo con mucha generosidad, ya que nunca cobró un centavo y jamás falló en una diligencia durante  la larga litis con la Asociación de Diarios por violación de la primera Ley de Profesionalización y Colegiación de los Periodistas.

Sin embargo, no parece tan difícil entender la opción preferencial. Si diera ruedas de prensa, ya hubiese tenido que informar, por ejemplo, quién ganó la licitación internacional convocada el 19 de octubre pasado para construir la segunda línea del Metro de Santo Domingo.

Él se comprometió en varios discursos y en la campaña del 2008 a que haría mediante concesión privada, ya que el Estado carecía de los recursos necesarios.

El plazo para cerrar la licitación vencía el 4 de diciembre pasado y casi siete meses después el gobierno ha considerado innecesario informar resultados, aunque la mayor inversión en la historia del país se está ejecutando a la velocidad de múltiples tramos, sin importar que  esté dislocando el tránsito en esta ciudad de por así caótica.

Si Leonel diera ruedas de prensa ya hace tiempo que a algún “loco reporterito” se le hubiese ocurrido preguntarle por qué no hace transparentes los ingresos y gastos de su fundación Global, como estaría obligado a hacer todo presidente de la democracia contemporánea que reclama transparencia y sanciona los conflictos de intereses..

El presidente prefiere hablar a los periodistas extranjeros porque a ellos los puede impresionar con su conceptualización sobre la era de la información y la sociedad del conocimiento y de la transparencia. Esos no podrán encararle que su gobierno se caracteriza por el ocultismo, por vivir de espaldas a la opinión pública, y por violar la mil veces concertada ley que destina a la educación un mínimo del 4 por ciento del producto interno, quedándose alrededor de la mitad, para poder hacer otras obras visibles, como Trujillo y Balaguer, no como predicó Juan Bosch.

El presidente Fernández no es sólo mudo, sino también sordo. Al final de su primer período de gobierno nos dijo, a tres periodistas amigos, que él no veía televisión nacional.

De esa manera ni se mortifica. Y nadie puede esperar que va a cambiar de rumbo, por más algarabía que se produzca.

Hay que convenir que al fin de cuentas le ha dado beneficios políticos, con buenos niveles de aceptación.

La cultura autoritaria, el presidencialismo y el lambonismo de esta sociedad lo auspician.

Y para colmo sus contrincantes políticos no logran crear ilusión de cambios anhelados.

Ya no hay Juan Bosch ni Peña Gómez.