Por Juan Bolívar Díaz

Es relevante que el Partido Revolucionario Dominicano  haya arribado al año de los comicios presidenciales sin superar los traumas de la elección hace más de diez meses de un candidato que, por demás, desde entonces ha encabezado las encuestas de mayor credibilidad.

El espectáculo perredeísta, sin precedente, resalta la debilidad de la institucionalidad democrática, ahora sin un arbitraje capaz de hacer cumplir las normas y conciliar las diferencias entre los actores individuales en aras del interés colectivo.

Increíble pero cierto.  Los conflictos internos son parte de la historia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) desde su fundación durante el exilio antitrujillista hace 73 años, incluida su primera convención eleccionaria en el país en 1962 -que hubo que repetir-, pero nadie creía que fueran capaces de iniciar el año de la elección presidencial sin superar los traumas dejados por la escogencia de su candidato presidencial, más de diez meses atrás.

El PRD aparece secuestrado por un presidente que prefiere la derrota de su candidato presidencial, sin que ningún organismo ni grupo se proponga pedir cuentas, y un candidato presidencial confiado en sus propias fuerzas, sin ponderar suficientemente el impacto del conflicto en una sociedad cada vez más conservadora y resignada.

Ni la tregua de las navidades ni la llegada de un año nuevo, tiempo en que la impetuosidad caribeña de los dominicanos impone algunas reconciliaciones, fue suficiente para que el perredeísmo aterrizara a la realidad de que dentro de  cuatro meses y días se escogerá un nuevo Gobierno. Ellos parecen estar por encima del sentimiento de la sociedad, incluso de cuantos aspiran a un relevo del desgastado equipo gubernamental.

Una simple expresión del candidato, Hipólito Mejía, más resignado que ofensivo, diciendo que el tiempo juzgará la ausencia del presidente del partido de la campaña electoral, fue suficiente para que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado respondiera con una extensa expresión de resentimientos, anticipando  venganza por lo que entiende fueron falta de apoyo y coherencia de la dirección del partido y su ahora candidato, cuando a él le tocó encarnar la candidatura presidencial en el 2008 y en los comicios legislativos y municipales del 2010.

Miguel debió renunciar.  Independientemente de las razones que pudiera tener en la extensión de su diferendo con Hipólito Mejía, Vargas Maldonado sigue apareciendo como el bandido de la película, porque cuando el 6 de marzo perdió la elección primaria, hace más de diez meses, debió renunciar a la presidencia del partido para guardar coherencia  con sus propios planteamientos y con lo normal en el mundo democrático si no se cree en las virtudes del elegido.

Cuando asumió la presidencia del PRD en 2009, en lo que pareció un amplio consenso, Vargas hizo modificar sus estatutos para establecer que quien fuera el candidato presidencial debe a la vez presidir el partido, contradiciendo un historial de repartición de cargos que prevaleció aún bajo los fuertes liderazgos de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Pero Vargas no sólo ha evadido el cumplimiento de los estatutos partidarios, sino que se ha proclamado depositario de “la institucionalidad”, sin rendirse ante el hecho indiscutible de que la militancia escogió un candidato con la expectativa de ganar las elecciones de mayo próximo.

Aún cuando casi todo el “estado mayor” que lo acompañó en la búsqueda de la candidatura ha respaldado la elección partidaria, todavía esta semana  persistió en no reconocer la realidad e insistió en que “pese a documentar las serias irregularidades de la convención prefirió sacrificarse antes que dividir el partido y que por eso declinó” su candidatura y juramentó al candidato.

Vargas respondió la queja de Mejía de que todavía no ha recibido un peso del PRD para su campaña, diciendo que entregó 4 millones de pesos para el acto de proclamación del candidato en mayo pasado, una ínfima proporción de unos 150 millones de pesos que el PRD debió recibir del Estado en el 2011, de un financiamiento del 0.25 por ciento de los ingresos nacionales (en años no electorales), cuyo 80 por ciento se reparte entre los tres partidos mayoritarios.

Aferrado a una “posición institucional”, tan individual como cuando en el 2009 firmó el pacto por las Reformas Constitucionales con el presidente Leonel Fernández, sin previamente presentarlo a ningún organismo partidario cuando ni siquiera presidía el PRD, Vargas Maldonado persiste en rechazar toda disensión del ahora candidato Hipólito Mejía en la Junta Central Electoral,  en la elección de los jueces de las altas cortes o en la Liga Municipal Dominicana.

Tres opciones a escoger.  Para cualquier analista resulta obvio que la resistencia de Vargas Maldonado implica serios riesgos para las posibilidades electorales de su partido, sobre todo en la medida en que el peledeísmo gobernante ha venido superando sus propias contradicciones, nucleándose en torno a su candidato Danilo Medina, cada día con mayor apoyo del presidente de la nación y líder del partido, con todo lo que eso implica. Mejía y el PRD tienen tres opciones. La primera es seguir dando largas al Caballo de Troya llamado Miguel Vargas, partiendo de la convicción de que proseguirá su desgaste y podrían ganar sin su apoyo, con el riesgo de incentivar el ruido y las tentaciones transfuguistas de algunos fieles que todavía pululan en torno al chantaje político.

La segunda opción es radical y parece tener pocos adeptos por el escándalo que conllevaría: convocar a los organismos del PRD para ajustar cuentas con Vargas Maldonado. Cualquier brote de anarquía o violencia tendría repercusiones negativas en el posicionamiento de la candidatura perredeísta.

La opción que resultaría menos riesgosa ya a cuatro meses de las elecciones es realizar los máximos esfuerzos por reducir el potencial dañino de Vargas  Maldonado, haciéndolo responsable del futuro colectivo, en lo que podrían jugar un papel protagónico los que integraron su “estado mayor” y que ahora están incorporados a la campaña electoral de su partido.

Con economía de riesgos para el candidato presidencial, pero con su apoyo, los que encumbraron al presidente del PRD son los que pueden conminarlo a reconocer la realidad y actuar en consecuencia, aún pensando en su propio futuro político.

Lo lógico fuera que lo hicieran los organismos partidarios, pero esos hace tiempo que son inoperantes. El Comité Político tiene nueve meses sin reunirse y el Comité Ejecutivo Nacional más de un año, como si nada estuviera pasando en un partido que aspira a gobernar el país.

Mientras tanto, es obvio que el año no ha comenzado bien para las posibilidades del Partido Revolucinario Dominicano, pese al desgaste del Partido de la Liberción Dominicana gobernante.

Sobreestimación de Hipólito

El haber encabezado las preferencias electorales, con cerca del 50 por ciento en las encuestas de mayor credibilidad, como en las dos últimas Gallup-HOY y aun más de la mitad en la Penn and Schoen-Berland, pudo haber determinado que Hipólito Mejía llegara al 2012 sin realizar mayor esfuerzo por resolver el diferendo con el presidente del partido.

Pudo haber sido un error subestimar el daño que podía hacerle la resistencia de Vargas Maldonado, que incentivada por el inmenso aparato propagandístico del Gobierno y su partido, afecta la credibilidad del perredeísmo en los sectores sociales altos y medio-altos, donde el miedo a la “anarquía perredeísta” se sobrepone a los temores del continuismo del PLD.

El desconcierto perredeísta es rechazado también en segmentos medios insatisfechos con la actual gestión gubernamental, que aspiran a un orden democrático y al fortalecimiento de la institucionalidad partidista y del Estado. Estos segmentos tienen mucha capacidad para reproducir sus opiniones e influir sobre el electorado y muestran su decepción ante la incapacidad del PRD para encarnar una real alternativa de orden y fortalecimiento institucional.

Es cierto que el partido gobernante también muestra serias debilidades institucionales, donde sus organismos ya no deciden nada, pero el liderazgo del presidente Fernández encarna atributos predominantes en la pobre cultura democrática nacional.