Un llamado a la ponderación

 Por Juan Bolívar Díaz
11_01_2015 HOY_DOMINGO_110115_ Opinión9 A

No hubo secuestro de personal consular y militares dominicanos destacados en Anse-A Pitre, Haití, como tampoco es cierto que se hayan hecho asentamientos de inmigrantes haitianos en bateyes del desmantelado ingenio Montellano en Puerto Plata, como se ha denunciado reiterativamente en la primera semana de este año, alimentando el clima nacional de confrontación y exclusión que grupos radicales promueven cada vez con mayor entusiasmo.

Sí fue cierto que un grupo de haitianos disgustados por disposiciones de preservación del espacio marítimo dominicano, donde pescaban, en las proximidades de Pedernales, apedrearon el local del consulado, lo que obligó al personal a permanecer en su interior hasta que las autoridades locales les garantizaron su seguridad. Así lo informó al gobierno el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, general Carlos Manuel Aguirre Reyes. También lo reconoció el director de Migración, José Ricardo Taveras, un funcionario nada sospechoso de cordialidad con los haitianos. A pesar de ello múltiples comentaristas y medios informativos nacionales han seguido denunciando el supuesto secuestro, y algunos llegaron a reclamar acciones militares.

Sin duda hubo un incidente desagradable y peligroso, una actitud agresiva ante la cual la Cancillería nacional procedió con altura y ponderación, tramitando la correspondiente protesta y pidiendo las necesarias garantías, en un lenguaje diplomático evadiendo echar combustible sobre las pasiones bilaterales.

Lo del supuesto asentamiento de inmigrantes haitianos por parte de una entidad canadiense es absolutamente falso, como ha documentado el regidor reformista Juan Arismendy Medina, quien preside la Fundación Samaritana, responsable de haber construido unas 1,500 modestas viviendas escuelas y consultorios médicos en diez comunidades de extrema pobreza en ese municipio del que fuera síndico 1986-90.

El munícipe testimonió por Teleantillas, que todo comenzó en 1988 cuando un potentado empresario canadiense, que vino de turista, chocó con la extrema pobreza y se acercó a la Asamblea de Iglesia Cristiana de la que el señor Medina era animador. Otros contribuyentes canadienses se sumarían posteriormente a una obra de carácter humanitario. Fue aprobada por autoridades nacionales e incentivada por personas sensibles como el recordado Freddy Beras Goico. Reportajes en periódicos nacionales como el Listín Diario, y el canadiense Toronto Star dieron cuenta de la humanitaria renovación de bateyes y parajes abandonados tras el cierre del Ingenio Montellano. Algunas de las entregas de viviendas han sido reproducidas en Teleantillas y en periódicos digitales y en Youtube.

Como en todas las zonas cañeras del país, la decadencia de la industria azucarera dejó en la miseria y el mayor abandono a ciudadanos dominicanos, haitianos y dominico-haitianos. De las tres categorías han sido beneficiarios de las viviendas con costo promedio de 4 mil dólares.

Reportajes televisivos han mostrado que se trata de personas residentes en esos lugares por décadas, muchos de ellos mostrando sus cédulas de identidad, tarjetas del programa oficial Solidaridad y de Senasa.

No hay dudas que también se dieron viviendas a inmigrantes haitianos, pero de los que han trabajado y vivido allí por décadas y sus descendientes, al igual que ha ocurrido en los mínimos proyectos que en el pasado desarrolló en algunos bateyes el Consejo Estatal del Azúcar, y muy recientemente el Consorcio Vicini, que ha invertido muchos millones de pesos para mejorar el rostro de los residentes en sus bateyes.

Por suerte las máximas autoridades nacionales han actuado con responsabilidad y no se han dejado arrastrar por los promotores de la confrontación. El vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, habló con admirable inteligencia y serenidad llamando a la ponderación, especialmente a los responsables de la información y la orientación. Toman en cuenta la delicada situación política e institucional por la que atraviesa Haití, cuyo agravamiento en nada beneficiaría al país, al control migratorio, ni a los cada vez mayores intereses económicos de empresarios dominicanos, exportadores y constructores.-

El PRD en su eterno laberinto

Por Juan Bolívar Díaz
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Es relevante que el Partido Revolucionario Dominicano  haya arribado al año de los comicios presidenciales sin superar los traumas de la elección hace más de diez meses de un candidato que, por demás, desde entonces ha encabezado las encuestas de mayor credibilidad.

El espectáculo perredeísta, sin precedente, resalta la debilidad de la institucionalidad democrática, ahora sin un arbitraje capaz de hacer cumplir las normas y conciliar las diferencias entre los actores individuales en aras del interés colectivo.

Increíble pero cierto.  Los conflictos internos son parte de la historia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) desde su fundación durante el exilio antitrujillista hace 73 años, incluida su primera convención eleccionaria en el país en 1962 -que hubo que repetir-, pero nadie creía que fueran capaces de iniciar el año de la elección presidencial sin superar los traumas dejados por la escogencia de su candidato presidencial, más de diez meses atrás.

El PRD aparece secuestrado por un presidente que prefiere la derrota de su candidato presidencial, sin que ningún organismo ni grupo se proponga pedir cuentas, y un candidato presidencial confiado en sus propias fuerzas, sin ponderar suficientemente el impacto del conflicto en una sociedad cada vez más conservadora y resignada.

Ni la tregua de las navidades ni la llegada de un año nuevo, tiempo en que la impetuosidad caribeña de los dominicanos impone algunas reconciliaciones, fue suficiente para que el perredeísmo aterrizara a la realidad de que dentro de  cuatro meses y días se escogerá un nuevo Gobierno. Ellos parecen estar por encima del sentimiento de la sociedad, incluso de cuantos aspiran a un relevo del desgastado equipo gubernamental.

Una simple expresión del candidato, Hipólito Mejía, más resignado que ofensivo, diciendo que el tiempo juzgará la ausencia del presidente del partido de la campaña electoral, fue suficiente para que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado respondiera con una extensa expresión de resentimientos, anticipando  venganza por lo que entiende fueron falta de apoyo y coherencia de la dirección del partido y su ahora candidato, cuando a él le tocó encarnar la candidatura presidencial en el 2008 y en los comicios legislativos y municipales del 2010.

Miguel debió renunciar.  Independientemente de las razones que pudiera tener en la extensión de su diferendo con Hipólito Mejía, Vargas Maldonado sigue apareciendo como el bandido de la película, porque cuando el 6 de marzo perdió la elección primaria, hace más de diez meses, debió renunciar a la presidencia del partido para guardar coherencia  con sus propios planteamientos y con lo normal en el mundo democrático si no se cree en las virtudes del elegido.

Cuando asumió la presidencia del PRD en 2009, en lo que pareció un amplio consenso, Vargas hizo modificar sus estatutos para establecer que quien fuera el candidato presidencial debe a la vez presidir el partido, contradiciendo un historial de repartición de cargos que prevaleció aún bajo los fuertes liderazgos de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Pero Vargas no sólo ha evadido el cumplimiento de los estatutos partidarios, sino que se ha proclamado depositario de “la institucionalidad”, sin rendirse ante el hecho indiscutible de que la militancia escogió un candidato con la expectativa de ganar las elecciones de mayo próximo.

Aún cuando casi todo el “estado mayor” que lo acompañó en la búsqueda de la candidatura ha respaldado la elección partidaria, todavía esta semana  persistió en no reconocer la realidad e insistió en que “pese a documentar las serias irregularidades de la convención prefirió sacrificarse antes que dividir el partido y que por eso declinó” su candidatura y juramentó al candidato.

Vargas respondió la queja de Mejía de que todavía no ha recibido un peso del PRD para su campaña, diciendo que entregó 4 millones de pesos para el acto de proclamación del candidato en mayo pasado, una ínfima proporción de unos 150 millones de pesos que el PRD debió recibir del Estado en el 2011, de un financiamiento del 0.25 por ciento de los ingresos nacionales (en años no electorales), cuyo 80 por ciento se reparte entre los tres partidos mayoritarios.

Aferrado a una “posición institucional”, tan individual como cuando en el 2009 firmó el pacto por las Reformas Constitucionales con el presidente Leonel Fernández, sin previamente presentarlo a ningún organismo partidario cuando ni siquiera presidía el PRD, Vargas Maldonado persiste en rechazar toda disensión del ahora candidato Hipólito Mejía en la Junta Central Electoral,  en la elección de los jueces de las altas cortes o en la Liga Municipal Dominicana.

Tres opciones a escoger.  Para cualquier analista resulta obvio que la resistencia de Vargas Maldonado implica serios riesgos para las posibilidades electorales de su partido, sobre todo en la medida en que el peledeísmo gobernante ha venido superando sus propias contradicciones, nucleándose en torno a su candidato Danilo Medina, cada día con mayor apoyo del presidente de la nación y líder del partido, con todo lo que eso implica. Mejía y el PRD tienen tres opciones. La primera es seguir dando largas al Caballo de Troya llamado Miguel Vargas, partiendo de la convicción de que proseguirá su desgaste y podrían ganar sin su apoyo, con el riesgo de incentivar el ruido y las tentaciones transfuguistas de algunos fieles que todavía pululan en torno al chantaje político.

La segunda opción es radical y parece tener pocos adeptos por el escándalo que conllevaría: convocar a los organismos del PRD para ajustar cuentas con Vargas Maldonado. Cualquier brote de anarquía o violencia tendría repercusiones negativas en el posicionamiento de la candidatura perredeísta.

La opción que resultaría menos riesgosa ya a cuatro meses de las elecciones es realizar los máximos esfuerzos por reducir el potencial dañino de Vargas  Maldonado, haciéndolo responsable del futuro colectivo, en lo que podrían jugar un papel protagónico los que integraron su “estado mayor” y que ahora están incorporados a la campaña electoral de su partido.

Con economía de riesgos para el candidato presidencial, pero con su apoyo, los que encumbraron al presidente del PRD son los que pueden conminarlo a reconocer la realidad y actuar en consecuencia, aún pensando en su propio futuro político.

Lo lógico fuera que lo hicieran los organismos partidarios, pero esos hace tiempo que son inoperantes. El Comité Político tiene nueve meses sin reunirse y el Comité Ejecutivo Nacional más de un año, como si nada estuviera pasando en un partido que aspira a gobernar el país.

Mientras tanto, es obvio que el año no ha comenzado bien para las posibilidades del Partido Revolucinario Dominicano, pese al desgaste del Partido de la Liberción Dominicana gobernante.

Sobreestimación de Hipólito

El haber encabezado las preferencias electorales, con cerca del 50 por ciento en las encuestas de mayor credibilidad, como en las dos últimas Gallup-HOY y aun más de la mitad en la Penn and Schoen-Berland, pudo haber determinado que Hipólito Mejía llegara al 2012 sin realizar mayor esfuerzo por resolver el diferendo con el presidente del partido.

Pudo haber sido un error subestimar el daño que podía hacerle la resistencia de Vargas Maldonado, que incentivada por el inmenso aparato propagandístico del Gobierno y su partido, afecta la credibilidad del perredeísmo en los sectores sociales altos y medio-altos, donde el miedo a la “anarquía perredeísta” se sobrepone a los temores del continuismo del PLD.

El desconcierto perredeísta es rechazado también en segmentos medios insatisfechos con la actual gestión gubernamental, que aspiran a un orden democrático y al fortalecimiento de la institucionalidad partidista y del Estado. Estos segmentos tienen mucha capacidad para reproducir sus opiniones e influir sobre el electorado y muestran su decepción ante la incapacidad del PRD para encarnar una real alternativa de orden y fortalecimiento institucional.

Es cierto que el partido gobernante también muestra serias debilidades institucionales, donde sus organismos ya no deciden nada, pero el liderazgo del presidente Fernández encarna atributos predominantes en la pobre cultura democrática nacional.