La crisis no es sólo judicial, también del sistema político

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La declaración del miércoles 8 del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Poder Judicial, Mariano Germán, es una expresión de la profunda crisis generada por el secuestro de ese estamento del Estado, de la crisis del sistema político y de la intensa lucha en el seno del partido gobernante de cara a las elecciones generales del próximo año.

Pretendiendo defender procedimientos, el más alto funcionario judicial enjuició y condenó personalmente al Procurador General de la República (PGR) Francisco Domínguez Brito y de paso estigmatizó a los amplios sectores sociales y políticos que expresan alarma por el nivel de impunidad y la complicidad con la corrupción.

No una simple reacción. Para contextualizar y analizar la declaración del doctor Mariano Germán, hay que advertir que fue previamente escrita y posteriormente distribuida a los medios informativos, lo que hace inexplicable que personalizara un conflicto inexistente entre él y el procurador Domínguez con términos descalificativos, impropios de quien por su investidura debe ser ejemplo de ponderación y serenidad.

Desde el inicio Germán monta un entramado para impugnar a Domínguez, al plantear que quienes ocupan altos puestos judiciales “sólo alcanzan niveles aceptables de éxito, si tienen fe, conocimiento y madurez, expresada esta última en actos de prudencia y sabiduría”. Sostiene que “Sólo quien no tiene fe en ella (la justicia) es capaz de ocasionarle daños, como lo ha hecho el Procurador General”. Sube de tono al sostener que el PGR “ha llegado al extremo de llamar a una desobediencia civil contra el Poder Judicial”, lo acusa de promover “el exacerbamiento social”, y concluye en que su actitud “ha sido inmadura, irreflexiva, irrespetuosa y propia del populismo judicial que lo caracteriza”.

Una gran oportunidad perdida

Por Juan Bolívar Díaz
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 Cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se inclinó reverente ante el presidente Leonel Fernández, entonces en verdadero aprieto por el nunca esclarecido escándalo de los bonos por 130 millones de dólares entregados a la empresa Sun Land, se frustró y empezó a revertirse el más significativo esfuerzo de la sociedad dominicana por institucionalizar la justicia y dar plena vigencia al Poder Judicial.

 Fue obvio para todos que la mayoría de los integrantes de esa corte se rindió ante las presiones del Poder Ejecutivo en la persona del presidente Leonel Fernández, quien había violentado el orden constitucional al autorizar un endeudamiento internacional sin la aprobación del Congreso Nacional. Con la agravante de que el empréstito se hizo clandestinamente, que el dinero no ingresó al Banco Central y que nunca se ha podido documentar convincentemente el destino que se le dio.

 En cualquier país de mediana intensidad democrática, ese escándalo hubiese con- llevado el procesamiento judicial de los responsables y probablemente la pérdida de los cargos que ocupaban. Desde luego que en ninguna nación donde funcionen las instituciones de la democracia podría producirse un fraude tan obvio y de esa magnitud y grosería.

 Para exonerar de responsabilidad al presidente Fernández y a su subalterno Félix Bautista, esa SCJ tuvo que renegar de su propia jurisprudencia, restringiendo la concepción de “parte interesada” que había consagrado y mantenido desde su sentencia del 8 de agosto de 1998 que declaró inconstitucional una limitación legal de la inamovilidad de los jueces, acogiendo una instancia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

En el caso Sun Land, la SCJ declaró inadmisible la instancia de inconstitucionalidad negando esa facultad a un grupo de ciudadanos y al Partido Revolucionario Dominicano que recurrieron en sendos documentos del 15 y 18 de octubre del 2007. Tras más de un año, el 18 de diciembre de 2008, la corte restringió el derecho a los presidentes de las cámaras legislativas en base a la consideración de que solo le correspondía a ellos “siendo una potestad exclusiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados aprobar o no el préstamo a que se contraen las acciones en inconstitucionalidad en cuestión”.

Siempre se había considerado que aquella sentencia constituyó una prevaricación de los jueces supremos de la nación. Pero esta semana el país recibió la confesión del doctor Jorge Subero Isa, quien presidía la SCJ, de que “fue un crespón negro en la toga de los jueces”, que  al expediente Sun Land “se le dio una solución política”.

Es indiscutible que esa Suprema Corte tuvo múltiples realizaciones que implicaron importantes avances al saneamiento e independencia del Poder Judicial. Pero aquella claudicación ante el poder fue un lastre y abrió las puertas al retroceso, auspiciando que tras la reforma constitucional de 2010 el presidente Fernández se considerara sobre el bien y el mal, y constituyera una nueva Suprema Corte a su imagen y conveniencia personal, lo mismo que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, a partir del absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura.

Si hubo una corte que debió ser plenamente independiente del poder político fue la que presidió Subero Isa, entre otras razones porque sus integrantes no le debían el cargo al presidente de turno. Porque su elección fue fruto de un amplio consenso de las fuerzas políticas impulsado por las organizaciones más relevantes de la sociedad civil. Fue una gran oportunidad perdida para afianzar definitivamente la independencia de la justicia y la fortaleza institucional del Poder Judicial y para que ese colectivo judicial se inscribiera en las páginas gloriosas de la historia nacional.

Como tantas veces en la historia de la nación, esos jueces fueron incapaces de jugársela, con tres honorables excepciones, las de las magistradas Ana Rosa Bergés y Eglys Margarita Esmurdoc y el magistrado Julio Aníbal Suárez, a quienes el presidente Fernández cobró su osadía separándolos de la Suprema Corte de Justicia, tras la claudicación colectiva que lo instituyó intocable.

Vergonzoso aval del genocidio civil

Por Juan Bolívar Díaz
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Tuve que leer hasta la última letra la sentencia de los cinco magistrados de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia sobre el recurso de casación interpuesto por uno de los dominicanos descendientes de haitianos a los que se les niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento, para creer que pudieran avalar el genocidio civil que se viene practicando con miles de personas.

 Ese dictamen no sólo es un adefesio jurídico, como sostienen los abogados recurrentes, sino también un acto de extrema inhumanidad que desnacionaliza a miles de personas de todas las edades y las condena a un ghetto sin precedente, en violación a preceptos jurídicos universales como el de la irretroactividad de la ley y la Constitución.

Con el agravante de que remite el caso al escenario internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la nación dominicana volverá a ser condenada.

Con un retraso de tres años y medio, inexcusable en un recurso de amparo sobre un asunto tan fundamental como el derecho a la identidad de un ciudadano, la corte rechaza el recurso de casación interpuesto por Emildo Bueno Oguis, nacido en Villa Altagracia, San Cristóbal, hace más de tres décadas sobre una sentencia del 30 de abril del 2008 del entonces denominado Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, que había avalado la decisión de la oficialía del Estado Civil de negarle la expedición de copia de su acta de nacimiento, atendiendo a una simple circular administrativa de la Junta Central Electoral.

 Irónicamente el dictamen encuentra al impetrante Bueno Oguis residiendo legalmente en los Estados Unidos, amparado en el pasaporte que legítimamente había obtenido con su documentación de dominicano.

Al parecer encontró más humanidad en las autoridades inmigratorias norteamericanas que le proporcionaron la residencia en base al pasaporte, ya que le resultó imposible presentar copia de su acta de nacimiento, para que pudiera reunirse con su familia.

 Para comprender la dimensión del abuso debe saberse que Bueno Oguis había obtenido copias de su acta de nacimiento una docena de veces para inscribirse en la educación primaria, secundaria y universitaria, para sacar su cédula personal de identidad y su pasaporte, para casarse y para otros actos legítimos de cualquier ciudadano.

Como él decenas de miles de descendientes de haitianos,  cuya inscripción como dominicanos era común pues se entendía que estaban amparados por la Constitución vigente y hasta por la ley de migración y su reglamento.

 Era tan obvio que esos actos del Estado Civil eran legítimos, que quienes en las últimas dos décadas empezaron a cuestionarlos, promovieron y consiguieron en el 2004 una modificación de la Ley de Migración para limitar el acceso a la nacionalidad de los descendientes de inmigrantes ilegales aunque nacieran en el país.

 Lo mismo restringieron el precepto del jus soli en la Constitución proclamada en enero del año pasado.

 Produce consternación la lectura de esa sentencia, donde los jueces supremos no aportan un solo argumento propio en una materia tan fundamental, limitándose a repetir los del Tribunal contencioso, avalando una aplicación retroactiva de la nueva ley de migración y de la Constitución del 2010 y evadiendo responder a cuatro de los cinco alegatos del recurso de  casación, como explicó por Teleantillas el reputado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, abogado de Bueno Oguis.

 Nadie ha negado que la Junta Central Electoral tenga facultad para adoptar decisiones en materia de su incumbencia ni para emitir circulares, como avala la sentencia.

Lo que se objeta es que asuma facultades que corresponden a los tribunales, como establece el artículo 31 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil.

Esta sentencia abre las puertas de par en par para que los afectados recurran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya en el 2005 dictaminó disponiendo la inscripción de dos niñas descendientes de haitianos proclamando que los hijos no pueden heredar la ilegalidad de sus padres.

Con más razón en casos como el de Bueno Oguis con décadas de inscrito. Sólo nos esperan nuevas condenas y escarnios internacionales.

Retos para Leonel en este último año

Por Juan Bolívar Díaz

El Presidente Leonel Fernández ha iniciado el último año de su tercer período gubernamental con importantes retos económicos, institucionales y políticos, entre los que resaltan garantizar un proceso electoral democrático y mantener la estabilidad macroeconómica en medio de graves turbulencias nacionales e internacionales.

Sea que pueda o no retornar al poder, como partidarios y antagonistas le atribuyen, cuando concluya su actual gestión Fernández será el único mandatario dominicano y latinoamericano que habrá agotado tres períodos de gobierno mediante elecciones libres y formalidades democráticas.

Un año fundamental

Este octavo año de gobierno consecutivo y duodécimo en dos etapas, que inició Leonel Fernández el 16 de agosto será fundamental para el balance de su gestión, que todavía podría mejorar en aspectos donde se concentran las insatisfacciones y críticas o proseguir en la pendiente enjabonada que lo ha llevado a perder parte del amplio apoyo popular que le acompañó en los primeros tramos.

Estos próximos meses serán los más difíciles no sólo por el desgaste de su gobierno y liderazgo, sino también por el escenario de incertidumbres económicas internacionales de indudables repercusiones en el país, y por la acumulación de déficits fiscales y de balanza de pago, así como por el agotamiento y el peso del endeudamiento en que se ha fundamentado la estabilidad macroeconómica de los últimos 8 años.

El panorama es visto con pesimismo en los más diversos sectores sociales, donde se teme que el presidente vuelva a desbordar el gasto público en la próxima campaña electoral, como lo hizo en las del 2008 y 2010, ya sea por esforzarse en apoyar la candidatura de su partido, o concluir obras y repartos para abonar el camino de retorno al poder para el 2016, como esperan sus más fervorosos partidarios y le atribuyen sus opositores.

Para mantener la estabilidad macroeconómica, que es la mayor prenda de su doble período de gobierno, sin dejar una bomba de tiempo a su sucesor en medio de la crisis económica, Fernández tiene que atenerse a los límites establecidos en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, independientemente del interés político.

 Por otro lado el mandatario está desafiado a apoyar institucionalmente la candidatura de su partido, más allá de su interés en perpetuarse en su liderazgo, pero también a garantizar un proceso electoral libre, equitativo y democrático, sin el abuso de los recursos del Estado de que se le acusó en las tres últimas elecciones generales.

Luces y sombras

Hay unanimidad en que el mayor éxito de la gestión de Fernández ha sido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, aunque no se ha traducido en empleo de calidad ni en reducción de la pobreza, sino más bien en mantenimiento de la misma con programas asistencialistas que no inciden en desarrollo humano. Ese crecimiento es de poca sostenibilidad al fundarse en un enorme endeudamiento ya cercano al 40 por ciento del producto bruto. El presupuesto del 2010 se sustentó en financiamiento externo e interno por 121 mil 700 millones de pesos, y en el 2011 por 97 mil 200 millones de pesos.

Los ingresos nacionales sólo alcanzan para el gasto corriente. Y el déficit de la  cuenta corriente de la balanza de pagos fue el año pasado de más de 4 mil 400 millones de dólares, que este año se acercaría a los 5 mil millones, con políticas económicas que promueven más la importación que la producción y las exportaciones nacionales.

Esta gestión gubernamental podrá reivindicar una significativa cantidad de obras materiales, especialmente viales, como dos líneas de metro, elevados, puentes, extensiones universitarias y hospitales, aunque con excesiva concentración de la inversión pública en la capital y su entorno. También la promoción de importantes reformas jurídicas, constitucionales e institucionales, pero con muy limitado cumplimiento de las mismas, cuando no abierta violación.

Las mayores sombras se registran en la escasa inversión en educación, salud y real combate a la pobreza, corrupción sin límites, malversación y boato, inseguridad derivada de todo género de delincuencia, especialmente del narcotráfico, fracaso en superar la crisis energética, fomento del clientelismo y el rentismo como fundamento de la política y desprecio por los reclamos de la comunidad y la opinión pública. Se imputa al doctor Fernández haber cambiado el ideario de Juan Bosch por el de Joaquín Balaguer, como forma de prolongarse enel poder.

Quedan oportunidades

Es cada vez más generalizada la convicción de que la magia del discurso del doctor Fernández ha perdido poder de convicción, desgastada por las promesas incumplidas y el cúmulo de insatisfacciones económicas y sociales, las cuales tuvieron expresión en el paro general del mes pasado.

La imagen presidencial quedó deformada por los intentos de casi un año por abrir una brecha para colar otra repostulación presidencial en contradicción con la flamante Constitución del 2010, así como por los viajes mensuales del presidente por todas partes del mundo  exterior con amplias comitivas y excesiva vanidad, hasta el grado de la sobreestimación.Por más esfuerzos que se hagan

las insatisfacciones derivadas de los problemas estructurales ya no tienen remedio en un año, pero el presidente tendría oportunidad de recuperarse al menos parcialmente reconociendo la necesidad de mayor inversión en educación para el presupuesto del 2012, dando muestras efectivas de combate a la corrupción, con austeridad en el gasto público y esfuerzos visibles por la transparencia y el cumplimiento de las normas de compras y contrataciones.

Las mayores oportunidades estarían en el ámbito de lo institucional y democrático, creando un clima de civilizada competencia electoral, con absoluta prohibición de abusar de los recursos del Estado en la campaña electoral, y procediendo a una elección satisfactoria de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.

Una gran contribución del presidente Fernández sería concluir la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo que lleva tres años de procesamiento y auspiciar la aprobación de la ley de partidos políticos y las reformas pendientes a la ley electoral, para todo lo cual es imprescindible un clima de entendimiento y concertación por lo menos con todo el sistema político partidista.

Un año puede alcanzar para contener el deterioro y el desgaste de 11 años de gobierno, y hasta para lograr alguna revocación, pero con políticas innovadoras que respondan a las demandas insatisfechas, no con demagogia como la del reciente mitin político de Gualey.

El gran éxito de Leonel

Al margen de que pueda o no retornar al poder en el futuro, el presidente Leonel Fernández puede terminar sus 12 años de gobierno con un gran éxito personal, ya que será el único en la historia dominicana y latinoamericana que haya logrado tres períodos de gobierno bajo formalidades democráticas, tanto en su elección como en la gestión.

En agosto del 2012, antes de cumplir 59 años de edad, Fernández Reyna se habrá inscrito en la historia nacional como el de más prolongado ejercicio democrático. Estará entre los siete gobernantes que han presidido la nación en dos terceras partes de sus 168 años y compartirá con Joaquín Balaguer el dominio, también de dos terceras partes, de los 50 años del período post Trujillo.

Las dos peores dictaduras de la historia nacional, las de Rafael Trujillo y Ulises Hereaux (Lilís) se extendieron por 31 y 14 años, para un total de 45. La cuasi dictadura de Joaquín Balaguer, agotó 22 años con 6 elecciones casi todas no democráticas y períodos de eclipse de las libertades fundamentales, lo mismo que los 13 años de Buenaventura Báez en cuatro períodos, los 12 de Pedro Santana y 8 de Horacio Vásquez, también en 3 etapas. Con los 12 de Fernández, serán 112 años de gobierno republicano, justo el 68 por ciento.

Como a ningún otro al líder del PLD le ha tocado gobernar con pluralidad de partidos, con amplia libertad de información y opinión a través de una inmensa red de  medios de comunicación, e incluso durante 6 años sin tener el control del Congreso Nacional, y con el Poder Judicial en la etapa más independiente de la historia nacional.

La repetición de gobernantes con pluralidad de períodos es de los factores por los que muchos no se atreven a afirmar que éste será el último del doctor Fernández, de cuya formación y herencia política se esperaba un mayor afianzamiento del proceso democrático, y más impulso al desarrollo humano, pero ha reproducido las políticas de siembra de cemento, de cultivo del clientelismo y de la corrupción en que se fundaron  los prolongados regímenes de Trujillo y Balaguer.

El fallo de la Suprema Corte

Por Juan Bolívar Díaz

Debo comenzar confesando mi pena y preocupación por la pobreza de la generalidad de los planteamientos formulados en torno a la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la constitucionalidad de la Ley de Migración. He echado de manos las opiniones de preclaros juristas y constitucionalistas dominicanos.

Comprendo que no quieran salir de su tranquilidad a enfrentar los insultos y calificativos que caracterizan las opiniones radiofónicas, televisivas, de Internet y periódicos de una mayoría -hay que reconocerlo- guiada por la emotividad y los prejuicios, incapaz de los mas elementales raciocinios, ya sean jurídicos, humanos o morales.

Entre las contadas reacciones jurídicas al fallo de la SCJ, hasta ahora la más completa y bien estructurada proviene de dos jóvenes abogados Ramón Emilio Núñez y Nassef Perdomo Cordero, a nombre del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), que ellos dirigen. No pretenden el monopolio de ninguna Biblia jurídica, y tal vez por ello argumentan y citan jurisprudencias.

Debo advertir que también he escuchado opiniones de reconocidos juristas dominicanos, quienes concuerdan en que el dictamen de la SCJ es penosamente político, hecho para complacer una corriente de opinión nacionalista, aunque para ello haya tenido que retorcer principios constitucionales e ignorar el muy reciente fallo de la Corte Interamericana de Justicia, la cual proclamó que la ilegalidad de los padres no puede ser heredada por los hijos.

El análisis del ICED llega a las siguientes conclusiones sobre el dictamen de la SCJ:

Reconoce al Congreso la facultad (inexistente e inconstitucional) de decidir por vía legislativa el contenido de la Constitución, lo que representa un peligro para la seguridad jurídica y para la idea misma de la supremacía constitucional;

Aplica directamente en el país la constitución haitiana, con el consiguiente debilitamiento de la capacidad normativa de nuestra propia Constitución;

Confunde las categorías relativas a la migración, llegando incluso a cubrir legalmente la inmigración ilegal;

Desconoce el derecho de miles de niños a que se les reconozca la nacionalidad dominicana que constitucionalmente les corresponde;

Deja el problema jurídicamente más confuso de lo que lo encontró.

La esencia del asunto es que un grupo de instituciones sociales, no solo las integradas legítimamente por personas de ascendencia haitiana, como se quiere plantear para descalificarlo, sino también otras como la Comisión Jurídica de la Conferencia del Episcopado Dominicano, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, apelaron a la SCJ para que dijera si era constitucionales varios artículos de la Ley de Migración del 2004.

Fundamentalmente el párrafo 10 del articulo 36 el cual plantea que “Los no residentes son considerados personas en Tránsito, para los efectos de aplicación del Articulo 11 de la Constitución de la República”.

El ICED plantea que el Congreso carece de facultad para interpretar la Constitución, que la misma corresponde “exclusivamente” a la SCJ en virtud del articulo 67.1 de la carta magna, que es lo que hace al equiparar la categoría de los no residentes con las personas en tránsito, superando el texto constitucional.

La categoría persona en tránsito es legal y al que ingresa al país sin permiso se le considera ilegal, pero una interpretación arbitraria los equipara, sobrepasando el ámbito de lo migratorio para meterse en el de la regulación de la nacionalidad, que ya lo hizo con precisión la Constitución en su artículo 11.1.

De acuerdo con la interpretación de la legislación, ahora avalada por el máximo tribunal nacional, el acto de ingresar ilegalmente al país, es contagiado de padres a hijos. La constitución establece que es el nacimiento lo que determina la nacionalidad. El dictamen es contrario y atribuye a un recién nacido un segundo pecado original (el primero esta en la ortodoxia cristiana): llega a este mundo con un sello de ilegal.

Al equiparar la categoría de inmigrante ilegal con la de transeúnte, que es legal, la SCJ parece haber legalizado a todos los que entren al país sin documentación.

Dejo a los juristas establecer las consecuencias para la nación del hecho de que la SCJ desconoce el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con una sentencia localista para resolver un problema coyuntural al estilo dominicano. Reitero lo que escribí a raíz del dictamen de la CIDH, que solo una reforma constitucional resuelve el problema, cambiando el principio del jus soli. Aunque de ninguna forma podría ser retroactivo.