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RD:CRECIMIENTO ECONÓMICO excluyente durante 60 años

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
10_01_2016 HOY_DOMINGO_100116_ El País13 A

Con un crecimiento económico del 7 por ciento en el 2015, certificado esta semana por el gobernador del Banco Central (BC), el país lideró el continente y alcanzó a India y China, pero fundado en un insostenible endeudamiento estatal, que acaparó gran proporción del ahorro nacional, en detrimento de los sectores productivos.

Son ya 60 años de crecimiento económico del país, concentrado y excluyente, con niveles salariales de absoluta pobreza, como reconoció el gobernador Héctor Valdez Albizu, y basado en la construcción estatal de alta rentabilidad política en una sociedad de bajos niveles educativos y de conciencia sobre derechos.

Calidad del crecimiento. Escrito antes del informe del BC, la página de los jueves del financista Alejandro Fernández, Argentarium, de esta semana, desmonta la calidad del crecimiento económico dominicano, al analizar cómo se distribuyó el ahorro nacional durante el 2015. Para preguntar “¿qué economía es la que tenemos, donde el crédito a los tres sectores productivos fundamentales de la economía solo recibe RD$4.3 mil millones del ahorro nacional en todo un año?”.

Fernández contrasta que para consumos, vehículos y viviendas el financiamiento nacional fuera 12 veces mayor, RD$50.9 mil millones, y para financiar las operaciones del Gobierno y del mismo BC se destinaron nada menos que RD$83.2 mil millones, para concluir en que el sector productivo apenas alcanzó el 5 por ciento del ahorro nacional, con el sector agropecuario cayendo en casi tres mil millones de pesos, profundizándose el desequilibrio en relación a los años anteriores. Que en el 2015 el financiamiento al Gobierno aumentó 90 por ciento, mientras el privado solo 12 por ciento, cuando agricultores e industriales fueron afectados por sequía y restricciones comerciales.

En otras palabras, que el crecimiento no está fundamentado en la producción nacional, sino en una inversión pública financiada por endeudamiento, mismo que llevó ya la deuda del sector público no financiero a casi 24 mil millones de dólares, sin contabilizar la oculta, y a unos 35 mil millones de dólares la consolidada del Estado, incluyendo la del BC, que ronda los 10 mil millones de dólares. Ya Participación Ciudadana ha documentado que en el 2015 montó los 3,700 millones de dólares, y que para este año podría llegar a cinco mil millones.

Gran iniquidad salarial. Por segunda vez en menos de seis meses, el gobernador Valdez Albizu ha llamado la atención sobre la inequidad e iniquidad de los salarios en un país que registra tan alto crecimiento económico, lo que reactualiza la pregunta de para quién. Y esta vez fue más dramático al plantear que “la única forma de derramar el crecimiento es mejorando los salarios. Lo he planteado en más de 20 ocasiones, y me han mandado a callar la boca, de todos los lados”.

Las cuentas del BC revelan que los salarios mínimos nacionales no alcanzan, -ni siquiera en las grandes empresas- para cubrir el costo de la canasta básica del quintil más bajo de la sociedad, es decir del más pobre, que se calcula en 13 mil 22 pesos. El mayor salario mínimo es de 12,873, pero el de las medianas empresas es de 8,850 y en las pequeñas 7,843. En el Gobierno el mínimo apenas llega a 5,117, para un promedio nacional del salario mínimo de 7,500 pesos. Representa solo el 58 por ciento del costo de la canasta básica inferior y el 27 por ciento del costo promedio de la canasta familiar nacional promedio.

Es relevante que dos de los sectores productivos mayores en ingresos de divisas y empleos, como el turístico y zonas francas, mantengan salarios mínimos de RD$8,040 y 7,220 pesos, lo que condena a largas jornadas laborales o doble empleo para que gran proporción de sus empleados puedan cubrir el costo de la canasta de los más pobres.

Pero no se crea que la inequidad afecta solo a los salarios mínimos, es que el 85 por ciento de los asalariados formales dominicanos no alcanzan a cubrir los 28,221 pesos del costo promedio de la canasta familiar, y más del 60 por ciento no se topan con lo necesario para pagar la canasta familiar del segundo quintil más bajo, calculada por el BC en 18 mil 128 pesos.
60 años de concentración

Fue en el 2005 que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo documentó que la República Dominicana era uno de los países de más alto y sostenido crecimiento económico del mundo durante el último medio siglo, pero al mismo tiempo el que “más ha desaprovechado el crecimiento para traducirlo en desarrollo humano”. Pues ha pasado otra década y van 60 años sin que las políticas públicas y la inversión empresarial hayan generado mayor equidad.

El crecimiento del PIB en RD durante la última década promedia entre sobre 5 por ciento, más 6 entre 2005 y 2007, para caer al 3 y 1 en 2008-09, repuntando al 8.3 en el 2010. Se redujo de nuevo a 2.8 y 2,6 en 2011-12 y repunta al 4.8, 7.3 y 7 por ciento en los últimos tres años. En el período las grandes economías del mundo han volado bajo. En el 2015 Estados unidos crece 2 por ciento y Alemania poco más del uno por ciento. Japón lucha por salir de la recesión lo mismo que el conjunto de la Unión Europea.

Responsabilidad política. Lo que agrava la iniquidad en el país es la miseria de las políticas sociales, que derraman boronas en subsidios que apenas alcanzan para estabilizar la pobreza, concentrando la inversión en edificaciones y vías públicas que benefician básicamente a los sectores altos y medios y son caldos de cultivo de la corrupción para el enriquecimiento rápido. Las deficiencias de la inversión en los servicios de salud, educación, energía, transporte, vivienda, agua potable, seguridad y salarios públicos son factores fundamentales de mantenimiento de la inequidad social.

Las carencias educativas de las mayorías, que incluyen la ignorancia sobre lo que son los derechos humanos y el desarrollo, han permitido que los gobernantes mantengan políticas de inversión faraónica, exhibibles a corto plazo, como forma de mantener el poder y adquirir aureola de grandes constructores. Por ello la nación sigue ocupando los más bajos escalones en las evaluaciones de la competitividad internacional de transparencia y pulcritud administrativa, así como en los índices de desarrollo humano.

Alcanza a India y China

El 7 por ciento del crecimiento económico del 2015 es el mayor del continente y de los más altos del mundo, al nivel de India y China, las economías de mayor auge en la última década, aunque en progresiva reducción, que el año pasado apenas alcanzaron esa cifra. Solo países de poco peso mundial sobrepasaron el 8 por ciento, como Papúa Nueva Guinea (líder con 19), Turkmenistán, Etiopía y Myanmar sobre el 8 por ciento.

Fue positivo que tal crecimiento dominicano se alcanzó con inflación menor del 3 por ciento y relativa estabilidad cambiaria, con elevación de las reservas líquidas de divisas reducción del déficit de cuenta corriente, gracias a una disminución de 1,300 millones de dólares fruto de la caída de los precios del petróleo.

Lo negativo es que ese nivel de crecimiento no fue determinado por los sectores productivos y generadoras de más empleo, como el manufacturero y el agropecuario, con 5 por ciento o menos, con caída del 13 por ciento en las exportaciones, sino básicamente por la inversión pública derivada de un financiamiento de unos 3 mil 700 millones de dólares que impulsaron la construcción en 18 por ciento, el comercio y la intermediación financiera en 9 y la enseñanza en 8.6 por ciento.

El informe presentado por Valdez Albizu no incluyó el crecimiento del endeudamiento público, ni el del Banco Central, al cual el Gobierno no entregó los intereses que dispone la ley de recapitalización de esa entidad, ni se refirió al déficit fiscal, que nuevamente sobrepasó los 80 mil millones de pesos, sin que se pueda precisar por los atrasos del Gobierno en pagar a los suplidores de energía, de bienes y servicios, a los contratistas de obras y hasta de la alimentación escolar.

La inequidad de los salarios

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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En las últimas semanas ha cobrado nuevos impulsos la vieja demanda nacional de revisar las escalas salariales que mantienen una enorme inequidad, que deviene en iniquidad, en la distribución del ingreso manifiesta en los salarios que percibe el 43 por ciento de los empleados formales dominicanos, de los cuales el 80 por ciento no alcanza el costo promedio de la canasta familiar, estimado en 21 mil 905 pesos, ni sobrepasan el límite de la pobreza estimado en 21 mil 493 pesos.

La inequidad es mayor en el sector público, donde el 45 por ciento de los 575 mil empleados estatales percibe el sueldo mínimo de 5 mil 117 pesos, lo mismo que el 82 por ciento de los pensionados del Estado sometidos a la indigencia, obligados al pluriempleo y empujados al picoteo y peores formas de degradación humana y corrupción.

El presidente Danilo Medina se ha inscrito relevantemente entre quienes estiman que el salario debe ser elevado, aunque su ministro de Industria y Comercio resaltó esta semana las “favorables condiciones” del salario nacional para la inversión extranjera. El mandatario ha llegado a proclamar que nadie puede vivir con 10 mil pesos mensuales, suma que duplica el mínimo estatal. El gobernador del Banco Central, legisladores y funcionarios se han sumado a los pronunciamientos en pro de la equidad salarial.

En el Estado la situación llega a extremos de iniquidad, ya que hay un enorme desorden, con funcionarios con sueldos y pensiones equivalentes hasta a 200 salarios mínimos. En los organismos autónomos y descentralizados son centenares los que ganan más que el Presidente de la República.

En el sector privado la inequidad es también grave. El economista Luis Vargas, un consultor del sector público y del privado, sostiene que de cada 100 pesos que produce el trabajo sólo 25 van a los empleados y 75 quedan en manos de los empleadores, cuando en el año 2000 las proporciones eran inversas. Desde luego, habrá que establecer la proporción que se abona a unos costos de producción agravados por la ineficiencia y precio de la electricidad y los impuestos a los combustibles, para sólo citar dos factores.

Como era de esperarse, estos pronunciamientos han incentivado a las centrales sindicales, las cuales esta semana emplazaron al director general de salarios a convocar el Comité Nacional de Salarios para revisar las escalas salariales, con una solicitud de incremento del 30 por ciento.

No hay dudas que el salario requiere una significativa revaloración, que supere la reposición de la inflación anual para que alguna vez se traduzca en mejoría de las condiciones de vida de los asalariados, pero no sólo en el sector privado sino también en el público.

Esa justicia pendiente obliga a una revisión profunda y conduce inexorablemente al pacto fiscal que dispuso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que enarboló el presidente Medina en su discurso inaugural. Será fundamental para determinar de dónde saldrán los recursos para la justicia salarial del Estado y cómo se amortiguará el costo para una buena proporción de las empresas.

Puede resultar peligroso que la demagogia alimente expectativas más allá de las razonables, sin abocarse a discutir cómo financiar una mejor distribución del ingreso. Es obvio que el salario mínimo estatal debe llevarse siquiera a los 7 mil pesos que propone el Ministerio de Administración Pública en el proyecto de reglamento de la Ley de Salarios del Sector Estatal, en manos del Poder Ejecutivo desde comienzos del año.

La cuestión es más urgente ahora que está en elaboración el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año. Si es puro aguaje, deberán afrontarse las consecuencias de aquí a los primeros meses del 2015.

 

El milagro nuestro de cada día

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La revisión de los niveles salariales y de las pensiones inducen a creer que la tasa real de pobreza es muy superior al 42 por ciento que estableció la Comisión Económica para América Latina, y que la supervivencia de gran parte de la población dominicana es un verdadero milagro de cada día.

El boletín 43 de la Superintendencia de Pensiones, correspondiente a marzo pasado, indica que el 69.7 por ciento de los afiliados al Sistema Nacional de Seguridad Social tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a dos salarios mínimos nacionales para fines de cotización, establecido en 8 mil 645 pesos. Es decir que ganan hasta 17 mil 290 pesos.

Debe resaltarse que los asegurados son el 43 por ciento de los empleados, los formales, porque el restante 57 por ciento son trabajadores informales, en gran proporción verdaderos chiriperos con ingresos mucho menores. Súmesele la revelación de la Federación de Pensionados de que el 82 por ciento de los 110 mil pensionados que ese organismo paga sólo reciben 5 mil 117 pesos mensuales. Eso sin contar unos 20 mil jubilados municipales con montos de hasta 2 mil pesos.

La situación se torna dramática si se tiene en cuenta que el límite de la pobreza en el país está cifrado en 21 mil 493 pesos y el de la pobreza extrema en 8 mil 883 pesos. También que el costo de la canasta familiar del tercer quintal, que sería el promedio de los cinco, es de 21 mil 905 pesos. Aún el del quintil más pobre asciende a 12 mil 992 pesos, más del doble de lo que reciben la mayoría de los pensionados.

Con esos niveles de ingreso, la mayoría vive en la pobreza y tiene que apelar al pluriempleo, o a una combinación de salario formal e ingreso del chiripeo y de las diversas expresiones de la informalidad. También a la dádiva, a los 2 millones de tarjetas que amortiguan los remordimientos sociales y hasta a la delincuencia.

Cada vez es más frecuente que los dominicanos y dominicanas tengan dos jornadas de trabajo, lo que implica 14 y hasta 16 horas, para redondear ingresos que le permitan cubrir el costo de la canasta familiar básica. Agravado todo por la pésima calidad del transporte público y su lentitud, lo que puede agregar de una a dos horas perdidas en los traslados. La calidad de la vida se desploma estrepitosamente. Y pensar que hace un siglo los trabajadores luchaban por una jornada laboral de ocho horas, lo que costó tanta sangre sudor y lágrimas.

En otras palabras, que romper el umbral de la pobreza conlleva una vida extremadamente sacrificada, con escaso tiempo libre, sometidos a un enorme estrés, con precarias relaciones familiares.

Como el 37 por ciento de los hogares están regidos por una mujer sola y sus ingresos no le permiten siquiera mal comer, los hijos son expulsados muy temprano de la escuela al chiripeo, reproduciendo el círculo de la pobreza de generación en generación.

Esta semana se escuchó a un político en campaña expresar extrañeza por la pobreza que encontraba a su paso. En realidad las élites políticas, como las económicas y sociales, incluyendo las religiosas, viven en la burbuja del progreso urbanístico, tratando de ignorar que las mayorías no reciben ni lo necesario para comer, la mitad de los hogares sin agua potable dentro, gran proporción sin energía eléctrica, sin alcantarillas, en fin, al margen del progreso que se pregona.

Tapándose los ojos y oídos e ignorando la realidad pueden proseguir en el festín del consumismo y el dispendio, robándose de mil formas diferentes lo que corresponde a todos. Por eso cada día necesitarán más guardias, policías y guachimanes para tratar de escapar de la inseguridad generada por tanta inequidad e iniquidad.

 

Por una policía de calidad

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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A pesar de un aumento a partir de este mes que oscila entre 7 y 30 por ciento, los sueldos de la Policía Nacional (PN) siguen distando millas de lo que correspondería para garantizarnos unos agentes del orden y la seguridad en capacidad y disposición de jugarse la vida para defender la de cualquier ciudadano o ciudadana víctima de la delincuencia.

Aún con esos aumentos, los rasos, cabos y sargentos, que deben integrar la mayor parte de los 33 mil miembros de la PN, devengarán entre 7 y 11 mil pesos mensuales, por debajo del sueldo mínimo. De ellos sólo los sargentos mayores alcanzan los 10 mil 407 pesos que cuesta la canasta familiar del quintil de menores ingresos, según las estadísticas del Banco Central. Hay que ascender a coronel para alcanzar un sueldo que cubra el costo promedio de la canasta familiar promedio nacional, que ya en el 2011 era de 23 mil 399 pesos.

El desorden salarial en el Estado es tan absurdo que el Jefe de la PN tiene una remuneración mensual de 81 mil 785 pesos, menos de la mitad de lo que perciben infinidad de viceministros, directores departamentales, técnicos gubernamentales y más de un centenar de regidores de los principales municipios. Ni compararlo con lo que se paga a más de 300 vicecónsules y a decenas de diplomáticos. Los ministros ganan 300 mil pesos, casi cuatro veces lo del jefe policial, como si la responsabilidad de este fuera menor a la de la gran mayoría de los ministros.

Es evidente que un buen régimen salarial y de seguridad social no es suficiente para garantizarnos la policía que demanda esta sociedad, cada vez más fragmentada por dramáticas desigualdades que excluyen cada año a decenas de miles de jóvenes, haciéndolos vulnerables a las tentaciones de la delincuencia. Pero es un elemento fundamental para atraer a ese servicio a jóvenes con vocación social e integridad.

Hace muchos años que venimos abogando por una policía y fuerzas armadas mucho mejor pagadas, sometidas a evaluaciones y vigilancia para evitar que se conviertan, como ocurre cada vez con mayor frecuencia, en socios o participantes activos de bandas delincuenciales.

En vez de 55 mil militares podríamos tener sólo la mitad, y hasta menos, con mejor remuneración, vestuario y alimentación. Los 33 mil policías en nómina no serán excesivos para la demanda de la seguridad, pero la mitad de ellos no prestan servicio público, sino que están como guardianes, mensajeros, choferes, niñeros y guarda espaldas de generales y coroneles retirados, de políticos, funcionarios, empresarios y hasta periodistas y comentaristas.

Hay que ser iluso para creer que nuestros agentes policiales viven con esos sueldos, que son apenas un “tente en pie”, ya que la mayor parte de sus ingresos provienen de un doble empleo y chiripeos, en los mejores casos, pues muchos viven de su asociación con delincuentes o de la extorsión a estos, y a ciudadanos a los que privan de su libertad para cobrarles por excarcelarlos. Nunca hemos entendido cómo líderes políticos, empresariales y sociales quieren disponer de una policía eficiente, de calidad que les garantice seguridad, con tan precarios salarios y condiciones laborales.

Es obvio que una parte de los policías asimilados al servicio de particulares, terminan obteniendo de estos mejor remuneración que del Estado, razón por la cual es una ilusión pretender que aceptarán irse al patrullaje o a un cuartel barrial para enfrentarse a la delincuencia. Lo mejor sería darle la baja y convocar nuevos agentes mejor remunerados desde el principio.

La Policía Nacional requiere una reestructuración a fondo, una profunda depuración y profesionalización, incluyendo su régimen salarial. Lo penoso es que no hay voluntad política para afrontarla. Ni siquiera por la urgencia de enfrentar una criminalidad que ha comenzado este año con un apogeo casi sin precedente. Aquí se impone la consigna gubernamental de manos a la obra.

 

El 4% es también para los maestros

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El gobierno y la Asociación Dominicana de  Profesores (ADP) han dado una elocuente demostración de las dificultades de la sociedad dominicana para concertar aún cuando se comparten posiciones políticas que frecuentemente se imponen sobre los intereses colectivos.

En el debate general resalta la prevalencia de una cultura política que subestima la función del maestro en el proceso educativo y que entiende el desarrollo y el progreso como sinónimo de construcciones materiales tras las que se oculta el tráfico de comisiones y el reparto de beneficio a los asociados más cercanos.

Confrontación inexplicable.  Al caer la semana el Ministerio de Educación (MINERD) y la ADP parecían haber recuperado la capacidad de dialogar, después que se perdieran varias jornadas docentes y que se intercambiaran expresiones virulentas y descalificaciones, en una confrontación que muchos no lograban entender dado que el secretario general y otros importantes dirigentes magisteriales son militantes del partido de gobierno.

La confrontación pareció más encendida cuando desde finales de la semana anterior la batuta no parecía estar en manos del MINERD, sino más bien de funcionarios del Palacio Nacional, a los que se atribuyen “duras advertencias” a los dirigentes de la ADP, y donde se habría originado un comunicado que produjo indignación en el ámbito gremial.

La respuesta de la ADP no se hizo esperar dejando mal parados algunos de los datos básicos contenidos en el comunicado ampliamente publicitado bajo el membrete  del MINERD. Tras la radicalización de ambas posiciones algunos divisaban un interés por hacer naufragar la gestión de la ministra Josefina Pimentel, una reputada profesional  que aunque miembro del partido gobernante siempre ha sabido sobreponerse al sectarismo partidista. En ámbitos políticos se señalan numerosos aspirantes a la dirección del ministerio que tiene el mayor presupuesto del Estado, este año cifrado en 99 mil millones de pesos, casi el 19 por ciento del total.

La respuesta de la ADP, paralizando las labores docentes el martes disparó los mecanismos de defensa del Gobierno y creó una situación que obligó a instituciones sociales y universitarias a plantearse de mediadores. El jueves se acordó un cese de hostilidades para dar oportunidad a que una comisión de cuatro viceministros de educación se sentara al diálogo con la asociación magisterial, lo que debió producirse desde que la ADP formulara su reclamo salarial en octubre pasado.

Un error recurrente.  Como es habitual, la ADP partió de un reclamo desproporcionado cuando hace 5 meses planteó que el salario básico de los maestros de 8 mil 972 pesos fuera triplicado a  27 mil, pero con la llegada del año, se moderaron a una duplicación, con el cien por ciento de incremento, todavía muy por encima de lo razonable. En contraposición, el MINERD se quedó en el otro extremo, también habitual, ofreciendo en principio un pírrico 15 por ciento, elevado más tarde al 20. Entre ese 20 y el 100 por ciento hay una amplia distancia para la negociación.

Pero en vez de sentarse al diálogo las posiciones se fueron extremando. La ADP inició su tradicional programa de asambleas y paros regionales, y una consulta nacional que casi a unanimidad rechazó el incremento salarial del 20 por ciento. Apareció el comunicado atribuido al MINERD con otra exageración, que los maestros querían en salario el equivalente al 50 por ciento del incremento del presupuesto para educación de este año. Remachaba que “la sociedad dominicana no luchó por el 4% para terminar repartiéndolo pura y simplemente en aumento de salarios”.

Se dramatizaba acusando a los maestros de querer “castigar la alimentación escolar, sacrificar la construcción de 10 mil aulas, detener la adquisición de pupitres y paralizar la contratación de nuevos maestros y maestras para la tanda extendida”. El comunicado también subestimaba la labor docente al repetir que “trabajan solo 4 horas”.

Las exageraciones seguían en alza, ya que la demanda de incremento del 100 por ciento al salario básico de los maestros quedaba muy lejos de la mitad de los 47 mil 365 millones de pesos adicionados este año al presupuesto de educación básica. Tampoco impedía el desayuno escolar ni la construcción de aulas o nuevas contrataciones de docentes, y el último que debe asumir que la jornada es solo de 4 horas, es el ministerio, pues con preparación de clases, seguimiento a alumnos, corrección de tareas y de exámenes, debería reclamarse por lo menos 6 horas.

Cogido fuera de base.  La incomunicación llegó a extremos tales que el comunicado reitera la oferta de aumento general del 20 por ciento pero indica que con efecto a febrero pasado “no habrá un solo maestro o maestra que gane menos de 15,000 pesos por 4 horas de trabajo”, que los maestros con licenciatura ganarán “por cuatro horas de clase”  un mínimo de 15,830 pesos, que los que tienen el salario más bajo, sin incentivos, “recibirán un aumento del 58 por ciento”. Para más confusión se afirma que “en lo sucesivo ganarán en promedio 33,241 pesos por jornada completa y 18 mil 996 pesos los que trabajan solo 4 horas”.

Esas cifras implican mucho más que un incremento del 20 por ciento y se aproxima tanto al cien por ciento que pide la ADP que ésta se apresuró en comunicado el martes 5 a tomarle la palabra al MINERD, diciendo que no quieren tanto y se conformarían con que se aumente el salario base “tan solo a 15 mil pesos por tanda, de forma que se ahorre 3,996 para fortalecer otros programas”. No entiende cómo se pagaría 18,996 pesos por una tanda, pero solo 33,241 por dos. Sostiene que con incremento del 20 por ciento, 9,780 maestros que solo tienen el incentivo de titulación, apenas alcanzarían a recibir 12,920 pesos.

Esas cifras indican múltiples manipulaciones que en el diálogo pactado el jueves podrían quedar rápidamente aclaradas. Pero indican que las posiciones no están distantes, a menos que una de las dos partes esté hablando simplemente por hablar.

Para resaltar la condición de pobreza de la mayoría de los maestros, la ADP sostuvo que “el año pasado el Gobierno de manera oficial colocó en el rango de pobre a una familia de 4 miembros con ingresos por debajo de 18,927 pesos mensuales”.

Economistas como Iván Rodríguez estiman el costo de la canasta básica en más de 12 mil pesos para el quintil poblacional más bajo y sobre 18 mil para el segundo. En 2010 estaban en 10 mil 400 y 15 mil respectivamente. Esta semana las centrales sindicales estimaron el costo promedio de la canasta familiar básica en 35 mil para la Capital y 24 mil 600 en el resto del país.

El docente es fundamental.  En el debate ha quedado claro que en muchos funcionarios, políticos y comunicadores subyace la cultura de que el progreso es solo construcción, y que la labor docente es secundaria.

Así se justifica que el programa de construcción, ampliación y rehabilitación de escuelas tenga este año una partida de 30 mil 914 millones de pesos, el 75 por ciento del incremento presupuestal de educación, y el 31 por ciento del total, pero se defienda que al docente se le aumente un 20 por ciento con salario a nivel del mínimo, de obreros o mensajeros, al mismo tiempo que se le exige titulación universitaria y dedicación.

Hay quienes sostienen que los maestros dominicanos son tan deficientes que ni triplicándole el sueldo mejorarán la calidad de la enseñanza, criterios que no aplican para el pago de los políticos, funcionarios, legisladores y hasta regidores que ya reciben hasta 150 mil pesos mensuales por asistir a una o dos sesiones mensuales.

La Coalición por la Educación Digna, que encabezó la lucha por el 4 por ciento del PIB para educación, entiende que los aumentos de sueldos por sí mismos no garantizan el mejoramiento de la calidad, pero que éste objetivo no se puede alcanzar sin dignificar la función y la vida de los docentes.

 En un comunicado emitido el jueves sostiene que el 55 por ciento de los maestros gana menos de 10 mil pesos mensuales, incluidos los incentivos y que con un incremento del 20 por ciento, el 83 por ciento quedaría con menos de 15 mil pesos mensuales, aún con los incentivos.

 Al llamar a las autoridades y a la ADP a dialogar, la Coalición sostuvo que “es falso que una mejora significativa de los salarios de los maestros y las maestras ponga en peligro las metas que concebimos al luchar por el 4 por ciento del PIB para la educación pre-universitaria”.

Del debate ha quedado claro que el magisterio sigue siendo una de las profesiones más subestimadas, sobre todo si es para el ejercicio público, y que eso cambiaría si los políticos y forjadores de opinión tuvieran que mandar sus hijos a las escuelas del Estado, pues entonces ya se habrían percatado de que el docente es el primer factor clave para superar el desastre de la educación nacional.

 

Quien puede lo más, puede lo menos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La suerte corrida por el proyecto de ley de regulación salarial del sector público viene a demostrar lo difícil que va a resultar reordenar el Estado dominicano y corregir las profundas desigualdades e irritantes privilegios que se han venido instrumentando en beneficio de una élite de altos funcionarios públicos, especialmente en los organismos autónomos y descentralizados.

En uno de sus últimos actos de gobierno, el día final de su mandato, el presidente Leonel Fernández acogió los alegatos de inconstitucionalidad que se han levantado desde organismos estatales contra un proyecto elaborado por el Ministerio de Administración y sometido al Congreso Nacional por el mismo titular del Poder Ejecutivo.

No estaba obligado el doctor Fernández a esa iniciativa. Debió dejar la decisión de promulgar u observar la ley al nuevo presidente Danilo Medina, cuyo equipo económico y legisladores allegados pusieron particular interés en la aprobación de la regulación salarial, partiendo de la necesidad de ganar legitimidad para reclamar a la población mayores contribuciones.

Es obvio que todavía los legisladores pueden ignorar las observaciones presidenciales a la ley que ya había sido aprobada por ambas cámaras, aunque se duda que demuestran tal firmeza, ya que dentro de ellos mismos hay fuertes corrientes que rechazan las regulaciones, no las del salario formal que en su caso hasta podría elevarse dentro de una política de equidad, sino en los complementos como gastos de representación, alimentación y vivienda, combustibles, pagos por asistir  a sesiones y comisiones, por Navidad y el Día de las Madres.

 Hay muchos salarios formales en el Estado que superan hasta seis y siete veces los 131 mil pesos que hasta ahora se paga al Presidente de la República, o que duplican y hasta triplican los 292 mil pesos que gana el presidente de España o los 257 mil de sus ministros. Pero algunos cuando se les agregan los pagos adicionales, incluso por asistir a reuniones de consejos en virtud del mismo cargo, llegan a superar el salario actual del presidente de los Estados Unidos, que es de 33 mil dólares, equivalentes a un millón 287 mil pesos mensuales.

Eso en un país donde el 70 por ciento de los asalariados perciben menos de 15 mil pesos mensuales, y de estos la mayoría menos de diez mil. Donde el sueldo mínimo del Estado apenas supera los cinco mil pesos mensuales. Los 450 mil pesos mensuales que propone la ley de regulación como tope máximo son casi 90 sueldos mínimos públicos y cerca de 50 veces el sueldo mínimo más alto del sector privado.

Así como hubo juristas que alegaron inconstitucionalidad en el proyecto de regulación, otros lo justificaron ampliamente. Hay en el debate cuestiones difíciles de entender como esa de que múltiples funcionarios tienen que ser mejor pagados que el jefe de la administración pública. Tampoco  se puede entender la devoción por el cumplimiento de las normas constitucionales que súbita y selectivamente se apodera de algunos. En España, Italia y Francia nuevos presidentes han dispuesto en las últimas semanas  reducciones salariales, de sueldos navideños, de financiamiento y uso de vehículos. Pero en la República Dominicana se cree imposible.

Hay una máxima popular que proclama que “quien puede lo más puede lo menos”. Y como el presidente Medina es quien está designando los altos funcionarios, incluyendo los titulares de la mayoría de los organismos autónomos y descentralizados, bien podría también fijarles el salario y limitarle los beneficios adicionales. El que no esté dispuesto a trabajar para el Estado por salarios por debajo de 450 mil pesos, que se los busque en el sector privado, donde esos niveles de emolumentos son bien escasos.  Si la justificación de los salarios sin límites es la responsabilidad y capacidad, hay que hacer justicia inmediata, por ejemplo, a los médicos de alta especialización que en el Estado ganan 30 o 40 mil pesos. Y si es porque es el precio de la honestidad, estamos perdidos con decenas de miles de policías y militares que ganan entre 5 y 20 mil pesos.

 

 

En vez de regulación van a subir los sueldos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Comisión senatorial desguañanga proyecto de ley de regulación de los salarios del Estado convirtiéndolo en aumento a los altos funcionarios y eliminando la corrección de incompatibilidades  entre funciones  y las  sanciones a violaciones  éticas.

El proyecto de regulación de los salarios públicos elaborado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) fue desguañangado por la comisión senatorial que lo estudió, por lo que podría concluir en una ley de incremento de los altos sueldos estatales, acentuando las inequidades que se pretendía corregir.

Una fuente bien informada puso en duda que Danilo Medina acepte iniciar su gestión elevando los salarios de los altos funcionarios por encima del promedio latinoamericano, justo cuando necesitará dar demostraciones efectivas de austeridad para justificar un incremento de las contribuciones fiscales.

Auténtico desguañangue.  La comisión del Senado que estudió el proyecto de Ley de Regulación Salarial para el Sector Público terminó convirtiéndolo en un  desproporcionado incremento de los sueldos de los altos funcionarios, cuando se reclama austeridad y reducción del gasto corriente para contener el cada vez más alto y preocupante déficit fiscal.

El incremento de sueldos sería general y de altas proporciones a corto plazo, ya que en su artículo 31 el nuevo proyecto “prohíbe las situaciones de inequidad” y otorga un plazo de tres meses para realizar “un levantamiento de personal y sus retribuciones reales… a los fines de establecer mecanismos que garanticen la equidad salarial institucional y por tanto en el Estado”.

La comisión presidida por el senador José María Sosa Vásquez echó por la borda el trabajo de varios años del MAP, que incluyó consultorías internacionales, seminarios y consultas, y reformuló ampliamente el proyecto, estableciendo tarifas para altos funcionarios y dejando a las entidades autónomas y descentralizadas en libertad para darse su propia escala salarial.

El proyecto original aprobado por la Cámara de Diputados exceptuaba de la regulación solo a las entidades financieras y empresas del Estado, pero la comisión senatorial complació a decenas de otras instituciones que también reclamaron su exclusión. En teoría, el artículo 4 incluye en la regulación a todas las instituciones estatales, pero en la práctica el 12 la limita a las dependientes del Poder Ejecutivo,  porque el 12 deja al Legislativo, Judicial y a las entidades autónomas y descentralizadas en facultad de fijar su propia escala salarial mediante resolución de su “autoridad competente, según el régimen propio establecido en la Constitución, ley o reglamento que lo rige”.

El nuevo proyecto elimina por completo el capítulo IX del original que señalaba dos principios de incompatibilidades y conflictos de intereses y ocho prohibiciones de carácter ético, entre ellas que los funcionarios no podrían recibir ninguna otra remuneración pública distinta a la propia de su cargo, la que les prohibía el nepotismo y participar en empresas que tengan negocios o convenios con el Estado.

Se ampliaría la inequidad.  Cualquier análisis, como el del consultor París o el efectuado recientemente por Participación Ciudadana diagnostica una enorme brecha de inequidad salarial en el sector público dominicano y por eso se aboga por una ley marco que evite que altos funcionarios ganen hasta 900 mil pesos mensuales de salario, sin contar gastos de representación, pagos de combustibles, bonificaciones y otras compensaciones, mientras un médico gana entre 30 y 40 mil pesos, un maestro entre 8 y 12 mil pesos por tanda, un teniente de 10 a 12 mil pesos y con un salario mínimo de 5 mil 750 pesos en el gobierno central.

Con la escala que plantea el proyecto de la comisión senatorial se ampliaría la inequidad en el sector regulado y se permitiría que los autónomos y descentralizados, donde están los mayores salarios, la siguieran aumentando.

Al fijar el sueldo de los ministros en 350 mil pesos se le cuadruplica a los 7 que ganan 75 mil y se aumenta 75 por ciento a los otros 7 que ganan 200 mil y en 16 por ciento a los 3 que reciben 300 mil pesos.

Los ministros dominicanos ganarían 92 mil 721 pesos más que sus pares españoles, cuyo salario fue reducido este mes a 5,338 euros mensuales, equivalentes a 257,279 pesos.

El incremento del gasto salarial sería monumental si se aplica la equidad salarial ordenada en el artículo 31 del proyecto senatorial, porque implicaría también altísimas proporciones de aumento para los viceministros, directores generales y departamentales de toda la administración pública, así como para el resto de los empleados, sobre todos los de salario mínimo, lo cual no es solo incosteable sino contradictorio con la situación de las finanzas públicas y el reclamo generalizado de austeridad en el gasto gubernamental.

Los altos salarios públicos dominicanos se han venido justificando en la necesidad de pagar bien para reducir la posibilidad de soborno del sector privado, pero no se aplica, por ejemplo a los policías responsables de perseguir a los narcotraficantes y si es por capacidad y especialidad, no se hace justicia a los médicos cirujanos.

Congelarían el proyecto.  Un alto funcionario público, cercano al debate salarial expresó su convicción de que el equipo económico del presidente electo Danilo Medina no dará su aprobación a la escala salarial propuesta por la comisión senatorial, considerando que contradice los esfuerzos por plantear una real política de austeridad y reducción de gastos para abrir perspectivas a un incremento tributario dentro de una concepción de reforma fiscal.

La razón por la que se urgía la aprobación del proyecto elaborado por el Ministerio de Administración Pública y aprobado por los diputados era para ayudar al nuevo Gobierno, ya que se le concebía como regulador, no elevador, de salarios, e incluso que forzaría una reducción en varios cientos situados muy por encima del tope salarial racional que se asignaría al máximo responsable del Estado, que es el Presidente de la República.

Concluida la legislatura, y aún si se convoca una extraordinaria, sería difícil aprobar y promulgar el proyecto senatorial, que ya tiene contradictores hasta entre los mismos senadores, en los 14 días laborables que restan para que se instale el nuevo Gobierno, y menos aún en sus primeros meses. Todo parece indicar que la regulación salarial en la que el MAP invirtió tantos recursos quedará congelada por un buen tiempo.

El especialista fiscal Nelson Suárez evaluó esta semana que solo en el Gobierno central el pago de sueldos y salarios se elevó de 29,812 millones de pesos en el 2004, a 80,182 millones en el 2011.

Para relevar la inequidad, apuntó que el año pasado el Ministerio de Educación, con nómina de 114 mil empleados, gastó en servicios personales 25,183 millones de pesos, un promedio individual de 220,903 pesos anuales y 16,992 mensuales, mientras seis entidades con total de solo 10,749 empleados pagaron 14,514 millones de pesos, es decir un promedio de un millón 350 mil 293 pesos por persona al año y de 103,868 pesos mensuales.

La diferencia salarial por persona entre los dos grupos fue de 6.11 veces.

De un extremo al otro

 Sin indicar fundamentos valorativos de puestos, dedicación o responsabilidad, la comisión fija salarios iguales de hasta 500 mil pesos para el Presidente de la República y los presidentes de las cámaras legislativas y la Suprema Corte, de 400 mil para el vicepresidente y el presidente del Tribunal Constitucional. La debilidad es obvia cuando asigna 375 mil pesos para el presidente del Tribunal Superior Electoral, más que los 350 mil que ganaría el presidente de la Junta Central Electoral, aunque el primero tendría trabajo eventual y no manejaría más que unas decenas de empleados  en un solo local, mientras el segundo es responsable de la organización electoral y todo lo concerniente al registro civil y cedulación, con varios miles de empleados y más de doscientos locales en todo el país. También se fijan los sueldos de los ministros y del Procurador General, que ganarían 350 mil pesos.

El objetivo inicial era que el salario tope del sector público fuera el del Presidente de la nación, ahora se extendió a otros tres funcionarios y se fijó en 100 mil pesos más que los 400 mil que se barajó la semana pasada. Así pasaría de ser el cuarto de menor paga al quinto mayor entre 20 países latinoamericanos, de acuerdo a una tabla del consultor del MAP Enrique París, quien en base al producto interno bruto per cápita ajustado por paridad de poder de compra, estimó que el sueldo presidencial dominicano debería ser 9,655 dólares (377 mil 510 pesos), en el promedio latinoamericano bajo ese criterio.

Con 500 mil pesos, equivalentes a 12,788 dólares, el sueldo del Presidente dominicano (y los de los otros poderes del Estado) se eleva en un 281 por ciento sobre los 3,354 dólares que gana actualmente para quedar entre los cinco mejor pagados, después  de Guatemala, Chile, Brasil y México. Eso sería 4,515 dólares por encima del promedio real latinoamericano de 8,273 dólares. Superaría el sueldo del Presidente de España, que este año equivale a 291,610 pesos, en un 71 por ciento. En proporción a los salarios públicos mínimos de los países latinoamericanos, el sueldo del Presidente dominicano sería el segundo, al superarlo 87 veces. El de México es 155 veces, y el de Guatemala 85, Brasil 51 y Chile 43. Todos los demás superan el salario mínimo oficial menos de 30 veces.

 

Buscan pretextos contra la regulación a sueldos altos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque el senador José María Sosa, presidente de la comisión que estudia el proyecto de ley de salarios públicos  alegó que se pretende reducir los sueldos, lo que en realidad dispone el estatuto es una limitación a los gastos de representación y uso de tarjetas  de crédito y  de combustibles y fija máximos salariales. Se perciben esfuerzos por negar la aprobación a la reglamentación.

La declaración del martes 10 del presidente de la comisión senatorial que estudia el proyecto de Ley General de Salarios para el Sector Público Dominicano confirma la percepción de que se buscan pretextos para evadir una normativa dispuesta en la Constitución promulgada hace dos años y medio.

Los legisladores peledeístas están desperdiciando una oportunidad de empezar a abrir espacio para una reforma fiscal que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno y que requerirá algún esfuerzo de racionalidad y austeridad en el sector público y de una real reducción del gasto.

No reduce los salarios.  La declaración del senador José María Sosa Vásquez, presidente de la comisión senatorial que estudia el proyecto de ley de salarios públicos, recogida por HOY el pasado miércoles, confirma la percepción de que se está dando larga a la probación de una normativa fundamental para iniciar una etapa de racionalidad y austeridad en la administración pública.

El senador petromacorisano formuló planteamientos falsos respecto al proyecto, que no son más que pretextos para evadir el desafío, a no ser que todavía no lo conozca después de meses en su poder. Lo más grotesco fue su consideración de que “es difícil el estudio de la pieza porque está prohibido reducir los salarios”, ya que ningún artículo de la misma plantea una reducción salarial.

Lo que sí plantea el proyecto en su artículo 5 es que “Ningún funcionario o servidor público podrá devengar un salario mayor que el establecido para los presidentes de los tres poderes, Así mismo, ningún cargo del Sector Público podrá percibir un salario superior al que perciba el cargo de escalones superiores”. Esto se corresponde con el objetivo básico del proyecto que es “establecer el marco regulador de la política salarial… definir los componentes de las remuneraciones… y establecer el régimen de prohibiciones, incompatibilidades y conflictos de intereses”.

El artículo 12 del proyecto limita el pago de gastos de representación a un máximo del 15 por ciento del salario, especificando que “en ningún caso tienen carácter salarial y por tanto solo podrán destinarse para cubrir actividades relacionadas con el cargo”. También se limita (artículo 16) al 10 por ciento del salario, lo que podrá asignarse a los altos funcionarios para combustible.

Así mismo el proyecto prohíbe a los funcionarios recibir más de una remuneración pública (art. 23) o cualquier tipo de remuneración, incentivo o gasto de representación por formar parte de consejos, juntas o comisiones en virtud de su cargo, aunque deja abierta la posibilidad de recibir dieta por asistencia.

Se prohíbe la asignación y uso de tarjetas de crédito, con la excepción del Presidente y del Vicepresidente de la nación, y de los presidentes de las cámaras legislativas y de la Suprema Corte de Justicia.

 Mandato constitucional.  El proyecto en el Congreso es el fruto de por lo menos dos años de consultas del Ministerio de Administración Pública, que incluyó la contratación de expertos nacionales y extranjeros, seminarios y talleres con participación de instituciones públicas y de la sociedad civil.  Se originó en el mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de ese ministerio, la número 41-08, que le faculta: “diseñará las propuestas de políticas salariales del sector público”.

Desde su designación como Ministro de Administración Pública, el licenciado Ramón Ventura Camejo se empeñó en el diseño del proyecto de ley, que entregó al Poder Ejecutivo, cuyo consultor jurídico lo estudió antes de enviarlo al Congreso Nacional al través de la Cámara de Diputados, que lo aprobó.

Ventura Camejo se alentó cuando la Constitución promulgada en enero del 2010, en sus artículos 140-144 estableció los principios fundamentales que deben regir la administración pública, incluyendo los organismos autónomos y descentralizados y dispuso que “la ley establecerá las modalidades de compensación de las y los funcionarios del Estado, de acuerdo con los criterios de méritos y características de la prestación del servicio”. El ministro Ventura Camejo siempre ha estado consciente de que sectores interesados tratarían de bloquear la aprobación de las regulaciones, por lo que esperó lo que estimó como una coyuntura propicia. No habría otra mejor que la transición a un nuevo Gobierno que –como es normal y universal- designará o ratificará los altos funcionarios. Si la normativa se aprueba antes, nadie podrá aducir reducción de salarios como alega al senador Sosa Vásquez, ni de los ingresos adicionales que se busca regular.

Deberían ayudar a Danilo.  Con la aprobación del proyecto de ley de salarios públicos los legisladores peledeístas, que monopolizan el Senado (31 de 32) podrían ayudar a su nuevo presidente Danilo Medina, quien encontrará unos déficits tan descomunales que lo obligarán a buscar mayores ingresos por la vía impositiva, para lo cual el Gobierno está desafiado a una reducción de gastos y un régimen de austeridad.

La aprobación de la ley de salarios sería un buen comienzo para el Gobierno de Medina, pues le facilitaría algunas reducciones de gastos para comenzar a consensuar una mayor carga tributaria.

Por ejemplo, el proyecto suprime todos los cargos de viceministros que excedan lo establecido en las leyes orgánicas de los ministerios, que son más de 200.

Sectores empresariales, sociales y políticos, así como consultores nacionales y extranjeros han sido unánimes en proclamar como imprescindible una reforma fiscal integral, en la que el Estado cargue con una parte significativa del  costo de los ajustes, después de seis reformas tributarias que en la última década triplicaron el gasto público.

El informe de la comisión internacional que dirigió Jacques Attalí a solicitud del Gobierno saliente planteó 7 iniciativas con 77 propuestas específicas, la primera de las cuales está encaminada a recuperar la confianza en las instituciones,  estableciendo políticas de austeridad y rendición de cuentas, combatiendo la corrupción y reduciendo la malversación de los recursos públicos. Ninguna de sus recomendaciones ha sido puesta en vigencia. El escenario internacional favorece la austeridad y desmiente la imposibilidad de reducir salarios de altos niveles.

El diario El País dio cuenta el viernes de una reducción del 7% en los sueldos del Presidente de España y de los ministros. Aquí se dispuso una reducción de sueldos del 15 por ciento en la ley de austeridad aprobada en diciembre del 2006, la que fue burlada completamente.

El salario del presidente español, Mariano Rajoy, quedó reducido a 72,600 euros anuales, 6,050 por mes, equivalentes a 291,610 pesos, la quinta parte de lo que se paga al embajador dominicano en Madrid, ascendente a 40 mil dólares, un millón 560 mil pesos mensuales.

Los ministros españoles ganarán ahora 5,338 euros mensuales, unos 257,279 pesos. Algunos de sus pares dominicanos ganan mucho más y hay superintendentes que reciben hasta 900 mil pesos de salario, es decir más del triple que el presidente español.

La reducción de salarios de los altos cargos de España forma parte del esfuerzo por justificar grandes recortes y una austeridad  dentro de un paquete de ajustes de 65 mil millones de euros para dos años. La semana anterior el Gobierno de Italia dispuso reducir sus gastos en 26 mil millones de euros para tres años, a razón de 8,666 millones de euros por año, equivalentes a más de 400 mil millones de pesos, casi el presupuesto nacional de este año.

Otros pretextos infundados

  El senador Sosa Vásquez adujo más pretextos para anunciar que la comisión no rendirá su informe al pleno hasta escuchar a todas las entidades afectadas, señalando al Gobernador del Banco Central y a los titulares de la Superintendencia de Seguros, dirección de Impuestos Internos, de Aduanas y hasta a las centrales sindicales.

El Banco Central no tiene nada que argumentar, ya que el artículo 3 del proyecto lo excluye de las regulaciones, al igual que todos “los organismos autónomos y descentralizados de naturaleza financiera”, lo que supone que excluya también al Banco de Reservas, Banco Agrícola y el Banco Nacional de la Vivienda.

También se excluye a “los órganos del ámbito militar y policial”, aunque estos no tienen privilegios salariales, y con el reordenamiento podrían ser beneficiados.

Tampoco se justifican los alegatos de que el proyecto perjudicaría a organismos  que tienen un régimen salarial especial, como la Dirección General de Impuestos Internos, ya que su artículo 11 establece “un régimen de incentivos que será determinado reglamentariamente en base a los principios fundamentales de gestión por resultados… criterios de méritos y características de la prestación del servicio”.

 Más aún cuando el artículo 13 indica que la escala salarial “se determinará sobre la base de la complejidad y riesgo del ejercicio de las funciones”, aunque remite a lo que “determine el Ministerio de  Administración Pública”, y no como hasta ahora que lo deciden los propios interesados.

En cuanto a las casi extinguidas centrales sindicales, nada tienen que buscar allí a no ser respaldar la regulación que se supone beneficie a los empleados estatales de menores ingresos. Por lo menos al evitar que algunos funcionarios ganen hasta 200 veces el salario mínimo del Gobierno central que todavía es de 5 mil pesos.

Urge la aprobación de la Ley de Salarios

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El Senado peledeísta tiene el desafío de aprobar el proyecto de Ley de Salarios para el Sector Público Dominicano, elaborado por el Ministerio de Administración Pública, el cual establece importantes regulaciones para corregir graves distorsiones y racionalizar la retribución de los funcionarios del Estado.

Ya aprobado el proyecto por la Cámara de Diputados, la coyuntura es ideal para poner en vigencia las regulaciones antes que sean designados los funcionarios del nuevo Gobierno, ya que después podrían evadirlas bajo el alegato de la irretroactividad de la ley, más aún cuando la sociedad reclama una reforma fiscal integral.

Un proyecto trascendente.  El proyecto de Ley de Salarios para el Sector Público, ya aprobado en la Cámara de Diputados, fue sometido al Congreso el año pasado, tras su elaboración por el Ministerio de Administración Pública, que trabajó en el mismo durante más de dos años, amparado en su Ley Orgánica y en el Reglamento 525-09 de Evaluación del Desempeño y Promoción de los Servidores y Funcionarios de la Administración Pública.

El titular del Ministerio, Ramón Ventura Camejo, ha concentrado energías en la elaboración y promoción de la Ley de Salarios, contratando asesoría internacional y realizando numerosos seminarios y mesas de trabajo en busca de consenso con los más diversos sectores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Se amparó en la “Carta Iberoamericana de la Función Pública”, aprobada a nivel ministerial.

El objeto de la ley está en el artículo 2 del proyecto: “establecer el marco regulador de la política salarial para todo el Sector Público dominicano, definir los componentes de las remuneraciones de los cargos presupuestados y establecer el régimen de prohibiciones, incompatibilidades y conflictos de intereses”.

Las normativas serían aplicables “a todos los órganos y entes que conforman la Administración Pública Central y Descentralizada, funcional y territorialmente, con la única excepción de los órganos y entes previstos en la Constitución de la República, los organismos autónomos y descentralizados de naturaleza financiera y los órganos del ámbito militar y policial”.

Desde su artículo 1 propone un “Conjunto de normas y procedimientos tendentes a establecer o mantener estructuras de salarios equitativos y justos en la Administración Pública” y se fundamenta en consideraciones como la de que una ley como la propuesta “aporta a la sociedad transparencia, información y control del gasto, al mismo tiempo que garantiza el derecho de la ciudadanía a la auditoría social”.

Regulaciones fundamentales.  El proyecto establece regulaciones salariales fundamentales que tendrían al Ministerio de Administración Pública como órgano rector. Entre las principales figuran las siguientes:

Ningún funcionario podrá devengar un salario mayor que los de los presidentes de los tres poderes del Estado y ningún cargo podrá recibir un salario superior al de escalones superiores.

Habrá un régimen de incentivos determinado reglamentariamente en base a principios fundamentales de gestión por resultados establecidos en los planes operativos anuales y estratégicos institucionales.

Los gastos de representación quedarían limitados a un máximo de 15 por ciento  y la asignación para combustibles a un 10 por ciento del salario, exceptuando al Presidente y el Vicepresidente de la República.

El salario de los cargos de confianza de los titulares de los órganos no podrá superar el de viceministro o subdirector general. La inflación será indexada cada tres años, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Los funcionarios no podrán percibir ninguna otra remuneración ni ejercer funciones que conlleven remuneración o prestaciones de cualquier índole, excepto la docente.

Prohíbe la asignación y el uso de tarjetas de crédito, excepto al Presidente y Vicepresidente y a los presidentes de las cámaras legislativas y de la Suprema Corte de Justicia.

Suprime todos los cargos de subsecretarios o viceministros sin atribuciones específicas asignadas por la ley.

Se establece una serie de prohibiciones de carácter ético, como participar en empresas que tengan contratos o convenios con el sector público, utilizar el cargo para obtener beneficios, solicitar gratificación por realizar gestiones de su cargo, obtener préstamos y contraer obligaciones con relacionados del cargo público.

Una coyuntura propicia.  El actual período de transición a un nuevo Gobierno parece la coyuntura más propicia para aprobar y poner en ejecución la Ley de Salarios del Sector Público, por cuanto se asume que serán designados nuevos titulares en la gran mayoría de los cargos, por lo que no podría alegarse la irretroactividad de la ley.

Dado que el Presidente electo ha adelantado que no reducirá el gasto público a costa de despidos de empleados, podría acogerse a la racionalidad y limitaciones de la nueva ley para eliminar desproporciones y distorsiones que causan irritación.

Como el nuevo Gobierno recibirá una crítica situación derivada de los déficits fiscales de los últimos cinco años, que totalizan cerca de 300 mil millones de pesos, y con nuevos requerimientos sociales, comenzando por la mayor inversión en educación, se verá obligado a buscar mayores tributaciones. La Ley de Salarios para el Sector Público podría operar como ablandamiento de una opinión pública que demanda una reforma fiscal, que incluya reducción del gasto corriente.

El proyecto está bajo estudio de una comisión senatorial, tras ser aprobado por la Cámara de Diputados. Según ha trascendido se ponderan varias propuestas de excepciones que podrían desfigurarlo o abrir puertas y ventanas para reducir su universalidad, como se hizo con la Ley General de Seguridad Social, de la que se han exceptuado los poderes Legislativo y Judicial, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas. Se ha dicho que la Dirección General de Impuestos Internos es de las entidades que han solicitado ser excluidas de las regulaciones porque precisan de mayores compensaciones.

Pero eso puede ser un pretexto para dilatar la aprobación de la ley, ya que el artículo 11 del proyecto prevé un régimen de incentivos por resultados, y según el artículo 13 la escala salarial será en base a la complejidad y riesgo de la función.

Un enorme desorden salarial

El régimen salarial del sector público es un enorme desorden caracterizado por arbitrariedades como que hay funcionarios que ganan hasta diez veces lo que percibe el Presidente de la República, muchos altos cargos reciben más por gastos de representación y otras compensaciones que su salario nominal, se registran enormes diferencias en salarios de funcionarios de igual rango, hasta en un mismo ministerio y hay unos niveles salariales muy elevados autoasignados en organismos descentralizados. El sueldo del chofer  del Director de Minería, de 150 mil pesos, duplica el de algunos ministros.

El mes pasado el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) hizo público un Informe sobre Niveles de Disparidad en los salarios de la Administración Pública, con resultados alarmantes, como el de que el Superintendente de Bancos tiene un salario de 899 mil 415 pesos, diez veces los 90 mil que se le asigna al Presidente de la República y equivalente a 180 salarios mínimos estatales.

El salario promedio de los seis superintendentes es de 537 mil 874, pero hay uno, el de Salud y Riesgos Laborales que solo percibe 333 mil 500 pesos.

En la nómina pública 7 ministros tienen sueldos de 75 mil pesos, mientras otros 7 ganan más de 200 mil, incluyendo a tres con 300 mil pesos, es decir cuatro veces más. Muchos directores generales y titulares de institutos gubernamentales duplican y triplican salarios de ministros. Los sueldos de 15 directores generales oscilan entre 60 mil y 522 mil, aunque el promedio entre ellos es de 179 mil 778, lo que implica distorsiones hacia arriba y hacia abajo.

El informe de PC muestra que la irracionalidad afecta también los salarios en niveles medios de la  administración pública.

Así, el promedio de los encargados de Recursos Humanos en 12 ministerios estudiados es de 79 mil 833 pesos, pero 4 reciben 52 mil pesos o menos, mientras otros 4 entre 100 y 130 mil.

El de Educación, que tiene casi 90 mil empleados a su cargo, recibe 67,835 pesos, mientras el de Relaciones Exteriores, con dos mil empleados, gana 130 mil pesos.

Se registran iguales disparidades entre encargados de Informática, consultores jurídicos, relacionistas y hasta en los choferes.

En una muestra de 12 encargados de Compras y Contrataciones de los ministerios se estableció la existencia de  11 sueldos diferentes.

El promedio de los salarios de 72 titulares de entidades públicas equivale a los de 25 profesores y a los de seis médicos.

Con tal panorama, la aprobación y cumplimiento de la Ley de Salarios del Sector Público sería casi una revolución.

 

El agravado drama de la PN

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Hace casi dos años y medio, en abril del 2009, a raíz de la publicación en HOY de una serie de cinco reportajes sobre la institución policial dominicana de los valiosos colegas Minerva Isa y Eladio Pichardo insertamos un artículo en este mismo espacio con el título “El terrible drama de la PN”. Nada ha cambiado positivamente desde entonces y cada semana parece que se agrava el drama de una institución profundamente contaminada por la corrupción y la delincuencia.

El deterioro de la función policial parece crecer proporcionalmente con el incremento de la delincuencia y la inseguridad que se ha constituido en una de las mayores preocupaciones de la sociedad dominicana. Es por una profunda reestructuración y profesionalización de la policía y luego del ministerio público, y no por los códigos como muchos pretenden, por donde tiene que comenzar el combate efectivo de la delincuencia.

Es que muy pocos confían en la PN, hasta el punto de que aparecemos en la última posición en el renglón de “confiabilidad en los servicios policiales” entre 142 países del mundo, según el Índice de Competitividad Global 2011-12 del Foro Económico Mundial recién publicado. En ese renglón, como en el de despilfarro en el gasto gubernamental, esta nación es campeona mundial.

Cada semana es mayor el involucramiento de los policías en el narcotráfico, el sicariato, el secuestro, la extorsión a los ciudadanos y la corrupción en todas sus expresiones. Sin una profunda reestructuración de la PN estamos condenados a seguir siendo víctima de una delincuencia enquistada en su propio seno.

Y no es que todos los 32 mil 468 oficiales y clases que aparecen en la nómina de septiembre de la PN. Seguro que la mayoría quiere ejercer su riesgoso oficio con honestidad y eficiencia, y otra proporción podría ser rescatada. Para ello se requiere de una voluntad política de cambio que no muestran nuestras autoridades.

Hay que reconocer que la tarea es bien compleja, pero hay que abordarla cuanto antes y no seguir dando palos de invidentes, comenzando por el hecho reiterado de que la mitad de los miembros de la PN están al servicio de particulares y otra proporción son trabajadores de medio tiempo, que tienen que dedicarse a alguna de las múltiples actividades del chiripeo para reunir con qué mantener una familia.

Cuando comparamos los sueldos policiales del mes recién concluido con los que señalábamos en el artículo del 26 de abril del 2009, contactamos con asombro que en 30 meses no han cambiado, a pesar de múltiples promesas. El jefe de la PN sigue con un salario nominal de 67 mil pesos, aunque el anterior incumbente, general Rafael Guzmán Fermín, dijo ante el presidente de la nación y cuatro periodistas que su antecesor se embolsillaba 90 millones de pesos mensuales.

Algo en que ha mejorado el drama es que ahora son sólo 43 los generales activos, 14 menos, con salario de apenas 31 mil 564 pesos. Los 349 coroneles ganan 19 mil 727 pesos, y los 436 tenientes coroneles 18 mil 743 pesos. Hay 819 mayores con sueldo de 15 mil 783 pesos, y 1,360 capitanes que reciben 13 mil 811. Los 2 mil 446 primeros tenientes ganan 10 mil 850 y que los 4 mil 271 segundos tenientes 9 mil 864 pesos por mes. Lo demás es terrible: los sargentos, cabos y rasos suman 20 mil 797, el 64 por ciento de la nómina policial, y ganan salarios que oscilan entre 7 mil 981 y 5 mil 319 pesos mensuales, muy por debajo del mínimo nacional.

Para que terminen de asombrarse: por el concepto de dieta alimenticia todos los oficiales tienen una asignación mensual de 300 pesos, y de sargento hacia abajo 240 pesos por mes, es decir de diez y ocho pesos por día. ¡A Dios que reparta suerte!

Postdata: después de escrito este artículo HOY publica que a los oficiales de la PN les subirán los sueldos en 10 por ciento y a las clases 15 por ciento. Calculen  la diferencia. Y la PN llama a reclutar bachilleres. ¿Con el incentivo del salario o del uniforme y la pistola?