A pesar de un aumento a partir de este mes que oscila entre 7 y 30 por ciento, los sueldos de la Policía Nacional (PN) siguen distando millas de lo que correspondería para garantizarnos unos agentes del orden y la seguridad en capacidad y disposición de jugarse la vida para defender la de cualquier ciudadano o ciudadana víctima de la delincuencia.
Aún con esos aumentos, los rasos, cabos y sargentos, que deben integrar la mayor parte de los 33 mil miembros de la PN, devengarán entre 7 y 11 mil pesos mensuales, por debajo del sueldo mínimo. De ellos sólo los sargentos mayores alcanzan los 10 mil 407 pesos que cuesta la canasta familiar del quintil de menores ingresos, según las estadísticas del Banco Central. Hay que ascender a coronel para alcanzar un sueldo que cubra el costo promedio de la canasta familiar promedio nacional, que ya en el 2011 era de 23 mil 399 pesos.
El desorden salarial en el Estado es tan absurdo que el Jefe de la PN tiene una remuneración mensual de 81 mil 785 pesos, menos de la mitad de lo que perciben infinidad de viceministros, directores departamentales, técnicos gubernamentales y más de un centenar de regidores de los principales municipios. Ni compararlo con lo que se paga a más de 300 vicecónsules y a decenas de diplomáticos. Los ministros ganan 300 mil pesos, casi cuatro veces lo del jefe policial, como si la responsabilidad de este fuera menor a la de la gran mayoría de los ministros.
Es evidente que un buen régimen salarial y de seguridad social no es suficiente para garantizarnos la policía que demanda esta sociedad, cada vez más fragmentada por dramáticas desigualdades que excluyen cada año a decenas de miles de jóvenes, haciéndolos vulnerables a las tentaciones de la delincuencia. Pero es un elemento fundamental para atraer a ese servicio a jóvenes con vocación social e integridad.
Hace muchos años que venimos abogando por una policía y fuerzas armadas mucho mejor pagadas, sometidas a evaluaciones y vigilancia para evitar que se conviertan, como ocurre cada vez con mayor frecuencia, en socios o participantes activos de bandas delincuenciales.
En vez de 55 mil militares podríamos tener sólo la mitad, y hasta menos, con mejor remuneración, vestuario y alimentación. Los 33 mil policías en nómina no serán excesivos para la demanda de la seguridad, pero la mitad de ellos no prestan servicio público, sino que están como guardianes, mensajeros, choferes, niñeros y guarda espaldas de generales y coroneles retirados, de políticos, funcionarios, empresarios y hasta periodistas y comentaristas.
Hay que ser iluso para creer que nuestros agentes policiales viven con esos sueldos, que son apenas un “tente en pie”, ya que la mayor parte de sus ingresos provienen de un doble empleo y chiripeos, en los mejores casos, pues muchos viven de su asociación con delincuentes o de la extorsión a estos, y a ciudadanos a los que privan de su libertad para cobrarles por excarcelarlos. Nunca hemos entendido cómo líderes políticos, empresariales y sociales quieren disponer de una policía eficiente, de calidad que les garantice seguridad, con tan precarios salarios y condiciones laborales.
Es obvio que una parte de los policías asimilados al servicio de particulares, terminan obteniendo de estos mejor remuneración que del Estado, razón por la cual es una ilusión pretender que aceptarán irse al patrullaje o a un cuartel barrial para enfrentarse a la delincuencia. Lo mejor sería darle la baja y convocar nuevos agentes mejor remunerados desde el principio.
La Policía Nacional requiere una reestructuración a fondo, una profunda depuración y profesionalización, incluyendo su régimen salarial. Lo penoso es que no hay voluntad política para afrontarla. Ni siquiera por la urgencia de enfrentar una criminalidad que ha comenzado este año con un apogeo casi sin precedente. Aquí se impone la consigna gubernamental de manos a la obra.
