2015: retrocesos institucionales con estabilidad macroeconómica

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2015 quedó marcado por la imposición de un nuevo proyecto presidencial reeleccionista que atropelló al Congreso, subordinó la justicia y determinó un grave retroceso en la democracia e integridad de los partidos, con el país hastiado por la corrupción, la impunidad y la descomposición social.

El Gobierno logra otro año de alto crecimiento económico con estabilidad de precios y baja inflación, ayudado por una impactante caída del costo del petróleo, y por fuerte incremento del turismo y las remesas, pero nueva vez con un alto déficit fiscal y su consiguiente endeudamiento que hace temer insostenibilidad.

Llegó el rayo Quirino. Desde que alboreó el 2015 el objetivo fundamental del grupo político del presidente Medina era abrir las compuertas para la prolongación en el poder, contradiciendo los planteamientos del propio mandatario sobre lo devastadora que ha sido la reelección presidencial en la historia de un país cuyas instituciones nunca han fraguado plenamente.

El obstáculo principal era la ambición de retornar al poder del expresidente Leonel Fernández, con un liderazgo fuerte no sólo en su partido, sino también en el país y en ámbitos internacionales. Había que frenar a cualquier costo al “León” apoyado por más de la mitad de los legisladores. Parecía casi imposible, a no ser que un rayo cayera sobre él y lo partiera políticamente, como se pudo leer en el Tema de Hoy del 11 de enero: JBD, “Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD”.

El rayo fue Quirino Ernesto Castillo, recién salido de 10 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, quien al comenzar febrero empezó a pregonar desde Nueva York que había financiado la campaña electoral de Leonel en el 2004 con cientos de millones de pesos y ofreció detalles y nombres de supuestos vinculados, mientras en el país cundió la percepción de que hablaba por cuenta de autoridades estadounidenses. Y desafiando a poderosos civiles y militares, se apersonó sorpresivamente al país el 28 de febrero para reclamar el dinero que decía haberle prestado a Leonel.

Otra vez venció el poder. Pocos dudan que sin el apoyo del poder gubernamental, Quirino no hubiese vuelto al país con esa pelea, y Leonel Fernández subestimó el caso bajo el alegato de no rebajarse a responderle a un convicto de narcotráfico que él había entregado a Estados Unidos, pero los relatos y detalles de Quirino por radio y televisión se impusieron al silencio de los periódicos y causó efectos devastadores sobre la imagen de Fernández, ya afectado por los sometimientos judiciales de sus muy cercanos: Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

En cuestión de semanas, el líder peledeísta, que desde los finales de su Gobierno en el 2012 venía acosado por grupos de la sociedad civil denunciantes de la corrupción, vio declinar su estrella, y aparecieron encuestas que dejaban al PLD en riesgo de perder las próximas elecciones si él volvía a postularse. Una de Penn /Shoen lo dio perdedor en segunda vuelta frente a un Luis Abinader que en abril dejaría atrás al expresidente Hipólito Mejía, con 70 a 29 por ciento en la elección primaria de su partido.

El pragmatismo y el amor al poder pudieron más que el liderazgo de Leonel y el 19 de abril, una semana antes del éxito de Abinader y su PRM, una gran mayoría del Comité Político del PLD, integrado por 35 miembros, tomó la decisión de disponer que sus legisladores modificaran la Constitución de la República para hacer posible la repostulación del presidente Medina.

La resolución puso al borde de la división al partido gobernante cuando la mayoría de sus legisladores en ambas cámaras resistieron públicamente la decisión, y sobre todo cuando el 25 de mayo Leonel dirigió por televisión un dramático discurso de confrontación, llamando a evitar otra dictadura. Cuarenta y ocho horas después había vencido el Estado, como dijo Danilo cuando lo aplastaron para imponer la repostulación de Leonel en el 2008.

Desata crisis institucional. Una vez más en la historia nacional, el afán constitucionalista corrompió a dirigentes políticos y doblegó al Congreso Nacional y al poder judicial, comenzando por el propio PLD, donde la cúpula dirigente se auto prolongó su mandato hasta el 2020 e impuso un pacto para salvar la unidad decretando una repostulación total no sólo del Presidente, sino también de los senadores, diputados y la mayoría de los alcaldes. Los estatutos del partido, la ley electoral y los principios Constitucionales quedaron relegados.

Para reformar la Constitución hubo que “conquistar” los bloques enteros de los diputados de los otros dos partidos que han dominado el sistema político en el último medio siglo, bajo alegados pactos políticos cuyos términos aún se desconocen, y tras seis meses de negociaciones, el Partido Reformista Social Cristiano, que dispuso posibilitar la repostulación de Medina, termina pactando con el PRM para enfrentarla en las urnas.

Lo del PRD fue patético. El partido de mayor vigencia en la historia nacional, con 76 años, que en la última cita electoral alcanzó 47 por ciento de la votación luchando contra todo el Estado, se subordinó a su principal contrincante para un indefinido “gobierno de unidad”, cuyo avance ha sido una embajada en Roma y la dirección del insignificante Instituto de Cooperativas.

El procurador general Francisco Domínguez Brito se negó a escuchar testimonios de un grupo de legisladores que voceaban nombres de funcionarios que convirtieron el Congreso en un mercado, y ya más tarde renunciaría a proseguir con el expediente que sustentaba el procesamiento del senador Félix Bautista, secretario de Organización del PLD, para honrar el pacto de repostulación total que éste había contribuido a armar, por encima de Leonel. La causa reeleccionista doblegaba no sólo a la mayoría de la Cámara Penal de la Suprema Corte, sino también al jefe del Ministerio Público.

Crecimiento con deuda. Como ha sido habitual en las últimas décadas, el país vuelve a tener un año de vigoroso crecimiento de su producto interno bruto, estimado por el Banco Central alrededor del 7 por ciento, muy por encima del regional, con relativa estabilidad de precios y cambiaria, así como reducción del déficit de la balanza de pagos por la impactante caída del precio del petróleo. La estabilidad económica es lo que salva al gobierno este año.

El crecimiento económico descansó en incremento del gasto público en construcciones, auge del turismo y las remesas en un período o que marcó dificultades en el comercio con Haití y un virtual estancamiento de las exportaciones.

Los analistas, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, siguen reconociendo el crecimiento del PIB y estabilidad macroeconómica, aunque un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diagnostica un incremento de la desigualdad salarial, prevaleciendo la preocupación por los fuertes déficits fiscales y el galopante endeudamiento.

El balance del año de PC establece en 348 mil 761 millones de pesos (unos 7.7 mil millones de dólares) el financiamiento que precisó el Gobierno en los años 2014 y 15 para cubrir sus gastos y estima que para el 2016 necesitará otros 230 mil millones de pesos, que serían más de 5 mil millones de dólares a la tasa de cambio actual para concluir en que con un gasto tan excesivo se conduce el país aceleradamente hacia la insostenibilidad fiscal.

Danilo y Miguel abren espacio a la oposición

Por Juan Bolívar Díaz
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Tres discursos en apenas cuatro días delinearon el curso de la prematura campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año configurando la posibilidad de una bipolarización de nuevas fuerzas contra los tres partidos que han dominado la política dominicana en más de medio siglo.

Sólo las negociaciones para lograr la aprobación de la reforma constitucional para permitir la reelección pueden explicar la celeridad del presidente Danilo Medina en lanzar su candidatura, dadas las ventajas con que ha partido, y la claudicación de Miguel Vargas que entierra al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a 11 meses de los comicios.

Una semana de Abinader. La semana estaba pintada para Luis Abinader al iniciarse con el acto de proclama de su candidatura presidencial el domingo 14, pero seguramente él y los suyos no pensaron que el presidente Danilo Medina y el presidente del PRD lo iban a ayudar a afianzarse como primera opción alternativa para las presidenciales del 2012. Su proclamación era un desafío y lo pasó en sus principales dimensiones: congregó más de 10 mil personas, llenando el auditorio de entusiasmo y demostraciones de unidad, produjo un vibrante discurso de oposición centrado en cuestionar la gestión y el propósito continuista del presidente Medina y delineó los ejes básicos de un gobierno de amplio espectro político y social, llamando a constituir un frente de renovación nacional.

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sacó ventajas de la percepción generalizada de que se negociaron los votos de decenas de diputados y varios senadores para viabilizar la repostulación presidencial, preguntando “de dónde se sacaron señor Presidente, los millones y millones para la reforma constitucional”, aludiendo a las numerosas denuncias de legisladores que llevaron a los del PRM a pedir formalmente una investigación de la Procuraduría General.

Abinader asumió los cuestionamientos directamente a la imagen del presidente Medina, recordando que cuando se oponía al continuismo de Leonel Fernández sostuvo que en el país “para hacer posible la reelección había que tragarse un tiburón podrido y tirar los escrúpulos al zafacón”. Entonces le preguntó directamente “de qué tamaño es el tiburón que usted se tragó” y “en qué zafacón tiró usted los escrúpulos”. Lo del tiburón se convirtió en la frase de la semana en las redes sociales y los programas de radio y televisión, incluidas unas celebradas décimas de Huchi Lora.

La capitulación de Miguel. Lo patético de la semana fue el discurso con que Miguel Vargas renunció el lunes 15 a la candidatura presidencial del PRD, proclamada en septiembre del año pasado. A once meses de los comicios, el candidato declina y anuncia que apoyará la reelección del presidente Medina, en base a una participación, que no definió, en cargos legislativos, municipales y gubernamentales. Y llegó a anunciar un programa de gobierno que el candidato oficialista no ha presentado.

El desencaje de Vargas y de sus acompañantes quedó evidente en la transmisión televisiva, cuando convertían al partido de mayor vigencia de la historia nacional, en comodín de uno de sus adversarios, en una retirada sin dar batalla, tan anticipada a la cita del 15 de mayo del 2016, alegando que el PRM no había querido negociar con ellos.

Vargas no explicó su cambió tras años defendiendo su pacto con Leonel Fernández en el 2009 porque había prohibido la reelección presidencial, y todavía cuando el Comité Político del PLD dispuso reformar la Constitución dijo que él y sus legisladores rechazaban “la pretensión de prolongar el continuismo peledeísta caracterizado por endeudamiento desenfrenado, excesivos impuestos y ausencia de plan nacional”.

La explicación la dio por escrito el 9 de junio el secretario de Asuntos Legales del PRD, Salim Ibarra, cuando se mostró “asombrado de que 40 diputados de su organización hayan sido convencidos para apoyar el actual proceso de reforma constitucional”. Resignado agregó su esperanza de que en ese nuevo escenario Vargas “logrará concretizar un acuerdo electoral que vaya en beneficio de las bases y dirigencia del PRD”. Varios diputados perredeístas dijeron que habían negociado el respaldo a la reelección por garantías de mantener sus puestos, cosa imposible con el voto preferencial.

Súbita salida de Danilo. A las 48 horas, el miércoles, llegó la sorpresa de Danilo, con un discurso triunfalista que repite los argumentos con que todos los presidentes dominicanos reeleccionistas han tratado de justificar su aspiración de continuar al frente del Estado: su excelente obra y la necesidad de culminarla.

Después de tanto tiempo de silencio, la salida de Danilo pareció inoportuna la noche en que concluía el plan de Regularización de Extranjeros, con el país en ascuas y bajo la atención de la prensa y dirigentes de instituciones y organismos internacionales, por lo que se creyó vanamente que se referiría a tan importante asunto de Estado.

A 11 meses de los comicios, no había justificación para romper el silencio tan inoportunamente, a no ser que -como se alega en corrillos- tuviera necesidad de contener el deterioro de su imagen y aprobación, tras la crisis de su partido y el reparto antidemocrático que la saldó, la imposición de la reforma constitucional y el fortalecimiento de la candidatura de Abinader. No logró disipar la ingestión del “tiburón podrido de la reelección”.

El mayor vacío fue no haber aludido al pacto para un gobierno de unidad nacional con que los perredeístas han justificado su apoyo a la reelección y que ha constituido el principal argumento para rebatir la percepción generalizada de que ese apoyo fue comprado en efectivo y con reparto del Estado, tan vergonzoso que sólo los diputados se atrevieron a detallar: nuevas provincias, cargos públicos y garantías de reelección total.

El semblante de Danilo durante su alocución no reflejaba convicción sobre su nueva concepción de que en sus tres años las instituciones se habían fortalecido para soportar la reelección, lo que pudo reforzar comprometiéndose con la aprobación de los proyectos de leyes del Régimen Electoral y de Partidos, llamados a garantizar mayor equidad electoral. El mercadólogo Melvin Peña lo describió: “lucía como una imagen flotante, lejano, como si estuviera hablando por skype”.

Tempranas definiciones. La claudicación de Miguel Vargas era previsible a la luz de las pobres preferencias que registra en las encuestas, que reconocen al PRM y Abinader como primera opción opositora. Incluso fue sobrepasado en las últimas Gallup-HOY y Penn /Schoen por Guillermo Moreno. Pero no se esperaba una definición tan precipitada, dada la tradición de las alianzas en los procesos electorales dominicanos. La ley electoral obliga a registrarlas al menos 75 días antes de las elecciones y generalmente se efectúan en los límites, al igual que las definiciones reeleccionistas de los presidentes. El plazo de inscripción de candidaturas es de 60 días antes de los comicios.

Las inequidades y abusos de las campañas reeleccionistas sobrepasan con mucho las garantías competitivas de la Constitución y las leyes, y han comenzado a registrarse con varias inauguraciones por semana que son convertidas en actos de exaltación del mandatario como figura providencial insustituible, con páginas diarias en los periódicos y encabezando la excesiva publicidad institucional de los organismos estatales.

La opinión pública le otorga inmensa ventaja a Danilo, partiendo de la aprobación que ha registrado en las encuestas, aunque todavía ninguna se ha publicado después que impusiera su proyecto reeleccionista casi dividiendo su propio partido, doblegando el Poder Legislativo y acabando la obra iniciada por su antecesor Leonel Fernández de asimilación de los partidos tradicionales, todo en base al reparto del Estado.

Sin una legislación que límite el abuso del Estado, con el control de los organismos electorales y la concentración de la mayoría de los partidos con derecho a postular candidatos, lo que le da el 90 por ciento del financiamiento estatal, la candidatura del presidente Medina no debería utilizar un centavo adicional del presupuesto nacional. PLD-PRD-PRSC reciben este año unos 55 millones de pesos mensuales del presupuesto nacional, que se duplican en el año electoral.

El desafío es demasiado grande para Abinader y Moreno ya como principales opciones de la oposición y para el resto del liderazgo político y social que sólo unidos podrían apostar a la tendencia regional a relegar la partidocracia tradicional.-

 

“La maldita reelección”: el desafío de tres en uno

Por Juan Bolívar Díaz

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La forma acelerada, atropellada y de reparto del Estado en que se ha manejado la reforma de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina vuelve a mostrar el alto costo que ha tenido en la historia nacional la reelección fundada siempre en la corrosión de las instituciones y la compra de conciencias.

Aunque para muchos la triple alianza parece invencible, por su premura no deja de ser indicativa de debilidad, y podría reproducir aquí la avalancha de rechazo al sistema político que se vive en la región, si un frente de oposición apela a los dos tercios de la población que viene expresando insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos.

Costo de la financiación. Aunque la reforma constitucional no contaba con suficiente apoyo ni en el propio partido de gobierno, terminó imponiéndose con repartos antidemocráticos sin precedente primero en sus propias entrañas y luego con el sistema político. Nadie podrá precisar el costo de financiación de la 39 reforma de la Constitución dominicana que comenzó doblegando a la mitad de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que dejaron solo a su líder Leonel Fernández, y siguió con los 42 diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 9 del Reformista Social Cristiano (PRSC) y 2 de los 36 del nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM), estos últimos en vías de expulsión.

La reforma reeleccionista de Medina no tiene precedente en la adolescente democracia dominicana, ya que nunca los tres partidos dominantes durante más de medio siglo, se habían puesto de acuerdo para constituir un frente electoral. Aún a nivel mundial es difícil encontrar una concertación parecida, a no ser en las luchas contra las tiranías, como en Chile para rescatar de Pinochet el sistema político e institucional.

El pacto reeleccionista que implica a los tres partidos comenzó por sus diputados, que lo hicieron público, arrastrando a sus dirigentes, que para no quedarse en el descalabro han tenido que plegarse. Ningún organismo del PRD o el PRSC discutió ni aprobó el acuerdo, y sus líderes, candidatos presidenciales, no lo han explicado.

En el debate en la Cámara de Diputados el vocero del PRM Nelson Arroyo responsabilizó a los ministros de Obras Públicas y Economía y al reformista Marino Collante de haberse ocupado de persuadir a sus colegas, y nadie lo enfrentó. La diputada Minou Tavárez dijo sentirse asqueada del mercado en que convirtieron el Congreso. Los votos de diputados se habrían cotizado hasta a 10 millones de pesos. Algunos líderes y senadores, recibirían otros incentivos, como asignaciones de obras públicas.

Costo para el presidente. Todo el reparto antidemocrático y las protestas que ya está generando hasta en el propio PLD, donde miles de precandidatos que habían invertido fuertes sumas en su promoción, se ven amenazados, podría generar un alto costo, más aún al conllevar el aplastamiento de un liderazgo tan fuerte como el de Leonel Fernández y seguidores.

La palabra de Danilo Medina queda devaluada, tanto que en todo el proceso no ha justificado el haber cambiado sus promesas de que solo gobernaría 4 años, para involucionar a lo que siempre se ha hecho en la historia dominicana, desde Santana, Báez y Lilís, hasta Horacio, Trujillo, Balaguer y Leonel, a quien estigmatizó por ello en el 2008.

Abundan los vídeos y las citas de Medina en la Internet, resaltando el costo económico, institucional y democrático del reeleccionismo, desde su campaña por la nominación presidencial para el 2008 cuando le “venció el Estado”, a la lucha por el poder en el 2012 y al comenzar su gobierno. En “Las Propuestas de los Candidatos” del Grupo de Comunicaciones Corripio al final de la campaña del 2012, Danilo Medina se explayó explicando por qué nunca buscaría reelegirse, tras recordar que estaba prohibido “y es muy difícil que ningún presidente pueda conseguir los votos suficientes para modificar la Constitución”. Fue tajante: “yo quiero cuatro años y nada más”.

Danilo se extendió en explicaciones sobre cómo la reelección es antidemocrática, “porque tenemos instituciones democráticas muy débiles todavía. Tal vez en los próximos 20 años, cuando tengamos un período sucesoral de cuatro o cinco gobiernos, y hayamos avanzado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, entonces esas instituciones estén en capacidad de soportar la reelección”. Y agregó que “los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa los bienes públicos de los bienes partidarios, y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía”.

Parece que las premoniciones de Medina se están dando en el actual proceso, que ya tiene alto coto en el PLD, y que “la maldita reelección”, como abjuraba Hipólito Mejía antes de caer en la tentación de modificar la Constitución para fracasar en su persecución, amenaza con enterrar lo poco que venía quedando de los dos partidos más antiguos de la historia nacional. Y todavía faltan más de once meses para las elecciones.

Un gran desafío nacional. Aunque hay propensión a creer que ante el pacto de tres en uno no hay mucho por hacer, el mismo representa un enorme desafío para la sociedad dominicana, si acaba de fraguar la planteada “Convergencia por un Mejor País”, que tendría como base principal al PRM y su candidato Luis Abinader, configurado en las encuestas como alternativa.

Si estos se manejan con el acierto que tuvieron en sus elecciones primarias y abren un real y amplio espectro político y social, por lo menos producirían una bipolarización del proceso y trazarían una línea de Pizarro, haciendo insubstancial a todo el que quede fuera de los dos polos, y nutriéndose aún más de la disidencia que producirá el reparto antidemocrático, por ejemplo en un PRD que desde hace meses viene reduciéndose en las encuestas a menos del 5 por ciento de las preferencias.

En el país podría repetirse una coyuntura como la del 1978, de todos contra el poder absoluto, cuando todo el presupuesto nacional, y el control total de las instituciones y empresas estatales, incluyendo junta electoral, militares, policías y jueces no fue suficiente para imponer la reelección. Ahora no hay un líder opositor de las capacidades de Peña Gómez, pero una ola de indignación está relegando los partidos tradicionales en todo el continente. Empezó por Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Ecuador, y se ha extendido a Colombia, llegando a Centro América por El Salvador. El año pasado Varela y Solís fueron electos presidentes de Panamá y Costa Rica, aunque las encuestas los situaban en tercer lugar de preferencias, desplazando a partidos tan antiguos como el tico Liberación Nacional. Y en Guatemala y Honduras las masas piden la renuncia de los presidentes, en el primero tras liquidar a la vicepresidenta y los jefes del Banco Central y la seguridad social.

Muchos creen que República Dominicana vive aislada del mundo, pero seguramente no tienen en cuenta que las encuestas registran una fuerte insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos. La última Encuesta sobre Cultura Política de la Democracia en RD, 2012, auspiciada por reconocidas instituciones, arrojó una caída del 58 al 49 por ciento de apoyo al sistema político, solo un 37 por ciento con militancia partidista y con los partidos en el último escalón de confianza ciudadanía, 32 por ciento, por debajo hasta de la Policía, entre las 12 más importantes instituciones nacionales.

Aún con la alta aprobación que ha registrado el presidente Medina, el tres en uno conlleva riesgos.-

 

Entre absurdos y fanatismos

Por Juan Bolívar Díaz

08_02_2015 HOY_DOMINGO_080215_ Opinión9 A

1.- Como militante partidista

El presidente de la Junta Central Electoral se destapó esta semana como todo un experto en derecho constitucional y proclamó que para restablecer la reelección presidencial consecutiva se requieren cinco leyes y una considerable inversión para viabilizar un referendo aprobatorio que cotiza entre 500 y 800 millones de pesos.

Roberto Rosario echó un balde de agua fría sobre sus compañeros de partido que acarician la posibilidad de una nueva reforma de la Constitución de la República para que el presidente Danilo Medina pueda optar por la reelección consecutiva y atizó una polémica pública al descubrir algo que se le había escapado a los expertos en derecho constitucional, que el establecimiento de la reelección consecutiva requeriría de un referendo aprobatorio.

Según el presidente de la JCE, además de la ley de convocatoria de la asamblea nacional y la aprobación de la misma, sería necesaria una ley orgánica del referéndum. Estas tres requieren dos tercios de los votos. Luego vendría el referendo para lo cual, Rosario precisa, se necesitaría una ley para transferirle el costo.

Hay quienes no favorecen el restablecimiento de la reelección consecutiva, no porque le falten méritos al presidente Medina, sino porque sería una ratificación de la indigencia institucional que ya cuenta 39 reformas de la Carta Magna, casi todas relacionadas con la continuidad de nuestros caudillos.

Pero no corresponde al presidente de un órgano operativo, por elemental prudencia, invadir las jurisdicciones del Poder Legislativo, ni tampoco del Tribunal Constitucional, al que se permitió trazarle pauta. “Actuó como militante de un partido, olvidando que es el árbitro de las elecciones”, dijo nada menos que el delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana ante la JCE, Danilo Díaz, en su cuenta de Twitter, citado por Diario libre. Rosario fue electo al cargo que ocupa siendo miembro del Comité Central del partido gobernante. Tremendo árbitro.

2.- Apoyo a posible sicario

Lo resaltó ayer este periódico como su principal titular: El Partido Revolucionario Dominicano dará “su apoyo técnico necesario” a su regidor Erinsson de los Santos, en manos de la justicia bajo acusación de encabezar una banda de sicarios a la que se le atribuyen los asesinatos de cinco dirigentes de choferes. El apoyo lo anunció nada menos que el abogado Salim Ibarra, secretario de Asuntos Legales de ese partido.

Es obvio que el PRD, ni nadie, puede condenar de antemano al acusado, pero tras los cargos policiales un partido que se respete no puede ofrecer ayuda de ningún tipo para dirimir una acusación de ese calibre. Un absurdo que no se vería en ningún país del mundo civilizado.

3.- La última infamia

Ya no se sabe qué nueva infamia se van a inventar los que desde hace años tratan de descalificarme y estigmatizarme, lo que no ha respetado a mi esposa y hermanos. La última es de una distinguida comentarista que me atribuye haberle negado apoyo al mártir de la libertad de expresión Orlando Martínez, antes de su asesinato en 1975 cuando supuestamente yo era presidente del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP). Dice que lo traté con desdén por lo que rompió su carné del sindicato y me lo tiró. Y hasta que a lo mejor pude haber evitado su muerte.

Nunca fui presidente del SNPP, porque ese cargo no existía. Fui secretario general solo en el período 1972-73. Me sucedió Pedro Caba y luego Danilo Rodríguez, quien lo era en 1975, cuando mataron al compañero Orlando, con quien tuve buena relación hasta su último día, como con sus padres, don Mariano Martínez y doña Adriana Howley, hasta sus respectivos fallecimientos. Ella me trataba “como si fuera Orlando”. Pregúntenle a su hijo Sergio Martínez Howley, que afortunadamente aún vive.

 

 

 

Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD

Por Juan Bolívar Díaz
11_01_2015 HOY_DOMINGO_110115_ El País13 A

Aunque el horno peledeísta tiende a calentarse con una soterrada lucha entre quienes promueven la reelección de Danilo Medina y los que auspician la candidatura de Leonel Fernández, un cierto “empate técnico” y el temor a romper el consenso grupal los conduce a un pacto de alternabilidad. Los danilistas confían en que el incremento del rechazo al retorno de Fernández al poder y su mejor correlación de fuerzas en el CP permitan abrir espacio a la reforma constitucional para viabilizar la reelección, con la desventaja de que Medina no se decide a una lucha frontal para detener la repostulación del expresidente.

En el amagar y no dar. La lucha por el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la candidatura presidencial para el año próximo se incrementa soterradamente entre el presidente Danilo Medina y su antecesor Leonel Fernández, pero ambos parecen mantener una posición de amagar y no dar, conscientes de la importancia de la unidad para preservar el poder que han acumulado en las dos últimas décadas y especialmente en las últimas cinco elecciones con tres gobiernos consecutivos.

Aunque sectores de oposición esperan que la lucha entre los peledeístas se desmadre como ha ocurrido tradicionalmente en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), una de las prendas con que el profesor Juan Bosch adornó su último partido es un sentimiento grupal que le dificulta romper el consenso, y ese es uno de los legados al que no han renunciado pese al abandono de los principios fundamentales del boschismo.

Hay hostilidades entre danilistas y leonelistas, pero siguen cuidándose las formas y el presidente Medina sigue sin dar señales de que aspirará a una nueva postulación, consciente de las dificultades de reformar la constitución, lo que es imposible sin un acuerdo con Fernández, quien a su vez impulsa el lanzamiento oficial de su precandidatura, aunque hay quienes creen que esperaría una no objeción del mandatario.

En su último discurso, en un almuerzo con dirigentes peledeístas de la región sur, celebrado en Baní el 21 de diciembre pasado, Leonel proclamó que “el gran desafío del PLD es preservar la unidad para seguir obteniendo triunfos electorales”. Con los niveles de rechazo que le registran las encuestas para él sería un suicidio una ruptura con el poder que representa Medina y lo mismo para éste culminar su período de gobierno sin una fractura en el partido.

Ofensiva reeleccionista. Pero con o sin respaldo del presidente Medina, entre sus seguidores crece la expectativa de abrir campo a la reforma constitucional, convenciendo a la mayoría de los dirigentes peledeístas de los riesgos de perder el poder si desaprovechan los niveles de apoyo que sigue teniendo Danilo, con hasta 70 por ciento de la población favoreciendo su repostulación en las encuestas, para irse con una candidatura de Leonel, quien afronta un alto nivel de rechazo, también en las encuestas, aunque sigue siendo un fuerte contendiente.

Se dice que cada vez son más los dirigentes que se inclinan por el “camino seguro”, incluyendo una mayoría del CP que es donde tendría que decidirse si se auspicia una nueva reforma constitucional. De sus actuales 35 miembros, los danilistas contarían con el “voto duró de una veintena”, y en cambio los leonelistas no pasarían de la decena, mientras los demás oscilarían. “Pero todos quieren seguir en el poder”.

En este sector la estrategia busca ganar tiempo para ver si Danilo se decide, impulsado por el incremento de las “dificultades de Leonel”, incluyendo la posibilidad de que le caiga un rayo procedente del exterior, con otros escándalos internacionales como el de los aviones Tucanos destapado en septiembre por el periódico Wall Street Journal. Se cita una investigación sobre venta de tecnologías para el metro, investigaciones sobre tráfico de drogas, derivaciones del caso Quirino en manos de autoridades norteamericanas y suspensión de visas a allegados del expresidente. Esperan también mayores consecuencias de los pesados expedientes contra las “alcancías de Leonel”, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, aún reconociendo que la agradecida Suprema Corte de Justicia dictará no ha lugar para procesamiento.

Los más decididos. Entre los más abiertos promotores de la repostulación figuran el director del Indotel, Gedeón Santos, quien ha formado equipo y oficina, y los miembros de la CP Felucho Jiménez y Ramón Ventura Camejo. Este ha pedido públicamente la convocatoria de ese organismo para que se discuta la reforma constitucional. También la han favorecido ministros como el Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el asesor presidencial, no peledeísta. Tony Isa Conde.

Se afirma que “la Otán”, como se denomina al grupo más tradicional del PLD, encabezado por Euclides Gutiérrez, Monchy Fadul y Francisco Javier, se inclinaría por Danilo, si éste da una señal. Se cuenta con que si se decide en el CP los legisladores tendrían que acatarlo, pero ahí comienzan los riesgos de fractura, porque Leonel cuenta con apoyo de la mitad de los senadores y de los diputados. Y leonelistas creen que, según el artículo 19 de sus estatutos, el CP es sólo el “órgano ejecutivo del Comité Central”, por lo que una decisión de esa naturaleza tendría que decidirse en el organismo superior.

Aún consiguiendo la unanimidad de votos de los peledeístas y sus aliados, habría que buscar unos 7 en los dos sectores en que se ha dividido el perredeísmo, lo que no parece imposible, por votación o ausentismo. En la elección del 2010 ellos acumularon 102 diputados, de los que han perdido a Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez, y 31 senadores, por lo que ahora totalizan 131 votos, que suben a 141 si logran los diputados y el senador del Partido Reformista. La asamblea para una reforma constitucional la integran 190 diputados y 32 senadores, totalizando 222 votos. Dos terceras partes son 148, en el caso de que asistan todos.

Pacto de alternabilidad. Hay quienes creen que la vocación de poder del peledeísmo terminará imponiendo un pacto de alternabilidad entre Danilo y Leonel, partiendo de que ningún partido amenaza su predominio, como camino más seguro para mantener la unidad y para que el actual mandatario pueda concluir su período sin mayores confrontaciones internas y sin tener que apelar a modificar la Constitución que ellos mismos aprobaron en el 2010.

Se ve al presidente Medina empeñado en mantener su alta aprobación, con temor a los conflictos, pretendiendo ganar el partido con canastos de tres, sin arruga, y sin dar codazos bajo el aro para coger los rebotes y rematar. Por eso los leonelistas se plantean salir adelante oficializando la precandidatura de su líder, quien no es ningún improvisado y tiene la gratitud de gran proporción de su partido por el poder y la prosperidad acumulada.

Con Leonel Fernández proclamado precandidato y en campaña, las maniobras en su contra serán más difíciles y los temores a la división forzarían el pacto de alternabilidad, en el que Danilo recibiría una gran cuota de legisladores que le obligue a apoyar sin reservas la campaña del partido y le garantice la vuelta al poder en el 2020, por la popularidad en que terminaría. Desde luego, contando con la dispersión de la oposición y salvo errores u omisiones. Al fin de cuenta Fernández ha planteado que reinarán hasta el 2044.

La decisión de Leonel

Nadie duda que Leonel tiene una firme decisión de buscar la candidatura presidencial, aunque mantiene suficiente racionalidad para advertir sus dificultades. Pero él cuenta con que la oposición no amenaza al PLD para deshacer el argumento de que tienen que irse con Medina por ser el más seguro en la coyuntura. Le favorece la lucha interna que comienza en el nuevo Partido Revolucionario Moderno, entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, por la candidatura presidencial. Plantean que ganaría Hipólito, al que ven como presa más fácil por sus presuntas debilidades y las capacidades de Fernández.

Los leonelistas no parecen resignados a dejarse vencer por los danilistas, razón por la cual adelantan gestiones y amarres, ayudados por la indecisión del mandatario y por la convicción general de no lanzarse contra alguien que puede volver a ser candidato presidencial y presidente de la nación. Esto incluye a peledeístas y sectores externos, aún de los que temen lo que significaría un Leonel reivindicado por los votos después del desastre fiscal en que dejó el país y los destapes de la gran corrupción y dispendio de su gobierno.

Expresión de que los leonelistas no están durmiendo podría ser la manipulación que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, de las observaciones presidenciales al Código Penal, que modificó e hizo aprobar al vapor, enviándola directamente al Presidente, quien promulgó una ley cuya modificación no pasó por el Senado. Se consultó previamente al mandatario, pero fue una iniciativa que le impusieron en desconocimiento de sus planteamientos sobre el aborto terapéutico y por violación.

En círculos políticos se preguntaban esta semana si la inasistencia de la vicepresidenta Margarita Cedeño al acto protocolar de saludos de año nuevo, pretextando “compromisos familiares”, no sería un mensaje de su esposo Leonel Fernández, de que hay que tomarlos en cuenta para que no se ponga difícil la jugada.

 

La RD vive un proceso de relajación institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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El debate sobre los alcances del Tribunal Constitucional (TC) en vez de afianzar el respeto por la Constitución proclamada hace un año,  parece reflejar un proceso de relajación institucional para crear las condiciones subjetivas que permitan imponer el continuismo presidencial.

Analistas políticos y sociales comienzan a advertir una peligrosa imposición del providencialismo presidencial que no respeta el principio de la separación de poderes y promueve actuaciones que ponen en peligro el Estado de derecho, como la imposición de  gravámenes al margen de la ley.

Proceso involutivo.  Cuando se creía que la nueva Constitución del presidente Leonel Fernández, viabilizada por un pacto con el ahora presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, abriría un período de fortalecimiento institucional se expresan preocupaciones sobre un nuevo avasallamiento del continuismo presidencial.

Las incertidumbres se manejan en los más altos niveles de los sectores económicos y eclesiásticos y en las peñas de los intelectuales y los profesionales, donde se advierte una tendencia a relativizarlo todo en aras del nuevo liderazgo providencial encarnado en el presidente Fernández.

Esta semana hasta la primera dama, doña Margarita Fernández, se lanzó al ruedo de la reelección, proclamando que es el pueblo quien la reclama “y siempre un buen gobernante debe seguir dirigiendo los destinos de una nación”, como si la Constitución  no la prohibiera expresamente, mientras funcionarios y legisladores recolectan firmas, pagadas con dinero, para pedir un referendo que avale el continuismo.

No se ha pasado por alto que fuera el propio gobernante que el mes pasado señalara el camino del referendo como vía para otra repostulación, con el agravante de que lo planteó como sustituto de una reforma constitucional, como si la consulta pudiera sobreponerse a la Carta Magna.

Pero no sólo está en juego el valor de la Constitución, sino también de la palabra del presidente Fernández, quien pactó con Vargas Maldonado para conseguir el apoyo necesario para la aprobación de su proyecto de Constitución. Y en ese pacto el dirigente opositor lo único que ha podido reivindicar es que prohibió la reelección continua, aunque libró al doctor Fernández y al ex presidente Hipólito Mejía (que ahora le disputa la candidatura presidencial del PRD) de la jubilación que le imponía la anterior Constitución al instituir una sola repostulación y “nunca jamás”.

La preocupación la expresan por lo bajo los líderes empresariales, pero la han hecho pública los religiosos, incluyendo a casi todos los obispos católicos, y politólogos y abogados como Rosario Espinal, Andrés L. Mateo, Rafael Toribio, Eduardo Jorge Prats, Servio Tulio Castaños, Santiago Sosa y Francisco Alvarez Valdez. Se resume en el artículo del jurista Carlos Salcedo en el periódico El Día del viernes, en el que advierte que se puede estar abriendo las compuertas del colapso institucional.

Pobre Constitución.  No ha cumplido aún el primer año y la Constitución ya ha sido objeto de  interpretaciones acomodaticias a intereses coyunturales y se han violado varios de los plazos señalados en su Capítulo II “De las Disposiciones Transitorias”.

El primero cuando se eligieron los nuevos titulares de la Junta Central Electoral (JCE) ignorando la séptima disposición transitoria que plantea que los anteriores permanecerían en sus cargo “hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”. Para crear los nuevos órganos, el Tribunal Superior Electoral y una diferente JCE, se requieren leyes orgánicas que aún no han sido aprobadas y el primero no ha sido constituido.

Luego se ignoró que la Constitución incluyó (artículo 112) el “presupuesto, planificación e inversión pública” entre las leyes orgánicas que requieren dos tercios de los votos para su aprobación. Y cuando descubrieron que la Carta Magna dio carácter constitucional a la disposición del 4 por ciento del producto interno bruto para la educación contenida en la Ley 66-97, el Congreso peledeísta resolvió con una nueva figura jurídica, la suspensión por un año de ese mandato.

También fueron violadas las disposiciones transitorias primera y quinta de la Constitución de la República que dan un plazo de seis meses para la creación y entrada en funciones del Consejo del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público.

Y ya se da por hecho que también se violará la segunda disposición que da un plazo de un año para poner en vigencia el Tribunal Constitucional, el cual vence el día 26, para lo que sólo quedan 5 días laborables en los cuales es imposible aprobar la ley orgánica, convocar el Consejo Nacional de la Magistratura  y elegir los jueces. Sólo cuatro si el presidente sale de viaje el festivo día 24.

¿Proceso de acondicionamiento?  Un agudo observador que por nada del mundo aceptaría ser identificado, señalaba esta semana que todas estas interpretaciones acomodaticias de la Constitución no pueden ser gratuitas y que podrían formar parte de un proceso para acondicionar a la sociedad para que pueda aceptar la que permitiría la repostulación del presidente Leonel Fernández a pesar del artículo 124 de su propia Constitución.

Desde luego, todavía son muchos los que no creen que un mandatario con tanto talento y serenidad política y preocupado por su imagen internacional vaya a intentar retorcer la Constitución para buscar un cuarto período de Gobierno y tercero consecutivo.

Aunque otros responden que el virus del continuismo ha carcomido tradicionalmente el cerebro de casi todos los presidentes dominicanos, incluso a otros talentosos y serenos como Joaquín Balaguer.

Las incertidumbres son mayores por cuanto el debate involucra precisamente a los órganos que, como el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, podrían ser llamados a dictaminar si el doctor Fernández se puede repostular, pese a la prohibición constitucional, como formulan los activistas del continuismo, o sobre los alcances del referendo sugerido por el propio mandatario.

El relajamiento institucional ha incluido una tendencia a aumentar las recaudaciones fiscales con mecanismos extrajudiciales, algunos considerados inconstitucionales por las asociaciones empresariales, como la doble tributación dictada esta semana por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en materia de propiedad inmobiliaria, ya con gravámenes de carácter nacional. El año pasado el Gobierno impuso una violación de la Ley de Proindustria, con una modificación de facto del régimen impositivo de las importaciones.  La sensación que se va apoderando de la ciudadanía es que aquí no valen la Constitución ni las leyes y menos los pactos políticos aún proclamados por televisión de cara a la nación, porque el pragmatismo y el salvajismo político validan todas las conveniencias partidistas y hasta individuales, bajo el viejo predicamento de que el poder no se cede ni se transfiere, ni siquiera a los compañeros de partido.

El conflictivo Tribunal Constitucional

Pero la más flagrante violación de la Constitución ha sido la aprobación por el Senado de una Ley Orgánica del TC que cercena las atribuciones que a este le otorgan los artículos 184-185 y 277, modificando a última hora el proyecto preparado por una comisión de juristas y enviado por el presidente Fernández. El deseo de complacer tardíamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia que en el momento correcto, cuando se discutía la Constitución, se opuso tenazmente a la supremacía del TC, no justifica el costo de una interpretación retorcida de lo que los mismos actores aprobaron hace un año.

Tampoco se justificaría el costo de la interpretación constitucional que permitiría llevar al TC algunos de los jueces que quedan jubilados de la Suprema Corte por haber pasado los 75 años de edad, cuando el artículo 187 indica que para ser miembro del TC se requieren las mismas condiciones. Esto lo ratificaba el proyecto de ley, pero también fue modificado en el Senado.

Cuando las objeciones de casi todos los expertos constitucionalistas, incluyendo a funcionarios del Gobierno, de bloques legislativos y de la opinión pública han evidenciado las dificultades de la Cámara de Diputados para ratificar lo aprobado por el Senado, se produjo una tardía propuesta de transacción del presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, que hubiese sido razonable para la reforma constitucional.

El relajamiento institucional hizo otro “striptease” esta semana cuando el presidente quiso mediar, pero sustituyendo el Poder Legislativo. Primero convocó a los actores del debate a su fundación privada para un coloquio que debió hacerse en salones del Congreso que es el apoderado del proyecto. Y aunque allí predominaron las objeciones de los constitucionalistas, el mandatario creó una nueva comisión “para que asesore al Congreso”, en una obvia confusión de roles constitucionales, puesto que es a los legisladores a quienes concierne escoger sus asesores.

 

La fuerte vorágine del continuismo

Por Juan Bolívar Díaz

Dos reuniones en menos de una semana en pleno Palacio Nacional, manifestación frente al Congreso Nacional, lanzamiento de volantes desde helicópteros, aumento de vallas y afiches y apertura de locales parecen indicar que la vorágine del continuismo se apodera de sectores del Gobierno y grupos de apoyo, especialmente provenientes del balaguerismo.

Mientras en sectores políticos y sociales aumentan las preocupaciones porque un precipitado movimiento reeleccionista, a un año y 9 meses de la próxima elección presidencial, distraiga la atención del Gobierno y genere incertidumbres institucionales que se reviertan en desconfianza y mayores problemas económicos.

Un remolino impetuoso.  Los acontecimientos de las últimas semanas parecen indicar que se ha desatado la vorágine del poder que, como remolino impetuoso, se aferra al continuismo por encima de consideraciones institucionales, políticas o económicas, como ha sido recurrente en la historia nacional.

Dos reuniones en el Palacio Nacional en menos de una semana, una manifestación en otro escenario privilegiado, frente al Congreso Nacional, al instalarse los nuevos legisladores, reparto de volantes desde helicópteros, proliferación de vallas y afiches en las vías públicas, y emergencia de nuevos grupos que propugnan por otra repostulación del presidente Leonel Fernández, con apertura de locales, han copado la atención pública.

Lo más significativo, para algunos observadores, han sido las dos reuniones efectuadas en una semana en el Palacio Nacional, la última el martes 17, encabezadas por el ex secretario de Obras Públicas y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ingeniero Freddy Pérez, y el hasta el jueves director del Instituto Agrario Dominicano,  Héctor Rodríguez Pimentel, que han incluido a la gama grupal en que se han dispersado los dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano.

Llamó la atención la “destitución” de Rodríguez Pimentel del IAD, lo que los más optimistas interpretan como una señal de freno del presidente Fernández, aunque no faltan maliciosos que consideran que lo están relevando de responsabilidades administrativas para que, con el mismo cargo inorgánico de Ministro sin Cartera que ostenta Freddy Pérez,  pueda dedicarse a tiempo completo a promover el continuismo. Empero, para Rodríguez Pimentel, a quien el director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa bautizó como “corrupto patológico”, debe ser un castigo quedarse sin un cargo donde se maneje fondos y pueda pagar a cientos de sus activistas.

Pérez y Rodríguez no sólo han utilizado el Palacio Nacional para reuniones políticas, en violación de la Ley de la Función Pública (inciso 9 del artículo 83), sino que se han regodeado haciendo declaraciones. Rodríguez  anunció allí el martes la apertura del primer local de su “Corriente Balaguerista” de 35 que, según dijo, instalará en todo el país para promover la continuidad del presidente Fernández.

Calma en el PLD.  En los ámbitos del PLD han tomado con calma los aprestos reeleccionistas, incluidos  quienes se oponen resueltamente, como los que promueven la candidatura de Danilo Medina, empeñados en evadir la confrontación. Han sorprendido pronunciamientos continuistas como el del ahora senador por Santiago, Julio César Valentín, hasta la pasada semana presidente de la Cámara de Diputados, y quien fuera vicepresidente de la Asamblea Nacional que aprobó la “Constitución de Leonel” que prohíbe la reelección consecutiva.

Aunque se afirma que más de la mitad de los 25 miembros del Comité Político no favorece otra reelección, la  generalidad de los dirigentes peledeístas guarda discreto silencio. Se estima que si Fernández se decide terminaría imponiéndose, aunque con un costo en la unidad y la coherencia del partido. Se cree que el propio Fernández ha alentado la campaña reeleccionista con sus declaraciones públicas, primero la de Colombia, donde dijo que a un presidente de alta popularidad no se le debería vetar la reelección, y luego la del 3 de julio en almuerzo con periodistas dominicanos cuando dijo que no podía impedir la promoción pese a la prohibición constitucional porque la decisión “en última instancia la tiene el pueblo”.

Franklin Almeyda y José Tomás Pérez, además de Medina, han definido claramente su decisión de buscar la candidatura presidencial del PLD para el 2012. Se dice que también aspiran Francisco Javier García y Radhamés Segura, y es pública la promoción de la primera dama Margarita Cedeño de Fernández. Se señala también a Jaime David Fernández y al vicepresidente Rafael Alburquerque, pero éstos han evadido confirmarlo.

Almeyda declaró esta semana que el presidente había pedido a los precandidatos que esperen la proclama del Comité Político que a principios del 2011 debe abrir un período de precampaña y proponer precandidatos para escoger a mediados del año. Pero hay quienes creen que eso no es posible en tanto arrecia la campaña reeleccionista, en tanto José Tomás Pérez dice que él declinaría si Leonel decide repostularse.

Mientras tanto, una “Cruzada por el Progreso” anuncia que buscará un millón de firmas para reivindicar “la soberanía del pueblo”, y emergen grupúsculos que buscan subirse al carro del continuismo, como un llamado Movimiento Estrellas Rojas que se reunió la semana pasada en un viejo restaurant capitalino.

Incertidumbre a la vista.  En los más diversos sectores sociales se expresan temores de que el movimiento continuista, a contrapelo de la flamante Constitución, cree incertidumbre que desvíe la atención de los problemas nacionales y distraiga el Gobierno, como ocurrió en la segunda mitad del régimen que presidió Hipólito Mejía.

Los temores aumentan en la medida en que hasta abogados reconocidos como Jottyn Cury hijo, empiezan a publicar artículos sosteniendo la viabilidad constitucional de la reelección. A ello se atribuye que un hombre tan cauto como monseñor Agripino Núñez Collado sostuviera esta semana que la nueva Constitución “es un valladar a la reelección presidencial”.

En igual sentido se manifestaron  el miércoles el experto en derecho constitucional y hasta hace poco embajador en Washington, Flavio Darío Espinal,  el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, y el experto constitucionalista Cristóbal Rodríguez Gómez, quienes coinciden en que para que el presidente Fernández pueda repostularse tendría que modificarse de nuevo la Constitución, lo que estiman difícil y conflictivo, dado que la nueva carta magna fue también fruto de un pacto avalado por los dos principales partidos.

Son muchos los que todavía albergan esperanza de que el presidente Fernández no quede atrapado en la vorágine continuista confiando en su talento político y capacidad de ponderación.

Cada día son más los que creen que por el momento está tocado por el virus del providencialismo y está dejando correr la bola hasta ver si se vuela la valla.

Activistas a la carga

El principal promotor de la reelección que quedó prohibida en la Constitución promulgada en enero por el propio presidente Fernández, es el ingeniero Freddy Pérez, quien fuera secretario de Obras Públicas desde el 2004 a agosto del 2007, cuando fue sustituido por el actual ministro Víctor Díaz Rúa. Ambos han sido tesoreros de campañas del PLD y  objeto de denuncias sobre supuestas sobrevaluación de obras. Díaz Rúa es también de los que han proclamado su apoyo a otra repostulación del doctor Fernández (El Nacional del 20 de julio pasado).

Al entusiasmo de Pérez se le atribuyen las vallas que han aparecido en carreteras y avenidas  proclamando “el destino” del líder del PLD, “que no se pertenece” o que ha dado su apellido al país, el cual “Reyna por él”. A su activismo se le atribuyen también las manifestaciones reeleccionistas que acompañan las actividades públicas del primer mandatario en los últimos meses, incluido el “cálido recibimiento” de que éste fue objeto cuando visitó territorio haitiano al finalizar julio. Afiches a colores de Fernández Reyna fueron levantados “espontáneamente” por cientos de haitianos que los recibieron de activistas dominicanos, gratificados con billetes haitianos y dominicanos de cien pesos.

La campaña diseñada cuenta con la integración de múltiples grupos reformistas, para los cuales “la reelección siempre ha sido un principio balaguerista”, al decir de Rodríguez Pimentel. En las reuniones del Palacio Nacional  han participado dirigentes de la categoría de Amable Aristy, Rogelio Genao, Rafaela Alburquerque, Humberto Salazar, Leoncio Almánzar y Modesto Guzmán, los últimos tres funcionarios del Gobierno.

Se ha dicho que Pérez busca como tropa de asalto a los reformistas por la experiencia que acumularon en las reelecciones de Joaquín Balaguer. Modesto Guzmán declaró tras la reunión del martes, que “un reformista que no sea reeleccionista, no es balaguerista”. Ellos apoyaron también la reforma constitucional del 2002 para que Hipólito Mejía pudiera repostularse en el 2004. Igual en 1998 cuando se intentó reformar la Constitución con el mismo objetivo. A mediados de agosto de ese año fue la célebre exhortación de Aristy Castro: “póngase los pantalones, presidente”.