Por Juan Bolívar Díaz

Una fiebre reeleccionista se ha apoderado de la mayor parte de los legisladores y síndicos que se han lanzado en busca de la reelección en los comicios de mayo próximo, incentivados por una creciente privatización de la política y porque esta vez la elección es por 6 años, equivalente a un período y medio en la tradición dominicana.

La mayor proporción de repostulados corresponde a los senadores, que suman  27 de los 32, para un 84  por ciento, seguidos por los diputados en un 74 por ciento y los alcaldes, que representan un 58 por ciento de los actuales. Gran parte de los mismos fueron “electos de dedos” por las cúpulas partidistas.

Fiebre reeleccionista.  Nunca antes se había registrado tan alta proporción de repostulaciones en la historia electoral dominicana, tal vez porque antes había que ganárselas en convenciones que, si bien adolecieron de fortalezas democráticas e institucionales, por lo menos obligaban a cierta formalidad para ser legitimadas.

Pero esta vez una proporción que ronda las dos terceras partes de los nominados la  consiguieron gracias a su capacidad de amarres con las cúpulas de sus partidos,  incentivados por el aumento del período de elección en un cincuenta por ciento del tiempo  en virtud de la reforma constitucional para unir todas las elecciones a partir del 2016.

La dirección de los dos partidos mayoritarios se reservó alrededor del 50 por ciento de las candidaturas para mayor posibilidad de negociar alianzas con otras organizaciones, habiendo constituido dos grandes bloques, uno de 14 y otro de 8 partidos, dejando apenas a  tres de manera independiente. El tercer partido del sistema, el Reformista Social Cristiano (PRSC), escogió a la totalidad de sus candidatos por el dedo de su cúpula.

El dedazo se concentró en las candidaturas al Senado, atribuidas casi todas por las cúpulas partidarias, ya para favorecer a incondicionales o a tránsfugas o por considerar que los actuales no tenían contrincantes en capacidad de ganarles una votación interna.

 Pero las proporciones en general son abrumadoras, ya que 27 de los 32 senadores van por la reelección para un 84 por ciento. Dos de ellos por partidos diferentes, Noé Sterling Vásquez, de Barahona, quien pasó del Reformista al Revolucionario Dominicano (PRD), y Alejandro William Cordero, abandonado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pero rescatado por el Partido Revolucionario Independiente.

Los ventajosos barrilitos. Aparte de sus ingresos, por sueldo básico, gasto de representación, viáticos, dietas  por sesiones y comisiones, por hospedaje y el pago de dos oficinas con empleados, local, muebles, equipos, vehículos y combustible, cada senador tiene una asignación mensual “para la Gestión Provincial, Asistencia Social e Institucional”, que es lo que se ha denominado barrilito.

Ese fondo se asigna en proporción a la población de la provincia que se representa, con un mínimo de RD$420 mil, en Pedernales, y un máximo de RD$900 mil mensuales para el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal.

Totaliza RD$19 millones 160 mil  mensuales, y 229.9 millones por año. Se supone que los senadores tienen que rendir cuenta del uso de este fondo, pero muchos no lo hacen y nadie lo audita ni fiscaliza.

Se ha cuestionado la legitimidad de un fondo de asistencia social para legisladores, ya que ni la anterior ni la nueva Constitución les atribuyen esa facultad.

Incluso la Suprema Corte de Justicia fue apoderada de un recurso de inconstitucionalidad de ese fondo hace cerca de dos años, pero no se ha pronunciado al respecto. El artículo 93 de la Constitución, dice: “El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo”, indicando a continuación 19 atribuciones en “materia legislativa” y 6 en “materia de fiscalización y control”, sin la menor sugerencia de asistencia social, que es atribución del Poder Ejecutivo y por lo que los legisladores deben velar.

Al autoasignarse fondos del presupuesto nacional para asistencia social, los legisladores están excediendo sus funciones e invadiendo las atribuciones del Poder Ejecutivo, pero además se están otorgando financiamiento para aumentar y mantener  clientelas políticas y perpetuarse antidemocráticamente en los cargos.

Por ejemplo, los 27 senadores repostulados ahora han recibido un promedio mensual de RD$15 millones 945 mil entre septiembre de 2006 y marzo de 2010, para un total de RD$685 millones 635 mil.

El uso clientelista de esa suma les confiere un ventajismo sobre todos los que compiten contra ellos por los mismos cargos, que no recibirán un centavo del presupuesto nacional.

Suspender el barrilito, tras haber adelantado el pago de marzo, “durante la campaña electoral”, significa que apenas dejarán de cobrar abril, tras 43 meses de subsidio político, lo que más que cualquier otra cosa es un ejercicio de cinismo.

De diputados y alcaldes

De los 178 diputados actuales, 131 han sido repostulados, para un 74 por ciento, pero muchos optan por otros cargos, incluyendo al actual presidente de la cámara baja, Julio César Valentín, quien es nominado a la senaduría de Santiago, y Agnes Berenice Contreras, originalmente reformista y ahora candidata del PRD a senadora por Elías Piña.

El continuismo es un tanto menor entre los actuales alcaldes municipales, pero alcanza al 58 por ciento, ya que 90 de los 155 han sido nominados al mismo cargo. Se afirma que una alta proporción de los actuales regidores también han sido postulados. La fiebre afecta por igual el cuerpo de los partidos dominantes del sistema, en los grandes como en los medianos y pequeños municipios.

Esta altísima incidencia reeleccionista viene a demostrar la escasa movilidad que caracteriza al partidismo dominicano, donde los dirigentes y funcionarios se eternizan en los cargos, cerrando el paso a la sucesión aferrados a un sistema rico en privilegios y pobre en transparencia y sanciones de los actos reñidos con la moralidad, la ética y la legalidad.

Mucho se ha hablado en los últimos años del barrilito de los senadores, pero muy poco de los cofrecitos de los diputados y las nominillas de los síndicos y hasta de regidores en múltiples municipios, en aras de un sistema que cultiva el clientelismo y  permite el nepotismo, lo que a su vez se constituye en un estímulo para mantenerse en los cargos, pues no sólo hay que defender el propio, sino también los de los familiares y asociados políticos.

Un senador, por ejemplo, tiene un mínimo de 24 empleados pagados por el Senado, 13 en la sede del Congreso y 11 en su oficina provincial.