Reto a la institucionalidad demócratica dominicana

Por Juan Bolívar Díaz

Los avances democráticos e institucionales de la sociedad dominicana estarán a prueba hoy en la elección presidencial más apretada del siglo 21, tras una prolongada campaña electoral caracterizada por la inequidad y las descalificaciones que parecen haber dividido profundamente al electorado en dos mitades casi iguales.

De mantenerse el promedio de abstención del 27.7 por ciento en las elecciones presidenciales de las últimas décadas, unos 4 millones 700 mil ciudadanos acudirán a las urnas en todo el país y en otras diez naciones y 7 territorios insulares, sin descartarse que pueda ser necesaria una temida segunda vuelta que solo ha tenido lugar en 1996.

Votarán unos 4.7 millones.  Aunque el padrón de electores asciende a 6 millones 502 mil 968 ciudadanos y ciudadanas, solo unos 4 millones 701 mil acudirán a las urnas, si se mantiene la abstención del 27.7 por ciento que han promediado las elecciones presidenciales dominicanas a partir de la etapa democrática iniciada en 1978, 26.6 en las tres últimas y 28.6 en la del 2008.

Los abstencionistas tienden a aumentar en la medida en que se alejan del 2000, cuando se hizo el actual registro electoral, por efecto de los movimientos migratorios dentro y fuera del país que dejan lejos de sus colegios a decenas de miles de personas negligentes en la actualización de su residencia y por un menor interés de las nuevas generaciones en una política que muchos rechazan. El voto en el exterior, que se producirá por tercera ocasión, compensaría en parte, pero aunque ha crecido en 173 mil electores (70 por ciento) desde el 2008, solo representa el 5 por ciento del total.

Suman 386 mil 571 los nuevos electores en el padrón actual (6.3 por ciento), en relación a los 6 millones 116 mil de los comicios del 2010, pero casi el doble 738 mil 581 (12.8 por ciento) de los empadronados para la elección presidencial del 2008. Aunque se pondera el poder del voto juvenil, la población entre 18 y 29 años no alcanza la cuarta parte, en tanto la mayor de 40 años supera la mitad, y el segmento de más de 50 años lidera con 30.45 por ciento.

De los empadronados en 108 ciudades y localidades del exterior el 67.93 se localiza en Estados Unidos y 19.07 en Europa para abarcar el 87 por ciento. En el país, el 54.2 por ciento de los electores se concentra en el Distrito Nacional  y las provincias de Santo Domingo,   Santiago, San Cristóbal y La Vega.  En la zona urbana capitalina está el 32.9 por ciento, aunque por región, la Norte encabeza con 37.9 por ciento.

Un resultado muy cerrado.  El análisis de las encuestas, sondeos y percepciones permite predecir un resultado muy cerrado en la votación de este domingo entre los candidatos Danilo Medina e Hipólito Mejía, de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), a los cuales las encuestas atribuyen entre el 94 y 97 por ciento de las intenciones de voto.

Una vez más las candidaturas alternativas, representadas esta vez por cuatro acreditados ciudadanos, Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Max Puig y Julián Serulle, podrían ser víctima de la bipolarización, temiéndose incluso que a último momento parte de sus simpatizantes emigren hacia el “voto útil” por rechazo al Gobierno. La fina columnista Inés Aizpún lo expresó en el Diario Libre el jueves refiriéndose a la avasalladora ofensiva de la candidatura oficialista, “que ha invalidado, por el momento, cualquier  oportunidad de una tercera fuerza, o es PLD o PRD”.

Resalta que los 26 partidos reconocidos solo hayan generado 6 candidaturas. El PLD lleva 13 aliados y el PRD 5, después que le rechazaron dos. Por primera vez el Partido Reformista Social Cristiano no lleva candidato propio, aliado al partido de Gobierno, lo que lo ha escindido y lo pone en peligro de quedar entre los minoritarios.

El derroche propagandístico y el abuso sin límites del poder estatal y la proliferación de encuestas con balance a favor de Medina han logrado construirle una imagen de vencedor, fortalecida por el hecho de haber obtenido 5 y 6 puntos de ventaja en las dos encuestas más acreditadas del mercado, la Gallup-HOY y la Penn-Schoen.  De un total sin precedente, de 17 firmas encuestadoras, 10 han arrojado ventaja para el PLD y 7 al PRD. De estas últimas las más acreditadas internacionalmente son la Bendixen y Amandi, que esta semana otorgó 52 a 45 a favor de Mejía, y la CID Gallup que le da ventaja dentro del margen de error.

Los perredeístas se alientan reivindicando un “voto secreto” entre el millón 800 mil beneficiarios de tarjetas de subsidios gubernamentales y más de 600 mil empleados estatales, intimidados por el seguimiento oficial, y porque en comicios anteriores con Mejía de candidato  sacan entre 3 y 6 puntos más de lo que le han otorgado las encuestas Gallup y Penn. En el 2000, la Gallup-Rumbo (2-7 de mayo), registró 46 por ciento al PRD y consiguió 49.87.  En el 2004 la Gallup-Diario Libre marcó 30 por ciento para Mejía buscando la reelección, y la Penn-Schoen de mayo solo el 27 por ciento, y las urnas le otorgaron 33.65. En 2008, la Gallup-HOY 11-15 de abril, atribuyó al PRD con Vargas Maldonado de candidato, el 37.4 por ciento, y consiguió 40.4.

Inequitativa y antidemocrática.  Cualquiera que sea el desenlace de las urnas, esta campaña electoral ha ratificado las debilidades institucionales de la nación  y la adolescencia de la democracia dominicana. La ausencia de regulaciones y la incapacidad de los organismos electorales para cumplir su rol, derivado de los compromisos partidarios de sus integrantes más claros que nunca, han manchado el proceso electoral.

El movimiento cívico Participación Ciudadana y la Fundación Justicia y Transparencia marcaron sin disimulos la inequidad de la campaña electoral señalando un gasto desmesurado y  gran malversación de recursos públicos, especialmente por la candidatura oficialista, a la que atribuyen 69 y 75 por ciento del gasto publicitario y el abuso de los medios estatales de comunicación. También han denunciado la contaminación visual y sonora, el transfuguismo y la prevalencia de las dádivas.

Participación, que confrontó graves obstáculos por parte de la Junta Central Electoral para repetir la observación electoral que la ha acreditado desde 1996, resaltó el papel protagónico del presidente Leonel Fernández en la campaña, el desbordamiento del gasto gubernamental con interés partidario hasta registrar un déficit presupuestario de entre 45 y 48 mil millones de pesos en los primeros cuatro meses del año y la prevalencia de las políticas clientelistas.

Dentro de ese cuadro resultó extraña la afirmación atribuida al expresidente uruguayo Tabaré Vásquez, cabeza de una misión de observación de la Organización de Estados Americanos, de que este proceso electoral sería “un ejemplo para América Latina”, a no ser que sea de inequidad, clientelismo, malversación de recursos estatales, abuso del poder y falta de las regulaciones que una misión de la misma OEA plasmó en un proyecto de ley electoral que entregó en septiembre pasado y que duerme el sueño de una gaveta legislativa.

Es posible la segunda vuelta

Aunque nadie lo desea, por el costo económico, institucional y hasta emocional que conllevarían otras cinco semanas de campaña, no se puede descartar una segunda vuelta, con un resultado muy cerrado entre los dos punteros, aún con un 3 o 4 por ciento repartido entre los otros cuatro candidatos. Para muchos la diferencia podría depender de quién lleve más gente a las urnas, compre o anule votos, y por eso se teme la ocurrencia de violencia y graves conflictos.

Si se dan por válidos los resultados de las dos encuestas más acreditadas, con apenas 2-3 puntos por encima del margen de error, y se repite la tendencia de Mejía a superar sus registros, se tendría un resultado de virtual empate por debajo del 50 por ciento. La Gallup solo otorgó a Medina 0.6 por ciento por encima de la mitad hace ya un mes, y la Penn 1 por ciento dos semanas atrás. Tampoco se puede descartar un mayor avance oficialista ni un rebase opositor, porque las encuestas, por diversas razones, han tenido múltiples fracasos, algunos estrepitosos como en Colombia en  2010 y en Nicaragua en  1990, cuando el régimen sandinista logró infiltrarlas. O porque al votar los electores sean más sinceros que en las encuestas.

Es obvio que el “voto útil” que provendría de opositores no perredeístas, el “voto de cansancio”, por rechazo al continuismo, y el “voto secreto” por efecto del temor a perder favores gubernamentales, se inclinarían por  Mejía, pero el poder coercitivo y las dádivas de última hora abonan a favor de Medina, lo mismo que el control absoluto del arbitraje y el tribunal electoral. En ambos polos hay “expertos en “compra de votos”, una de las aberraciones que todavía en 2010 mancharon los comicios, por lo que se temen conflictos en la jornada de votación. Ya el viernes, la Alianza Dominicana contra la Corrupción denunció una “compra masiva de cédulas” y  en algunos lugares se identificaba a los traficantes.

Hay consenso entre analistas políticos de que en cualquier dirección, un resultado muy apretado generará conflictos que profundizarán la división en casi dos mitades del electorado y que podrían generar graves dificultades de gobernabilidad a quien resulte electo.

 

Se teme resultado electoral aplastante

Por Juan Bolívar Díaz
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Entre analistas y observadores políticos predomina la percepción de que la alianza que encarna el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se encamina a una barrida electoral similar a la que protagonizó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) cuando gobernaba en el 2002 y que repercutió en retroceso democrático.

El abuso de los recursos del Estado y un manifiesto empeño por acaparar todo el poder político por parte de un Gobierno cada vez más indiferente a los reclamos de la sociedad,  sumado a la debilidad de la oposición, generarían un deterioro de la precaria institucionalidad democrática nacional.

¿Cambios previsibles?

En otros escenarios electorales a una semana de la votación se pueden producir  cambios que alteren los vaticinios de las encuestas y los analistas, pero el panorama político dominicano luce estático y lo conservador domina hasta en el otrora combativo PRD, tanto que hay quienes creen que ni un grave escándalo gubernamental invertiría la tendencia. Como el partido blanco ha estado más concentrado en luchas internas que en el escenario nacional, evolucionando hacia posiciones más conservadoras, tratando de disputar los ámbitos del liderazgo del presidente Fernández, ha hecho poca oposición y no ha podido capitalizar los grandes escándalos que han sacudido al Gobierno en los últimos años, como los del narcotráfico y la corrupción. Por ejemplo, la denuncia periodística de corrupción en el Ministerio de Salud Pública del mes pasado ha sido ignorada tanto por el Gobierno como por los líderes perredeístas.

El partido blanco tampoco ha podido documentar suficientemente los excesos gubernamentales en la campaña electoral y la mayoría de las denuncias han salido de los medios informativos.

Por ejemplo, un reportaje de Teleantillas dio cuenta de que la candidata oficialista a alcaldesa de Santo Domingo Norte tiene 20 camiones recolectores de basura y dos repartidores de agua operando a su nombre en las calles, pero sus opositores ni siquiera han averiguado si esos equipos son gubernamentales o de alguna empresa privada y en qué condición son utilizados en la campaña electoral.

La ineficiencia ha acompañado las pocas denuncias efectistas del partido blanco, como las referentes a la participación de casi todos los altos funcionarios del Gobierno en la campaña electoral, pero no ha sido capaz, por ejemplo, de ejecutar una iniciativa jurídica amparándose en el numeral 18 del artículo 173 de la Ley Electoral, que sanciona con multa y hasta 2 años de prisión correccional a “los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales, usando de su influencia oficial para las elecciones”.

La ofensiva final

Por otro lado, los oficialistas han apabullado con la propaganda en los medios de comunicación, calles y  carreteras, demostrando que le sobran recursos.

Aunque ya el jueves su jefe de campaña, Francisco Javier García, se atribuyó la victoria en las 31 provincias y el DN, el uso masivo de recursos pareciera indicar que no están seguros. En esta última semana de campaña y hasta la votación del día 16,  las dos coaliciones dominantes desarrollarán su ofensiva final.

La del Gobierno es claro que estará fundada en su abundancia de recursos, con distribución masiva de alimentos, dinero   y bienes diversos en esa inmensa franja poblacional que integra la mitad del electorado, mientras el propio presidente Fernández proseguirá “juramentando” opositores e imponiendo su jerarquía y poder en las poblaciones más pobres, como hizo el pasado jueves en Sabana Grande de Boyá, Bayaguana y Monte Plata.

El PRD ha sido pobre hasta en propaganda, muy por debajo de la peledeísta, como si le faltaran recursos financieros.

Podrían haberlos ahorrado para la ofensiva final, incluso para competir en distribución y en incentivos para las horas antes y durante la votación, práctica que se ha afianzado en los últimos procesos comiciales.

Pero en ese terreno es bien difícil competir con los que usufructúan el poder.

Algunas candidaturas perredeístas pudieran beneficiarse del voto consciente al momento de la decisión. Especialmente la de Milagros Ortiz Bosch para la senaduría del DN, porque ella encarna al mismo tiempo el legado ideológico, popular y de ética política de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Una derrota de la doctora Ortiz Bosch en el DN, donde en los noventa llegó a obtener más del 60 por ciento de los sufragios, sería demostrativa del descalabro del perredeísmo histórico. Golpearía también a los que buscan reivindicar el predominio de los valores ideológicos y la honorabilidad de por vida en la política.

Peligroso derrotero

En diversos sectores, incluyendo empresariales y sociales, se teme del empeño peledeísta por acaparar todo el poder político, abusando de los recursos del Estado en detrimento de la institucionalidad democrática y convirtiendo la elección legislativa y municipal en un torneo del presidente de la República.

La preocupación es mayor cuando se conoce de un déficit fiscal de 18 mil millones de pesos en el primer trimestre del año, con incremento del gasto del 40 por ciento en contraste con el de los ingresos fiscales de apenas 6 por ciento y con un endeudamiento que está llegando a límites de insostenibilidad, lo que remite a nuevas reformas tributarias en un Gobierno que no conoce de austeridad y que  fundamenta su popularidad en el reparto del patrimonio público y en los subsidios.

Una barrida que acerque a los gobernantes a los dos tercios del Congreso repercutiría en el equilibrio democrático, sobre todo si ello implica el control absoluto del Consejo Nacional de la Magistratura y las posibilidades de imponer el nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales y los órganos electorales, con un Presidente que considera que a un mandatario de amplio apoyo no se le debería impedir la continuidad.

Las preocupaciones crecen en la medida en que el presidente Fernández parece superar el modelo balaguerista de gobernar a espaldas de la sociedad, con escasa transparencia, como queda evidente en la construcción de la segunda línea del Metro capitalino y en la venta al Gobierno venezolano de la mitad de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo.

Ya supera a Balaguer en comportarse como “ciego y sordo”, pues no ofrece ruedas de prensa, con lo que rehúye responder sobre cuestionamientos, inquietudes y hasta graves denuncias, como las de corrupción y narcotráfico que han marchitado la imagen del Gobierno.

Todas esas y otras razones hubiesen desgastado a cualquier gobierno después de diez años en que han persistido los graves problemas energéticos y la escasa inversión en educación, salud y vivienda, pero para ello se precisa de una oposición que ofrezca una alternativa real o que por lo menos cree ilusiones de que la representa, y eso está ausente en las perspectivas actuales de la nación.

¿Todo está consumado?

Aunque ninguna de las encuestadoras acreditadas ha hecho una medición de las preferencias electorales a nivel nacional, cada vez es más generalizada la percepción de que la coalición de 15 partidos que encarna el PLD se encamina a una barrida en los comicios del próximo domingo.

Dos son los factores que determinan ese estado subjetivo de opinión: el despliegue sin precedente de los recursos del Estado en la campaña oficialista y la manifiesta incapacidad del dividido PRD para responder el desafío y crear siquiera una ilusión de alternativa real que catalice las insatisfacciones que genera la actual gestión gubernativa.

Sólo dos de las encuestadoras con tradición de crédito en el país han realizado investigaciones sobre preferencias en el actual proceso electoral, con resultados contradictorios y limitados al Distrito Nacional y las dos mayores provincias. Son los casos de la Penn and Shoen Bertland y el Centro de Investigación Económica del Cibao. Otras que trabajan para los partidos también arrojan resultados muy diversos y de estas han predominado las del oficialismo.

Pero más allá de la fiabilidad de las encuestas, factores subjetivos prevalecientes inclinan la balanza de un solo lado, aun para analistas tan acuciosos como Rosario Espinal y César Pérez, que  dan por hecho una holgada victoria de las candidaturas de la alianza peledeísta.

A ello contribuye la recolección de grupos políticos que el poder le ha permitido al presidente Leonel Fernández ir conformando desde el 2004, hasta constituir la mayor coalición electoral de la historia nacional, que ya en el 2008 sumó una docena. Esta vez tienen la adición del Partido Reformista Social Cristiano, que hace 4 años fue aliado al PRD y obtuvo el 10.96 por ciento del sufragio. Por menos de ese porcentaje se decidió la votación en 20 de las 31 provincias y en el Distrito Nacional. En las presidenciales del 2008 el 8 por ciento aportado por sus aliados le permitió al presidente Fernández reelegirse en primera vuelta con el 53 por ciento del total.