Un PRM demasiado conservador

Por Juan Bolívar Díaz
01_11_2015 HOY_DOMINGO_011115_ Opinión9 A

Con sinceridad y sin la menor ironía, considero que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido muy conservador al calcular lo que se podría ahorrar en el presupuesto nacional del 2016 para traspasarlo al mejoramiento de los sueldos de los policías y otro servidores del Estado en la indigencia, así como para un mejor combate a la pobreza extrema, aumentando considerablemente el subsidio de los programas sociales..

Para comenzar, la propuesta debería incluir la duplicación de los sueldos de todos los servidores públicos que ganan el mínimo de 5,117 pesos mensuales, así como de los casi cien mil pensionados estatales con el mismo ingreso. Y en la mayoría de los ayuntamientos y distritos municipales se pagan salarios de dos y tres mil pesos.

No se puede dejar de reconocer que la propuesta del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, es interesante y acertada desde el punto de vista político-electoral, tanto que sacudió instancias gubernamentales con reacciones que llegaron al extremo de mandar a estudiar finanzas a economistas de la categoría y reputación de Miguel Ceara Hatton, Guillermo Caram, Arturo Martínez Moya y Eduardo Tejera, para citar a los más conocidos de un equipo económico envidiable para cualquier proyecto presidencial.

En los mismos renglones que incluyó la propuesta de ahorrar 50,823 millones de pesos se podría llegar razonablemente más lejos, y mucho más si el Gobierno decreta una real austeridad en el gasto público, si suprime algunos organismos burocráticos que solo amamantan clientes y parásitos políticos, muchos de ellos duplicadores de funciones o hace tiempo inoperantes, como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, o hasta el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, donde unos dos mil dirigentes y militantes de un partido aliado encuentran sostén.

No se crean que estoy exagerando, fueron promesas de campaña en varias elecciones consecutivas, incluyendo la del presidente Danilo Medina hará cuatro años. El mandatario sabe que es posible un ahorro mayor al planteado por el PRM, pues el Gobierno suprimió un millar de empleos parásitos de reformistas solo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque no se ha atrevido a hacer lo mismo con otro millar de peledeístas y relacionados que cobran en dólares -y en muchos casos trafican- como embajadores, cónsules, vicecónsules y consejeros.

Eché de menos muchos de estos ahorros en la propuesta del PRM y dudo que fuera por olvido, sino más bien conservadurismo para no despertar demasiado incertidumbre o rechazo, o quién sabe si hasta reservándose fuentes clientelares por si logran la hazaña de desplazar la enorme maquinaria política y de control estatal de los actuales gobernantes.

Un ejemplo significativo del conservadurismo de la propuesta se encuentra en el renglón referente a los 245 mil millones de pesos consignados en el presupuesto para la contratación de obras y compras de bienes y servicios, donde solo consignan un ahorro del cinco por ciento, 12 mil millones de pesos. Aunque dejan constancia de que en esos renglones se pierde por lo menos un 20 por ciento “en desviaciones irregulares”.

En materia de obras públicas la corrupción consume más del 20 por ciento. Hace más de tres décadas que Balaguer llegó a justificar las comisiones del 10 por ciento, y todavía no se veían obras duplicadas de precio, como los parqueos de Bellas Artes y la UASD o la remodelación del hospital Darío Contreras.

Fue una descomunal exageración del doctor Leonel Fernández cuando en su campaña electoral de 1996 cuantificó la corrupción en 30 mil millones de pesos, alrededor del cien por ciento del presupuesto nacional. Ahora si fuera solo del 20 por ciento, implicaría más que duplicar los 58 mil millones indicados por el PRM.

Si nada de eso es posible, seguiremos soñando que podremos garantizar la seguridad pública con policías ganando salarios cebolla, como dramatizó el iluminado raso Daurin Muñoz, por eso despedido de la Policía Nacional.

 

Que justicia y paz se encuentren

Por Juan Bolívar Díaz
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El Mensaje de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) emitido con motivo del 171 aniversario de la Independencia Nacional ha sido considerado uno de los más progresistas y abarcadores de la historia de esa institución, comparándosele con la histórica pastoral de enero de 1960 que denunció los excesos de la ya entonces moribunda dictadura de Trujillo.

Esta vez los obispos no están denunciando una dictadura, pero diagnostican con claridad y valentía muchos de los males que agobian a la sociedad en los ámbitos económicos, institucionales, políticos y sociales, formulando propuestas para que la justicia y la paz se hagan realidad. Las preocupaciones y el lenguaje parecen fruto de ese nuevo “aggiornamento” que para la Iglesia Católica está representando el Papa Francisco.

El mensaje, titulado “Que la Justicia y la Paz se encuentren”, se fundamenta en el concepto bíblico de la paz que “designa el bienestar de la existencia cotidiana, el estado del ser humano que vive en armonía con la naturaleza, consigo mismo, con Dios; concretamente, la paz es bendición, reposo, gloria, riqueza, salud, vida.” Citan el Salmo 18: “la justicia y la paz se besan”.

Tras la fundamentación en la doctrina social de los católicos, el documento plantea que en el país la justicia y la paz no se encuentran, coincidiendo con los estudios que diagnostican una enorme inequidad y sosteniendo que “persiste una violencia institucionalizada”, con niveles de pobreza de 40 por ciento, muy superior al 19 por ciento de la región, con 20 por ciento en la indigencia, que fueron las cifras del reciente informe 2015 de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.

La CED sostiene que “Es en este modelo excluyente de crecimiento económico material que se debe buscar la explicación fundamental del desasosiego y la violencia cotidiana en que vive la generalidad del pueblo dominicano”. Y lo primero que desasosiega “es no saber a quién acudir ni a qué atenerse”, por una débil institucionalidad que se percibe en casi todas las esferas, como salud, vivienda, descanso, trabajo, circulación pública, seguridad, contratos y “especialmente en los aspectos fiscales, es decir en la manera en que el gobierno recauda y gasta los recursos que son de todos”.

Denuncian la corrupción pública y privada, fuente de inequidad y desconfianza, el clientelismo y la política concebida como negocio, las carencias del sistema eléctrico, la baja inversión en salud, la menor en la región, que “no puede seguir secuestrada por intereses económicos privados que basan su actividad empresarial en el lucro desmedido”.

El mensaje es descarnado al referirse a “la preocupante situación de la independencia de los Poderes del Estado” que son percibidos “sujetos a unos cuantos líderes y a un solo partido”, con cuotas de poder institucional utilizadas “para agendas políticas e ideológicas, en detrimento del reconocimiento automático de los derechos fundamentales. Tampoco evaden denunciar un endeudamiento excesivo.

Los obispos siguen la línea del Papa Francisco que se preocupa por los inmigrantes, en tanto población vulnerable, y abordan con serenidad el problema de la inmigración, que requiere una solución “racional y justa”, quejándose de que las soluciones para los descendientes de inmigrantes nacidos en el país contempladas en la Ley 169-14 y en el Plan de Regularización para los extranjeros indocumentados, “son obstaculizadas por múltiples sectores involucrados”.

Merecen atención las propuestas de la CED para el dinamismo económico, la institucionalidad y justicia, cultura de derechos, política laboral apegada a principios de justicia universal, así como para la ley de partidos y la regulación de la actividad política y electoral, “con los principios fundamentales de la vida democrática”, y para reencauzar institucionalmente las relaciones internacionales, especialmente con Haití. con regulación del comercio, la migración y la colaboración mutua.

Un duro desafío para el Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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El informe presentado al presidente Leonel Fernández por una Comisión Internacional encabezada por el destacado intelectual y economista francés Jacques Attalí no pudo resultar más sorprendente al avalar las principales críticas y demandas que se formulan al Gobierno.

Las siete iniciativas, con 77 propuestas específicas, que constituyen el informe, ponen a prueba la voluntad política del presidente Fernández y su Gobierno para levantar las bases de sostenimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se viene diseñando desde el 2008.

Tremenda sorpresa.  Para quienes analizan el decurso del país resultó una sorpresa el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana presentado el martes 23 al presidente Leonel Fernández por el destacado intelectual y economista francés Jacques Attalí, quien la presidió, porque avala gran parte de las críticas y demandas que se vienen formulando a la gestión del Estado.

Las 77 propuestas específicas, agrupadas en 7 amplias iniciativas y sus respectivas consideraciones, no hacen concesiones a las políticas estatales en un  documento encuadernado en 116 páginas que constituyen un fuerte desafío a la capacidad rectificatoria del gobierno del presidente Fernández.

La declaración escrita entregada a los reporteros que cubren el Palacio Nacional no recoge ni remotamente la contundencia del documento. Esta vez no puede haber chivo expiatorio ni podrán descalificar el informe como se intentó con el de “Política Social: Capacidades y Derechos” publicado a mediados de año por la Oficina Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaborado a solicitud del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo también como parte de las consultas para la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Esta comisión fue integrada por iniciativa del propio presidente Fernández, quien solicitó a Attalí que la presidiera. La nota informativa entregada a los periodistas resalta la calidad y capacidad del economista, miembro honorario del Consejo de Estado de Francia, asesor especial del presidente Mitterrand entre 1981 y 1991, fundador del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y reputado por la revista Foreign Policy entre los primeros 100 intelectuales del mundo.

Los otros 6 integrantes internacionales de la comisión son economistas y expertos en desarrollo: Arnould Cyrille, Mathilde Lemoine, Jeffrey Owens, Mario Pezzini, Marc Stubbe y Ian Whitman.  Como contrapartida nacional tuvieron al economista Carlos Asilis, al empresario José Luis Corripio, el jurista Eduardo Jorge Prats, el sindicalista Pepe Abreu y la dirigente social Rosa Rita Alvarez. Un equipo técnico entrevistó a un centenar de personalidades dominicanas de diversos ámbitos.

Coincide con el PNUD.  El diagnóstico de la situación económica y social del país, presentado en la primera parte del documento coincide en líneas generales con los informes sobre desarrollo humano ofrecidos desde el 2005  por el PNUD, que resaltan el crecimiento económico dominicano del último medio siglo, pero con escasa redistribución social.

Se diagnostica una economía abierta pero vulnerable, desigualdades, desempleo  y pobreza persistentes, un sector informal preponderante, inseguridad y tráfico de drogas, impunidad, pérdida de confianza en las instituciones, clientelismo, un sector privado frágil con estructura económica poco productiva y una “cultura del no pago”.

En la segunda parte, el informe de la Comisión Attalí contiene 7 líneas de acción encaminadas a “favorecer y acelerar la ejecución de las medidas de la Estrategia Nacional de Desarrollo”, que fue la encomienda del presidente  Fernández.

La primera línea “devolver la confianza en las instituciones” es señalada  como “absolutamente prioritario”. Sostiene que “su implementación inmediata tiene que provocar un sobresalto de confianza en la población dominicana; debe ser acompañada de mensajes fuertes mostrando la voluntad de cambiar de paradigma y adoptar un modelo justo. Duradero y ambicioso”, siendo la base de las otras seis líneas.

Las líneas de acción 2, que identifican cómo suministrar servicios públicos de calidad; la 3, formar las generaciones futuras, y la 4, que es preparar el país para la competitividad internacional, deben iniciarse a partir del 2011 y tener resultados concretos entre el 2012 y 2014. Se busca restaurar un contrato social y liberar las energías colectivas creadoras. La línea 5, a implementarse tras las elecciones del 2012, busca los medios para financiar las reformas y los recursos fiscales para las otras dos.

Llama la atención que no ven posible elevar la presión fiscal, que la estima entre 13 y 15 por ciento del PIB, sin previamente cumplir las propuestas específicas que constituyen las cuatro primeras iniciativas. El incremento impositivo “requiere restablecer una relación de confianza entre la administración fiscal y los contribuyentes. ParA ello el Estado debe erigirse en modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría como útiles y beneficiosos”.

Se fueron al fondo.  Los comisionados del presidente Fernández se fueron hasta el fondo interpretando los persistentes reclamos de la sociedad dominicana como los de priorizar la inversión en educación y salud, reducir el dispendio y la malversación y profesionalizar la administración pública.

Señala que el estado casi se ha desvinculado de la educación y más de dos tercios de su costo lo cubren los mismos ciudadanos. Plantean la necesidad de destinar un mínimo del 4 por ciento del PIB a la educación primaria y secundaria y otro 1 por ciento a la superior.

La reforma de la Cámara de Cuentas, para hacerla más independiente y eficaz en su misión de control, la transparencia en la contratación pública y en el financiamiento de los partidos, una gestión presupuestal por resultados y eliminar prácticas como “el barrilito de los senadores” forman parte de las propuestas específicas. Igual limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministros y las delegaciones diplomáticas, así como de comisiones infuncionales y refundir organismos múltiples con objetivos similares. Cuantifican los subsecretarios o viceministros en 320 y postulan que no deben ser más de cinco por ministerio, aunque algunos tienen más de 30. Señalan que la misión dominicana ante la ONU tiene 47 miembros, más que Brasil.

Otra demanda fundamental que recogen es la de imponer la realización de estudios de impacto económico social para las obras de infraestructura y fijar por ley sus prioridades. Las propuestas incluyen “luchar contra las violencias provocadas por las fuerzas del orden”, que se supone sean las ejecuciones policiales. Postulan  también combatir la sensación de impunidad reforzando el sistema judicial y desarrollar un plan de comunicación internacional para cambiar la imagen del país.

Las propuestas de la comisión que encabezó Jacques Attalí deben producir un sacudimiento en los ámbitos políticos del Gobierno y un convencimiento de que hay razones para el crecimiento de la insatisfacción, que no es asunto de simple percepción y que la sociedad quiere un cambio de modelo, no sólo económico, sino también político.

El desafío es particularmente relevante para el propio presidente Leonel Fernández, quien invirtió recursos en la contratación de una comisión internacional de altísimo nivel. Aunque a menos de dos años para finalizar un tercer período de Gobierno le resultará difícil producir cambios fundamentales que se han reclamado firmemente incluyendo a gestiones gubernamentales anteriores.-