Por Juan Bolívar Díaz

El 2015 será de definiciones políticas con miras a las elecciones generales del año próximo, con importantes retos para la democracia, tanto en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de gobierno como en una dispersa oposición llamada a demostrar capacidad de reagrupación y concertación para orquestar una alternativa política.

Para el Gobierno este será su último año completo por lo que el presidente Danilo Medina tendrá que apurar el paso en realizaciones que afiancen su liderazgo nacional y partidista, con el desafío de evadir el desbordamiento fiscal que ha caracterizado los períodos preelectorales y afrontar demandas salariales y de servicios.

Un año preelectoral. El 2015 se define como un año preelectoral, lo que en la historia del país implica un desbordamiento del gasto gubernamental, no sólo por el interés partidista electoral, sino también por ser el último año completo del período presidencial. En este caso el presidente Medina está compelido a mantener la disciplina fiscal que ha reducido los déficits crónicos heredados, para preservar uno de sus más apreciados éxitos. Más bien tiene el desafío de impulsar una real austeridad y racionalidad como se anuncia en la escandalosa nómina de Relaciones Exteriores, lo que debe extenderse a organismos inoperantes como el Instituto de Estabilización de Precios o la Corporación de Empresas Estatales.

Pero lo que marcará desde ahora la atención nacional será las definiciones de candidaturas presidenciales, especialmente en el PLD donde desde hace año y medio cinco dirigentes se disputan la nominación. La tradición señala la votación primaria con un año de anticipación a los próximos comicios. El primer desafío será reunir la Comisión Política para oficializar un calendario de la elección primaria y luego el Comité Central que deberá validar las precandidaturas. Este organismo no se reúne desde finales de enero del 2014, justo cuando fue ampliado en lo que se estimó una victoria del danilismo sobre el predominio que había mantenido el expresidente Leonel Fernández.

En la oposición todo está por definirse. Las encuestas indican la posibilidad de que el nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM), fruto de la reciente división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y una anunciada Convergencia de grupos puedan encarnar una alternativa, pero aún no acaba de constituir sus organismos de dirección y ni siquiera un padrón de miembros para elegir candidatura, lo que han anunciado para fines de marzo. En lo que quedó del PRD ya fue proclamado candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado, sin previa convocatoria y en violación de la ley electoral y su propio estatuto, lo que ha contribuido a un escaso impacto.

Todo el proceso tiene interrogantes en un arbitraje controlado por el partido de gobierno, tanto en la Junta Central Electoral como en el Tribunal Superior Electoral, lo que ya el PRM y la Convergencia han denunciado, y sin que se apruebe la Ley de Partidos y ni siquiera se haya debatido la pendiente Ley Orgánica del Sistema Electoral.

Leonel otra vez. Las perspectivas apuntan a una nueva postulación del expresidente Leonel Fernández, quien busca firmemente un cuarto período presidencial. impulsado por un liderazgo nacional y partidario que sólo el presidente Medina puede contestar. Por los niveles de cuestionamiento, rechazo y hasta temor que inspira un doctor Fernández adicto al poder, su candidatura podría ser un gran incentivo para la conformación de un frente opositor, pero como eso es hasta hora una simple aspiración, él seguirá afianzándose, impulsado por la gratitud de un partido que bajo su rectoría ha ganado las últimas cinco elecciones generales.

Sólo el nuevo liderazgo del presidente Medina podría disputarle la candidatura. En primer lugar si pudiera él mismo ser candidato, para lo cual tendría que mediar una reforma constitucional, imposible sin el concurso de Fernández, o si decidiera jugárselas todas apoyando abiertamente otro de los precandidatos. Esto tiene la dificultad de que ni el secretario general del partido, Reinaldo Pared Pérez, ni los ministros Temístocles Montás y Francisco Javier, ni Radhamés Segura han logrado alcanzar siquiera un 5 por ciento en las preferencias electorales de las encuestas.

Medina pudiera jugar a reivindicar los principios fundacionales del PLD y al no retorno de una gestión que en la práctica ha cuestionado, profundizando rectificaciones, para lo cual tendría que apoyar a Montás, que es quien está más cerca de ello. Pero hasta ahora ha optado por la neutralidad, consciente de sus limitaciones constitucionales, del liderazgo de Leonel Fernández, y de los riesgos de una división. Se cree que ejercerá sus poderes para llevar una buena cuota de sus leales a posiciones legislativas y municipales que le permitan mantener su liderazgo en el PLD y garantizarse la candidatura del 2020, con o sin el partido en el gobierno.

Entre Hipólito y Abinader. En la oposición todas las encuestas apuntan hacia Luis Abinader e Hipólito Mejía como alternativa, y más lejano a Guillermo Moreno, a quien la JCE mantiene congelada, desde hace año y medio, la solicitud de reconocimiento para su partido Alianza País. Max Puig mantiene vigencia por un vigoroso discurso, seguido de Eduardo Estrella, mientras Hatuey de Camps es visualizado como un posible orquestador de un frente opositor. Minou Tavárez Mirabal, un símbolo nacional, promete un nuevo partido, ya contra el tiempo.

Cualquiera que encarne la oposición tendría que buscar una amplia concertación de fuerzas, imprescindible para vencer la inmensa maquinaria de poder que ha constituido el PLD, con el control del Gobierno, el Congreso, la Justicia y los organismos electorales. La reducción de la votación del PLD en más de 199 mil votos en el 2012 es un indicador de que no es invencible. Alcanzó el 51 por ciento gracias a una docena de aliados y un derroche fiscal sin precedente que ahora no podrá repetir.

Pero el primer desafío de la oposición es que el PRM logre pasar la prueba de la elección democrática de su candidato, sin repetir los arrebatos perredeístas, y desarrolle la capacidad de concertar la Convergencia opositora para elegir los candidatos a más de cuatro mil cargos que se disputarán en mayo del 2016. Abinader, en ascenso en las encuestas, y con escaso margen de rechazo, sería más abarcador, pero falta ver el efecto del lanzamiento formal de la candidatura de Mejía, anunciado para estos primeros días del año.

Los desafíos económicos. No menores son los retos económicos, el primero evitar el desbordamiento del gasto público, con un presupuesto nacional ya altamente deficitario. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles estima que el déficit del sector público no financiero alcanzará casi 99 mil millones de pesos, enmarcado “dentro de un modelo que busca el progreso económico a partir del gasto público deficitario que produce cada vez mayor endeudamiento público. Como nos enseña la historia, ese tipo de estrategia es insostenible y, a la larga, perjudica en mayor proporción a los más necesitados”.

Para el Gobierno, luce difícil alcanzar el objetivo del pacto fiscal, y no tiene a la vista ingresos extraordinarios como los del año pasado por venta de empresas extranjeras, pero tendrá presiones por mejoramiento de salarios, pensiones y contribuciones, de la mayoría de empleados que trabajan, como los de educación y salud, arrastrados por las negociaciones para elevar los salarios privados, que arrancan este mes.

Con un gasto de capital que se reduce en 20 por ciento y alcanza apenas al 15 por ciento del presupuesto, tendrá dificultades para afrontar las demandas de mejoramiento de servicios, mantenimiento de infraestructuras y prioridades comunitarias que crecen al compás de las campañas electorales.

Otros retos importantes. La nación y la justicia tienen por delante retos como poner fin a la impunidad de la corrupción, y la primera prueba será el pesado expediente del ministerio público para procesar al senador Félix Bautista, y la investigación de Víctor Díaz Rúa, ambos alcancías del expresidente Fernández, en manos de una Suprema Corte bajo su control.

Para detener el deterioro institucional el Gobierno deberá expedir los reglamentos de las leyes de Administración Pública y de Regulación Salarial del Estado, con dos y medio y año y medio, respectivamente, de promulgadas. También tendría que hacer cumplir la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los excluidos por la sentencia 168-13 y desarrollar un esfuerzo para rescatar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, como paso fundamental para empezar a controlar el desbordamiento inmigratorio. Debería privilegiar el pacto eléctrico y el financiamiento de las mega-plantas en las que ha cifrado el mejoramiento de los contratos con los generadores y el paliativo de la crisis energética.

Para la sociedad civil los retos son abandonar la resignación y la frustración, reclamar el Estado de Derecho y la equidad social y, sobre todo rescatar la ilusión de que sí podemos mejorar la institucionalidad democrática.