Agradecimiento al embajador Fisher

Por Juan Bolívar Díaz
03_05_2015 HOY_DOMINGO_030515_ Opinión9 A

Los que no han leído el discurso del embajador del Reino Unido, Steven Fisher, en el desayuno de la Cámara de Comercio Británica el 28 de abril, deberían procurarlo en Internet. Seguro que algunos caerán en la reacción tradicional de rechazar esa “injerencia en nuestros asuntos internos”, pero la gran mayoría de las personas honradas terminarán agradeciéndole porque implica una invitación a reflexionar, proveniente de alguien que muestra mucho aprecio por el país, después de cinco años acompañándonos.

El texto tiene una redacción excelente, con perfiladas de buen humor, como cuando da cuenta de mensajes intercambiados por la embajada británica y su cancillería en los primeros días de la revolución constitucionalista, en uno de los cuales se cuestiona a las clases dominantes por su insensibilidad social y falta de visión, a lo que se atribuye aquel estallido socio-político, para concluir en la esperanza de que se hayan aprendido las lecciones. El entonces embajador Stafford Campbell consideraba que la injusticia social y la corrupción estaban frenando al país.

Tras ello el embajador actual se refiere a lo que ha crecido económicamente el país en los 50 años posteriores a la Revolución Constitucionalista, para preguntar si se ha abordado adecuadamente el tema de la desigualdad social, para responder que desde 1965 hemos tenido el mayor crecimiento económico de toda América Latina, pero con la menor reducción de la pobreza. Se fundamenta en un informe del Banco Mundial, según el cual en los últimos 20 años la pobreza disminuyó del 44 al 28 por ciento en América Latina, especialmente entre el 2006 y 2013, pero en el país sólo bajó del 44 al 41 por ciento. Ejemplificó: en Chile se redujo del 29 al 14 y en Perú del 49 al 25 por ciento.

Fisher recoge la impresión de turistas de que hay dos República Dominicana y aborda con delicadeza una serie de carencias nacionales que dificultan las inversiones, especialmente la corrupción, el narcotráfico y un sistema judicial que considera “lento, frustrante e injusto”. Pasa a “desenmascarar dos mitos”, primero el del supuesto complot internacional para fusionar las dos naciones de la isla, lo cual calificó de “totalmente falso”, agregando que “Nadie -Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido- ha considerado, ni por un segundo, promover una política tan absurda”. El segundo: que la comunidad internacional quiere que República Dominicana cargue con la carga de rescatar a Haití, lo que también estima absurdo. Reconoce los aportes dominicanos a Haití y los derechos a establecer su política inmigratoria y a deportar indocumentados, pero advirtiendo que con respeto de los derechos humanos.

El embajador británico anunció su próxima partida, que le gustaría que República Dominicana “siga siendo el único, especial y hermoso país que siempre ha sido”, que espera volver en el futuro y que le gustaría encontrar una sociedad integrada, con acceso justo y asequible a la justicia y sin impunidad, que el narcotráfico haya sido derrotado y los crímenes violentos, incluyendo el feminicidio, reducidos dramáticamente.

Espera que al volver la pobreza extrema y la otra pobreza hayan sido radicalmente erradicadas, que la mayoría tenga empleo y los salarios reales hayan aumentado, que los niños no mendiguen en las calles y castigados sus traficantes, que los discapacitados sean cuidados e integrados. También que no haya que recordar el día de inicio de clases, que la Policía esté bien pagada y sea eficiente y respetada, y que los inmigrantes sean bien tratados, sin abusos, sin deportaciones arbitrarias y sin ser forzados a pagar “peajes” para cruzar la frontera y que como trabajadores estén protegidos por el Estado y la ley.

Quienes hemos tratado al embajador Fisher lo reconocemos un diplomático profesional, discreto y propositivo, que reconoce los esfuerzos de las autoridades y de diversos sectores sociales. Pero su conferencia mostró también un ser humano sensible que quiso hacer un gesto de franqueza y compartir sus preocupaciones por nosotros. Confiemos que la mayoría de su auditorio lo haya escuchado y le ponga atención.

Incoherente política inmigratoria

Por Juan Bolívar Díaz

Amnistía Internacional y el Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes han vuelto a denunciar la política que mantiene el gobierno dominicano sobre la inmigración haitiana, caracterizada por la incoherencia y la irracionalidad. Denunciamos el desproporcionado ingreso de ciudadanos haitianos mientras persiste un tráfico de visas y el cobro de peaje en los puestos militares de control.

Se ha demostrado hasta la saciedad que la algarabía antihaitiana y la descalificación de los denunciantes no son suficientes para cambiar la negativa imagen que proyecta el país en el ámbito internacional. Tampoco basta la reinterpretación que hemos hecho de la Constitución para definir quiénes tienen derecho a la nacionalidad, hasta que se cambie el artículo que la garantiza a todo el que nace en el país. Y cuando eso ocurra ningún organismo internacional aceptará que tenga carecer retroactivo.

La sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pesará contundentemente en los ámbitos internacionales por más bulla que aquí pretendamos hacer para restarle legitimidad. Aunque esta semana el gobierno dió el primer paso a su cumplimiento al pagar la indemnización a que fuimos condenados.

Todavía son muchos los dominicanos, aún de buena fé, que no han entendido el fundamento de esa sentencia. Es que nos agarraron con una grave discriminación. Se les había negado la nacionalidad a dos niñas nacidas en Sabana Grande Boyá, hijas de dos mujeres oriundas también del mismo municipio, que aunque hijas de haitianos, habían sido dotadas de la ciudadanía décadas atrás cuando no predominaba la nueva interpretación del principio del jus soli. Y aún cuando las niñas tenían hermanos mayores reconocidos como dominicanos.

Tanto el Servicio Jesuita para Refugiados como Amnistía Internacional persisten en denunciar como discriminatoria y racista la política dominicana sobre los inmigrantes haitianos. Ambas son instituciones reconocidas y de prestigio. Amnistía abrió una campaña pidiendo reclamar al presidente Leonel Fernández el cumplimiento de las convenciones sobre derechos humanos y especialmente de migrantes.

Nadie discute racionalmente que el Estado dominicano tiene derecho a limitar la desproporcionada inmigración haitiana como la de cualquier otro origen. Lo que se pide es que se haga con pleno respeto de los derechos humanos.

Para comenzar a implementar una nueva política, que reduzca el flujo haitiano y saque el país de los informes internacionales sobre violación de derechos humanos, lo primero que tenemos que lograr es extirpar el tráfico de esos inmigrantes practicado y estimulado por empresarios que los explotan y por autoridades militares y consulares que obtienen del mismo pingües beneficios.

Basta recordar la reciente denuncia del obispo de Mao-Montecristi, monseñor Diómedes Espinal, sobre el peaje que cobran en los puestos militares de la región fronteriza para permitir el tráfico de inmigrantes haitianos, sobre lo cual no ha habido una explicación de las jerarquías, y los informes de las últimas semanas sobre tráfico de visas a ciudadanos de la vecina nación. Informes de organismos de seguridad, como la Dirección Nacional de Investigaciones, publicados recientemente por el diario electrónico Clave Digital, hablan hasta de consulados

clandestinos, de venta de visas de cortesía y del uso de ciudadanos haitianos como buscones para expedir visas en el consulado de Juana Méndez.

Uno de esos informes, publicado esta semana, sostiene que en 14 meses se expidieron 67 mil 696 visas en los consulados dominicanos en Haití. Es decir 4 mil 835 por mes, y 210 por día laborable. A un promedio de 100 dólares por cada visa, -las de un solo ingreso por 56 pesos y la múltiples por 175- se tiene un ingreso de 6 millones 769 mil dólares.

Según el informe, de esos 67 mil ingresados, 29 mil 445, el 43.5 por ciento, se habrían quedado ilegalmente en el país, casi 6 mil más que los deportados en el mismo período, con métodos rechazados por los defensores de los derechos humanos.

La expedición masiva de visas es un negocio viejo. Ya en el anterior gobierno del presidente Fernández, el embajador Silvio Herasme suspendió a dos cónsules por tráfico de visas, incluyendo a la esposa del actual incumbente del consulado en Juana Méndez, Rafael Cheché Luna, lo que muestra la persistencia hasta de los mismos actores en ese drama de incoherencia y contradicción.

Urge una nueva política migratoria. O siquiera un mínimo de coherencia y racionalidad.