Correlación entre corrupción, relajo institucional y pobreza

Por Juan Bolívar Díaz
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La alarma se disparó esta semana cuando se conoció el último informe de la prestigiosa Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que deja al país con la mayor tasa regional de indigencia (20 por ciento) y 41 por ciento en la pobreza, pese a figurar entre los de más alto crecimiento económico de las últimas décadas.

Sin embargo, está diagnosticado, y lo ratificó aquí esta semana el experto internacional Daniel Kauffmann, que hay una estrecha correlación entre los niveles de pobreza, corrupción e impunidad que por demás se reproducen en la delincuencia de todo género y nivel, incluyendo el narcotráfico.

Liderando la indigencia. En realidad las tasas de pobreza e indigencia en RD que presenta el documento “Panorama Social de América Latina 2014″, publicado el lunes 26, se mantienen similares al anterior, la diferencia es que el país aparece como líder porque otros, como Paraguay, registraron avances significativos, y no se midió a Haití, Guatemala y Honduras, con los que competimos históricamente. Sólo registran datos de 12 países de AL, sin los de Argentina y México, siempre mejor situados, ni los de Bolivia, donde el informe anterior había reducido la pobreza e indigencia a tasas de 36 y 19 por ciento.

El problema no es sólo que RD aparece liderando la pobreza y la indigencia, con tasas de 40.7 y 20.2, sino que supera con mucho el promedio latinoamericano, de 28.1 y 11.7 por ciento.

El resultado objetivo es que la pobreza nacional supera el promedio en 45 por ciento y la indigencia casi en 73 por ciento. Paraguay está casi empatado con tasas de 40.7 y 19.2, pero con notable avance positivo, ya que en el informe anterior registraba 49.6 y 28 por ciento de pobreza e indigencia. Otro que recibe crédito es El Salvador, donde la pobreza cayó del de 45 a 41 y la indigencia de13.5 a 12.5 por ciento.

La CEPAL, un organismo del sistema de Naciones Unidas, tiene prestigio en la región desde los años sesenta. Pero su diagnóstico no difiere de los que en el último año ofrecieron otras instituciones internacionales como el Banco Mundial y Oxfam-Intermón, y en años anteriores el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

Una grave contradicción. Lo que más llama la atención de los analistas es que el país mantenga tales niveles de pobreza e indigencia, pese al alto crecimiento económico que registra en los últimos 60 años, como han venido diagnosticando estudios nacionales e internacionales. Lo hizo el PNUD hace justo una década, cuando sostuvo que RD era de los países del mundo de mayor crecimiento en el anterior medio siglo, pero al mismo tiempo el que más lo había desaprovechado para traducirlo en desarrollo humano.

Baste señalar el contraste del nuevo informe de la CEPAL con el ofrecido pocos días antes por el Banco Central dominicano, que estimó en 7.5 por ciento la tasa de crecimiento del PIB en 2014, cuando el promedio latinoamericano del organismo regional fue apenas de 2.7 por ciento, casi la tercera parte.

El crecimiento económico dominicano de la última década es estimado en 5.5. En ambos casos liderando la región.

La generalidad de los análisis escarban en la distribución del ingreso, pero habría que buscar también en la artificialidad del crecimiento económico, basado en gran proporción en endeudamiento estatal, nacional e internacional, sector financiero y no financiero, que se multiplicó seis veces en lo que va de siglo, con un derroche enorme, y gasto corriente que ya consume el 85 por ciento. Con una deuda estatal consolidada de unos 34 mil millones de dólares, que incluye la del Banco Central, cada dominicano que nace ya debe 3 mil 400 dólares, más de 150 mil pesos.

Los diagnósticos nacionales. La unidad nacional del PNUD, diagnosticó suficientemente la pobreza y la desigualdad prevalecientes, pero también lo han hecho instituciones públicas. El mejor indicador, de los recientes, es la Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera, presentada en noviembre por el Banco Central, donde se registra que casi tres quintas partes de los hogares dominicanos tiene ingresos mensuales menores de 18 mil pesos, con un ingreso promedio nacional de 19 mil 409 pesos, cuando el costo promedio de la canasta familiar nacional se estima en 27 mil 887, y en 36 mil 697 a nivel de la capital.

Un indicador indiscutible es el de la Tesorería de la Seguridad Social, que registra el 70 por ciento de los afiliados con salarios mensuales menores de 20 mil pesos. Y hay que tomar en cuenta que los asegurados son los trabajadores formales, con mayor nivel promedio de ingresos. En 2013 el FMI diagnosticó que el salario real se había reducido en 27 por ciento desde comienzo del siglo. Otro indicador de pobreza es que todavía el 45 por ciento de los asalariados estatales ganan el salario mínimo público de 5,117 pesos, suma que recibe también el 85 por ciento de los pensionados.

Con todos esos datos y un 26 por ciento de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, la pobreza real puede ser todavía mayor que la diagnosticada por la CEPAL. Y si no es así, hay que atribuirlo a que una proporción considerable de los dominicanos y dominicanas tienen dos o más empleos o actividades económicas para sobrevivir, lo que se traduce en jornadas laborales de 12 y 14 horas. Así se “estabiliza” la pobreza, al reducirse la capacidad de estudio y entrenamiento, de esparcimiento y de convivencia familiar y social.

Corrosión institucional. Esta misma semana, durante una charla en el aniversario del telediario El Día, el experto internacional Daniel Kaufmann presentó un mapa continental de la corrupción, proyectado en pantalla gigante en el auditorio del Banco Central, en el que aparecían cuatro países teñidos de rojo, por su alto nivel de corrupción: RD, Venezuela, Paraguay y El Salvador. El orador sostiene que en “algunas naciones de la región la corrupción se ha convertido en sistémica o endémica”.

Kaufmann resaltó la necesidad de la transparencia, pero precisando que no es suficiente si no hay voluntad política, sanciones y participación social y si las instituciones no funcionan. En realidad el proceso de la corrupción termina en la corrosión de la justicia, el Congreso, los organismos de control, partidos políticos y otros sectores, que es lo que viene ocurriendo en el país. El reparto clientelar se expande por el cuerpo social anestesiándolo, y junto al rentismo consumen una proporción de lo que Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y hasta Bolivia vienen invirtiendo en los últimos años.

Con la impunidad se minan las instituciones y el efecto demostración reproduce hacia todos los sectores la corrupción que se ejerce desde el gobierno del Estado. La justificación de la riqueza fácil lleva a todo género de delincuencia y al narcotráfico que termina penetrando Fuerzas Armadas, cuerpos policiales y la política misma, convirtiendo a RD en uno de los mayores puentes del narcotráfico internacional. El círculo vicioso concluye en el deterioro democrático que diagnosticó en diciembre un estudio de la Fundación Konrad Adenauer.

 

 

 

Loma Miranda convertida en una Torre de Babel

Por Juan Bolívar Díaz
Loma

Muchos de los argumentos del presidente Danilo Medina para observar la ley que declaraba la loma Miranda parque nacional tienen validez, pero nadie entiende cómo permitió que su absoluta mayoría legislativa aprobara casi a unanimidad una ley que parece expresión de la excesivamente prematura lucha en el interior de su partido por sucederle.

La indefinición en el Gobierno y la incapacidad de la empresa Falcondo para presentar un proyecto de explotación minera con parámetros medioambientales aceptables, permitieron que se expandiera una oposición radical que subestimaba las implicaciones económicas y sociales del proyecto.

El veto presidencial. No fue una simple observación de la ley que declaraba a loma Miranda parque nacional, fue un veto absoluto a la procedencia de la ley para consternación de amplios sectores sociales y políticos que habían concentrado su atención en los últimos dos años en el rechazo de la explotación minera por considerar la loma Miranda como un santuario inviolable del equilibrio ecológico regional.

Aunque algunos de los argumentos presidenciales pueden ser discutibles, como que la ley tenía que esperar por una dilatada Ley de Ordenamiento Territorial, otros fueron contundentes, como que los legisladores fundamentaran su decisión en tres leyes y cuatro decretos que habían sido derogados, tan inconcebible que no han faltado quienes crean que fue expreso para que la ley se cayera ante el ejecutivo o en una instancia judicial.

Colocado entre la espada y la pared, el presidente Danilo Medina adoptó la posición clara que se le había requerido en el proceso de debate que abarcó por lo menos los últimos dos años. Se auxilió del reclamo de veto del sector empresarial, pero mejor fundamentado por dos razones, especialmente porque advirtió que la observación de la ley no implicaba aprobación de la explotación minera en loma de Miranda, que solo autorizaría “luego de que se hayan completado todos los estudios de impacto ambiental y se hayan validado, si fuese el caso, los términos de referencia de la explotación bajo los más rigurosos estándares medioambientales”.

El mandatario se refirió respetuosamente a “sectores de la vida nacional que, en una acción loable, son defensores de los recursos naturales” y les garantizó que no autorizará ninguna explotación minera “sin que se cumpla de manera estricta con los requerimientos de un aprovechamiento medioambiental sostenible y que la empresa beneficiaria de la concesión se gane legítimamente, con sus acciones, la licencia social que amerita una explotación de esta naturaleza”.

El mismo martes 2 en que se produjo el veto presidencial, el Consejo Nacional de la Empresa Privada había publicado un comunicado maniqueísta donde sin la menor consideración ni diferenciación sostenía que no se debía promulgar una ley “que ha sido empujada por grupos ideológicamente radicales, que de manera constante se oponen al desarrollo sostenido y sostenible. Aunque la oposición es tan amplia que abarca grupos políticos y populares, religiosos encabezados por el obispo de La Vega, donde hasta las entidades empresariales apoyaban el parque nacional.

Responsabilidad del PLD. Lo que nadie logra entender es cómo fue posible que el poderoso Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana no bajara recomendaciones a sus legisladores en un proyecto tan importante y que dejara al presidente Medina enfrentar solo las consecuencias políticas del veto. Se responsabiliza a los presidentes de las cámaras legislativas por haber permitido un despacho acelerado del proyecto de ley, conocido en ambas cámaras en tres días. Se afirma que el presidente Medina se quejó de ello en la reunión de ese organismo del lunes, cuando anunció que vetaría la ley.

Se han producido autocríticas en el equipo ejecutivo del mandatario por no haber fijado posición clara al respecto, mientras otros se quejan de que los encargados de “bajar línea” no hicieron su trabajo. No han faltado quienes estiman que se trató de una “negligencia inducida” para exponer a Danilo Medina a una reducción de su popularidad en momentos en que tomaba velocidad el activismo de algunos que creen posible una repostulación del mandatario, lo que solo sería posible con la declinación de los aspirantes a la candidatura presidencial, relevantemente el expresidente Leonel Fernández, cada semana más metido en su promoción.

De lo que no hay dudas es que precandidatos y dirigentes peledeístas quisieron subirse a la ola popular que reclama la conversión de loma Miranda en parque nacional sin medir las consecuencias ni pedir el parecer del Gobierno, compitiendo anticipadamente con una aún dispersa oposición que busca espacios de articulación y crecimiento. Tampoco hay dudas de que la prematura campaña interna en el PLD empieza a condicionar su propio Gobierno cuando apenas ha iniciado su segunda mitad.

La negligencia de Falcondo. Con su producción de ferroníquel paralizada por los bajos precios del mercado internacional, la minera Falcondo pareció subestimar la potencialidad del movimiento de los defensores del medio ambiente. La provincia entera de La Vega se le fue en contra, con su obispo, legisladores y empresarios al frente, y la de Monseñor Nouel y su sindicato de trabajadores salieron tarde al debate para defender un millar de empleos directos y otros dos mil indirectos.

No se encuentra justificación al hecho de que 16 meses después del informe del PNUD que desestimó su plan de explotación, la empresa no hubiese presentado otro proyecto, atendiendo sugerencias y requerimientos. La única explicación es que al no estar exportando, la empresa no mostrara prisa en garantizarse la expansión, pero mientras tanto la fiebre del parque nacional subía de temperatura.

La empresa debió invertir recursos para adelantar la remediación ambiental que aún tiene pendiente en las áreas que ha explotado ferroníquel en las últimas cuatro décadas. El informe del PNUD reconoce que “la empresa ha dedicado importantes esfuerzos a recuperar la cobertura vegetal luego de la extracción del mineral”, pero advierte que “no obstante persiste un área considerable aprovechada en el pasado, cuya degradación es aún visible”, planteando que “Hasta que se restablezcan estos sitios, será difícil para Falcondo argumentar que no se producirán impactos visuales similares en loma Miranda”.

Una Torre de Babel. Lo ocurrido en el debate sobre loma Miranda ha sido una reproducción de la bíblica Torre de Babel, en la que cada sector hablaba su propio lenguaje, sin tratar de entender el de los demás. Ha faltado una iniciativa del Gobierno para contener el movimiento ecologista, reclamando a Falcondo la nueva propuesta de impacto ambiental como condición fundamental para considerar la autorización de explotación. No bastaba lo de la seguridad jurídica ni derechos adquiridos. En todo el mundo las explotaciones mineras pasan por legitimarse social y económicamente y cuando no ocurre, simplemente quedan desautorizadas.

Los defensores del medio ambiente han lucido radicalmente cerrados a toda discusión y consideración, algunos exagerando el valor ecológico de la loma Miranda, pero con justificadas preocupaciones, sobre todo si hasta los técnicos extranjeros del PNUD advertían que no se ha remediado todo lo degradado en las explotaciones de La Peguera y Ortega.

Ha habido escasa valoración del empleo directo e indirecto y de los ingresos fiscales que representa la explotación del ferroníquel. Lo que parece haber predominado es la algarabía politiquera y las dificultades de los dominicanos para concertar en aras del interés colectivo, mucho más allá de los legítimos intereses sectoriales.

Ambivalencia gubernamental

Hasta que se produjo el veto presidencial a la ley de parque nacional, lo que hubo en el Gobierno fue una ambivalencia. Por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente había acogido las conclusiones de la evaluación de la misión técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) contratada por el Gobierno, de que el proyecto de explotación minera presentado “no responde a las exigencias ambientales y sociales, y por ende de desarrollo sostenible del país”. En oficio del 6 de junio de 2013, el ministerio decidió “desestimar el proyecto loma Miranda para obtener autorización ambiental hasta tanto las condiciones socioeconómicas y ambientales y las tecnologías de explotación minera garanticen un aprovechamiento sostenible del recurso mineral”.

Pero la posición del Ministerio de Industria y Comercio y su Dirección General de Minería eran contrarias al parque nacional, planteado como forma de cerrar toda posibilidad de explotación. Favorecían el proyecto minero sin enfatizar el cumplimiento de las exigencias medioambientales, ni la remediación forestal total de las dos lomas, La Peguera y Ortega, donde la Falcondo ha operado durante cuatro décadas. A esa dicotomía se atribuyeron los desacuerdos en las cámaras legislativas para tramitar el proyecto de ley de parque nacional.

Al final de la primera legislatura del año y al comienzo, en agosto, de la segunda, se esperaba una clara definición del Gobierno que no se produjo, lo que explicaría la aprobación casi unánime del parque nacional en sesiones de urgencia de ambas cámaras legislativas. En el Senado solo disintió el senador por Monseñor Nouel, atendiendo las preocupaciones de su comunidad por el desempleo que determinaría el cierre de la explotación del ferroníquel en su provincia. El partido de Gobierno controla 31 de los 32 escaños senatoriales. Entre los diputados la desaprobación y las abstenciones fueron un puñado.

 

Tendrán que reformular el pliego

Por Juan Bolívar Díaz

Todo parece indicar que las organizaciones empresariales tendrán que reformular y moderar consistentemente su pliego de reclamos, si quieren conseguir algunas de sus demandas que parecen razonables, como la reducción del costo de la prestación de cesantía que para pequeñas y medianas empresas puede constituirse en insostenible, pero ni eso conseguirán si no reconocen la vulnerabilidad de los empleados y de un modelo económico social que concentra excesivamente el ingreso.

Desde que integró el año pasado una comisión oficial multisectorial para conocer y recomendar sobre las demandas de reformas al régimen laboral, el Gobierno las condicionó al consenso entre empleadores y trabajadores. Y recientemente el presidente Danilo Medina lo ratificó tajantemente, lo que obliga a un mayor esfuerzo de concertación si se quiere conseguir algo del amplio pliego de reclamos empresariales.

No está descaminado el Gobierno sobre los reclamos empresariales, pues no hay razón que justifique abandonar la búsqueda de consenso y los acuerdos obrero-patronales y gubernamentales sobre los que durante años se edificó el Código de Trabajo, a principio de los noventa y la ley que en el 2001 instituyó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Como la democracia, el consenso representa dificultades y hasta lentitud en las decisiones. Siempre ha sido más fácil la imposición que la concertación. Pero nadie renuncia voluntariamente a los avances o derechos adquiridos durante años sino en un proceso de racionalidad e intercambio de concesiones.

Desde que se conocieron las demandas empresariales, algunos consideramos que eran tan excesivas que parecía que habían seguido el equivocado modelo sindical de pedir mucho para conseguir poco. Por ejemplo, cada discusión de aumento salarial comienza con demandas del 50 y 60 por ciento para quedar en 10 o 15 por ciento.

El primer error de los empresarios es que no han logrado aclarar suficientemente si sus promesas de no afectar conquistas establecidas, implica que las reformas que reclaman solo se aplicarán a las contrataciones laborales futuras, como se debe asumir, dada la irretroactividad de la ley.

En segundo lugar el pliego parece inspirado en lo ocurrido en naciones desarrolladas donde se ha hecho pagar a los trabajadores el costo de la crisis estructural del capitalismo y de la voracidad de los ejecutivos y magnates financieros. Pero el nivel del bienestar social alcanzado en algunos países permite reducciones sin agravar demasiado las condiciones de vida de la población.

La cuestión es diferente en países de tanta desigualdad, como la República Dominicana, donde tres cuartas partes de los asalariados no reciben lo equivalente al costo promedio de la canasta familiar, y donde más de medio siglo de crecimiento económico no han logrado una reducción significativa de la pobreza, por la concentración del ingreso, como lo han documentado los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y recientemente del Banco Mundial.

Por ejemplo, es una torpeza plantear el aumento de la jornada laboral de 44 a 48 horas semanales, reduciendo conquistas de principios del siglo pasado.

Mucho menos viable en un país donde una alta proporción de los empleados tienen un segundo trabajo, formal o informal, con jornadas diarias totales que alcanzan hasta las 16 horas.

Los empresarios tienen cierta razón en cuanto a la cesantía que es una carga que casi duplica el costo de sus aportes a las pensiones y que, en muchos casos, quiebra empresarios, sobre todo pequeños y medianos, e incentiva la informalidad y las evasiones. ¿A cambio de más aporte al sistema de pensiones o un seguro de desempleo?

También tienen razón en que en muchos sectores, el agropecuario y la construcción por ejemplo, es impracticable la cuota de 20 por ciento de extranjeros, y debe ser racionalizada. Pero que abandonen la extensión del horario diurno hasta las 10 de la noche y el trabajo sin límites los fines de semana.

 

Un duro desafío para el Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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El informe presentado al presidente Leonel Fernández por una Comisión Internacional encabezada por el destacado intelectual y economista francés Jacques Attalí no pudo resultar más sorprendente al avalar las principales críticas y demandas que se formulan al Gobierno.

Las siete iniciativas, con 77 propuestas específicas, que constituyen el informe, ponen a prueba la voluntad política del presidente Fernández y su Gobierno para levantar las bases de sostenimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se viene diseñando desde el 2008.

Tremenda sorpresa.  Para quienes analizan el decurso del país resultó una sorpresa el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana presentado el martes 23 al presidente Leonel Fernández por el destacado intelectual y economista francés Jacques Attalí, quien la presidió, porque avala gran parte de las críticas y demandas que se vienen formulando a la gestión del Estado.

Las 77 propuestas específicas, agrupadas en 7 amplias iniciativas y sus respectivas consideraciones, no hacen concesiones a las políticas estatales en un  documento encuadernado en 116 páginas que constituyen un fuerte desafío a la capacidad rectificatoria del gobierno del presidente Fernández.

La declaración escrita entregada a los reporteros que cubren el Palacio Nacional no recoge ni remotamente la contundencia del documento. Esta vez no puede haber chivo expiatorio ni podrán descalificar el informe como se intentó con el de “Política Social: Capacidades y Derechos” publicado a mediados de año por la Oficina Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaborado a solicitud del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo también como parte de las consultas para la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Esta comisión fue integrada por iniciativa del propio presidente Fernández, quien solicitó a Attalí que la presidiera. La nota informativa entregada a los periodistas resalta la calidad y capacidad del economista, miembro honorario del Consejo de Estado de Francia, asesor especial del presidente Mitterrand entre 1981 y 1991, fundador del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y reputado por la revista Foreign Policy entre los primeros 100 intelectuales del mundo.

Los otros 6 integrantes internacionales de la comisión son economistas y expertos en desarrollo: Arnould Cyrille, Mathilde Lemoine, Jeffrey Owens, Mario Pezzini, Marc Stubbe y Ian Whitman.  Como contrapartida nacional tuvieron al economista Carlos Asilis, al empresario José Luis Corripio, el jurista Eduardo Jorge Prats, el sindicalista Pepe Abreu y la dirigente social Rosa Rita Alvarez. Un equipo técnico entrevistó a un centenar de personalidades dominicanas de diversos ámbitos.

Coincide con el PNUD.  El diagnóstico de la situación económica y social del país, presentado en la primera parte del documento coincide en líneas generales con los informes sobre desarrollo humano ofrecidos desde el 2005  por el PNUD, que resaltan el crecimiento económico dominicano del último medio siglo, pero con escasa redistribución social.

Se diagnostica una economía abierta pero vulnerable, desigualdades, desempleo  y pobreza persistentes, un sector informal preponderante, inseguridad y tráfico de drogas, impunidad, pérdida de confianza en las instituciones, clientelismo, un sector privado frágil con estructura económica poco productiva y una “cultura del no pago”.

En la segunda parte, el informe de la Comisión Attalí contiene 7 líneas de acción encaminadas a “favorecer y acelerar la ejecución de las medidas de la Estrategia Nacional de Desarrollo”, que fue la encomienda del presidente  Fernández.

La primera línea “devolver la confianza en las instituciones” es señalada  como “absolutamente prioritario”. Sostiene que “su implementación inmediata tiene que provocar un sobresalto de confianza en la población dominicana; debe ser acompañada de mensajes fuertes mostrando la voluntad de cambiar de paradigma y adoptar un modelo justo. Duradero y ambicioso”, siendo la base de las otras seis líneas.

Las líneas de acción 2, que identifican cómo suministrar servicios públicos de calidad; la 3, formar las generaciones futuras, y la 4, que es preparar el país para la competitividad internacional, deben iniciarse a partir del 2011 y tener resultados concretos entre el 2012 y 2014. Se busca restaurar un contrato social y liberar las energías colectivas creadoras. La línea 5, a implementarse tras las elecciones del 2012, busca los medios para financiar las reformas y los recursos fiscales para las otras dos.

Llama la atención que no ven posible elevar la presión fiscal, que la estima entre 13 y 15 por ciento del PIB, sin previamente cumplir las propuestas específicas que constituyen las cuatro primeras iniciativas. El incremento impositivo “requiere restablecer una relación de confianza entre la administración fiscal y los contribuyentes. ParA ello el Estado debe erigirse en modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría como útiles y beneficiosos”.

Se fueron al fondo.  Los comisionados del presidente Fernández se fueron hasta el fondo interpretando los persistentes reclamos de la sociedad dominicana como los de priorizar la inversión en educación y salud, reducir el dispendio y la malversación y profesionalizar la administración pública.

Señala que el estado casi se ha desvinculado de la educación y más de dos tercios de su costo lo cubren los mismos ciudadanos. Plantean la necesidad de destinar un mínimo del 4 por ciento del PIB a la educación primaria y secundaria y otro 1 por ciento a la superior.

La reforma de la Cámara de Cuentas, para hacerla más independiente y eficaz en su misión de control, la transparencia en la contratación pública y en el financiamiento de los partidos, una gestión presupuestal por resultados y eliminar prácticas como “el barrilito de los senadores” forman parte de las propuestas específicas. Igual limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministros y las delegaciones diplomáticas, así como de comisiones infuncionales y refundir organismos múltiples con objetivos similares. Cuantifican los subsecretarios o viceministros en 320 y postulan que no deben ser más de cinco por ministerio, aunque algunos tienen más de 30. Señalan que la misión dominicana ante la ONU tiene 47 miembros, más que Brasil.

Otra demanda fundamental que recogen es la de imponer la realización de estudios de impacto económico social para las obras de infraestructura y fijar por ley sus prioridades. Las propuestas incluyen “luchar contra las violencias provocadas por las fuerzas del orden”, que se supone sean las ejecuciones policiales. Postulan  también combatir la sensación de impunidad reforzando el sistema judicial y desarrollar un plan de comunicación internacional para cambiar la imagen del país.

Las propuestas de la comisión que encabezó Jacques Attalí deben producir un sacudimiento en los ámbitos políticos del Gobierno y un convencimiento de que hay razones para el crecimiento de la insatisfacción, que no es asunto de simple percepción y que la sociedad quiere un cambio de modelo, no sólo económico, sino también político.

El desafío es particularmente relevante para el propio presidente Leonel Fernández, quien invirtió recursos en la contratación de una comisión internacional de altísimo nivel. Aunque a menos de dos años para finalizar un tercer período de Gobierno le resultará difícil producir cambios fundamentales que se han reclamado firmemente incluyendo a gestiones gubernamentales anteriores.-

 

Un nuevo desafío anti-corrupción

Por Juan Bolívar Díaz

Al pasar balance esta semana en San Salvador al cumplimiento de  la Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción adoptada hace cuatro años quedó evidente que el gobierno dominicano no ha cumplido los compromisos que contrajo junto a los países de América Central y Panamá.

La voluntad de lucha contra la corrupción tendrá un nuevo desafío este mes cuando se adopten unas treinta iniciativas específicas para combatir ese flagelo pactadas con representantes de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil dominicana en diez mesas de trabajo tras varios meses de trabajo.

Las iniciativas APAC.  La voluntad del gobierno para combatir la creciente  corrupción administrativa tendrá un nuevo desafío a partir del 20 de octubre cuando se oficialicen las propuestas consensuadas con representantes de los organismos internacionales y de la sociedad civil, en lo que se ha denominado como Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC).

El proyecto comenzó en julio del 2009 cuando el presidente Leonel Fernández invitó a representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Mundial a participar en una reunión en el Palacio Nacional donde se abordaría el problema de la corrupción. Hubo otras dos reuniones en septiembre y diciembre.

En el último encuentro el presidente Fernández pidió a los organismos internacionales que ayudaran al gobierno a establecer un programa para combatir la  corrupción, lo que fue aceptado, aún cuando algunos lo veían como un recurso del gobierno para ganar tiempo, puesto que ya el país tiene numerosas normativas legales que de ser respetadas aumentarían la transparencia y reducirían el margen para malversar recursos.

Las organizaciones sociales fueron invitadas a participar de la concertación, lo que algunas recibieron con poco entusiasmo, por la convicción de que “no  faltan normativas,  sino voluntad política”. Participaron el Consejo Nacional de la Empresa Pública, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y, con limitado entusiasmo, Participación Ciudadana.

El PNUD no participó del proyecto, pero sí lo hicieron una docena de instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, Unicef, Organización Panamericana de la Salud, la Cooperación Española  y representantes diplomáticos de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y España.

Por el gobierno dominicano participan los ministerios de la Presidencia y de Economía, la Procuraduría y la Contraloría General, el Departamento de Prevención de la Corrupción, la Cámara de Cuentas, y la Comisión Nacional de Etica. Los ministros César Pina Toribio y Temístocles Montás, y el doctor Vincho Castillo han sido parte del comité organizador.

Las recomendaciones.  Durante varios meses los delegados ponderaron propuestas específicas en diez mesas de trabajo referentes a sistemas transversales, compras y contrataciones, servicio civil, gestión financiera, normativas de transparencia y acceso ciudadano a la información. Aprobaron 33 acciones específicas que pueden resumirse en 26, las que serán proclamadas en una sesión conjunta convocada para el próximo 20 de octubre en curso. Se pueden hallar en la página web de la representación nacional del Banco Mundial.

Aunque la gran mayoría de las propuestas giran en torno al cumplimiento de leyes, reglamentos y decretos vigentes, hay algunas que son innovadoras, como la que dispone la implementación de una “Cuenta Única del Tesoro”, a través de la cual tendrían que hacerse todos los pagos de las instituciones del Estado. Se estimó que hasta ahora hay unas 6 mil cuentas y que muchas entidades estatales tienen varias, lo que permite diluir los controles.

Otra recomendación es la “publicación inmediata” de toda la información sobre la ejecución presupuestaria del gobierno a través de la página en Internet de la Dirección General de Presupuesto. Se propone la creación de un “Sistema de Monitoreo” que permita apoyar la gestión y seguimiento de los contratos de obras del Estado, y  la creación de un “Órgano Rector” de la Ley sobre Libre Acceso a la Información Pública.

Numerosas resoluciones se refieren al cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, a la Ley 41-08 de la Función Pública, a la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y su Reglamento 130-05 y al Decreto 211-10 sobre el Sistema de Control de Evaluaciones.

Una resolución dispone “unificar la compra de medicamentos de las instituciones estatales” a través de PROMESE-CAL, ponderando los beneficios que ha acumulado esta entidad, aunque no cita el Decreto 991-00 del presidente Hipólito Mejía que lo dispuso hace diez años, y que ni su gobierno ni el actual han cumplido.

Esta semana Roby Senderowitsch, representante en el país del  Banco Mundial, habló dos veces sobre el tema, ayer en HOY, y el miércoles en Uno más Uno de Teleantillas, donde sostuvo que todo dependerá de la voluntad del gobierno y que incluso los organismos internacionales disponen de los recursos económicos que pueda demandar la implementación de las IPAC.

Inacción gubernamental.  La malversación de los recursos públicos es el gran baldón del gobierno del presidente Fernández, tanto en las evaluaciones nacionales como internacionales. Las denuncias se suceden semana tras semana y las últimas encuestas Gallup-HOY han mostrado una abrumadora percepción de que la corrupción crece a niveles alarmantes. En la última, publicada a principios de julio pasado, el 86 por ciento de los encuestados señaló que hay corrupción en el gobierno, un 60 por ciento la estimó mayor que antes  y un 26 por ciento igual, mientras sólo un 13 por ciento consideraba que ha disminuido.

En las evaluaciones internacionales la República Dominicana queda en los últimos escalones en materia de transparencia y corrupción. En el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial 2010-11, ocupa la peor posición, entre 139 países evaluados, en favoritismo en las decisiones gubernamentales; la penúltima en despilfarro del gasto público; y la 136 en desvío de fondos. Lo peor es la sensación de impunidad y la convicción de que los políticos utilizan la corrupción como una herramienta de enriquecimiento personal, para ganar adeptos y  mantenerse en el poder.

Las denuncias de corrupción se refieren a violaciones de las normativas vigentes,  sobrevaluación de obras y de todo género de adquisiciones, a menudo a favor de familiares y relacionados, pago de nominillas a militantes políticos y familiares, conflictos de intereses entre funcionarios públicos y empresas o servicios propios y de relacionados, y recepción de comisiones por trámites diversos.

El mayor escándalo de corrupción registrado en el país es la venta internacional de pagarés por 130 millones de dólares, a través de la empresa Sun Land, a partir del 2005, sin la correspondiente aprobación del Congreso, para financiar obras que nunca se ejecutaron, sin que se haya aclarado el destino de esa suma ni cómo se cubrió la deuda contraída.

Declaración de Guatemala

El martes y miércoles pasado sesionó en San Salvador el “Primer Foro de América Central y República Dominicana Sobre Transparencia”, convocado con auspicio de Transparencia Internacional, para dar seguimiento a la “Declaración de Guatemala por una Región Libre de corrupción”, firmada el 16 de noviembre del 2006 por los presidentes y jefes de gobierno de los cinco países centroamericanos y Panamá. Aunque fue invitado, el presidente Fernández no asistió, pero su gobierno se comprometió con la firma del embajador adscrito a la cancillería Luis Manuel Piantini.

Todos los compromisarios de la Declaración de Guatemala llevaron informes sobre las ejecuciones del cuatrienio transcurrido, pero no así los  representantes dominicanos. Allí estuvieron Hotoniel Bonilla del DPCA, Pablo del Rosario, vicepresidente de la Cámara de Cuentas, y Miguel Suazo, de la Comisión Nacional de  Ética. También asistieron la periodista Alicia Ortega, especialmente invitada, la Alianza Dominicana contra la Corrupción y el movimiento cívico Participación Ciudadana, enlace en el país de Transparencia Internacional, cuyos delegados, Miriam Díaz Santana y José Ceballos, sí presentaron un informe relevando el incumplimiento de los objetivos de la Declaración por parte del gobierno dominicano.

El informe de PC sostuvo que el gobierno dominicano ha ignorado por completo los  compromisos contraídos en Guatemala que no han pasado de “un acto protocolar”. Un  documento de más de 40 páginas analiza los niveles de cumplimiento de las normativas anticorrupción del Estado Dominicano, citando diversas evaluaciones, para concluir en que en su mayor parte no se cumplen o solo se observan a medias.