Perú: ejemplo de avance institucional democrático

Por Juan Bolívar Díaz
12_06_2016 HOY_DOMINGO_120616_ El País13 A

El Perú está demostrando que los países latinoamericanos pueden avanzar en la fortaleza de la institucionalidad democrática, al pasar la prueba de una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia, con un resultado de apenas 0.24 por ciento de diferencia, a favor del economista Pedro Pablo Kuczyinsky.

Es relevante que la perdedora, Keiko Fujimori, con tan estrecho margen, haya aceptado el resultado sin alegar fraude, que no haya habido incidentes, lo que se explica por la independencia de los órganos electorales, y porque el Estado no estuvo en la campaña como ocurre en República Dominicana.

Resultado casi insólito. La diferencia de 0.24 puntos, 50.12 a 49.88 por ciento, con que Kuczynski ha ganado la presidencia de Perú es histórica, probablemente la segunda más estrecha en la democracia universal, después de la registrada en Estados Unidos en 1960 cuando John Kennedy superó a Richard Nixon 49.7 a 49.6 por ciento. Más recientemente en el 2000, George Bush se impuso a Al Gore 48.38 a 47.87 para una diferencia de 0.51 puntos.

Para la candidata perdedora, Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes y corrupción, el resultado es más que doloroso, porque ya en el 2011 la victoria se le había escapado también en la segunda ronda electoral, a manos del actual presidente, Ollanta Humala, aunque no tan estrechamente: 51.44 a 48.55, para 2.89 puntos de diferencia.

Hace cinco años Keiko había llegado de segunda en la primera ronda, pero en abril pasado fue primera con votación de 40 por ciento, casi el doble del 21 que consiguió Kuczynski, quien debe su triunfo ahora a la tercera candidata, Verónika Mendoza, del Frente Amplio, quien en la primera ronda había quedado en tercer lugar con 19 por ciento.

Hasta tres días antes de la segunda vuelta, las encuestas daban el triunfo a Keiko, con ventaja entre 3 y 5 puntos, pero el apoyo de Mendoza, de la moderada izquierda peruana, al economista centro derechista resultó definitivo. Ella pidió votar por Kuczynski sin siquiera reunirse con él y encabezó una marcha multitudinaria en Lima, proclamando que no podía permitir el triunfo del fujimorismo, recordando la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), con sus crímenes y corrupción.

Asombrosa tranquilidad. Muchos dominicanos no entienden la asombrosa tranquilidad con la que los peruanos han asumido un resultado tan estrecho en su elección presidencial, sin violencia ni impugnaciones, cerrándose el proceso al quinto día, con la aceptación de la candidata perdedora, Keiko Fujimori, cuyo partido queda en control del Congreso con 73 de sus 130 miembros. Si aquí hubiese habido un resultado parecido, casi estalla una guerra civil, dadas las precariedades de la institucionalidad democrática.

En Perú el resultado de la elección presidencial fue proclamado el jueves, al cuarto día de los comicios, mientras aquí tomó el doble, completándose el 23 de mayo.

Medio día después ya la señora Fujimori había aceptado la realidad, lo que aquí no ha ocurrido formalmente cuatro semanas después de la votación. Y el Perú es un país 26 veces mayor en territorio, con muchas poblaciones aisladas en la zona amazónica y la sierra andina. La población de 32 millones triplica la dominicana, como su padrón electoral de 22.9 millones.

Los peruanos experimentaron el voto electrónico en 19 de los 43 distritos de la capital y su puerto El Callao, incluyendo apenas a 743 mil electores, un 3.25 por ciento del total. Y hubo atrasos y dificultades sobre todo para la población adulta mayor. En la elección del 2011 se probó en un único distrito, Pacarán. Aquí se impuso de golpe en todo el país el 15 de mayo, para registrar un colapso en el escrutinio.

En Perú las elecciones municipales y locales están separadas de la presidencial y congresual. En la primera vuelta solo elegían 138 cargos, presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados de un congreso unicameral y 5 representantes al Parlamento Andino. Aquí el 15 de mayo se eligieron 4,106 funcionarios, incluyendo 222 para dos cámaras legislativas. En Perú se eligió un legislador por cada 246 mil peruanos y aquí uno por cada 45 mil dominicanos.

El electorado sanciona. Otra diferencia fundamental con RD es que en Perú es bajo el clientelismo político y el electorado es exigente y sanciona, tanto que los partidos tradicionales han desaparecido y ninguno de los nuevos domina el escenario, desde hace casi cuatro décadas. En 1980 Belaúnde gana la elección y en 1985 su partido obtiene 6%; gana Alan García y en 1990, su APRA cae al 11%, Fujimori gana y se constituye en dictador, pero tras imponer una segunda reelección en el 2000, es obligado al exilio y luego condenado a 25 años de cárcel por crímenes y corrupción; electo Toledo, termina en el piso en el 2006, y vuelve Alan, pero su partido ni siquiera pudo presentar candidato en el 2011, cuando llega Ollanta Humala, cuyo partido tampoco pudo llevar candidatura presidencial ahora en el 2016.

Cualquiera tiene la tentación de creer que los resultados gubernamentales han sido un desastre, pero relativamente no es cierto. La economía ha crecido en promedio anual de 5% en lo que va de siglo, en 7 años por encima del 6 por ciento, y en tres con más del 8.5%. Perú es el país de América Latina que más redujo la pobreza, según la CEPAL, a menos de la mitad, del 54.7 en el 2001, al 22.7 en el 2014, con gran descentralización de la inversión. República Dominicana solo logró bajarla del 42 al 37% en ese período, según la misma fuente.

Como en todas partes, hay mucha corrupción en el Perú, pero su principal diario, El Comercio, informaba el 2 de enero pasado, que durante el 2015 el Poder Judicial dictó 13,307 condenas por delitos de corrupción en todos los niveles del país.

La realidad dominicana. A cuatro semanas de las elecciones generales dominicanas, todavía se conocen impugnaciones en juntas municipales, el Tribunal Superior Electoral, partidarizado y sin el menor crédito, tiene decenas de impugnaciones pendientes, y la oposición sigue restando legitimidad al proceso, tras una automatización fallida que prometió resultados la misma noche de la votación.

La diferencia fundamental fue que aquí el Estado irrumpió, se involucró por completo, con el presupuesto, sin el menor escrúpulo, desde la reforma de la Constitución hasta una campaña absolutamente desigual, aplastante, con enorme clientelismo y decenas de miles de activistas pagados del presupuesto nacional y con los órganos electorales y gran parte de los medios comunicativos secuestrados. El resultado es que los aplastados se niegan a reconocer a quienes consideran impostores.

La ventaja del 62 por ciento en la reelección presidencial y la captura de dos terceras partes del Congreso y los municipios por el partido gobernante, no han sido disuasivos y están cobrando un alto costo de descrédito e ilegitimidad. Mientras hay razones para cuestionar si es beneficioso o perjudicial el colapso de los partidos que dominaron el escenario político peruano en el siglo pasado.

Por una cultura democrática

Por Juan Bolívar Díaz
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Resulta impresionante la resignación con que ciudadanos y ciudadanas de nivel educativo y responsabilidades sociales aceptan como normales, tradicionales o irremediables las prácticas políticas del abuso de lo público, de la imposición autoritaria, del engaño y la mentira, y hasta de la marrullería y el fraude. Y lo que es peor, llegan a considerar radicales a quienes luchan por una cultura democrática.

Abundan los que sólo se rebelan cuando los afectan directamente, aunque vean el crimen o el robo y la malversación de lo público, tratando de ignorar que la corrupción de arriba se refleja necesariamente en todos los estratos sociales, repercutiendo en la delincuencia y la inseguridad.

Las castas políticas se reproducen con la expropiación de los recursos que son necesarios para pagar a los guardias y policías, a los maestros, médicos, enfermeras y agrónomos, incentivados a buscarse la vida con los medios a su alcance, unos reduciendo sus jornadas y la calidad de sus servicios, otros utilizando las armas puestas a su cargo para incorporarse a bandas criminales.

Mucha gente buena se resigna a que ahora tenemos que pagar la “fiesta democrática”, que dejó un déficit fiscal de más de 50 mil millones de pesos en cinco meses, muchos de ellos contando con que no les podrán cobrar la proporción que le debía corresponder de esa deuda, más la incuantificable de varios años de precampaña y campaña electoral, sin el menor control ni rendición de cuentas.

Se cree que la cultura política del reparto en las campañas electorales, la compra directa o indirecta de conciencias y votos son irremediables, ignorando que en la mayoría de las democracias se han tejido normativas por lo menos para reducirlas, y cuando quedan al descubierto se procesan los responsables. Algunos presumen que sólo los más pobres reclaman pesos para votar, como si en importantes segmentos de las clases medias y altas no cotizaran en el altar del reparto.

Por esa resignación, que en algunos alcanza la categoría de cinismo, es que en el país hemos celebrado dos elecciones sin adaptar la legislación electoral al marco establecido en la Constitución promulgada en el 2010. Por eso llevamos dos décadas discutiendo lo que todos los países del continente han hecho para reducir el costo de la política, para transparentar lo más posible su financiamiento y evitar la depredación de lo público y la incursión del dinero lavado en la elección de los conductores nacionales.

El atraso no se justifica en el bajo nivel de la mayoría de la población, sino en la complicidad de las élites sociales, empresariales, sindicales, religiosas y comunicativas, que se lavan las manos, para seguir recibiendo las cuotas que doblegan conciencias. Son las élites las que tienen que imponer cambios y promover una nueva cultura democrática.

El Perú es otro país con altas tasas de exclusión y atrasos sociales, donde también se manifiesta la corrupción, pero los medios de comunicación y sus élites la combaten, razón por la que el año pasado hubo miles de procesados ante la justicia, y en el proceso electoral que hoy culmina allí dos candidatos presidenciales fueron eliminados por violar la ley que prohíbe la compra de conciencias y de votos. En cada período el pueblo cobra a los mandatarios que no cumplen sus compromisos, como ha ocurrido sucesivamente con Belaúnde, Alan García, Fujimori, Toledo, otra vez Alan y ahora con Humala. Los partidos de los dos últimos presidentes ni siquiera han podido llevar candidaturas presidenciales.

Es obvio que las transformaciones culturales son de largo aliento, pero para ello necesitamos más firmeza, vehemencia y decisión de todas las élites sociales, superando el autoritarismo, la subordinación, la imposición, la violencia y la corrupción que han caracterizado la gestión pública desde el origen de la República.

Ojalá sea cierto tanta belleza

Por Juan Bolívar Díaz
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Todo real interesado en el desarrollo nacional debe desear que sean absolutamente ciertas las estadísticas que ha ofrecido el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) sobre los empleos generados por los 214 proyectos financiados por ese programa en la actual gestión gubernamental, específicamente hasta el primero de abril, es decir en dos años y 8 meses.

Al participar en el Encuentro Económico de HOY, Antonio López, acompañado de sus principales colaboradores en la dirección del FEDA, ofreció datos pormenorizados sobre el financiamiento al sector agropecuario derivado de las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, que ha implicado un compromiso por 2,273 millones de pesos, de los cuales se han desembolsado RD$1,812 millones, con lo que se han generado 150,383 empleos, 44,511 directos y 105,872 indirectos, (página 1-E, 13 de abril 2015).

Lo maravilloso del informe es que implica que con solo 12 mil pesos podemos generar un empleo, al menos en el sector agropecuario, lo que de ser cierto nos abre una vía rápida al pleno empleo y a convertir el país en uno de los grandes exportadores de productos agropecuarios del mundo. Sobre todo teniendo en cuenta la cercanía del gran mercado norteamericano, las necesidades agropecuarias del vecindario caribeño y las facilidades que ofrece al sector la Unión Europea.

Con esos datos en la mano tuvo razón el funcionario en advertir que organismos internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, y gobiernos extranjeros, como los de Perú y Panamá, están tratando de replicar las visitas presidenciales y programas como el FEDA.

Asumiendo la certeza de los datos, lo primero que debe lamentarse es que apenas se haya podido invertir en ese programa el 0.2 por ciento del monto total de los presupuestos nacionales de los años 2013-14, sobre los 980 mil millones de pesos, y que la ausencia de prioridades, la malversación y la corrupción hayan consumido tantas veces lo necesario para lograr el pleno empleo y el desarrollo nacional.

En otras palabras, que con solo 1,500 millones de dólares, equivalentes a 66,500 millones de pesos, al 44 por uno, habríamos podido crear 5 millones 500 mil empleos, más de la mitad de la población nacional y mucho más que los que necesita el país. Y que conste que 1,500 millones de dólares lo hemos gastado en algunos años solo en subsidio eléctrico, y que está por debajo de lo invertido en dos líneas del metro de Santo Domingo para mover apenas el 6 por ciento de pedir los pasajeros de la gran urbe capitalina.

Los 1,500 millones de dólares se quedan por la mitad del endeudamiento contratado para cualquiera de los últimos cinco años, y por debajo de lo acumulado por cinco o seis de los altos funcionarios-empresarios que nos hemos gastado en la última década. Implica que cada uno de los 32 senadores, sólo con el barrilito promedio mensual de 598 mil pesos, priva a los dominicanos de 50 empleos cada mes y 600 por año.

Cualquiera tiene tentación de pedir al director del FEDA que revise sus datos. Pero en el peor de los balances, hay que concluir en la irracionalidad, la locura y el absurdo del gasto público y del endeudamiento, en la iniquidad de la corrupción y en la absoluta falta de prioridad en la inversión. Con solo mil millones de dólares bien invertidos habríamos logrado el pleno empleo y multiplicado las exportaciones agropecuarias. En solo diez años estaríamos en condiciones de construir no dos, sino 5 o 6 líneas de Metro para resolver el grave problema del transporte de la capital dominicana.

Aunque reduzcan a la mitad los empleos creados por los 1,812 millones de pesos invertidos en el FEDA, como quiera quedaría de manifiesto lo positivo de ese programa y lo absurdo del gasto y la inversión estatal dominicana y más que nada, la iniquidad de la corrupción que consume alta proporción del presupuesto nacional.

Volver una y otra vez al Perú

Por Juan Bolívar Díaz
Perú

Como los dominicanos solo miramos hacia el norte, una alta proporción de los que viajan se han perdido el disfrute de los encantos de este inmenso país que es el Perú, centro de una de las culturas emblemáticas de América. Resulta imperdonable no ir al Cusco para escalar las alturas de Machu Pichu y sentir las inevitables vibraciones de ese templo celestial, rodeado de picos casi inaccesibles, lo que explica que pasaran más de 4 siglos tras la despiadada colonización para que fuera descubierto ese refugio incaico, patrimonio de la humanidad.

Llegar por avión a Lima, la ciudad donde nunca llueve, es una experiencia casi traumática. En dirección norte sur, una gruesa alfombra de nubes que no se condensan cubre el espacio hasta bajísimas alturas. Por encima brilla el sol y una vez se traspasa penetra la nublazón casi se está aterrizando y lo que se puede divisar es un entorno plomizo montañoso y desértico apenas con algunos puñaditos de verde. Y gran pobreza de casucha y hacinamiento. Muchos se asustan pensando que han equivocado el rumbo.

Con casi 9 millones de habitantes, Lima es tan diversa como todo el Perú que integra 30 millones de personas en tres conglomerados, el de la costa, la sierra andina y la selva amazónica, con una extensión territorial de más de millón y medio de kilómetros cuadrados donde cabe 32 veces la República Dominicana. Su extensa zona colonial es un legado de palacios, de plazas y balcones esplendorosos.

Pero Lima es hoy una ciudad cosmopolita, con extensas barriadas populares, expresión indiscutible de la exclusión y la desigualdad social, donde se hacina la mayoría, pero también con múltiples urbanizaciones de la modernidad, que concentran tres o cuatro millones de los estratos de clase media. La ciudad se transformó en las últimas tres décadas, y mejoró absolutamente la limpieza y el ornato, sin una sola basura visible, con sus plazas y múltiples parques esplendorosos. El tráfico vehicular es lento en las horas pico, pero se siente el esfuerzo por agilizarlo.

El mayor encanto de la urbe son los hermosos seres humanos que son los limeños y limeñas, y lo más difícil es el clima extremadamente húmedo todo el año, donde solo el verano (diciembre-marzo) escapa a la sensación de bosque gris a punto de romper el techo nuboso que desparrama nieblas y tristeza, complicado por la sombra de la inmensa pared de Los Andes sobre la que se recuesta.

Al volver al Perú cualquiera se queda con la pena de no disponer de tiempo para sumergirse en las profundidades de la geografía que fuera centro de la cultura incaica, pero se admira de que estén mejorando su organización social, aunque arrastran la iniquidad e inequidad de la concentrada distribución de la riqueza. Con muchos años de continuo crecimiento económico, líder en exportaciones mineras, por 23 mil millones de dólares en el 2013, un 55 por ciento del total exportado, ascendente a 41 mil 800 millones de dólares, con China como principal socio comercial.

Llama la atención que Perú tiene una extraña institucionalidad, sin partidos políticos dominantes, donde nunca se sabe quién será el próximo presidente. Ahora mencionan hasta a Gastón Acurio, el chef de 47 años que ha universalizado el prestigio de la comida peruana con sus redes de restaurantes en una decena de países. De su pasado solo quedan rastros del legendario Apra que para la última elección no pudo ponerse de acuerdo en seleccionar candidatos. El presidente Humala es fruto de uno de los múltiples movimientos creados en torno a personalidades sin ideología ni programas definidos, una repetición de Fujimori y Toledo, el primero prisionero condenado y el segundo bajo investigación judicial, al igual que el anterior mandatario, Alan García.

La desconcentración de los ingresos tributarios, gracias al canon minero, ha horizontalizado la administración pública, pero también multiplicado la corrupción, aunque hay decenas de procesos incoados por una justicia que no se ha detenido ni ante los ex presidentes, y los principales medios de comunicación la denuncian con vigor.

Más allá de las nostalgias y la tristeza del imperio incaico, volver a Lima es siempre una nueva y agradable experiencia.

El 2012 registra declive institucional y económico

Por Juan Bolívar Díaz
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El pragmatismo político salvaje se apoderó del país en este 2012 que concluye, debilitando la institucionalidad democrática, desintegrando los partidos y desguañangando la economía, dejando serias incógnitas sobre la sostenibilidad económica y el equilibrio social.

Heredero de grandes desequilibrios el presidente Danilo Medina lucha por restablecer la confianza en las instituciones, mientras nuevos actores sociales ocupan el vacío de liderazgo político opositor, generando un activismo que reivindica el protagonismo de la ciudadanía.

Un exitoso pragmatismo.  Un año de elecciones cobró alto costo en el debilitamiento de la institucionalidad democrática y con el desguañangue de la economía nacional, cuando el presidente Leonel Fernández superó su promesa de que invertiría 40 mil millones de pesos para que su partido se mantuviera gobernando, con una doble campaña, incluso después de los comicios del 20 de mayo, para abonar su regreso en el 2016.

La campaña electoral concluyó en los peores niveles de abuso del poder del Estado marcando una competencia desigual. El clientelismo,  la compra de voluntades y votos y el involucramiento de todo el gobierno superaron los  precedentes como lo certificaron seis informes de la observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y quedó patente en los medios de comunicación.

Hasta la diplomática misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó afirmando que “el Estado se convirtió finalmente en un actor electoral”, recomendando poner atención “al uso de recursos públicos y a la presencia de las más altas autoridades del gobierno y del partido gobernante en las campañas, cualquiera esta sea, a fin de asegurar la equidad en la contienda electoral”. Un extenso informe recomienda también que se “reglamente el acceso equitativo a los medios de comunicación en todos sus aspectos”, así como “el establecimiento de límites al gasto electoral, con miras a promover mecanismos de equidad en la contienda”.

Debilidades institucionales.  Las denuncias de corrupción, sin la menor investigación de unos órganos judiciales sin independencia ocuparon todo el año, proviniendo no sólo de los partidos y candidatos de oposición, sino también de medios de comunicación. Se documentó que el financiamiento político del poderoso senador Félix Bautista se extendió fuera del país hasta Haití y Perú con millones de dólares. Mientras el Foro Económico Mundial y Amnistía Internacional ratificaban al país como líder de la malversación, del favoritismo de los funcionarios públicos y en la falta de transparencia.

Un elemento que evidenció la extrema debilidad institucional dominicana fue la presencia del Procurador General de la República y del canciller en una rueda de prensa donde se acusó al jefe de seguridad del principal candidato opositor de conspirar contra el gobierno de Haití, en base a una grabación fruto del espionaje telefónico en violación de la Constitución y la ley. La denuncia fue desestimada por el ministerio público.

El Congreso Nacional actuó todo el año como sello gomígrafo del Gobierno, sin  cumplir su responsabilidad de fiscalización pero realizando tareas de asistencialismo social clientelista. Pese a que habría elección presidencial, no tuvieron interés en aprobar el proyecto de ley orgánica electoral elaborado por una misión de la OEA ni el de ley de partidos, consensuado durante más de una década. Tampoco el proyecto de  ley de regulación salarial, vetada por el presidente Fernández en su última jornada de gobierno, ni el de la urgente reforma de la Policía. Mientras, pasaba el onceavo año sin que dieran vigencia a la ley del Defensor Público.

Varios senadores oficialistas, encabezados por Charles Mariotti y Julio César Valentín, se hicieron conscientes de la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y sometieron un paquete de siete proyectos de fiscalización y control, de racionalización del gasto público, de Cámara de Cuentas  y de integridad en la función pública, entre otros, sin haber obtenido mayor atención congresual.

Ningún órgano de control ni autoridad llamó la atención cuando el Presidente de la República y sus principales funcionarios económicos se volaron varios preceptos constitucionales y una docena de leyes normativas al incurrir en un déficit fiscal que multiplicó por nueve el autorizado en la ley del presupuesto del 2012.

Otros elementos críticos.  El debilitamiento institucional quedó al desnudo en el sexto informe del monitoreo de PC a los mandatos de la ley de libre acceso a la información pública donde diez organismos que en el 2001 registraron puntuación sobre 90 por ciento, cayeron entre 20 y 44 puntos. Entre ellos los ministerios de Salud, Educación y administración pública, el despacho de la Primera Dama y hasta la Suprema Corte de Justicia.

La crisis institucional quedó más evidente que nunca en los principales partidos de oposición, el Reformista Social Cristiano fragmentado y absorbido por los gobernantes, y el Revolucionario Dominicano, cuya candidatura presidencial fue debilitada desde su propia presidencia, cayendo en una virtual división, con secuestro de su casa nacional y de los organismos partidarios que no han podido ser reunidos.

 La fragmentación del partidismo tuvo dos expresiones, la adscripción de 18 partidos a las candidaturas de los dos mayoritarios y la incapacidad mostrada por cinco contestatarios que frustraron expectativas de una opción alternativa, terminando entre todos con el 2 por ciento del sufragio.

 Los cuestionamientos al estado de derecho y denuncias de corrupción se expresaron hasta por parte de embajadores, como los de Estados Unidos y Gran Bretaña, además de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos. Los reclamos de amparo por la exclusión de miles de descendientes de haitianos que ya habían sido reconocidos como dominicanos fueron acogidas por tribunales nacionales y llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Más de 300 muertos a manos de la Policía, en gran proporción ejecuciones sumarias, una de las cuales fue documentada en vídeo, y denuncias de torturas y de  redadas masivas que terminan  en extorsión, así como de espionaje y saqueo, dejaron mal parado el estado de derecho. En contraste la inseguridad ciudadana siguió en picada con una delincuencia y un narcotráfico cada vez más atrevidos y criminales.

   Desguañangue económico.  El costo de este año electoral devino en un escándalo mayúsculo cuando el gobierno de Danilo Medina cuantificó en 8 por ciento del PIB el déficit fiscal que heredó de su antecesor, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevaría a 8.5 por ciento, unos 204 mil millones de pesos. Sería el quinto año consecutivo de déficits fiscales pero esta vez cuadruplicando el promedio de 50 mil millones de pesos.

A pesar del desbordamiento del gasto público, cubierto con un endeudamiento que ya alcanza el 44 por ciento del PIB, la economía nacional siguió reduciendo su crecimiento, este año alrededor del 4 por ciento, con menor actividad privada, e impactando la posición externa del país, según el FMI, que sitúa el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en un 7 por ciento del PIB. Se proyecta a 4,286 millones de dólares, con un desbalance comercial de casi 9 mil millones de dólares. Según la evaluadora JP Morgan, la deuda del sector público no financiero creció en 2,200 millones de dólares, sumando casi 19 mil millones de dólares. La total pasó de 25 mil millones de dólares.

El agravante de reducción de la inversión extranjera y la pérdida de 800 millones de dólares en las reservas internacionales, “por debajo de las normas de referencia”, explican la devaluación de los últimos meses, a pesar del gran éxito de una inflación de apenas 3 por ciento.

Los niveles de los déficits y el peso del endeudamiento cuestionan la sostenibilidad económica del país y de su modelo de desarrollo, desafiando al Gobierno instaurado en agosto, que ha impuesto una reforma tributaria, cuyos beneficios y costosas repercusiones no se podrán apreciar hasta los primeros meses del próximo año.

 

El continuismo es endémico en RD

Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana registra el 36 por ciento de las 14 reelecciones presidenciales ocurridas en América Latina en los últimos 40 años, duplicando a los otros siete países donde se han producido, y Joaquín Balaguer es el líder indiscutible con cuatro, con un intervalo de ocho años, seguido del peruano Alberto Fujimori, quien logró dos.

Más de un centenar de presidentes latinoamericanos se han retirado definitivamente tras cumplir sus períodos de gobierno, mientras apenas una decena logró retornar al poder tras uno o más períodos de alternabilidad.

Muy pocas reelecciones.  Cuando se pasa balance al proceso político latinoamericano de las últimas cuatro décadas se comprueba que, contrario al planteamiento nacional de que el poder no se abandona, las reelecciones presidenciales han sido mas bien excepciones que norma, y sólo República Dominicana y Brasil y Perú registran más de dos.

De dieciocho países latinoamericanos, excluyendo a Cuba, donde no ha habido comicios con más de un partido, sólo en seis se han producido reelecciones de los presidentes, ninguna de ellas en las naciones centroamericanas, donde más de 50 mandatarios se han retirado tras cumplir períodos de cuatro años de gobierno.

La República Dominicana es la líder en el reeleccionismo latinoamericano de las últimas cuatro décadas, cuando se ha fortalecido la tendencia a elegir sus gobernantes, aunque varios países, particularmente sudamericanos, pasaron por regímenes militares, el más prolongado en Chile donde se extendió por 17 años.

Joaquín Balaguer encabeza con amplia ventaja la lista de los gobernantes que han sido reelectos en esos 40 años, habiéndolo logrado en dos etapas, la primera en 1970 y 1974, y tras un intervalo de 8 años fuera del poder, nuevamente en 1990 y 1994. A esas cuatro hay que sumar la conseguida en el 2008 por el presidente Leonel Fernández, para totalizar cinco, que son el 36 por ciento de las 14 reelecciones ocurridas en la región.

Brasil y Perú son los otros países de la región donde se han registrado más de una reelección. En el primer caso por los presidentes Fernando Henrique Cardoso, que gobernó entre 1995 y 2003, y Luiz Inácio Lula da Silva, quien el año próximo concluye el período iniciado en el 2003. El peruano Alberto Fujimori es, aparte de Balaguer, el único que ha conseguido dos reelecciones consecutivas, aunque no pudo concluir su tercer mandato, habiendo gobernado del 1990 al 2001.

Los otros cinco presidentes que consiguieron una segunda elección consecutiva (una sola reelección) fueron Raúl Menem en Argentina (1989-99), Álvaro Uribe en Colombia (2002-10), Evo Morales en Bolivia (2005-15), Rafael Correa de Ecuador (2007-13) y  Hugo Chávez en Venezuela (1999-2013). Este tiene en realidad tres elecciones consecutivas, porque acortó su primer período a dos años tras una nueva Constitución.

Los que regresaron.   Son apenas diez los presidentes latinoamericanos que han logrado retornar al poder entre el 1970 y el 2010, después de por lo menos un período de intervalo. El primero en lograrlo fue Juan Domingo Perón, en Argentina,  el que más tiempo tardó en volver, del 1955 en que fue derrocado al 1973, pero para morir un año después. Le siguieron los venezolanos Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, quienes iniciaron sus segundos períodos en 1989 y 1994. Habían concluido sus primeras gestiones en 1979 y 1974, respectivamente.

Oscar Arias, de Costa Rica, retornó en el 2006, tras haber gobernado entre 1986 y 1990. El peruano Alan García salió del poder en 1990 para retornar en el 2006 y Daniel Ortega salió también en 1990 y volvió en el 2007. En Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada fue presidente entre 1993 y 97 y volvió a ser electo en el 2002, pero fue desplazado al año siguientes  por una asonada popular. Jean Bertrand Aristide y René Préval, en Haití,  también registran dos elecciones con intervalos cada uno, el primero en 1991 y 2001 y el otro en 1996 y 2006. El décimo que volvió fue Leonel Fernández, quien lo consiguió sólo 4 años después de haber salido del poder en el 2000.

Durante las cuatro décadas indicadas la República Dominicana, Colombia, Guatemala y Costa Rica son de los que más elecciones con intervalos regulares han tenido, 11 en cada caso. México y Venezuela registran menos porque sus períodos presidenciales han sido de 6 años en el primer caso, y de 5 y ahora 6 en el segundo.

Han sido muy escasos los que han fracasado en el intento de volver tras un intervalo fuera del poder. Más de un centenar se resignó a un solo período. Por ejemplo en los seis países de América Central, incluyendo a Panamá,  ha habido 53 presidentes electos y sólo Arias y Ortega se repostularon y volvieron después de haber dejado el poder.

Puro providencialismo.   El continuismo que hasta mediados del siglo pasado fue una epidemia política en América Latina, está fundado en el providencialismo. Comienza siempre proclamando imprescindible al gobernante de turno, que al principio se sonroja, luego deja correr la pelota y al final entra al juego, a menudo incentivado por temor a que su partido pierda el poder y le pasen cuenta por malversaciones y hasta crímenes.

El primer pretexto para alentar las ondas reeleccionistas es que si el mandatario se acoge a la Constitución y proclama que no se va a repostular, “lo dejan solo” y se debilita el gobierno. Eso obliga a sus partidarios a hacer el coro o por lo menos guardar discreto silencio para no caer en desgracia, mientras se prepara el escenario para la continuidad.

Cientistas sociales como Daniel Zavatto, quien ha venido múltiples veces al país, atribuyen el continuismo a las debilidades institucionales, la personalización de la política y al hiperpresidencialismo. Siempre tiene un costo institucional, democrático y hasta económico, pues se practica abusando de los recursos del Estado.

En el caso dominicano el continuismo invade todas las instituciones y los funcionarios y líderes no conciben el retiro. Don Antonio Guzmán no pudo pasar la prueba de la descompresión del poder y prefirió suicidarse. Hipólito Mejía intentó continuar en medio de una terrible crisis financiera cuando muy pocos lo veían posible, y ya está en ajetreos para retornar. Balaguer, ciego, quería volver a los 94 años, y Juan Bosch fue candidato con dificultades mentales y casi nonagenario.

Pero la renuencia al retiro supera la política y se constituye en una endemia cultural en el país. Por eso los actuales jueces de la Suprema Corte interpretaron que no se les puede aplicar la ley de carrera judicial que plantea su retiro a los 75 años, aún cuando le garantiza el 90 por ciento de su salario, como justa compensación. Tres extraordinarios directores de periódicos, Don Rafael Herrera, Germán Ornes y don Mario Álvarez, murieron en sus puestos de mando, pese a sufrir largas enfermedades. Y glorias del béisbol como Samuel Sosa y Pedro Martínez han rehuido proclamar su retiro.-

El tercero traumático

El planteamiento de que un tercer período de gobierno consecutivo es dañino se convierte en un axioma, a la luz de la historia latinoamericana. En el caso de Joaquín Balaguer desde su primera reelección en 1970 medió la fuerza militar y el abuso total del poder. Lo mismo ocurrió en 1974. Esas dos elecciones no catalogan como democráticas. Y la siguiente, en 1978, concluyó en derrota y una grave crisis política cuando intentó desconocer por la fuerza ese  resultado.

Lo mismo ocurriría en el segundo período de gobiernos balagueristas, con sus reelecciones  de 1990 y 1994, ésta última derivada en la peor crisis política nacional tras la guerra civil y la intervención norteamericana de 1965.

El caso de Alberto Fujimori en Perú es paradigmático. Logró una cómoda y fácil reelección en 1995, tras haber tenido suerte con la captura del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán y con la estabilización de la economía que había encontrado maltrecha en 1990. Para repostularse la primera vez hubo de reformar una Constitución que la prohibía, instituyendo una reelección. Para buscar una segunda reelección sustituyó tres jueces del Tribunal Constitucional para conseguir una “Ley de interpretación auténtica”, según la cual con la nueva carta magna se contaba de nuevo y por tanto podía postular para un tercer período consecutivo. Es justamente lo que postulan aquí quienes plantean que las elecciones del presidente Leonel Fernández anteriores a la Constitución proclamada en enero no cuentan para la prohibición de la reelección inmediata que postula su artículo 124, lo que, según esa “interpretación auténtica”, le permite postularse de nuevo en el 2012.

Para lograr el tercer período consecutivo, Fujimori pervirtió no sólo el Tribunal Constitucional, sino muchas otras instancias democráticas, y Vladimiro Montesinos compró políticos, comunicadores y hasta empresarios y religiosos. Se impuso a todo costo, pero la explosión de los “Vladivideos”, desató una crisis política que lo obligó a huir del Perú cuatro meses después, en noviembre del 2000. Extraditado en el 2007 cumple condenas que suman 32 años de cárcel por latrocinio, matanzas, secuestros y abuso de autoridad.