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Legislando para beneficio propio

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque esta vez no hay cambio en el presidencia y la vicepresidencia de la República, ni en más del 80 por ciento de los integrantes del Senado ni de dos tercios de la Cámara de Diputados, una vez más el período de “transición” se está convirtiendo en tiempo de repartos impúdicos a la vista impotente de toda la sociedad.

En los mayores municipios, como el Distrito Nacional y Santiago, los regidores y alcaldes tratan de atribuirse pensiones improcedentes o se elevan sus sueldos, y en el Congreso Nacional se adelantan legislaciones para beneficio propio de los legisladores, sin que ningún poder pueda alcanzar a establecerles límites, ya que desde hace algún tiempo se ha extendido hasta la iniquidad el concepto de autonomía estatal.

Los mismos legisladores que crearon el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que instituye un seguro de salud y un sistema de pensiones, definido como universal para los empleados públicos y privados, legislaron en su propio beneficio, creando, por separado un Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano, con niveles privilegiados de beneficios.

En este período de transición, el Senado y ahora acaba de refrendarlo la Cámara de Diputados, ha ampliado los beneficios de su plan de pensiones, pero también están creando el Instituto de Desarrollo Parlamentario y Capacitación Legislativa. Para colmo, diputados que pasan a ser alcaldes, apresuran una modificación de la Ley 176-06 sobre Municipios y el Distrito Nacional, en búsqueda de un mayor margen de autonomía administrativa.

Bajo el paragua de que aumentan del 10 al 12 por ciento, es decir en un 20 por ciento, los aportes al plan de pensiones de los pocos nuevos senadores y diputados a partir del próximo período constitucional, se incrementa en 67 por ciento el aporte para pensiones que han de extraer del presupuesto del Poder Legislativo, que pasaría del 6 al 10 por ciento del total. Eso no tiene otro nombre que legislar para beneficio propio.

Como si nada, los diputados aprobaron esta semana y a toda velocidad, en dos lecturas consecutivas, un proyecto de creación del Instituto de Derecho Parlamentario y Capacitación Legislativa. Puede parecer un buen propósito promover la formación de los legisladores, pero es otro privilegio a ser financiado con los dineros públicos. El Instituto impartiría diplomados y maestrías en técnicas legislativas y derecho parlamentario, con pretensión de reconocimiento como entidad de educación superior. Por supuesto con financiamiento estatal privilegiado, al margen de la Universidad del Estado y de tres docenas de academias privadas.

El otro desaguisado legislativo es la modificación de la Ley 176-07 sobre Municipios y el Distrito Nacional, para beneficio de varios diputados que pasarán el 16 de agosto a ejercer como alcaldes, relevantemente el actual presidente de la Cámara Abel Martínez, quien se juramentará como alcalde de Santiago.

Se pretende reducir el papel de las salas capitulares, en beneficio de los alcaldes, y modificar la distribución de los ingresos de los municipios, que según el artículo 21 de la Ley 176-07, sólo se puede puede erogar hasta el 25 por ciento en gastos de personal, y 31 por ciento para actividades y servicios municipales, reservando 40 por ciento para obras de infraestructura y adquisición de muebles, y el 4 por ciento restante para programas educativos, de género y de salud. También se pretende otorgar discrecionalidad al cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Vale recordar que la Ley 176-07 fue fruto de una larga década de concertaciones y asesorías nacionales e internacionales, y ahora se pretende una modificación al vapor. Por suerte a la actual legislatura sólo le quedan seis días hábiles, pues concluye el lunes 25.
Una vez más resalta la miseria de institucionalidad democrática que se gasta este país, con seres privilegiados que legislan para su propio beneficio, que se apropian de recursos estatales para “planes de asistencia social”, pero que no cumplen su función de fiscalizar y se pasan años y hasta décadas acariciando proyectos fundamentales como la ley del Régimen Electoral, la de Partidos, o el proyecto de ley de tránsito, transporte y seguridad vial.

La rebelión de los pensionados

by Juan Bolívar Diaz Santana | 3 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

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Si hay un sector que debió hace tiempo protagonizar una rebelión pública en este país es el de los pensionados del Estado, los que se están muriendo a plazos en medio de la más horrible pobreza, con ingresos que no les alcanzan ni para comprar el más elemental medicamento propio de la tercera edad.

Son 110 mil personas, de las que el 95 por ciento, o sea más de 104 mil, reciben apenas 5,117 pesos mensuales, tras haber cumplido tres y cuatro décadas de servicios al Estado. Con la agravante de que la mayoría cotizó, durante todo su lapso de servicio, para una prometida jubilación, a un Instituto Dominicano de Seguros Sociales que ha devenido en la más espectacular muestra de la desidia, la corrupción y la ruptura institucional.

Como es natural en las personas de la tercera edad, una gran proporción sufre enfermedades, algunas crónicas como la diabetes o la hipertensión, que los obligan a adquirir medicamentos cuyo costo mensual supera ampliamente el monto de sus pensiones. Para colmo de males, esos pensionados no están incorporados al nuevo sistema de Seguridad Social, lo que es más burlesco cuando los gobernantes proclaman los “enormes avances” que dicen haber logrado en la cobertura, dándole tarjetas de asegurados a más de dos millones de pobres para que reciban servicios hospitalarios tan deficientes como los que se les ofrecía antes del plástico.

Para los que alegan ignorancia de la dimensión de nuestras injusticias, hay que recordar que según el Banco Central, el costo de la canasta familiar del quintil más pobre del país estaba estimado en 13 mil 108 pesos al 31 de enero, lo que significa que esas 104 mil víctimas sociales apenas reciben el equivalente al 39 por ciento. Están condenados a la extrema pobreza o a depender de la caridad de familiares, amigos y hasta vecinos.
Agreguen a la barbaridad que el monto de las pensiones está congelado desde hace una década, lo que implica que la inflación se comió alrededor del 50 por ciento de lo que fue tras la última revaluación.

No faltarán quienes entiendan que de todas formas esos pensionados son privilegiados, ya que hay decenas de miles en todos los estamentos del Estado que hace años reclaman ser pensionados. Las asociaciones de enfermeras sostienen que el 40 por ciento de sus afiliadas están en edad de pensionarse, y que muchas viven de licencia en licencia temerosas de que les vayan a pensionar con 5,117 pesos, 40 por ciento de los sueldos de la mayoría de ellas.

Se ha dicho que el Estado responde a miles de demandas de pensiones en la misma proporción en que van muriendo los privilegiados de los 5,117 pesos.

Lo grande es que en el cinco por ciento de los pensionados que están por encima del mínimo indicado, se cuentan muchos que no trabajaron para el Estado, a quienes se les ha asignado 25, 50 y hasta 100 mil pesos. Se incluye a personas ricas o de clase media alta y media, incluyendo periodistas, artistas, deportistas y viudas de políticos.

No dejen de anotar que organismos autónomos y descentralizados del Estado, incluyendo a exlegisladores, pagan pensiones de cientos de miles de pesos mensuales, dotadas, además de seguros médicos internacionales.

Ante tanta iniquidad, no se entiende cómo solo los trabajadores cañeros salen a las calles cada mes a reclamar justicia. Todos los pensionados y los pendientes deberían protestar. Y que lo hagan ahora en medio del festival demagógico de la campaña electoral.

El milagro nuestro de cada día

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La revisión de los niveles salariales y de las pensiones inducen a creer que la tasa real de pobreza es muy superior al 42 por ciento que estableció la Comisión Económica para América Latina, y que la supervivencia de gran parte de la población dominicana es un verdadero milagro de cada día.

El boletín 43 de la Superintendencia de Pensiones, correspondiente a marzo pasado, indica que el 69.7 por ciento de los afiliados al Sistema Nacional de Seguridad Social tienen ingresos mensuales iguales o inferiores a dos salarios mínimos nacionales para fines de cotización, establecido en 8 mil 645 pesos. Es decir que ganan hasta 17 mil 290 pesos.

Debe resaltarse que los asegurados son el 43 por ciento de los empleados, los formales, porque el restante 57 por ciento son trabajadores informales, en gran proporción verdaderos chiriperos con ingresos mucho menores. Súmesele la revelación de la Federación de Pensionados de que el 82 por ciento de los 110 mil pensionados que ese organismo paga sólo reciben 5 mil 117 pesos mensuales. Eso sin contar unos 20 mil jubilados municipales con montos de hasta 2 mil pesos.

La situación se torna dramática si se tiene en cuenta que el límite de la pobreza en el país está cifrado en 21 mil 493 pesos y el de la pobreza extrema en 8 mil 883 pesos. También que el costo de la canasta familiar del tercer quintal, que sería el promedio de los cinco, es de 21 mil 905 pesos. Aún el del quintil más pobre asciende a 12 mil 992 pesos, más del doble de lo que reciben la mayoría de los pensionados.

Con esos niveles de ingreso, la mayoría vive en la pobreza y tiene que apelar al pluriempleo, o a una combinación de salario formal e ingreso del chiripeo y de las diversas expresiones de la informalidad. También a la dádiva, a los 2 millones de tarjetas que amortiguan los remordimientos sociales y hasta a la delincuencia.

Cada vez es más frecuente que los dominicanos y dominicanas tengan dos jornadas de trabajo, lo que implica 14 y hasta 16 horas, para redondear ingresos que le permitan cubrir el costo de la canasta familiar básica. Agravado todo por la pésima calidad del transporte público y su lentitud, lo que puede agregar de una a dos horas perdidas en los traslados. La calidad de la vida se desploma estrepitosamente. Y pensar que hace un siglo los trabajadores luchaban por una jornada laboral de ocho horas, lo que costó tanta sangre sudor y lágrimas.

En otras palabras, que romper el umbral de la pobreza conlleva una vida extremadamente sacrificada, con escaso tiempo libre, sometidos a un enorme estrés, con precarias relaciones familiares.

Como el 37 por ciento de los hogares están regidos por una mujer sola y sus ingresos no le permiten siquiera mal comer, los hijos son expulsados muy temprano de la escuela al chiripeo, reproduciendo el círculo de la pobreza de generación en generación.

Esta semana se escuchó a un político en campaña expresar extrañeza por la pobreza que encontraba a su paso. En realidad las élites políticas, como las económicas y sociales, incluyendo las religiosas, viven en la burbuja del progreso urbanístico, tratando de ignorar que las mayorías no reciben ni lo necesario para comer, la mitad de los hogares sin agua potable dentro, gran proporción sin energía eléctrica, sin alcantarillas, en fin, al margen del progreso que se pregona.

Tapándose los ojos y oídos e ignorando la realidad pueden proseguir en el festín del consumismo y el dispendio, robándose de mil formas diferentes lo que corresponde a todos. Por eso cada día necesitarán más guardias, policías y guachimanes para tratar de escapar de la inseguridad generada por tanta inequidad e iniquidad.

 

Ese dinero es de los trabajadores

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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En la medida en que aumentan los fondos de pensiones acumulados, que ya pasan de 270 mil millones de pesos, hay que afinar la vigilancia para evitar que la rapacidad y las centrífugas concentradoras pretendan apoderarse de ellos, secuestrarlos o dilapidarlos. La Ley de Seguridad Social 87-01 tiene suficientes previsiones para preservarlos, pero eso no será suficiente mientras prevalezca una cultura autoritaria y de despojo que pasa por encima de toda ley y principio constitucional.

En las últimas semanas se han verificado dos atentados contra los fondos de pensiones: por un lado un proyecto de ley que pretende apropiarse del diez por ciento de los mismos para destinarlos a recapitalizar el mal administrado Banco Nacional de la Vivienda para, cambiándole el nombre, destinarlo al financiamiento de exportaciones. El otro es la congelación de los fondos de los mayores de 60 años que se retiran sin haber podido acumular lo necesario para una pensión digna.

El intento de apropiarse por ley del diez por ciento de los fondos de pensiones atenta contra la filosofía del sistema, basado en la capitalización individual a través de empresas administradoras en las que descansa la responsabilidad de invertirlos adecuadamente en instrumentos financieros que permitan una rentabilidad que supere la tasa de inflación para que se reproduzcan en vez de extinguirse.

La ley tiene muchas previsiones para garantizar que los aportes de los trabajadores y sus empleadores sean preservados. Podrán invertirse en instrumentos financieros que deben ser aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social, sólo previa ponderación y recomendación de una Comisión Clasificadora de Riesgos. Y como ocurre con todas las decisiones del sistema, se trata de organismos donde los representantes de los empleadores y los trabajadores tienen poder de veto.

Ninguna ley puede disponer de esos fondos, ni siquiera en mínima proporción, porque equivaldría a un despojo. Y de ninguna forma se puede permitir un precedente, porque eso pondría en peligro las pensiones de todos los contribuyentes, dada la voracidad de los administradores del sector público. La experiencia de aquel Banco de los Trabajadores, quebrado por la corrupción política, debe ser suficiente alerta.

La Resolución 356-13 de la Superintendencia de Pensiones constituye una apropiación de los aportes acumulados en las cuentas de capitalización individual de las personas que ingresaron al sistema cuando ya tenían más de 45 años, a quienes desde el principio se les garantizó que podrían recibir la totalidad de sus fondos cuando se retiraran después de los 60 años de vida. Así lo instituyó la Resolución 126-14 del Consejo de la Seguridad Social, el 10 de marzo del 2005.

Como la ley establece un mínimo de 300 cuotas (25 años) para disfrutar de las pensiones, se asumió que los que sobrepasaban los 45 años de edad y no alcanzaran la acumulación suficiente para una pensión mínima, podrían retirar la totalidad de sus ahorros cuando decidieran pensionarse. Más aún, podrían hacer contribuciones adicionales a la cuota legal. Cambiar eso en el 2013 es un despojo, un cambio retroactivo de la norma, que contradice principios constitucionales.

El superintendente de Pensiones, Joaquín Gerónimo, ha prometido una revisión de la nueva normativa, que esperamos se produzca de inmediato y sin cortapisas. Al fin y al cabo el mismo funcionario ha reconocido que los fondos reclamados hasta ahora por 47 mil 996 trabajadores de ingreso tardío sólo totalizan 3 mil 323 millones de pesos, promediando apenas 69 mil 235 por persona, y representan un ínfimo 1.2 por ciento del total de los fondos de pensiones acumulados.

Es una mezquindad disponer la entrega en cuotas de cantidades irrisorias, muy lejos de la “pensión digna” y aún del salario mínimo. Más grave aún por cuanto el 75 por ciento de los fondos de pensiones están concentrados en instrumentos del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y del Banco de Reservas, lo que los deja sujetos a los vaivenes de la política. Nadie garantiza que con el progresivo endeudamiento que registra el Estado, esos fondos aparezcan cuando en unos 14 años cientos de miles de personas tengan derecho al mismo tiempo a una pensión completa.

Mientras tanto hay que preguntar quién defiende a los trabajadores. Por qué sus representantes aceptaron que se emitiera esa resolución corralito.

El infinito desorden de las pensiones

by Juan Bolívar Diaz Santana

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Desde hace años he venido denunciando las iniquidades e inequidades que se dan en las pensiones que paga el Estado, deplorando los persistentes privilegios y reclamando un mínimo de justicia para miles de maestros, enfermeras y trabajadores azucareros que tras décadas de trabajo mendigan en las calles por el derecho que les otorgan la Constitución y las leyes.

 En este mismo espacio el 30 de septiembre catalogaba como “Una casta de privilegiados” a los pensionados por la Superintendencia de Bancos hasta con 650 mil pesos mensuales, siguiendo una práctica instituida en numerosos organismos descentralizados y autónomos. También deploraba que cientos  de personas hayan sido pensionadas con asignaciones entre 25 y 50 mil pesos mensuales, sin haber trabajado para el Estado, muchos sin necesitarlas, como parte de la política de compra de lealtades, adhesiones o silencios, mientras el 87 por ciento de los jubilados estatales recibe el mínimo de 5 mil 117 pesos.

 En un artículo anterior, del 22 de julio, denunciaba la flagrante violación de la Ley 379-81 que establece el “Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los Funcionarios y Empleados Públicos”, cuyo artículo 2 indica que “En ningún caso el monto de la pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho de esos sueldos”. Con las expectativas del nuevo Gobierno concluía en “cuánto mérito acumularía Danilo Medina si le entra como a la conga a tantos privilegios, inequidades e iniquidades”.

 Durante años hemos denunciado cómo el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Banco Central, Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras instituciones estatales buscaron diversos mecanismos, algunos sin fundamento legal, para establecer pensiones privilegiadas al margen de la universalidad que plantea la Ley 87-01 que creó el Sistema de Seguridad Social.

Esta legislación establece el principio de la solidaridad, mediante aportes individuales a un fondo para pensionar a indigentes, lo que evaden la mayor parte de los funcionarios públicos mejor pagados. El experto en administración Cándido Mercedes ha sostenido que si esos privilegiados hubiesen estado en el nuevo régimen de seguridad social el promedio de los aportes individuales no sería 17 mil 993 pesos, sino 21 mil 575, y los fondos acumulados casi duplicarían los 182,547 millones de pesos actuales.

El decreto 616-12 del presidente Medina ha dispuesto la suspensión de contribuciones estatales a los planes complementarios que se multiplicaron en organismos públicos, y la Superintendencia de Pensiones ha mostrado disposición a hacer valer las leyes, lo que constituye un aliento a la esperanza de rectificación.

  Pero las revelaciones de los últimos días no dejan dudas sobre el infinito desorden en que han devenido las pensiones públicas y la relativización de la ética. Ahora sabemos que muchos de los pensionados privilegiados, a veces previa liquidación no contemplada en la ley, siguen cobrándolas, aunque reciben un salario por funciones públicas, incluyendo a jueces de las altas cortes.

 El diputado peledeísta Francisco Matos amenazó  con revelar una lista de 380 funcionarios públicos que cobran sueldo y pensión. Pero personas bien informadas  afirman que pasan de diez mil y que hay quienes reciben tres sueldos públicos, porque cobrando en un cargo, están pensionados por la universidad estatal u otro organismo autónomo o descentralizado y en el Gobierno central.

 El presidente Medina debería completar la rectificación del decreto 616, disponiendo cruzar las nóminas estatales para eliminar las dobles pensiones y suspenderlas a quienes siguen cobrando al Estado, práctica no solo absurda e inmoral, sino también violatoria de la Ley de Función Pública y de la Ley 379-81 cuyo artículo 11 prohíbe más de una pensión y prescribe que  si un pensionado vuelve al servicio público tiene que dejar de cobrarla. También debe cumplirse el máximo de ocho salarios mínimos y suprimir todas las que se han otorgado a personas que no tienen derecho a la misma, salvo enfermos o discapacitados. Y que en cambio se conceda pensiones  a todos los que reúnen los requisitos y que las andan mendigando. Es justicia lo que se pide.

Una casta de privilegiados

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El escándalo generado por la pensión de 651 mil pesos mensuales otorgada al superintendente nacional de bancos Haivanjoe Ng  Cortiñas y el firme rechazo social que lo obligó a dejarla sin efecto, contienen múltiples lecciones y lecturas que debemos ponderar, ya que no se trata de un asunto individual, ni limitado a las pensiones, sino que se origina en salarios desproporcionados  que vienen constituyendo toda una casta de privilegiados en los organismos del Estado.

Hay que celebrar que la opinión pública y legisladores del mismo partido del beneficiario hayan rechazado firmemente la desproporción. Incluso es posible que las más altas instancias del gobierno hayan intervenido para persuadir a Cortiñas a apagar un fuego que cuestionaba los propósitos de austeridad y equidad sostenidos por el presidente Danilo Medina, ya que el superintendente habría estado en el Palacio Nacional horas antes de renunciar a la pensión.

Si Cortiñas logró una pensión de 651 mil pesos, más irritante porque sólo tiene 53 años y asumía la Contraloría General de la República, es porque tenía un salario desproporcionado, nominalmente de 899 mil pesos, sin los beneficios adicionales de gastos de representación, bonificaciones, vehículos, combustibles, choferes, vigilantes y otras cargas. Ese sueldo equivale a lo que reciben 175 empleados públicos de salario mínimo de 5 mil 117 pesos y la lujosa pensión representa lo que se paga a 127 pensionados del Estado. Hay que anotar que el 87 por ciento de los 152 mil 862 pensionados del Estado recibe el mínimo de 5 mil 117 pesos mensuales. Y que miles de maestros, cañeros, etc. esperan la asignación.

La prueba de que no es un asunto individual es que otros 16  funcionarios de la misma Superintendencia también fueron pensionados en agosto pasado con sumas por encima de los 100 mil pesos, incluyendo a dos con 437 mil y 413 mil pesos.

Los privilegios salariales se han extendido por las entidades autónomas y descentralizadas del Estado, dejando chiquitos los sueldos de 75 mil, 200 mil y 300 mil pesos que ganan los ministros del gobierno. Comenzó hace años en el Banco Central y se extendió a los bancos de Reservas y de la Vivienda, a la corporación y las distribuidoras de electricidad, a las superintendencias de bancos, de seguros, de valores, al Indotel, al Congreso, y desde luego a los miembros de sus respectivos consejos directivos que es donde se ha guisado tan espléndidamente.

Ya son centenares los privilegiados que ganan salarios sobre los 500 mil pesos en organismos del Estado, pagados con los ingresos, tasas y contribuciones (que lo mismo da) de la ciudadanía. Y muchos disponen de generosos paquetes “compensatorios”, incluyendo tarjetas de crédito para gastar a discreción.

No es que pretendamos que todos estén tan miserablemente pagados como los 80 mil maestros, los 55 mil militares, los 33 mil policías, ni como los médicos, laboratoristas y enfermeras, pero sin distancias tan abismales e irritantes que incentiven a los de abajo a buscárselas hasta con violencia.

Si se quiere percibir las inequidades convertidas en iniquidades hay que ver los “Criterios para la determinación de los salarios de los cargos de alto nivel en RD” del consultor chileno Enrique París, contratado por el Ministerio de Administración Pública.

Según ese estudio, de julio pasado, el promedio de los presidentes de América Latina recibe 8 mil 273 dólares, unos 322 mil 650 pesos, la mitad de la pensión de Haivanjoe Cortiñas. Y 15 de 19 mandatarios ganan sumas que representan menos de 28  salarios mínimos de sus países. Todos los que aquí ganan sobre 500 mil mensuales reciben al menos lo equivalente a 50 sueldos mínimos privados y a 100 estatales.

El escándalo de Haivanjoe nos remite de nuevo al Proyecto de Ley de Regulación de los Salarios Estatales. Pero sin dejar fuera a la casta de privilegiados. No tengo muchas esperanzas de que ocurra y temo que estas reflexiones sólo sirvan para ganarme animadversión entre múltiples eficientes servidores públicos que están en la casta de los privilegiados o aspiran a estarlo, incluso algunos amigos. Ojalá que algún día los pueda justificar, cuando reduzcamos la ignominia en que sobrevive el 80 por ciento de los asalariados nacionales que reciben menos de 20 mil pesos mensuales.

 

Es justicia lo que se pide

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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De estos sí que se puede decir que “aún no ha sido escrita la historia de su congoja, su viejo dolor unido al nuestro”, tomando prestado el inicio del excelente poema que Norberto James Rawlings escribiera para cantar las penurias de sus ancestros, los cocolos que se asentaron a principio del siglo pasado en San Pedro de Macorís y sus alrededores, en Puerto Plata y algunos otros enclaves de la caña de azúcar, dulce y amarga.

Nadie puede asegurar con certeza cuántos son, porque ni ellos mismos lo saben, tal vez ya cansados de contarse y contar su impiadoso abandono en lo que queda de los bateyes que ya eran miserables aún cuando el azúcar era la primera industria nacional y mayor fuente de divisas del país. Pero unas veces se cuantifican en 13 mil, otras en 18 y hasta 22 mil.

De lo que no dejan dudas es de su condición de despojos, bagazos a los que durante décadas se les sacó la última gota de jugo en el trapiche de la explotación azucarera. Llevan varios años exhibiendo su miseria a la vista de todo el que quiera ver y escuchar hasta donde puede llegar la insensibilidad y el abuso.

En los últimos meses han arreciado su lucha, conscientes de que lo que no se consigue en campaña electoral es difícil lograr después de los comicios. Por eso el miércoles varios miles de ellos  marcharon hasta el Palacio Nacional y planean declararse en vigilia permanente frente al edificio de lo que queda del viejo Instituto Dominicano de Seguros Sociales, donde el clientelismo mantiene cientos de botellas.

Lo que esos reductos humanos vienen reclamando no es que les regalen una de las 600 mil tarjetas de “Solidaridad” que el Gobierno ha distribuido, sino que les paguen las pensiones para las que cotizaron durante años y décadas y que como las de muchos otros trabajadores han quedado en el vacío tras la instauración del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Social.

Llevan años presentando sus papeles, entregando expedientes a los burócratas del IDSS que el jueves en el Listín Diario publicó una página con un listado de 206 extrabajadores de los difuntos CEA, CORDE Y CDE, a quienes el 12 de enero pasado se les aprobó tramitarles pensiones, ahora centralizadas en el Ministerio de Hacienda. Incluyeron otra lista de 44 ya enviados al organismo.

El asunto es que los cañeros llevan mucho tiempo esperando sus pensiones y en  Hacienda les dicen que no hay dinero. Hace un año testimoniaron a Hoy que sólo  estaban incorporando nuevos pensionados en sustitución de los que iban muriendo, lo que en la práctica supone que se sienten a velar a los que están a punto de morir de inanición y abandono.

No es posible entender tanta indolencia, tal vez porque casi dos tercios de los cañeros reclamantes son haitianos o descendientes de ellos. Hay también cocolos y dominicanos. Independientemente de sus orígenes, el trabajo y el sudor los sembró al territorio nacional donde han de ser enterrados, pues no tienen horizonte ni cobija en ninguna otra parte de este planeta.

La situación es más irritante por cuanto el presidente Leonel Fernández sigue otorgando cientos de pensiones de 40 y 50 mil pesos a periodistas, artistas y deportistas que nunca han trabajado para el Estado ni cotizaron al IDSS, muchos de los cuales tienen estatus de acomodados miembros de las clases medias y hasta a algunos ricos.

Toda la sensibilidad nacional debe unirse ahora a los cañeros para respaldar su reclamo. Que el Gobierno destine los dos mil millones de pesos que el año pasado expropió de los fondos de recursos laborales a financiar pensiones para estos infelices,  que en la mayoría de los casos serán efímeras, para que mueran con un poquito menos de miseria. Pues lo que aspiran es a pensiones de 5 mil pesos mensuales.

Sigue la carrera de relajo institucional

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Representantes empresariales y sindicales ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) se insertaron en la política de relajamiento institucional que desarrolla el Gobierno al ratificar la resolución de apropiación y reparto de casi 10 mil millones de pesos acumulados en el fondo de riesgos laborales.

Mientras un informe oficial revela que más de la mitad de las escasas 779  pensiones de sobrevivencia otorgadas por la seguridad social no llegan a mil pesos mensuales, algunas por debajo de cien pesos, y que hay más de 18 mil acreedores de pensiones del viejo seguro social que llevan años reclamando sus derechos.

Repartición tripartita
El pasado 27 de enero el CNSS, con algunas notables ausencias y pocas oposiciones, ratificó un acuerdo tripartito del 7 de diciembre mediante el cual se devuelven al Gobierno y los empresarios 9 mil 995 millones 503 mil pesos acumulados a partir del 2004 y hasta el 3 de diciembre del 2010 en el fondo de riesgos laborales.

Del total el 69.84 por ciento, equivalente a 6 mil 982 millones 647 mil pesos, serán acreditados a los empleadores privados en cuotas proporcionales durante 60 meses, y el restante 30.16 por ciento, 3 mil 12 millones 856 mil pesos, devuelto al Gobierno que promete emplearlos para mejorar los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

La decisión se originó en reclamos del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Confederación Patronal de la República propiciando aligerar las cargas de las empresas como estímulo para superar la crisis económica de los últimos años. Nunca contó con suficientes simpatías en el mismo CNSS ni en los ámbitos de la tesorería del sistema. El gobierno se adhirió al propósito en diciembre pasado desalumbrado por la recuperación inmediata de tres mil millones de pesos.

Como cualquiera de los tres sectores representados tanto en el Consejo del IDSS como en la seguridad social podía vetar la resolución, empresarios y funcionarios gubernamentales buscaron la anuencia de las centrales sindicales comprometiéndose a aportarle 60 millones de pesos, uno mensual por cinco años, para programas de capacitación de los trabajadores.

El acuerdo tripartito fue firmado por los sindicalistas Gabriel del Río, Pepe Abréu y Jacobo Ramos, representantes laborales en el Consejo del IDSS por la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, (CNTD). Por el sector empleador privado lo suscribieron Lisandro Macarrulla y Marisol Vicens, y por el Gobierno el vicepresidente Rafael Alburquerque, el ministro de Trabajo, Max Puig y el director del IDSS, Sabino Báez.

Divisiones internas
En el único sector en que no se produjo disensión sobre la devolución de los fondos de riesgos laborales fue en el empresarial, porque hasta en el gubernamental hubo quienes no lo aprobaban, incluyendo al viceministro de Salud Nelson Rodríguez. Una primera resolución (257-01) del CNSS el 7 de diciembre dio la aprobación inicial, sujeta a que la tesorería de la seguridad social presentara un procedimiento técnico. El 27 de enero quedó ratificado el reparto mediante resolución 260-06. No asistió a la sesión el representante  gubernamental por el Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas, de quien se dice que no favorecía la devolución de los fondos.

La oposición al reparto en el CNSS fue encabezada por el representante del Colegio Médico, doctor Fulgencio Severino, quien se retiró de la sesión al momento de la aprobación definitiva, y contó con el rechazo de Irene Alcántara y Celeste Beatriz Zorrilla, representantes de los técnicos. En la sesión del 7 de diciembre no aprobaron la resolución Severino y Alcántara así como el sindicalista Agustín Vargas Saillant y  Magino Corporán, en representación de los discapacitados.

Los representantes sindicales en el Consejo de la Seguridad Social se dividieron. Espiridión Villa Paredes, de la CASC, que rechazó el acuerdo en diciembre se retiró en enero para que su suplente Delcy Sosa lo aprobara, al igual que Roberto Pulá de la CNTD, mientras Vargas Saillant se mantuvo firme. Corporán estaba fuera del país.

Sosa habría prometido que no aprobaría la devolución de los fondos, pero se cree que fue persuadida por las cúpulas de su central. En ámbitos laborales se deplora no solo la posición de la mayoría de sus delegados sino también que los 60 millones de pesos los dividieran en el CNSS, lo que se considera un peligroso precedente.

  Montos irrisorios y demandas de pensiones
La expropiación del fondo de riesgos laborales ha sido justificada en que exceden las necesidades, pero la realidad es que se han regateado a los trabajadores que debieron ser beneficiados y a sus descendientes, con mecanismos burocráticos complejos y excluyentes, bajos tope  de apenas 4 salarios mínimos  y subvaluaciones de salarios reales, como lo indica un libro de la Dirección de Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) publicado justamente la semana pasada.

En 163 páginas el libro titulado “10 Años de la Seguridad Social”, es una evaluación minuciosa del sistema “desde el punto de vista de los usuarios”, según su subtítulo. El capítulo 5 señala múltiples razones por las que hay excedente en el fondo.

Resalta el escaso número de beneficiarios, sugiriendo un subregistro de los accidentes laborales en el país, con tasa de apenas 1 por ciento, según estudio elaborado por Fidents Invertment LTD, cuando el promedio latinoamericano oscila entre 5 y 9 por ciento. Contribuye la ignorancia de los trabajadores y empleadores sobre ese seguro, lo que explica que apenas se refieran al mismo el 1 por ciento de las reclamaciones formuladas a la DIDA.

La evaluación indica que el monto mensual de 202 pensiones por discapacidad “es de aproximadamente 240 pesos mensuales”. El 31 por ciento registrados con salarios menores de 3 mil pesos y 76 por ciento por debajo de 5 mil pesos. Mucho peor y vergonzoso es que “los 779 beneficiarios de pensiones de sobrevivencias (155 viudas y 624 huérfanos), reciben pensiones de hasta RD$93.50”. El 54 por ciento menos de mil pesos mensuales. Señala que esos montos irrisorios no se están indexando de acuerdo al índice de precios al consumidor como ordena el artículo 47 de la Ley 87-01.

Pero si el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas hubiesen querido dar un  buen empleo a los “excedentes” del fondo de riesgos laborales lo hubiesen destinado a atender “las más de 18 mil solicitudes de pensiones en proceso en el IDSS, de las cuales muchas datan de más de 8 años en espera de su otorgamiento”, como indica el Capítulo 4 del libro de la DIDA.

Otro renglón en el que pudieron emplearse justicieramente es en elevar el monto de las más de 43 miles pensiones del IDSS de cinco mil pesos mensuales que mantienen a sus beneficiarios en niveles de pobreza y que en muchos casos no alcanzan para pagar las medicinas que demandan sus beneficiarios.-

Dudosa base legal

Una vez más parece demostrado que no hay ninguna barrera que impida el retorcimiento del derecho en el país cuando el Gobierno y/o los poderes fácticos lo estiman conveniente a sus intereses inmediatos. Es cierto que esos fondos se originan en un aporte de los empleadores, privados y público, del 1.2 por ciento de los salarios, pero la ley 87-01 no prevé que puedan ser devueltos.

La decisión se produce justo cuando el sistema de seguridad social se apresta a celebrar su primera década de instituido, el 10 de mayo del 2001, y por ello tiene pendiente una primera evaluación prevista en su ley orgánica.

En sus primeros diez años la ley de la seguridad social ha sido modificada en dos ocasiones para otorgar amnistías a empresas e instituciones estatales que acumularon deudas y para permitir el registro a múltiples de ellas que habían evadido la responsabilidad legal.

Entre las 18 funciones (desde la letra a hasta la r), otorgadas al CNSS en el artículo 22 de su ley orgánica, no hay ninguna que lo autorice a variar las contribuciones de los empleadores o de los trabajadores, ni menos a devolverlas, las cuales están establecidas en el mismo texto legal, en el caso del seguro de riesgos laborales en el artículo 199.

Esta semana, tras la publicación de la resolución que devuelve los fondos, el Colegio Médico procedió a elevar un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a quien solicita que detenga de inmediato la acción, supuesta a comenzar a aplicarse desde este mes de febrero.  El CMD programa para los próximos días un piquete al CNSS, mientras promueve una coalición de entidades sociales para demandar que se empleen los excedentes en el mejoramiento de las pensiones.

 

Apoyemos los esfuerzos de Melanio

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La inmensa descomposición social y el deterioro institucional que afecta a la sociedad dominicana acaparan tanto la atención que con frecuencia descuidamos expresar apoyo a esfuerzos positivos que se realizan en múltiples sectores, como los que lleva a cabo el Ministerio de Educación, encabezado por el profesor Melanio Paredes y un notable equipo técnico profesional.

Se trata de implementar un nuevo Plan Decenal de Educación con metas precisas y el objetivo de comenzar a superar los atrasos que mantienen a los dominicanos con un promedio educativo de apenas séptimo grado, además de una calidad tan deficiente que nos coloca en los últimos tres o cuatro peldaños en las evaluaciones internacionales, como las del Foro Económico Mundial.

Melanio Paredes no trata de ocultar esa realidad, las ha reconocido, como lo hizo el pasado 24 de febrero en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, cuando volvió a tener el valor de reclamar a su Gobierno el compromiso legal y moral del financiamiento a la educación como primera prioridad nacional.

Dijo que le faltan este año por lo menos 6 mil millones de pesos para poder cumplir las metas planificadas.

Espera convencer a los funcionarios responsables del gasto y la inversión para construir decenas de miles de aulas para completar la cobertura y reducir a un máximo de dos tandas a una alta proporción de planteles que tienen tres a costa de la reducción del horario.

Se hacen  esfuerzos por incorporar a padres y tutores al proceso educativo, por un mayor compromiso del profesorado con horarios y calendario, por una limpieza de las nóminas, por la preservación del patrimonio de las escuelas públicas, por el rendimiento de maestros y alumnos, además de la revisión de programas y textos.

Una de las gestiones que debe ser apoyada es la revisión de la nómina, lo que ha permitido detectar que unas tres mil personas han estado cobrando por años sin trabajar.

En unos casos verdaderas botellas, en otros muchos maestros y empleados que han desertado, hasta para emigrar al exterior, pero han seguido recibiendo salarios, a menudo con la complicidad de supervisores. El pago de los sueldos a través de los cajeros electrónicos ha hecho más difícil el control que cuando los empleados tenían que procurar personalmente su cheque mensual. La cancelación de muchos de esos cargos ya ha originado denuncias y protestas y poco apoyo, debido al nivel de legitimación o de tolerancia que hemos desarrollado frente al fraude y el robo en todas sus expresiones.

Las supresiones tienen que proseguir aunque con canales de apelación y disposición a rectificar en los casos de exceso de celo que se puedan verificar, por ejemplo con maestros o empleados realmente enfermos o ya incapacitados para la docencia.

Se saber que miles deberían haber sido pensionados, pero el presupuesto de Educación no alcanza para “esos lujos”, aunque cada año cientos de personas que no trabajan para el Estado, incluyendo renombrados artistas y periodistas, son pensionados por el Poder Ejecutivo con sumas de hasta 50 mil pesos mensuales.

Educación hace esfuerzo también -¡asómbrense!- por preservar el escaso patrimonio técnico de las escuelas, sometido al robo sistemático.

Se llevan las computadoras, televisores, inversores de energía y baterías, porque los policías no alcanzan para vigilar las escuelas, ya que tienen que cuidar las fincas, casas  y negocios de los potentados.

El pasado miércoles fueron robadas las 19 computadoras y 9 cargadores de la Escuela Florinda Soriano del sector Valle Encantado en Los Alcarrizos. Un programa de innovación educativa de 100 millones de pesos, a desarrollarse en  600 planteles ha estado frenado por el robo de los televisores plasma gigantes.

Como ven es mucho el respaldo que precisa el ministro Paredes, tan sólo para iniciar la tarea regenerativa del proceso educativo que tiene muchos aspectos más que los enunciados en este artículo.-

Cascabeles para tantos gatos

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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Resulta verdaderamente frustratoria la recurrencia en los delitos de estafas al consumidor que se registra en el país y ver pasar los años y las décadas sin que las autoridades hagan efectivos esfuerzos por sancionarlos, como si el interés colectivo fuera cuestión secundaria que se puede obviar.

Esta semana el Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Proconsumidor) denunció una vez más la estafa en el expendio del gas propano, tras haber comprobado que en una estación Credigas de la Padre Castellanos con Josefa Brea los medidores estaban alterados para sólo entregar siete galones del gas propano por cada diez que se pagaba. Es decir que se estaba engañando a los consumidores con un 33 por ciento.

En este caso fue sometido a la justicia el supervisor de la planta distribuidora, John Marte Valenzuela, pero al mismo tiempo la diligente directora de Proconsumidor, Altagracia Paulino, informó que la mayoría de las empresas detallistas del combustible mantienen alterados  los medidores, pero precisó que esa institución creada para “defensa de los consumidores” no tiene los recursos presupuestarios, técnicos y humanos para combatir efectivamente ese delito.

Lo mismo ocurre sistemáticamente con la Dirección de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor) cuyo presupuesto apenas alcanza para pagar sus empleados, y cuyo titular se ha cansado de recorrer los medios informativos clamando por un presupuesto que le permita mínimamente cumplir su misión, que es fundamental para Proconsumidor.

La indolencia es de tal magnitud que a Digenor le han faltado 5 millones de pesos para adquirir equipos que le permitirían una efectiva vigilancia de los expendedores de gas. A ese monto equivale al año la pensión con que se jubiló Leonardo Matos Berrido del estatal Banco Nacional de la Vivienda. El doble del barrilito anual de varios senadores y más de 200 veces lo que repartió el gobierno en cajitas navideñas en diciembre pasado.

La estafa en el expendio del gas propano, que también se extiende a otros combustibles es tan vieja como la venta de productos alimenticias y medicinales vencidos, y de medicinas falsificadas, que se promete extirpar cada vez que se denuncia, pero florecen de nuevo tan pronto salen de la atención pública.

A ello contribuye la benignidad de las sanciones que se han establecido para los delitos contra el interés colectivo, a menudo simples multas que se recuperan rápidamente con la continuación de la misma estafa. Eso cuando los casos llegan ante  jueces responsables. Porque la inmensa mayoría se saldan con el soborno y la protección de inspectores, de autoridades policiales, militares,  del ministerio público y hasta de dirigentes políticos.

Esas prácticas son también reflejo del inmenso deterioro moral de la sociedad dominicana, que no ha podido impedir siquiera que se roben los alambres del tendido eléctrico y telefónico, los cables de los puentes y los metales de las alcantarillas y hasta de los monumentos.

Que no han impedido que metales que no se producen en el país sean exportados.

Tampoco hemos podido vigilar los cementerios para evitar que los recién sepultados sean desenterrados para robarse los sarcófagos y reciclarlos con la complicidad de empresarios y autoridades. Para evitar esa profanación ahora los dolientes rompen los féretros al momento de la sepultura y a la vista de los que merodean.

La vieja pregunta de quién le pone el cascabel al gato ha quedado en el descrédito y la obsolescencia. Es que hacen falta demasiados cascabeles para tantos gatos, para tantos logradores de fortunas rápidas a costa de la colectividad. Pero sobre todo porque en la gestión pública faltan muchos, pero muchos servidores y legisladores que quieran poner cascabeles a la inmensa manada de gatos que padecemos.