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​​La escurridiza paz de los colombianos ​​​​

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Nuestra primera reacción televisiva, tras el rechazo del domingo 2 al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue encomendar este mundo del siglo 21 a la frecuentemente ausente divina providencia. Pues después del resultado del refrendo colombiano y del que dispuso la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sólo nos falta que las mayorías norteamericanas elijan presidente a Donald Trump el próximo mes.

La sociedad colombiana se dividió casi en dos mitades, con una diferencia ínfima del 50.2 al 48.8 por ciento. Pero suficiente para que el nuevo intento de paz en Colombia, haya quedado en la incertidumbre, generada por múltiples factores, relevantemente porque el expresidente Alvaro Uribe lo convirtió en instrumento político. La diferencia la puso con mucho el casi 70 por ciento que alcanzó el No en sus predios de Antioquia, con su capital Medellín.

El rechazo al acuerdo pactado no pudo ser más sorpresivo para todos. Ninguna encuesta lo previó, y el mundo entero lo había celebrado con anticipación y a posteriori, incluyendo el Premio Nobel de la Paz que se otorgó días después al presidente Juan Manuel Santos, el exministro de Defensa de Uribe, que conoció muy bien de la guerra y la violencia ancestral y endémica de los colombianos. Hasta las víctimas de la violencia de las FARC habían perdonado y pedido la aprobación.

Fue relevante que en las zonas donde se concentró la guerra de los últimos 52 años, donde saben lo que es la muerte atroz, el secuestro, las masacres, los desplazamientos de millones de personas, el voto por la paz resultó ampliamente mayoritario. Las grandes zonas urbanas y las clases medias, excepto los bogotanos, negaron la oportunidad a la paz.

Por insistir en recordar los 52 años de violencia de las FARC, alentada por la degeneración y las atrocidades que cometió esa guerrilla en lo que va de este siglo, se nos han olvidado las masacres de campesinos y su despojo por los terratenientes, que la originaron. El intelectual Ricardo Silva Romero ha recordado, en El País de Madrid, esa Colombia capaz de engendrar una guerrilla que dura medio siglo.

En sus memorias «Vivir para Contarla» el ilustre Gabriel García Márquez recuerda dos siglos de violencia en su país, las guerras de los mil días, más de un siglo de lucha armada, y no sólo de los marxistas, sino sobre todo y mucho antes de los liberales y conservadores. En un amplio recorrido por el «bogotazo» producido por el asesinato del líder popular liberal Jorge Eliécer Gaitán, del que fue testigo privilegiado, García Márquez sostiene que «los muertos en las calles de Bogotá, y por la represión oficial en los años siguientes, debieron ser más de un millón, además de la miseria y el exilio de tantos». Al conservadurismo en el poder le atribuye no menos de 300 mil muertos, más que los 220 mil que se cuentan en los 52 años de la guerrilla de las FARC.

A muchos también se les ha olvidado cómo terminó la paz firmada con las mismas FARC, el M-19 y el EPL por el presidente Belisario Betancurt entre 1984 y 86, tras la que miles se acogieron a la legalidad y fundaron la Unión Patriótica (UP). Concluido el gobierno de Betancurt militares y las milicias paramilitares de los terratenientes desataron una cacería, 15 masacres y 20 atentados a los locales de la UP. En pocos años le asesinaron unos 3 mil dirigentes y militantes, y otro millar fueron desaparecidos. Le mataron 2 candidatos presidenciales, 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 69 concejales.

Después de esa frustración de la paz, a finales de los 90 y principios del siglo, fue que las FARC alcanzó su máximo nivel, llegando a contar con cerca de 20 mil combatientes y controlando un territorio casi del tamaño de la República Dominicana. Y vino lo peor de los paramilitares, los «falsos positivos» del Ejército, y la degeneración de la guerrilla, aislada y obsoleta por el discurrir internacional, que dependió cada vez más del narcotráfico y la extorsión.

Quiera Dios que esta vez la paz no vuelva a escapársele a la sociedad colombiana y que pronto encuentren mecanismos para que prevalezca la vocación fraterna de sus hijos más iluminados. Con múltiples concesiones sí, como todos los tratados de paz universales.-

Que justicia y paz se encuentren

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El Mensaje de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) emitido con motivo del 171 aniversario de la Independencia Nacional ha sido considerado uno de los más progresistas y abarcadores de la historia de esa institución, comparándosele con la histórica pastoral de enero de 1960 que denunció los excesos de la ya entonces moribunda dictadura de Trujillo.

Esta vez los obispos no están denunciando una dictadura, pero diagnostican con claridad y valentía muchos de los males que agobian a la sociedad en los ámbitos económicos, institucionales, políticos y sociales, formulando propuestas para que la justicia y la paz se hagan realidad. Las preocupaciones y el lenguaje parecen fruto de ese nuevo “aggiornamento” que para la Iglesia Católica está representando el Papa Francisco.

El mensaje, titulado “Que la Justicia y la Paz se encuentren”, se fundamenta en el concepto bíblico de la paz que “designa el bienestar de la existencia cotidiana, el estado del ser humano que vive en armonía con la naturaleza, consigo mismo, con Dios; concretamente, la paz es bendición, reposo, gloria, riqueza, salud, vida.” Citan el Salmo 18: “la justicia y la paz se besan”.

Tras la fundamentación en la doctrina social de los católicos, el documento plantea que en el país la justicia y la paz no se encuentran, coincidiendo con los estudios que diagnostican una enorme inequidad y sosteniendo que “persiste una violencia institucionalizada”, con niveles de pobreza de 40 por ciento, muy superior al 19 por ciento de la región, con 20 por ciento en la indigencia, que fueron las cifras del reciente informe 2015 de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.

La CED sostiene que “Es en este modelo excluyente de crecimiento económico material que se debe buscar la explicación fundamental del desasosiego y la violencia cotidiana en que vive la generalidad del pueblo dominicano”. Y lo primero que desasosiega “es no saber a quién acudir ni a qué atenerse”, por una débil institucionalidad que se percibe en casi todas las esferas, como salud, vivienda, descanso, trabajo, circulación pública, seguridad, contratos y “especialmente en los aspectos fiscales, es decir en la manera en que el gobierno recauda y gasta los recursos que son de todos”.

Denuncian la corrupción pública y privada, fuente de inequidad y desconfianza, el clientelismo y la política concebida como negocio, las carencias del sistema eléctrico, la baja inversión en salud, la menor en la región, que “no puede seguir secuestrada por intereses económicos privados que basan su actividad empresarial en el lucro desmedido”.

El mensaje es descarnado al referirse a “la preocupante situación de la independencia de los Poderes del Estado” que son percibidos “sujetos a unos cuantos líderes y a un solo partido”, con cuotas de poder institucional utilizadas “para agendas políticas e ideológicas, en detrimento del reconocimiento automático de los derechos fundamentales. Tampoco evaden denunciar un endeudamiento excesivo.

Los obispos siguen la línea del Papa Francisco que se preocupa por los inmigrantes, en tanto población vulnerable, y abordan con serenidad el problema de la inmigración, que requiere una solución “racional y justa”, quejándose de que las soluciones para los descendientes de inmigrantes nacidos en el país contempladas en la Ley 169-14 y en el Plan de Regularización para los extranjeros indocumentados, “son obstaculizadas por múltiples sectores involucrados”.

Merecen atención las propuestas de la CED para el dinamismo económico, la institucionalidad y justicia, cultura de derechos, política laboral apegada a principios de justicia universal, así como para la ley de partidos y la regulación de la actividad política y electoral, “con los principios fundamentales de la vida democrática”, y para reencauzar institucionalmente las relaciones internacionales, especialmente con Haití. con regulación del comercio, la migración y la colaboración mutua.

Una oportunidad para Colombia

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
COLOMABIA

En este continente latinoamericano de tantas ignominias y violencia institucionalizada, no hay un país que merezca más una oportunidad para la paz como Colombia. No es que la guerra comenzó con el asesinato de Gaitán que generó la indignación del Bogotazo con su devastación y tres mil muertos en 1948, como se pretende. No, la guerra data del origen mismo de la gran nación y se extendió como un fantasma inextinguible a lo largo del millón 142 mil kilómetros cuadrados de montañas, selvas, llanos y acuíferos donde cabe 24 veces la República Dominicana, a través de los dos últimos siglos, como cuenta Gabriel García Márquez en sus memorias Vivir para Contarla.

No fueron los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ni los del Ejército Revolucionario del Pueblo, ni el Ejército Popular de Liberación los que iniciaron la guerra. Tampoco el Ejército de Liberación Nacional, el Frente Unido de Acción Revolucionaria ni el Movimiento 19 de Abril (M-19). Todas esas y otras nomenclaturas de tendencias soviéticas, chinas, cubanas o de orientación nacionalista fueron reacciones a dos siglos de violencia institucionalizada, a la guerra de los mil días, a la masacre de las bananeras de 1928, al asesinato de Eliezer Gaitán en 1948, al exterminio y el despojo oligárquico, del ejército, de grupos paramilitares, de la dominación bipartidista de liberales y conservadores, de la corrupción sin tregua ni límites y del asesinato selectivo que se llevó a una decena de candidatos presidenciales, a cientos de dirigentes políticos y a miles de militantes de partidos y grupos que se aferraron al juego de la legalidad.

No se puede hablar superficialmente de devolver la paz a una nación que nunca la ha tenido, donde la violencia es endémica. De lo que debería escribirse es de construir la paz para los 48 millones de colombianos que viven en su país y otros dos millones dispersos por el mundo, especialmente para los millones de desplazados, exiliados internos, para los despojados de la tierra y los herederos de la violencia.

Si larga ha sido esta ignominiosa cadena de genocidios, persistente también ha sido la búsqueda de la paz, una y otra vez fallida en las últimas cuatro décadas. Ningún observador honrado puede ignorar lo ocurrido con el M-19 que, tras el acuerdo de paz y desmovilización al caer los ochenta, se constituyó en Unión Patriótica, recibió el asesinato con su candidato presidencial Carlos Pizarro en 1990, cuando era un fuerte candidato a la presidencia. La misma suerte corrieron más de cinco mil exguerrilleros y militantes que se acogieron a la ley, exterminados selectivamente por los organismos de seguridad del Estado, los paramilitares y los sicarios de toda laya.

No hay dudas que la terrible suerte corrida por el desmovilizado M-19, el mismo que ocupó la embajada dominicana el 27 de febrero de 1980, con siete de sus diez miembros de su directorio nacional asesinados, ha dificultado en extremo todos los intentos de paz posteriores, especialmente con las FARC, la mayor organización guerrillera latinoamericana de todos los tiempos, que llegó a integrar entre 12 y 15 mil combatientes y dominó territorios más grandes que el dominicano. Manuel Marulanda Vélez, el legendario Tirofijo, prefirió extinguirse en su territorio liberado a dejarse matar en campaña electoral con un tiro en la frente como Carlos Pizarro, Jaime Pardo o Bernardo Jaramillo.

Tampoco hay dudas que la FARC se institucionalizó en la violencia de todo género, llegando al paroxismo del secuestro indiscriminado (se le cuentan hasta 27 mil), del asesinato atroz y la crueldad de las ergástulas, que no perdonó ni siquiera a mujeres que enarbolaban la paz y denunciaban la corrupción y la violencia institucionalizada como Ingrid Betancurt y Piedad Córdova, humilladas hasta lo inverosímil. Perdieron hasta la capacidad para interpretar el clamor internacional por la liberación de sus rehenes.

Ahora que llevan dos años de esfuerzos constructivos de paz, que han encontrado un interlocutor tan firme y decidido como el presidente Juan Santos, la sobreviviente jefatura de la FARC no puede encontrar el menor justificativo para el secuestro del general Rubén Darío Alzate y varios acompañantes que no estaban en combate. El tiempo ha demostrado que la guerrilla no tiene posibilidad alguna de ganar la guerra. Tampoco puede ya encontrar solidaridad ni apoyo internacional significativo. Pero por encima de todo, y ahora que hasta los familiares de las víctimas lo claman y se muestran dispuestos a perdonar, Colombia merece una nueva oportunidad para la paz.