La oposición política va al matadero electoral

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

A menos de cuatro meses para las elecciones generales del 15 de mayo, la generalidad de las encuestas sigue otorgando alta posibilidad a la reelección del presidente Danilo Medina, aunque una considerable mayoría considera que el país va por mal camino con deterioro económico y del costo de la vida y grave delincuencia y corrupción.

La explicación a esa contradicción podría ser la falta de expectativas ante una oposición a la que se le acaba el tiempo para alcanzar siquiera una mínima concertación que genere sinergias para enfrentar una maquinaria política que controla y abusa de todos los estamentos del Estado, y a la que le sobran recursos económicos y control del arbitraje.

Apabullante encuesta Penn. Los resultados arrojados esta semana por la encuesta de Mark Penn para el servicio informativo SIN no podrían ser más apabullantes para la oposición al Gobierno, y aunque no sean palabra de Dios y hasta generen dudas, por las contradicciones que ella misma muestra, la mejor respuesta debería ser el análisis frío y desapasionado.

Hasta observadores ajenos al quehacer partidario se niegan a aceptar esa diferencia de 57 a 27 por ciento de Medina sobre Luis Abinader, con apenas 3.6 para Guillermo Moreno y 0.7 para Minou Tavárez Mirabal, después de múltiples escándalos y desventuras para el Gobierno y el PLD, sometidos a fuertes críticas de líderes sociales, empresariales y religiosos por los niveles de corrupción e impunidad, por la inequidad en la distribución del crecimiento económico y el auge de la criminalidad. Hasta el punto que la valoración de la gestión del candidato a la reelección en la encuesta empresarial de la firma Deloitte cayó de 72 a 43 por ciento en el último semestre del 2015.

Esa caída ocurrió justo en el período de mayores escándalos, iniciado con la compra de medio Congreso para posibilitar la reelección presidencial, la repostulación total de los legisladores y alcaldes y la auto-prolongación de los dirigentes del partido de Gobierno, seguido por la violencia con muertos y los cientos de impugnaciones a la convención para candidaturas a regidores y algunos diputados y alcaldes. Escándalos de corrupción como el de la OISOE, impunidad pactada a favor de Félix Bautista, colapso de la justicia, más de un centenar de muertos por dengue, un embajador ante la ONU preso en Nueva York por corrupción, escape de los pilotos franceses, revelaciones de la construcción de una carretera y de un contrato para otra planta de carbón clandestinos, entre otros.

Podría haber explicaciones. En vez de descalificar las encuestas, los opositores deberían tirarle una mirada más profunda, reconocer el éxito que ha tenido Medina en proyectar una imagen cercana a la población, y en haber aceptado el clamor nacional por la inversión en educación que su partido rechazó en sus anteriores 12 años de Gobierno.

Otras explicaciones pueden ser la inversión de cerca de 10 millones de pesos diarios en publicidad gubernamental, control económico de la mayoría de los medios de comunicación y de los comunicadores, decenas de miles de dirigentes y militantes en las nóminas estatales, más de 2 millones de tarjetas distribuidas para acceder a “programas para reducir la pobreza”.

Durante muchos años el PLD ha logrado afianzar una imagen de invencibilidad, aunque en la última elección presidencial solo logró 51 por ciento del voto y perdió en la mayoría de las provincias.

Pero para curarse de nuevos espantos auspició la división del partido que en el 2012 lo había superado en más de 199 mil votos, mediante repartos, corrupción y manipulación de los tribunales que controla, a lo que contribuyó la incapacidad y la degeneración de los mecanismos democráticos internos del mismo.La división de la

oposición. De lo que no hay dudas es de que hasta ahora ninguna encuesta ha bajado a Danilo Medina del primer lugar en las preferencias para los comicios del 15 de mayo. Esa realidad y las enormes ventajas y el monopolio del poder del reeleccionismo les han permitido a analistas como Rosario Espinal, Andrés L. Mateo, Francisco Alvarez Valdez, Felipe Ciprián y otros, considerar que las próximas serán las elecciones más desiguales.

El que todavía no lo entiende que analice la sentencia del Tribunal Superior Electoral que reconoció a Fello Suberví como candidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sin haberse realizado la asamblea que dispone el artículo 68 de la Ley Electoral.

Frente a las enormes ventajas de que dispone el partido-Estado solo una fuerte unidad de propósito, programática y de candidaturas de oposición, podría generar competencia y cambiar la percepción de invencibilidad que influye en el estado de opinión pública.

Eso no lo han comprendido los dirigentes de múltiples grupos políticos dispersos.
Algunos sustentan una hipócrita apuesta a una segunda vuelta electoral, sugiriendo que para entonces se impondría la concertación, cuando hay indicadores de que solo la unidad desde ahora generaría sinergias para detener el reeleccionismo, lo que solo ha ocurrido una vez en la recurrente historia nacional, con Hipólito Mejía en el 2000 en medio de la terrible crisis bancaria que hundió la economía, y con Balaguer al tercer intento.

Si creyeran en una segunda vuelta, estarían pactando desde ahora para garantizar el apoyo al que quede contra el candidato oficialista, para generar optimismo y buscar representación congresual y municipal. Pero además los otros 4,104 cargos electivos se deciden en una sola votación, y por jurisdicciones donde las diferencias pueden ser decenas o cientos de votos, y donde la división interna del PLD y la imposición de candidaturas abren espacio al avance de la oposición.

La concertación garantizaría que más personalidades sociales aceptasen candidaturas y por menos la franquicia de los partidos.

Se les acaba el tiempo. Todos los indicadores, incluyendo las diversas encuestas, apuntan de nuevo a la bipolarización que caracteriza al electorado nacional y que ha dejado tan mal parados a muchos candidatos alternativos al corrompido y destartalado sistema de partidos, como lo indica el cuadro anexado.

Pero el tiempo se está acabando para la concertación opositora. No han hecho caso a numerosos análisis y reflexiones de personalidades interesadas en la institucionalidad democrática.

Una de las mejores fue la del reconocido jurista Ramón Antonio Veras, del 7 de diciembre pasado, que se encuentra en El Nuevo Diario Digital con el título “En procura de una unidad programática”.

Negro Veras se queja de que los grupos portadores de ideas progresistas, democráticas y de izquierda no han ocupado cargos electivos por pretenderse químicamente puros y no lograr insertarse en las coyunturas. Les pedía que tomaran en cuenta la correlación de fuerzas y “abandonando el puritanismo, y con un pañuelo en la nariz, sentarse a debatir un programa mínimo de lucha con sectores opuestos ideológicamente, pero dispuestos a ceder”.

El reconocido luchador democrático planteaba “aceptar algo ahora, para reclamar mucho después”. Afirmando que “la unidad dentro de la diferencia se alcanza con inteligencia política de altura”.

Mal pero 

con Danilo

La Penn-SIN no es la primera que registra la señalada contradicción entre insatisfacciones y preferencias por Medina. Véase el Tema de Hoy del 19 de julio pasado, que analizaba los resultados de la última Gallup-HOY, resaltando el “amplio apoyo a una reforma constitucional que la mayoría cree comprada y a una gestión gubernamental que se quema en los principales renglones”. Lo mismo ocurrió en otras encuestas.

Aunque en esta de Penn, Medina baja de los 60 puntos que se le atribuían, (62 a 17 ante Abinader, en la última Gallup-HOY) sigue registrando fuertes contradicciones.

No parece racional que el 57 por ciento favorezca la reelección cuando el 52 por ciento dice que el país va por mal camino (43.5 por buen camino) y el 68 por ciento, más de dos tercios, considera que la economía va en dirección equivocada, con solo 30 por la correcta.

El 45.5 por ciento señaló la criminalidad y delincuencia cuando se le preguntó sobre el problema más importante, seguido por costo de la vida-inflación, falta de empleo y corrupción del Gobierno.

Pero al indagar sobre la mejor razón para votar por Medina solo el 3 por ciento señaló la estabilidad económica, el 1.6 por combatir la delincuencia y corrupción, y el 1 por ciento porque reduce la pobreza.

El mayor porcentaje, 19 por ciento, basó su preferencia en buena gestión. El 16 por ciento por mayor aporte a la educación.

El proyecto de reelección arrasaría al Procurador

Por Juan Bolívar Díaz
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La subordinación al interés partidario y la reelección del presidente Danilo Medina sería la razón por la que el procurador general Francisco Domínguez Brito evade su deber de recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia que libera al senador Félix Bautista de las graves acusaciones de corrupción formuladas en su contra.

Se trata de cerrar cuanto antes un expediente que afecta al secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), salpica a su presidente Leonel Fernández, amenaza al tesorero Víctor Díaz Rúa, incentiva la división interna y pone en jaque a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Bautista el gran armador. A ningún observador sorprendió la decisión, dividida tres a dos, de la Cámara Penal de la SCJ que dictaminó “no ha lugar” para procesar al astuto secretario de Organización del partido oficialista, desechando el más voluminoso expediente de corrupción de la historia de la Procuraduría General de la República que involucra el manejo de más de 26 mil millones de pesos desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)

Todo el proceso ha estado marcado por la lucha interna en el PLD, iniciándose cuando era imperativo maniatar al expresidente Leonel Fernández, para viabilizar la repostulación del presidente Medina. Bautista y Díaz Rúa, considerados “alcancías de Leonel”, habían dejado demasiados rastros de corrupción con su impúdica concentración de riqueza, el segundo desde el Ministerio de Obras Públicas. Han sido favorecidos por absoluciones de jueces hasta llegar a la SCJ por apelaciones del Ministerio Público.

Esas acciones judiciales, incentivadas por el clamor público, incidieron en la capitulación de Leonel el 27 de mayo, apenas dos días después de haber plantado guerra frontal al proyecto reeleccionista. A Bautista se le atribuye haber sido clave en la negociación para el acuerdo que conjuró la división del peledeísmo, garantizando que todos los legisladores del PLD aprobarían una reforma de la Constitución para legalizar la reelección a cambio de ser también repostulados. El armador sacó allí su “no ha lugar”, en un proceso instruido y juzgado por jueces compañeros de partido.

Domínguez Brito en ridículo. La decisión del no ha lugar solo podía sorprender a incautos e ignorantes. Lo que ha causado estupor es el alegato del procurador general de que no recurrirá en casación ante el pleno de la SCJ porque “con respecto a este caso no me merece confianza” la corte, y que “no vale la pena porque siempre hay una excusa y un pretexto para no sancionar a los grandes capos de la corrupción”.

Múltiples voces han impugnado la capitulación de Domínguez, uno de los dirigentes peledeístas de mayor crédito público, quien defendió durante meses el expediente con los términos más duros, por lo que fue confrontado personalmente por el acusado Bautista. Participación Ciudadana le dice en una carta que “al margen de la apreciación personal que usted pueda tener sobre nuestro más alto tribunal de justicia, no cabe dudas de que en estos momentos debe usted separar su aprehensión personal de lo que es su obligación como procurador general de la República y por lo tanto como representante de todo el país”.

El alegato es incoherente, puesto que el pleno, que estaría constituido por una docena de jueces al restársele los cinco de su Cámara Penal que ya juzgaron, tiene una mayor proporción de personalidades del derecho, varios de los cuales estarían llamados a seguir el ejemplo de las magistradas Miriam Germán y Esther Casasnovas, cuyos votos disidentes contienen la base para recurrir a la última instancia. Si confió en una cámara, no tiene fundamento la desconfianza en el plenario llamado a enmendar todo equívoco.

Otro costo institucional. La actitud de Domínguez es insostenible, pues si un procurador general no confía en la Suprema Corte en un caso que él mismo calificara como juicio del siglo en materia de corrupción, debe abandonar el cargo. Estaría capitulando en aras del interés partidario de evitar el resurgimiento de la confrontación abierta entre Medina y Fernández por la hegemonía partidaria y despejar el camino de la campaña electoral. Porque el procesamiento salpicaría al exmandatario y más aún si abre espacio para que se haga lo mismo con Díaz Rúa. Para el PLD sería una caja de pandora de repercusiones electorales, un proceso que involucraría a tres de sus cuatro más altos cargos.

El destacado jurista Francisco Alvarez Valdez ha recordado que ya Félix Bautista fue responsable del inicio del descrédito de la Suprema Corte que presidió Jorge Subero Isa, la que evadió la responsabilidad de enjuiciarlo por el escándalo de los pagarés de la Sun Land por US$130 millones colocados en el mercado internacional por el entonces director de la OISOE sin aprobación del Congreso. Aunque en su dictamen del 2008 la SCJ reconoció que era obligatoria la aprobación congresual, desconoció una jurisprudencia propia de 1998 para declarar inadmisible el recurso y evadir el fondo.

Con su posición, Domínguez Brito le economiza al pleno de la SCJ tener que definirse en un caso que por su magnitud se ha constituido en símbolo de la corrupción y la impunidad nacional. Pero para él es casi una inmolación, que conlleva un costo institucional de los que siempre cobra la reelección en la historia dominicana. Ya antes doblegó la voluntad de la mitad de los legisladores del partido gobernante con un pacto antidemocrático, y de dos bloques de diputados de la oposición que arrastraron a sus respectivos partidos a modificar la Constitución en aras del reeleccionismo. Cinco meses después aún discuten las bases sobre las cuales pactaron esa precipitada capitulación, todo un absurdo político y hasta de negociación, si no hay ingredientes impublicables.

Represión de las protestas. Sin que se hubiese disipado el escándalo causado por el destape de la mafia de corrupción que ha operado en la OISOE, con la dramática inmolación suicidio del arquitecto contratista David Rodríguez, la negativa a procesar a Félix Bautista por graves cargos de corrupción en la misma institución, ha disparado la indignación nacional.

La complicidad con la corrupción y la consiguiente impunidad están saturando la sociedad. El vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, William Malamud, sostuvo el miércoles, en un almuerzo de la entidad, que la corrupción “está socavando la institucionalidad del Estado y creando un malestar en la sociedad”, y parafraseando a Shakespeare en su obra Hamlet proclamó que “hay algo podrido en el Estado dominicano”.

La forma en que el Gobierno ha reprimido a los grupos sociales que demandan la supresión de la OISOE y castigo a la corrupción, agrega preocupación. No se justifica la represión a unos centenares de protestantes. Parecía mejor inversión compartir su preocupación y hasta darse el lujo de suprimir el redundante organismo, símbolo exagerado de la corrupción. Han considerado más seguro reprimir para evitar que se generalicen las protestas como ha ocurrido recientemente en Guatemala, Honduras, Brasil y Chile.

Un escándalo saca a otro escándalo

Parece indiscutible que el país anda en un derrotero alarmante, tanto que un escándalo saca de la opinión pública a otro escándalo. En el último mes fueron las revelaciones de la mafia de extorsión que ha operado en la OISOE. Luego un simple raso sacude el país resaltando la insostenible miseria salarial de la Policía. Y uno de nuestros 12 embajadores ante la ONU es apresado y procesado por corrupción en Nueva York.

Vino entonces el “no ha lugar” para Félix Bautista y el segundo escándalo internacional del mes, con la huida de los dos pilotos franceses condenados a 20 años de cárcel por narcotráfico. Habría que sumar el alarmante conteo del centenar de muertos que este año ha cobrado el dengue, duplicando las cifras del 2014. Ya no escandaliza a nadie que agentes policiales fusilaran el martes a un joven en Santiago delante de varias personas, una de las cuales grabó el asesinato y los gritos de la víctima pidiendo que no lo mataran, subido a la Internet.

El escape de los pilotos franceses ha tenido la agravante de poner en ridículo internacional al país, porque nadie entenderá que condenados a 20 años de cárcel, por el tráfico de 680 kilogramos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares puedan seguir en libertad y sin vigilancia. Otra expresión de la corrupción y de la ineficiencia de instituciones judiciales y de la seguridad nacional.

 

Impactante deterioro nacional

Por Juan Bolívar Díaz

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Como los dominicanos hemos venido perdiendo la capacidad de asombro y parecemos refugiados en la resignación ante los graves problemas de sustentabilidad económica, de crisis institucional y política, de seguridad y deterioro de los servicios públicos, nos resulta muy difícil percibir los alarmantes niveles que alcanza el proceso.

Pero si uno se va lejos por dos semanas, y al volver hay que revisar las informaciones, como nos toca a nosotros, se encuentran suficientes rastros del deterioro que afecta la vida nacional, relevantemente en materia de la corrupción y su correspondiente impunidad y del reparto del Estado que no deja recursos para contener el deterioro de los servicios básicos, desde los sanitarios, electricidad, agua potable, transportación y seguridad. Los ingresos crecen menos que el gasto y en cada presupuesto se deben buscar prestados entre 3 mil y 4 mil millones de dólares.

El calvario registrado desde fines de septiembre fue dramatizado en primer lugar por la corrupción explotada en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), dependencia de la Presidencia de la República, que en las últimas décadas compite con el Ministerio de Obras Públicas en la ejecución de los proyectos oficiales, aunque su finalidad era de supervisión. Se creía que el reguero dejado por Félix Bautista aleccionaría por lo menos en ese organismo, pero fue una falsa ilusión hecha trizas por la inmolación del arquitecto David Rodríguez García, que dramatizó todo un entramado de sobrevaluaciones y extorsiones en la asignación y pago de obras públicas.

El escándalo de OISOE creció cada día. Todavía el lunes en HOY el ingeniero Eusebio Almonte revela cómo una escuela que se planificó en 23 millones de pesos, fue duplicada a 46 millones, cómo ha estado sometido a extorsión y que aún le deben 15 millones de pesos, aunque la escuela fue inaugurada hace un año. El CODIA documenta 51 expendientes de extorsiones. El rechazo nacional ha sido relevante, pero las autoridades han optado por reprimir a los dirigentes sociales que reclaman el desmantelamiento de la OISOE, de la corrupción y de la impunidad.

El segundo y prolongado caso de impacto fue el testimonio del raso policial Daurín Muñoz, sobre la miseria salarial de la Policía, que se registra también en las Fuerzas Armadas y en otros servidores públicos, como enfermeras y agrónomos, así como en los pensionados. La respuesta oficial es que el presupuesto no alcanza para pagar ni siquiera a los encargados de combatir la agobiante delincuencia. 43 generales de la Policía Nacional tienen sueldos de 37,500 pesos y diez pesos diario como ración alimenticia. Mientras miles de funcionarios y hasta simples regidores reciben ingresos hasta diez veces superiores.

Otras expresiones del calvario de dos semanas: Los muertos por dengue alcanzaron en lo que va de año a 95, proyectándose una duplicación en relación a los 58 del 2014; RD es segundo país del continente con más muertes por cólera; RD es, después de Guatemala, el peor país para morir; junto a Nicaragua, RD lidera el embarazo de adolescentes en América, según estudio de la CEPAL; el 42 por ciento de las viviendas dominicanas todavía usan velas para mitigar los apagones, según estudio del INTEC.

Todavía hubo más: Francis Lorenzo, uno de la docena de embajadores que tiene el país ante la ONU fue apresado por autoridades de Nueva York y acusado de ser parte de una red de extorsión y tráfico; el Movimiento C+ denuncia corrupción en la remodelación del hospital Cabral y Báez de Santiago; altos funcionarios cambiaron el reglamento de Aduanas para servirse con la cuchara grande; jueza Miriam Germán denuncia a su colega de la Suprema Corte Fran Soto como irrespetuoso, injusto y abusivo al amparo de sus vínculos con el partido de Gobierno.

El viacrucis de dos semanas es impactante, sin incluir los múltiples casos relacionados con la delincuencia y la inseguridad. Pero lo peor es el cinismo con que reaccionan las autoridades y gran proporción de los “forjadores de opinión, amarrados con el insuficiente presupuesto nacional. A uno de ellos se le escuchó impugnar a los críticos de la OISOE con el “contundente argumento” de que eso ha sido así en todos los gobiernos.

 

Dos inversiones escandalosas

Por Juan Bolívar Díaz
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El gobierno ha inaugurado recientemente dos obras construidas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con costos  verdaderamente escandalosos, que ameritan una auditoría de la Cámara de Cuentas, y explicaciones del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) que en el pasado tanto se ocupaba de la pulcritud en las construcciones públicas.

A principios de mayo pasado fue inaugurada una cárcel construida en Higüey con inversión de mil 200 millones de pesos, cinco veces los 242 millones de pesos que costó una similar que edificó la Procuraduría General de la República en Moca, puesta en servicio a fines del 2009. El segundo escándalo lo constituye el edificio de estacionamiento de vehículos para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, inaugurado el primero de junio con un costo de mil millones de pesos, que según constructores privados debe estar sobrevaluado en cien por ciento.

Ambas edificaciones tienen en común un largo período de construcción. La cárcel de Higüey fue iniciada en el 2005, después que unos 140 presos hacinados en una ergástula murieron quemados. El estacionamiento de la UASD fue de la decena de obras contratadas en el 2006, que serían construidas en 18 meses con los famosos pagarés por 130 millones de dólares  que el gobierno puso en manos de la Sun Land. Entonces apenas se removió tierra para las edificaciones contratadas por la OISOE, porque como debemos recordar, aquello fue una verdadera estafa nunca esclarecida ni sancionada.

 Las dos cárceles son recintos modernos, amplios, con todas las áreas que demanda un centro de rehabilitación, como los que viene auspiciando la Procuraduría General de la República, en un nuevo modelo penitenciario iniciado en el gobierno de Hipólito Mejía, pero que se ha desarrollado durante la gestión de Leonel Fernández, con el entusiasmo del doctor  Radhamés Jiménez Peña y su extraordinario equipo.

Las dos edificaciones son bastante similares e incluso la de Moca tiene una capacidad ligeramente mayor, ya que puede albergar  mil 200 internos, mientras la de Higüey albergaría mil 152, es decir 48 menos, aunque mucho más espaciosa, con mayor extensión en áreas recreativas y deportivas, y un sistema electrónico de seguridad.

Pero no hay explicación ni justificación para que el recinto de Higüey haya costado cinco veces más, a no ser que la Procuraduría es un modelo de austeridad y la OISOE por lo menos de dispendio. Por cierto que mientras la del costo escandaloso tomó seis años, la de Moca se hizo en el tiempo récord de diez meses.

El parqueo de la UASD tiene que ser uno de los más costosos en su género en cualquier parte del mundo. Baste considerar que con capacidad para estacionar mil 248 vehículos costó mil millones de pesos, lo que significa 801 mil 282 pesos por cada estacionamiento, motivo de escándalo entre ingenieros constructores consultados. El costo de construcción ha salido a 35 mil 975 pesos por metro cuadrado, lo que casi duplica el de una torre de Gazcue o Naco, que anda por los 20 mil pesos, sin contar costo del terreno ni impuestos, como tampoco lo hubo en el parqueo de la UASD.

Desde luego, hay que tomar en cuenta que las torres están divididas en apartamentos con terminación de mármol o granito, con puertas y ventanas de maderas preciosas, entre tres y cuatro sanitarios por apartamento, balcones, piscina, jardines, áreas de entretenimiento y plantas eléctricas. El estacionamiento de los mil millones es cemento pulido y pintado, en siete galpones superpuestos y ascensores.

No hay manera de asimilar que se haya invertido mil millones de pesos en un edificio de estacionamiento en una universidad donde faltan pupitres, escritorios para maestros, aulas ventiladas, laboratorios y hasta sanitarios. Si esto no es malversación, hay que inventarle algún calificativo más adecuado, mientras discutimos el nuevo paquete impositivo.