Por Juan Bolívar Díaz
Cuando me hablaron de ese documento no lo podía creer. Pero un estimado amigo me hizo llegar una copia para sacudir mi incredulidad y desde entonces lo he leído como diez veces tratando de no despertar a la realidad, pero la letra es fría y contundente. Tengo en las manos el oficio 5787 del 11 de septiembre en curso, mediante el cual se solicita la cancelación de las actas de nacimiento y cédulas de identidad de las primeras 126 víctimas de la limpieza del registro civil que ejecuta la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral con el apoyo de la mayoría del pleno de los jueces.
El documento suscrito por el doctor Servio Tulio Almánzar Botello, en su calidad de director nacional de Registro del Estado Civil, está dirigido al doctor Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE, y a los demás miembros del organismo.
El segundo párrafo consigna que se refieren a la cantidad de 126 personas hijas de nacionales haitianos que fueron declaradas en el Registro Civil Dominicano, sin que los padres hayan adquirido la nacionalidad dominicana o su residencia legal en el país y por lo tanto sin que pudieran presentar una cédula conforme las leyes 6125 y 8-92.
Señala los requisitos constitucionales para adquirir la nacionalidad para concluir que a estos hijos de haitianos no les corresponde porque sus padres han estado en tránsito en el país. No presenta documentación para saber hacia dónde transitaban. Seguro que muchos de ellos hacia la otra vida puesto que en su gran mayoría se quedaron para siempre aferrados a esta tierra de inmigrantes y emigrantes.
Por ningún lado se encuentra referencia alguna al Reglamento 279 de la Ley de Migración No. 95 de 1939 que establece en diez días el período de tiempo en que a una persona se le podía considerar en tránsito. Se supone que rigió hasta el 2004 cuando fue aprobada una nueva ley de Migración la 285-04, aunque ésta no ha podido ser puesta en vigencia porque cuatro años después aún no se aprueba su correspondiente reglamento.
Resulta que estas 126 personas nacieron en tiempos en que se supone regía la legislación de 1939 y cuando era de general aceptación el precepto constitucional de que los nacidos en el territorio nacional son dominicanos, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Por eso los oficiales del Estado Civil los inscribían.
El oficio de Almánzar Botello reconoce esa realidad, aunque expresa que una mala apreciación o aplicación de la ley, un error de inobservancia o la mala fe de un Oficial del Estado Civil, al inscribir o registrarse un nacimiento, sin que se cumpla con el voto de la ley, no puede generar derechos de nacionalidad a favor de la persona inscrita.
Por eso recomienda que retroactivamente se prive de la nacionalidad a estos 126 ciudadanos y ciudadanas, casi todos nacidos en la provincia de San Pedro de Macorís, el 56 por ciento en los años noventa, el 29 por ciento en los ochenta y el diez por ciento entre el 2000 y el 2001. Hay tres nacidos entre 1973 y 75 y el caso más relevante es el de Andrés (en el listado solo aparece el primer nombre) quien nació en Hato Mayor el 19 de agosto de 1948.
Se estima que suman cientos de miles los dominico-haitianos, pero la forma de descubrirlos es cuando van a solicitar una copia de sus actas de nacimiento, lo que hacen mayormente los que están en edad escolar, de sacar cédula o pasaporte o de contraer matrimonio. Por eso los que tienen 80 y 90 años no tendrán más sufrimiento que el moral, el de saber que administrativamente, sin que medie un dictamen judicial, se les puede privar de la nacionalidad para pagar por la ilegalidad de sus padres. Aunque una sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculante para la República Dominicana, establece que el estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos.
Andrés es la víctima de más edad de este despojo colectivo en marcha, que no sabemos si finalmente será aprobado por el pleno de la JCE. Sería interesante conocerlo y saber cómo a sus 60 años se le ocurre andar buscando copia de su acta de nacimiento. Ahora le despojarán hasta de la cédula de identidad, pero no quedará apátrida, ya que el director del Registro Civil recomienda que los 126 expedientes sean enviados al Consulado de Haití para que los inscriban como ciudadanos haitianos.
Si este genocidio civil se empieza a consumar, el escándalo repercutirá por todo el universo, ya que es difícil registrar algo similar. Hay muchas legislaciones para restringir la inmigración, pero no para el despojo masivo de la nacionalidad ya otorgada. Aunque un reconocido politólogo me contradijo afirmando que conoce al menos un precedente, cuando la persecución de judíos en la Alemania de Alfred Hitler.