Aliento al presidente Medina

Por Juan Bolívar Díaz
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Es muy temprano todavía para juzgar la gestión gubernamental que acaba de iniciar el licenciado Danilo Medina Sánchez, pero desde ya todos debemos alentarlo en los pasos positivos que viene dando y cada vez que marque algún otro en el reordenamiento del Estado, y en  orden a la racionalidad, las prioridades y la calidad del gasto público para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Hay demasiado pesimismo en la sociedad dominicana derivado de tantos años de expectativas fallidas, con uno y otro Gobierno, de tres partidos diferentes, por lo que Medina tendrá que dar muchas demostraciones firmes para que muchos se convenzan que en realidad hará lo que nunca se ha hecho.

Ahí está su plan de austeridad, que ha comenzado por el mismo Palacio Nacional, y su código ético que son iniciativas para reducir la malversación y la corrupción, renglón en que el país acaba de ser ratificado como campeón internacional en el Indice de Competitividad del Foro Económico Mundial 2012-13.

El viernes el presidente Medina emitió su decreto 545-12 con el cual deja sin efecto tres entidades que, aunque en el momento de su creación parecieron necesarias, habían devenido en inoperantes o redundantes. Se trata del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), la Comisión de Apoyo a la Reforma y la Modernización de la Justicia y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal.

Son organismos que hicieron contribuciones a la reforma institucional del Estado, especialmente CONARE. Más o menos ejecutada de acuerdo con los lineamientos consensuados, corresponde darle seguimiento a los organismos estatales vinculados, como establece el decreto.

Pero esto no es más que un comienzo, porque hay muchos otros organismos que ya carecen de sentido o que son redundantes y deben ser refundidos. Entre los más relevantes se pueden citar la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública y la Comisión de Apoyo al Sector Salud.

El pasado miércoles 5, Martín Polanco publicó en El Caribe un reporte sobre la abundancia de “instituciones inorgánicas que engrosan gastos del Estado”, resaltando la multiplicidad de entidades que pudieran ser refundidas, comenzando por las relacionadas a promoción o asistencia social: comisiones nacionales para el desarrollo barrial y provincial, Oficina de Desarrollo de la Comunidad, Pro Comunidad, Fondo de Promoción de la Comunidad, Plan Social de la Presidencia, Dirección de Comedores Económicos, y se acaba de crear la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia y su plan Quisqueya sin Miseria.

Relacionados con el ordenamiento del transporte: Oficina Técnica del Transporte Terrestre, Autoridad Metropolitana del Transporte, Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Dirección General de Tránsito Terrestre, Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre, Consejo de Administración y Regulación de Taxis, además de que los ayuntamientos tienen departamentos con los mismos objetivos.

En el ámbito agropecuario hay también gran redundancia: Instituto Nacional de Estabilización de Precios, Instituto Agrario Dominicano, Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y sus similares Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal.

Toda esa abundancia de organismos no solo suponen miles de empleos, sino inmensos gastos en locales, mobiliarios, vehículos, dietas y energía eléctrica. En muchos de ellos virtualmente no se hace nada, porque los presupuestos no alcanzan, con el agravante de que tampoco hay incentivos para los profesionales y técnicos, pues los salarios no suelen ser atractivos.

Alentemos al presidente Medina para que intensifique la corrección de lo que está mal. Porque está muy mal que un país pobre malgaste tanto sus recursos en multiplicidades e inoperancias. El problema no es solo de corrupción, sino de despilfarro, de malversación, de desvío de los fondos públicos en aras del reparto clientelista.

El primer año de nuestro metro

Por Juan Bolívar Díaz

Al cumplirse ayer el primer año de operaciones del metro de Santo Domingo, el balance no podría  ser más confirmatorio de la improvisada, absurda y antieconómica  inversión que concentró las energías del gobierno en el pasado período constitucional por encima de toda racionalidad y de la oposición de gran proporción de las instituciones y líderes. Pero ni el resultado disuade a nuestras máximas autoridades que se han embarcado con igual desparpajo a construir una segunda línea del metro.

Son las cifras de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte  (OPRET) las que confirman el absurdo, ya que en su primer año el metro fue abordado por 17 millones 805 mil 29 pasajeros, equivalentes a 49 mil 458 por día, si lo dividimos entre 360, lo que en “números redondos” podríamos convertir en 50 mil.

Como se supone que la inmensa mayoría lo utiliza en ida y vuelta, en realidad el metro está sirviendo apenas a 25 mil personas, equivalentes al 1.43 por ciento de la población de aproximadamente 3 millones 500 mil personas de esta megaurbe que conforman el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, a las que sirve ese moderno medio de transporte. Si lo dividimos entre los 9 millones y medio de habitantes del país, la obra pública  de mayor costo de nuestra historia apenas beneficia al 0.26 por ciento. Para mayor comprensión, a la cuarta parte del 1 por ciento.

La cifra para nada puede resultar sorprendente. Aunque sí tremendamente impresionante su confirmación. Esa fue la razón principal por la que gran parte de la sociedad pensante se opuso a la construcción de ese metro, teniendo las mayorías nacionales tantas prioridades.

Hay que recordar que hasta el Consejo Económico, Social e Institucional que acababa de instituir el presidente Leonel Fernández, recomendó desistir de la obra después de realizar consultas, incluyendo técnicos nacionales e internacionales. El gobierno emprendió la construcción mutilando en la cuna su flamante CIES.

Es indudable que a largo plazo, a medida en que se construyan otras líneas del metro, la inversión inicial tendrá un mayor rendimiento. Pero eso sólo puede justificarse en una sociedad desarrollada, donde no falten aulas, ni viviendas, ni alcantarillados pluviales y sanitarios y donde el nivel educativo no promedie el sexto grado de la primaria por las deficiencias y precariedades acumuladas.

Pero el presidente Fernández persiste en hacer del metro su plataforma de trascendencia histórica de nuestros gobernantes, que cifran el progreso en las obras  materiales, aunque sean de poca utilidad y escaso rendimiento, relegando la inversión en el desarrollo humano, cuyos resultados no se pueden exhibir en cuatro ni ocho años.

 De ahí que pese a las precariedades económicas de los últimos dos años, cuando en el 2009 las inversiones en construcción se redujeron en cerca del 80 por ciento, con el mayor endeudamiento de nuestra historia llamado a dificultar aún más la inversión en educación y salud, se hayan iniciado los trabajos de una segunda línea del metro.

Lo peor es que los trabajos de la segunda avanzan en medio del engaño y la manipulación. Puesto que el 4 de diciembre pasado se cerró un concurso público internacional para consignar la obra a la inversión privada. Según la convocatoria del 18 de octubre el concesionario tendría que invertir por lo menos 200 millones de dólares de capital propio y encargarse de buscar el resto del financiamiento.

Casi dos meses después no se ha informado nada sobre el resultado de la “Licitación No. OPREP 026/2009”, publicada en la página 5A del Listín Diario el 19 de octubre del 2009.

Así de racional y transparente es este gobierno de la postmodernidad, de la era del conocimiento y de la superación de la brecha digital. ¡Salve César, los que van a seguir en la ignorancia y la miseria te saludan!