La democracia necesita un PRD renovado

Por Juan Bolívar Díaz
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El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) está fraccionado desde la convención que escogió  candidato presidencial hace 15 meses y si no pudo reunificarse aun cuando las encuestas lo proyectaban ganador de las elecciones, parece casi imposible que lo logre tras la derrota.

Una crisis prolongada en el PRD tendría fuertes repercusiones en el proceso democrático, acentuando el poder hegemónico del presidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y debilitando las posibilidades de renovación que ha planteado el presidente electo Danilo Medina.

Una guerra avisada.  El candado que encadena la casa nacional del PRD es simbólico de una guerra que la campaña electoral y las debilidades institucionales aplazaron, pues ese partido quedó fraccionado desde la convención del 6 de marzo del 2011 que escogió a Hipólito Mejía candidato presidencial.

Su contrincante Miguel Vargas Maldonado aceptó proclamarlo, pero sin convencerse de que había perdido una batalla y permitió que familiares y seguidores trabajaran abiertamente en contra de su candidato, incluyendo a su vocero personal Víctor Gómez Casanova, con aplausos e incentivos externos, mientras evadía todos los intentos de mediadores y familiares por reunirlo con Hipólito Mejía.

La generalidad de los analistas advirtieron que la posición adoptada por Vargas y su grupo lo dejaba incapacitado para sobrevivir como presidente del perredeísmo y más aún como candidato presidencial en el futuro, cualquiera que fuera el resultado de la elección presidencial.

Después que Mejía alcanzara el 47 por ciento de la votación, no es posible visualizar que Vargas pueda encarnar la unidad perredeísta, él que en el 2009 pactó con el presidente Fernández una reforma constitucional que concentraría todos los poderes en manos del mandatario, sin consultar los organismos del PRD, amparado en que el año anterior había recibido un 40 por ciento del sufragio.

Vargas Maldonado pasó la campaña electoral al margen del esfuerzo partidista y más bien contradiciendo al candidato presidencial, reclamando la representación de la institucionalidad del Partido Revolucionario Dominicano, pero sin reunir sus organismos ejecutivos, que hipertrofiados  han devenido en inoperantes.

La Comisión Política (CP), que según el artículo 34 de los estatutos debe reunirse cada semana, tuvo un año sin ser convocada, y previendo la posibilidad de que ahora lo fuera, dos días antes de las elecciones sometieron a la Junta Central Electoral una nueva matrícula del organismo que deja fuera al propio Mejía y a dirigentes tan paradigmáticos como Hugo Tolentino Dipp y Enmanuel Esquea Guerrero, mientras se encadenaba con candado el acceso a la casa nacional del partido.

Convocatorias paralelas del CEN.  La reunión de la Comisión Política que el viernes decidió la suspensión de Vargas como presidente y de los dirigentes Fiquito Vásquez, Julio Maríñez y Aníbal García Duvergé, así como la expulsión de Gómez Casanova, Kalil Michel, Annie Felipe, Pascual Valenzuela, Angela Peña y Héctor Domínguez, marca el estallido de una nueva crisis en el partido más antiguo del país, cuando acaba de quedar  como el más votado, con 200 mil votos sobre el PLD, que ganó la presidencia por la contribución de 13 aliados.

Es significativo que la mesa de honor de la reunión fuera encabezada por el presidente en funciones Andrés Bautista (investido en lugar de Vargas Maldonado), por el secretario general Orlando Jorge Mera, la secretaria nacional de organización Geanilda Vásquez y la presidenta de la Federación de Mujeres, Janet Camilo, ya que los cuatro fueron de los principales dirigentes que apoyaron a Vargas Maldonado cuando luchó por la candidatura presidencial perredeísta, pero luego se incorporaron a la campaña electoral.

La letra c del artículo 35 de los estatutos del PRD da facultad a la Comisión Política para “decidir sumariamente la expulsión de un miembro del partido, debiendo someterlo al Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

La letra d autoriza la suspensión, remitiendo el caso al Consejo Nacional de Disciplina, con la complicación de que como presidente de este figura uno de los mismos suspendidos, Fiquito Vásquez.

La reunión decidió convocar al CEN para el domingo 10 de junio para que ratifique sus disposiciones.

El panorama se complicó la misma noche del viernes cuando Vargas Maldonado reaccionó restando calidad a la Comisión Política para adoptar esas resoluciones y anunció su propia convocatoria del CEN para este domingo.

La primera dificultad será establecer con certeza cuántos y quiénes son los miembros de esos organismos, el primero con unos 253 y el otro diez veces más numeroso.

El apoyo de Vargas Maldonado luce mermado para enfrentarse a la mayoría partidaria que en más de un 90 por ciento se integró a la campaña electoral de Mejía, aunque hay sectores que plantean que la lucha debe estar por encima de ambos dirigentes.

Sin embargo, los suspendidos dicen tener el control de la membresía del  CEN y en última instancia confían en ser favorecidos por el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, cuyo control se atribuye al presidente Leonel Fernández, a quien la otra parte señala como incentivador del fraccionamiento del partido.

Debilita la democracia.  Para muchos observadores la nueva crisis perredeísta será prolongada y no tiene salida sin una división, lo que puede tener serias repercusiones sobre el proceso democrático nacional, puesto que debilitaría el único contrapeso político significativo que tiene el Gobierno del PLD, y particularmente acentuaría la hegemonía del presidente Leonel Fernández sobre su partido y en los poderes del Estado.

Con una oposición política más débil podría tomar nuevo impulso la tendencia absolutista que se arraiga en sectores del partido gobernante, que ya trabajan para el 2016 y repercutir hasta en las posibilidades de relevos, cambios y rectificaciones que se ha planteado el proyecto de gobierno del presidente electo Danilo Medina.

Al sector duro del presidente Fernández se atribuye el incentivo a la división en el Partido Revolucionario Dominicano desde semanas antes de la convención que eligió el candidato.

Algunos de sus financistas llegaron a proclamar abiertamente que contribuían con Mejía o Vargas Maldonado y éste alegó que había perdido porque votaron cientos de miles de peledeístas.

Luego se ha dicho que han incentivado al grupo de Vargas Maldonado para que enfrentara la candidatura perredeísta.

Cuando en la campaña electoral se produjo una escisión entre los comentaristas  de la radioemisora Zeta 101, Gómez Casanova y otro seguidor de Vargas Maldonado se fueron junto a los peledeístas aduciendo parcialidad del medio a favor del PRD.

Una prolongada y profunda crisis en el PRD, cualquiera que sea su desenlace, deja inquietudes dentro de unas perspectivas de decisiones trascendentes como una reforma fiscal de gran magnitud.

La ausencia de un mínimo equilibrio político partidista no es necesariamente augurio de gobernabilidad ni estabilidad, pues podría remitir al fortalecimiento de los grupos populares que capitalizarían el descontento social, aunque también podría abrir espacio a la emergencia de una nueva organización política que encarne la oposición.

Mientras tanto, tiene validez la cita que hizo Espinal Báez de un amigo empresario que planteaba la necesidad de “seguir apoyando que el PRD siga concertando con el PRD para evitar que se siga venciendo a sí mismo; de lo contrario nuestra democracia se quedará con un solo suplidor y entonces dejaremos de ser democracia”.

Urgente renovación

Hay sectores en el PRD que no quieren jugar una partida en la que solo se debata si la organización queda en manos de Mejía o Vargas Maldonado, aunque entre  estos una parte comparte la convicción de que el último se descalificó al no apoyar la  candidatura del partido que presidía, en lo que se ha considerado un hecho sin precedente en la democracia.

En esta tesitura estarían dirigentes históricos como Hugo Tolentino Dipp, Milagros Ortiz Bosch, Ivelisse Prats Ramírez, Tony Raful, Enmanuel Esquea Guerrero y Tirso Mejía Ricart, y movimientos como el Foro Renovador y el Grupo Concertación por el Cambio Democrático, que promovieron el Congreso perredeísta celebrado en octubre del 2010, el cual aprobó un amplio programa de renovación que ha sido ignorado por la dirección partidaria.

El Grupo de Concertación, que integra a jóvenes profesionales, plantea que la crisis puede ser una oportunidad para renovar la estructura, reactivar los organismos, retomar la disciplina y la institucionalidad, volver sobre los principios ideológicos y abrirse a un nuevo liderazgo.

Dentro y fuera del  PRD son muchos los que plantean que no basta con romper el candado que sostiene la cadena que impide el paso a la casa nacional, sino que hay que abrir de par en par las puertas a la renovación de una estructura partidaria anquilosada.

Hugo Tolentino Dipp, uno de los que reivindican la social democracia que enarboló José Francisco Peña Gómez, dijo esta semana por televisión que “el PRD es un partido secuestrado por Vargas Maldonado, sin vinculación con el pueblo, que requiere rescatar sus fundamentos ideológicos y  definir una estrategia de oposición”.

Nelson Espinal Báez, un experto en solución de conflictos que el año pasado medió hasta que Vargas Maldonado aceptó proclamar la candidatura de Hipólito  Mejía, plantea una concertación para restaurar la disciplina, la transparencia  y la institucionalidad, aunque en un artículo publicado el miércoles en Diario Libre sostuvo que la concertación no puede verse como bálsamo para inequidades ni ilegalidades.

 

Crisis de la democracia y la institucionalidad

Por Juan Bolívar Díaz
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La sociedad dominicana se debate nuevamente entre la autocracia caudillista que proclama al Presidente de turno como ser providencial insustituible y la anarquía de los arrebatos como expresión de las debilidades institucionales y una cultura de carencias y flaquezas democráticas.

Esta semana el presidente Leonel Fernández se situó en el borde mismo del poder total autocrático con un partido que se consume en el silencio, mientras la oposición perredeísta, sacudida por las impudicias del arrebato y la garata, llegaba al límite mismo de la división y la dispersión.

El poder personal.  Tal como se había advertido, tras la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) violando el precepto de dos tercios de los votos, el presidente Fernández inició la semana observando también la del Tribunal Constitucional (TC), al objeto de burlar el mecanismo de consenso que impuso la Constitución de la República que él mismo hizo aprobar y proclamó hace un año.

En el CNM el objeto era asegurarse el control personal de las decisiones del organismo, que en su composición actual comparte con su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el TC, como se supone que haría con el Tribunal Superior Electoral,  se trata de imponer a toda costa los jueces que le convengan a sus intereses personales, ya ni siquiera partidarios.

Con los presidentes de ambas cámaras legislativas, el procurador general y el aliado reformista que él mismo escogió para el CNM, el doctor Fernández tiene asegurada una clara mayoría, pero actúa como si desconfiara de la lealtad de alguno y buscara un poder personal decisorio en la integración de esos suprapoderes estatales y en la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia.

En el caso del TC es público el interés de llevar a la presidencia del mismo al juez Luciano Pichardo, quien debe salir jubilado de la  Suprema Corte, por haber rebasado los 75 años de edad. Muchos se preguntan si éste jurisconsulto es el único que reúne condiciones para presidir el organismo, tanto que justifique hacerlo nacer con un certificado de ilegitimidad.

Alarma justificada.  Lo que termina por detonar una gran incertidumbre en el liderazgo de las organizaciones más activas de la sociedad civil, el empresariado y las iglesias, es que los nuevos tribunales podrían ser decisivos para el proyecto continuista que parece atrapar hasta la inteligencia del mandatario, llevándolo a una reflexión confesada sobre algo que vulnera el orden constitucional.

No son para nada inocentes las alarmas expresadas por dirigentes empresariales y sociales, como tampoco las de los obispos dominicanos, solos o en su conglomerado de la Conferencia Episcopal, quienes vienen enfatizando la necesidad de respetar las leyes y la Constitución de la República.

Lo que dijo el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Diez, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana y otras entidades que integran una Coalición por una Justicia Transparente e Independiente, al igual que abogados constitucionalistas, es que la degradación de las leyes orgánicas, aprobándolas por simple mayoría porque no se dispuso de las dos terceras partes, es un golpe de Estado constitucional.

La desproporcionada reacción gubernamental, que distorsionó la esencia de las objeciones con acusaciones de tremendismo, ignorancia e intentos de intimidar a los poderes públicos, agravó los temores, lo que explica que en apenas horas todas las organizaciones empresariales reafirmaran que la inobservancia del artículo 112 de la Constitución “constituye una amenaza al orden institucional del país”.

La Coalición por la Justicia Independiente se manifestó en defensa del líder del empresariado, a quien se dirigió “el boche del Gobierno”.

Otra respuesta de la sociedad civil la constituyó una carta enviada el viernes al presidente Fernández, en la que 127 ciudadanos, en su mayoría dirigentes de instituciones sociales, empresarios y profesionales, le advierten que no hay espacio legítimo para una repostulación  y que “la ruptura del orden constitucional representaría un grave retroceso para la imagen de la nación en el ámbito del derecho internacional y de graves repercusiones a la luz de la Carta Democrática Interamericana”.

La reunión del Palacio.  En un esfuerzo por enderezar el rumbo, el Presidente de la nación convocó la noche del miércoles una reunión en el Palacio Nacional, en la que durante más de tres horas se debatió el conflicto derivado de la aprobación de las leyes orgánicas. Se invitó a una decena de juristas y a directores de periódicos “como observadores”.

Los informes confidenciales aseguran que aún allí, aparte de los funcionarios, hubo consenso de que para aprobar esas leyes se requiere dos terceras partes de los votos, aún si fueren observadas, y en la necesidad de deshacer el entuerto.

El doctor Juan Manuel Pellerano, maestro del constitucionalismo dominicano, habría sido patente cuando dijo que sólo hay que leer el artículo 112 de la Constitución. El director de Finjus, doctor Servio Tulio Castaños; el doctor Adriano Miguel Tejada y otros fueron terminantes. Y hasta el aliado Vincho Castillo dijo que ese no es un problema jurídico sino político.

Se barajaron dos salidas al embrollo: que el presidente de la Cámara de Diputados pida al Poder Ejecutivo la devolución de la Ley del CNM para volver a conocerla, lo que pareció difícil, pues implica una confesión de culpa, o que el Presidente la promulgue y de inmediato someta un proyecto de modificación para que sea legitimada aprobándola como lo decidan los dos tercios.

El dilema de Leonel.  Una cadena de relativización de la Constitución y varias leyes que se ha venido registrando en los últimos meses alcanza su punto más crítico cuando este domingo 27 el Presidente recibe en un acto masivo dos millones y medio de firmas pidiéndole que procure seguir rigiendo los destinos de la nación para que no se hunda el país, una expresión reiterada en la historia de la nación.

El acto y el activismo de altos funcionarios y decenas de senadores y diputados, incluyendo a uno de sus presidentes han concentrado la atención nacional.

En la opinión pública prevalece la esperanza de que la inteligencia y serenidad de Fernández le induzcan a rechazar un proyecto que pondría en tela de juicio la institucionalidad nacional, dadas las sabidas dificultades y escasa legitimidad para una nueva  modificación de la Constitución.

Pero hay una buena proporción de militantes y simpatizantes de su partido que creen que “sólo Leonel” les garantiza mantenerse en el poder.

Si el Presidente ha pasado de la reflexión que anunció el día 7 de marzo a una  decisión, no encontraría un mejor escenario que el acto multitudinario para explicarla, tanto si acepta como si “se sacrifica”. Él debe saber que tiene en vilo a su propio partido y a la sociedad dominicana.

Pero entre los analistas las apuestas se inclinan por considerar que no anunciará decisión este domingo, y que esperará lo más posible para ver cómo se mueve el escenario, tanto nacional como internacional. Tiene el límite del 10 de abril para cuando se acordó la reunión del Comité Central del PLD para elegir los precandidatos. Pero con dos millones y medio de firmas en su maletín, bien puede encontrar algún pretexto para otro aplazamiento.

A todo esto, se trata del proyecto personal del doctor Fernández, sin la participación en el acto de hoy de ningún organismo de su partido.

Apenas un par de senadores y dirigentes del PLD se han atrevido a contradecirlo, y aliados como Max Puig, quien esta semana rechazó claramente la repostulación a nombre de su Alianza por la Democracia, y el diputado  Pelegrín Castillo.

El PRD: la otra cara

Como si el continuismo del caudillismo y el providencialismo no generaran suficientes incertidumbres, ahí está la oposición representada en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) empeñada en el otro extremo de la cultura política dominicana, el de la anarquía y el arrebato para imponerse por encima del dictamen democrático.

La destitución del presidente de la Comisión Nacional Organizadora de la elección primaria que arrojó la candidatura presidencial de Hipólito Mejía para sustituirlo por uno de los perdedores y la amenaza de Miguel Vargas de auto proclamarse ganador, llevaron la garata a su punto más álgido, del que se salta a la división o se regresa al sentido común y el realismo político.

Una vez más el PRD desaprovecha la oportunidad de recuperar su antigua primacía y legitimarse como alternativa ante un gobierno en declive y un partido oficial anulado por un neocaudillismo.

Aunque debe acreditársele que ha mantenido la unidad en su representación en la Cámara de Diputados y sacó tiempo para elevar una instancia de inconstitucionalidad sobre la ley del Consejo Nacional de la Magistratura.

Al caer la semana había emergido una comisión mediadora integrada por el expresidente de Panamá Martín Torrijos, en su condición de presidente de la Internacional Socialista para América Latina, por el reputado abogado especialista en solución de conflictos Nelson Espinal Báez, y por el empresario Tony Rivera, que reúne la privilegiada condición de hermano de padre de  Vargas Maldonado y cuñado político de Hipólito Mejía, pues su hermana Janet es la esposa del hijo mayor del candidato.