Las pobres cuentas municipales

Por Juan Bolívar Díaz

Ningún impacto en la opinión pública tuvo la revelación esta semana de un estudio de la Cámara de Cuentas de la República sobre la administración de los recursos nacionales en los 155 municipios y 230 distritos municipales en los que se ha mini fragmentado el territorio nacional para que el reparto de lo público alcance a un mayor número de clientes, aunque sea con un pedacito del pastel.

Las violaciones a la ley 176-07 que debe regir las entidades municipales, y a las más elementales normas de administración y control de ingresos y gastos son como para que se dispusiera la intervención de una alta proporción de los cabildos. Pero aparentemente no hay autoridad preocupada por sancionar la malversación de los fondos públicos. Al fin y al cabo a los ayuntamientos y distritos municipales sólo llegó el 4.7 por ciento del total del gasto gubernamental en el esplendoroso año 2012, aunque la ley establece que deberían recibir el 10 por ciento.

No faltarán algunos cínicos que pretendan justificar el arrebato de la mitad de lo que corresponde a los municipios, bajo el argumento de que ellos no llevan cuentas claras de ingresos y mucho menos de los gastos. Pero entonces la ciudadanía debería negarse a pagar impuestos, habida cuenta que el país encabeza las 144 naciones incluidas en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial en malversación de los fondos y en favoritismo de los funcionarios públicos, lo que se expresa en gran medida en el gobierno central y la mayoría de las entidades autónomas y descentralizadas del Estado.

Ante todo hay que resaltar la fragmentación territorial y poblacional patente en el estudio. Menos de la tercera parte de los municipios, cuarentiocho, cumplen el requisito legal de tener más de 15 mil habitantes y de generar ingresos propios de al menos el 10 por ciento de su asignación del presupuesto nacional. De los distritos municipales apenas 11cumplen con el requisito de más de 10 mil habitantes y generar ingresos propios del 10 por ciento, y de los 230 sólo 47, el 20 por ciento, alcanzan la población mínima legal.

Los ayuntamientos administraron el año pasado 19 mil 165 millones de pesos y los distritos 16 mil 174 millones, la mayoría sin cumplir las normas de los registros contables y financieros y los procedimientos de control de gastos, compras y pagos, lo que, según el informe de la Cámara de Cuentas, imposibilita el debido monitoreo. Desde luego, como se trata de parcelas del Estado que se utilizan para mantener maquinarias políticas clientelistas y familiares, se detectan serias discrepancias en sus nóminas de empleados y las registradas por la Contraloría General de la República. Hasta en distritos municipales con ínfimos presupuestos se pueden encontrar nominillas paralelas. Y la cantidad de empleados no guarda relación con los servicios municipales.

Según el estudio, el 85 por ciento de las entidades municipales no cumplen el mandato legal que limita el gasto de personal al 25 por ciento de los ingresos y en el 98 por ciento se gasta menos del 40 por ciento que según la ley deberían destinar a obras de infraestructura.

El presupuesto participativo que hace unos años creó tantas ilusiones ha venido en retroceso y sólo 53 municipios y 36 distritos municipales lo mantienen, sin que la investigación arrojara evidencias de que se le da seguimiento a los compromisos contraídos con la comunidad.

Lo que refleja el estudio de la Cámara de Cuentas es que las entidades municipales se administran a la conveniencia de sus autoridades, que se han afiliado al pragmatismo político de las nominillas, del nepotismo, y de la malversación sin escrúpulos de los fondos públicos. Todo ello al amparo de la impunidad prevaleciente en el país, donde no se sancionan ni los peores escándalos.

Lo peor es que la conciencia nacional parece anestesiada con tantas irregularidades y violaciones de las leyes fundamentales. Por eso llamó poco la atención el informe de la Cámara de Cuentas. No se ve razón alguna para que no prosiga la fiesta nacional de la malversación.-

Aquella barrida electoral del PRD

Por Juan Bolívar Díaz
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Vale revisar los documentos y publicaciones referentes a las elecciones congresuales y municipales del 2002 para comprobar cómo el país gira continuamente sobre su propio eje, reproduciendo una y otra vez los mismos escenarios conflictivos, a menudo con rasgos de retroceso.

Hace 8 años el mapa electoral quedó con 29 provincias pintadas de blanco, dos de colorado y una de morado, en lo que conformó una barrida del partido gobernante, entonces el Revolucionario Dominicano (PRD). Este año la barrida peledeísta ha sido mayor, dejando al principal partido de oposición sin representación en el Senado y con sólo un  escaño al tercer partido del sistema que es a la vez su aliado.

Los estrechísimos resultados electorales con que esta vez se atribuyó la provincia de Pedernales al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con diferencia de apenas 14 votos y con denuncias de irregularidades  en la validación de votos que habían sido anulados, deja la duda de si hubo un despojo para excluir al PRD del Senado.

Eso estuvo a punto de ocurrir en el 2002 con el único senador obtenido por el PLD, José Tomás Pérez por el Distrito Nacional. El resultado era muy estrecho y al final la alianza que encarnó el PLD fue reconocida como ganadora por menos de un punto de diferencia sobre la que encabezó el PRD: 39.20 a 38.28 por ciento.

Todavía en la noche del sábado 18 de mayo los perredeístas insistían en que eran ganadores, tratando de dejar al PLD fuera del Senado. Me tocó ser parte, junto a Ramón Tejada Holguín y Javier Cabreja, de una comisión de Participación Ciudadana que acudió a la residencia del presidente del PRD Hatuey de Camps con los resultados del conteo rápido de la institución, donde los peledeístas ganaban la sindicatura y la senaduría del DN.

Desde el primer momento De Camps pareció ajeno a los intentos de arrebato y delante de nosotros llamó al presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Morel Cerda, para decirle que “el partido no quiere nada que no haya ganado”. Llamaría al presidente Hipólito Mejía, quien estaba en España, para ponerlo al tanto de la situación, y lo mismo hizo con Peggy Cabral, candidata a síndica, donde nos remitió. Fuimos de inmediato donde la viuda Peña Gómez, a cuya memoria apelamos para convencerla de que reconocieran la voluntad popular, lo que procedió a hacer en la mañana del domingo junto a Fafa Taveras, el candidato a senador. Esa mediación no se hizo pública pero la reconocieron dirigentes del PLD y los candidatos ganadores.

Lo que sí fue público fue la misión que envió Participación Ciudadana a Santiago para reforzar a los dirigentes locales en el acompañamiento al PLD y a su candidato a senador Francisco Domínguez Brito en sus enérgicos reclamos de revisión de irregularidades. Se demostró que varias actas habían sido alteradas y fueron anuladas. No cambió el resultado pero quedó el precedente de revocación de actos fraudulentos. Aquellos acontecimientos vienen a la memoria en estos días de denuncias de irregularidades y fraudes, cuando aparecen peledeístas que ahora niegan derechos y gritan que nadie reclamaba cuando los intentos de arrebatos les perjudicaban.

Entonces como ahora muchos consideramos peligrosa aquella barrida y advertimos que podría desbordar el continuismo, como ocurriría poco después, aunque el presidente Mejía, como ahora el presidente Fernández, exhortó a sus seguidores desde Madrid a no ensoberbecerse con el triunfo. Cuando se anunció un recibimiento apoteósico tras su viaje a España y Marruecos, Mejía -al igual que Fernández ahora- tuvo el acierto de rechazarlo. Aunque dos meses después ya estaba modificando la Constitución para repostularse.

Participación Ciudadana, muchas otras organizaciones  y buena parte de los líderes de opinión hicimos campaña tratando de evitar aquel desbordamiento contra la institucionalidad democrática. Organizamos una vigilia nocturna ante el Congreso y asistimos a la sesión de la Asamblea Nacional que modificó la Constitución. Y si pudimos entrar a aquella sesión fue porque los diputados opositores Julio César Valentín y Pelegrín Castillo lo exigieron. Porque los perredeístas estaban decididos a impedir la entrada de las turbas de la sociedad civil. Ojalá no sigan las repeticiones.