Aquí no ha pasado nada

Por Juan Bolívar Díaz
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Los niveles de corrupción, manipulación política, complicidad e impunidad que carcomen el alma de la sociedad dominicana han quedado nuevamente al desnudo con las informaciones relativas a los acuerdos que hace casi dos años hicieron las autoridades judiciales con la señora Sobeida Félix Morel, durante las investigaciones sobre la red de narcotráfico que lideraba su marido José David Figueroa Agosto.

Vale recordar que desde el principio las autoridades parecieron más interesadas en dilucidar los aspectos anecdóticos y eróticos de las relaciones de la pareja y de varios jóvenes involucrados, conscientes o no, en el lavado de dinero, bien poco en relación a los volúmenes de narcotráfico que se le atribuye. Varios de ellos pagan condenas que en algunos casos lucen desproporcionadas, mientras no ha sido procesado ni uno solo de los ejecutivos del negocio criminal y sus asociados y beneficiarios, funcionarios, oficiales policiales y militares, políticos, empresarios y legisladores. Aunque se sabe que al menos un alto oficial policial y un empresario pagaron con sus vidas.

 El primer grave escándalo del año estalló a partir del día 5 cuando HOY publicó los documentos que formaron parte del acuerdo de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional con la celebrada Sobeida Félix con dos objetivos: reducirle la condena que le correspondía, y facilitarle la excarcelación cuando cumpliera la mitad de la pena. La primera se cumplió cuando la principal beneficiaria del lavado de dinero ilícito fue sentenciada a la mitad y tercera parte de los años de cárcel que recibieron actores secundarios. Pero –no se asombren- las actuales autoridades se niegan a cumplir el acuerdo, desconociendo la continuidad del Ministerio público y del Estado.

Versiones que han merecido crédito indican que en los archivos de la Procuraduría General no se encontraron los documentos relativos al acuerdo, manejados y manipulados como si se tratara de un negocio particular. Ninguno de los involucrados sale a aclarar nada, pese a los reclamos de la opinión pública.

A no ser que consideremos aclaración las declaraciones de dos de los señalados por Sobeida  Félix como financiados por el alto empresario del narco, que se conforman con decir que no conocieron a Figueroa Agosto, quien para entonces operaba bajo otros nombres. Sin demandar una investigación liberadora y una explicación de las autoridades que negociaron y beneficiaron a narcotraficantes en base a afirmaciones que no indagaron o que descartaron ya que no hubo consecuencias. Tampoco demandan a la belleza Félix que los ha involucrado en delitos que en cualquier parte del mundo civilizado conllevan graves repercusiones.

Son muchas las preguntas que bullen en estos días: ¿se inventó Sobeida Félix acusaciones tan concretas, con tantos testigos con nombres y apellidos para sacar ventaja en el proceso judicial? Se la aceptaron las autoridades sin mayor indagación aunque involucraban a dos generales y un coronel policial y otro del Ejército Nacional y nada menos que al presidente del principal partido de oposición y excandidato presidencial? ¿Se quiso tener de rehén a un importante dirigente político? ¿Fue el único político que recibió dinero de Figueroa, o era el que convenía que ella involucrara? ¿Y qué pasó con funcionarios relacionados con algunos de los asociados de Figueroa, uno de los cuales quedó en evidencia pública?

Hay muchas preguntas más: ¿Por qué tras la publicación de los documentos no se emprende la investigación correspondiente? ¿Qué han dicho los honorables funcionarios encargados de perseguir el narcotráfico, el lavado de dinero y la ética? ¿Será que hay temor en volver a destapar esa caja de serpientes que fue la red de Figueroa Agosto?

No esperen respuestas, que aquí no ha pasado nada. Son simples entretenimientos en este hermoso país donde “to e to y na e na”.

Por el simple imperio de la ley

Por Juan Bolívar Díaz

Por múltiples razones, la designación de un nuevo jefe de la Policía Nacional (PN) esta semana fue acogida con alivio por la opinión pública nacional, especialmente porque abre nuevas posibilidades de que al fin se cumpla el principio Constitucional y el Código Procesal Penal que responsabilizan al Ministerio Público de la dirección de las investigaciones criminales.

Es obvio que la jefatura del general Rafael Guillermo Guzmán Fermín se había desbordado tanto que generaba una sistemática confrontación con la Procuraduría General de la República y los procuradores fiscales de todas las jurisdicciones. La confrontación había trascendido repetidas veces a los medios de comunicación desde hace mucho más de un año, y en los últimos meses arrastró preponderantemente a la Dirección Nacional de Control de Drogas en un descontrolado protagonismo en relevantes casos de narcotráfico, convertidos en una espantosa serie de intrigas, filtración de versiones tendenciosas y hasta contaminación de pruebas.

Las actuaciones policiales al margen del Ministerio Público fueron causa de sospechas de complicidades y hasta de sustracciones de cuerpos del delito, expuestas a los medios de comunicación social tanto en Santo Domingo como en Samaná. Consecuencia inmediata fue la degradación de la institucionalidad, el menoscabo de la función judicial y el disgusto inocultable de sus responsables. Era un secreto a voces que un número alarmante de funcionarios del Ministerio Público deseaban ser relevados de sus funciones, y hasta hubo uno que procuró un exilio dorado para salirse del foco de confrontación.

La decisión del Presidente de la República, aunque demasiado dilatada, viene a enderezar entuertos, por lo que debe ser acogida por todos los responsables y respaldada activamente por los preocupados por la creciente inseguridad y la desbordada impunidad.

Nadie puede ignorar que desde septiembre del 2004, hace casi seis años, entró en vigencia en el país un nuevo Código Procesal Penal que, siguiendo las corrientes institucionales internacionales, derivó al Ministerio Público la responsabilidad de dirigir las investigaciones criminales, señalando a la PN como un auxiliar de la justicia.

La flamante Constitución de la República proclamada el pasado 26 de enero, no deja el menor resquicio de dudas, pues su artículo 169 proclama que “El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación a implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige las investigaciones y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”.

Si todavía alguien tiene dudas, debe remitirse al artículo 255 de la misma Constitución, donde se define la misión de la PN, afirmando que “es un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar”.

A continuación enumera sus funciones, especificando en el inciso 3: “Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente”.

No hay dudas de que se trata de una institución subordinada al Ministerio Público, por lo que no caben interpretaciones de ningún jefe policial.

La etapa de una policía protagonista, en pugna con los poderes civiles, por encima de la ley, disponiendo a su antojo de bienes y vidas, debe quedar definitivamente superada.

No sólo por el imperativo de la Constitución  y de la ley, sino también por la plena vigencia de un Estado de Derecho, que implica el fiel cumplimiento de todas las prerrogativas a favor de la ciudadanía que proclaman esos textos y de los que la nación es compromisoria a nivel internacional.

Hay que celebrar el encuentro del nuevo jefe policial, general Juan José Polanco Gómez, con las autoridades del Ministerio Público, el reconocimiento de sus funciones y la promesa de acatamiento.

Pero también estar vigilantes para que nunca más se imponga el capricho por encima de los mandatos constitucionales y legales. Esta nación está demandando, pura y simplemente, el pleno respeto a la institucionalidad democrática, lo que en la autoritaria y medalaganaria tradición dominicana será en sí mismo una revolución prometedora de un nuevo paradigma de convivencia social y desarrollo humano.