Un sólido frente opositor equilibraría la democracia

Por Juan Bolívar Díaz
DPRM

Aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader se fortalecen progresivamente, cada día es más visible que se requiere una amplia concertación de la oposición política para enfrentar la inmensa maquinaria de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fundada en el abuso y reparto del Estado.

Un sólido frente opositor, basado en un proyecto de transformaciones socio-económicas y políticas, podría generar una sinergia que atraiga a amplios segmentos sociales insatisfechos pero pesimistas ante el proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina que reunirá a casi una veintena de partidos en la boleta electoral.

El poder reeleccionista. El pesimismo es amplio frente a la inmensa maquinaria de poder que ha montado el PLD para una reelección total basada en un reparto del Estado sin el menor escrúpulo, dejando poco espacio a la competitividad democrática para las elecciones generales del próximo año.

La forma en que el PLD pactó para evitar su división y reformar la Constitución para viabilizar la reelección presidencial, con el reparto antidemocrático de los cargos directivos y las candidaturas, la compra de bloques legislativos enteros, y la negociación de alianzas en base al reparto del Estado, indican que no habrá límites en su determinación de mantener e incluso incrementar su poder.

Acontecimientos como la entrega del teatro de Agua y Luz del Centro de los héroes al principal pactante con el Gobierno, los vídeos demostrativos del reparto de “facilidades” para que los peledeístas adquieran automóviles y del adoctrinamiento de niños escolares para rentabilizar el clientelismo, a ocho meses de los comicios, no dejan dudas de que no habrá límites éticos ni morales ni respeto a los procedimientos democráticos, como ha sido norma en los procesos reeleccionistas de la historia nacional.

Con el control de todos los poderes del Estado y sus organismos regulatorios, del 90 por ciento del financiamiento legal a los partidos, y gran parte del aparato comunicativo nacional, el reeleccionismo no debería incurrir en ningún exceso, pero lo hace para suturar las heridas internas, pagar las nuevas lealtades y evitar deserciones a fin de mantener la percepción de invencibilidad y aplastamiento.

Las perspectivas apuntan a que, como dijo Medina para el 2008 al perder ante el presidente Leonel Fernández: “me venció el Estado”.

Proyecto de Convergencia. El proyecto de “Convergencia para un Mejor País”, lanzado a mediados del año pasado, no ha alcanzado los niveles que en principio se esperaba, quedando demasiado a expensas del PRM, nueva alternativa opositora fortalecida por la mayoría que abandonó las filas del Partido Revolucionario Dominicano capturado por el frente gubernamental.

Lo conforman actualmente otros tres partidos reconocidos, el Humanista Dominicano, el Frente Amplio que reúne a varios grupos de izquierda, y Dominicanos por el Cambio, que lidera Eduardo Estrella, además de varios núcleos políticos sociales.

Aunque han insistido en reivindicar la Convergencia, la mayoría perredemeísta y su candidato han priorizado la conformación de una estructura nacional propia. Hace un mes presentaron los lineamientos de un programa de Gobierno, sometido a consideración del resto de la oposición, pero aún no se conoce alguna reacción, en especial del segundo partido de oposición según las encuestas, Alianza País (AP), que lidera Guillermo Moreno, ni de la Alianza por la Democracia (APD) que encabeza Max Puig, o de la nueva Opción Democrática (OD) de Minou Tavárez Mirabal, agrupamientos de centro izquierda que condicionan un frente electoral a que se base en un programa de transformaciones.

El PRM ya ha anunciado que en octubre elegirá candidatos congresuales y municipales en 10 provincias, lo que dificultaría las concertaciones con otros partidos, en la medida en que avance a las 22 restantes, aunque mantendrían una serie de candidaturas reservadas para eventuales nuevos aliados.

Los que estarían más próximos serían el Partido Revolucionario Social Demócrata, que lidera Hatuey de Camps, y el Moviniento Rebelde, que encabeza el diputado y dirigente transportista Juan Hubieres.

Las opciones alternativas. Los partidos reconocidos que lideran Moreno y Puig, el de Minou Tavárez, en proceso de constitución, más Patria para Todos, sumatoria de varios núcleos de izquierda al que la Junta Central Electoral acaba de negar franquicia, tienen posiciones políticas cercanas, pero aún entre estos no se percibe interés en un frente común.

Con la excepción de la Opción Democrática, de reciente constitución, los demás han fracasado en intentos de reagrupamientos para los últimos procesos electorales.

Consideradas como opciones alternativas, del centro a la izquierda política, con discursos centrados en el rechazo de los partidos tradicionales y de la corrupción, y pregoneros de nuevas formas de hacer política para transformar la sociedad, no ocultan sus reservas frente al PRM, por provenir del PRD, aunque los tres tienen antecedentes de vínculos grupales o personales con el PLD, del que se distanciaron reivindicando principios abandonados por los gobernantes.

La AP tiene el aliento de su ascenso en las últimas encuestas, segundo de oposición después del PRM, y hasta sobre el PRD y el PRSC, muy por encima del 1.37 por ciento que obtuvo en la votación del 2012.

En esos comicios la APD, aliada al PLD, solo consiguió el 0.11 por ciento de los votos, pero quedó con una diputada nacional y alguna representación municipal. Minou Taváez Mirabal, diputada por el PLD, abandonó ese partido el año pasado, rechazando sus prácticas políticas, para crear una opción alternativa.

Equilibrar la democracia. Con muchos de los mejores técnicos y profesionales del PRD, el PRM se nutre de su experiencia y levanta una amplia estructura nacional, sumando a otros provenientes del reformismo y de la sociedad civil.

Apuesta a un escenario similar al de 1978 cuando en búsqueda de un cuarto mandato consecutivo, como ahora el PLD, Balaguer parecía invencible, y una heterogénea alianza le pudo arrebatar el poder.

Una diferencia importante es que ahora la oposición carece de un líder de las facultades políticas para la concertación y el desprendimiento personal de José Francisco Peña Gómez, en especial su capacidad para tocar la emocionalidad de los sectores populares.

El PRM ha logrado en las últimas semanas colocar a la defensiva a los reeleccionistas, con una sistemática documentación de sus debilidades, pero requiere expandirse más y comprometerse con las expectativas de los sectores sociales insatisfechos, con las organizaciones de base, y con la clase media sumida en el pesimismo, y sobre todo con la juventud, incorporándola en mayor dimensión.

Para todo ello es imprescindible un mayor esfuerzo por concertar con los alternativos, aunque ni siquiera un frente opositor garantiza el desplazamiento de la estructura de poder del PLD, pero generaría un nuevo escenario de competencia, de reclamo de equidad democrática, incluyendo la limitación del abuso de los recursos estatales.

La sinergia de la unidad obligaría a muchos indiferentes a definirse entre la continuidad y la alternativa, reduciría al máximo al PRD y el PRSC y generaría un reequilibrio del proceso democrático nacional.

La recurrente bipolarización

Con un buen discurso alternativo, Moreno, Puig y Minou tienen pleno derecho a jugar a la “real alternativa”, aunque el absolutismo reeleccionista no deja posibilidades de libre competencia y pone en ridículo la apuesta a una segunda vuelta. Con débiles estructuras, se exponen a quedar como insubstanciales, sobre todo si el PRM acaba polarizando como es tradicional en la historia nacional, donde han fracasado alternativos como Ramón Almánzar, Julián Serulle, César Estrella Sadhalá, Narciso Isa Conde, Roberto Saladín, Hamlet Hermann y el mismo Moreno dos veces.

Son altas las posibilidades de que se repita la bipolarización que ha frustrado múltiples proyectos novedosos, la que en 1978 dejó al profesor Juan Bosch y su nuevo PLD con el 1 por ciento del sufragio, apenas 18 mil votos. Si por lo menos esos tres no se juntan, podrían ser visualizados por el electorado como llaneros solitarios, fundamentalistas éticos dice José Luis Taveras, y hasta estigmatizados si en mayo próximo el PLD queda con todavía mayor control de los cargos electivos.

Al PRD le contaron el 47 por ciento de los votos en 2012, y el partido dominante se quedó con 31 de los 32 senadores y claras mayorías de las diputaciones y alcaldías.

Juntos, los tres alternativos tendrían posibilidades de pactar con el PRM, tomando en serio su propuesta de lineamientos básicos, convertirse en su ala izquierda propulsora de cambios reales, y detonar las sinergias del todos contra la reelección total, impulsando mejores candidaturas congresuales y municipales, incluyendo a representativos de la sociedad civil. Crearían mejor escenario de competencia local y nacional y garantizarían espacios para proseguir buscando constituirse en real alternativa.

 

El primer reto de la oposición es concertar programa mínimo

Por Juan Bolívar Díaz

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Aunque advierten que el panorama político carga muchos elementos de incertidumbre, tras los bruscos cambios de las últimas semanas, los dirigentes de oposición reconocen que resultará muy difícil derrotar la reelección del presidente Danilo Medina, montada sobre el poder del Estado y unos quince partidos, incluidos los tres tradicionales.

Sólo una conjunción del liderazgo de oposición en torno a un proyecto de nación que responda a las graves insatisfacciones nacionales podría generar energías e ilusiones para por lo menos contener la concentración del poder que ha venido protagonizando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en base al reparto del Estado y el clientelismo.

Múltiples incertidumbres. Los bruscos cambios políticos de las últimas diez semanas arrojan incertidumbres que permiten a los analistas políticos sostener que no está definido el escenario para las elecciones del 2016, aunque se reconocen las amplias ventajas del presidente Danilo Medina para conseguir la reelección con todo el poder del Estado, reparto y clientelismo incluidos, montado sobre unos 15 partidos políticos, entre ellos los tres tradicionales.

El panorama político se complicó a partir del 19 de abril cuando el Comité Político del PLD dispuso reformar la Constitución para viabilizar la reelección del presidente Medina, sepultando las expectativas de retorno del expresidente Leonel Fernández. Una semana después Luis Abinader consolidó su emergencia de los últimos años, al vencer abrumadoramente en una ordenada elección primaria al expresidente Hipólito Mejía.

No pasaron tres días para que Leonel se viera abandonado por sus legisladores después de proclamarse guardián que evitaría la reforma de la Constitución y en mayo Danilo le conquistó casi todos sus legisladores, sumó de inmediato a los de los otros dos partidos tradicionales, el Revolucionario Dominicano (PRD) y el Reformista Social Cristiano (PRSC) para ejecutar una “casi mágica” reforma constitucional que a la vista de toda la sociedad conllevó un costo económico e institucional invaluable.

La “conquista” reeleccionista de unos 40 diputados, que eran el patrimonio político que le quedaba al presidente del PRD Miguel Vargas, obligó a éste a precipitar la renuncia a su candidatura presidencial, en junio, a 11 meses de los comicios, anunciando un brumoso pacto con el partido de gobierno que el presidente Medina ni ningún dirigente del PLD ha definido.

Cambios muy abruptos. En apenas dos meses la caída del liderazgo de Leonel arrastró a Vincho Castillo, reducido al romper con Danilo y su gobierno, la fuerte emergencia de Abinader dejó fuera de juego a Hipólito, quien sin embargo quedó mejor parado al aceptar el dictamen democrático, lo que a su vez precipitó a Vargas. Sólo después de todo eso y aparentemente compelido por el costo político de la imposición de la reforma constitucional, fue que el presidente Medina abrió la boca para tratar de justificar su cambio de criterio sobre lo nefasta de la reelección en la historia nacional.

De repente el país se encontró con un acontecimiento sin precedente: la anunciada alianza de los tres partidos tradicionales, rivales de medio siglo, precipitada con tanta anticipación a las elecciones, sin que el candidato común (Danilo) los haya convocado públicamente y sin definir sus bases ni objetivos.

El tres en uno confronta aún muchas incertidumbres: aunque los legisladores del PRSC respaldaron la reelección de Medina, su candidato presidencial, Quique Antún, funcionario del gobierno, dice que aún no hay nada definido, mientras al interior del PLD se teme el incumplimiento de lo pactado entre danilistas y leonelistas y toma fuerza el rechazo al reparto y reservas de las candidaturas congresuales y a las alcaldías. En tanto en lo que queda del desangrado PRD, se disputan el favor de los peledeístas esperando que les garanticen mantener posiciones, difícil en el caso de los diputados por el voto preferencial.

Remotas posibilidades. Nadie puede pretender que será fácil estructurar una opción electoral que en diez meses pueda desplazar el inmenso poder de la plataforma reeleccionista, aunque también con debilidades y rechazo. Está de por medio el desgaste del PLD tras 12 años de gobierno, por lo que algunos prevén la posibilidad de un escenario de cambio como el que se montó en 1978 tras los también 12 años del gobierno de Balaguer, derrotado pese al abuso de todo el poder del Estado, incluyendo un consorcio empresarial que ya no existe y la superada participación política de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Ya en las elecciones del 2012 el PLD redujo su votación al 38 por ciento, perdiendo como partido 199 mil votos en relación a las del 2008, y dependió de sus aliados para alcanzar el 51 por ciento, pese a haber gastado más de 150 mil millones de pesos, más de un tercio de excedente por encima del presupuesto nacional.

Una alternativa tendría que apostar a reducir al PRD al 1 por ciento que obtuvo el PLD con Juan Bosch en 1978, a conquistar gran parte de los 700 mil nuevos votantes, y a capitalizar las insatisfacciones con una gestión de 16 de los últimos 20 años, que no ha reducido la pobreza ni resuelto las deficiencias de los servicios básicos, ni garantizado seguridad ciudadana y que ha sido catalogada con un nivel de corrupción sin precedente.

La difícil concertación. Todos aceptan que para ganar credibilidad tienen que superar el simple sorteo de candidaturas, con firme compromiso de un plan de nación que cambie el modelo de desarrollo, el reparto del Estado y la corrupción y que cree la ilusión de un cambio de rumbo de la sociedad dominicana. Tanto los que promueven la “Convergencia por un Mejor País”, encabezada por el PRM, como Guillermo Moreno, Max Puig, Eduardo Estrella, y Minou Tavárez han planteado la necesidad de dar fundamento programático a una nueva opción. Pero ninguno ha convocado formalmente al resto, sea a una concertación, convergencia o mesa de diálogo que vienen postulando hace más de un año.

Es obvio que todos han invertido gran parte del tiempo en constituir o reactivar sus propias plataformas partidarias, y algunos, como el PRM, trabajan en sus bases programáticas, pero el tiempo se les agota para iniciar una batalla tan cuesta arriba contra una maquinaria de poder encarnada en una corporación política absolutista. Están los grupos progresistas que han fracasado en numerosos intentos de concertación electoral.

No faltan quienes conciben el frente opositor como un simple apoyo a las aspiraciones individuales, y el otro extremo de los que quisieran un programa revolucionario irrealista en un escenario dominado por el conservadurismo y la desmovilización popular que podría conducir al aislamiento y de nuevo a la insustancialidad del 1 por ciento de los votos. Pero no hay dudas que requerirían un programa mínimo que los vincule a las amplias capas sociales insatisfechas.-

 

El PLD: 40 años después muy lejos de sus orígenes

Por Juan Bolívar Díaz

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) arriba esta semana a su cuadragésimo aniversario convertido en una poderosa maquinaria de poder político, electoral y económico, cada vez más alejada de los objetivos con que lo concibió su fundador, el profesor Juan Bosch.

Con un proyecto de dominación política proyectado para las próximas tres décadas por su reconstructor ideológico, Leonel Fernández, el PLD pasa por momentos de gran tensión por la emergencia de nuevos actores que le disputan la primacía a partir del fuerte apoyo popular que recibe el presidente Danilo Medina.

Gran maquinaria política. El PLD alcanza su cuadragésimo aniversario convertido en una maquinaria de poder político y económico, que ha vencido en las últimas cinco elecciones nacionales y controla a su antojo todos los poderes del Estado, y cuyo predominio es proyectado hasta por más de tres décadas por su refundador ideológico, el expresidente de la República Leonel Fernández, quien el 14 de julio pasado dijo que gobernaría por otros 20 años, pero esta semana lo proyectó hasta más allá del 2044.

Aunque tanto optimismo no cuenta con las grandes insatisfacciones que prevalecen en una población con 42% de pobreza, desde el punto de vista de maquinarias electorales no parece descabellado, ya que el partido morado ha desarrollado una enorme capacidad para comprar todo lo que se mueve en el mercado con políticas clientelistas y repartos del patrimonio público que le han asegurado una alianza de hasta 14 partidos políticos.

Dejando atrás su andamiaje ideológico fundacional, el PLD se abanderó con las posiciones conservadoras para desplazar al Partido Reformista Social Cristiano que las había encarnado durante tres décadas, y terminó absorbiendo gran parte de su liderazgo y cuadros medios, gracias a un reparto de cargos públicos y organismos estatales. Y las habilidades políticas han alentado la división en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), secuestrado por una minoría encarnada en el empresario Miguel Vargas Maldonado, quien tras perder las elecciones presidenciales del 2008 firmó un pacto político con el entonces presidente Leonel Fernández, único beneficiario del mismo.

Bajo la égida de Fernández, el PLD también neutralizó a gran parte del liderazgo sindical, y segmentos del empresariado, de la intelectualidad y los organismos profesionales y sociales, y creó un enorme entramado comunicacional con el desbordamiento de empleos de altos salarios, becas, contratos y pensiones privilegiadas, mientras en los niveles bajos repartía más de dos millones de tarjetas para diversos “programas para combatir la pobreza”, a costa de déficits fiscales por 400 mil millones de pesos y duplicación de la deuda del Estado en los últimos seis años.

 Un ejemplo ilustrativo. Un ejemplo de la degeneración ideológica del partido que quiso tener Juan Bosch se encuentra en la política de desnacionalización de decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país, en su mayoría de haitianos, donde han asumido la posición nazi-fascista del vinchismo, a costa de un segmento muy pobre.

La confusión es tan grave que aunque sus dos máximos líderes, el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández, cuestionaron el carácter retroactivo de la sentencia del Tribunal Constitucional, los presidentes de las cámaras legislativas, casi todos los dirigentes del partido y hasta los funcionarios del Gobierno, se asimilaron más bien a la posición de la minoría ultranacionalista.

Es increíble que casi nadie reivindicara la posición del presidente Medina, quien poco después de la sentencia se reunió con representantes de las víctimas, y les pidió excusas por los sufrimientos que les han causado, planteando que se trata de un problema humano al que debían buscar solución. El inmenso andamiaje mediático peledeísta asumió las posiciones más radicales.

En la medida en que se han convencido que buena parte del país y todo el mundo externo rechaza el genocidio civil, con la amenaza de condenas internacionales, tanto el presidente Medina como Fernández favorecen una solución, pero aparentemente no encuentran un bajadero, presionados por sus aliados y propios voceros. Con la agravante de que la relación entre los dos líderes parece cada vez más conflictiva y se señalan responsables de haber metido al Gobierno en una pendiente resbaladiza.

Muy parecido al PRD. El PLD se va pareciendo cada vez más al PRD que era su negación. Tras su derrota electoral en el 2000, decidieron transformarlo en partido de masas, suprimir los círculos de estudio y hacer incompatibles los cargos en el Gobierno con la dirección del partido, pero eso fue suprimido tan pronto recuperaron el poder en 2004.

Los organismos se han tornado inoperantes. La Comisión Política sesiona esporádicamente, y ni eso ocurre con el Comité Central. Los comités intermedios y de base prácticamente han desaparecido, lo mismo que la revista teórica Política y el periódico Vanguardia del Pueblo, que en los años de esplendor tenían que vender hasta los dirigentes nacionales.

En 2012 debieron elegir nuevos directivos de los dos organismos superiores, pero se auto prolongaron el período legitimándolo con un plebiscito. Ahora con su octavo congreso nacional compensarán ampliando la Comisión Política de 26 a 36 miembros, y el Comité Central de 400 a 556

La parcela del poder en beneficio de los miembros de los dos organismos superiores como de los aliados electorales es tan fundamental que la mayoría permanece en los mismos cargos, y aún 16 meses después del cambio presidencial del año pasado, pocos han sido movidos y menos dejados fuera del tren gubernamental.

Tensiones en el PLD. El PLD pasó por numerosas crisis antes de llegar al poder, como las que produjeron la expulsión de sus secretarios generales Tonito Abréu y Rafael Alburquerque y de los hermanos Fiallo al principio de los ochenta, y la de Max Puig, Nélsida Marmolejos, Onofre Rojas y otros en 1991. Ese año el mismo Bosch llegó a anunciar su renuncia al partido, considerando que sus líderes habían devenido tan ambiciosos y grupales como los perredeístas. Lo convencieron para que se quedara.

Durante los años de Gobierno, la criticidad ha sido una especie en extinción, pero las tensiones van en aumento entre seguidores del presidente Medina y los de Fernández, sobre todo en la medida en que se han impulsado algunos cambios, prioridades, mayor transparencia y austeridad, cuando se denunció el contrato con la Barrick Gold y se modificaron contratos de obras públicas

Como se da por hecho que Leonel Fernández aspirará de nuevo a la presidencia, él mismo dijo a mediados de año que “el león salía para las calles”, y los senadores Félix Bautista y José Rafael Vargas ya lo han proclamado y empezado a crear comités de apoyo, otros dirigentes y funcionarios como Temístocles Montás y Francisco Javier, se han lanzado en abierta campaña por la candidatura. Se abrió así una lucha por la sucesión cuando faltaban 3 años para las elecciones y el Gobierno apenas despuntaba, generando tensiones que harán mella en la gestión de Gobierno y en la disciplina partidista. De ahí planteamientos como el del senador Euclides Sánchez, quien favorece una nueva reforma constitucional para abrir puerta a la reelección de Danilo Medina, algo casi imposible por la fuerza de Fernández en el Congreso y el partido.

Bosch sufriría un infarto
Si el éxito político se mide siguiendo el planteamiento del profesor Bosch en 1962, cuando dijo que “un buen político es el que sabe mantenerse en el poder”, el PLD ha cumplido su misión a partir de 1996 cuando alcanzó el poder a los 23 años de fundado, la primera vez que llevó de candidato presidencial a Leonel Fernández y no a su líder-fundador para entonces casi vencido por el implacable paso del tiempo.

Sin embargo, cuando Bosch abandona el PRD para fundar el PLD, lo hace porque su pensamiento político había evolucionado, nutriéndose del marxismo para plantear un programa de liberación nacional. Fernández reconoció en artículo del 29 de julio en el Listín Diario que el partido creado en 1973 era “una organización política de naturaleza progresista, popular y moderna, cuyo objetivo es completar la obra de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, mediante el fortalecimiento de la democracia, la libertad, la justicia, la inclusión social, la equidad de género, la protección del medio ambiente, la solidaridad, la paz y la defensa de la identidad nacional”.

Bajo esos postulados es que Bosch abandona el PRD para fundar el PLD convencido de que sus líderes solo buscaban cargos y riquezas, aunque apenas habían pasado 7 meses en el Gobierno, bajo su jerarquía. Por esa razón son muchos los observadores que creen que le daría un infarto si volviera a vivir y viera el boato y la riqueza acumuladas por gran parte del liderazgo peledeísta, y que sus fundamentos ideológicos coinciden hoy más con el balaguerismo y el vinchismo que proclamó Fernández, mientras persisten los graves problemas de pobreza, educación, salud, electricidad, empleo, agua potable y alcantarillado y de exclusión social. Son cada vez menos los peledeístas dispuestos a honrar el lema de “servir al partido para servir al pueblo”.

 

Mucho de macondo en campaña electoral

Por Juan Bolívar Díaz
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La débil institucionalidad y el tráfico en que ha devenido la actividad política están de manifiesto en la presente campaña electoral en la que compiten 26 partidos reconocidos pero 22 se agrupan en torno a dos candidatos que a su vez dicen contar con más de dos mil movimientos externos, aunque confrontan divergencias internas.

Otros cuatro candidatos compiten en desventaja y sin perspectivas de triunfo, contenidos por debilidades propias y un sistema fundamentado en un clientelismo y transfuguismo cada vez más acentuado que se nutre del reparto de la cosa pública, sin significativas diferencias ideológicas o programáticas.

Dos bloques en competencia.  Cerrado esta semana el plazo para registrar alianzas para las elecciones del 20 de mayo, el fraccionalismo de los 26 partidos reconocidos por la Junta Central Electoral se redujo a dos grandes bloques en torno a las candidaturas de los dos partidos hegemónicos, quedando otras cuatro como independientes, aunque sin perspectivas de constituirse en una real competencia por el poder.

A diez días del plazo para inscribir las candidaturas no se esperan variaciones, por lo que Danilo Medina, Hipólito Mejía, Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Julián Serulle y Max Puig serán las opciones presidenciales que tendrán los 6.5 millones de electores habilitados para concurrir a las urnas este 20 de mayo.

La bipolarización se aprecia a simple vista y las encuestas indican una cerrada competencia entre Medina y Mejía, a quienes atribuyen más del 90 por ciento de las intenciones de voto, el mayor nivel desde las elecciones de 1982, cuando con el 9 por ciento de la votación el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) inició la ruptura del bipartidismo. La declinación comenzó en  2008 cuando el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) registró menos del 5 por ciento.

El martes 6, el PLD registró alianzas con 13 partidos y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con 7, lo que envuelve a 22 de los 26 partidos con registro electoral, pero estos podrían reducirse a 5 por las impugnaciones de facciones pro peledeístas a los pactos  del Partido Nacional de Veteranos y Civiles y del Partido Revolucionario Independiente. La gran novedad de los pactos es que por primera vez el PRSC renunció a llevar candidatura presidencial propia.

Fraccionalismo mercantil.  Hay excepciones, pero la gran mayoría de los partidos del sistema ha devenido en franquicias que invierten en un mercado político donde abunda el dinero y el reparto ilegítimo del Estado, además del financiamiento del erario, que este año implicará unos 1,400 millones de pesos, 80 por ciento para los dos mayoritarios.  Los demás persiguen algún fragmento del 20 por ciento y beneficios de un sistema de reparto clientelar, sin límites en un futuro Gobierno, o más frecuentemente  de los que ostentan el poder. De ahí el agrupamiento de 13 partidos en torno al gobernante. Y el PLD celebró  esta semana un acto para recibir el respaldo de otros 22 “partidos y movimientos”, muchos de los cuales no pudieron lograr el reconocimiento de la JCE.

El fraccionamiento no tiene límites cuando se trata de los “movimientos externos” que se conforman en torno a las dos candidaturas en competencia, cada una de las cuales dice contar con más de un millar. No serán 2,232 como se ha contabilizado, pero son por lo menos centenares, muchos  agrupamientos familiares o de simples buhoneros de la política, pero los hay también con cientos de integrantes de una profesión u oficio, algunos con convicciones pero sin militancia partidista, que pueden saltar de un lado al otro, puesto que no se constituyen por razones ideológicas o programáticas fundamentales.

Danilo Medina debe tener más grupos externos y mejor organizados no sólo por la atracción del poder en ejercicio, sino porque comenzó primero y durante años se valió de ellos para promoverse antes de que el PLD “abriera la campaña interna”. Al ser proclamado candidato se decía que eran más de cuatrocientos, ahora que 1,200.

Hipólito Mejía no se queda lejos con “más de mil” según sus voceros, incluyendo los llamados “comités afectivos con papá”, que de presenciales han devenido también en virtuales a través de las redes digitales. Esta semana una nota informativa dio cuenta de que pasaron de 200 mil los seguidores de Hipólito en Facebook y 34 mil en Twitter.

Lo más inverosímil.  De todos los rasgos macondianos, el más auténtico por inverosímil es el del PRD con un presidente que apuesta abiertamente a la derrota de su candidato, con fieles seguidores que creen que así herederán el partido, cuando parece obvio que si Hipólito gana a pesar de ellos quedan liquidados y si pierde por lo menos lo dividen, lo que garantizaría el retorno de Leonel y un nuevo PRI mexicano.

Vargas no pierde oportunidad para enfrentar al candidato, mientras sus íntimos proclaman abiertamente que “no puede ganar”. Esta semana las diferencias se expresaron en la tumba del desaparecido líder José Francisco Peña Gómez, quien ante el tradicional grupismo proclamaba que “sólo el PRD derrota al PRD”. Al conmemorar 75 años del nacimiento de Peña, Vargas dijo que no será barrendero ni portero en la campaña y menos después de lo que ocurrió el 6 de marzo del año pasado, aludiendo a la elección del candidato presidencial, que un año después sigue considerando espuria.

Lo de barrendero fue la forma de rechazar la designación de Hatuey Decamps como jefe de la campaña electoral, quien horas antes había exhortado a los perredeístas a blandir escobas para barrer del poder a los peledeístas. Como la entrada de Hatuey tras su pacto de apoyo a Hipólito tuvo impacto mediático, la camarilla de Vargas salió a combatirlo temerosa de que lo reivindiquen con la presidencia del partido blanco. El vocero del bloque de diputados del PRD rechazó que Decamps se reuniera con casi todos los legisladores sin solicitarlo a través de “la institucionalidad partidaria” y lo consideró “un jabón en el sancocho”.

El resentimiento de Vargas Maldonado  no es  sorprendente en las luchas políticas, pero lo inverosímil y sin precedente es que no haya renunciado a la presidencia del partido, o por lo menos evitado contradecir a su candidato y pactar con sus contrincantes a nombre de la “institucionalidad del partido”. Es demostrativo de la debilidad institucional que ningún organismo le haya tomado cuenta, ni siquiera quienes lo encumbraron y ahora respaldan al candidato presidencial electo. El “PRD institucional” empezó a colocar vallas promoviendo el voto por el partido, pero sin nombrar a Hipólito, contrario a lo de hace cuatro años cuando todo era Miguel y se ocultaba el nombre y la bandera del partido. Esto no será Macondo, pero se le parece.

Macondismo a la vista

Los rasgos del macondismo que Gabriel García Márquez consagró en sus Cien Años de Soledad se advierten en esta campaña electoral, no sólo por la multiplicidad de partidos y movimientos, sino también en los cuatro que han quedado independientes tras fracasar después de casi un año de intento por encontrar un método que les permitiera integrar un frente alternativo, lo que sólo sirvió para perder el tiempo y crear desilusión.

Lo inverosímil de Macondo se expresa más contundentemente en las dobles campañas que se expresan en los dos grandes partidos, las de Hipólito y Danilo empeñados en ganar la Presidencia este año y las de Leonel Fernández y Miguel Vargas  que privilegian sus expectativas de volver a ser protagonistas en el 2016, como hace cuatro años, poniendo en aprieto a los candidatos de los partidos que ambos presiden.

Hipólito (papá) es quien va más forzado peleando solo contra cuatro frentes, además del de Medina como candidato, el del presidente Fernández, que sigue usando el poder para perpetuarse y promueve el transfuguismo y la cooptación hasta con reuniones en la sede del Ejecutivo, lo que prohíbe la Ley de Función Pública. En el acto de proclama del pacto con el PRSC, Leonel parecía el candidato con Danilo detrás y cuando terminó de hablar muchos empezaron a irse sin escuchar al candidato.

El protagonismo del Presidente sigue tan alto, ofreciendo hasta autopistas a 6 meses de entregar el poder, que hasta peledeístas dicen que votarán por él y Danilo hubo de recordar la semana pasada que él es el candidato y es con él que la oposición tiene que lidiar, lo que tal vez disuadió a Fernández, a último momento, de no asistir a una serie de comparecencias televisadas “para rendir cuentas de su gestión”.

El tercer frente es el de la candidata vicepresidencial y primera dama, (mamá en contraposición a papá) a quien el 27 de febrero el Presidente le entregó el timón de su Metro y ella dijo que también la antorcha del poder. Sus promotores persisten en presentarla como la salvación del “pobre Danilo”.

Y el cuarto es la quinta columna de Miguel Vargas, con todos los incentivos estatales y la maquinaria de propaganda del PLD.

Los reformistas, tal como advertían las encuestas, aparecen cada vez más dispersos, la mayoría buscando valla en torno a los dos en competencia. Amable Aristy Castro, quien fuera candidato presidencial en el 2008, está consultando para decidir a quién apoyará en un acto fijado para el domingo 18. Como se informa que sus consultas apuntan 8 a 2 a favor de papá Hipólito, el secretario general del PLD y presidente del Senado dijo esta semana que “cuando lo vea le preguntará qué es lo que quiere”. Pero   el viernes se apresuraron a “expulsarlo” sumariamente del partido.

 

Un parche mal pegado en la JCE

Por Juan Bolívar Díaz
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El pacto suscrito esta semana por los presidentes de los dos partidos mayoritarios, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, con la bendición del cardenal Nicolás  de Jesús López Rodríguez, constituye un parche mal pegado aunque en lo inmediato conjura la crisis en la Junta Central Electoral (JCE).

Mientras las decisiones sobre la boleta electoral procuran compensar al candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía, quien, al igual que monseñor Agripino Núñez Collado, se vio forzado a aceptar la permanencia de Franklin Frías en el Centro de Cómputos de la JCE.

El triunfo de Rosario.   Si hubo un triunfador en el acuerdo que conjuró la crisis del Centro de Cómputos de la JCE fue el presidente del organismo, Roberto Rosario, cuya propuesta de  crear una “Gerencia de Informática” prevaleció con ligeras variantes frente al amplio reclamo para sacar al ingeniero  Franklin Frías de la dirección de esa fundamental unidad procesadora  de los resultados electorales.

El presidente de la JCE consolida su posición con la decisión del pleno del organismo de mantener la tradición de colocar en la primera casilla de la boleta electoral al partido que más votos obtuvo en la elección anterior, que esa vez fue el PRD, y al atender parcialmente la oposición de éste a que se incluyera en la misma las fotografías de los candidatos vicepresidenciales como reclamaba el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Empero, la resolución fue salomónica al indicar que las fotos se incluirán en caso de que sea precisa una segunda votación para la elección presidencial de este año.  El partido oficialista reclamaba la inclusión, sin precedente en el país, al privilegiar la promoción de su candidata vicepresidencial, la primera dama Margarita Cedeño, a quien las encuestas señalan como más popular que su candidato presidencial Danilo Medina.

Rosario propuso en octubre una “Gerencia de Informática Electoral” como solución a la crisis surgida el mes anterior con la dimisión del licenciado Miguel Angel García al cargo de gerente general del Centro de Cómputos al que había llegado diez años antes justamente cuando el PLD objetó a Frías, quien había sido designado por una Junta Electoral fruto de la entonces mayoría senatorial perredeísta.

La sociedad civil y monseñor Núñez Collado respaldaron la objeción peledeísta y el presidente Hipólito Mejía y su partido acogieron la objeción, lo que no ocurrió ahora. García dimitió cuando Frías se autoproclamó en una circular como el jefe del departamento con obvio apoyo de Rosario. El polémico funcionario fue luego ratificado por la mayoría del pleno de la JCE.

La clave del Cardenal.  Tanto Hipólito Mejía como monseñor Agripino Núñez Collado quedaron mal parados sin otra opción que aceptar el acuerdo, lo que ambos se apresuraron a hacer públicamente, aunque el primero no ha ocultado su disgusto, y el segundo lo ha rumiado entre sus allegados. La clave la puso el cardenal López Rodríguez, quien sustituyó al rector de la Universidad Católica Madre y Maestra en la mediación cuando este intentaba  ser coherente con la solución de hace una década. Lo dijo públicamente en noviembre, lo que le ganó un reproche público del secretario general del PLD.

Cuando el presidente del PRD pactaba ese acuerdo, con la bendición del arzobispo de Santo Domingo, monseñor Núñez Collado quedaba sin alternativa.

Mejía no estaba sujeto a la obediencia, pero su rechazo generaría un enorme ruido, alentando el conflicto interno de su partido y con el riesgo de aparecer “enfrentado a la Iglesia”, dado el historial del purpurado que nunca ha evadido pleitos con líderes como Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Jorge Blanco o Jacobo Majluta.

El error de Mejía fue haber sido víctima de su impulsividad, cuando tres días antes de la firma del acuerdo reiteró que Frías tenía que irse, como lo hizo también su delegado ante la Junta Central Electoral, Salvador Ramos.  Ambos después que los términos del acuerdo habían sido publicados en el periódico digital 7Días.com y comentados en otros medios.

La ocurrencia de la semana mostró a un presidente Fernández en toda su capacidad de arreglos para fortalecer su posición y la de su partido, con el favor del Cardenal y del propio presidente del PRD.

También exhibiendo un poder inflexible, a diferencia de Hipólito Mejía hace diez años, si se asume que ahora como en el anterior conflicto, la presencia de Franklin Frías al frente del Centro de Cómputos de la  JCE no era fundamental, imprescindible o cuestión de principio institucional.

Lo peor para el PRD.   Para el PRD y sus perspectivas, el balance no puede ser más devastador. Echaron un pleito durante cinco meses para al final ser vencidos por su propio presidente, quien parece ratificar la generalizada convicción de que se ha constituido en un Caballo de Troya.

Se atribuye a Reinaldo Pared Pérez haberle dado crédito por la forma en que condujo las “negociaciones del PRD institucional”.

Intimos de Miguel Vargas Maldonado y algunos de los pocos que aún lo siguen, no tienen ningún rubor en proclamar que prefieren la victoria del PLD, incapaces de aceptar los resultados de la elección primaria de lo que en tres semana se cumplirá un año. Varios de los que constituyeron su “estado mayor” en la precampaña juran que está cerrado absolutamente y rehúye contacto con ellos.

Aseguran que ha evadido hasta el expresidente panameño Martín Torrijos, quien a mediados del año pasado medió públicamente para que superaran los resentimientos dejados por la elección del candidato presidencial.

Pero fue resaltante que Vargas Maldonado haya sostenido “varias conversaciones” con el presidente Fernández, como dice el primer párrafo del acuerdo, pero que ignorara por completo al candidato presidencial de su partido, con la agravante de que no le importa lo que piensen los demás.

Al principio se creía que reaccionaría a la consideración de que la derrota del PRD cavaría su tumba política, pero allegados entienden que sería lo mismo con una victoria de Hipólito Mejía. Si como quiera se pierde su capital político, él por lo menos estaría determinado a recuperar el capital económico que invirtió en la frustrada campaña por la candidatura.

Fuera del PRD no se entiende la inoperancia de sus órganos institucionales ni la indiferencia con que el liderazgo perredeísta sigue los acontecimientos.

Mejía evade el enfrentamiento definitivo, por los costos de imagen y la distracción que conllevaría para su campaña. Prevalece la decisión de “dejar a Miguel tranquilo” con la esperanza de que los electores, sobre todo los independientes, entiendan el conflicto.

Pero nadie se atreve a asegurar que el nuevo acuerdo de Vargas Maldonado con el presidente Fernández sea su última jugada, aunque le haga tanto daño político como el “Pacto para las reformas constitucionales” del 2009. Y no faltan quienes advierten que podría haber otras aún peores, antes, durante o después de la votación del 20 de mayo.

Persistirá la desconfianza

El acuerdo de esta semana introdujo dos variantes a la propuesta original de Roberto Rosario, presentada a los partidos el 25 de octubre, antes de que fuera conocida por el pleno de la JCE, que debía estar integrada por el director Frías y dos subdirectores que propondrían el PLD y el PRD.

Ahora se incluyó un cuarto miembro que de inmediato propuso el cardenal López Rodríguez en la persona de su sobrino José Agustín López Nieto.

A la gerencia se le da ahora la categoría de “colegiada”. El segundo punto dice  que sus decisiones “serán acordadas a unanimidad” y en caso que no la hubiese, decidiría el presidente Rosario o como última instancia el pleno de la JCE, lo que también estaba en la propuesta original. Frías tendría ventaja en las ejecuciones por su experiencia en el Centro de Cómputos y su ascendencia sobre los técnicos.

El titular de la JCE vinculado al PRD Eddy Olivares objetó la gerencia cuatripartita, reiterando su firme rechazo a Frías. Sostuvo que “su sola presencia mantendrá ese neurálgico departamento sembrado de dudas y desconfianza”.  Él, como parte de la opinión pública, no entiende por qué el PLD no aceptó el consenso que creyó fundamental hace diez años.

La solución es poco institucional y de escasa legitimidad democrática, pues desconoció la posición de los candidatos presidenciales de oposición, incluyendo al del mismo PRD, que todavía el viernes 3, cuando ya había trascendido el acuerdo, reiteró que “Frías tiene que irse”.

También lo habían reclamado los candidatos Guillermo Moreno, Julián Serulle, Max Puig, Eduardo Estrella e Ismael Cruz, así como Hatuey de Camps y otros dirigentes políticos.

Aunque la generalidad de la opinión pública parece haber aceptado el acuerdo como salida a una crisis que se prolongó excesivamente, no faltan quienes resaltan sus debilidades, especialmente por su carácter de imposición con el sello de aliento mezquinamente interesado a las debilidades institucionales del PRD.

El sociólogo César Pérez ha sido de los más duros al definirlo como “un arreglo afrentoso, fruto de la politiquería, la bellaquería y la pusilanimidad de determinados sectores de los poderes fácticos y formales del país”.

 

Sigue la carrera de relajo institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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Representantes empresariales y sindicales ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) se insertaron en la política de relajamiento institucional que desarrolla el Gobierno al ratificar la resolución de apropiación y reparto de casi 10 mil millones de pesos acumulados en el fondo de riesgos laborales.

Mientras un informe oficial revela que más de la mitad de las escasas 779  pensiones de sobrevivencia otorgadas por la seguridad social no llegan a mil pesos mensuales, algunas por debajo de cien pesos, y que hay más de 18 mil acreedores de pensiones del viejo seguro social que llevan años reclamando sus derechos.

Repartición tripartita
El pasado 27 de enero el CNSS, con algunas notables ausencias y pocas oposiciones, ratificó un acuerdo tripartito del 7 de diciembre mediante el cual se devuelven al Gobierno y los empresarios 9 mil 995 millones 503 mil pesos acumulados a partir del 2004 y hasta el 3 de diciembre del 2010 en el fondo de riesgos laborales.

Del total el 69.84 por ciento, equivalente a 6 mil 982 millones 647 mil pesos, serán acreditados a los empleadores privados en cuotas proporcionales durante 60 meses, y el restante 30.16 por ciento, 3 mil 12 millones 856 mil pesos, devuelto al Gobierno que promete emplearlos para mejorar los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

La decisión se originó en reclamos del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Confederación Patronal de la República propiciando aligerar las cargas de las empresas como estímulo para superar la crisis económica de los últimos años. Nunca contó con suficientes simpatías en el mismo CNSS ni en los ámbitos de la tesorería del sistema. El gobierno se adhirió al propósito en diciembre pasado desalumbrado por la recuperación inmediata de tres mil millones de pesos.

Como cualquiera de los tres sectores representados tanto en el Consejo del IDSS como en la seguridad social podía vetar la resolución, empresarios y funcionarios gubernamentales buscaron la anuencia de las centrales sindicales comprometiéndose a aportarle 60 millones de pesos, uno mensual por cinco años, para programas de capacitación de los trabajadores.

El acuerdo tripartito fue firmado por los sindicalistas Gabriel del Río, Pepe Abréu y Jacobo Ramos, representantes laborales en el Consejo del IDSS por la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, (CNTD). Por el sector empleador privado lo suscribieron Lisandro Macarrulla y Marisol Vicens, y por el Gobierno el vicepresidente Rafael Alburquerque, el ministro de Trabajo, Max Puig y el director del IDSS, Sabino Báez.

Divisiones internas
En el único sector en que no se produjo disensión sobre la devolución de los fondos de riesgos laborales fue en el empresarial, porque hasta en el gubernamental hubo quienes no lo aprobaban, incluyendo al viceministro de Salud Nelson Rodríguez. Una primera resolución (257-01) del CNSS el 7 de diciembre dio la aprobación inicial, sujeta a que la tesorería de la seguridad social presentara un procedimiento técnico. El 27 de enero quedó ratificado el reparto mediante resolución 260-06. No asistió a la sesión el representante  gubernamental por el Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas, de quien se dice que no favorecía la devolución de los fondos.

La oposición al reparto en el CNSS fue encabezada por el representante del Colegio Médico, doctor Fulgencio Severino, quien se retiró de la sesión al momento de la aprobación definitiva, y contó con el rechazo de Irene Alcántara y Celeste Beatriz Zorrilla, representantes de los técnicos. En la sesión del 7 de diciembre no aprobaron la resolución Severino y Alcántara así como el sindicalista Agustín Vargas Saillant y  Magino Corporán, en representación de los discapacitados.

Los representantes sindicales en el Consejo de la Seguridad Social se dividieron. Espiridión Villa Paredes, de la CASC, que rechazó el acuerdo en diciembre se retiró en enero para que su suplente Delcy Sosa lo aprobara, al igual que Roberto Pulá de la CNTD, mientras Vargas Saillant se mantuvo firme. Corporán estaba fuera del país.

Sosa habría prometido que no aprobaría la devolución de los fondos, pero se cree que fue persuadida por las cúpulas de su central. En ámbitos laborales se deplora no solo la posición de la mayoría de sus delegados sino también que los 60 millones de pesos los dividieran en el CNSS, lo que se considera un peligroso precedente.

  Montos irrisorios y demandas de pensiones
La expropiación del fondo de riesgos laborales ha sido justificada en que exceden las necesidades, pero la realidad es que se han regateado a los trabajadores que debieron ser beneficiados y a sus descendientes, con mecanismos burocráticos complejos y excluyentes, bajos tope  de apenas 4 salarios mínimos  y subvaluaciones de salarios reales, como lo indica un libro de la Dirección de Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) publicado justamente la semana pasada.

En 163 páginas el libro titulado “10 Años de la Seguridad Social”, es una evaluación minuciosa del sistema “desde el punto de vista de los usuarios”, según su subtítulo. El capítulo 5 señala múltiples razones por las que hay excedente en el fondo.

Resalta el escaso número de beneficiarios, sugiriendo un subregistro de los accidentes laborales en el país, con tasa de apenas 1 por ciento, según estudio elaborado por Fidents Invertment LTD, cuando el promedio latinoamericano oscila entre 5 y 9 por ciento. Contribuye la ignorancia de los trabajadores y empleadores sobre ese seguro, lo que explica que apenas se refieran al mismo el 1 por ciento de las reclamaciones formuladas a la DIDA.

La evaluación indica que el monto mensual de 202 pensiones por discapacidad “es de aproximadamente 240 pesos mensuales”. El 31 por ciento registrados con salarios menores de 3 mil pesos y 76 por ciento por debajo de 5 mil pesos. Mucho peor y vergonzoso es que “los 779 beneficiarios de pensiones de sobrevivencias (155 viudas y 624 huérfanos), reciben pensiones de hasta RD$93.50”. El 54 por ciento menos de mil pesos mensuales. Señala que esos montos irrisorios no se están indexando de acuerdo al índice de precios al consumidor como ordena el artículo 47 de la Ley 87-01.

Pero si el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas hubiesen querido dar un  buen empleo a los “excedentes” del fondo de riesgos laborales lo hubiesen destinado a atender “las más de 18 mil solicitudes de pensiones en proceso en el IDSS, de las cuales muchas datan de más de 8 años en espera de su otorgamiento”, como indica el Capítulo 4 del libro de la DIDA.

Otro renglón en el que pudieron emplearse justicieramente es en elevar el monto de las más de 43 miles pensiones del IDSS de cinco mil pesos mensuales que mantienen a sus beneficiarios en niveles de pobreza y que en muchos casos no alcanzan para pagar las medicinas que demandan sus beneficiarios.-

Dudosa base legal

Una vez más parece demostrado que no hay ninguna barrera que impida el retorcimiento del derecho en el país cuando el Gobierno y/o los poderes fácticos lo estiman conveniente a sus intereses inmediatos. Es cierto que esos fondos se originan en un aporte de los empleadores, privados y público, del 1.2 por ciento de los salarios, pero la ley 87-01 no prevé que puedan ser devueltos.

La decisión se produce justo cuando el sistema de seguridad social se apresta a celebrar su primera década de instituido, el 10 de mayo del 2001, y por ello tiene pendiente una primera evaluación prevista en su ley orgánica.

En sus primeros diez años la ley de la seguridad social ha sido modificada en dos ocasiones para otorgar amnistías a empresas e instituciones estatales que acumularon deudas y para permitir el registro a múltiples de ellas que habían evadido la responsabilidad legal.

Entre las 18 funciones (desde la letra a hasta la r), otorgadas al CNSS en el artículo 22 de su ley orgánica, no hay ninguna que lo autorice a variar las contribuciones de los empleadores o de los trabajadores, ni menos a devolverlas, las cuales están establecidas en el mismo texto legal, en el caso del seguro de riesgos laborales en el artículo 199.

Esta semana, tras la publicación de la resolución que devuelve los fondos, el Colegio Médico procedió a elevar un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a quien solicita que detenga de inmediato la acción, supuesta a comenzar a aplicarse desde este mes de febrero.  El CMD programa para los próximos días un piquete al CNSS, mientras promueve una coalición de entidades sociales para demandar que se empleen los excedentes en el mejoramiento de las pensiones.