Dura prueba para la Comisión de Etica

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/832/460x390/0/AFAE77D2-7B95-4BB3-956F-E02845AB96B7.jpeg

Por su triple condición de dirigente político, funcionario del Estado y director de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho) está en la obligación de responder  la investigación periodística que sostiene que ocultó gran parte de su patrimonio en su Declaración Jurada de Bienes.

Los documentos publicados por el periódico digital Acento y dilucidados en programas de radio y televisión son una dura prueba para los esfuerzos de transparencia puestos en marcha por el Gobierno del presidente Danilo Medina que compromete a sus funcionarios con un Código de Pautas Eticas.

Un modesto patrimonio.  Desde que se conoció la declaración de bienes del Doctor Vincho Castillo hubo sorpresas de que presentara un patrimonio de apenas 21 millones 633 mil pesos, propio de cualquier profesional medio, a pesar de haber encabezado durante décadas uno de los bufetes de abogados más prominentes, con un edificio propio, donde jura tener acciones por solo 39,400 pesos, habiendo defendido banqueros involucrados y condenados por fraudes de decenas de miles de millones de pesos.

Una investigación del periódico Acento, dirigido por el periodista Fausto Rosario, encontró que en su declaración jurada no se incluyeron cuentas bancarias, ni automóviles, ni vivienda, ni ganado, ni el valor de numerosas propiedades agropecuarias.

No incluye los detalles de tres propiedades del doctor Castillo Rodríguez que totalizan 681,345 metros cuadrados en las parcelas 107, 112 y 168 de los distritos catastrales 9 y 2 del municipio de San Francisco de Macorís.

Tampoco incluye los detalles de otra propiedad en la parcela 48, distrito catastral 9 del Distrito Nacional, ni los de otras cuatro que, en copropiedad con sus hermanos, posee en San Francisco de Macorís y que totalizan 189,836 metros cuadrados.

En todos los casos el periódico digital incluyó las certificaciones correspondientes de los registradores de títulos, emitidas a finales de mayo pasado.

Para más complicaciones, Acento señala que  esa declaración jurada tampoco cumplió con el requisito legal de señalar todos los herederos, al no incluir dos de sus hijos, reconocidos. Publica facsímiles del extracto de  sus respectivas actas de nacimiento, así como de la declaración jurada donde se lee: “Yo, Marino Vinicio Castillo Rodríguez, declaro bajo la fe del juramento que los datos consignados en la presente declaración de patrimonio son correctos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de la verdad”.

Se espera una respuesta. El reportaje fue publicado el jueves 4 de julio y más de una semana después no ha sido rebatido ni aclarado por el doctor Vincho Castillo, pese a haber estado en debate en los telediarios y  programas televisivos de investigación como el de Nuria Piera, así como en numerosos programas de radio.

Hasta ahora el funcionario ha evadido referirse al fondo del reportaje, y en cambio el pasado domingo respondió en su programa de televisión con denuestos y descalificaciones no solo del periódico que publicó la investigación, sino de reconocidos periodistas, de empresarios e instituciones que no tuvieron nada que ver con la publicación, como Participación Ciudadana, a la que catalogó como una mafia de delincuentes, aunque a través de esta reconocida entidad, el presidente Danilo Medina se comprometió con Transparencia Internacional a cumplir un “Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad”. Y una de las responsabilidades que atribuyó a la DIGEIG fue precisamente darle seguimiento a ese compromiso.

Todavía se espera que el veterano abogado haga su propia defensa, explicando los alcances de su declaración patrimonial bajo juramento, atendiendo al numeral 3 del artículo 146 de la Constitución de la República, a la Ley  82-79, sobre Declaración Jurada de Bienes, y al Decreto 2006 que la reglamenta, a la Ley 41-08 de Función Pública, al Decreto 486-12 del presidente Danilo Medina que instituye la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental, así como al Código de Pautas Eticas que suscribió tras ser designado como director de este organismo.

Como dirigente político Castillo debería responder, y lo obliga su condición de funcionario del Estado, y precisamente encargado de velar por la ética y la transparencia del Gobierno, por lo que su silencio compromete uno de los propósitos de combate a la corrupción con que arrancó el Gobierno del presidente Medina, cuando instituyó la DIGEIG el 21 de agosto del 2012, cinco días después de su juramentación, y cuando  hizo firmar a los altos funcionarios, tras hacerlo él mismo, su Código de Pautas Eticas.

Las funciones de Vincho.  El artículo 1 del Decreto 486-12 “crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), como órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, en el ámbito administrativo gubernamental”.

Los numerales 30 al 32 de su artículo 6 la responsabilizan de “realizar el seguimiento y coordinar el envío a la Tesorería Nacional o la institución que corresponda por parte de los funcionarios gubernamentales obligados por ley a presentar Declaración Jurada de Bienes”, a exigir la presentación de la misma y a solicitar “informaciones sensibles en las dependencias estatales o revisar la documentación necesaria …si las mismas se encontraran afectadas por rumores o denuncias de inobservación  que comprometan la moral de los miembros de la administración pública”.

El artículo 7 es más comprometedor, al establecer que la DIGEIG “solicitará a los servidores públicos obligados a presentar la Declaración Jurada de Bienes, entregar un informe financiero anual, a fin de evaluar la consistencia con su declaración”. Precisa que “Estos informes serán requeridos entre el 15 y el 30 de agosto de cada año”.

El Código de Pautas Eticas firmado por Vincho Castillo y demás altos funcionarios establece en su numeral 6 el compromiso de “CUMPLIR las normas de transparencia, comprometiéndome a:

a) Presentar mi declaración jurada de bienes, a más tardar a los 30 días de asumir el cargo, y a demostrar el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado mis funciones, o a requerimiento de una autoridad competente.

b) Presentar anualmente mis informes fiscales y la constancia de mis compromisos tributarios, así como las exigencias que se me requieran con esa finalidad”.

La credibilidad del Gobierno.  Si el doctor Vincho Castillo no dilucida objetivamente la acusación de haber falseado su Declaración Jurada de Bienes, dejará comprometida la credibilidad de la política de transparencia y ética del Gobierno, dado el hecho de que es, precisamente, el funcionario encargado de dirigirla.

El reportaje de Acento es de las piezas periodísticas más contundentes que se recuerden, en cuanto a sustento en documentos oficiales.

De no disipar toda duda, correspondería al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, realizar las investigaciones correspondientes, con todas sus consecuencias si se determina que hubo un juramento falso. De no hacerlo parecerá  que el doctor Castillo está por encima de la ley.

Domínguez Brito es de los funcionarios a quienes Vincho Castillo ha criticado públicamente y no por razones de ética ni transparencia.

Para la institucionalidad y la convivencia democrática sería lamentable que se pase por alto un informe de esa naturaleza, lo que sería atribuido al terrorismo verbal  y al chantajismo con que el doctor Castillo se refiere a todos cuantos disienten de sus posiciones, ya sean políticas o legales, incluyendo los fraudes bancarios.

Ha llegado al extremo de insinuar falsas vinculaciones con el narcotráfico y las mafias internacionales que han ganado terreno en el país en la última década, infiltrando a las instituciones del Estado, pese a que el polémico abogado ha dirigido el Consejo Nacional de Drogas y ha  sido asesor presidencial en materia de drogas.

El juramento falso está sancionado en el Código Penal Dominicano desde principios del siglo pasado cuando el Gobierno militar emitió la orden ejecutiva 202, que en su numeral 1 establece: “Perjurio es la afirmación de un hecho falso, bajo el juramento o promesa de decir la verdad; sea al declarar por ante algún tribunal, juez, funcionario u otra persona competente para recibir el juramento o la promesa, sea en algún documento suscrito por la persona que haga la declaración, en cualquier procedimiento civil o criminal, en cualquier caso en que la ley exija o admita el juramento o la promesa”.

El poder del doctor  Castillo podría estar siendo sobreestimado, si se mide por la votación de su partido Fuerza Nacional Progresista, que la única vez que participó solo en una elección, en 1990 y precisamente con él de candidato presidencial, apenas consiguió 6,063 votos, el 0.32 por ciento del sufragio. Aunque no hay dudas de que infunde terror en dirigentes de todos los sectores sociales que temen ser víctimas de fabulaciones e insinuaciones maliciosas.

Se espera respuesta

El reportaje fue publicado el jueves 4 de julio y más de una semana después no ha sido rebatido ni aclarado por el doctor Vincho Castillo, pese a haber estado en debate en los telediarios y  programas televisivos de investigación como el de Nuria Piera, así como en numerosos programas de radio.

Hasta ahora el funcionario ha evadido referirse al fondo del reportaje, y en cambio el pasado domingo respondió en su programa de televisión con denuestos y descalificaciones no solo del periódico que publicó la investigación, sino de reconocidos periodistas, de empresarios e instituciones que no tuvieron nada que ver con la publicación, como Participación Ciudadana, a la que catalogó como una mafia de delincuentes, aunque a través de esta reconocida entidad, el presidente Danilo Medina se comprometió con Transparencia Internacional a cumplir un “Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad”. Y una de las responsabilidades que atribuyó a la DIGEIG fue precisamente darle seguimiento a ese compromiso.

Todavía se espera que el veterano abogado haga su propia defensa, explicando los alcances de su declaración patrimonial bajo juramento, atendiendo al numeral 3 del artículo 146 de la Constitución de la República, a la Ley  82-79, sobre Declaración Jurada de Bienes, y al Decreto 2006 que la reglamenta, a la Ley 41-08 de Función Pública, al Decreto 486-12 del presidente Danilo Medina que instituye la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental, así como al Código de Pautas Eticas que suscribió tras ser designado como director de este organismo.

Como dirigente político Castillo debería responder, y lo obliga su condición de funcionario del Estado, y precisamente encargado de velar por la ética y la transparencia del Gobierno, por lo que su silencio compromete uno de los propósitos de combate a la corrupción con que arrancó el Gobierno del presidente Medina, cuando instituyó la DIGEIG el 21 de agosto del 2012, cinco días después de su juramentación, y cuando  hizo firmar a los altos funcionarios, tras hacerlo él mismo, su Código de Pautas Eticas.

 

¿El eslabón perdido de Figueroa Agosto?

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/485/460x390/0/6CBEEDBE-7FA4-495C-AA42-864F60156D62.jpeg

La espectacular rueda de prensa ofrecida el lunes 11 por las autoridades policiales fortaleció la hipótesis de que el asesinato del coronel José Amado González tuvo como objetivo fundamental cortar el eslabón que podía  conducir a los peces gordos que posibilitaron la operación de la red de narcotraficantes de José David Figueroa Agosto.

Contrasta la eficiencia con que las autoridades han perseguido a los vinculados en el lavado de dinero mediante la compra de viviendas y automóviles, con el hecho de que no hayan podido capturar ni uno de los que operaban el negocio de recepción y exportación de millonarios cargamentos de cocaína.

Un penoso espectáculo

Muchos de los periodistas que asistieron a la rueda de prensa que ofrecieron las autoridades policiales el lunes 11 para informar sobre las investigaciones del asesinato del coronel José Amado González, acaecido el día de Nochebuena, llegaron a la conclusión de que había sido un penoso espectáculo de distracción con ribetes de encubrimiento. Una docena de más de 40 “directores de medios y líderes de opinión” invitados formuló fuertes cuestionamientos y ni uno solo pareció satisfecho.

Las expectativas que precedieron el encuentro para informar sobre la investigación, se trocaron en frustración. En esencia plantearon que la muerte del coronel González habría sido un crimen pasional dispuesto por el jefe de una banda de narcotraficantes responsable de que en el 2008 llegaran al país 123 aviones cargados de cocaína, uno cada tres días.

El Jefe de la Policía Nacional y el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, generales Rafael Guzmán Fermín y Rolando Rosado, invirtieron cuatro horas  para no revelar nada que ya no hubiese sido previamente publicado por los periódicos. Cuando concluyeron ya dos tercios de los invitados se habían marchado.

Al comenzar la presentación el general Rosario advirtió que procuraban que “los persecutores dejen de ser los perseguidos” y proyectó en pantalla gigante una estrofa del Versainograma a Santo Domingo que Pablo Neruda escribió a raíz de la intervención militar norteamericana de 1965: “Y hay tanta iniquidad sin comentario, En la América Hirsuta que nos dieron, Que si hasta los poetas nos callamos, No hablan los otros porque tienen miedo”.

Perfil de “El Camaleón”

Con despliegue de fotos pornográficas y hasta un oscuro vídeo sin rostro presentaron a Figueroa Agosto como un “sicópata y enfermo sexual con tendencia a la pedofilia” que dispuso el asesinato de  un “compadre y amigo”, porque éste lo habría denunciado tras ser enterado que él tuvo relación sexual con su esposa, la que también resultó baleada el pasado 24 de diciembre.

El general Rosado disertó sobre Figueroa Agosto y sus relaciones amorosas, con detalles como los consumos de hasta 300 mil pesos semanales de “las champaneras” (como bautizaron a sus amantes) en la discoteca Jet Set, lo que ninguna autoridad supo o puso atención. Relataron que financió las cirugías estéticas en la “categoría TLC” ( tetas, liposucción y nalgas) de más de 30 mujeres dominicanas. El jefe de la DNCD llegó a validar el concepto de que a veces las mujeres pierden a los hombres.

Presentaron el prontuario delictivo de José David Figueroa Agosto, quien recibió 7 condenas para un total de 209 años de cárcel por diversos actos criminales en su nativo Puerto Rico, donde tuvo una segunda identidad, como Angel Rosa Rivera, alias Junior Cápsula. Se fugó de la cárcel y llegó a la República Dominicana  en 1999, donde obtendría las sucesivas identidades de Felipe Rodríguez de la Rosa, Cristian Almonte Peguero y Ramón Sánchez, razón por la que lo bautizaron como  “El Camaleón”.

Tras hablar de sus actividades delictivas y la forma en que “penetró todos los estamentos de la sociedad dominicana”, una presentación en power point fue graficando las viviendas y automóviles que las autoridades le atribuyen, incluyendo las identidades de lo que han sido acusados como lavadores de activos.

Tocó al general Guzmán Fermín relatar la forma espectacular como Figueroa escapó en una yipeta cuando iba a ser detenido el 3 de septiembre pasado “corriendo a 200 kilómetros por hora” a media tarde en plena avenida 27 de febrero, hasta chocar un vehículo estacionado tras doblar hacia una calle secundaria. El accidente lo obligó a abandonar la yipeta para huir a pies, pero aún así burló la persecución policial, como en las mejores películas de acción.

Notable contraste

Tras dos horas y media de disertación los dos jefes policiales permitieron preguntas, pero se mostraron evasivos sobre los cuestionamientos de los comunicadores y fue sólo después que les preguntaron tres veces si era verdad que el coronel González era sólo un “compadre y amigo”  de Figueroa Agosto, que el general Guzmán Fermín dijo que era algo más, un “protector de actividades ilícitas”, pero sin entrar en detalles ni mucho menos aludir a la red de protección.

En la presentación también fueron exonerados de responsabilidad los dos oficiales policiales que estuvieron dos semanas bajo investigación por la muerte del coronel González. No hubo la menor alusión a la investigación del  exmayor del Ejército responsabilizado de la placa oficial hallada en el vehículo utilizado para asesinar al coronel González, que él había gestionado a nombre de un exjefe de estado mayor de su cuerpo militar. No obstante haber sido expulsado de Estados Unidos por vinculación de drogas el exmayor fue destinado a la Dirección Nacional de Investigaciones, siendo destinado nada menos que al Palacio Nacional.

Llamó la atención que el presidente de la DNCD remitiera al general Rafael Ramírez Ferreiras cuando se le preguntó si el caso Figueroa Agosto era el escándalo mayor de narcotráfico que aquel anunció en junio del 2008 diciendo que estremecería el país, lo que no se llegó a producir antes de su relevo de la presidencia de ese organismo dos meses después. Se creía que había continuidad en sus investigaciones.

Pero lo más notable de la presentación fue cómo los jefes de la PN y la DNCD abundaron tanto sobre las mujeres y los presuntos lavadores de propiedades de Figueroa y presentaron el asesinato del coronel González como fruto de un problema de faldas y en contraste evadieron aludir siquiera a la red que sostuvo un narcotráfico intenso durante años con envíos semanales de drogas hacia Puerto Rico y Estados Unidos.

¿Y los peces gordos?

Desde que se produjo el asesinato del coronel González, en muy diversos sectores se ha sostenido que el mismo habría tenido el objeto de romper un eslabón clave de la cadena de Figuereo Agosto que había quedado a la luz pública, al vinculársele con los negocios y  mujeres del jefe de la banda y se decía que “sabía demasiado”. Se ha cuestionado que no fuera interrogado ni protegido antes de que lo asesinaran.

El asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo y a la vez presidente del Consejo Nacional de Etica, doctor Marino Vinicio Castillo, es de los que ha ido más lejos en el señalamiento de que el escándalo salpica a peces gordos civiles y militares, pidiendo reiteradas veces al presidente Leonel Fernández que limpie su entorno y aplique mano dura.

En una semana Vincho Castillo se refirió tres veces al caso. El Nacional del lunes 11 recoge sus afirmaciones en un programa matutino de televisión, atribuyéndole haber dicho que “en la estructura que creó el prófugo José Figueroa Agosto en el país hay generales y altos oficiales, así como gente del más alto nivel de los servicios de inteligencia del Estado”.

En El Caribe del viernes 15 exhorta al primer mandatario a que “actúe con dureza separando de su lado cualquier colaborador que pudiese estar ligado a los escándalos de corrupción o narcotráfico”. Otro párrafo indica que tras ponderar las bondades del doctor Fernández, Castillo proclamó que tiene que ser inflexible “con las inconductas, maldades, las aberraciones de gente en que ha podido confiar”.

Si esas son expresiones de un alto funcionario, amigo personal, aliado político y hasta inspirador del presidente Fernández, no hay necesidad de citar las múltiples especulaciones que han acaparado la atención en los cenáculos políticos, empresariales y sociales constituyendo uno de los mayores escándalos de los últimos años.

La rueda de prensa de los jefes policiales en vez de generar confianza en las investigaciones del escándalo, impuso frustración y la convicción de que una vez más las investigaciones que involucran autoridades importantes quedarán en la superficie. Por eso días después se difundió por Internet la muñeca “Soberbie”, en alusión a Sobeida Félix, la amante y gran protagonista del entretenimiento en que han convertido la investigación del escándalo, que consiguió una tregua con la tragedia de Haití.-