Por Juan Bolívar Díaz
La única explicación verdadera al inmovilismo de las autoridades dominicanas frente al desbordamiento de la inmigración haitiana que se registra desde finales de la década de los ochenta es que tanto los gobiernos como una parte importante del empresariado son beneficiaros de una abundante mano de obra incondicional y barata que a su vez degrada la oferta laboral en el país.
El mantenimiento de tan amplia oferta laboral, que trabaja por salarios menores, sin horario ni días fijos de descanso, incapacitada de organizarse ni de exigir mejores condiciones de vida y trabajo, que duerme en las mismas construcciones y en casuchas es de los factores que han impedido a los trabajadores dominicanos crear y mantener eficientes entidades sindicales.
Hasta los años ochenta una alta proporción de la inmigración haitiana se contrataba formalmente para el corte y tiro de la caña y era dotada de carnet por el Consejo Estatal del Azúcar. Al final de la zafra eran devueltos a Haití, aunque siempre algunos se quedaban clandestinamente. Pero a los 15 o hasta 20 mil braceros que traía el consorcio estatal, se empezó a agregar una proporción de informales, fruto de un tráfico humano que se pagaba en ambos lados de la isla y que pasó a ser una fuente de enriquecimiento de caciques fronterizos, de militares y buscones. Empeoró cuando el CEA dejó de contratar.
Primero se traían braceros para los ingenios privados y ya luego hasta para los del Estado. Y después pasaron a ser buenos para casi todas las actividades agrícolas, en proporciones que alcanzan hasta el 80 y 90 por ciento. Y más tarde ocurrió lo mismo con la construcción, y ahora con el chiripeo en general.
Y cuando el gobierno amplió el acueducto capitalino, comenzando los noventa, los contratistas apelaron a los especialistas en traer braceros directamente desde Haití. Eran más baratos que los que ya sobraban en el país. Se demostró en los servicios informativos de Teleantillas. Hasta para remodelar el edificio de la cancillería dominicana en los finales de los noventa, se apeló a los haitianos, como mostró el periódico El Nacional.
Lo más grave es que paralelamente los beneficiarios de esa inmigración tendieron una cortina de humo difundiendo e imponiendo la teoría de la invasión haitiana. Nunca hubo tal invasión, ellos los traían y les empleaban. Recuérdense las tres anécdotas distintas del pasado domingo.
Durante más de 15 años entrevistamos más de 20 veces al padre Pedro Ruquoy, en el telediario Uno más Uno. Con valentía y energía denunciaba el tráfico de haitianos por la frontera, llegando a identificar por sus nombres y apellidos a los operadores del negocio, civiles y militares, de ambos lados de la frontera. Ese inmenso sacerdote que dejó las comodidades de su natal Bélgica para ejercer la piedad cristiana como director de la Pastoral para los haitianos de la Diócesis de Barahona, salió en el 2005 casi expulsado, acosado como propulsor de la haitianización del país.
Siempre abogó por la regulación de la inmigración haitiana, pero no podía ser indiferente ante la suerte de los que encontraba en los bateyes, llegando al extremo de declarar como hijo a un niño que encontró abandonado. El padre Ruquoy lleva cinco años ejerciendo la compasión y la solidaridad cristiana en un país africano y desde entonces otras decenas de miles de haitianos han cruzado la frontera, ya no solo para trabajar, sino hasta para mendigar en las calles. Y las autoridades nacionales siguen sin hacer otra cosa que esporádicas redadas para deportaciones sin la menor consideración humana. La nueva ley de Migración, fruto de muchos años de seminarios y consensos, lleva seis años esperando un reglamento.
Ya hasta los dirigentes haitianos vienen a decirnos que hay que abordar de manera seria el problema de la inmigración. Fue lo que hizo la semana pasada el Primer Ministro de Haití, Jean Max Bellerive, considerándolo tarea fundamental ahora que ha sido reactivada la Comisión Mixta Domínico-Haitiana. Esperemos que haya voluntad política para hacerlo.