Compelido por el escándalo internacional generado por la sentencia que desnacionaliza a decenas de miles de personas, el Gobierno del presidente Danilo Medina comienza a mostrar la voluntad política que faltó a sus predecesores para regular y controlar la intensa inmigración haitiana.
La suspensión temporal de las deportaciones es una demostración de valentía, que los ultra nacionalistas no entienden, para crear un clima de confianza que abra espacio al Plan Nacional de Regularización de los Inmigrantes que se trata de implementar con muchos años de retraso.
Varios pasos adelante. Tras el escándalo internacional producido por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que en septiembre avaló el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país, el Gobierno parece encaminado a afrontar el plan regulador de inmigrantes dispuesto por la Ley de Migración del 2004, incluido en la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012 y demandado por decenas de entidades sociales.
En apenas un trimestre se han emprendido acciones fundamentales como el decreto 327-13 que establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, se puso en vigencia el Consejo Nacional de Migración, se dio curso al Instituto Nacional de Migración, y se nombró como su directora a la doctora Flor Rojas Rodríguez, con vasta experiencia en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes, y se dispuso la suspensión temporal de las deportaciones.
Al mismo tiempo el Gobierno ha procurado la asistencia técnica y financiera de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea, al tiempo que abrió un diálogo con las autoridades de Haití que incluye los desafíos migratorios, además del comercio bilateral, la seguridad fronteriza y medio ambiente.
Los organismos recién implementados están contemplados en la Ley General de Migración promulgada en agosto de 2004 por el presidente Hipólito Mejía, cuyo reglamento debió ser adoptado a los seis meses, pero el Gobierno del presidente Leonel Fernández lo dilató por más de siete años, hasta octubre de 2011.
También los contempla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y fueron incluidos en el “Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones” de mayo de 2013 asumido por 140 instituciones sociales y no gubernamentales, empresariales, sindicales, religiosas, académicas y comunitarias.
De la algarabía a la eficiencia. La voluntad política manifiesta por los voceros oficiales indica el propósito de rebasar la algarabía y la denuncia antihaitiana para concentrarse en un trabajo eficiente en dos direcciones, primero regularizar los extranjeros indocumentados que ya residen en el país, y segundo controlar y racionalizar el flujo, reduciéndolo a lo que demande el desarrollo nacional.
Tanto el presidente Danilo Medina como sus principales ejecutivos saben que no es fácil cambiar la tradicional política frente a la inmigración, 87 por ciento de haitianos, primero porque se trata de una frontera terrestre, permeable por múltiples recovecos, pero sobre todo por los intereses económicos que la han alentado durante un siglo, especialmente de los empresarios agrícolas y del propio Estado que han preferido disponer de una abundante mano de obra barata en incapacidad de reclamar, a la cual no se le reconoce ningún aporte al desarrollo dominicano. A ello se suma los beneficios del tráfico de personas, obtenidos por militares, policías, políticos y autoridades locales.
Sin embargo, el mandatario parece convencido de que urge pasar del discurso y la algarabía antihaitiana a las realizaciones positivas, que den fruto, lo que no ha ocurrido en la última década cuando no solo la dirección de Migración, sino también el Consejo Nacional de Frontera, dirigido por Norberto Rondón, han estado en manos del partido que encarna el ultranacionalismo, como lo resaltó el historiador Bernardo Vega en su artículo “Es Culpa Nuestra”, HOY del 17 de enero.
Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, el 38.6 por ciento de los 524 mil 632 ingresadas al país habían llegado entre 2010 y el 2012, cuando se hizo la investigación. Como el 23.6 por ciento dijo haber inmigrado en el período 2006-09, y el 18.5 por ciento entre el 2000 y 2005, hay que convenir que dos terceras partes ingresaron en los 8 años consecutivos del gobierno de Leonel Fernández, cuando los ultranacionalistas dirigieron los organismos claves de control migratorio y protagonizaron el antihaitianismo. Y los siguen dirigiendo, aunque en las últimas semanas parecen relegados.
Un discurso hipócrita. En principio se traficó y alentó la inmigración haitiana para la agroindustria azucarera, que luego se fue desplazando a la agricultura en general y a la industria de la construcción, mientras los dominicanos se iban en yola a Puerto Rico para encabezar allí el trabajo en esos mismos sectores. Pero en los últimos años ha invadido la informalidad de los chiriperos, el trabajo doméstico y de vigilancia y comienza a ser visibles hasta en los hoteles turísticos.
Con un discurso hipócrita, muchos de los explotadores de esa mano de obra figuran entre los que denuncian “la invasión pacífica haitiana”, incluyendo familias de clase media que los tienen dentro de sus propias casas, como trabajadores sin horario, seguridad social ni vacaciones. En un almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio hace varios años un empresario denunció la documentación ilegal de haitianos, y cuando se le preguntó cómo lo había determinado, él mismo dijo que por uno de sus trabajadores haitianos. En una reunión de profesionales un religioso proclamó que los haitianos odian a los dominicanos, pero no pudo explicar cómo, con esa convicción, él tenía una haitiana dentro de su casa y preparándole la comida.
Solo la complicidad gubernamental explica que el presidente Fernández casi agotara sus últimos 8 años de gobierno para promulgar el reglamento a la Ley de Migración y que no diera vida a los organismos que instituye, como ahora hace su sucesor. Su ministro de Agricultura Salvador Jiménez aceptaba que ya más del 80 por ciento de la mano de obra rural es de origen haitiano. Y el constructor del tren subterráneo de Santo Domingo, Diandino Peña, proclamó que no había forma de construir esa obra sin emplear haitianos.
Más allá del Plan de Regularización, las autoridades tendrán que rescatar la disposición del código laboral que limita a 20 por ciento la contratación de trabajadores extranjeros, por lo menos en las obras públicas, para dar ejemplo y reducir a mediano plazo la inmigración y verificar por qué crece el empleo de haitianos en los servicios turísticos, y si es que también en esos ámbitos los dominicanos son renuentes al trabajo.
Mientras tanto, es un pecado capital confundir la regularización de inmigrantes irregulares, con la desnacionalización de los descendientes de extranjeros que nacieron en el país desde 1929, como dispuso el Tribunal Constitucional. Según la Encuesta de Inmigrantes serían 244,151, de los que 209,912 descienden de haitianos. El 55 por ciento dicen poseer acta de nacimiento dominicana.
Pretender cambiarle el estatus por una naturalización puede reducir el escándalo internacional, pero como ya advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no librará al país de condenas por violentar un derecho tan fundamental como el de la nacionalidad.
Prioridad del Gobierno
La importancia que el Gobierno confiere a la regulación de la inmigración queda de manifiesto en el hecho de que la política al respecto ha sido asumida desde el Ministerio de la Presidencia, cuyo titular Gustavo Montalvo no ha vacilado en defender la suspensión de las deportaciones, fundamental para crear el clima de confianza para que los extranjeros indocumentados respondan la convocatoria a regularizar su estatus.
Es lo que se ha hecho en múltiples países para regular la inmigración en aras del interés nacional, porque se asume que si están deportando indocumentados, estos no tendrán confianza en presentarse ante las autoridades, lo que no implica que siga el flujo de inmigrantes, por lo que al mismo tiempo se ha dispuesto multiplicar la vigilancia para impedir que siga su curso.
El protagonismo en la aplicación del plan correspondería a la Dirección General de Migración, cuyo titular José Ricardo Taveras es dirigente del pequeño partido (0.73 por ciento en la elección presidencial del 2012) que encarna la ideología ultranacionalista, la Fuerza Nacional Progresista, y fue responsable de un intento de regularización que en el último año y medio apenas logró registrar a 200 inmigrantes, en gran medida por conferirle un carácter más recaudador que regulador.
Solo por la emisión del carné Migración estableció una tasa de 15 mil pesos que hubo de reducir a 12 y luego a 7 mil 500 pesos, como para que nadie se regulara.. Empresarios agrícolas y de la construcción estimaron que el costo total de regular un trabajador extranjero pasaba de 34 mil pesos (más de 700 dólares), haciéndolo inviable.
El proyecto de regulación elaborado originalmente por Migración fue modificado fundamentalmente por iniciativa de la Presidencia de la República para hacerlo viable, privilegiando el interés nacional en regularizar a más de medio millón de extranjeros inmigrantes que habría en el país de acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes publicada el año pasado por el Gobierno.
