Iniquidad en las pensiones públicas

Por Juan Bolívar Díaz

Tan pronto sea aprobada y puesta en vigor la Ley de Regulación Salarial del Sector Público que se discute en el Congreso, habrá que dar otro paso trascendental para revisar el ordenamiento legal de las pensiones de los funcionarios y trabajadores del Estado, donde las inequidades e iniquidades pueden resultar todavía mayor que en el régimen de sueldos.

 Y no es que falte una regulación legal, pues el 11 de diciembre de 1981 el presidente Antonio Guzmán promulgó la Ley 379 que establece “un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los funcionarios y Empleados Públicos”, sino que la misma es violada sistemáticamente hasta por el presidente de la República e ignorada por una gran parte de los organismos autónomos y descentralizados del Estado que se han dado sus propios regímenes de pensiones y jubilaciones, disponiendo abusivamente de los dineros de los contribuyentes y creando una situación de irritante privilegio.

 La inequidad fue puesta de manifiesto el jueves por el director general de Impuestos Internos, el ilustre Juan Hernández, quien señaló que con más de 20 años de servicio público, si le tocara pensionarse de acuerdo a la ley, quedaría con una asignación de 40 mil pesos mensuales.

 Ello así porque el párrafo del artículo 2 de la ley establece que “En ningún caso el monto de la Pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente, ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho de estos sueldos ni será gravado por ningún tipo de impuesto”. Como el salario mínimo del Estado es 5 mil pesos, el máximo a recibir, no importa los años de servicio, méritos acumulados ni el nivel salarial, sería 40 mil pesos mensuales.

 Eso cuando el empleado público logra que el Poder Ejecutivo otorgue la pensión solicitada, porque muchos han muerto sin conseguirla tras cumplir el mínimo de 20 años de servicio, en cuyo caso le corresponde sólo el 60 por ciento del promedio devengado en los últimos tres años. Sube hasta el 80 por ciento en tres escalones con mínimo de 25, 30 y 35 años de servicio. Por ejemplo entre los maestros siempre hay miles mendigando las pensiones a que tienen derecho y que por sus niveles salariales cuando las consiguen no alcanzan los 20 mil pesos.

 Pero resulta que funcionarios del mismo Estado, por el privilegio de la autonomía o la descentralización, se pensionan hasta con cientos de miles de pesos. Hace unos años hizo escándalo público que Leonardo Matos Berrido se hizo aprobar una pensión de 450 mil pesos mensuales cuando acababa de ser designado administrador del Banco Nacional de la Vivienda. Un consejo de directores subordinado le aprobó la pensión, heredable hasta dos años después de su muerte. En otros organismos estatales se dan pensiones superiores a ese monto, mientras la mayoría de los pensionados del Estado no alcanzan a 20 mil pesos mensuales.

 Por otro lado la inequidad es mucho mayor cuando se observa que sólo el presidente Leonel Fernández ha otorgado cientos de pensiones, con montos oscilantes entre 25 y 50 mil pesos a artistas, deportistas  y comunicadores, que en su mayoría no han trabajado para el Estado. En muchos casos se trata de personas ricas, en plena edad productiva. Es parte del reparto político del Estado que este país tiene que superar.

 Y mientras tanto, miles de antiguos trabajadores de otro órgano autónomo, el Consejo Estatal del Azúcar, dan pena clamando en las calles por una pensión de cinco mil pesos para la cual cotizaron, y se mueren de pena y pobreza frente a la burla de haber visto que en el reparto de la última campaña electoral el presidente Fernández dispuso pensionar a 1,057 “cañeros”  muchos de ellos propietarios de tierras y asociados políticos.

 ¡Ay, cuánto mérito acumularía Danilo Medina si le entrara como a la conga a tantos privilegios, inequidades e iniquidades. Sería ciertamente lo que nunca se ha hecho en esta tierra de María Santísima!

Relajo institucional se impuso en la liga

Por Juan Bolívar Díaz

Elección del secretario general de la Liga constituyó otro episodio de debilitamiento institucional.

Al elegir por un año el secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), en vez de los cuatro que indica la ley, se impuso la línea gubernamental de relajamiento de la institucionalidad democrática en aras del interés coyuntural del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Resultaron relevantes las habilidades peledeístas, la división de lo que queda del otrora poderoso Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y la corta visión del bloque de alcaldes perredeístas que no reparó en que estaban colaborando con la quiebra institucional y los intereses políticos del Gobierno.

Al margen de la ley.  Es obvio que la Asamblea General de Municipios reunida el miércoles 26 de enero se colocó al margen de la ley al elegir al doctor Fidias Aristy por sólo un año como nuevo secretario general de la LMD, en vez de los cuatro reglamentarios, sin la menor justificación, puesto que tenía el apoyo de la mayoría de sus integrantes.

Tanto la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, como la Ley Orgánica de la LMD 49-38, establecen que el secretario general de la Liga se elige cada cuatro años. Y así quedó ratificado en el artículo 17 del Reglamento Sobre Organización y Funcionamiento de la Liga Municipal Dominicana que acababa de aprobar la misma asamblea y que fuera promulgado oficialmente en el Listín Diario del viernes 28 de enero.

La elección por cuatro años formaba parte de la agenda oficial con que fue convocada la asamblea. No había precedente de recorte del período.

La solución transaccional llegó luego que había resultado obvio que la asamblea favorecía de forma mayoritaria la elección de Aristy y rechazaba la candidatura del licenciado Joaquín Ricardo, propuesta por el presidente del PRSC y apoyada por la máxima dirección del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Se ha publicado que el ministro de Interior y Policía, presidente de oficio de la asamblea, se comunicó telefónicamente con el presidente Leonel Fernández, con quien habría acordado la fórmula extralegal de sólo un año.

No existe la menor justificación para que se pasara por encima de la ley, ya que desde días antes 129 de los 155 alcaldes convocados,  equivalentes al 83 por ciento, y de todos los partidos, habían publicado un comunicado apoyando a Fidias Aristy para los cuatro años reglamentarios.  Y ese apoyo era un clamor reiterado que se manifestó fehacientemente desde antes que se iniciara formalmente la asamblea y cuando se conoció la candidatura de Joaquín Ricardo.

Preservar un aliado.  La habilidosa fórmula implementada por Franklin Almeyda tuvo como objetivo evitar que el sector reformista que encabeza Amable Aristy Castro le propinara una derrota a la dirección del PRSC encarnada en su presidente el ingeniero Carlos Morales Troncoso, y al presidente en funciones del partido Joaquín Ricardo, quien era precisamente el candidato oficial a la secretaría general de la LMD.

El ministro de Interior y Policía  dijo que su propuesta dejaba oportunidad a los reformistas de ponerse de acuerdo, lo que no pudieron lograr en las semanas precedentes.

El secretario general del partido colorado, Ramón Rogelio Genao, había  propuesto semanas antes cinco candidatos al cargo, incluyendo tanto a Fidias Aristy como a Joaquín Ricardo, además de Rafaela Alburquerque, Johnny Jones y José Enrique Sued.

A último momento el ingeniero Morales Troncoso se decantó por Ricardo, tras una consulta telefónica con los miembros de la Comisión Presidencial Permanente de su partido, según lo manifiestó Leonardo Matos Berrido, que ejerció de vocero.

La elección normal de Fidias acentuaba la discordia en el partido colorado  y fortalecía al impredecible senador Aristy Castro, ya disgustado con el Gobierno por la maniobra que lo privó del asiento que le correspondía en el Consejo Nacional de la Magistratura por haber sido el único senador que no fue electo en la boleta del PLD.

¿Temor?  Aparentemente en ámbitos peledeístas  hay temor de que Aristy Castro, con su flexibilidad para las negociaciones,  pueda sacar al PRSC del bloque gubernamental para las elecciones presidenciales del año próximo.

Una crónica de Rosa Alcántara, en HOY del 28 de enero, concluía recogiendo una afirmación del secretario de Asuntos Municipales del PLD, Ignacio Ditrén, en el sentido de que ese partido “le desmontó el plan al PRD de contar con un reformista para aliarse en 2012”.

Aristy Castro fue un virtual aliado del PRD durante el Gobierno de Hipólito Mejía y se le atribuyó protagonismo en la “alianza rosada” que los blancos y colorados pactaron para los comicios congresuales y municipales del 2006.

La pobre oposición del PRD.  Si hábil fue la maniobra del ministro de Interior y Policía, los perredeístas ni se enteraron, porque no hicieron oposición a la elección del secretario general de la Liga Municipal Dominicana por sólo un año, que debieron objetar por carente de base legal y por representar una ruptura de la institucionalidad de la Asamblea General de Municipios.

Los 57 alcaldes que tenían los perredeístas en la asamblea pudieron reclamar la procedencia de la votación, con posibilidades de lograr el apoyo de los 16 reformistas.

Con 5 del Partido de la Liberación Dominicana se garantizaban la mayoría, o forzaban a todo el peledeísmo a desdecirse del respaldo mayoritario que habían otorgado a la candidatura de Fidias Aristy y a irse contra el sector de Amable Aristy Castro.

La reacción perredeísta llegaría tarde y por boca de su director de Asuntos Legales, Salín Ibarra, cuando al día siguiente dijo a HOY que “el postergar el mandato de Fidias Aristy fue un caramelo envenenado del Gobierno ya que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, establece en su artículo 105 que el secretario general lo escogerán por cuatro años los alcaldes”.

Se ignora si el PRD mantuvo algún asesoramiento a sus alcaldes durante el transcurso de la Asamblea. Días antes su presidente en licencia y precandidato presidencial, Miguel Vargas Maldonado, había dicho que no llevarían candidato a la Asamblea de Municipios porque no tenían mayoría.

Lo relevante es que la oposición perredeísta no fue capaz de oponerse a la ilegal maniobra gubernamental que abona una carrera de relajamiento de las normas que han abarcado hasta la Constitución de la República, justo el día en que se vencía el violado plazo constitucional para constituir el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.

Esa ineficiencia opositora, al igual que la que llevó a los perredeístas a abstenerse, en vez de votar en contra, cuando en diciembre se aprobó el Presupuesto General del Estado para el 2011, puede atribuirse a descuido o ignorancia. Pero hay quienes creen que es fruto de una línea de transar con el Gobierno,  bajo la expectativa de que la repostulación del presidente Leonel Fernández es imposible y la postulación de Danilo Medina por el Partido de la Liberación Dominicana  inevitable, escenario en el cual el mandatario y líder peledeísta preferirá el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano.

Agentes gubernamentales han alentado esa expectativa con lo que podría ser un verdadero caramelo envenenado, mientras prosigue el relajamiento institucional que buscaría condicionar a la sociedad dominicana a aceptar con resignación  una repostulación presidencial pasando por encima de la Constitución de la República.

Una imposición política

Carente de base legal y de justificación, puesto que para los asambleístas no había ningún tranque, la solución devino en una contundente imposición política que degradó la institucionalidad de la asamblea y ratificó el descrédito de la LMD como un botín de reparto del patrimonio público que no cumple ningún objetivo y que a juicio de muchos debería ser eliminada.

Ha llamado la atención la facilidad con que los alcaldes de todos los partidos políticos aceptaron la propuesta para restringir a un año la elección del doctor Fidias Aristy  para la secretaría general de la LMD, que ejercía interinamente desde noviembre pasado cuando su anterior titular, Amable Aristy Castro, debió renunciar para ocupar una curul de senador.

Según la generalidad de las crónicas periodísticas,  lo que se aprobó fue la prolongación de la gestión interina de Aristy y el aplazamiento de la elección hasta el 26 de enero del 2012.

Vale tener presente que la asamblea como tal no duró 2 horas, aunque hubo de aprobar un extenso reglamento de 35 artículos y el presupuesto de la Liga para el 2011, ascendente a 774 millones de pesos.

También llamó la atención el amplio apoyo que consiguió Aristy, incluso entre los alcaldes peledeístas, lo que se atribuye a la astucia y las capacidades de amarre y reparto de su primo y predecesor en la secretaría general, el ahora senador por la provincia La Altagracia.

Pero dentro del precario orden y falta de transparencia en que se desenvolvió la asamblea, resaltó el hecho de que hasta el perjudicado por el veto oficial saliera cantando victoria al decir que “sentimos sobre todo que hemos vencido las acechanzas y las apetencias desmedidas de un sector político que está en contra de la transparencia en la Liga Municipal”.

 

Quiebra institucional con las candidaturas

Por Juan Bolívar Díaz
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La presentación de los candidatos para las elecciones legislativas y municipales de mayo próximo  al caer el plazo legal esta semana dejó evidente la precariedad de la institucionalidad y la democracia en un sistema partidista que ha degradado la política al nivel del simple negocio.

Un transfuguismo sin precedentes ratifica la percepción de que todos los partidos son iguales y acentúa la desilusión de la política que se respira en todos los ambientes nacionales, mientras la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral ha sentado precedentes por el número de fallos emitidos contra la plutocracia partidista.

Precariedad institucional

A duras penas los partidos dominantes del sistema pudieron presentar sus candidaturas ante la Junta  Central Electoral (JCE) y las Juntas Municipales dejando atrás una estela de inconformidades,  cuando no impugnaciones, por la vulneración de los principios democráticos que para elegir y ser elegido encarnan la Constitución, la Ley Electoral y los mismos estatutos internos de los partidos.

Para la generalidad de los observadores la precampaña electoral de este año ha representado una regresión en los métodos empleados por los partidos para escoger sus candidaturas en relación a los tres últimos comicios legislativos y municipales. Resalta que tanto el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) como el de la Liberación Dominicana (PLD) han escogido la mayor parte de las candidaturas al margen de los procedimientos democráticos, despreciando el derecho de los militantes a elegir y ser elegidos. El tercer partido del sistema, el Reformista Social Cristiano (PRSC) fue peor, ya que ni siquiera sometió un porcentaje de sus candidaturas al veredicto de sus militantes.

Tal resultado entra en abierta contradicción con el proyecto de ley de partidos políticos que busca proscribir el transfuguismo y garantizar la democracia interna de las entidades partidistas. El proyecto que se ha consensuado en múltiples ocasiones en los últimos once años establece como obligatoria la celebración de elecciones primarias para escoger los candidatos a cargos electivos.

La versión aprobada por la Cámara de Diputados en agosto del 2009 establece que el 90 por ciento de los cargos electivos tendrían que ser electos en las primarias de los partidos. Luego se llevó del 10 al 15 el porcentaje que podrían designar los órganos directivos. También sanciona con la pérdida de la curul a los legisladores que se pasen de un partido a otro.

El presidente en escena

Los arrebatos han llegado a la víspera del plazo de inscripción de candidaturas, y lo peor, protagonizados por el propio Presidente de la nación, el doctor Leonel Fernández, quien esta semana primero “juramentó” a 16 cuadros perredeístas de Santiago Rodríguez, incluyendo a un diputado y a la ex senadora Celeste Gómez. Allí el PRD respondió postulando a senador al dirigente peledeísta Bronfil Vladimir Jiménez.  La cosecha fue masiva el martes 16 cuando el presidente Fernández juramentó a unos “450 dirigentes” del PRD en Dajabón, traídos en autobuses a la capital, entre ellos precandidatos a varios cargos. Durante el fin de semana pasado el mandatario y líder peledeísta encabezó caravanas de vehículos en Santo Domingo y Santiago, mientras el vicepresidente Rafael Alburquerque lo hacía en San Francisco de Macorís. Como es habitual el desplazamiento del Presidente moviliza también a gran parte de los altos funcionarios. En las anteriores elecciones legislativas y municipales el doctor Fernández recorrió todo el país en caravanas proselitistas.

También el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, se ha puesto a la cabeza de “juramentaciones” de los tránsfugas provenientes de otros partidos. Esta semana recibió al exsecretario de las Fuerzas Armadas Juan Bautista Rojas, su esposa Matilde Franco y un hijo. Ella era vicesíndica por Santo Domingo Este. Así mismo juramentó a dirigentes reformistas y peledeístas de Neiba, Tamayo y Las Terrenas.

El espectáculo político ha tenido otras expresiones, con la postulación de por lo menos una docena de comentaristas radiofónicos en diversas boletas. El PRD inscribió a la veterana comentarista de televisión Miledys Cabral, como candidata a vicealcaldesa  del DN, a la cantante Jackeline Estévez y a la ex finalista de Miss Universo Ada Aimée de la Cruz para los mismos cargos de San Francisco de Macorís y Santo Domingo Norte.

Otra expresión de la degradación democrática de las candidaturas ha sido la gran cantidad de postulaciones otorgadas en compensación, incluso a familiares y relacionados de tránsfugas o de dirigentes y cuadros sacrificados en el difícil reparto para la integración de dos grandes coaliciones, la de 14 partidos que encarna el PLD y la de 7 del PRD.

Un simple negocio

La decepción de la política ya no es sólo expresión de los analistas independientes y dirigentes de entidades sociales que denuncian el deterioro y la corrupción, sino que crece al interior mismo de los partidos. Esta semana el doctor Hugo Tolentino, quien presidiera la convención eleccionaria del PRD, explicó tanto transfuguismo en el hecho de que “la política ha devenido en un simple negocio”.

 El proceso deja trauma en todos los partidos, con expresión en dos docenas de acciones de amparo que conoció la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral antes de la inscripción de las candidaturas y en las cuatro docenas que ha ponderado a posteriori. Desde  la misma noche del 17 cuando concluyó el registro llovieron las protestas ante el organismo nacional y en las juntas municipales. En la primera etapa hubo tres disposiciones para hacer valer candidaturas ganadas en las limitadas convenciones eleccionarias. El viernes sumaron 26 las candidaturas restituidas tras haber sido objeto de despojo.

Al analizar el proceso de elección de candidatos, el sociólogo Cándido Mercedes, dirigente de Participación Ciudadana, sentenció esta semana que “tenemos una democracia cada vez más fracturada”, estimando que los próximos integrantes del Congreso Nacional, más que expresión de la autoridad y la legitimidad de la democracia interna de los partidos, serán fuente y origen de la partidocracia, cuya esfera de acciones y decisiones viene creando una plutocracia, entendida como gobierno de unos pocos.

Diagnostica “una plutocracia en los partidos que ha devenido irradiándose en el tejido de la sociedad dominicana, apuntándose así la descomposición social y la degradación de la democracia”.

Si se exceptúa a algunos cientos de miles de personas que viven del caravaneo y el boroneo de las campañas electorales, lo que se recoge en los más diversos estratos sociales es una considerable falta de ilusión con las candidaturas.

Desde luego en todos los partidos hay candidatos de primera categoría, pero el sistema de elección por arrastre permite que por cada una de las naranjas dulces se cuelen en las canastas varias de las agrias, incluyendo algunas en proceso de descomposición y hasta ya podridas.

Grandioso espectáculo

El intercambio de candidatos, dirigentes  y militantes escenificado entre el Partido de la Liberación Dominicana  y el Partido Revolucionario Dominicano no tiene parangón en la historia nacional, aunque el transfuguismo se practica desde los primeros años de la república y alcanzó altas dimensiones en la última década, sobre todo con la progresiva desintegración del Partido Reformista Social Cristiano. Dirigentes de este partido como Angel Lockward, Héctor Rodríguez Pimentel, Leonardo Matos Berrido y otros, apoyaron al Partido de la Liberación Dominicana, luego al Partido Revolucionario Dominicano y de nuevo al peledeísmo en tres períodos electorales sucesivos.

Para el proceso electoral en marcha el transfuguismo se vio incentivado en la medida en que hubo mayor vulneración de los procedimientos democráticos. El primer caso significativo fue el del sociólogo Rafael Calderón, uno de los mayores promotores del proyecto de ley de partidos desde su curul de diputado perredeísta. Aspiró a la candidatura senatorial de Azua pero la presidencia de su partido decidió “otorgarla de dedo” al actual incumbente del cargo Rafael Díaz Filpo, lo que motivó el disgusto de Calderón, quien en noviembre negoció su paso al PLD que lo postuló a senador por su provincia.

El otro caso más sonado fue el del doctor Gilberto Serulle, diputado peledeísta por Santiago, quien fue un duro contendiente por la nominación a alcalde de su ciudad, para lo que obtuvo un amplio apoyo de dirigentes y militantes de su partido. El pacto PLD-PRSC arrasó con sus aspiraciones para terminar postulado por el PRD.

Es difícil precisar cuántos de los registrados como candidatos son fruto de canjes de chaquetas políticas. Esta vez el PRD parece haberse llevado la mayor parte, sumándose al menos 13 legisladores, dos senadores y 6 diputados del PRSC y 5 diputados peledeístas. El PLD se llevó a 3 diputados del partido blanco. Los intercambios son incontables en los niveles municipales, ya no sólo para las candidaturas a síndicos, sino también para las de regidores, así como para los 458 directores y subdirectores de los 229  distritos municipales y sus 715 vocales que se eligen este año por primera vez.

 

Cascabeles para tantos gatos

Por Juan Bolívar Díaz

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Resulta verdaderamente frustratoria la recurrencia en los delitos de estafas al consumidor que se registra en el país y ver pasar los años y las décadas sin que las autoridades hagan efectivos esfuerzos por sancionarlos, como si el interés colectivo fuera cuestión secundaria que se puede obviar.

Esta semana el Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Proconsumidor) denunció una vez más la estafa en el expendio del gas propano, tras haber comprobado que en una estación Credigas de la Padre Castellanos con Josefa Brea los medidores estaban alterados para sólo entregar siete galones del gas propano por cada diez que se pagaba. Es decir que se estaba engañando a los consumidores con un 33 por ciento.

En este caso fue sometido a la justicia el supervisor de la planta distribuidora, John Marte Valenzuela, pero al mismo tiempo la diligente directora de Proconsumidor, Altagracia Paulino, informó que la mayoría de las empresas detallistas del combustible mantienen alterados  los medidores, pero precisó que esa institución creada para “defensa de los consumidores” no tiene los recursos presupuestarios, técnicos y humanos para combatir efectivamente ese delito.

Lo mismo ocurre sistemáticamente con la Dirección de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor) cuyo presupuesto apenas alcanza para pagar sus empleados, y cuyo titular se ha cansado de recorrer los medios informativos clamando por un presupuesto que le permita mínimamente cumplir su misión, que es fundamental para Proconsumidor.

La indolencia es de tal magnitud que a Digenor le han faltado 5 millones de pesos para adquirir equipos que le permitirían una efectiva vigilancia de los expendedores de gas. A ese monto equivale al año la pensión con que se jubiló Leonardo Matos Berrido del estatal Banco Nacional de la Vivienda. El doble del barrilito anual de varios senadores y más de 200 veces lo que repartió el gobierno en cajitas navideñas en diciembre pasado.

La estafa en el expendio del gas propano, que también se extiende a otros combustibles es tan vieja como la venta de productos alimenticias y medicinales vencidos, y de medicinas falsificadas, que se promete extirpar cada vez que se denuncia, pero florecen de nuevo tan pronto salen de la atención pública.

A ello contribuye la benignidad de las sanciones que se han establecido para los delitos contra el interés colectivo, a menudo simples multas que se recuperan rápidamente con la continuación de la misma estafa. Eso cuando los casos llegan ante  jueces responsables. Porque la inmensa mayoría se saldan con el soborno y la protección de inspectores, de autoridades policiales, militares,  del ministerio público y hasta de dirigentes políticos.

Esas prácticas son también reflejo del inmenso deterioro moral de la sociedad dominicana, que no ha podido impedir siquiera que se roben los alambres del tendido eléctrico y telefónico, los cables de los puentes y los metales de las alcantarillas y hasta de los monumentos.

Que no han impedido que metales que no se producen en el país sean exportados.

Tampoco hemos podido vigilar los cementerios para evitar que los recién sepultados sean desenterrados para robarse los sarcófagos y reciclarlos con la complicidad de empresarios y autoridades. Para evitar esa profanación ahora los dolientes rompen los féretros al momento de la sepultura y a la vista de los que merodean.

La vieja pregunta de quién le pone el cascabel al gato ha quedado en el descrédito y la obsolescencia. Es que hacen falta demasiados cascabeles para tantos gatos, para tantos logradores de fortunas rápidas a costa de la colectividad. Pero sobre todo porque en la gestión pública faltan muchos, pero muchos servidores y legisladores que quieran poner cascabeles a la inmensa manada de gatos que padecemos.