La Convergencia decantaría la crisis del partidismo

Por Juan Bolívar Díaz
partidismo

En la medida en que se acerca el desenlace de la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que es su inminente división, se perfila la Convergencia por un Mejor País, que busca constituirse en un amplio frente que capitalice la oposición al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El pasado domingo, ocho grupos políticos proclamaron la Convergencia con una agenda programática general a la espera de concertar un programa de gobierno, mientras esta semana el partido reconocido Alianza Social Dominicana será rebautizado como Partido Revolucionario Mayoritario.

Hacia nuevo ciclo político. El documento de proclamación de La Convergencia comienza reivindicando los anhelos políticos y sociales de las últimas cinco décadas, tras la desaparición de la tiranía trujillista para iniciar “un nuevo ciclo político” que “no solo desplace la corporación PLD del poder en 2016, sino que produzca una transformación profunda del modelo económico, del sistema político y la sociedad dominicana, esfuerzo posible si logramos una vigorosa coalición de fuerzas políticas y sociales, usando adecuadamente las armas y las herramientas de la política del siglo XXI”.

La estrategia fundamental parte de “la superación de los abismos existentes entre las fuerzas políticas y el movimiento social”, con una coalición no solo de partidos sino de grupos diversos de la sociedad, desde el empresariado hasta las comunidades de base “con el interés de plantear soluciones a los problemas más sensibles de la ciudadanía”.

Reconocen el “deterioro que padece la clase política” por lo que se empeñarán en “construir una voluntad democrática que impregne confianza y entusiasmo en la población”, con propuestas presentadas “desde el pluralismo y la tolerancia, con prácticas y actitudes favorables a la creación de una relación necesaria entre el movimiento social y el movimiento político”, a través de la participación en las propuestas programáticas y en el Gobierno.

Proponen articular un espacio plural y abierto para congregar “una amplia gama de posiciones políticas, ideológicas y sociales” con capacidad no solo para ganar la presidencia de la nación, sino para alcanzar una significativa representación congresual y municipal “con propuestas que vayan más allá de un simple cambio de autoridades”.

Buscan incorporar otros. El manifiesto de La Convergencia fue presentado por los partidos reconocidos Frente Amplio y Partido Humanista Dominicano, por el PRD Mayoritario, el Foro Renovador del PRD, y los movimientos políticos sociales La Multitud, Red de Acción Política, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia y Dominicanos por el Orgullo Nacional.

La exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch y el politólogo Pedro Catrain, de los principales ideólogos de La Convergencia, explican que están entregando el manifiesto a una serie de entidades políticas y sociales, a la vez que los invitan a participar en la concertación del programa de gobierno.

Aspiran a lograr la incorporación de los partidos como Alianza País, Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Social Demócrata y Dominicanos por el Cambio, que lideran Guillermo Moreno, Max Puig, Hatuey de Camps y Eduardo Estrella.

En la concreción del programa esperan incluir cuestiones vitales para reducir la corrupción, la impunidad, el clientelismo y al reparto del Estado, y señalan asuntos como la incorporación de las entidades sociales en el Consejo Nacional de Ética, la supresión de organismos inoperantes y suplicantes de funciones, de cientos de vicecónsules, embajadores y cargos innecesarios, así como de las nominillas, dentro de una política de prioridades en la inversión y el gasto.

También proscribir barrilitos y cofrecitos de los legisladores, con el compromiso de dedicarse a sus funciones constitucionales, y gestión municipal absolutamente transparente y participativa. Los estrategas están convencidos de que el compromiso concreto con las principales demandas de la sociedad producirá una avalancha que sacudirá el sistema partidista, aunque reconocen que para alcanzar esos objetivos tendrán que aunar grandes energías, “espantando los fantasmas del grupismo autodestructivo que ha afectado tanto al PRD como a los partidos y grupos de izquierda, que una y otra vez han impedido la sumatoria de los sectores democráticos y progresistas”.

Esperan que esa avalancha no solo liquide lo que quedará del viejo PRD, sino que genere un terremoto en el PLD. Todo ello en base al rechazo que las encuestas marcan al actual sistema partidista.

El desafío de candidaturas. Cuando se discute a fondo con los promotores de La Convergencia, se llega siempre al desafío que representan las candidaturas, no solo la presidencial, sino también las legislativas y municipales.

Milagros Ortiz y Catrain dijeron el viernes por Teleantillas que esperan tener candidatura presidencial para octubre, o a más tardar para comenzar el 2015.

Conciben la elección con el padrón universal, llamando a toda la población a elegir sobre las propuestas que formulen los partidos y grupos coaligados.

De los actuales participantes solo el Frente Amplio ha señalado su candidato, Fidel Santana, y se espera que otros, incluyendo los que aún no se han comprometido, presenten candidaturas, lo mismo que el PRD Mayoritario, el cual tiene el desafío de decidir entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. El primero no ha dicho si la buscará, pero el segundo lleva más de un año en campaña. Hasta ahora los dos se mantienen unidos en la creación de la estructura que sustentará el PRD Mayoritario, conformada por la dirección media y de base del perredeísmo.

Todos reconocen que si los perredeístas transportan el grupismo y el clientelismo tradicional, La Convergencia quedaría corta.

Un proyecto de reglamento elaborado a principio de año concibe que el 80 por ciento de los cargos sean elegidos en votación abierta, y el restante 20 por ciento para asegurar la representación de las minorías políticas y de los grupos sociales.

Pero eso está aún por definirse, esperando la incorporación de otros partidos y núcleos sociales.

La suerte está echada. Para los dirigentes de lo que ya se conoce como “PRD Mayoritario”, la suerte está echada, porque tienen la convicción de que la elección de dirigentes del viejo partido culminará el próximo domingo en “otra imposición de Miguel Vargas con el apoyo del Tribunal Electoral y la Junta Central Electoral de Leonel Fernández”, a quien dan por candidato presidencial del PLD.

Han dado apoyo al intento de polarización con Vargas protagonizado por Guido Gómez Mazara, pero la actitud antidemocrática de aquel, la exclusión de casi dos tercios del viejo padrón del PRD y la parcialidad de la comisión organizadora, no dejan margen a la duda. Por eso proclamarán esta semana el PRD Mayoritario.

La decisión está basada en todas las encuestas que, como la Gallup HOY, han dejado entre 9 y 13 por ciento las simpatías de los perredeístas por Vargas Maldonado, entre dos tercios y tres cuartas partes inclinados a seguir los pasos de Mejía y Abinader.

Una investigación del Centro Económico del Cibao al primero de junio indicó que el 72 por ciento de los perredeístas apoyaría La Convergencia y el 21 por ciento no lo haría.

El 68 por ciento se integraría a ella y el 23 por ciento no lo haría. El 70 por ciento dijo que Abinader y Mejía tienen la real representación del PRD, y el 15 por ciento la atribuyó a Vargas Maldonado.

La agenda programática

Los propulsores de La Convergencia parten de una agenda de cuatro capítulos generales a ser enriquecidos por los actores sociales y políticos en un proceso de concertación democrática para “desmontar el antidemocrático modelo peledeísta, erigido sobre la base de la corrupción, la impunidad y el clientelismo”.

En el capítulo 1, “participación electoral con transparencia” plantean “una reformulación integral de las normas que rigen el proceso electoral”. Si bien apoyan la promulgación de una Ley de Partidos y del régimen electoral, lo consideran insuficiente para lograr la libertad de elección, por lo que incluyen la modificación de la actual composición del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral.

Los objetivos estructurales, en el capítulo 2, parten de la reestructuración del modelo económico “para que las grandes mayorías puedan beneficiarse de las riquezas del país, incentivando los sectores productivos, la generación de empleos de calidad con salarios dignos y derechos laborales garantizados, así como el aumento de la inversión social dirigida a combatir la pobreza y la desigualdad, garantizando una distribución equitativa de la inversión pública entre las diversas provincias del país”.

Esbozan acciones en los sistemas educativos, eléctrico y la seguridad social, en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana, y en políticas internacional y migratoria, incluyendo una Asamblea Nacional Constituyente “para desatar los nudos autoritarios existentes y reconfigurar los principales poderes públicos”.

El capítulo 3 se refiere a “objetivos Coyunturales”, como convertir la Loma Miranda en parque nacional, la impunidad, código laboral y servicios públicos, y el cuarto se refiere al medio ambiente, mujer y género, juventud, discapacidad y diversidad.

 

La “Convergencia” sería alternativa democrática

Por Juan Bolívar Díaz
PRD

La virtual división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha creado condiciones propicias para la emergencia de una nueva fuerza que ocupe el vacío de oposición y pudiera constituirse en una alternativa al continuismo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones presidenciales dentro de 26 meses.

La participación de los grupos mayoritarios del escindido PRD garantizaría un fuerte arranque de la ”Convergencia por un Mejor País”, cuyo estatuto general en discusión plantea elección abierta de candidatos, pero antes abrirían una concertación de programa de gobierno.

Una sumatoria política. La virtual división que afecta al PRD, donde no han podido establecer los más mínimos acuerdos para reencausar la democracia interna tras dos años de confrontaciones, y la prematura lucha en el PLD por la candidatura presidencial iniciada cuando faltaban tres años para las próximas elecciones generales, están impulsando la conformación de lo que se ha denominado “Convergencia por un Mejor País”, cuyo primer objetivo es buscar el poder en el 2016.

Se encuentra en su fase final el estudio de un proyecto de estatuto general tras lo cual abrirían un proceso para consensuar un programa mínimo de gobierno y luego proceder a una elección primaria para escoger candidatos mediante voto universal y secreto para todos los cargos a ser electos en mayo de 2016.

La propuesta partió del grupo Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia que profesionales e intelectuales insatisfechos con la gestión peledeísta conformaron entre el 2010 y 2011 buscando constituir un “frente amplio electoral” con participación de varios partidos de centro e izquierda con franquicia electoral y de núcleos populares. El esfuerzo no concretó.

Hasta ahora participan del proyecto los sectores perredeístas que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader y el Foro Renovador, los partidos con reconocimiento electoral Frente Amplio y Partido Humanista Dominicano, el Movimiento Rebelde de Juan Hubieres que lo procura, y los agrupamientos La Multitud, Red de Acción Política y Ciudadanos por la Democracia.

Tratarían de incorporar también a los reconocidos Alianza País, que lidera Guillermo Moreno; Partido Revolucionario Social Demócrata, que encabeza Hatuey Decamps, y Dominicanos por el Cambio, presidido por Eduardo Estrella.

Moreno condiciono su participación a la previa concertación de un programa que empiece por rechazar el prevaleciente reparto del Estado.

Un proyecto democrático. Los politólogos Pedro Catrain, César Pérez, Wilfredo Lozano y el economista Miguel Ceara Hatton, de los fundadores de Ciudadanos por la Democracia, vienen reclamando la constitución de una convergencia de todos los sectores preocupados por la institucionalidad democrática, en lo que han insistido después que el expresidente Leonel Fernández dijera que el PLD gobernará el país hasta el 2036, que luego amplió al 2044, es decir otros 30 años.

Pero han insistido en que la esencia del proyecto debe partir del rescate de los procedimientos democráticos, respeto a las minorías y renovación del liderazgo político promoviendo la incorporación de las organizaciones juveniles y la participación de las diversas expresiones de la sociedad civil y personalidades independientes.

El preámbulo del proyecto de estatuto indica que es imprescindible la construcción de un espacio político de vertebración unitaria.

“Desde el respeto a los liderazgos, la pluralidad, la tolerancia la personalidad política y jurídica particular, los principios y declaraciones contenidas en las normas de funcionamiento de cada uno de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes que componen este esfuerzo unitario proclamamos la plena vigencia de Cambio 2016, Convergencia por un Mejor País”.

El artículo 3 dice que “La Convergencia nace con el objetivo de cambiar la situación política, económica y social de la República Dominicana, que los partidos, movimientos políticos organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes describen en el Manifiesto Político que explica su planteamiento programático”. La elaboración del manifiesto sería fruto del consenso mediante una mesa de diálogo.

Aporte de los perredeístas. La participación de la llamada Corriente Mayoritaria del PRD, integrada por los grupos que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader y el Foro Renovador, garantizaría una fortaleza considerable de la Convergencia desde su nacimiento. El proyecto se inspira en experiencias internacionales, como la de La Concertación que venció a Pinochet en el plebiscito de 1988 e inició la restauración de la democracia con el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-94) y siguió con los de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michel Bachelet, hasta el 2010, cuando fue desplazada del poder por Sebastián Piñera, para retornar en este 2014 de nuevo con Bachelet.

Se estima que Mejía y Abinader arrastrarían la mayor parte de los perredeístas inconformes con lo que denuncian como “secuestro del partido por su presidente Miguel Vargas y el expresidente Leonel Fernández y sus cortes”. Se sienten avalados por la mayoría absoluta que les atribuyen la generalidad de las encuestas publicadas desde que estalló la crisis perredeísta tras las elecciones del 2012.

Abinader y Mejía sumaron el 43 por ciento de las preferencias en el universo de los encuestados en la Gallup-HOY de septiembre pasado, contra 21 por ciento de Vargas. Entre quienes se dijeron perredeístas las diferencias eran mucho mayores, 73 a 12 por ciento. En la Gallup-HOY de enero pasado el dueto acumuló 46 por ciento a 21%. Y entre los perredeístas 75 a 13 por ciento. En una encuesta de mediados de febrero del Centro Económico del Cibao dispuesta por Abinader y Mejía el resultado fue 57 por ciento para ellos en el universo contra 20% a Vargas, y entre los perredeístas 86 a 11 por ciento, ambos empatados sobre el 44 por ciento.

Importantes interrogantes. Muchas son las interrogantes que se formulan sobre el proyecto de Convergencia. La primera si los involucrados tendrán la capacidad de concertación, vocación y ejercicio democrático para construirla, lo que se ha frustrado en procesos electorales anteriores tratándose de partidos minoritarios.

En 1973, cuando Juan Bosch abandonó el PRD cinco meses antes de los comicios presidenciales de 1974, en tan corto tiempo bajo el liderazgo de José Francisco Peña Gómez se estableció el Acuerdo de Santiago, en un pacto de cuatro partidos que logró capitalizar el descontento y encabezar la oposición.

Al llegar mayo, Balaguer utilizó hasta las Fuerzas Armadas en las calles para hacer campaña e imponerse, obligando a la abstención del frente cinco días antes de la votación.

La situación ahora es diferente, pues el PRD no tiene un Peña Gómez que lo unifique y el frente electoral no llevaría el nombre y símbolos del partido. Habría que ver si la mayoría de los perredeístas se convencen de que pueden prescindir de él, siquiera coyunturalmente. La encuesta de febrero preguntó si considerarían correcto que Mejía y Abinader salieran del PRD hacia la Convergencia. Lo aprobó el 51 por ciento del universo y el 68 por ciento de los perredeístas.

Otra interrogante es si los dos perredeístas se pondrían de acuerdo para presentar una candidatura presidencial a la Convergencia, o si llevarían a la misma las tradicionales luchas internas de los perredeístas. Desde el año pasado Abinader se proclamó precandidato presidencial y las encuestas lo muestran en ascenso. Mejía ha dicho que trabajará por la Convergencia sin subordinarlo a ser candidato, aunque también sin descartarlo.

Desde luego, el dueto de la Convergencia tendría que convencer a muchos perredeístas que todavía se aferran al nombre y la historia del más viejo partido nacional.

Los asuntos esenciales

Los partidos y grupos participantes conservarían su plena independencia pero estarían obligados a cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la Convergencia que serían Consejo General, Dirección Ejecutiva Nacional, con una Mesa Colegiada, un Coordinador General y un Portavoz, diversas comisiones y una Comisión Permanente y tendría órganos locales, provinciales y municipales acordes con la organización electoral del país.

Se plantea que la elección de los candidatos sería mediante voto directo universal, individual y secreto a través de un proceso de primarias en el que participarían los candidatos que presenten todos los partidos y agrupamientos integrados.

Así escogerían los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y el 80 por ciento de los cargos al Congreso Nacional y los municipios.
El restante 20 por ciento sería destinado a proteger el derecho de las minorías participantes, previa reglamentación.

El proyecto establece que las personas postuladas deberán aceptar los objetivos y programas de la Convergencia y su compromiso con un código de ética, además del cumplimiento de los principios éticos establecidos por las leyes y los que adopte la Convergencia.

Antepone los intereses generales a cualquier interés personal, y solo percibirán los honorarios, salarios y dietas establecidos para cada función.

 

Dilema del gobierno, ¿FMI o Sociedad Civil?

Por Juan Bolívar Díaz
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Cunde la alarma en los sectores sociales frente a la posibilidad de que el Gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que haga imposible la concertación del Pacto Fiscal instituido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido el presidente Danilo Medina.

Aunque ambos proyectos no son incompatibles una coalición socio-sindical plantea que el Gobierno no puede comprometerse con el FMI ni elaborar el presupuesto del 2013 sin abrir una consulta y considerar los “principios orientadores del Pacto Fiscal” ya consensuados por el Consejo Económico Social (CES).

Pánico pues llegó el FMI.  Esta semana el Gobierno inició conversaciones con una misión del FMI en busca de un acuerdo para equilibrar las finanzas públicas, mientras se elevaban las proyecciones del déficit fiscal de este año, hasta 140 mil millones de pesos,  y trascendía que hay retrasos de tres y cuatro meses en la entrega de las partidas presupuestales de los hospitales públicos.

Al mismo tiempo se expandió el temor de que se haya impuesto en el Gobierno una línea que, pregonando el pragmatismo político, pretenda pactar un acuerdo con el FMI para elevar la presión fiscal, relegando el pacto fiscal dispuesto por la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido reiteradas veces el presidente Danilo Medina.

Aunque apenas se han iniciado las conversaciones llamadas a continuar la semana que hoy comienza, la circunstancia de que no se haya vuelto a hablar del encuentro del mandatario con el CES que fuera aplazado hace dos semanas en vísperas de su realización, ha disparado la incertidumbre en los ámbitos de la sociedad civil, incluyendo sectores del empresariado.

De ahí la conformación de una coalición de organizaciones sociales y sindicales que el jueves saltó al ruedo público con un comunicado donde califican de “lamentable error que se maniobre posponiendo la consulta y la puesta en común con la sociedad, mientras se dan pasos para comprometerse con el FMI”.

Contribuyó a disparar la alarma la declaración del presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reinaldo Pared Pérez, planteando la necesidad de elevar la presión fiscal en cuatro o cinco por ciento del producto bruto interno y de “apretar cinturones”, como condición para cumplir el compromiso de cumplir la ley que marca la prioridad en la inversión educativa.

¿De $88 a 120 mil millones?  Tal vez Reinaldo Pared no calculó bien cuando consideró “insólito” que la presión fiscal dominicana esté en 13 por ciento del producto bruto y planteó que “tengo entendido que para fines de mayores recursos estos deben incrementarse en cuatro o cinco por ciento”, pues eso significaría impuestos adicionales entre 88 y 120 mil millones de  pesos, lo que rebasa con mucho los 44 mil millones de pesos contemplados en un proyecto elaborado en julio pasado por el Ministerio de Hacienda.

Expresiones como esa generan incertidumbre mientras siguen saltando a la luz pública informes que disparan cada vez más los estimados del déficit fiscal de este año, que ya el economista perredeísta Iván Rodríguez elevó hasta 140 mil millones de pesos, con aterrizajes tan concretos como la deuda del sector eléctrico cuantificada por el nuevo ejecutivo de la CDEEE en mil ochocientos millones de dólares (72 mil millones de pesos) y de otros mil millones de pesos en deudas de los hospitales públicos.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el Gobierno para el diálogo con el CES, recogió el dilema de las autoridades ante el ajuste fiscal, si privilegia un drástico recorte del gasto o un paquete tributario con menos exenciones. En artículo en El Caribe el miércoles, consideró que en el primer caso abriría posibilidad de lograr acuerdos con la sociedad para cambios de largo plazo, pero con severa restricción económica, pero si impone una reforma tributaria sacrificará su capital político y la oportunidad de lograr transformaciones sustanciales. Reconoce que la sociedad organizada ve la coyuntura como “una oportunidad para disciplinar la maquinaria partidaria enquistada en el Estado”, mientras que el historial reciente le confiere razón al FMI para desconfiar de un ajuste sólo por el lado del gasto.

Por su parte el economista Miguel Ceara Hatton (Hoy del viernes) tras quejarse del despilfarro gubernamental que  ha generado “un hoyo fiscal superior al del Baninter” sostiene que “Esa estructura política convertida en una tremenda corporación de complicidades, impunidades y corrompida busca al FMI para que le diga al país que debemos pagar más impuestos”.

No son incompatibles. El acuerdo con el FMI y el pacto fiscal con la sociedad no son necesariamente incompatibles. Al privilegiar el inicio de negociaciones para el primero, el Gobierno estaría buscando reducir la resistencia de la segunda a nuevas cargas impositivas. Enarbolaría el viejo argumento de que la reducción de las exenciones fiscales y subsidios, el alza de la tarifa eléctrica y las mayores cargas contributivas, “son  un reclamo del FMI” e imprescindibles para destinar el 4 por ciento del PIB a la educación preuniversitaria.

Pero los sectores empresariales y sociales se aferran a que esta vez hay que compartir los sacrificios y no están dispuestos a permitir que siga la zafra clientelista que ha elevado el gasto año tras año, con déficits fiscales sobre 300 mil millones de pesos en los últimos cinco años, mientras la nómina pública crece  desproporcionadamente.

El Centro Regional de Estudios Estratégicos, una agencia empresarial creada el año pasado, documenta que el gasto público aumentó 151 por ciento entre el 2004 y 2011, consumiendo las repetidas reformas tributarias y apelando a un endeudamiento interno y externo que casi se triplica en 8 años.  Mientras el empleo privado de calidad se estancó, el Gobierno se convirtió en el mayor suplidor de empleos, en gran proporción improductivos, botellas.

El gasto general creció también en mucho mayor proporción que los ingresos. Sólo entre el 2007 y agosto del 2012, la nómina estatal, incluyendo los pensionados, creció de 456 mil 924 a 777 mil 631, según las estadísticas de la Contraloría General. Los empleados del Gobierno central pasaron de 275 mil 201 a 365 mil 760, con elevación de 90 mil 559, equivalente a 32.90 por ciento. Los pensionados pasaron de 82 mil 941 a 152 mil 862, es decir 69 mil 921 más, con incremento del 84 por ciento. Cuando se incluyen los empleados del sector descentralizado la nómina total del Estado creció en esos cinco años 70 por ciento al pasar de 456 mil 924 a 777 mil 631.

Sólo el año 2011 y en los primeros ocho meses del 2012 la nómina del Gobierno central creció en 57 mil 58 y los pensionados en 20 mil 313 para un total de 77 mil 371, equivalente al 18 por ciento. El escándalo está en el sector descentralizado, incluyendo  a los ayuntamientos, cuya nómina saltó, inexplicablemente, un 91 por ciento, de 142 mil 395 a 259 mil 009, con lo que la carga de personal de todo el Estado creció en 19 meses en 200 mil 487 puestos, un 35 por ciento.

Si el Estado pudo desbordarse de esa manera, también debería poder achicarse siquiera un poco, pero todo apunta a darlo  por hecho cumplido en aras del clientelismo y endosar su costo a una sociedad que por lo menos reclama compartir el costo y  superar el facilismo del simple incremento de la carga impositiva para que siga el derroche.

El sociólogo Cándido Mercedes, un experto en administración, sostiene que con un empleado estatal por cada 11 electores y por cada 13 habitantes, la República Dominicana se sitúa junto a Venezuela y Argentina en el liderazgo continental en carga burocrática. Con la desventaja de que tiene mucho menores recursos. Otra distinción negativa para esta nación.

Temores al engaño.

El temor a que el Gobierno imponga otro parche tributario, como los siete de la última década, determina una actitud militante en los sectores empresariales, sindicales y sociales. Los primeros más cautos, aunque ya los de zona franca han advertido que si eliminan las exenciones se iría el 80 por ciento de esas empresas y el presidente del CONEP ha vuelto a rechazar que se precise de nuevos impuestos. Los otros dos decidieron formalizar una coalición que se expresó en rueda de prensa el jueves, rechazando la negociación con el FMI antes del pacto fiscal.

Una amplísima alianza de 66 organizaciones que incluye a las centrales sindicales, y a instituciones académicas, comunitarias, religiosas, populares  y  sociales, como el Centro Bonó, el Consejo de Unidad Evangélica, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Participación Ciudadana, La Multitud y Toy Jarto, rechaza el acuerdo con el FMI al margen de la voluntad soberana de la nación considerando que amarraría el presupuesto del 2013 y condenaría al pueblo a mayor miseria.

Reclaman participación activa, directa y transparente en la discusión del presupuesto del 2013, advirtiendo que las fuerzas sociales y laborales “esperan no ser entretenidas ni burladas como en procesos anteriores” y piden que el Gobierno se exprese sobre los “Principios del Pacto Fiscal”  ya consensuados en el marco del CES junto al sector empresarial.

Esos principios (análisis en HOY del 2 de septiembre) proclaman una reforma fiscal integral que abarque la totalidad del gasto e ingresos del Estado, con mejor distribución y aumento de la inversión social, superando el despilfarro y la malversación, y garantizando la sostenibilidad, sin depender del endeudamiento, y la competitividad de los sectores productivos.

 

¡Por Dios Narciso, no exageres!

Por Juan Bolívar Díaz

Perdóname que utilice este espacio público, Narciso, para expresar mi sorpresa y hasta indignación porque un hombre ya viejo como tú, abuelo por demás, tenga que apelar a la exageración, y posiblemente hasta la mentira, para desacreditar una de las instituciones fundamentales de nuestra sociedad, la Policía Nacional.

Deberías saber que es muy difícil que te creamos la absurda versión de  que un oficial policial ordenó que te agredieran a patadas, y menos aún que sea cierto que te rompieron tres costillas, cuando cometiste la imprudencia de sumarte a un par de cientos de jóvenes que intentaban marchar, armados de flores, hacia el Palacio de la Policía Nacional.

Oye Narciso, ni en los peores tiempos de la represión balaguerista, cuando llegamos a contar un asesinato político cada 28 horas, como ocurrió en 1970, a ningún policía se le ocurrió entrarte a patadas ni romperte costillas. Y mira que tú diste carpeta. Me consta porque en algunos de esos años me tocó ser reportero y dar especial seguimiento a la represión política.

Creo que tu exageración es más deplorable porque quien gobierna el país y es el comandante supremo de la PN es el doctor Leonel Fernández, que te ha distinguido y cuando te alcanza a ver en algún lugar público, se acerca para saludarte. Él no permitiría que quedara en la impunidad una agresión de esa naturaleza en tu contra.

Además, de haber sido cierto, hace rato que los editoriales de los diarios y los comentaristas de radio y televisión –y ahora si somos muchos Narciso, no como en aquellos tiempos- habrían exigido a unanimidad una reparación de tal iniquidad.

Como tampoco puede ser cierto que le entraran a macanazos a esos muchachos, bastante revoltosos, por cierto, que arman grupos de facinerosos con nombres tan descriptivos como La Revuelta, La Multitud, Forjando Patria, o Toy Jarto ya. Creían que porque llevaban flores en las manos tenían derecho a llegar hasta el palacio policial con un lema como “Policía no me mates, yo me paro pero en lo claro”. Todo un escándalo porque nuestros agentes del orden mataron a dos o tres imprudentes que no atendieron a tiempo la señal de pare en calles medio oscuras de tu ciudad.

No Narciso, no es fácil entender que un abuelo como tú se mezcle con esos muchachos para desafiar a las autoridades y que se resistan en vez de colaborar con la magnífica labor profiláctica que realiza nuestra PN al mando del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

Si no lo sabías, en los tres años que este mes cumple nuestro Cirujano al mando de la PN han muerto más de mil doscientos antisociales en intercambios de disparos con los agentes del orden. En 2008 fueron oficialmente 457, tan sólo 1.3 por día. Y el año pasado parece que se produjo una reducción a sólo 1 cada día. En este año hemos perdido la cuenta, pero aunque son muchos, no se espera que supere el récord de hace dos años.

Fíjate Narciso que el reconocimiento a nuestro comandante policial es tan fuerte que el miércoles estuvo disertando nada menos que en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Apuesto a que allí nadie le preguntó de dónde sacan sus agentes licencia para en este “Estado de derecho” fusilar a cientos de muchachos casi todos menores de 30 años, pobres pobladores de la marginalidad urbana, muchos de ellos aficionados al robo y el asalto. Aunque como en todo en la vida con frecuencia se cometen errores, que son “subsanados” con la destitución de los responsables.

Tienen los agentes tanta puntería que aunque de paso se han llevado muchachas y ancianos y hasta un sacerdote, todavía no se han equivocado en Naco o Piantini con el hijo de un tutumpote, como decía tu amigo Juan Bosch.

No Narzo, déjate de cuentos y de amenazas de demandar a la PN, que tú sabes que eso no llega a ningún lado. Tú lo que tienes que hacer es dar gracias a Dios, a Leonel, y al general Guzmán porque al fin de cuentas sólo te rompieron tres costillas. Después de casi medio siglo dando carpeta a las fuerzas defensoras de la civilización.

Y es más si tu denuncia fuera cierta, hasta yo estaría demandando una reparación. Caramba es que yo también soy abuelo y el tiempo no me ha encallecido el alma!