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TC: Otra ratificación del relajo institucional

by Juan Bolívar Diaz Santana | 1 Comment

Por Juan Bolívar Díaz

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La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) anunciada esta semana que anula el Código Penal promulgado hace un año es una nueva certificación del relajo institucional que se ha impuesto en el país y que mantiene en capilla ardiente al sistema judicial, subordinado a los intereses coyunturales y las luchas grupales del poder político.

No han podido encontrar una brecha para salir del escándalo en que está sumida la justicia y el Ministerio Público, cuando se certifica que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo promulgaron el Código Penal sin la aprobación definitiva del Senado, violando flagrantemente la Constitución de la República, a pesar de oportunas advertencias.

Anulado el Código Penal. La mayoría de los medios y comentaristas se han quedado en la superficialidad ante el Comunicado del 2 de diciembre de que el TC acogió las acciones de inconstitucionalidad de tres entidades sociales contra la ley 550-14 de diciembre del 2014 que instituyó un nuevo Código Penal, discutido durante dos décadas y objeto de incontables sesiones y consensos dentro y fuera del Congreso Nacional.

La anulación del nuevo Código Penal y el restablecimiento del de 1884, no pudo ser por los cuatro artículos objetados, del 107 al 110, sobre casos de despenalización del aborto, que podían haber dejado sin efecto salvando los otros 391 de los 395 artículos de una de las piezas legislativas más complejas, que deroga 47 leyes, un decreto-ley, una orden ejecutiva y una resolución emitidas a lo largo de 130 años, entre el 1884 y el 2014.

El comunicado 61/15 del TC es muy parco en la información referente al Código Penal, dejando pendiente la publicación del texto de la sentencia, pero es obvio que se han acogido los argumentos de los recurrentes que también fundamentaban su pedido de nulidad por la forma en que fue aprobada la ley, sin la ratificación del Senado, tras unas observaciones presidenciales al proyecto original, solo conocidas por la Cámara de Diputados, y que instituciones, juristas y analistas, calificaron de absurdo inexplicable.

Al respecto búsquese el “Tema de Hoy” del 21 de diciembre del 2014, titulado “Una chapucería legislativa de los diputados y el PLD”, cuyo resumen advertía: “El procedimiento para aprobar las observaciones presidenciales que establecen excepciones en la penalización del aborto y su promulgación sin conocerlas el Senado, exponen la legislación a una declaratoria de inconstitucionalidad”.

Insólita maroma ejecutiva. El 28 de noviembre del 2014 el presidente Danilo Medina observó la ley del Código Penal que había aprobado el Congreso penalizando por completo el aborto, y la devolvió a la Cámara de Diputados, acogiendo un clamor nacional acorde con la legislación de casi todos los países del mundo, para despenalizarlo en tres casos: cuando peligre la vida de la madre, por malformación del feto incompatible con la vida, y si hay violación o incesto.

Cadena de violaciones a los procedimientos: El presidente de la Cámara, Abel Martínez no somete a votación el texto del Ejecutivo, sino una reformulación propia, la que solo acoge la primera causal y remite las otras dos a una “futura legislación especial”. Violenta el reglamento interno, pasando por encima de la Comisión de Justicia que debía conocerlo, ignora otras propuestas y no permite debate. La aprueban por mayoría simple, cuando la ley original había sido sancionada como Orgánica, con dos tercios de los votos.

Lo más absurdo es que Martínez remite el proyecto al Poder Ejecutivo, proclamando que no necesita pasar por el Senado, a pesar de que contenía reformas a lo que esta cámara había aprobado originalmente, en clara violación de los artículos 76 y 93 de la Constitución que establecen que el Poder Legislativo lo integran dos cámaras y que a ambas corresponde “Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes”.

Lo peor de todo es que pese a numerosas advertencias de legisladores, expertos constitucionalistas e instituciones, el Poder Ejecutivo se apresuró a promulgar la ley sin la aprobación senatorial, el 19 de diciembre. El viernes 4, HOY, (página 4-A) informa que el Consultor Jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo que la anulación del código “era una situación que se podía esperar”, informando que disintió de la decisión de los diputados, pero que el presidente lo dejó al Tribunal Constitucional.

La lucha interna en el PLD. El presidente Medina tenía una solución institucional fácil ante el conflicto, que era remitir el proyecto al Senado para que este decidiera si tenía que refrendarlo o no. Con el control total de esa cámara legislativa el trámite era un “flay al cátcher”, cuestión de par de días. El Tema de HOY citado indicó que Abel Martínez “no reveló el origen de su proyecto ni si lo había consensuado con su partido o con el Poder Ejecutivo, pero en fuentes políticas se sostiene que fue fruto de acuerdo para superar la división de los dos sectores que se disputan el predominio en el Partido de la Liberación Dominicana”.

Por lo que se supo, los seguidores del presidente del PLD, Leonel Fernández, entre los cuales resaltaba Martínez, maniobraron contra las observaciones de Danilo Medina para dejarlo como “auspiciador del aborto” ante los sectores eclesiásticos más retardatarios. Y transaron con estos para violar los procedimientos, garantizándoles de esa forma que su Tribunal Constitucional se encargaría liquidar la ley. Asesores políticos habrían recomendado al Presidente salirse del conflicto dejando correr la bola.

De esa forma, todo un Código Penal fruto de 20 años de discusiones y que actualizaría otro que data de 130 años, queda sin efecto, víctima de la lucha interna y las maniobras politiqueras en contubernio con poderes tradicionales que frenan la actualización de la sociedad dominicana. Por eso hay sectores que solo resaltan la anulación de los cuatro artículos que racionalizan y humanizan la penalización del aborto. Será bien difícil que la ley sea conocida antes de las elecciones, pues reeditaría la polémica sobre el aborto.

Temen salida política. La lucha de poderes en el PLD se advierte también en la crisis judicial, que envuelve a figuras como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y el exprocurador General Radhamés Jiménez, vinculados al doctor Leonel Fernández, a quienes casi se les ha responsabilizado de las operaciones de la banda denunciada por Francisco Domínguez Brito, también dirigente del partido oficial.

Las diligencias para ventilar el escándalo se centraban esta semana en la jueza Awilda Reyes, por las escandalosas sentencias relacionadas con el narcotraficante Arturo del Tiempo, con la quiebra del Banco Peravia, y la libertad del regidor Ericcson de los Santos, acusado de crímenes mediante sicariato. Los dos últimos vinculados al presidente del PRD, que pactó para apoyar la reelección del presidente Medina.

Se allanó la residencia de la jueza Reyes, pero el viernes se desmintió que se hubiese hecho lo mismo con la del renunciante juez Francisco Arias Valera, aunque este fue señalado como cabecilla de la banda judicial en su calidad de miembro del Consejo del Poder Judicial y ella denuncia como quien “le transmitía órdenes superiores”. No faltan quienes expresan temor de que todo quede en otra reducción del poder del expresidente Fernández, ahora en los partidarizados órganos judiciales, en beneficio del nuevo líder peledeísta Danilo Medina. Se confía que el bullicio navideño relegue la crisis al olvido.

Que justicia y paz se encuentren

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El Mensaje de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) emitido con motivo del 171 aniversario de la Independencia Nacional ha sido considerado uno de los más progresistas y abarcadores de la historia de esa institución, comparándosele con la histórica pastoral de enero de 1960 que denunció los excesos de la ya entonces moribunda dictadura de Trujillo.

Esta vez los obispos no están denunciando una dictadura, pero diagnostican con claridad y valentía muchos de los males que agobian a la sociedad en los ámbitos económicos, institucionales, políticos y sociales, formulando propuestas para que la justicia y la paz se hagan realidad. Las preocupaciones y el lenguaje parecen fruto de ese nuevo “aggiornamento” que para la Iglesia Católica está representando el Papa Francisco.

El mensaje, titulado “Que la Justicia y la Paz se encuentren”, se fundamenta en el concepto bíblico de la paz que “designa el bienestar de la existencia cotidiana, el estado del ser humano que vive en armonía con la naturaleza, consigo mismo, con Dios; concretamente, la paz es bendición, reposo, gloria, riqueza, salud, vida.” Citan el Salmo 18: “la justicia y la paz se besan”.

Tras la fundamentación en la doctrina social de los católicos, el documento plantea que en el país la justicia y la paz no se encuentran, coincidiendo con los estudios que diagnostican una enorme inequidad y sosteniendo que “persiste una violencia institucionalizada”, con niveles de pobreza de 40 por ciento, muy superior al 19 por ciento de la región, con 20 por ciento en la indigencia, que fueron las cifras del reciente informe 2015 de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.

La CED sostiene que “Es en este modelo excluyente de crecimiento económico material que se debe buscar la explicación fundamental del desasosiego y la violencia cotidiana en que vive la generalidad del pueblo dominicano”. Y lo primero que desasosiega “es no saber a quién acudir ni a qué atenerse”, por una débil institucionalidad que se percibe en casi todas las esferas, como salud, vivienda, descanso, trabajo, circulación pública, seguridad, contratos y “especialmente en los aspectos fiscales, es decir en la manera en que el gobierno recauda y gasta los recursos que son de todos”.

Denuncian la corrupción pública y privada, fuente de inequidad y desconfianza, el clientelismo y la política concebida como negocio, las carencias del sistema eléctrico, la baja inversión en salud, la menor en la región, que “no puede seguir secuestrada por intereses económicos privados que basan su actividad empresarial en el lucro desmedido”.

El mensaje es descarnado al referirse a “la preocupante situación de la independencia de los Poderes del Estado” que son percibidos “sujetos a unos cuantos líderes y a un solo partido”, con cuotas de poder institucional utilizadas “para agendas políticas e ideológicas, en detrimento del reconocimiento automático de los derechos fundamentales. Tampoco evaden denunciar un endeudamiento excesivo.

Los obispos siguen la línea del Papa Francisco que se preocupa por los inmigrantes, en tanto población vulnerable, y abordan con serenidad el problema de la inmigración, que requiere una solución “racional y justa”, quejándose de que las soluciones para los descendientes de inmigrantes nacidos en el país contempladas en la Ley 169-14 y en el Plan de Regularización para los extranjeros indocumentados, “son obstaculizadas por múltiples sectores involucrados”.

Merecen atención las propuestas de la CED para el dinamismo económico, la institucionalidad y justicia, cultura de derechos, política laboral apegada a principios de justicia universal, así como para la ley de partidos y la regulación de la actividad política y electoral, “con los principios fundamentales de la vida democrática”, y para reencauzar institucionalmente las relaciones internacionales, especialmente con Haití. con regulación del comercio, la migración y la colaboración mutua.

Que siquiera pidan perdón

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Esta sociedad está necesitando hace tiempo de una catarsis por los tantos crímenes que a lo largo de su historia han quedado impunes, lo que deja viva una cultura del exterminio de todo lo que represente o parezca representar un peligro para las fuerzas conservadoras que han dominado la República desde su fundación, con o sin legitimidad legal o constitucional.

Por esa razón merece consideración y apoyo la iniciativa de Minou y Manolo Tavárez Mirabal, y de ocho reconocidas fundaciones patrióticas que se han querellado ante el Procurador General de la República demandando investigar y sancionar el asesinato de que fueron objeto Manuel Aurelio Tavárez Justo y otros 12 dirigentes del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio hace cincuenta años, por rebelarse contra los impostores que derrocaron el gobierno Constitucional del profesor Juan Bosch.

Desde que ocurrió el infausto hecho, el 21 de diciembre de 1963, es de público conocimiento que el doctor Tavárez Justo y sus compañeros fueron asesinados después de haberse entregado a sus persecutores militares. El fusilamiento colectivo tuvo el agravante de que fue el trato dado a una avanzada de cuatro combatientes con banderas blancas enviados para avisar la disposición de concluir la rebelión, acogiéndose a un llamado público formulado por uno de los integrantes del Triunvirato que gobernaba.

De los delanteros tres murieron asesinados y un cuarto, Emilio Cordero Michel, logró sobrevivir y desde entonces ha clamado justicia, testimoniando el crimen de guerra de que fueron víctimas. La conmoción que produjo el fusilamiento sumario fue tan fuerte que provocó la renuncia del licenciado Emilio de los Santos a la presidencia del gobierno usurpador. Desde entonces sobran los testimonios publicados sobre este crimen de lesa humanidad, ejecutado con premeditación, engaño y extrema crueldad, en especial en el caso de Manolo Tavárez por tratarse del líder del movimiento político, ya que a los que se entregaron en otros focos guerrilleros les respetaron la vida, como ya entonces estaba prescrito en códigos internacionales y nacionales.

La instancia de los hijos de Manolo Tavárez Justo y la heroína nacional Minerva Mirabal, y de las ocho fundaciones que honran la memoria de luchadores libertarios, no está inspirada en el odio ni la retaliación, sino en la necesidad de que esta sociedad haga una catarsis de una práctica que en junio de 1959 constituyó un sádico festival de torturas y asesinatos contra más de un centenar de los expedicionarios que vinieron a combatir la tiranía de Trujillo, y sólo a cinco se les respetó la vida.

Genocidio también fue lo que ocurrió en noviembre de 1961 contra una decena de sobrevivientes del ajusticiamiento de Trujillo, seis meses después de haber sido prisioneros y tras horribles torturas. El asesinato en 1973 del héroe nacional Francisco Camaño Deñó, a manos de miembros de su misma generación de militares es otro capítulo de esa ignominia repetida.

La instancia persigue un “resarcimiento moral, una condena y reprimenda de la justicia que envíe un mensaje a la sociedad y que inicie un destierro definitivo de la impunidad”. Está fundada en los códigos internacionales que postulan que esos crímenes no prescriben. Debe ser respondida con responsabilidad por el Ministerio Público y tener el respaldo de los amantes de la justicia, como ha ocurrido en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, donde décadas después se ha condenado a responsables de crímenes de lesa humanidad.

La necesidad de la catarsis es más urgente por el argumento con que el vocero de un grupo de ex-generales que se solidarizaron con su compañero Ramiro Matos, señalado como presunto responsable de ese genocidio, de que ellos estaban defendiendo el gobierno. Un gobierno ilegítimo, pero si no lo hubiese sido, el crimen no es defensa. Que así se responda cinco décadas después, es indicativo de que persiste una cultura del exterminio en estamentos militares y policiales. Lo menos que se podía esperar es que sintieran vergüenza y pidieran perdón.

 

Mal debut del Tribunal Electoral

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Dos de los primeros dictámenes del Tribunal Superior Electoral (TSE) establecido al finalizar el año pasado por mandato de la Constitución del 2010 constituyen un penoso debut que dejan mal parada su credibilidad y ratifican los temores de que su matrícula será fiel al interés político partidario con que fue escogida.

Se trata de las decisiones sobre recursos incoados contra los pactos electorales suscritos por los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano con los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y  Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), erróneas o mal fundadas a vista de cualquier aficionado al derecho y la justicia que debe enarbolar un organismo llamado a garantizar derechos fundamentales de naturaleza universal como el de elegir y ser elegido.

En el caso del grupo de dirigentes reformistas que impugnaron el pacto con el partido gobernante, como señaló el movimiento Participación Ciudadana (PC), el TSE “optó por la vía fácil del formalismo y sin conocer el fondo declaró inadmisible la acción de amparo al entender que se trataba de un amparo de cumplimiento, recurso previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales que sólo puede ser ejercido contra un funcionario u organismo público”.

Sin embargo, continúa PC, “es errónea la calificación del caso como un amparo de cumplimiento porque los dirigentes reformistas no fundamentaron su acción de amparo en el artículo 104, sino que la reputan como una acción de amparo ordinaria, fundamentada en la protección de derechos fundamentales vulnerados por una omisión de un particular”. Según el artículo 65 de la citada ley: “La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en formal actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data”.

De esa forma el TSE se economizó el esfuerzo de examinar el fondo del reclamo de un grupo de ciudadanos, entre los cuales varios alegan que les vulneraron su legítimo derecho a ser postulados a la presidencia de la nación por su partido, lo que previamente había sido garantizado por un Congreso Nacional del PRSC.

En el caso del PNVC, el dictamen es más grave porque deja fuera de la competencia electoral a una organización política, sin la menor fundamentación legal, y porque fue adoptada por una mayoría simple de tres a dos, protagonizada por los jueces electorales a quienes se vincula con el partido gobernante, incluyendo uno que procede de su comité central, y en perjuicio del interés del principal partido opositor.

En este caso baste considerar el “voto disidente y razonado” del propio presidente del tribunal, el doctor Mariano Rodríguez, quien sostiene que esa mayoría simple “no tomó en consideración que el PNVC cumplió con los requisitos de mayoría en cuanto a la conformación de la lista de electores internos, de publicidad de su Convención, agenda determinada, e idónea convocatoria en cuanto al órgano con calidad para llamar a la Convención”. El magistrado Rodríguez afirma que el dictamen “deviene en una violación al derecho fundamental del sufragio, tanto activo como pasivo”, al anular un legítimo pacto de alianza sin que pueda ser restablecido, ya que venció el plazo correspondiente.

Este dictamen es mucho más grave porque ha puesto en evidencia la parcialidad de la mayoría del TSE en un asunto que al fin y al cabo no es en sí mismo decisorio, lo que siembra incertidumbres sobre lo que ocurriría si tienen que decidir una cuestión que determine el rumbo de la elección presidencial.

En propias palabras del presidente del TSE: “Con el rechazo del padrón de delegados remitido por la Junta Central Electoral y en consecuencia la anulación de la XXXV Convención, sin haber sido aportados los documentos que sustentan dichas pretensiones, se está sentando un precedente negativo que deviene en  detrimento de la institucionalidad, no sólo del Partido Nacional de Veteranos y Civiles, sino también de todas las organizaciones que conforman el sistema político dominicano”.