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Conviene a la gobernabilidad una suave elección de la JCE

by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
18_09_2016 HOY_DOMINGO_180916_ El País13 A

El presidente Danilo Medina tiene el desafío de ejercer su liderazgo político para contener a los legisladores y dirigentes de su partido que pretenden elegir los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) sin dar oportunidad a que fluya el diálogo político iniciado con la mediación de monseñor Agripino Núñez, que él mismo solicitó.

No hay dudas que el partido de gobierno tiene sobradas fuerzas para volver a imponer los integrantes de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, pero si sigue apretando la rosca, podría fortalecer las resistencias políticas y sociales y generar ingobernabilidad, cuando tiene urgencias de resolver precariedades fiscales.
Preocupante precipitación

La Comisión del Senado para evaluar candidatos a integrar la JCE pareció lanzada a la precipitación, comenzando a entrevistar a unos 30 interesados que habían completado expedientes, aún antes de cerrar el plazo de inscripción fijado para este lunes 19 a las 6:00 de la tarde, tratando de ignorar el intento de concertación que coordina Núñez Collado. El senador Dionis Sánchez, quien preside la comisión, es de la línea dura que se anticipó a descartar la participación de la sociedad civil en el proceso, y que desprecia y subestima los partidos opositores, que han venido coordinando posiciones y actuaciones desde que concluyó el proceso electoral en mayo.

La línea dura del oficialismo, representada ampliamente en el Senado, se radicalizó tras informarse que el gobierno de Estados Unidos había suprimido los visados del presidente de la JCE, Roberto Rosario, y como sus múltiples voceros en los medios de comunicación, proponía ratificar los actuales integrantes del organismo, aunque uno, Eddy Olivares, lo ha rechazado, sumándose a quienes propugnan por una total renovación. Negaron la pausa para dar tiempo al diálogo, propuesta de los dos senadores del PRM.

La embajada norteamericana reiteró la política de no informar razones de supresión de visas, aunque es un secreto a voces que Rosario es responsabilizado internacionalmente de violación de los derechos humanos de miles de personas que han quedado apátridas desde que la JCE comenzó a negar actas de nacimiento a dominico haitianos registrados, seis años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que pretendió legitimarla.
Piden renovación total

En la reunión del martes 13, del diálogo que coordina Agripino Núñez, 11 partidos de oposición presentaron un documento reclamando “una renovación total de los organismos de arbitraje electoral” y que los mismos “sean integrados por personas sin filiación política partidaria a fin de garantizar su imparcialidad”. Se basan en el reciente informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las recientes elecciones, que depositaron en la mesa de diálogo, proclamando que evidenció “el colapso del sistema electoral dominicano”, citando sus principales conclusiones y recomendaciones.

Plantearon que la sociedad civil no solo sea escuchada, sino que “tenga un acompañamiento permanente” en el diálogo de todas las fuerzas políticas, que “debe tener un carácter plural y democrático, manteniéndose abierto frente a todos los sectores más representativos de la sociedad”, esperanzados en que “pueda parir reformas estructurales y el nombramiento de órganos electorales y apartidistas que garanticen la celebración de elecciones libres y limpias como eje esencial del sistema democrático”.

El documento es suscrito por representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Alianza País, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Socialista Cristiano.

Suave aterrizaje en la JCE

La renovación de la JCE se ha constituido en elemento clave del proceso político nacional, prioritario a las leyes pendientes y para abrir pasos a concertaciones, como la del pacto eléctrico en discusión hace año y medio, y sobre todo para el pacto fiscal que pudiera alentar el incremento de la presión fiscal. Así se aprecia en los más diversos ámbitos sociales y hasta entre los diplomáticos.

Esa preocupación fue recogida en el editorial de este domingo del periódico Camino, del arzobispado de Santiago, adelantado a los medios informativos, que aboga por la elección de una JCE independiente de los partidos como forma de superar la fragilidad institucional que “ha sido base para sustentar arbitrariedades, prepotencia, favoritismo y el secuestro de la libertad de nuestros pueblos. También abona el terreno para que brote la perpetuidad de un sector político determinado”.

Personas que se dicen bien informadas aseguran que el presidente Danilo Medina está entre los partidarios de un “aterrizaje suave” en la JCE, que descarta por lo menos la ratificación de Roberto Rosario como presidente, entendiendo que es una piedra de contradicción en el sistema político y con la sociedad civil, y hasta en los ámbitos internacionales, sin pretender ignorar a los Estados Unidos, entre los poderes fácticos. Se llamó la atención a que el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se ha distanciado últimamente de las posiciones radicales.

Salvar la gobernabilidad

Los apremios fiscales por los que atraviesa el Gobierno, con un déficit que superará los 75 mil millones de pesos programado para este año, debiendo más de dos mil millones de pesos solo a constructores de escuelas, con múltiples reclamos de salarios y la necesidad de afrontar siquiera parcialmente la deuda social en salud, transporte, seguridad social, agua potable y electricidad, obligan a algún grado de concertación. En días recientes la DGII cerró algunos comercios en San Francisco de Macorís, en su empeño por reducir evasiones, y la respuesta inmediata fue la paralización de las actividades de la ciudad. Nadie parece dispuesto a tributar más sin que reduzcan el dispendio y el clientelismo.

Los economistas concuerdan en que el nivel de endeudamiento de los últimos años, que ha llevado la deuda consolidada del Estado sobre los 34 mil millones de dólares, ya es insostenible. Proseguir ese camino constituiría un peligroso legado al final del último gobierno de Danilo Medina. El mismo dijo el 16 de agosto que la mayoría de los organismos estatales tienen sus presupuestos congelados desde el 2012.

Desde cualquier punto de vista la nación está abocada a algún nivel de concertación que permita mejorar la gobernabilidad y fortalecer las instituciones, como base del desarrollo, que es lo que reclama la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. La imposición política sería una inversión en dirección opuesta y promovería un fortalecimiento de la oposición sobre las olas de las insatisfacciones sociales a la vista de todo el que ve más allá de la “curvita de la Paraguay”.

¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?

by Juan Bolívar Diaz Santana | 4 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
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La interrogante la formulaba el inolvidable periodista radiofónico Tomás Pujols Sanabia siempre al final de los incisivos comentarios con los que impugnaba el rumbo que llevaba el país en 1964 y los primeros meses del 65, y se recuerda en estos tiempos de una corrupción y descomposición tan descomunal, que nadie podía imaginar aún en los días del “Triunvirato de dos” que sólo era uno.

Aunque los escándalos se suceden con tanta velocidad que han ido mellando el alma nacional y la capacidad de asombro, muchos se sintieron alarmados esta semana con la revelación de que ya no sólo tenemos bandas de policías y militares, de políticos y funcionarios civiles, para la estafa, la extorsión, el sicariato y el narcotráfico, sino que también ya se integran con jueces, incluyendo un miembro del Consejo del Poder Judicial.

Los cargos están inscritos en una instancia de la Procuraduría General dirigida a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con poder de detonación capaz de reducir el impacto del vencimiento del plazo que tenía el procurador Francisco Domínguez Brito para apelar el “no ha lugar” que beneficia al senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido gobernante, acusado de corrupción en el manejo de nada menos que 26 mil millones de pesos.

Tratando de justificar una decisión a todas luces garantista de impunidad pactada en los altos niveles partidarios y del Gobierno, Domínguez Brito ha llegado hasta el cinismo, al plantear la inconcebible afirmación de que “no recurrir la sentencia es una forma de luchar”. Su obligación era llevar hasta las últimas consecuencias un expediente que él ratificó como “uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos años”.

Son cínicos también los argumentos de Domínguez Brito de que no apelaba a la última instancia porque no le merece confianza, llegando a decir que “la mayoría de los jueces (de la SCJ) se pronunciaron y asumieron una posición a favor de los imputados”, algo absolutamente falso. Lo hicieron apenas 3 de los 17, mientras dos votaban por el enjuiciamiento de Bautista y compartes. Pero estos cinco, de la Cámara Penal, quedarían inhibidos ante la recurrencia y quedaban doce para decidir, incluyendo a su presidente. Si es alarmante la acusación al pleno de la SCJ, es peor que sus integrantes, incluyendo a su presidente, no la hayan rechazado de inmediato.

La posición del Procurador es burlesca cuando justo al liberar a Bautista de los graves cargos de corrupción bajo argumentos tan fatuos, apela al mismo presidente de la SCJ y los integrantes del Poder Judicial para que tomen cartas contra seis jueces a los que acusa de reunirse en lugares de diversión y casas de individuos “de dudosa reputación”, de dictámenes a favor de narcotraficantes con operaciones de decenas de millones de dólares, de invertir en la promoción de jueces, dejar en libertad un regidor procesado por sicariato, ordenar devolver 20 millones de dólares al narcotraficante procesado Arturo del Tiempo.

Tanto más burlesca porque uno de los seis jueces denunciados, aún no imputados por la Procuraduría, es nada menos que integrante del Consejo del Poder Judicial, por lo que tendría que ser juzgado, sino en primera, en última instancia, por la misma Suprema Corte, en la que dice no confiar.

Tal vez el Procurador esté convencido de que su denuncia calmará al persistente embajador de Estados Unidos que lo visita e insiste en denunciar la corrupción, pero consciente de que no pasará de la renuncia de un juez y la destitución de algún otro pasado de la raya, sin siquiera molestarse en someterlos a juicio, como han hecho recientemente con casi una treintena de oficiales militares y policiales, investigados por amparar operaciones de tráfico de cientos de kilos de cocaína por Barahona, Punta Cana y Samaná. Se les pone en retiro con sueldo y guarda-espaldas y que viva la impunidad total.
¡Ofrézcome Pujols Sanabia!, medio siglo después todavía se escucha tu grito: ¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?.

Retos para Leonel en este último año

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El Presidente Leonel Fernández ha iniciado el último año de su tercer período gubernamental con importantes retos económicos, institucionales y políticos, entre los que resaltan garantizar un proceso electoral democrático y mantener la estabilidad macroeconómica en medio de graves turbulencias nacionales e internacionales.

Sea que pueda o no retornar al poder, como partidarios y antagonistas le atribuyen, cuando concluya su actual gestión Fernández será el único mandatario dominicano y latinoamericano que habrá agotado tres períodos de gobierno mediante elecciones libres y formalidades democráticas.

Un año fundamental

Este octavo año de gobierno consecutivo y duodécimo en dos etapas, que inició Leonel Fernández el 16 de agosto será fundamental para el balance de su gestión, que todavía podría mejorar en aspectos donde se concentran las insatisfacciones y críticas o proseguir en la pendiente enjabonada que lo ha llevado a perder parte del amplio apoyo popular que le acompañó en los primeros tramos.

Estos próximos meses serán los más difíciles no sólo por el desgaste de su gobierno y liderazgo, sino también por el escenario de incertidumbres económicas internacionales de indudables repercusiones en el país, y por la acumulación de déficits fiscales y de balanza de pago, así como por el agotamiento y el peso del endeudamiento en que se ha fundamentado la estabilidad macroeconómica de los últimos 8 años.

El panorama es visto con pesimismo en los más diversos sectores sociales, donde se teme que el presidente vuelva a desbordar el gasto público en la próxima campaña electoral, como lo hizo en las del 2008 y 2010, ya sea por esforzarse en apoyar la candidatura de su partido, o concluir obras y repartos para abonar el camino de retorno al poder para el 2016, como esperan sus más fervorosos partidarios y le atribuyen sus opositores.

Para mantener la estabilidad macroeconómica, que es la mayor prenda de su doble período de gobierno, sin dejar una bomba de tiempo a su sucesor en medio de la crisis económica, Fernández tiene que atenerse a los límites establecidos en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, independientemente del interés político.

 Por otro lado el mandatario está desafiado a apoyar institucionalmente la candidatura de su partido, más allá de su interés en perpetuarse en su liderazgo, pero también a garantizar un proceso electoral libre, equitativo y democrático, sin el abuso de los recursos del Estado de que se le acusó en las tres últimas elecciones generales.

Luces y sombras

Hay unanimidad en que el mayor éxito de la gestión de Fernández ha sido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, aunque no se ha traducido en empleo de calidad ni en reducción de la pobreza, sino más bien en mantenimiento de la misma con programas asistencialistas que no inciden en desarrollo humano. Ese crecimiento es de poca sostenibilidad al fundarse en un enorme endeudamiento ya cercano al 40 por ciento del producto bruto. El presupuesto del 2010 se sustentó en financiamiento externo e interno por 121 mil 700 millones de pesos, y en el 2011 por 97 mil 200 millones de pesos.

Los ingresos nacionales sólo alcanzan para el gasto corriente. Y el déficit de la  cuenta corriente de la balanza de pagos fue el año pasado de más de 4 mil 400 millones de dólares, que este año se acercaría a los 5 mil millones, con políticas económicas que promueven más la importación que la producción y las exportaciones nacionales.

Esta gestión gubernamental podrá reivindicar una significativa cantidad de obras materiales, especialmente viales, como dos líneas de metro, elevados, puentes, extensiones universitarias y hospitales, aunque con excesiva concentración de la inversión pública en la capital y su entorno. También la promoción de importantes reformas jurídicas, constitucionales e institucionales, pero con muy limitado cumplimiento de las mismas, cuando no abierta violación.

Las mayores sombras se registran en la escasa inversión en educación, salud y real combate a la pobreza, corrupción sin límites, malversación y boato, inseguridad derivada de todo género de delincuencia, especialmente del narcotráfico, fracaso en superar la crisis energética, fomento del clientelismo y el rentismo como fundamento de la política y desprecio por los reclamos de la comunidad y la opinión pública. Se imputa al doctor Fernández haber cambiado el ideario de Juan Bosch por el de Joaquín Balaguer, como forma de prolongarse enel poder.

Quedan oportunidades

Es cada vez más generalizada la convicción de que la magia del discurso del doctor Fernández ha perdido poder de convicción, desgastada por las promesas incumplidas y el cúmulo de insatisfacciones económicas y sociales, las cuales tuvieron expresión en el paro general del mes pasado.

La imagen presidencial quedó deformada por los intentos de casi un año por abrir una brecha para colar otra repostulación presidencial en contradicción con la flamante Constitución del 2010, así como por los viajes mensuales del presidente por todas partes del mundo  exterior con amplias comitivas y excesiva vanidad, hasta el grado de la sobreestimación.Por más esfuerzos que se hagan

las insatisfacciones derivadas de los problemas estructurales ya no tienen remedio en un año, pero el presidente tendría oportunidad de recuperarse al menos parcialmente reconociendo la necesidad de mayor inversión en educación para el presupuesto del 2012, dando muestras efectivas de combate a la corrupción, con austeridad en el gasto público y esfuerzos visibles por la transparencia y el cumplimiento de las normas de compras y contrataciones.

Las mayores oportunidades estarían en el ámbito de lo institucional y democrático, creando un clima de civilizada competencia electoral, con absoluta prohibición de abusar de los recursos del Estado en la campaña electoral, y procediendo a una elección satisfactoria de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.

Una gran contribución del presidente Fernández sería concluir la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo que lleva tres años de procesamiento y auspiciar la aprobación de la ley de partidos políticos y las reformas pendientes a la ley electoral, para todo lo cual es imprescindible un clima de entendimiento y concertación por lo menos con todo el sistema político partidista.

Un año puede alcanzar para contener el deterioro y el desgaste de 11 años de gobierno, y hasta para lograr alguna revocación, pero con políticas innovadoras que respondan a las demandas insatisfechas, no con demagogia como la del reciente mitin político de Gualey.

El gran éxito de Leonel

Al margen de que pueda o no retornar al poder en el futuro, el presidente Leonel Fernández puede terminar sus 12 años de gobierno con un gran éxito personal, ya que será el único en la historia dominicana y latinoamericana que haya logrado tres períodos de gobierno bajo formalidades democráticas, tanto en su elección como en la gestión.

En agosto del 2012, antes de cumplir 59 años de edad, Fernández Reyna se habrá inscrito en la historia nacional como el de más prolongado ejercicio democrático. Estará entre los siete gobernantes que han presidido la nación en dos terceras partes de sus 168 años y compartirá con Joaquín Balaguer el dominio, también de dos terceras partes, de los 50 años del período post Trujillo.

Las dos peores dictaduras de la historia nacional, las de Rafael Trujillo y Ulises Hereaux (Lilís) se extendieron por 31 y 14 años, para un total de 45. La cuasi dictadura de Joaquín Balaguer, agotó 22 años con 6 elecciones casi todas no democráticas y períodos de eclipse de las libertades fundamentales, lo mismo que los 13 años de Buenaventura Báez en cuatro períodos, los 12 de Pedro Santana y 8 de Horacio Vásquez, también en 3 etapas. Con los 12 de Fernández, serán 112 años de gobierno republicano, justo el 68 por ciento.

Como a ningún otro al líder del PLD le ha tocado gobernar con pluralidad de partidos, con amplia libertad de información y opinión a través de una inmensa red de  medios de comunicación, e incluso durante 6 años sin tener el control del Congreso Nacional, y con el Poder Judicial en la etapa más independiente de la historia nacional.

La repetición de gobernantes con pluralidad de períodos es de los factores por los que muchos no se atreven a afirmar que éste será el último del doctor Fernández, de cuya formación y herencia política se esperaba un mayor afianzamiento del proceso democrático, y más impulso al desarrollo humano, pero ha reproducido las políticas de siembra de cemento, de cultivo del clientelismo y de la corrupción en que se fundaron  los prolongados regímenes de Trujillo y Balaguer.

De política y políticos en la justicia

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Nunca he pretendido estigmatizar la política ni a los políticos. De la primera convengo con el patricio Juan Pablo Duarte en que es la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias humanas. En cuanto a los políticos tengo mis preferencias que se podrían sintetizar en el más noble y visionario de los contemporáneos: Nelson Mandela.

 Con los políticos dominicanos me he llevado bastante bien, sin perder nunca la criticidad, dentro de una pluralidad y respeto a toda prueba. Pero hasta en mi profesión del periodismo y la comunicación siempre he disentido de quienes creen que no requiere ninguna norma, pues está objetivamente demostrado que toda actividad humana que no se regula tiende al desbordamiento, y se revierte contra el bien común. Y si una ha sido histórica y sistemáticamente pervertida es la de los políticos, sobre todo en naciones de gran debilidad institucional.

El tema se actualiza ahora que el Consejo Nacional de la Magistratura busca renovar la Suprema Corte de Justicia y elegir los jueces de los nuevos órganos judiciales instituidos por la Constitución del 2010: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Son los máximos órganos del Poder Judicial, que por su naturaleza deben ser independientes de los otros poderes, el Legislativo y sobre todo el Ejecutivo. Si estos dos son en la democracia de naturaleza esencialmente política, el Judicial está concebido como independiente de todos los poderes.

 El artículo 151 de la Carta Magna no deja dudas: “Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles”… Su numeral 1 establece que “El servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente. Sus integrantes no podrán optar por ningún cargo público, ni participar en actividad político partidista”.

 Del cumplimiento de esos mandatos constitucionales es que se trata cuando se reclama que no lleven a las altas instancias judiciales a miembros de los órganos directivos de los partidos. El presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, lo ha expresado diplomáticamente al decir que no teme a los políticos sino a la política en la justicia. Es decir que no se puede temer ni discriminar a alguien porque sea político, sino porque puede transportar la política a los tribunales. Sobre todo en un país donde la política lo invade todo. Tratando de acondicionarnos a la manipulación de la justicia, se ha impugnado al mismo magistrado Subero porque su elección, como la de otros, fue fruto de un acuerdo político en 1997.

El Consejo de la Magistratura era y es una instancia integrada mayoritariamente por políticos. No puede condenárseles porque concierten en función del interés nacional, pero sí que impongan sus mayorías mecánicas.

En 1997, como ahora, había actores políticos que querían imponer sus intereses grupales, pero el activismo positivo, la presión de una sociedad civil entonces en auge, obligó a la moderación, para lo cual fue fundamental la transparencia total en las evaluaciones y elección. Como corresponde a decisiones de tanta trascendencia, a puertas abiertas, como las del Congreso Nacional y los tribunales. En 1997 no hubo pureza, pero no pudieron predominar Amable Aristy ni Peguero Méndez, aunque podían sumarse otros dos votos para tener la mayoría. Lo que reforzó la minoría que representaban el presidente Fernández y Milagros Ortiz fue la transparencia. La televisión impidió una mayor exhibición de miserias ante la sociedad dominicana.

Subero Isa ni los demás jueces integrantes de Suprema Corte han actuado en favor de los intereses políticos que representaban Aristy y Peguero, quienes también lograron su cuota en el organismo. Pero tres cuartas partes fueron electos por sus méritos e independencia política, y toda la sociedad lo celebró como un éxito.

Ahora lo que deberíamos aspirar es a superar la elección de hace 14 años, no al retroceso, como algunos pretenden.

Mucho más ahora que también se eligen los jueces de otras dos instancias superiores y de trascendencia institucional.

¿Violará el Senado la Constitución?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Por más vuelta que se le dé no se encuentra explicación a la precipitación con que el Senado se dispone a elegir los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) en lo que parece una flagrante violación de  una de las disposiciones transitorias de la flamante Constitución de la República proclamada el pasado 26 de enero.

En su sesión del 25 de agosto esa cámara instituyó una comisión especial con el encargo de iniciar el proceso para elegir los nuevos integrantes de la JCE con un plazo de 60 días a partir del 16 de agosto, atendiendo una reciente modificación del reglamento que rige los trabajos de esa cámara legislativa.

Si bien es admirable el celo con que se quiere cumplir el reglamento senatorial, resulta más que extraño, incomprensible y hasta sorprendente, que no ocurra lo mismo con la Constitución de la República.

Se creyó que se trataba de un simple olvido de la séptima disposición transitoria contenida en el Capítulo II de la Carta Magna, el cual señala que “Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”.

Si se quiere mayor  precisión ahí está la octava disposición transitoria, la cual especifica que “Las disposiciones relativas a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia a partir de la nueva integración que se produzca en el período que se inicia el 16 de agosto de 2010. Excepcionalmente los integrantes de estos órganos ejercerán su mandato hasta el 16 de agosto del 2016”.

El movimiento Participación Ciudadana advirtió esta semana del aparentemente olvidado mandato constitucional, sosteniendo que no se pueden elegir los titulares de la JCE antes de que se apruebe la nueva ley que la regirá, en virtud de la reciente reforma constitucional. Y pedía que se aprovechara para consensuar una reforma político-electoral, que incluyera la Ley de Partidos Políticos que ha sido objeto de múltiples acuerdos políticos-sociales en los últimos 12 años.

Ni siquiera la oposición política que ha mostrado interés por la Ley de Partidos ha reaccionado a la petición del grupo cívico. Y no han faltado quienes se atreven a poner el reglamento del Senado por encima del mandato constitucional. Otros entienden que sólo es nuevo el Tribunal Superior Electoral.

Sin embargo, las disposiciones transitorias citadas hablan de “los nuevos órganos creados” y de “los integrantes de estos órganos”. La vieja estructura de la JCE que integraban dos cámaras, una Administrativa y otra Contenciosa, cuyos integrantes constituían un Pleno de Jueces ha quedado separada en dos instituciones autónomas. El hecho de que una de ellas herede el nombre, no le quita su nueva estructuración.

La separación crea dos instituciones diferentes, cada una de las  cuales tendrá que ser dotada de su propia ley orgánica. La actual Ley Electoral no le sirve a ninguna de las dos. Para el Tribunal ya se conocen dos proyectos de leyes, uno enviado por el Poder Ejecutivo y el otro presentado por el presidente del Senado. Pero para la nueva JCE todavía no se ha conocido el imprescindible proyecto de ley.

Con toda razón Participación Ciudadana indica que “para las labores administrativas de la JCE no se puede mantener la condición de ser abogado” justificada cuando incluía funciones de tribunal.  Ahora sería aconsejable una integración pluridisciplinaria, incluso con predominio de administradores, cientistas sociales e informáticos.

Son demasiado y pesadas razones para que se aprueben las leyes orgánicas de los dos nuevos organismos antes de elegir sus integrantes. En cambio no se advierte ni una sola razón para la precipitación en la elección.

Por demás sería un terrible precedente que el Senado comience a ignorar la Constitución que se proclamó con bombos y platillos hace apenas siete meses.