Macondo está entre nosotros

Por Juan Bolívar Díaz

De verdad hay que reconocer cuan ilusos fuimos todos los que creímos que con la desaparición de Joaquín Balaguer, -el más acabado producto del primo-conchismo político de comienzos del siglo pasado- el país daría un salto a la modernidad con todo lo que conlleva de cambios de paradigmas, de institucionalidad y de abolición de la corrupción política y social.

 Desafortunadamente nuestros políticos se han dedicado a apostar a cuál reproduce con mayor efectividad los viejos métodos del clientelismo, el reparto de lo público y el cinismo, mientras hablamos de transparencia e institucionalidad. Los gestos, los silencios, sordera y mudez y hasta las inflexiones sonoras del más prolongado caudillo de nuestra azarosa historia se eternizan como emblema de sagacidad, ponderación y capacidad política que vergonzantemente se admira.

 Desde nueve meses antes de una elección andamos en caravanas de automóviles lujosos consumiendo un combustible cada vez más caro  que nos regalan o robamos, mientras en los principales partidos se desarrolla una doble campaña, de los candidatos del 2012 y de los que quieren serlo cuatro años después y  para colmo de ridiculez dicen que juegan un papel institucional.

 Este es el país que tiene una docena de embajadores ante las Naciones Unidas, 36 vicecónsules en Nueva York y 22 en Miami, más de 300 viceministros o subsecretarios y más de 250 generales, pero paga 8 mil pesos a los maestros y cinco mil a los policías para que hagan lo que puedan por contener el atraso y la delincuencia.

Pagamos un millón de pesos a Jacques Attalí para que nos diga lo que todos ya sabemos, para luego ignorar todas sus conclusiones, incluyendo la necesidad de invertir al menos 5 por ciento del producto bruto en educación, y luego firmamos compromisos internacionales de invertir un 5.5, pero declaramos enemigos a los necios que insisten en reclamar por lo menos el 4. El gobierno tiene miles de comunicadores en sus nóminas y doblega cada vez más la independencia de los medios, pero auspicia campaña para denunciar a un puñado de peligrosos agentes de la subversión o de los enemigos de la nación.

Tenemos que poner en retiro a unos jueces que han pasado de los 75 años limites, pero andamos a todo costo buscando una brecha para burlar la flamante Constitución o colarlos en una de las nuevas altas cortes, porque no pueden vivir fuera del entramado público. Mientras un subjefe de cómputos se autoproclama jefe  forzando la dimisión de su superior y los representantes de la institucionalidad lo premian. En tanto se arrea a los legisladores como ganado para que aprueben al vapor una ley que entrará en vigencia más de dos meses después. Pero dos meses no han sido suficientes para persuadir a un cónsul en Boston a que entregue el cargo del cual fue relevado por su presidente.

Nos  asombramos de que se roben y despeguen un avión en un aeropuerto internacional  en horas en que nada se mueve allí pero estamos resignados a que militares y policías dirijan el narcotráfico y todo género de actividad delincuencial mientras matamos a miles de muchachos pobres que salen a “buscarse lo suyo”.

Nos robamos las barandillas de los puentes, desmantelamos las torres eléctricas y el alambrado público, las espadas y los bustos de nuestros héroes, o las reliquias de los museos, para incrementar nuestras exportaciones de minerales, y  robamos doce veces una misma iglesia y asaltamos hasta al cura que nos confiesa.

Dios mío! Quién hubiese creído que Gabriel García Márquez era un “chivito excedido de frutas tropicales. Su Macondo con todo y su siglo de soledad se han quedado chiquititos. ¡Mete tu mano Señor!

 

 

 

Volumen para adornar bibliotecas

Por Juan Bolívar Díaz

http://hoy.com.do/image/article/605/460x390/0/8514E0F1-8393-49A9-996F-8098BBFCFE6A.jpeg

Ver al gobierno celebrando un acto en el Palacio Nacional con la presencia del destacado intelectual francés Jacques Attalí para poner en circulación su Informe para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana produce sentimientos encontrados, sobre todo cuando se dice que el presidente Leonel Fernández creó una comisión para dar seguimiento a recomendaciones que dependen de su propia voluntad.

El primer sentimiento es de reconocimiento a la valentía del ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, por haber convertido en un libro el documento que conocimos en noviembre, a pesar de que cinco meses después no se ha hecho caso ni siquiera a una de sus 77 propuestas específicas, agrupadas en siete grandes iniciativas.

Vale también elogiar el magnífico equipo técnico-profesional de Montás, que ha persistido en estudiar y diagnosticar la realidad del país, con las correspondientes políticas para el establecimiento de una Estrategia Nacional de Desarrollo, recién introducida al Congreso pero opacada por las garatas de la política nacional.

Ante la designación de la comisión de seguimiento vienen a la memoria los innumerables estudios para el desarrollo nacional que hemos tenido desde los años sesenta, que constituyen una enorme biblioteca, especialmente en las últimas dos décadas, incluyendo los volúmenes del Diálogo Nacional que consumió meses de trabajo a nivel nacional del gobierno y la sociedad civil en los años 1997-98.

Ahí están, por ejemplo, las reiteradas recomendaciones de que el Estado privilegie la inversión en educación, establecida en un mínimo del 4 por ciento del producto bruto en la Ley General de Educación de 1997, tras años de concertación, pero aún andamos por la mitad. O las urgencias de afrontar y superar la crisis energética que data de cuarenta años. Ambas prioridades figuran en el Informe Attalí, ahora convertido en bonito libro.

Debe reconocerse que muchas de sus recomendaciones son de largo plazo y requieren un acopio de recursos que escasean y que, como el actual gobierno está prácticamente en su último tramo, la Estrategia Nacional de Desarrollo será un magnífico manual para quienes le sucedan en la conducción del Estado.

El presidente Fernández podría dar el ejemplo, honrando sus diagnósticos y poniendo en práctica muchas recomendaciones que sólo dependen de un decreto y conllevan ahorro y estímulo a una urgente austeridad y honradez en el manejo de los recursos públicos para que dejemos de ocupar las últimas dos posiciones entre 139 países en favoritismo de los funcionarios y despilfarro en el gasto gubernamental, y la 134 en desvío de los fondos públicos, según el Indice de Competitividad Global 2010-11 del Foro Económico Mundial.

En el Informe Attalí hay muchas recomendaciones de viabilidad inmediata, como eliminar los barrilitos, limitar por ley el número y tamaño de los ministerios, los viceministros y las delegaciones diplomáticas y consulares, eliminar comisiones, consejos y direcciones infuncionales, racionalizar el Estado reagrupando instituciones con funciones similares, imponer la transparencia en los contratos públicos, reformar e independizar la Cámara de Cuentas y elevar el presupuesto de educación al 5 por ciento.

Y ahí está consignada la primera línea “absolutamente prioritaria” para la Estrategia de Desarrollo que Attalí precisó: “devolver la confianza en las instituciones”, cuya implementación inmediata “tiene que provocar un sobresalto de confianza en la población dominicana y que debe ser acompañada de mensajes fuertes mostrando la voluntad de cambiar de paradigmas y adoptar un modelo justo, duradero y ambicioso”.

Los últimos acontecimientos indican que como la guagua  de Juan Luis Guerra vamos en reversa, por lo que el libro es otro volumen para adornar bibliotecas.

 

 

Créditos al presidente Fernández

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/601/460x390/0/05718E41-5CB9-42A5-9271-8FD9971BC4E1.jpeg

El programa de ahorro energético, promoción de energías alternativas  y austeridad anunciado esta semana por el presidente Leonel Fernández es, en sentido general,  positivo y contentivo de aspectos fundamentales, aunque en su mayor parte sea repetición de propuestas anteriores que no pasaron del discurso o apenas fueron intentadas.

Como el gobierno pasa por una crisis de credibilidad es natural que muchos pongan en dudas el programa anunciado. Ya el informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la nación encabezada por el reputado economista francés Jacques Attalí por encargo del propio presidente Fernández, diagnosticó como primer desafío del gobierno el devolver la confianza de la población en las instituciones.

El informe se refiere al proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo, recién enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y por lo cual hay que dar créditos, sosteniendo que “su implementación inmediata tiene que provocar un sobresalto de confianza en la población dominicana” y que “debe ser acompañada de mensajes fuertes mostrando la voluntad de cambiar de paradigma y adoptar un modelo justo, duradero y ambicioso”.

Es evidente que en el programa anunciado el jueves por el primer mandatario hay dosis de populismo y demagogia, cuando son de dominio público las dificultades por las que atraviesa el gobierno para cumplir las reducciones de déficits fiscal y subsidio energético contempladas en el acuerdo con  el Fondo Monetario Internacional. Incluso la reducción del gasto público en 12 por ciento podría ser mayor, ya que en el 2007, en situación similar, se estableció en 20 por ciento.

Pero ninguna de las críticas válidas debe impedir una ponderación positiva de muchas otras ni restarle apoyo, por ejemplo al programa de incentivo agropecuario y al esfuerzo por ofrecer alimentos a precios más bajos a la población más necesitada. Tampoco a las medidas encaminadas a la reducción del consumo de combustibles público y privado.

Es lamentable que una propuesta como la circulación interdiaria de los vehículos del transporte público y la congelación de su número sea rechazada sin ninguna ponderación. Esa disposición se ha implementado en otros tiempos y dado el excesivo número de carros y minibuses que circulan con escasos pasajeros, pudiera representar un gran ahorro de energía y depreciación de los mismos. Por efecto indirecto reduciría los tapones en la circulación lo que se traduce en mayor ahorro de combustibles. En los días que trabajen sus operarios podrían producir el doble y disponer de los días libres para nuevas iniciativas productivas.

Varias decisiones de las últimas semanas parecen indicar alguna disposición a rectificar el camino que ha seguido el gobierno, como la sustitución de numerosos altos funcionarios, lo que revierte la creencia de que los cargos son patrimonio político  personal. Mejor aún por la destitución de por lo menos uno, el director del Fondo de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, apenas horas después de ser evidenciado como malversador de los recursos puestos a su cargo.

También habría que incluir entre los aspectos positivos el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que merece una profunda, seria y hasta atrevida  ponderación, por parte de los legisladores y de toda la opinión pública.

Hay que dar créditos al presidente Leonel Fernández con la esperanza de que produzca una mayor renovación de su gobierno en el último tramo de su período y para que enfrente con éxito los desafíos económicos nacionales e internacionales.

 

Un duro desafío para el Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/568/460x390/0/C79B9389-624B-4BD8-B02C-DE8CC2600657.jpeg

El informe presentado al presidente Leonel Fernández por una Comisión Internacional encabezada por el destacado intelectual y economista francés Jacques Attalí no pudo resultar más sorprendente al avalar las principales críticas y demandas que se formulan al Gobierno.

Las siete iniciativas, con 77 propuestas específicas, que constituyen el informe, ponen a prueba la voluntad política del presidente Fernández y su Gobierno para levantar las bases de sostenimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se viene diseñando desde el 2008.

Tremenda sorpresa.  Para quienes analizan el decurso del país resultó una sorpresa el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana presentado el martes 23 al presidente Leonel Fernández por el destacado intelectual y economista francés Jacques Attalí, quien la presidió, porque avala gran parte de las críticas y demandas que se vienen formulando a la gestión del Estado.

Las 77 propuestas específicas, agrupadas en 7 amplias iniciativas y sus respectivas consideraciones, no hacen concesiones a las políticas estatales en un  documento encuadernado en 116 páginas que constituyen un fuerte desafío a la capacidad rectificatoria del gobierno del presidente Fernández.

La declaración escrita entregada a los reporteros que cubren el Palacio Nacional no recoge ni remotamente la contundencia del documento. Esta vez no puede haber chivo expiatorio ni podrán descalificar el informe como se intentó con el de “Política Social: Capacidades y Derechos” publicado a mediados de año por la Oficina Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaborado a solicitud del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo también como parte de las consultas para la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Esta comisión fue integrada por iniciativa del propio presidente Fernández, quien solicitó a Attalí que la presidiera. La nota informativa entregada a los periodistas resalta la calidad y capacidad del economista, miembro honorario del Consejo de Estado de Francia, asesor especial del presidente Mitterrand entre 1981 y 1991, fundador del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y reputado por la revista Foreign Policy entre los primeros 100 intelectuales del mundo.

Los otros 6 integrantes internacionales de la comisión son economistas y expertos en desarrollo: Arnould Cyrille, Mathilde Lemoine, Jeffrey Owens, Mario Pezzini, Marc Stubbe y Ian Whitman.  Como contrapartida nacional tuvieron al economista Carlos Asilis, al empresario José Luis Corripio, el jurista Eduardo Jorge Prats, el sindicalista Pepe Abreu y la dirigente social Rosa Rita Alvarez. Un equipo técnico entrevistó a un centenar de personalidades dominicanas de diversos ámbitos.

Coincide con el PNUD.  El diagnóstico de la situación económica y social del país, presentado en la primera parte del documento coincide en líneas generales con los informes sobre desarrollo humano ofrecidos desde el 2005  por el PNUD, que resaltan el crecimiento económico dominicano del último medio siglo, pero con escasa redistribución social.

Se diagnostica una economía abierta pero vulnerable, desigualdades, desempleo  y pobreza persistentes, un sector informal preponderante, inseguridad y tráfico de drogas, impunidad, pérdida de confianza en las instituciones, clientelismo, un sector privado frágil con estructura económica poco productiva y una “cultura del no pago”.

En la segunda parte, el informe de la Comisión Attalí contiene 7 líneas de acción encaminadas a “favorecer y acelerar la ejecución de las medidas de la Estrategia Nacional de Desarrollo”, que fue la encomienda del presidente  Fernández.

La primera línea “devolver la confianza en las instituciones” es señalada  como “absolutamente prioritario”. Sostiene que “su implementación inmediata tiene que provocar un sobresalto de confianza en la población dominicana; debe ser acompañada de mensajes fuertes mostrando la voluntad de cambiar de paradigma y adoptar un modelo justo. Duradero y ambicioso”, siendo la base de las otras seis líneas.

Las líneas de acción 2, que identifican cómo suministrar servicios públicos de calidad; la 3, formar las generaciones futuras, y la 4, que es preparar el país para la competitividad internacional, deben iniciarse a partir del 2011 y tener resultados concretos entre el 2012 y 2014. Se busca restaurar un contrato social y liberar las energías colectivas creadoras. La línea 5, a implementarse tras las elecciones del 2012, busca los medios para financiar las reformas y los recursos fiscales para las otras dos.

Llama la atención que no ven posible elevar la presión fiscal, que la estima entre 13 y 15 por ciento del PIB, sin previamente cumplir las propuestas específicas que constituyen las cuatro primeras iniciativas. El incremento impositivo “requiere restablecer una relación de confianza entre la administración fiscal y los contribuyentes. ParA ello el Estado debe erigirse en modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría como útiles y beneficiosos”.

Se fueron al fondo.  Los comisionados del presidente Fernández se fueron hasta el fondo interpretando los persistentes reclamos de la sociedad dominicana como los de priorizar la inversión en educación y salud, reducir el dispendio y la malversación y profesionalizar la administración pública.

Señala que el estado casi se ha desvinculado de la educación y más de dos tercios de su costo lo cubren los mismos ciudadanos. Plantean la necesidad de destinar un mínimo del 4 por ciento del PIB a la educación primaria y secundaria y otro 1 por ciento a la superior.

La reforma de la Cámara de Cuentas, para hacerla más independiente y eficaz en su misión de control, la transparencia en la contratación pública y en el financiamiento de los partidos, una gestión presupuestal por resultados y eliminar prácticas como “el barrilito de los senadores” forman parte de las propuestas específicas. Igual limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministros y las delegaciones diplomáticas, así como de comisiones infuncionales y refundir organismos múltiples con objetivos similares. Cuantifican los subsecretarios o viceministros en 320 y postulan que no deben ser más de cinco por ministerio, aunque algunos tienen más de 30. Señalan que la misión dominicana ante la ONU tiene 47 miembros, más que Brasil.

Otra demanda fundamental que recogen es la de imponer la realización de estudios de impacto económico social para las obras de infraestructura y fijar por ley sus prioridades. Las propuestas incluyen “luchar contra las violencias provocadas por las fuerzas del orden”, que se supone sean las ejecuciones policiales. Postulan  también combatir la sensación de impunidad reforzando el sistema judicial y desarrollar un plan de comunicación internacional para cambiar la imagen del país.

Las propuestas de la comisión que encabezó Jacques Attalí deben producir un sacudimiento en los ámbitos políticos del Gobierno y un convencimiento de que hay razones para el crecimiento de la insatisfacción, que no es asunto de simple percepción y que la sociedad quiere un cambio de modelo, no sólo económico, sino también político.

El desafío es particularmente relevante para el propio presidente Leonel Fernández, quien invirtió recursos en la contratación de una comisión internacional de altísimo nivel. Aunque a menos de dos años para finalizar un tercer período de Gobierno le resultará difícil producir cambios fundamentales que se han reclamado firmemente incluyendo a gestiones gubernamentales anteriores.-