El Consejo Binacional Quisqueya

Por Juan Bolívar Díaz

23_08_2015 HOY_DOMINGO_230815_ Opinión9 A

En medio del océano de incomprensiones, descalificaciones y exclusiones que en los últimos dos años han caracterizado las relaciones domínico-haitianas, lo más reconfortante y positivo ha sido el lanzamiento del Consejo Económico Binacional Quisqueya, un ambicioso proyecto de inversiones que tiene como meta la creación de decenas de miles de empleos en la línea fronteriza.

Es satisfactorio escuchar el entusiasmo con que grandes inversionistas dominicanos, asociados con colegas haitianos, han emprendido este proyecto, convencidos de la urgente necesidad de reordenar las relaciones bilaterales y de que no hay mejor forma que invirtiendo para producir bienes y generar empleos.

Desde el comienzo se trata de una alianza entre grandes empresarios de las dos naciones, abierta a la participación de todo el que quiera generar riqueza. No se trata de una obra de beneficencia, sino de importantes inversiones para generar beneficios económicos, sociales y políticos. Legítimas ganancias para los inversionistas, pero generando desarrollo social llamado a estabilizar instituciones.

En cuatro áreas de las comunidades fronterizas de ambos lados se proyectan inversiones para industrias, turismo, generación eléctrica y producción agropecuaria y artesanal y para infraestructuras portuarias. Se proyectan inversiones por etapas de miles de millones de dólares, aprovechando, en parte, incentivos que ha acordado Estados Unidos para ayudar al desarrollo de Haití y que ya ha favorecido instalaciones industriales de zona franca en Juana Méndez, promovidas por el Grupo M que preside Fernando Capellán.

La positividad y el éxito económico social de Juana Méndez está a la vista de todo el que quiere ver, con la transformación de esa comunidad haitiana por efecto de la creación de unos 7 mil empleos, y el consiguiente incremento del comercio y la cooperación bilateral. También ha sido muy positivo el proyecto agrícola promovido por Manuel Castillo en la zona fronteriza de Elías Piña, donde miles de hectáreas han sido reforestadas con la siembra de aguacates para exportación, generando un millar de empleos.

La creación de empleos y de oportunidades de vida es fundamental para estabilizar la frontera, donde la miseria de enseñorea en poblados fantasmas sin electricidad ni agua potable y escuelas apenas elementales, de donde huye aceleradamente cualquier joven que tenga mínimas expectativas de progreso.

Todavía hace poco más de un año nos quejábamos de que los empresarios dominicanos no tuvieran relaciones de cooperación y entendimiento con sus colegas haitianos. Una iniciativa universitaria de Miami los reunió y en poco tiempo se ha comprobado su alta positividad.

No habría que recordar lo que todos sabemos de sobra; la pobreza material e institucional de Haití es mucho mayor que la nuestra. El comercio bilateral que envuelve formalmente poco más de mil millones de dólares anuales y otros 500 millones en la informalidad, beneficia a los dominicanos en proporción de 10 a uno. Miles de dominicanos viven de la producción que se exporta hacia Haití en un mercado que deben desarrollar y conservar. Las inversiones dominicanas han penetrado profundamente hasta ciudades de la vecina nación. Empresas constructoras hacen también buenos negocios allí.

El Consejo Binacional Quisqueya cuenta con la cooperación de los dos gobiernos y está llamado a abrir puertas al entendimiento. Como estaremos en la isla para siempre, lo mejor que puede ocurrirles es la cooperación y la solidaridad. Hay que felicitar a los promotores del proyecto, en la esperanza de que no se dejen chantajear por radicalismos, ni se atemoricen por la confusión o el odio que tanto abundan por estos predios de Dios.

 

Sobre la seguridad fronteriza

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que por fin el Gobierno dominicano parece interesado en establecer políticas serias que pauten las relaciones con Haití, incluyendo el control de la inmigración y la reglamentación de las relaciones comerciales, habrá que esperar una gran inversión para mejorar la vigilancia de la frontera, no solo con mayor número de personal, sino también mejor equipado, justamente pagado y con adecuada tecnología y apoyo logístico general.

Los pasos fronterizos ya no son solo de inmigrantes haitianos, sino que han cobrado una importancia capital debido al incremento del comercio, formal e informal, del que tanto beneficio obtienen los productores dominicanos, con una balanza comercial de cien a uno, probablemente las más desequilibradas del mundo. Y es casi la única con inclinación hacia la República Dominicana.

Por la frontera, especialmente por el segmento sur de Jimaní, transitan diariamente cientos de furgones de mercancías, incluyendo importaciones de la vecina nación a través de puertos dominicanos. Esta también deja beneficios a empresas transportistas y trabajadores nacionales.

Los mercados binacionales dan vida no solo a los exportadores dominicanos, sino también a las comunidades fronterizas, mediante una multiplicidad de servicios. Por ejemplo, la prosperidad de la comunidad de Dajabón depende en gran parte del intercambio bilateral, con unas 800 habitaciones hoteleras, lo mismo que Juana Méndez y otras del lado occidental.

Hay un creciente tráfico hacia Haití de profesionales y empresarios dominicanos de la construcción que han aprovechado las oportunidades derivadas de la reconstrucción de la devastación sufrida por el hermano país hace cuatro años.

Arraigados prejuicios han dilatado las relaciones entre dos naciones unidas indisolublemente por la geografía, ya que las fallas geológicas de la isla se extienden de oeste a este por lo que es casi imposible que las separe una hecatombe telúrica. Mientras más pronto nos entendamos mucho mejor será para ambas partes.

La precariedad de la vigilancia de la frontera es indicativa de la desidia con que se ha afrontado esa tarea, favoreciendo la trata de personas, la extorsión y la disposición de una abundante mano de obra incondicional y sin capacidad de reclamo, lo que a su vez degrada el salario en actividades productivas como la agrícola y la construcción.

El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) es un botón de muestra, luego de 8 años de su creación. Con apenas 820 miembros, su actual director está a la espera de conseguir otros 250. Necesitaría por lo menos llevarlos a 1,500, aunque reconoce que deberían ser 2,500, es decir el triple del número actual. Desde su creación en el 2006 diversos comandantes han reclamado más personal para atender el desafío de la seguridad fronteriza, que no ha de ser solamente de carácter migratorio, sino también para prevenir todo género de tráfico, especialmente de drogas y armas.

No se puede entender que con unas fuerzas armadas de 55 mil miembros, no hayamos dispuesto siquiera de un cinco por ciento para atender la seguridad de una frontera de casi 300 kilómetros de extensión. Pero tiene que ser un personal bien entrenado, pagado adecuadamente, vigilado con recursos tecnológicos para evitar la tradicional corrupción, con suficientes equipos de transporte terrestre y aéreo.

Hay que alentar la esperanza de que se profesionalizará la seguridad fronteriza después que en Venezuela incentivaran a los dos gobiernos de la isla a iniciar una etapa de negociaciones y reencuentros. Como también en Miami convocaron al diálogo a los empresarios dominicanos y haitianos que tienen más cosas en común que desacuerdos, con un mercado total de 20 millones de personas, en perspectivas de fortalecerse en proporción directa al progreso económico y social de ambos lados de la isla.

Es una pena que extranjeros hayan tenido que convencernos de cuestiones que hace tiempo debimos haber asumido, por la prosperidad de ambos pueblos. Pero debemos resignarnos a que más vale tarde que nunca.

El lunes amarillo por la educación

Por Juan Bolívar Díaz
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La población dominicana tiene este lunes una preciosa oportunidad de dar una lección a sus líderes políticos, pintando de amarillo todos los ámbitos de la vida cotidiana en atención al llamado de la Coalición por una Educación Digna que viene desarrollando una exitosa campaña por el cumplimiento de la ley que dispone el 4 por ciento del producto interno  bruto para la formación de los recursos humanos.

Ya es tiempo de que dominicanos y dominicanas se sacudan de la modorra, la indiferencia y las frustraciones y pasen de las amarguras y maldiciones al reclamo activo, a la participación en jornadas de luchas para mejorar definitivamente la sociedad que estamos legando a las nuevas generaciones. El desafío es especialmente para estas.

Lo que se pide es sencillo, que ejerzamos los derechos de ciudadanía, garantizados en la Constitución de la República y que el pueblo exprese su sentimiento y lance sus reclamos a los cuatro vientos hasta encontrar eco en un sistema político desenfrenado, fundado en el más salvaje pragmatismo de la conveniencia grupal y personal.

Se le pide a las actuales autoridades que pasen de los discursos a los presupuestos para dar vigencia a las mil veces prometida y tantas veces consensuada prioridad en la inversión educativa, como fundamento del desarrollo.

Pero el reclamo toca a todos los que han gobernado el país en las últimas décadas, cuando se deterioró hasta el infinito el sistema educativo.

El lunes amarillo llega justo cuando la Cumbre de Jefes de Estados Iberoamericanos acaba de ratificar las Metas 2021, sobre “La educación que queremos para la generación de los bicentenarios de la independencia latinoamericana”, entre las cuales está “invertir más e invertir mejor” en la formación de los recursos humanos, pero también “reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción educativa.

Es obligatorio recordar que las naciones latinoamericanas invierten este año más del 5 por ciento de su producto bruto en la educación, mientras República Dominicana permanece en menos de la mitad de ese promedio, ocupando los últimos escalones en las evaluaciones internacionales sobre la calidad de la educación fundamental. Y ni una sola universidad dominicana figura entre las primeras 200 de la región.

Hay que coincidir con el presidente Leonel Fernández en que sólo el aumento de la inversión no resolverá los atavismos de la educación dominicana, pero hay que comenzar por ahí. Juan Bosch una vez recordó el precepto evangélico de que no solo de pan vive el hombre, para concluir en su certeza, proclamando “pero primero es el pan”.   No caben argumentos para regatear la demanda de recursos para la educación, que para las obras físicas, para las remodelaciones, para el clientelismo y el dispendio siempre aparecen.

Es cuestión de voluntad política invirtiendo en algo fundamental, aunque los resultados tarden años en verse.

Pero además es porque la ley lo manda y la flamante Constitución proclamada en enero pasado que en el inciso 10 de su artículo 63 proclama: “La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión”.

Como ya la Ley General de Educación consigna el monto mínimo del 4 por ciento del producto, pasarlo por alto equivale a una flagrante violación de la carta magna que el presidente Fernández se empeñó en hacer aprobar y proclamar.

Lo que se pide para el éxito de la jornada de este lunes 6 de diciembre es que salgamos a las calles con todo género de ropa, corbatas, pañuelos, banderas, paraguas, o  cintas amarillas, que los colguemos de los automóviles y proclamemos que queremos una educación digna y sin exclusiones para todos los dominicanos.

A los más decididos se les pide que vayan en la mañana frente al edificio del Ministerio de Educación, en la avenida Máximo Gómez, y que en la tarde se manifiesten pacíficamente en la esquinas de mayor confluencia.

El desafío está lanzado y el que no se manifieste este lunes que calle para siempre.

Que encendamos siquiera velitas en vez de vivir maldiciendo la oscuridad.