Hemos ayudado a Danilo

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Llegó como una tromba cuando ya se agotaban las preguntas tras una exposición sobre las perspectivas para las elecciones de mayo 15, y con furor y en el más elevado tono de voz impugnó a la parroquia por haber invitado a un político parcializado, sin méritos para dirigirse a la comunidad católica de Villa Duarte.

Confieso que me impresionó el enojo con que hablaba aquel joven que se identificó como profesor. El párroco y los laicos que habían organizado la charla lo dejaron desahogarse, hasta que empezaron a hacerle señas de que terminara y tras agotar su rosario de descalificaciones se marchó con el mismo furor con que había llegado hasta el podio.

Los organizadores se extendieron en reconocimientos al periodista y charlista, apenados por el incidente y le obsequiaron la Agenda Latinoamericana, que desde hace 25 años editan los teólogos liberacionistas y defensores de derechos humanos José María Vigil y Pedro Casaldáliga, el obispo emérito de Sao Félix de Araguaia en Matto Groso, Brasil.

Me reconfortó el regalo, más todo cuando al salir del templo leí el mensaje de los editores: “85 personas tienen una riqueza equivalente al patrimonio de la mitad pobre de la humanidad. Y el 1% más rico de la población, en este año 2016, va a superar su propio récord patrimonial traspasando la barrera psicológica del 50% de la riqueza del mundo (y continúa creciendo). ¿A qué porcentaje de la tarta habrá de reducirnos la riqueza extrema para que despertemos y decidamos poner fin a esta situación indigna de la humanidad?

No me correspondía otra cosa que lamentar el enojo del profesor peledeísta y restarle importancia, señalando que nunca espero unanimidad, que la pluralidad y la diversidad son esencia de la libertad y de la democracia, y que todos deberíamos soportar criterios divergentes, sobre todo si se expresan sin faltarle el respeto y la consideración a los demás.
Aparte de la descalificación, el inquisidor se refirió a los grandes logros del gobierno del presidente Danilo Medina, especialmente a la inversión en educación, ya habíamos reconocido. Hice conciencia de cuánto habíamos contribuido los periodistas y activistas sociales, opositores, críticos y exigentes al mayor logro del cuarto gobierno del PLD.

Durante años reclamamos el cumplimiento de la ley general de educación promulgada en 1997 que destina el 4 por ciento del PIB a la educación. Pasaron tres gobiernos del PLD y uno del PRD, sin que se alcanzara la meta. Cargamos los paraguas amarillos por parques y calles, los abrimos en nuestros programas televisivos, escribimos cientos de artículos y en el 2012 hicimos que los candidatos presidenciales firmaran un compromiso de cumplir la ley.

Reconocemos que el presidente Medina está honrando ese compromiso, aunque la inversión se ha concentrado demasiado en edificaciones, y poco en otros elementos esenciales para la calidad de la educación. Y sentimos satisfacción de haber contribuido al mayor galardón que exhibe su gobierno.

Y no es la única contribución, los críticos rechazamos aquel decreto de Medina que reconocía los títulos usurpados de Bahía de las Águilas, y logramos que el mandatario lo rectificara. En su informe del pasado 27 de febrero lo celebró como gran logro. La pasada semana inauguraron la carretera Ocoa-Piedra Blanca, que une las regiones norte y sur del país, que los críticos promovimos cuando los fieles defendían una vía directa entre Santiago y San Juan, por el medio de la cordillera Central, que rompería tres parques nacionales, con altísimo costo ecológico y económico, y que tomaría años para inaugurar.

Algo similar ocurrió cuando el presidente Medina buscaba un paliativo al problema, de graves repercusiones internacionales, creado por la sentencia que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Contra una enorme confabulación que incluyó a gran parte de su partido y acólitos mediáticos, los críticos y defensores de derechos humanos ayudamos al presidente a desligarse de esa ignominia con la ley 169-14.

Es una pena que el presidente no se dejara ayudar en otras cosas, como por ejemplo en las reformas políticas, en el cumplimiento de las leyes, en el combate real a la corrupción y la inseguridad o en no haber comprado el Congreso para buscar la reelección.

Es realmente preocupante el terreno que ha ganado la intolerancia y los afanes concentradores en los ámbitos del partido gobernante. Tanto que se irritan y quieren acallar las cada vez menos voces disidentes.

Defensa de libertad de expresión

Por Juan Bolívar Díaz
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Una serie de acontecimientos están dando señales de que es necesario que los verdaderos comunicadores dominicanos y todas las instituciones y personas preocupadas por los derechos fundamentales aúnen voluntades para defender la libertad de expresión y difusión del pensamiento, una de las reivindicaciones que más firmemente se ha mantenido en el medio siglo que casi media desde la liquidación de la tiranía de Trujillo.

En la segunda mitad de la década de los sesenta y en los setenta cuando las libertades fueron reducidas hasta el grado de que no se respetaba ni el derecho a la vida, a la asociación y sindicalización, y cuando había cientos de presos políticos y miles de exiliados, la libertad de expresión y difusión del pensamiento pudo ser mantenida, no sin un alto costo en vidas y seguridad de los comunicadores.

Por encima de importantes diferencias, el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, la Asociación Dominicana de Diarios, la Asociación Dominicana de Radiodifusores y múltiples instituciones sociales, coincidieron en diversos grados en la defensa del ejercicio comunicacional. Hubo prolongados períodos de confrontación y múltiples actos de valentía que marcaron la diferencia entre la autocracia y la tiranía cuando las bandas civiles y militares del balaguerismo imponían el terror.

A partir del 1978, cuando empezó el más prolongado período de ejercicio democrático en la historia del país, con sus altas y bajas, hemos tenido a orgullo proclamar que ejercemos una libertad de expresión y difusión relativamente vigorosa.

Sería injusto sostener que el actual Gobierno ha conspirado contra esa libertad, madre del Estado de derecho. Pero una serie de hechos dejan sombras y obligan a pedir rectificaciones y a fortalecer la unidad –dentro de la diversidad- en la defensa de ese patrimonio, clara herencia de décadas de luchas por establecer una sociedad democrática.

La intimación del director del Instituto Agrario Dominicano, Héctor Rodríguez Pimentel, contra el acreditado programa televisivo El Informe de Alicia Ortega y la denuncia de amenazas contra la vida del indoblegable periodista Marino Zapete son las últimas expresiones de lo que parece ser un programa para reducir las dimensiones del periodismo más preocupado por la corrupción y la descomposición social.

Pero en los últimos meses hemos contactado cierres administrativos de emisoras y canales televisivos, iniciativas judiciales temerarias contra comunicadores, así como campañas de denuestos que se traducen en presión sobre quienes investigan y denuncian anomalías políticas, económicas y sociales.

El retiro de la intimación contra el programa de Alicia Ortega es una rectificación parcial, pero no anula la gravedad de esta iniciativa, por carecer de precedente en la historia del periodismo dominicano y porque deja una espada de Damocles sobre la fuente de sustentación económica de la industria de la comunicación social, que es la publicidad.

Es significativo que el Gobierno del presidente Leonel Fernández, un profesor de comunicación social, haya pretendido desentenderse de la grave intimación contra los anunciantes de uno de los programas televisivos de mayor reputación. Los cuestionamientos formulados a Rodríguez Pimentel no se refieren a su vida privada, sino a sus funciones gubernamentales, y han sido compartidos hasta por el procurador adjunto director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. No se puede olvidar que el doctor Otoniel Bonilla lo calificó de “corrupto patológico”.

Para los que gobiernan debería ser más que suficiente el haber incorporado a miles de comunicadores a la nómina pública, en una política encaminada a comprar adhesiones y silencios de comunicadores y de medios. Pero aparentemente también se quiere acallar las voces que persisten en denunciar la corrupción y reclamar y rendición de cuentas.

Las circunstancias obligan a una solidaridad militante con las víctimas de la intolerancia y a incrementar la vigilancia y la firmeza en la defensa de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. –