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Abusos fiscales en campañas y desguañangue institucional

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
17_04_2016 HOY_DOMINGO_170416_ El País13 A

Cuatro expertos, participantes en un foro organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), coincidieron en que en las dos últimas elecciones, bajo gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, se ha desbordado el gasto fiscal, con un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

Datos ofrecidos por el experto en asuntos fiscales José Rijo y por la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indican un incremento del déficit fiscal en la actual coyuntura electoral, aunque en menor medida que en la anterior, cuando el desbordamiento prosiguió aún en el período de transición al nuevo Gobierno.

Del mito a la realidad. En la exposición fundamental de un foro organizado por el área de Negocios del INTEC el martes 12 sobre el gasto público en períodos electorales, el economista Pavel Isa Contreras sostuvo que es un mito el planteamiento de que siempre en los años de elecciones el gasto del Gobierno, corriente o de capital, se desborda generando desbalances fiscales, pero que sí fue una realidad en el 2008 y 2012.

Al analizar el gasto público en los últimos 25 años, con seis elecciones presidenciales, Pavel Isa concluyó que “el gasto público y el déficit fiscal se desbordan solo en las últimas dos”, con la particularidad de que en el 2008 el exceso fue fundamentalmente del gasto corriente, y en el 2012 del gasto de capital. En el primer caso el presidente Leonel Fernández buscaba la reelección, y en el segundo la continuidad de su partido en el poder con Danilo Medina de candidato presidencial.

En el 2012, cuando se alcanzó un déficit fiscal histórico en virtud de que el Gobierno central gastó más de 155 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, una proporción significativa ocurrió aún después de las elecciones, lo que pareció obedecer al interés del presidente Fernández de concluir y avanzar obras buscando rentabilidad política para abonar una vuelta al poder en el 2016, frustrada por el predominio del proyecto reeleccionista del presidente Medina.

Isa contreras documentó que en los años electorales el gasto gubernamental crece significativamente entre enero y abril y decae de mayo a noviembre, mientras en años no electorales el gasto es menor en los primeros meses y mayor en la segunda mitad.

Desguañangue institucional. Los cuatro expositores coincidieron en que en los dos últimos procesos electorales no solo hubo muy alto déficit fiscal, sino también un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

De diversa forma lo expusieron Pavel Isa, José Rijo, experto en asuntos fiscales, el también economista Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y el sociólogo Carlos Pimentel, del área de Transparencia del movimiento Participación Ciudadana.

El consenso fue absoluto en que los organismos de control no funcionan, generando impunidad, con un Congreso que no cumple su función de fiscalización, deficiencias de la Cámara de Cuentas, politización de órganos judiciales, ignorancia del paquete de leyes de control presupuestario, transparencia y rendición de cuentas, “con prevalencia de una cultura política que obstruye el funcionamiento de las instituciones democráticas”, según Pimentel.

Selman señaló la responsabilidad de las élites empresariales y sociales, empeñadas en la búsqueda de beneficios particulares, denunció las políticas populistas y clientelares, sostuvo que entre 2007 y 2008, durante el último proceso reeleccionista, concedieron la mayor cantidad de exoneraciones impositivas vigentes, y concluyó demandando un pacto ético.

Mientras Pimentel denunció la existencia de un “Estado capturado” por la coalición de intereses económicos y políticos, con gobiernos que ignoran todo un conjunto de normativas presupuestales, de transparencia y controles en los que la sociedad dominicana se empeñó durante las últimas dos décadas.

También en el actual proceso. José Rijo convino en que la mayor crisis es institucional, con el secuestro del Congreso, la justicia y los mecanismos de control por parte del Poder Ejecutivo, sosteniendo que en la actual coyuntura electoral se está produciendo otro desbordamiento del gasto en aras del proyecto continuista, resaltando que en el primer trimestre hay un déficit fiscal de 29.5 mil millones de pesos, muy superior al de 4 millones registrado en el mismo período del año pasado.

Al comparar el comportamiento del gasto en el primer trimestre del 2016 con el mismo período del 2015, el experto en asuntos fiscales sostuvo que se está disparando tanto el gasto corriente como el de capital Y ejemplificó: en obras para edificación no residencial el gasto creció de 4,351 millones a 7,392 millones de pesos. En infraestructura terrestre y obras anexas pasó de 1,943 millones a 7,290 millones de pesos.

En nominillas y personal transitorio, el Ministerio de Obras Públicas pasó de un gasto de 196 a 329 millones de pesos, la Presidencia de la República de 139 a 221 millones de pesos, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 60 a 188 millones de pesos.

Rijo ofreció abundantes datos para resaltar el crecimiento en el primer trimestre de este año del gasto gubernamental en publicidad y propaganda, en pasajes, viáticos y gastos de representación, renglones que vincula a la campaña electoral.

Otro foro de denuncias. Otro foro académico, celebrado el jueves con auspicios de la Fundación Ebert sobre “Las altas cortes y la crisis del sistema de justicia”, concluyó también denunciando la quiebra institucional de la nación.

Aquí los expositores centrales fueron el destacado jurista y dirigente social Francisco Alvarez Valdez y el vicepresidente ejecutivo de la influyente Fundación Institucionalidad y Justicia, también reconocido jurista Servio Tulio Castaños Guzmán.

Alvarez Valdez trazó el proceso de ascenso del sector justicia a partir de la reforma constitucional derivada de la crisis política de 1994, hasta el retroceso con la politización y subordinación de los órganos judiciales, especialmente tras la Constitución del 2010 y la captura del Consejo Nacional de la Magistratura por el Poder Ejecutivo.

Castaños Guzmán convino en que todo el sistema de justicia está en crisis, resaltando los bajos niveles de aceptación que le marcan las encuestas.

Se remitió al último índice de competitividad del Foro Económico Mundial que coloca la independencia del Poder Judicial dominicano en la posición 124 entre 140 naciones evaluadas.

Resaltó el descrédito de la Policía Nacional, con alta proporción de miembros involucrados en crímenes.

Diagnóstico de deterioro político e institucional

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La encuesta del 2012 sobre cultura política de la democracia en República Dominicana diagnostica un progresivo deterioro de la confianza de la ciudadanía en el sistema político y las instituciones estatales, situándose en los más bajos niveles entre 26 países del continente.

El estudio, que es parte del proyecto académico internacional “Barómetro de las Américas”, fundamenta las críticas que se hacen al sistema político dominicano, y los reclamos de reformas y rectificaciones de un pragmatismo salvaje que pone en riesgo la estabilidad política nacional.

Educación y desigualdad.  El capítulo dominicano del Barómetro de las Américas 2012, patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y auspiciado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), fue presentado esta semana por la socióloga y académica dominicana Rosario Espinal, profesora e investigadora de Temple University, Filadelfia.

Fue elaborado en base a una encuesta que abarcó a 1512 personas, realizada el año pasado por la firma Gallup. Esta es la quinta edición del estudio que se viene realizando cada dos años desde el 2004.

El Barómetro 2012 muestra que los países latinoamericanos tienen los niveles medios de desigualdad más altos del mundo, con relativa homogeneidad cuando se comparan los ingresos nacionales.

“Mediante un análisis de regresión lineal se evaluó cómo el género, la raza, la edad y el estatus urbano-rural afectan el nivel educativo de la población y el ingreso. Ratifica la educación como fundamento del desarrollo cuando establece que el nivel educativo de la madre tiene un impacto positivo en el nivel de ingreso personal.

Establece que en RD a mayor edad a partir de 35 años, se registra menor nivel educativo y que “tener la piel oscura y vivir en la zona rural también resulta en menor educación. Los hijos de madres de baja escolaridad no alcanzan a completar la escuela primaria, mientras los de madres con educación superior alcanzan un promedio de 14.2 años de escolaridad”.

Otro diagnóstico terrible.  Los resultados ratifican las debilidades políticas e institucionales dominicanas diagnosticadas en los últimos años en múltiples evaluaciones internacionales, como las del Foro Económico Mundial, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

También en este estudio el país queda entre los líderes en percepción de corrupción, en el sexto de 26 escalones, con 78.1 por ciento, 2.8 menos que en el 2004, pero 3.6 mayor que en el 2006.

En el tope aparece Colombia con 81.7, y le superan también Trinidad-Tobago, Argentina, Guyana y Panamá.

República Dominicana baja al octavo escalón en la proporción de personas que dijeron haber sido víctimas de corrupción.

Los peores resultados del Barómetro de las Américas para el país se registran en la percepción de que “el barrio está afectado por las pandillas, donde encabeza con 48.6 por ciento, y en la confianza en la Policía, que solo alcanza al 34.9 por ciento de la población, solo superado por Honduras y Trinidad-Tobago, que registran 28.7% y 32.8% respectivamente.

La esperanza de los dominicanos en prosperar en el país queda mal parada en la encuesta, con un 31.9 por ciento que manifiesta intención de irse a vivir a otra nación, solo superado por Haití, Jamaica y Guyana, que registran 58, 48 y 35 por ciento.

En valoración de la eficacia gubernamental, República Dominicana registra la sexta peor posición, con 40.7 por ciento, la séptima peor en apoyo al sistema político, en confianza en el Gobierno local y en el sistema de justicia, con 48.8, 45.5 y 45 por ciento, y la octava en evaluación de los gobiernos locales, con 47.5 por ciento.

La posición de derecha de la sociedad dominicana queda manifiesta al registrar el sexto escalón continental. Tal vez eso explica el liderazgo en el concepto de que “los hombres deberían tener prioridad para conseguir un trabajo”, aunque más de la tercera parte de los hogares son presididos por mujeres. Mientras es segundo en apoyo a la cuota de candidaturas femeninas.

Los mejores resultados.  En contradicción con su pobre evaluación de las instituciones estatales y políticas, los dominicanos manifiestan una alta participación en las actividades políticas, electorales y comunitarias, situándose entre las más elevadas del continente.

Son líderes regionales con 63.4 por ciento en simpatía con algún partido político. La participación electoral del 70.5 por ciento es alta para una nación donde el voto no es obligatorio.

República Dominicana ocupa el segundo lugar en entrevistados que dijeron haber tratado de convencer a otros para que votaran por alguna candidatura, con 31.6 por ciento, y el tercer lugar en porcentaje de las personas que dicen haber trabajado para partidos o candidatos, con 16.8 por ciento, superada solo por Surinam y Haití, ambas con 17.9 por ciento, mientras Chile, Canadá, México, Panamá y Perú quedan por debajo del 5 por ciento.

La alta participación política y electoral podría estar relacionada con el asistencialismo y el clientelismo, ya que el 31 por ciento de los entrevistados dijo tener, o alguien en su hogar, una tarjeta de los programas de subsidios sociales y el 24 por ciento dijo haber recibido ofertas clientelares en campañas electorales.

Sin embargo la participación en actividades comunitarias también es alta, la sexta mayor de los 26 países incluidos, con tasa de 32.9 por ciento.

Y en asistencia a reuniones municipales República Dominicana ocupa la tercera posición continental, después de Haití y Estados Unidos.

Alerta roja al sistema.  El progresivo deterioro de los indicadores de estabilidad y fortaleza política y democrática que presenta el capítulo dominicano del Barómetro de las Américas constituye una alerta roja para el liderazgo nacional que se muestra insensible ante las críticas y reclamos de la sociedad organizada y los medios de comunicación.

Ese nivel de insatisfacción y de escasa credibilidad en las instituciones del Estado viene siendo diagnosticado en encuestas, investigaciones y pronunciamientos nacionales, ante los  cuales el sistema partidario y los gobernantes reaccionan con indiferencia, cuando no con agresividad. Se solazan señalando la participación masiva en las campañas electorales, ignorando que está integrada en gran proporción por buscadores de favores y oportunidades y que hay una sociedad consciente que aspira a mejores estadios de institucionalidad democrática y gobernabilidad.

El clientelismo y el reparto llevado a niveles sin precedentes, con cerca de 800 mil personas en las nóminas y nominillas y en las pensiones del Gobierno central, las instituciones descentralizadas y los ayuntamientos, y casi 2 millones de tarjetas en diversos subsidios sociales han contribuido al mantenimiento de la estabilidad político-social, pero no logran revertir los niveles de pobreza ni han evitado el deterioro que registran los estudios y análisis sociales.

El sistema político se ha atribuido un nivel de vida que compite con el de sus colegas de naciones desarrolladas, con tasas irritantes de corrupción, mientras se ha negado sistemáticamente a acatar normativas como la del defensor del pueblo cuya ley orgánica acaba de cumplir 12 años.

Su pragmatismo e insensibilidad le ha impedido aprobar leyes como la de partidos políticos y regulación salarial y poner límites al despilfarro y la malversación de los fondos públicos.

Un progresivo deterioro. Lo más relevante del estudio sobre la cultura democrática dominicana es la progresiva reducción que registra en promedio de apoyo al sistema político, en apoyo a la democracia, en valoración de la eficacia gubernamental y de las instituciones fundamentales de la sociedad.

Es relevante que los medios de comunicación social y las iglesias Católica y evangélicas sean las únicas instituciones que alcanzan aprobación sobre el 60 por ciento, con un 72, 67 y 62 por ciento respectivamente. El Presidente de la nación, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, el sistema de justicia, la Policía Nacional y los partidos resultan quemados con puntuaciones que oscilan entre 47.7 y 32.3%.  Todas registran caída entre las encuestas de 2008 y  2012, en especial el Presidente, con 15 puntos menos,  la Policía con 12, Fuerzas Armadas 10, Junta Central Electoral 9, y Suprema Corte y Justicia que cayeron  en 8 puntos.

Entre  2006 y  2012 el apoyo a la democracia y al sistema político se redujo casi 9 puntos, pasando en el primero del 78.7 al 70 por ciento, y en el segundo del 57.6 al 48.8%. La valoración de la eficacia gubernamental disminuyó 15 puntos en el mismo período, de 55.8 a 40.7% y la evaluación de los gobiernos locales cayó 10 puntos. Y la convicción de que los partidos representan a los votantes se redujo más de 8 puntos, del 49.8 al 41.6 por ciento, entre las encuesta del 2008 y 2012.

 

Siempre con las riendas tensas

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Estoy obligado a expresar la gratitud que me embarga por el homenaje  del que me hizo objeto el viernes la comunidad académica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), conjuntamente con cuatro de los mejores colegios secundarios de esta capital, y al que se sumaron tantos colegas y amigos para satisfacción de mi familia allí presente.

 El reconocimiento fue tan cálido e intenso que arrancó lágrimas a muchos de los presentes durante su largo discurrir de casi cuatro horas, especialmente por las representaciones teatrales y artísticas de alumnos de los colegios Santa Teresita, Babeque Secundario, Triumphare y Lux Mundi, elaboradas a partir de entrevistas de apenas hora y media, conversaciones con familiares y amigos y consultas de artículos.

 Lo más impresionante fue cómo me interpretaron teatralmente, cómo captaron las esencias de mis orígenes y vida personal y profesional, así como criterios esenciales introduciendo la música de los bateyes de donde provengo, con la indumentaria de los guloyas y hasta de las desafortunadas Estrellas Orientales que tanto me han enseñado a persistir en la batalla por los “sueños utópicos” labradores de progreso. Incluyeron poemas y canciones preferidas, salteadas de testimonios de compañeros y familiares.

 Tengo que dar crédito al histrionismo humano y teatral de esos muchachos y muchachas, y por supuesto a los directores de sus grupos que son conocidas figuras de las tablas nacionales, así como a directores y profesores de esos centros docentes que tomaron con tanto entusiasmo el “Día del INTEC con Juan Bolívar Díaz”, en la XVII celebración de un programa que persigue el “reconocimiento y promoción de las acciones y los valores más enaltecedores, encarnados por destacadas personalidades del quehacer intelectual, artístico, científico, tecnológico y empresarial”.

 Mi gratitud al Consejo Académico, al Rector Rolando M. Guzmán, a la decana de Ciencias Sociales y Humanidades Migdalia Martínez y a profesores y estudiantes que hicieron posible este homenaje que ellos motivaron en lo que estiman “significativo aporte al periodismo nacional de radio, prensa y televisión, así como al desarrollo de la sociedad civil, los valores de la democracia y los derechos humanos en el país”.

También agradezco a los comunicadores que se asociaron al homenaje, en particular a los que participaron en un panel testimonial: Lidia Ariza, Silvio Herasme Peña, Ramón Emilio Colombo y Rafael Toribio.

 Si bien este reconocimiento pudo haber sido extemporáneo, puesto que sigo activo y en plenitud de salud y decisión de continuidad, me alienta y reafirma el compromiso con los valores esenciales que pautan la comunicación y la hipoteca social del periodismo. Por de pronto me hizo de nuevo habitante del tiempo ido, de caminos y sueños compartidos y de esos “tantos hermanos que no los puedo contar, en la loma y el llano, en el campo y la ciudad”.

 Me gratificaron hasta niveles inmerecidos y me hicieron recordar a Goytisolo en sus palabras para Julia, cuando nos dice que “un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada”. Muchachas y muchachos rescataron mi devoción por León Felipe al recordar que “la cuna del hombre la mecen con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos”, mientras abrían armónicamente los paraguas amarillos del 4 por ciento del PIB para la educación.

 De nuevo volví  a enarbolar el testamento leónfelipiano que convertimos en afiche en los días gloriosos del diario El Sol, al final de los setenta, cuando obligamos a la Gulf and Western a devolver 38 millones de dólares que correspondían al pueblo dominicano: “voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, que lo que importa no es llegar solo y de prisa, sino con todos y a tiempo”.

¿No tienen quien les escriba?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Los incidentes verificados en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) a raíz de la protesta de cientos de sus estudiantes en rechazo a un aumento de las cuotas de matriculación, constituyen una penosa expresión del arraigo del autoritarismo en instituciones que, como las universidades, deberían ser modelo de diálogo y respeto a los derechos individuales y sociales.

No es sólo la desproporcionada reacción de las autoridades de esa prestigiosa casa de estudios frente a un reclamo, que pudiera carecer de sustento pero no de legitimidad, sino las posteriores de su Consejo y muy especialmente el de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), que parece arrancada de las páginas de la represión balaguerista de los años sesenta y setenta.

Nos sorprendió una reacción tan desproporcionada, como la suspensión de cientos de estudiantes por haber firmado una solicitud de revisión del aumento, de parte del Rector, reverendo Ramón Alonzo, indignado porque “se estaba desacreditando” su Universidad. Mis afectos por este sacerdote me obligaron a llamarlo para escucharlo y pedirle que hiciera un esfuerzo por solucionar el conflicto abriendo su corazón al respeto a la disensión.

Comprendí su justa indignación por las reacciones destempladas y hasta insultos que se produjeron en medios de comunicación electrónicos, especialmente en las redes de Internet. Pero esos excesos no estaban individualizados y era injusto cargarlos sobre todos los que  realizaron un reclamo pacífico. Tampoco justificaba que se condicionara la inscripción a una humillante carta de retractación.

Le dije al padre Alonzo que mi experiencia como miembro de consejos rectores de entidades académicas sin fines de lucro (Junta de Regentes del INTEC por seis años, y en los colegios Véritas y Babeque Secundaria), indicaba que los usuarios siempre tienden a rechazar los aumentos de cuotas, aún los más legítimos. Pero que eso lo resolvíamos  escuchando y dando informaciones y explicaciones.

El problema tenía que agravarse si, como dijo la ADRU, se veía el reclamo como “un movimiento organizado y promovido por grupos externos” planificado con “propósitos desestabilizadores”  que “plantean acciones violentas”.

El conflicto llegó a los tribunales. Cuatro de los líderes de la protesta recurrieron en amparo ante la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Jugado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que tras escuchar y ponderar los argumentos de las partes, concluyó disponiendo que la UCSD inscriba a los suspendidos y les garantice todos sus derechos.

He leído la sentencia de 82 páginas y me atrevo a felicitar a la jueza Maritza Capellán Araújo por haber reivindicado brillantemente los derechos ciudadanos a la libre expresión, libertad de reunión y derecho a la educación, garantizados por la Constitución de la República y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia de la jueza Capellán es un documento que la ennoblece, por lo bien y ampliamente fundamentada, no sólo en los textos fundamentales antes citados, sino también en los propios estatutos de la UCSD que establecen un procedimiento de suspensión que no fue cumplido. Llega a citar la Constitución Apostólica sobre Universidades Católicas, en cuanto “garantiza a sus miembros la libertad académica, salvaguarda los derechos de las personas y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y el bien común”. La jueza tuvo la diligencia de consultar jurisprudencias en la materia de los tribunales constitucionales de Costa Rica, Colombia y España.

Después de leer ese documento judicial, incluyendo las exposiciones de los abogados de la UCSD, huérfanas de derecho, es mucho más penoso que esta universidad se niegue a acatar la sentencia y haya recurrido en casación ante la Suprema Corte, en vez de dar un ejemplo de acatamiento.

La esperanza es que la Suprema Corte reedite el valor de la jueza para decidir en justicia, independientemente de los poderes fácticos envueltos, que una vez más evidencian que la democracia, el diálogo y los derechos son asuntos de discurso, para exigírselo a los políticos.

En cuanto a los jóvenes estudiantes, deberíamos preferir a los que se  rebelan contra la corrupción, las injusticias  y los males de la sociedad, como les recomendó el Rector del Colegio Loyola, reverendo Francisco Lluberes, en la conmemoración del 50 aniversario del mismo en septiembre pasado.  También a los que se agrupan en el grupo “Toy Jarto Ya pero Creo en mi País”, que ha tenido la osadía de dar apoyo a los reclamantes de la UCSD.