Ofensiva de radicales haitianos abona el odio y la confrontación

Por Juan Bolívar Díaz
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Las autoridades e instituciones nacionales y haitianas tienen que esforzarse en reducir el clima de confrontación que se viene incubando en la isla y que podría agravarse en las campañas electorales que ya tienen curso en las dos naciones donde históricamente caudillos y grupos políticos medran con la estigmatización del vecino.

En el país hace tiempo que se viene advirtiendo que el discurso del odio y la exclusión contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes, que ya incluye a autoridades y comunicadores, generará violencia que hará imposible la cooperación a que están condenados dos países que comparten una pequeña isla.

Condena unánime y rápida. Como era de esperarse, la sociedad dominicana ha condenado rápida y unánimemente la agresiva y provocativa acción del núcleo vandálico que violó la jurisdicción del consulado dominicano en Puerto Príncipe, trepando a su techo y arriando la bandera nacional, que también fue quemada. Tal acción no sólo fue una ofensa a la nación dominicana, sino también un atropello al derecho internacional.

Por fortuna, las autoridades, el principal diario haitiano y los organizadores de una marcha pacífica que había precedido el vandalismo, condenaron de inmediato la acción, sin buscar ningún pretexto. Aunque queda establecer por qué no se previó mayor protección al consulado como se hizo con la embajada, en la circunstancia de una marcha que protestaba acciones dominicanas en perjuicio de haitianos. Esa escena de cuatro individuos, posando para fotógrafos sobre el techo del consulado, como si hubiesen escalado el monte Everest, parece una acción premeditada para agravar las relaciones bilaterales.

La marcha fue convocada por grupos de la sociedad civil haitiana que abogan por el entendimiento, y proclamaba la paz entre los dos pueblos, incluyendo el grupo 4 de diciembre, último esfuerzo en que se involucró el exembajador Guy Alexandre, poco antes de morir hace un año, en su papel de pregonero de la cooperación y la amistad en la isla. Entre los convocantes había personalidades reconocidas que fueron recibidas por el embajador dominicano Rubén Silié, con quien tuvieron un diálogo respetuoso y constructivo. Fue después de dispersada la marcha que un pequeño grupo montó la provocación en el consulado, como a un kilómetro de distancia.

El caso Henry Claude Jean. Lo ocurrido en Puerto Príncipe el 16 de febrero no sorprendió a quienes venían advirtiendo que el discurso del odio germinaría en grupos anti dominicanos del otro lado de la frontera. La marcha a la embajada dominicana era para pedir explicación sobre acontecimientos que les ofendían como el presumible linchamiento del joven haitiano Henry Claude Jean, ocurrida en Santiago el 11 de febrero, al día siguiente de que un grupo de encapuchados, entre gritos de guerra, quemara allí la bandera haitiana, lo que no fue condenado por ninguna autoridad. Allí también fue que un grupúsculo proclamó la necesidad de matar a 4 periodistas que consideran traidores a la patria por defender derechos de inmigrantes y sus descendientes.

El caso del limpiabotas Henry se convirtió en paradigmático, por las características de un crimen de odio y terror. Lo amarraron de pies y manos, le dieron muerte a palos y lo llevaron al parque Ercilia Pepín, donde lo colgaron de un árbol, frente al principal hospital regional y por donde pasa una ruta de transporte, lo que implica también un atrevido desafío. Por ello 150 personalidades haitianas escribieron al presidente del partido gobernante, Leonel Fernández, considerándolo principal beneficiario del anti haitianismo, pidiéndole que condenara el presunto linchamiento. Y 62 académicos y activistas dominicanos residentes en el exterior pidieron lo mismo al presidente de la República.

Desde el primer día la policía de Santiago “descubrió”, sin la menor evidencia, que Henry había sido víctima de otros dos haitianos para robarle, porque se había ganado dos mil pesos en una banca de apuestas, sin identificación ni testigo. Con eso la policía y varios periódicos pretendieron cerrar el caso, pero como eso era insostenible y hubo muchas repercusiones internacionales, la siguiente semana el Jefe de la Policía Nacional se trasladó a Santiago para asumir personalmente la investigación, de la que 18 días después no se publican resultados. No ha habido un rechazo firme de las autoridades al discurso del odio, la estigmatización y amenazas de muerte.

Ofensiva de año nuevo. Ha habido toda una ofensiva anti haitiana desde que arrancó el 2015, que incluye otro crimen por aclararse, el de Lujis Jhoset el 18 de febrero en Comendador, Elías Piña, y para colmo los dos policías, un militar y dos civiles que asaltaron la residencia del embajador de Haití en Santo Domingo el 5 de febrero, fueron libertados de inmediato por decisión de una jueza, pese a los agravantes de uso fraudulento de uniformes de una empresa estatal, porte de armas de fuego, golpes y amarre del único guardián, amordazamiento de la empleada doméstica y robo de dos cajas fuertes, luego incautadas por la policía, sin los 18 mil dólares que contenía. Ese hecho desbordó el ánimo del embajador Fritz Cineas y determinó su dimisión, sintiéndose acosado.

En enero hubo un grave incidente cuando pescadores haitianos desbordados apedrearon el consulado dominicano en Anse-APitre, cerca de Pedernales, después que militares dominicanos le incautaran embarcaciones, lo que se denunció como secuestro del personal dominicano, porque este cerró las puertas hasta que intervinieron autoridades. El Gobierno supo que no hubo secuestro y que el incidente fue en aguas haitianas, según confidencia de un funcionario y del senador por Pedernales. Esos pescadores denuncian frecuente extorsión por autoridades nacionales que les incautan hasta los motores de sus botes. Eso dejó claro que se aproximaban agresiones del otro lado de la frontera.

La vocería anti haitiana creció con la versión de que se habían construido viviendas para “un asentamiento de inmigrantes haitianos” en Sosúa, Puerto Plata, pero a más de un mes todavía se espera el informe de la Comisión del ministerio de Interior y del Congreso que fue a investigar el infundio. La realidad es que desde los años ochenta un ministerio evangélico ha construido 1,200 casitas para sustituir las barracas de los bateyes azucareros, en beneficio de los que allí vivían por décadas, dominicanos, dominico-haitianos y haitianos. Durante semanas estos inventos generaron un incremento de la prédica anti haitiana en los medios de comunicación, donde se pedía energía al Gobierno.

Hubo pruebas de deportaciones masivas de haitianos que buscaban acogerse a la regularización, en violación del decreto que la instituyó, como el centenar que eran llevados por monjas al centro de registro de San Juan de la Maguana. La valentía de las religiosas y del obispo Sergio Grullón, determinaron que al día siguiente se les dejara volver al país.

Chantajean al gobierno. Los grupos ultranacionalistas, que han ganado cada vez más espacio como aliados del PLD, no solo estigmatizan a los comunicadores que los contradicen, sino hasta al propio presidente Danilo Medina, a quien colocaron en la galería de “traidores a la patria” exhibida el viernes, Día de la Independencia, en el Altar de la Patria, donde acosaron y empujaron a defensores de derechos humanos. Ya el Día de Duarte, 26 de enero, se habían escuchado allí mismo gritos de “Danilo traidor”.

Es significativo que esos gritos salen de grupos en los que abundan empleados públicos, como en Santiago, y desde un grupo político aliado que acusa a funcionarios del Gobierno de servir al interés extranjero. Los ataques han sido más virulentos contra el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo y su equipo técnico, después que éste proclamara en una reunión bilateral con Haití el 10 de julio pasado, el comienzo de una nueva era en las relaciones bilaterales, considerando que “el odio es estéril, mientras que el amor y el respeto fructifican”.-

Fue positivo que el presidente Medina no buscara beneficio político con lo del consulado en su discurso del viernes, pero tendrá que hacer esfuerzos para frenar “lo que se aproxima”. Por ejemplo, impidiendo que en medio del vendaval su ministro de Interior y Policía piropeara a los vecinos diciendo que Haití es un estado fallido. Aunque lo fuera.

A ese esfuerzo tendrán que concurrir los periódicos y empresarios dominicanos que deben abandonar hipocresías y reconocer que no pueden prescindir de la mano de obra haitiana, aunque bajo regulaciones, y que los últimos datos disponibles indican que en la primera mitad del 2014 sus exportaciones formales hacia Haití sumaron 560 millones de dólares, y las importaciones 68.7 millones de dólares.-

El proyecto de ley busca revocar el genocidio civil

Por Juan Bolívar Díaz
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El proyecto de ley sometido al Congreso Nacional por el Presidente Danilo Medina convalida la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros residentes irregulares nacidos en el país con actas de nacimiento, y establece una vía para la simple naturalización a otros que nunca obtuvieron el registro civil.

Se trata de un artificio que evade la inequidad de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) sin enfrentarla, abriendo un atajo con un filigrana jurídico que atiende el clamor nacional e internacional de justicia y respeto a derechos humanos fundamentales, y al mismo tiempo que trata de conciliar las posiciones enfrentadas.

Convalidación y naturalización. Tal como habíamos advertido el 30 de marzo, (HOY: “Danilo Medina se debate entre Naturalización y Convalidación”) el primer mandatario optó por “una fórmula que resuelva el drama de los desnacionalizados y satisfaga los requerimientos del derecho internacional, evadiendo confrontar el dictamen del Tribunal Constitucional”. Se precisaba que “el Presidente podría hacer una fusión de Convalidación y Naturalización, aludiendo a un anteproyecto del Ministerio de la Presidencia y al plan originario de Naturalización rechazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en diciembre, enarbolado por los defensores a rajatabla de la sentencia.

La propuesta de ley introducida a través de la Cámara de Diputados procura “establecer a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril del 2007 (el que abarca la sentencia del TC) inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para estos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”.

Para los primeros, los desnacionalizados por el Tribunal Constitucional, dispone que la Junta Central Electoral (JCE) proceda a “regularizar y/o transcribir” sus actas en los libros del Registro Civil y “los acreditará como nacionales dominicanos”. Los que ya tenían cédulas de identidad y electoral serán dotados del mismo documento con su numeración anterior, y los que no la hayan tenido se les otorgará. El Estado les reconoce retroactivamente todos los actos de la vida civil que realizaron. En resumen, a los desnacionalizados se les convalidan plenamente sus derechos, con lo que se revierte el genocidio civil iniciado por la Junta Central Electoral en el 2007.

Los argumentos de Danilo. Tanto la carta con la que el presidente Medina remitió su proyecto al Congreso como las consideraciones del mismo, contienen planteamientos básicos sobre la dignidad humana, la justicia y la convivencia, llamados a desinflar el clima de odios y exclusiones que se ha promovido en el país en los últimos siete meses.

Indica que es el fruto del consenso logrado con sus consultas “inspirado en principios fundamentales sobre los que se erige nuestro Estado, tales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.

Sostiene que regularizar sus documentos “es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de estas personas y sus descendientes y desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad ni participación”.

Añade que se trata de permitir que personas que vivieron toda su vida con una identidad jurídica “se les reconozca definitivamente como válida y buena y puedan continuar su vida normalmente”.

En sus primeros considerando, la propuesta se refiere a los planteamientos de la sentencia, reconociendo su carácter vinculante para los poderes públicos, pero no excluye que los órganos políticos fruto de la voluntad popular “den respuestas a situaciones nuevas que se crean a partir de decisiones que dicta el Tribunal Constitucional”.

Luego señala que los órganos de representación popular tienen la obligación de buscar soluciones a los problemas sociales en base al interés nacional y guiados por los valores “que están plasmados en el Preámbulo de la Constitución, como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.

Reconoce insostenibilidad. El proyecto de ley evade herir susceptibilidades, por lo que no se refiere a la posición insostenible del apartheid creado por la sentencia ni al clamor nacional en su contra que crecía cada semana, ni al daño que ha producido a la imagen del país, pero todo eso influyó para que el presidente Medina mantuviera su reacción inicial de buscar una solución humana y justa al conflicto, y contó con la firmeza del equipo técnico y político del Ministerio de la Presidencia, sometido a ataques virulentos.

En el ámbito nacional crecía también la convicción de que había que reparar esa iniquidad y eliminar un elemento que consumió la atención nacional y muchas energías durante un tercio de los 21 meses que lleva esta gestión gubernamental.

El proyecto fue publicado el mismo día que la acreditada encuesta Penn and Schoen-SIN revelaba que el 72 por ciento aprobaba la ciudadanía de los descendientes de haitianos que habían sido registrados. En enero la Gallup-HOY registró 58 por ciento.

La acogida casi general que ha recibido el proyecto y su aprobación a unanimidad y de urgencia en la Cámara de Diputados, adelanta su rápida conversión en ley, ya que es fruto, tal como se había considerado imprescindible, de la voluntad política de los dos mayores líderes del partido gobernante, que tiene 31 de los 32 escaños y el otro, el reformista Amable Aristy adelantó su conformidad. Hasta muchos de los que defendían la exclusión han aceptado la solución “salomónica y pragmática”.

Reparos de derechos humanos. Se puede prever que la ley será acogida con alivio en el ámbito internacional, por los gobiernos y organismos multilaterales y aún en las instituciones que velan por los derechos humanos, porque dejará sin efecto el despojo de la ciudadanía a decenas de miles de personas, que en esos ámbitos se considera la violación más grave de derechos humanos en la historia del sistema interamericano.

Habrá un reparo fundamental a la decisión de convertir en extranjeros y obligar a una “naturalización ordinaria” a los descendientes de inmigrantes irregulares que nunca han sido declarados en el Registro Civil, como ya lo hizo la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes (ACNUR), que consideró el proyecto como “un primer paso para restaurar la nacionalidad de decenas de miles de personas”.

Pero planteando que “también debería remediar de manera efectiva la situación de la mayoría de las personas afectadas por la sentencia del Tribunal cuyo nacimiento no ha sido declarado”.

En el país el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas valoró el proyecto como un esfuerzo del Gobierno por encontrar una salida humanitaria y justa al drama de la desnacionalización y lo acepta como una transacción de consenso, pero ratifica su convicción de que todos los nacidos en el territorio nacional antes de la Constitución del 2010 tienen derecho a la nacionalidad, incluyendo los no declarados.

Citan la sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “nuestra última instancia en materia de derechos humanos, en el caso de las niñas Yean y Bosico.

Por igual, Participación Ciudadana consideró positiva la propuesta de ley y abogó por un mecanismo “sencillo, accesible y razonable” para la naturalización de los indocumentados nacidos en el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se irá por el mismo camino de la aprobación con reparos, dados sus planteamientos históricos al respecto, y fue quien llevó el caso Yean y Bosico a la Corte. Pero por el momento los expedientes que tiene en trámites son todos de los desnacionalizados y la ley los dejaría sin objeto.

Sin duda conjuraría la avalancha de denuncias contra el país.

Los de la naturalización

Empeñado en conjurar el escándalo internacional y hacer justicia a los que habían sido aceptados como dominicanos, el Gobierno mantuvo la esencia del anteproyecto elaborado por el Ministerio de la Presidencia, del que dimos cuenta el 16 de marzo (HOY: “Toca al PLD revocar el genocidio civil”). Pero hizo concesiones a las posiciones nacionalistas en cuanto a los que nunca fueron registrados como dominicanos. Se planteaba una vía rápida para darle acceso a la naturalización sin que tuvieran que registrarse como extranjeros.

El proyecto enviado al Congreso les da un plazo de 90 días para inscribirse en el libro de extranjería y luego y otro de sesenta (60) días para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Solo después de dos años podrán optar por la “naturalización ordinaria” Todo ello sujeto a un reglamento por definirse.

Fuentes bien informadas indican que el presidente Medina tuvo que hacer concesiones en el proyecto original que fue denunciado por la Fuerza Nacional Progresista, cuyo líder, Vincho Castillo, habría planteado la ruptura de su alianza con el partido gobernante, con lo que consiguió el apoyo del expresidente Leonel Fernández, quien a su vez negoció y logró el endurecimiento de las condiciones para la naturalización de los no registrados, que son de los más pobres del país, y cuyo número podría superar el de los descendientes de extranjeros que tienen registro de nacimiento.

Quedan excluidas de la validación las actas de nacimiento que configuren el delito de falsedad de escritura cuando el hecho “le sea imputable directamente al beneficiario”, lo que tendría que someterse a un tribunal. Los de la naturalización deberán demostrar haber nacido en el país y tener arraigo social en el mismo.

 

Regular la inmigración requiere voluntad política

Por Juan Bolívar Díaz

Compelido por el escándalo internacional generado por la sentencia que desnacionaliza a decenas de miles de personas, el Gobierno del presidente Danilo Medina comienza a mostrar la voluntad política que faltó a sus predecesores para regular y controlar la intensa inmigración haitiana.

La suspensión temporal de las deportaciones es una demostración de valentía, que los ultra nacionalistas no entienden, para crear un clima de confianza que abra espacio al Plan Nacional de Regularización de los Inmigrantes que se trata de implementar con muchos años de retraso.

Varios pasos adelante. Tras el escándalo internacional producido por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que en septiembre avaló el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país, el Gobierno parece encaminado a afrontar el plan regulador de inmigrantes dispuesto por la Ley de Migración del 2004, incluido en la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012 y demandado por decenas de entidades sociales.

En apenas un trimestre se han emprendido acciones fundamentales como el decreto 327-13 que establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, se puso en vigencia el Consejo Nacional de Migración, se dio curso al Instituto Nacional de Migración, y se nombró como su directora a la doctora Flor Rojas Rodríguez, con vasta experiencia en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes, y se dispuso la suspensión temporal de las deportaciones.

Al mismo tiempo el Gobierno ha procurado la asistencia técnica y financiera de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea, al tiempo que abrió un diálogo con las autoridades de Haití que incluye los desafíos migratorios, además del comercio bilateral, la seguridad fronteriza y medio ambiente.

Los organismos recién implementados están contemplados en la Ley General de Migración promulgada en agosto de 2004 por el presidente Hipólito Mejía, cuyo reglamento debió ser adoptado a los seis meses, pero el Gobierno del presidente Leonel Fernández lo dilató por más de siete años, hasta octubre de 2011.

También los contempla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y fueron incluidos en el “Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones” de mayo de 2013 asumido por 140 instituciones sociales y no gubernamentales, empresariales, sindicales, religiosas, académicas y comunitarias.

De la algarabía a la eficiencia. La voluntad política manifiesta por los voceros oficiales indica el propósito de rebasar la algarabía y la denuncia antihaitiana para concentrarse en un trabajo eficiente en dos direcciones, primero regularizar los extranjeros indocumentados que ya residen en el país, y segundo controlar y racionalizar el flujo, reduciéndolo a lo que demande el desarrollo nacional.

Tanto el presidente Danilo Medina como sus principales ejecutivos saben que no es fácil cambiar la tradicional política frente a la inmigración, 87 por ciento de haitianos, primero porque se trata de una frontera terrestre, permeable por múltiples recovecos, pero sobre todo por los intereses económicos que la han alentado durante un siglo, especialmente de los empresarios agrícolas y del propio Estado que han preferido disponer de una abundante mano de obra barata en incapacidad de reclamar, a la cual no se le reconoce ningún aporte al desarrollo dominicano. A ello se suma los beneficios del tráfico de personas, obtenidos por militares, policías, políticos y autoridades locales.

Sin embargo, el mandatario parece convencido de que urge pasar del discurso y la algarabía antihaitiana a las realizaciones positivas, que den fruto, lo que no ha ocurrido en la última década cuando no solo la dirección de Migración, sino también el Consejo Nacional de Frontera, dirigido por Norberto Rondón, han estado en manos del partido que encarna el ultranacionalismo, como lo resaltó el historiador Bernardo Vega en su artículo “Es Culpa Nuestra”, HOY del 17 de enero.

Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, el 38.6 por ciento de los 524 mil 632 ingresadas al país habían llegado entre 2010 y el 2012, cuando se hizo la investigación. Como el 23.6 por ciento dijo haber inmigrado en el período 2006-09, y el 18.5 por ciento entre el 2000 y 2005, hay que convenir que dos terceras partes ingresaron en los 8 años consecutivos del gobierno de Leonel Fernández, cuando los ultranacionalistas dirigieron los organismos claves de control migratorio y protagonizaron el antihaitianismo. Y los siguen dirigiendo, aunque en las últimas semanas parecen relegados.

Un discurso hipócrita. En principio se traficó y alentó la inmigración haitiana para la agroindustria azucarera, que luego se fue desplazando a la agricultura en general y a la industria de la construcción, mientras los dominicanos se iban en yola a Puerto Rico para encabezar allí el trabajo en esos mismos sectores. Pero en los últimos años ha invadido la informalidad de los chiriperos, el trabajo doméstico y de vigilancia y comienza a ser visibles hasta en los hoteles turísticos.

Con un discurso hipócrita, muchos de los explotadores de esa mano de obra figuran entre los que denuncian “la invasión pacífica haitiana”, incluyendo familias de clase media que los tienen dentro de sus propias casas, como trabajadores sin horario, seguridad social ni vacaciones. En un almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio hace varios años un empresario denunció la documentación ilegal de haitianos, y cuando se le preguntó cómo lo había determinado, él mismo dijo que por uno de sus trabajadores haitianos. En una reunión de profesionales un religioso proclamó que los haitianos odian a los dominicanos, pero no pudo explicar cómo, con esa convicción, él tenía una haitiana dentro de su casa y preparándole la comida.

Solo la complicidad gubernamental explica que el presidente Fernández casi agotara sus últimos 8 años de gobierno para promulgar el reglamento a la Ley de Migración y que no diera vida a los organismos que instituye, como ahora hace su sucesor. Su ministro de Agricultura Salvador Jiménez aceptaba que ya más del 80 por ciento de la mano de obra rural es de origen haitiano. Y el constructor del tren subterráneo de Santo Domingo, Diandino Peña, proclamó que no había forma de construir esa obra sin emplear haitianos.

Más allá del Plan de Regularización, las autoridades tendrán que rescatar la disposición del código laboral que limita a 20 por ciento la contratación de trabajadores extranjeros, por lo menos en las obras públicas, para dar ejemplo y reducir a mediano plazo la inmigración y verificar por qué crece el empleo de haitianos en los servicios turísticos, y si es que también en esos ámbitos los dominicanos son renuentes al trabajo.

Mientras tanto, es un pecado capital confundir la regularización de inmigrantes irregulares, con la desnacionalización de los descendientes de extranjeros que nacieron en el país desde 1929, como dispuso el Tribunal Constitucional. Según la Encuesta de Inmigrantes serían 244,151, de los que 209,912 descienden de haitianos. El 55 por ciento dicen poseer acta de nacimiento dominicana.

Pretender cambiarle el estatus por una naturalización puede reducir el escándalo internacional, pero como ya advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no librará al país de condenas por violentar un derecho tan fundamental como el de la nacionalidad.

 Prioridad del Gobierno

La importancia que el Gobierno confiere a la regulación de la inmigración queda de manifiesto en el hecho de que la política al respecto ha sido asumida desde el Ministerio de la Presidencia, cuyo titular Gustavo Montalvo no ha vacilado en defender la suspensión de las deportaciones, fundamental para crear el clima de confianza para que los extranjeros indocumentados respondan la convocatoria a regularizar su estatus.

Es lo que se ha hecho en múltiples países para regular la inmigración en aras del interés nacional, porque se asume que si están deportando indocumentados, estos no tendrán confianza en presentarse ante las autoridades, lo que no implica que siga el flujo de inmigrantes, por lo que al mismo tiempo se ha dispuesto multiplicar la vigilancia para impedir que siga su curso.

El protagonismo en la aplicación del plan correspondería a la Dirección General de Migración, cuyo titular José Ricardo Taveras es dirigente del pequeño partido (0.73 por ciento en la elección presidencial del 2012) que encarna la ideología ultranacionalista, la Fuerza Nacional Progresista, y fue responsable de un intento de regularización que en el último año y medio apenas logró registrar a 200 inmigrantes, en gran medida por conferirle un carácter más recaudador que regulador.

Solo por la emisión del carné Migración estableció una tasa de 15 mil pesos que hubo de reducir a 12 y luego a 7 mil 500 pesos, como para que nadie se regulara.. Empresarios agrícolas y de la construcción estimaron que el costo total de regular un trabajador extranjero pasaba de 34 mil pesos (más de 700 dólares), haciéndolo inviable.

El proyecto de regulación elaborado originalmente por Migración fue modificado fundamentalmente por iniciativa de la Presidencia de la República para hacerlo viable, privilegiando el interés nacional en regularizar a más de medio millón de extranjeros inmigrantes que habría en el país de acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes publicada el año pasado por el Gobierno.

 

Oración por los domínico-haitianos

Por Juan Bolívar Díaz
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En los ámbitos de defensa de los derechos humanos es cada vez más frecuente la interrogante sobre qué tendrá que ocurrir para que en este país acabemos de comprender que hay domínico-haitianos, como domínico-españoles, domínico-chinos, domínico-americanos y muchas otras extensiones de la nacionalidad.

Mientras  se expande  vigorosamente el rechazo a la política que niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento a miles de ciudadanos ya reconocidos, muchos de ellos desde hace décadas.

Ya en octubre pasado, un alto ejecutivo de una de las más reputadas universidades de Washington, tras reconocer las dificultades que impone la inmigración masiva tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, concluía señalando que había que aceptar que hay millones de méxico-americanos, o italo-americanos o domínico-americanos, para preguntar por qué no podíamos entender que hay también  domínico-haitianos.

Se refería el académico a la denuncia, llevada hasta una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una coalición de organizaciones dominicanas y americanas que defienden los derechos de los miles de domínico-haitianos a quienes por una circular de la Junta Central Electoral desde el 2007 se les niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento.

Se trata de una decisión administrativa que aplica retroactivamente la Ley de Migración del 2004 y la Constitución del 2010, que restringieron el derecho a la nacionalidad dominicana a los hijos de residentes ilegales aunque nazcan en territorio nacional.

Aunque muchos no compartan la restricción constitucional, se entiende dotada de legitimidad, pero de ninguna forma puede aceptarse su aplicación retroactiva a quienes nacieron cuando la Constitución no establecía tal restricción. Y mucho menos para aquellos a quienes ya se les había reconocido.

Esa aplicación retroactiva choca con preceptos de la misma Constitución dominicana, por demás generalizados en las constituciones de todo el mundo, así como con los códigos de derechos humanos y en  tratados y convenios internacionales.

Esa práctica inhumana ha sido denunciada en las últimas dos semanas en los informes sobre derechos humanos de Aministía Internacional y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y acaba de serlo por el Quinto Encuentro Regional de Migración y Movilidad Humana, al que asistieron obispos y religiosos de América Central, el Caribe, México y Estados Unidos, celebrado esta semana en esta capital.

La declaración final del encuentro es una defensa solidaria de los migrantes en toda la región, rechazando la criminalización de la inmigración ilegal adoptada por legislaciones de los estados norteamericanos de Alabama y Arizona, y por el trato inhumano a migrantes haitianos en República Dominicana.

Se pronuncia específicamente en defensa a los dominicanos de ascendencia haitiana, prometiendo que proseguirán la lucha por el derecho a la nacionalidad dominicana de los descendientes de haitianos nacidos en el país antes del 2010.

Si la legislación adoptada en Alabama y Arizona ha sido rechazada firmemente en todo el mundo, por considerar un crimen la inmigración ilegal, mucho más lo será el despojo de la nacionalidad a los domínico-haitianos a quienes se las habían reconocido durante décadas.

Ahora que los obispos dominicanos han coincidido con sus colegas de la región y de Estados Unidos sobre los derechos de los migrantes, debe esperarse que la Conferencia del Episcopado Dominicano adopte una actitud de firme defensa de los domínico-haitianos, como lo viene haciendo hace años el Servicio de los Jesuitas para los Refugiados y Migrantes, el Centro Bonó, el Centro de Asesoría Jurídica de la Iglesia y otras entidades religiosas y sociales.

Varios obispos dominicanos se han manifestado individualmente en rechazo a ese atropello, pero el refuerzo colectivo de la Conferencia Episcopal debe ser un gran impulso al reclamo de justicia.

Hagamos una oración por miles de domínico-haitianos que reclaman copias de sus actas de nacimiento para acceder a educación, para sacar o renovar pasaporte y hasta para contraer matrimonio.

 

Punto final a la barbarie

Por Juan Bolívar Díaz

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Todo el que tiene un mínimo de sentido de civilización debe salir al frente a la barbarie que implica la emergencia cada vez más frecuente de grupos que quieren  hacer justicia por sus propias manos, ya sea linchando a delincuentes, quemando casas de haitianos o dando plazos para que estos abandonen los reductos en que han quedado asentados.

Ya hemos perdido la cuenta del número de presuntos delincuentes que han sido linchados por turbas enardecidas, a veces tras ser molidos a palos y cuchilladas incentivando un sentimiento colectivo de sadismo que degrada nuestra sociedad y remite al dominicano a la prehistoria de los derechos humanos y de la civilización contemporánea.

La terrible muerte de un niñito de tres años, carbonizado en un batey de Barahona cuando desalmados quemaron cuatro casuchas de haitianos, es un capítulo particularmente bárbaro que ha debido sacudir la conciencia nacional, lo que no ha ocurrido, dado que casi nadie ha demandado su esclarecimiento y las correspondientres sanciones.

Afortunadamente el canciller Carlos Morales Troncoso se apresuró a condenar el hecho, adelantándose al comunicado de la embajada de Estados Unidos que refleja el grado de rechazo que acciones como esa generan en el mundo de hoy.

La circunstancia es propicia para recordar el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez en Aravaca, un barrio periférico de Madrid, en noviembre de 1992, a manos de un guardia civil y tres  jóvenes amigos que imbuidos de un gran sentimiento xenofóbico decidieron dar una lección a los “impertinentes e indeseables” inmigrantes. Toda la sociedad española, en un gran ejercicio de civilización, condenó el crimen y los cuatro responsables terminaron condenados en conjunto a 126 años de cárcel. El Estado español fue obligado a una indemnización que convirtió en millonaria a Kenia, la pequeña hija de Lucrecia.

Ciertamente que hay una diferencia grande. En España las instituciones estatales, incluyendo la Policía, el ministerio público y la judicatura, son muchas veces más funcionales, dejando menos margen a la insatisfacción ciudadana que se manifiesta, por ejemplo, en la decisión anunciada esta semana por grupos sociales de Licey al Medio, Santiago, de crear rondas para prevenir y perseguir la delincuencia.

Ya el jefe de la  Policía Nacional ha salido al frente a ese anuncio, pero es preciso que pasemos del discurso a la acción eficiente, no sólo en esa comunidad, sino en todo el país. Aunque deberíamos saber que a estas alturas de la descomposición social y policial se requiere mucho más que buena voluntad, comenzando por una profunda reestructuración de los organismos encargados de la seguridad ciudadana, lo que nos remite a la responsabilidad de quienes nos gobiernan.

Afortunadamente el arzobispo de Santiago, Monseñor Ramón de la Rosa, ha tenido el valor de desaprobar en términos absolutos la tendencia a imponer el terror grupal, particularmente en el caso de los inmigrantes. Y aquí nos remitimos de nuevo a las autoridades nacionales. Se precisa de un gran reclamo de límites a la inmigración masiva, alentada por traficantes y empresarios de casi todos los sectores, empeñados en mantener una mano de obra excedente que degrada el salario y las condiciones de los trabajadores dominicanos.

Una vez más hay que preguntar qué ha pasado con la Ley de Migración aprobada en el 2004 y con el reglamento que disponía aprobar en un plazo de seis meses doce veces cumplido.

Si no ponemos límites de forma racional, civilizada, de acuerdo con los principios y compromisos internacionales, seguiremos siendo considerados como una sociedad primitiva, objeto de condenas y recriminaciones. No basta alegar una soberanía que hace tiempo quedó subordinada al orden internacional.

 

 

Y una sola explicación verdadera

Por Juan Bolívar Díaz

La única explicación verdadera al inmovilismo de las autoridades dominicanas frente al desbordamiento de la inmigración haitiana que se registra desde finales de la década de los ochenta es que tanto los gobiernos como una parte importante del empresariado son beneficiaros de una abundante mano de obra incondicional y barata que a su vez degrada la oferta laboral en el país.

El mantenimiento de tan amplia oferta laboral, que trabaja por salarios menores, sin horario ni días fijos de descanso, incapacitada de organizarse ni de exigir mejores condiciones de vida y trabajo, que duerme en las mismas construcciones y en casuchas es de los factores que han impedido a los trabajadores dominicanos crear y mantener  eficientes entidades sindicales.

Hasta los años ochenta una alta proporción de la inmigración haitiana se contrataba formalmente para el corte y tiro de la caña y era dotada de carnet por el Consejo Estatal del Azúcar. Al final de la zafra eran devueltos a Haití, aunque siempre algunos se quedaban clandestinamente. Pero a los 15 o hasta 20 mil braceros que traía el consorcio estatal, se empezó a agregar una proporción de informales, fruto de un tráfico humano que se pagaba en ambos lados de la isla y que pasó a ser una fuente de enriquecimiento de caciques fronterizos, de militares y buscones. Empeoró cuando el CEA dejó de contratar.

Primero se traían braceros para los ingenios privados y ya luego hasta para los del Estado. Y después pasaron a ser buenos para casi todas las actividades agrícolas, en proporciones que alcanzan hasta el 80 y 90 por ciento. Y más tarde ocurrió lo mismo con la construcción, y ahora con el chiripeo en general.

Y cuando el gobierno amplió el acueducto capitalino, comenzando los noventa, los contratistas apelaron a los especialistas en traer braceros directamente desde Haití. Eran más baratos que los que ya sobraban en el país. Se demostró en los servicios informativos de Teleantillas. Hasta para remodelar el edificio de la cancillería dominicana en los finales de los noventa, se apeló a los haitianos, como mostró el periódico El Nacional.

Lo más grave es que paralelamente los beneficiarios de esa inmigración tendieron una cortina de humo difundiendo e imponiendo la teoría de la invasión haitiana. Nunca hubo tal invasión, ellos los traían y les empleaban. Recuérdense las “tres anécdotas distintas…” del pasado domingo.

Durante más de 15 años entrevistamos más de 20 veces al padre Pedro Ruquoy, en el telediario Uno más Uno. Con valentía y energía denunciaba el tráfico de haitianos por la frontera, llegando a identificar por sus nombres y apellidos a los operadores del negocio, civiles y militares, de ambos lados de la frontera. Ese inmenso sacerdote que dejó las comodidades de su natal Bélgica para ejercer la piedad cristiana como director de la Pastoral para los haitianos de la Diócesis de Barahona, salió en el 2005 casi expulsado, acosado como propulsor de la haitianización del país.

Siempre abogó por la regulación de la inmigración haitiana, pero no podía ser indiferente ante la suerte de los que encontraba en los bateyes, llegando al extremo de declarar como hijo a un niño que encontró abandonado. El padre Ruquoy lleva cinco años ejerciendo la compasión y la solidaridad cristiana en un país africano y desde entonces otras decenas de miles de haitianos han cruzado la frontera, ya no solo para trabajar, sino hasta para mendigar en las calles. Y las autoridades nacionales siguen sin hacer otra cosa que esporádicas redadas para deportaciones sin la menor consideración humana. La nueva ley de Migración, fruto de muchos años de seminarios y consensos, lleva seis años esperando un reglamento.

Ya hasta los dirigentes haitianos vienen a decirnos que hay que abordar de manera seria el problema de la inmigración. Fue lo que hizo la semana pasada el Primer Ministro de Haití, Jean Max Bellerive, considerándolo tarea fundamental ahora que ha sido reactivada la Comisión Mixta Domínico-Haitiana. Esperemos que haya voluntad política para hacerlo.

Un doble estándar dominicano

Por Juan Bolívar Díaz

La llamada de atención pública al embajador de Estados Unidos Hans Hertell por parte del gobierno dominicano es una expresión de la hipersensibilidad dominicana cuando se trata el problema de la inmigración haitiana y de un doble estándar, puesto que aplicamos otro rasero en el caso de la también masiva emigración dominicana y latinoamericana hacia esa nación.

Esa hipersensibilidad no es sólo manifiesta en el gobierno, sino también en gran parte de la sociedad dominicana, incluyendo los medios de comunicación que no escatiman calificativos para condenar las políticas norteamericanas de restricción o persecución de inmigrantes, incluyendo el vergonzoso muro en la frontera con México.

Hace varias décadas que el concepto de soberanía nacional se ha reducido en un mundo globalizado, donde los medios de comunicación y el sistema financiero han concretado la aldea global que Marshall Mcluhan auguraba hace medio siglo. La migración, consubstancial a la naturaleza humana y la evolución social, ha roto todas las fronteras, imponiendo una mezcla racial que ningún nacionalismo ni concepto rígido de la soberanía nacional ha podido contener.

Eso lo reconocía el presidente Leonel Fernández en su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando dijo que la República Dominicana participa del criterio de que el fenómeno migratorio representa un gran aliado a la causa del desarrollo, pero que en el mundo de hoy hay una contradicción, ya que se promueve la libre circulación de mercancías, capitales y servicios, al tiempo que se establecen rigurosas restricciones a la libre circulación de mano de obra.

Más específicamente nuestro presidente proclamó que “La migración no es ni una invasión de los pobres hacia los países desarrollados ni tampoco una amenaza a la civilización actual. La migración, simple y llanamente, constituye uno de los medios a los cuales siempre han acudido los seres humanos y que se continúan haciendo para alcanzar mayores niveles de bienestar y justicia”.

Seguramente que los senadores Arlen Specter y Jeff Sessions, presidente y miembro de la Comisión de Justicia del senado estadounidense, no consideraron un desconocimiento de la soberanía de su país cuando el presidente Fernández y el canciller Carlos Morales Troncoso les hablaron el 16 de abril pasado sobre el proyecto de ley de inmigración que cursaba en el Congreso de Estados Unidos.

Fue precisamente en la casa de Morales Troncoso donde les expresaron la preocupación del gobierno dominicano por la legislación que en esos momentos se debatía en Washington. El canciller declaró públicamente que “se planteó a los congresistas que República Dominicana cuenta con una población numerosa en Estados Unidos, una parte de ella indocumentada, por lo que el gobierno alberga la esperanza de que se apruebe una legislación justa que plantee soluciones favorables”.

Que sepamos Estados Unidos tampoco reclamó soberanía cuando el 11 de enero pasado nuestro gobierno suscribió una declaración conjunta, junto a Centroamérica, México y Colombia, en la que según comunicado de nuestra cancillería “se acuerda aplicar medidas conjuntas en defensa de los derechos de los migrantes que trabajan en Estados Unidos, e impulsar acciones para brindarles apoyo en sus propios países”.

La declaración planteaba que “debe dársele a todo inmigrante, “sin importar su condición migratoria, la protección plena de sus derechos humanos y la observancia plena de las leyes laborales que les aplican”, al tiempo que prometía “promover mecanismos de difusión para dar a conocer a la sociedad estadounidense la importancia de la contribución de los migrantes para la economía de esa nación”.

Otro comunicado de la Cancillería, del 2 de mayo pasado, daba cuenta de la participación de don Carlos Morales Troncoso, junto a los cancilleres de otras 7 naciones latinoamericanas y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en una mesa redonda en Washington sobre la ley migratoria en discusión.

“Antes de que se comentan iniquidades desastrosas con nuestros inmigrantes indocumentados, residentes precariamente en los Estados Unidos, hay que abocarse a examinar fríamente los pro y los contra de una situación que aporta soluciones y genera no pocos desequilibrios en las dos partes vinculadas a este tema tan complejo, tan importante, y al cual necesariamente hay que buscar una salida justa, sabia y oportuna”, planteó allí Morales Troncoso.

Si en algunos de esos pronunciamientos Estados Unidos alegó incursión en sus ámbitos soberanos, no lo supimos. Habría sido confidencial. Por eso la carta pública al embajador Hertell constituye un doble estándar dominicano en materia migratoria. Y dejó claro que sólo en ese ámbito reclamamos soberanía, ya que para nada se aludió a muchas otras expresiones del diplomático sobre problemas dominicanos, incluyendo la corrupción administrativa y la crítica al hecho de que después de 6 años de iniciado el proceso por el PEME, que envuelve a funcionarios del actual gobierno en la malversación de más de mil quinientos millones de pesos, todavía el caso no ha sido conocido en los tribunales.-

La mano de obra haitiana en el país

Por Juan Bolívar Díaz

Una encuesta realizada el año pasado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) muestra con toda claridad el incremento de la mano de obra haitiana en la industria de la construcción dominicana durante la última década.

La investigación, encargada por la secretaría de Trabajo, no deja dudas sobre la causa fundamental de la multiplicación de los haitianos que trabajan en la República Dominicana: explotación de una mano de obra mucho más barata, que realiza los trabajos más duros, sin límite de horario ni días laborables y con mucho menores capacidades de reclamo.

La muestra de la encuesta fueron 579 trabajadores localizados en 147 construcciones en el Distrito Nacional y otras diez provincias, incluyendo a Santiago. Veintisiete por ciento resultaron haitianos. El 73 por ciento dominicanos.

De los 156 haitianos encuestados el 66 por ciento vino directamente a trabajar en la industria de la construcción, lo que es un indicador de que ese sector está atrayendo inmigrantes con magnetismo propio, en su mayoría indocumentados, con varios ingresos al país. El gran flujo de esos trabajadores se produjo a partir de 1990 en un 88 por ciento. En la década anterior sólo el 12 por ciento. Sólo un 16 por ciento pasó previamente por los bateyes cañeros.

Los resultados muestran de forma contundente las diferencias salariales entre dominicanos y haitianos. Un peón indocumentado recibe un salario mensual promedio de 2 mil 921 pesos, 47 por ciento menor que los 6 mil 178 que se paga al dominicano. En el caso de los albañiles la diferencia es del 44 por ciento, y alcanza al 64 y 69 por ciento cuando se trata de yesero o del herrero.

Lo mismo han demostrado las investigaciones realizadas en el pasado en las labores agrícolas, ya de la industria azucarera, la recolección del café y el cacao o la siembra y cosecha del arroz, renglones en los que, por demás, la mano de obra dominicana es sumamente escasa.

Por eso cuando las autoridades desatan las periódicas deportaciones masivas de haitianos, sectores productivos sufren las consecuencias y han llegado a presentar reclamos. El dirigente reformista Luis Toral se quejó abiertamente por televisión hace cosa de un año de que las persecuciones de indocumentados en el sur lo estaban dejando sin recolectores de café.

Visto el problema migratorio en esa perspectiva, debemos concluir en que contrario al criterio más generalizado, no es que los haitianos nos estén invadiendo, sino que los buscamos desesperadamente para que contribuyan al desarrollo nacional, aportando mano de obra barata y supliendo la ausencia de millares de dominicanos que prefieren la aventura de la yola para Puerto Rico.

Se trata de una de las más grandes hipocresías dominicanas. Obviamente empresarios y autoridades prefieren el desorden inmigratorio antes que la documentación. Una importación organizada y limitada de obreros, para cualquier sector de la economía, tendería a incluir mayores derechos y salarios.

Y es relevante que muchos haitianos son importados directamente ya no para cortar caña, sino para la construcción, en plenas ciudades, desde Santiago a Punta Cana y Bávaro, pasando también por la capital. Lo fue para las zanjas del acueducto, para las carreteras y hasta para al anexo al edificio de la cancillería de la República, como mostró en su oportunidad el diario El Nacional.

En una oportunidad hubo que darle un “tapa boca” a un empresario del sector turístico que en medio de un coctel denunciaba la “invasión haitiana”, preguntándole cuántos obreros haitianos participaban en la construcción de los hoteles. Y por qué no prescindían de ellos y dejaban de estimular esa invasión.

A muchos les costará admitirlo, y algunos lo considerarán hasta temerario, pero en el crecimiento económico dominicano de la década del noventa hay mucho sudor y sangre de migrantes. De los inmigrantes haitianos que han puesto su trabajo para mantener bajos los costos de una mano de obra incondicional. Y de los emigrantes dominicanos que por decenas de miles, y a cualquier costo, se fueron al exterior para fortalecer nuestra economía remitiendo cada año más remesas.

Esas remesas cubren una buena proporción de nuestro creciente desbalance comercial y han contribuido significativamente a la estabilidad macroeconómica, con un crecimiento económico sostenido, especialmente en el sector construcción.

Si de justicia se tratara, deberíamos ser mucho más generosos con los emigrantes, los nuestros y los vecinos. No nos deben. Nosotros les debemos a ellos.-