El informe presentado al presidente Leonel Fernández por una Comisión Internacional encabezada por el destacado intelectual y economista francés Jacques Attalí no pudo resultar más sorprendente al avalar las principales críticas y demandas que se formulan al Gobierno.
Las siete iniciativas, con 77 propuestas específicas, que constituyen el informe, ponen a prueba la voluntad política del presidente Fernández y su Gobierno para levantar las bases de sostenimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se viene diseñando desde el 2008.
Tremenda sorpresa. Para quienes analizan el decurso del país resultó una sorpresa el Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana presentado el martes 23 al presidente Leonel Fernández por el destacado intelectual y economista francés Jacques Attalí, quien la presidió, porque avala gran parte de las críticas y demandas que se vienen formulando a la gestión del Estado.
Las 77 propuestas específicas, agrupadas en 7 amplias iniciativas y sus respectivas consideraciones, no hacen concesiones a las políticas estatales en un documento encuadernado en 116 páginas que constituyen un fuerte desafío a la capacidad rectificatoria del gobierno del presidente Fernández.
La declaración escrita entregada a los reporteros que cubren el Palacio Nacional no recoge ni remotamente la contundencia del documento. Esta vez no puede haber chivo expiatorio ni podrán descalificar el informe como se intentó con el de Política Social: Capacidades y Derechos publicado a mediados de año por la Oficina Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaborado a solicitud del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo también como parte de las consultas para la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Esta comisión fue integrada por iniciativa del propio presidente Fernández, quien solicitó a Attalí que la presidiera. La nota informativa entregada a los periodistas resalta la calidad y capacidad del economista, miembro honorario del Consejo de Estado de Francia, asesor especial del presidente Mitterrand entre 1981 y 1991, fundador del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y reputado por la revista Foreign Policy entre los primeros 100 intelectuales del mundo.
Los otros 6 integrantes internacionales de la comisión son economistas y expertos en desarrollo: Arnould Cyrille, Mathilde Lemoine, Jeffrey Owens, Mario Pezzini, Marc Stubbe y Ian Whitman. Como contrapartida nacional tuvieron al economista Carlos Asilis, al empresario José Luis Corripio, el jurista Eduardo Jorge Prats, el sindicalista Pepe Abreu y la dirigente social Rosa Rita Alvarez. Un equipo técnico entrevistó a un centenar de personalidades dominicanas de diversos ámbitos.
Coincide con el PNUD. El diagnóstico de la situación económica y social del país, presentado en la primera parte del documento coincide en líneas generales con los informes sobre desarrollo humano ofrecidos desde el 2005 por el PNUD, que resaltan el crecimiento económico dominicano del último medio siglo, pero con escasa redistribución social.
Se diagnostica una economía abierta pero vulnerable, desigualdades, desempleo y pobreza persistentes, un sector informal preponderante, inseguridad y tráfico de drogas, impunidad, pérdida de confianza en las instituciones, clientelismo, un sector privado frágil con estructura económica poco productiva y una cultura del no pago.
En la segunda parte, el informe de la Comisión Attalí contiene 7 líneas de acción encaminadas a favorecer y acelerar la ejecución de las medidas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue la encomienda del presidente Fernández.
La primera línea devolver la confianza en las instituciones es señalada como absolutamente prioritario. Sostiene que su implementación inmediata tiene que provocar un sobresalto de confianza en la población dominicana; debe ser acompañada de mensajes fuertes mostrando la voluntad de cambiar de paradigma y adoptar un modelo justo. Duradero y ambicioso, siendo la base de las otras seis líneas.
Las líneas de acción 2, que identifican cómo suministrar servicios públicos de calidad; la 3, formar las generaciones futuras, y la 4, que es preparar el país para la competitividad internacional, deben iniciarse a partir del 2011 y tener resultados concretos entre el 2012 y 2014. Se busca restaurar un contrato social y liberar las energías colectivas creadoras. La línea 5, a implementarse tras las elecciones del 2012, busca los medios para financiar las reformas y los recursos fiscales para las otras dos.
Llama la atención que no ven posible elevar la presión fiscal, que la estima entre 13 y 15 por ciento del PIB, sin previamente cumplir las propuestas específicas que constituyen las cuatro primeras iniciativas. El incremento impositivo requiere restablecer una relación de confianza entre la administración fiscal y los contribuyentes. ParA ello el Estado debe erigirse en modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría como útiles y beneficiosos.
Se fueron al fondo. Los comisionados del presidente Fernández se fueron hasta el fondo interpretando los persistentes reclamos de la sociedad dominicana como los de priorizar la inversión en educación y salud, reducir el dispendio y la malversación y profesionalizar la administración pública.
Señala que el estado casi se ha desvinculado de la educación y más de dos tercios de su costo lo cubren los mismos ciudadanos. Plantean la necesidad de destinar un mínimo del 4 por ciento del PIB a la educación primaria y secundaria y otro 1 por ciento a la superior.
La reforma de la Cámara de Cuentas, para hacerla más independiente y eficaz en su misión de control, la transparencia en la contratación pública y en el financiamiento de los partidos, una gestión presupuestal por resultados y eliminar prácticas como el barrilito de los senadores forman parte de las propuestas específicas. Igual limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministros y las delegaciones diplomáticas, así como de comisiones infuncionales y refundir organismos múltiples con objetivos similares. Cuantifican los subsecretarios o viceministros en 320 y postulan que no deben ser más de cinco por ministerio, aunque algunos tienen más de 30. Señalan que la misión dominicana ante la ONU tiene 47 miembros, más que Brasil.
Otra demanda fundamental que recogen es la de imponer la realización de estudios de impacto económico social para las obras de infraestructura y fijar por ley sus prioridades. Las propuestas incluyen luchar contra las violencias provocadas por las fuerzas del orden, que se supone sean las ejecuciones policiales. Postulan también combatir la sensación de impunidad reforzando el sistema judicial y desarrollar un plan de comunicación internacional para cambiar la imagen del país.
Las propuestas de la comisión que encabezó Jacques Attalí deben producir un sacudimiento en los ámbitos políticos del Gobierno y un convencimiento de que hay razones para el crecimiento de la insatisfacción, que no es asunto de simple percepción y que la sociedad quiere un cambio de modelo, no sólo económico, sino también político.
El desafío es particularmente relevante para el propio presidente Leonel Fernández, quien invirtió recursos en la contratación de una comisión internacional de altísimo nivel. Aunque a menos de dos años para finalizar un tercer período de Gobierno le resultará difícil producir cambios fundamentales que se han reclamado firmemente incluyendo a gestiones gubernamentales anteriores.-
