El año que comienza comporta grandes desafíos para la sociedad dominicana, el primero de los cuales será mejorar la calidad de la democracia con un proceso electoral que culmine en una elección presidencial que deje al país en condiciones de emprender la pregonada estrategia nacional de desarrollo integral y sostenible.
Las fuerzas sociales organizadas deberían comenzar por abandonar el pesimismo y acopiar todas sus energías para presionar al sistema partidista por las reformas políticas pendientes así como para evitar que la campaña electoral conlleve el temido desguañangue de la economía nacional.
Fuertes incertidumbres. El 2012 ha arrancado con fuertes incertidumbres para la sociedad dominicana, tanto en el orden económico, como en lo político y social, con el agravante de que se respira un pesimismo que inmoviliza y resigna a muchos que se sienten apabullados por un sistema político que cada vez impone más sus propias reglas en detrimento de la institucionalidad democrática.
En los balances de fin de año tanto de economistas como analistas políticos y sociales, lo que predominó fue un acendrado pesimismo sobre las perspectivas económicas de la nación en un escenario internacional cada vez más desfavorable, y el convencimiento general de que es muy difícil impedir el abuso de los recursos del Estado en la intensa campaña electoral que ya agota medio año.
El temor al desguañangue de la economía ha estado presente en los análisis de los economistas y en las expectativas de los dirigentes empresariales, lo que ha sido abonado por el virtual abandono del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y el incremento del déficit fiscal en el último cuatrimestre del año recién concluido, que los opositores cuantifican hasta en 61 mil millones de pesos.
El anuncio presidencial de que dispondrá de 40 mil millones de pesos como inversión para garantizar el triunfo de su partido en los comicios del 20 de mayo parece haber operado como un anestésico, pues aunque más allá de sus partidarios nadie lo aprueba, parece cundir el sentimiento de que es un costo inevitable para la débil institucionalidad democrática nacional.
En su artículo del miércoles 4 en HOY, el acreditado economista Bernardo Vega dio por hecho que el 2012 será un año bipolar, con desguañangue esquizofrénico en su primera mitad y depresión en la segunda. Hace semanas que otros reputados economistas como Carlos Despradel, Carlos Asilis, Fernando Álvarez Bogaert, Apolinar Veloz y Nelson Suárez vienen expresando temores de que el desbordamiento del gasto gubernamental en la campaña electoral desestabilice la economía nacional.
El difícil tercer período. También es generalizada la convicción de que la competencia electoral será salvaje en la medida en que las encuestas de más credibilidad sigan señalando las dificultades para un tercer período consecutivo de Gobierno del partido en el poder, dada la cultura política dominicana de que el poder no se cede, históricamente predominante sobre los principios democráticos.
Son pocos los partidos latinoamericanos que han logrado ganar tres elecciones consecutivas bajo formalidades democráticas, por la enorme deuda social acumulada y el desgaste de los políticos en el gobierno, especialmente cuando acumulan altos índices de corrupción. Lo logró el Partido de los Trabajadores Brasileños bajo el liderazgo de Lula da Silva, quien concluyó su segundo período con aprobación del 80 por ciento, y el presidente Chávez en Venezuela. El récord lo acumuló el Partido Revolucionario Institucional que gobernó a México durante 72 años, en lo que Mario Vargas Llosa acuñó como dictadura perfecta.
El desgaste del gobierno del presidente Leonel Fernández ha reducido su aprobación a la tercera parte del electorado, de acuerdo a encuestas nacionales e internacionales, lo que explica en parte la resurrección política del expresidente Hipólito Mejía, quien fuera derrotado en su intento reeleccionista de hace 8 años.
El abuso de los recursos del Estado que muchos temen se fundamenta en las experiencias históricas dominicanas, especialmente la del 2008, cuando en busca de su reelección el presidente Fernández emprendió un festival de gastos, repartos y subsidios que generó un déficit fiscal superior a 50 mil millones de pesos en los primeros cinco meses del año, hasta la votación.
Aunque esta vez no hay reelección de por medio, el mandatario ya ha dado muestras de que tomará como personal la campaña electoral, con el agravante de que esta vez se realizan dos campañas en una, la de mayo próximo y la que el mandatario realiza para quedar en buena posición con miras a un retorno en el 2016.
Una coalición social. En los ámbitos del liderazgo social dominicano hay quienes postulan la necesidad de restablecer la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que contribuyó a mantener el proceso democrático cuando el infortunado intento de reelección del presidente Hipólito Mejía en el 2004. Esa concertación integró a más de un centenar de organizaciones de los más diversos sectores sociales, desde las empresariales, sindicales y religiosas hasta las comunitarias, además de las vinculadas a las reformas político-sociales.
Hasta en sectores conservadores gana terreno la idea de orquestar una gran presión social sobre el sistema partidista para contener los desbordamientos de la campaña electoral, especialmente la desestabilización económica con un marco internacional de desaceleración, cuando no recesión.
Nadie cree que el sistema se apreste a aprobar las reformas electorales pendientes, a no ser que la cuestión sea agenda fundamental de la sociedad civil organizada. Al menos para la Ley Orgánica del Régimen electoral se requiere un consenso partidista, ya que implica dos tercios de los votos de los legisladores. Ese concierto debería comenzar por un acuerdo en torno a la dirección del sistema de cómputos electorales, en lo que está empeñado monseñor Agripino Núñez.
El concierto político social también tendría incidencia en contener el clientelismo y el transfuguismo desenfrenados, como el que ya se configura en la campaña electoral, para culminar en una elección que deje un marco adecuado a un nuevo gobierno que debería emprender reformas fundamentales para garantizar la sostenibilidad económica y social de la nación, como se contempla en el proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo.
Para muchos parece utópico, pero esa concertación sería fundamental para dar un impulso al restablecimiento del imperio de la ley, con mayor transparencia de la gestión pública, para reducir la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Lo proclamó recientemente un alto empresario: los cambios que requiere el país no pueden dejarse sólo en manos de los políticos o seguiremos maldiciendo la oscuridad con escasez de energía.
Reformas pendientes
Con el nuevo año la campaña electoral adquiere nuevo vigor, sin que el sistema partidista ni el poder legislativo se manifiesten en disposición de abordar la urgente actualización de la legislación electoral a fin de adecuarla al marco constitucional instituido hace casi dos años, mucho menos a aprobar una ley de partidos políticos que lleva más de 12 años en la carpeta de los consensos políticos y sociales.
Ni siquiera los que están en la oposición, a quienes más convendría en lo inmediato la regulación electoral, parecen suficientemente preocupados porque la nación se aboque a una reforma política llamada a mejorar la calidad de la aún adolescente democracia dominicana, señalada entre las menos reglamentadas del continente.
El último proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas fue presentado al Congreso en junio pasado por la Junta Central Electoral (JCE), la que en diciembre sometió también el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, en ambos casos, tras múltiples consultas, y el último elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, que se cuenta entre las instituciones que en la última década han venido demandando una mayor regulación política.
Aunque con más tiempo en el debate y en manos de los legisladores, el proyecto de ley de partidos no tiene la urgencia de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, ya que éste es indispensable para legitimar y regular la acción de la JCE y de las juntas electorales municipales, tras la separación de las funciones administrativas y normativas de las contenciosas en el sistema electoral, instituida en la Constitución del 2010.
El proyecto elaborado por la OEA contiene las circunscripciones imprescindibles para la elección de los siete diputados en representación de los residentes en el exterior, instituidos en el artículo 81 de la nueva Constitución, además de una amplia regulación de la campaña electoral y su financiamiento, así como para la transparencia del sistema de partidos que ha venido reclamando la sociedad dominicana.
